Por primera vez en su condición de canciller, Santiago Cafiero se presentará en el Congreso. Será ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, el próximo martes 3 de mayo a las 18, según lo informó este miércoles el puntano Adolfo Rodríguez Saá.

En medio de una reunión de la comisión, que transcurría aguas tranquilas pero que se alteró cuando se puso sobre la mesa el tema de Carlos Foradori, exvicecanciller de Mauricio Macri que habría estado ebrio al momento de firmar un acuerdo con Gran Bretaña relacionado a Malvinas, Rodríguez Saá anunció la visita de Cafiero y afirmó que este será uno de los temas por el cual lo consultarán.

“En la invitación le transmití todo lo que el senador (Julio) Martínez me había dicho, sobre el tema de Ucrania y lo va a abordar”, señaló el senador sobre el pedido del radical riojano para que el Congreso se exprese sobre la guerra, algo que volvió a reclamar este miércoles.

También, ante los idas y vueltas que se generaron por el caso Foradori, Rodríguez Saá apuntó que se le pedirá “la opinión a Cancillería sobre este tema, qué investigación se ha hecho, qué es lo cierto y lo no cierto”.

Y aclaró que, una vez que Cafiero se presente e informe sobre la investigación que se abrió en torno al hecho, se podría convocar a Foradori posteriormente.

Durante el encuentro en el Salón Illia, y tras tratarse los temas que estaban previstos, la senadora fueguina María Eugenia Duré hizo referencia a los titulares de los diarios que “afirman que el exvicecanciller de Mauricio Macri, leo textuales, ‘estaba borracho al negociar con Gran Bretaña el acuerdo Foradori-Duncan'”.

“Me parece sumamente preocupante, porque todos sabemos lo que ha significado este acuerdo para nuestro país, en realidad una comunicación”, recordó, y lamentó que “luego el entonces presidente ratificó ese acuerdo y entendemos que estaba sobrio”.

La kirchnerista reprochó: “Me preocupa mucho lo que se ha hecho durante cuatro con la cuestión Malvinas; la manera de desmalvinizar, de denostar nuestra causa y nuestra cuestión Malvinas, diplomáticamente sobre todo”.

“Que firmen estos acuerdos de esta manera al menos a mí me da mucha vergüenza”, continuó e insistió que “lo más preocupante no es la botella de vino, lo preocupante es que luego se ratificó de manera consciente”, indicó sobre el acuerdo que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas entre otros puntos de cooperación bilateral.

Recogió el guante el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, quien resaltó: “Hay que leer las declaraciones del exembajador (Mark) Kent de Gran Bretaña, que participó en esa reunión, donde supuestamente pasó lo que acaba de mencionar la senadora Duré, y lo desmiente categóricamente”.

“Esa aclaración debería servir como base para desechar cualquier tipo de cuestiones accesorias respecto del tema Malvinas”, consideró y aseguró que “toda la dirigencia política apoya sin cortapisas la soberanía de Malvinas”, por lo cual esta discusión “no contribuye a lograr y fortalecer ese consenso que está”.

También salió en defensa de la gestión anterior el exministro de Defensa Julio Martínez, quien rechazó “de plano esas afirmaciones de que en cuatro años hubo desmalvinización u olvido de la causa Malvinas, o una posición pro-británica como se dijo en algún momento”. “Malvinas es una de las pocas cuestiones de Estado que tiene Argentina. No hubo un solo gobierno argentino, ni democrático, ni dictadura, que haya reconocido la soberanía de Gran Bretaña, absolutamente todos lo rechazaron”, agregó.

Y ponderó que durante el gobierno de Cambiemos se avanzó con “la identificación de los cuerpos de soldados” y “un desfile militar que le dio por primera vez, casi a los 35 años de la guerra de Malvinas, la bienvenida a los veteranos”, cuando en este 2022 “el Gobierno nacional no pudo ponerse de acuerdo en un solo acto”. “Eso no es bueno. Poner en la grieta de la interna del oficialismo el tema Malvinas”, sumó el senador riojano.

Otros de los que intervino fue el senador Luis Juez, que solicitó que “lo citemos a Foradori, es un hombre del servicio exterior de la Nación, debe tener más de 30 años de antigüedad con distintos gobiernos, trabajando en distintas cancillerías, defendiendo los intereses del país”.

En esa línea, el cordobés pidió “escucharlo y que nos dé las explicaciones que tenga que darnos” antes que “darle crédito a las opiniones de un funcionario británico, y terminar condenándolo sin darle la oportunidad a un funcionario de carrera de la Cancillería que venga a explicarnos”.

Juez también llamó a “preservar el tema Malvinas” que debe ser “de las poquísimas cosas que todavía como Nación nos permiten estar juntos”.

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura del Senado dieron dictamen por unanimidad a un proyecto que aprueba un sobre el reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el Mercosur, celebrado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 17 de diciembre de 2018.

Al comienzo de la reunión, realizada este miércoles en el Salón Illia, el presidente de la Comisión de RR.EE., Adolfo Rodríguez Saá (FdT), reveló que tras las consultas a Cancillería y el análisis de la iniciativa se decidió avanzar con el tratamiento de este convenio que “facilita la movilidad académica de la región”. “En el Parlasur luchamos muchísimo para lograr este acuerdo y siempre había trabas técnicas de los ministerios”, recordó el puntano.

Por su parte, la titular de la Comisión de Educación, Cristina López Valverde (FdT), sostuvo que “es muy importante fortalecer a todo lo que hace a la integración del Mercosur, especialmente a través de lo que es el conocimiento científico y tecnológico va a provocar un desarrollo armónico de la región”.

Este acuerdo “va a facilitar el intercambio de docentes, de alumnos, crear redes de investigaciones científicas y tal vez procurar proyectos en común, con temas en común que nos afligen”, agregó la sanjuanina.

Exrector de la Universidad Nacional de Catamarca, el senador Flavio Fama (UCR) señaló que este es un tema que “se viene trabajando hace muchos años”, dado “los problemas que tiene el sistema universitario cuando requieren cooperación recíproca”.

Por eso, el catamarqueño destacó que este acuerdo permitirá “un sistema automático, transparente y basado en los estándares internacionales de reconocimiento académico”. “El sistema universitario argentino viene pidiendo esto hace mucho tiempo, seguramente va a ser una herramienta valiosa”, sumó.

A su turno, el salteño Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de octubre) consideró que la aprobación de este instrumento “era una deuda que teníamos entre los países vecinos, en la construcción de la unidad a través del Mercosur. Argentina ya tenía convenios con España, México, Ucrania, Perú, Cuba, y era una incongruencia que no tuviéramos un convenio con nuestra región”.

“Es muy importante con los países vecinos intensificar este intercambio en los títulos de agronomía, arquitectura, enfermería, ingeniería, veterinaria, medicina, odontología, farmacia, geología y economía”, enumeró.

Finalmente, la formoseña Teresa González (FdT) opinó que este acuerdo “era necesario, era fundamental, por una cuestión de cercanía y territorialidad”. En esa línea, explicó que en su provincia “hay muchísimos jóvenes que por una cuestión de cercanía y cuestión económica han realizado sus carreras en universidades de Paraguay”, pero es “justo” que “ejerzan su profesión en el lugar donde nacieron”.

Proyectos consensuados

Tras el plenario, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto avanzó en la firma de un paquete de proyectos de declaración consensuados, muchos de ellos vinculados con la cuestión Malvinas, a propósito del 40° aniversario de la guerra. Entre ellos fue destacado particularmente uno por las senadoras Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) y María Eugenia Duré (FdT), que es el que expresa beneplácito por la declaración “Cuestión de las Malvinas”, adoptada por la XXXVI Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

También, entre las iniciativas se avaló una que expresa el reconocimiento y agradecimiento por la ayuda humanitaria, solidaria y de apoyo, enviada por Brasil y Bolivia a la provincia de Corrientes por los incendios forestales.

Pedido por Ucrania

Durante la reunión, el senador Julio Martínez (UCR) reiteró públicamente su pedido para que el Congreso se exprese sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. El radical reclamó a sus pares que “busquemos una forma de avanzar” en el tema, además de recordar su propuesta para que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, pueda hablar ante el Parlamento.

“Entiendo que puede haber más o menos simpatía con alguno de los países en conflicto, pero creo que tenemos que buscar la forma de avanzar. Así como nosotros hicimos y pusimos la firma varios senadores para pedir que pueda ser escuchado el presidente Zelensky, si hay alguien que simpatiza con (Vladimir) Putin, que lo diga, lo firme, lo pida y lo puedan escuchar también quienes quieran a él”, desafió.

El riojano remarcó que desde la embajada de Ucrania han transmitido que “somos uno de los pocos Parlamentos del mundo que no se expresó” sobre el conflicto bélico.

“No tengo duda que la absoluta mayoría de los senadores no están de acuerdo con lo que está haciendo Putin”, expresó y, risueño, chicaneó al oficialismo: “Si han dividido los bloques este puede ser un motivo para que puedan mostrar que hay algunas diferencias, y para justificar y que no digan que lo dividieron solamente por los temas de la Magistratura”.

La Cámara de Senadores continúa con la actividad de su agenda legislativa, ya que este miércoles desde las 10 mantendrá un encuentro un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el puntano Adolfo Rodríguez Saá, y la de Educación y Cultura, a cargo de la sanjuanina Cristina López Valverde.

La reunión tendrá lugar en el Salón Arturo Illia en la que se analizará el proyecto de ley que aprueba el acuerdo sobre reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el Mercosur, celebrado en la ciudad de Montevideo – República Oriental del Uruguay el 17 de diciembre de 2018.

Una vez finalizada la reunión plenaria, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto tratará proyectos de declaración y resolución.

Lejos de buscar puntos de encuentro con el Tribunal Superior de Justicia, el kirchnerismo redoblará esta semana su embestida contra el mismo. Lo hará al poner en marcha un proyecto presentado por un miembro del oficialismo con el objeto de modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto fue presentado oportunamente por el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien se propone elevar a nueve el número de miembros, y el miércoles de la semana que viene comenzará a ser tratado en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el jujeño Guillermo Snopek, del flamante bloque Unidad Ciudadana, y la de Justicia y Asuntos Penales, que encabeza otro miembro de esa bancada, Oscar Parrilli.

La iniciativa de Rodríguez Saá data del 1 de junio de 2020, y sustituye el artículo 21 del decreto ley 1285/58 (organización de Justicia) ampliando el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

El 9 de noviembre pasado se incorporó al proyecto la firma de la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio.

En la actualidad la conformación establecida por ley es de cinco miembros, pero hoy hay solo cuatro, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, luego de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, con cuya ausencia quedó sin mujeres el tribunal. El presidente Alberto Fernández nunca envió un proyecto para ocupar la vacante.

El texto establece que a los efectos de asegurar la diversidad de género, el tribunal no podrá integrarse por más de 5 jueces del mismo género. Asimismo, “con el objeto de salvaguardar la diversidad en especialidades la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá incluir, representantes de las siguientes áreas del derecho: civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y/o privado”.

A si vez se debe garantizar la procedencia regional, con lo que el tribunal estaría compuesto por integrantes de las distintas regiones del país: la región Patagónica, la región Cuyo, la región Centro, la región Norte Grande Argentino y la región Buenos Aires”.

Rodríguez Saá argumenta para justificar su proyecto que “un número tan reducido de jueces de la Corte hace difícil una representación respetuosa del ideal de país federal que tenemos. Por otro lado, una fórmula tan laxa en lo que respecta a la igualdad de género, ha llevado a considerar que dicha igualdad no se cumple si hay al menos una mujer entre los cinco jueces de la Corte. No compartimos este criterio, por lo que a través de este proyecto, proponemos una fórmula superadora”.

Existe también un proyecto que podría incorporarse al debate, el de Clara Vega, que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número.

Por José Angel Di Mauro

Pocas imágenes grafican mejor el momento que atraviesa el presidente Alberto Fernández, y su gobierno en general, que las que lo mostraron el jueves pasado en el lanzamiento de la obra del gasoducto troncal, en Vaca Muerta. Casi arrastrado por un temporal de viento, despeinado, con frío y rodeado, sino de enemigos, de oficialistas que no lo reconocen como su jefe directo. Anunciando una obra que interrumpió al llegar porque había licitado el gobierno anterior y que encima inaugurará la próxima administración.

Y si queremos ir más lejos, ese fue un detalle más de un gobierno en el que a nadie se le ocurrió reprogramar el acto en un espacio cerrado cuando el pronóstico del tiempo adelantaba lo que después todos vieron.

Fue una anécdota de la que el mismo Alberto F. se reirá quizá en el futuro, pero no es el modo como debe ser visto un presidente en esas circunstancias.

Debería tenerlo claro, cuando un día antes se presentó en José C. Paz, en un escenario amigo que le montaron para aumentar su autoestima y donde hizo caso a la recomendación de “mostrarse más enérgico”. “¡Un carajo estamos perdidos!”, exclamó y repitió en referencia a 2023. Si hasta la imagen, captada por celular, aumentaba la sensación de endeblez.

No parecía el presidente estar hablándole a la oposición. Más bien la advertencia parecía dirigida a Cristina Kirchner y su hijo Máximo, con el que dicen que la relación no tiene vuelta atrás.

Esos mensajes dirigidos a los propios son casi inéditos tratándose de un gobierno. Pero si vamos un día más atrás, al martes, ese trasfondo también se le podrá encontrar al anuncio del ministro Martín Guzmán del paquete de bonos para reforzar ingresos. Con el presidente sentado a su derecha, el jefe del Palacio de Hacienda habló de “recuperación económica”, buscando difundir un mensaje de optimismo que la realidad desautoriza. Ante un auditorio cuyos rostros denotaban una sensación muy distinta.

El ministro de Economía voló después a Washington para reunirse el viernes con Kristalina Georgieva, tras cuyo encuentro aclaró que “las metas fiscales no se van a cambiar”. Si ya tenía motivos para viajar preocupado, se llevó más dudas al saber datos de la inflación de abril. El ya anunció antes de que se confirmara el récord de marzo que ese sería el índice más alto del año, y que a partir del segundo trimestre el costo de vida tendería a la baja. No es lo que le confirmó el titular del INDEC en la semana. Parece que se viene un índice cercano a los 6 puntos.

Todos auguran una inflación anual superior al 60%; y lo que es peor, muchos economistas sugieren que hoy esa la base. Las paritarias de los gremios más poderosos están rondando esa cifra. Es el camino que abrió el Sindicato de Comercio, con el 59,5% acordado. Se trata de la actividad privada más numerosa, con 1,2 millones de trabajadores y cuyo parámetro alcanzado buscarán replicar los principales gremios cegetistas en las próximas semanas.

En un contexto económico tan crítico, la política apareció plantada en un mundo lejano cuya discusión estuvo centrada toda la semana en torno al Consejo de la Magistratura. La jugada sorpresiva de Cristina Fernández de Kirchner sorprendió a propios y extraños y le generó un triunfo pírrico de un vuelo no muy elevado. Porque de confirmarse los cargos como oficialmente se anuncian, el Consejo de la Magistratura seguirá empatado: mucho desgaste para tan poca compensación. Veremos.

La realidad es que conforme los parámetros cristinistas, la jugada se mantuvo en la máxima reserva hasta último momento, y solo trascendió la noche del martes porque algunas listas de los nuevos bloques comenzaron a circular y fue así que el presidente del ahora interbloque Frente de Todos se vio obligado a confirmar la movida. Si no se hubiera anunciado al día siguiente, en conferencia de prensa en horas de la mañana.

Un senador que quedó en el bloque más grande confesó que se enteró de la partición de su bloque a las 23.30 del martes. Eso sí, el esmero puesto en los números como quedarían ambos bloques no fue el mismo que con los nombres de los protagonistas. La consigna era poner de un lado a los senadores que tuvieran gobernadores propios, y del otro a los senadores más afines al Instituto Patria. Según ese esquema, el jujeño Guillermo Snopek pasó a revistar en Unidad Ciudadana; lo mismo que el chubutense Carlos Linares, o la neuquina Silvia Sapag, muy identificada en su caso con CFK. El salteño Sergio “Oso” Leavy no tuvo problemas en dejar el bloque de José Mayans, pero nadie objetó que la santacruceña Ana María Ianni se quedara en el bloque referenciado en la vicepresidenta.

El que no quiso saber nada con cambiar de bloque fue el correntino Carlos “Camau” Espínola, que rompe la regla pues el gobernador de su provincia es radical.

Muy kirchnerista, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara pasó al Frente Nacional y Popular, dijeron que porque su gobernador es Jorge Capitanich. Pero en realidad es porque ella ya es consejera de la Magistratura, por la mayoría. Lo mismo que Mariano Recalde, quien sin embargo figuró originalmente en el bloque Unidad Ciudadana. Camporista de la primera hora, siendo consejero por la mayoría no podía estar en UC, creada para oficiar como segunda minoría. Después de ser corrido Recalde al Frente Nacional y Popular, se anunció que el representante por la segunda minoría sería el rionegrino Martín Doñate, y en lugar de Recalde fue la puntana María Eugenia Catalfamo al bloque K.

En Diputados para muchos fue un acting el planteo hecho por el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, contra la decisión del presidente de la Cámara de oficializar a la radical Roxana Reyes como representante de la segunda minoría. Porque en realidad Sergio Massa no tenía mayor margen de maniobra. Diputados no es el Senado, donde las cosas hoy están más parejas, pero el oficialismo mantiene una ventaja indescontable. Massa no tenía mucho más para hacer y mucho menos podía partir el bloque. En cambio con su resolución mantiene la línea alcanzada cuando el acuerdo con el Fondo, y de paso hasta podría llegar a sumar cierta discordia en el seno de Juntos por el Cambio, al salir favorecido el radicalismo y no el Pro.

La pregunta del millón es si Unidad Ciudadana volvió para quedarse y tal vez representar una división del Frente de Todos en general y el peronismo en particular. Hay quienes se aventuran a anticipar una réplica de la fractura en Diputados para noviembre, cuando deban elegirse los consejeros en su totalidad. En el Senado, quedarían igual: dos senadores para el oficialismo por la mayoría y uno más por la segunda minoría, tres en total; contra un radical por la primera minoría. En Diputados hoy el oficialismo tiene un solo representante, JxC dos y el interbloque Federal el restante.

Si las cosas se mantuvieran así para noviembre, el Frente de Todos podría quedarse con dos consejeros por la mayoría, el Pro con uno por la primera minoría y la UCR el restante por la segunda minoría. Pero si el FdT también se partiera, alumbrando un bloque grande de -por ejemplo- 70, y otro de 48, sería mayoría y segunda minoría. Se quedaría así con 3 consejeros y el Pro retendría el restante.

Esto se resolvería aprobando una ley que diera certezas en una cuestión como se ve tan “maleable” como la elección de consejeros en ambas cámaras. Para eso habría que introducir cambios en la media sanción proveniente del Senado. El camporista Martín Doñate se mostró dispuesto a aceptar cambios en el texto aprobado en el Senado, pero JxC no quiere saber nada. Si se aprobara un proyecto con mayoría simple, el Senado podría ratificar el texto original por la misma mayoría simple que hoy ostenta. Y no hay visos de que se vayan a poner de acuerdo.

Consejera de la Magistratura, Graciela Camaño (interbloque Federal) se muestra a favor de la presencia de la Corte en la Magistratura, más no presidiendo. Eso no lo acepta Juntos por el Cambio, cuyo referente en la Magistratura, Pablo Tonelli señala que eso sería como “poner a Cristina en el Senado y pedirle que no presida”. Una fuente de la principal oposición advirtió contra una aprobación con modificaciones que se transformen en “una trampa cazabobos… Y acá no hay bobos, hay vivos…”, señaló a este medio.

Mientras tanto en el Senado el cristinismo arranca el tratamiento de un proyecto para ampliar la Corte Suprema. Tendrán número para aprobarlo, más no en Diputados. Movidas para buscar el beneplácito de los propios y cascotear a la CSJN. Lo mismo que el proyecto sobre “rentas inesperadas” anunciado por Martín Guzmán para financiar los bonos para reforzar ingresos, pero de cuyo texto nadie del oficialismo ha visto ni una línea. No lo aprobarán en Diputados y eso bien lo sabe el oficialismo. Pero está claro que la intención de anunciarlo fue tan solo mandar una señal al cristinismo, al que denuestan en privado, mas tratan de congraciarse en público.

La maniobra de Cristina Kirchner, alzándose -mientras preservaba la mayoría- con la segunda minoría del Senado al partir el bloque oficialista en dos para quedarse con un cargo clave que no le corresponde en el Consejo de la Magistratura, no fue algo surgido de su ingenio malicioso, sino que desprende ese “deja vu” recurrente de la política argentina.  

El recurso no puede sorprender porque ya era conocido. Por lo tanto, es algo que, quizá, pudo evitarse anticipando la jugada y afinando la letra de la ley para impedir que, una vez más, la Constitución Nacional sea pisoteada por la ambición de poder de cualquier gobierno de turno.  

Antes de la reforma constitucional de 1994, los senadores nacionales eran elegidos por las legislaturas provinciales. El bloque mayoritario enviaba dos representantes, que -con mandatos de seis años- se renovaban cada tres. El título, o diploma, llegaba al Senado de la Nación y en su comisión de Acuerdos se analizaba su validez revisando el proceso de designación y atendiendo otro tipo de impugnaciones posibles al elegido. Luego, el pleno lo aprobaba y el nuevo senador se integraba al cuerpo.   

En muchas ocasiones este trámite, que debía ser sencillo, se empantanaba durante meses debido a los poco transparentes procesos de designación en las legislaturas. Se originaban discusiones, impugnaciones y denuncias. 

Un método utilizado para quedarse con bancas ajenas era que bloques de las legislaturas provinciales se unieran, entre gallos y medianoche, para constituirse en mayoría mediante una inesperada alianza de dos bancadas que, hasta ese momento, eran adversarias. Así, enviaban su representante a la Cámara alta.  En lugar de senadores para integrar el cuerpo ahora se trata de enviarlos al Consejo de la Magistratura. En lugar de unir bloques, el martes se dividieron. Es más, de lo mismo.   

Aquello que se cuenta sucedía aun cuando la gobernación hubiera cambiado de manos con la consiguiente modificación de la mayoría parlamentaria provincial. Hasta ese momento se suponía que los senadores -gracias al federalismo consagrado en la Constitución Nacional- representaban al gobierno provincial.  

Más de una vez, el justicialismo, aliado con partidos provinciales, desorientó al bloque de la UCR con estas maniobras. Por supuesto que la comisión de Acuerdos podía haber atendido impugnaciones y rechazado dichos diplomas, pero en general todo estaba acordado con el hegemónico justicialismo en la cámara alta y aquellas designaciones poco claras eran funcionales a su agenda y se avalaban. 

Más de una vez, los senadores radicales reclamaron por estas cuestiones, aunque no podían hacer nada en concreto para impedirlo. Esta cronista, acreditada por aquel entonces ante el Senado de la Nación por una conocida agencia de noticias, recuerda haber pasado noches cubriendo estas discusiones tan largas como escandalosas.  

Esto sucedió hasta mitad de los años 90 cuando fue reformada la Constitución Nacional tras el “Pacto de Olivos” acordado por el entonces presidente Carlos Menem y el ex-presidente Raúl Alfonsín. Junto al tercer senador por la minoría -que le permitiría a Alfonsín sumar senadores propios en varias provincias- el líder radical logró que estos se eligieran por el voto directo de los ciudadanos y no por componendas legislativas. Pero llegar a esto no fue sencillo. 

Aquél “off the record” con Alfonsín 

Las negociaciones eran infinitas en cada punto y había presiones para seguir dejando en manos de las legislaturas la designación de sus senadores nacionales pese a que el punto había estado acordado en el “Pacto de Olivos” que se tradujo en el papel en el Núcleo de Coincidencias Básicas, un compendio de todos los artículos que ambos líderes habían pactado.  

Sin embargo, con la elección directa se le escabullía al justicialismo una herramienta clave para retener su amplísima mayoría en la cámara alta y no la aceptaban tan sencillamente. Por eso, horas antes de la votación de este núcleo, el fantasma de la elección indirecta por las legislaturas cobraba vida en los pasillos de la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, donde sesionaba la Convención Reformadora. 

Esta fue la pregunta clave que, quien aquí escribe, llevaba en su cabeza para hacerle a Alfonsín en un off concedido esa tarde y este fue el diálogo:  

– Doctor, ¿Qué están haciendo? – Dijo la periodista con respeto, pero con cierto tono de reto e incredulidad.  
¿Por qué? – Preguntó Alfonsín mientras alegaba que no era un asunto tan grave. 

-Porque nunca van a poder tener los senadores por la minoría si cuentan con elección indirecta, estoy acreditada ante el Senado y todos los periodistas de esa sala comentamos lo mismo, que a los que sean minoría los van a pasar como poste caído, discúlpeme, pero es así. Ellos son más rápidos. 

En lugar de molestarse o de cambiar de tema, Alfonsín se inclinó hacia adelante, se tocó la cara, fijó unos ojos muy pícaros en su interlocutora y le dijo: 

A ver, contame, ¿qué es eso que andan diciendo los periodistas acreditados en el Senado…? 

-Es que, doctor, lo vemos todo el tiempo, hay diplomas de senadores que llegan a la Comisión de Acuerdos y mucha transparencia no traen. Los bloques de los partidos provinciales arman y desarman bloques, muchas veces en alianza con el justicialismo o entre ellos, discúlpeme, pero todos sabemos que el peronismo es más rápido que ustedes.  Los que sean mayorías van a partir bloques para tratar de convertirse también en la segunda minoría y nada será claro por más disposiciones que incluyan. Si se hacen trampas para elegir a los senadores de la mayoría no quiero pensar lo que será para pasar por encima al de la minoría. Por más que lleguen diplomas con impugnaciones, no se tendrán en cuenta. Uds. saben todo esto, entonces no entiendo lo que están haciendo.   

Alfonsín sonreía, pero comenzó a pedir ejemplos de diplomas controvertidos ingresados en los últimos tiempos, algunos eran enviados un año antes de que se produzcan las vacantes y otros con mucho retraso para dar tiempo a que los bloques se reacomodaran.   

La cronista se empeñaba en hacer dibujitos sobre sus hojas de apuntes como si fueran rompecabezas. Eran líneas, cuadraditos que significaban las bancas, que se separaban y se unían, etc. Alfonsín miraba con atención los espantosos dibujos como si pudieran entenderse y preguntaba detalles mientras insistía en minimizar los riesgos de mantener la elección indirecta (es facil presumir que pensaba todo lo contrario). 

Finalmente dijo que todo eso sería contemplado en el artículo, que todo estaría bajo control.   

Un par de horas después comenzaba a votarse el Núcleo y el primer boletín urgente de la cronista fue para dar la noticia de que los senadores se elegirían por el voto directo y no de modo indirecto como se había anticipado. Fue así, una pelea hasta último momento, tan delicada era esta cuestión. 

La charla que aquí se reprodujo no pretende adjudicar ninguna influencia de esta cronista en las decisiones de Raúl Alfonsín, pero sí mostrar su interés particular tanto en la cuestión como en conocer una opinión objetiva y desinteresada de alguien que era testigo de lo que ocurría. Mientras se producía ese off the record, las negociaciones continuaban. La anécdota intenta dar fe de lo complicado que era el tema como para que el líder radical se ocupara en persona del mismo; del riesgo que se corría y, especialmente, de la humildad de un ex presidente al escuchar tan atentamente la opinión de una joven periodista que se indignaba cada vez que alguien saltaba por encima de la Constitución.   

Hecha la ley, impedida la trampa 

Dentro de la reforma constitucional ya se habían introducido cláusulas transitorias muy oportunas que anticiparon posibles maniobras, como la de considerar el mandato presidencial que transcurría en ese entonces, expresamente, como el primero de los dos mandatos a los que podía aspirar el titular del ejecutivo. Recordemos que la Constitución se reforma para permitir la reelección de Menem. Si se introdujo una cláusula por única vez pensada a su medida fue porque se descontaba que, si era reelecto en 1995, intentaría postularse a un tercer mandato consecutivo en 1999, algo que por supuesto ocurrió pero que Menem no pudo concretar gracias a esa cláusula. Se legisló pensando en la trampa y en la peor de las posibilidades y se legisló correctamente. Fue una forma de anticiparse a la ambición desmedida de poder de quien gobernaba al evitar que la letra de la ley dejara lugar a interpretaciones más ambiguas. 

Si era previsible que Menem quisiera candidatearse al tercer mandato, también pudo ser previsible que un gobierno alterara las mayorías y minorías con un simple juego de divisiones y pretendiera quedarse con representantes del oficialismo por la mayoría y representantes del oficialismo por la primera minoría. 

Eterno retorno 

Hoy, Cristina Kirchner simplemente tuvo que apelar a la memoria del justicialismo y de la vieja política para manotear un recurso y resolver el problema que tendría si la composición del Consejo de la Magistratura no le era favorable. 

Los legisladores que redactaron la ley del Consejo pudieron recordar esto al momento de hacerlo y haber definido con precisión de qué se habla cuando se habla de bloques de la mayoría y de la primera minoría. Por ejemplo, congelar la conformación de los bloques en un momento determinado -que puede ser al renovarse la cámara- y prohibir expresamente que se considere válida la división de una bancada, o la unión de dos o más, unas horas o días antes del nombramiento de sus representantes al organismo.  ¿Cómo? Seguramente hay fórmulas que la técnica legislativa permite y los juristas pueden encontrar si la decisión política existe. 

Porque, si la unión o división oportunista de los bloques en las cámaras legislativas podía representar un problema tan serio como lo es ahora -y si esto tenía antecedentes-, entonces había que preverlo e impedir la trampa.  

Quejarse después o recurrir al Poder Judicial para que dirima cuestiones internas del Poder Legislativo no parece muy práctico. 

La oposición debe asumir al legislar que, ahora como entonces, “ellos son más rápidos” y van a recurrir a todo tipo de componendas para pasar por encima de la Constitución como si esta fuera “poste caído”.   

Con el objetivo de mostrar respaldo político al proyecto que propone pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados”, el interbloque del Frente de Todos en el Senado recibió este jueves a representantes de los partidos políticos que integran la coalición gobernante.

La reunión se realizó este jueves, en el Salón Azul, luego que la iniciativa tuviera dictamen en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda este miércoles.

El encuentro tuvo un formato similar al que se hizo el pasado 6 de abril con referentes sindicalistas.

Tras la apertura de José Mayans habló el autor del proyecto, el senador cristinista Oscar Parrilli, y se pasó a dar la palabra a los invitados.

Por el Partido Comunista habló Jorge Alberto Kreynes, quien aseguró: “Vamos a militar esta ley porque creemos que es muy importante, trata un problema central para la economía nacional, para los derechos de nuestro pueblo y también para la defensa de nuestra soberanía como país”. Y consideró que la iniciativa podría tener incluso “alcance regional y más allá de la región” ya que “la persecución de la fuga y las guaridas fiscales es un tema global”.

A su turno, Claudio Lozano, de Unidad Popular, apuntó que “los 400 mil millones de dólares que hay en el exterior son la mercancía más importante que la Argentina ha exportado en los últimos 50 años”, en el marco “de una asociación directa entre la deuda y la fuga”, deuda que tuvo tres momentos centrales durante la dictadura, el menemismo y el macrismo, señaló.

Para el exlegislador, el proyecto “pone el foco donde tiene que estar, como es en sacarnos de encima el collar que nos pone el Fondo” Monetario Internacional, que criticó le otorgó el crédito al gobierno anterior no solo “para sostener a (Mauricio) Macri, sino para controlar a Argentina y su futuro”.

Lozano, que cargó duro contra el accionar del Fondo al otorgar el préstamo, agregó que la iniciativa del oficialismo “pone la presión tributaria donde tiene que estar”; al tiempo que reclamó que esta ley tiene que ir de la mano de “la decisión de no detener todo lo que hay que investigar” sobre la fuga. Sobre este punto, insistió con “darle manija a las investigaciones judiciales, políticas, y la presentación a nivel internacional”.

En nombre del PJ asistió la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, quien sostuvo: “Nuestro Partido Justicialista tiene banderas históricas, que son las banderas indudablemente de justicia social, soberanía política, independencia económica. En esas banderas, este proyecto que se presenta es un proyecto absolutamente pertinente, oportuno y preciso en nuestra identidad histórica y en nuestro sentido de existir”.

La exdiputada cuestionó a la gestión anterior y fustigó que “tuvimos una pandemia económica que se llamó Mauricio Macri”. “Es bueno poner responsables”, opinó y celebró que el Gobierno haya presentado “la querella para que se haga la investigación que se tiene que hacer”.

Desde el Partido Solidario, Juan Carlos Junio llamó a “la unión de los parlamentarios del Gobierno nacional alrededor de iniciativas que interpelen al pueblo”, como consideró es ésta, que “va al corazón del poder económico, al corazón del poder político, al corazón del poder cultural-mediático, por lo tanto es un proyecto valioso y valiente”.

Por Compromiso Federal, Alejandro Mosquera enfatizó que “crédito y fuga fueron parte del mismo objetivo”, por lo cual este proyecto “pone el foco adecuadamente”. “La contracara es que las políticas del FMI, el endeudamiento, siempre han servido para el mismo objetivo”, observó, y mencionó la intención del FMI de “impulsar políticas de ajuste”, las cuales el Frente de Todos tiene que “estar en contra” y dar “una pelea por recuperar soberanía”.

“Las deudas se pagan, las estafas no. Esto ha sido una verdadera estafa al Estado argentino”, subrayó Elena Hanono, del Partido del Trabajo y del Pueblo, quien criticó a la “pandemia macrista” que “endeudó al pueblo en una cantidad exorbitante” y “nos ha dejado en una situación muy frágil como país”. “Hay que enfrentar esa deuda, investigarla y pagar lo que corresponde y lo que no corresponde no hay que pagarlo”, remarcó, al tiempo que se comprometió “trabajar este proyecto, vamos a apoyarlo”.

Por su parte, Pablo Mirolo, del Frente Renovador, celebró estar reunidos todos los representantes de la coalición oficialista y dijo que es “una oportunidad para que de una vez por todas el Frente de Todos se institucionalice”. “Establezcamos cuatro, cinco o diez políticas que necesita nuestro país. Una hoja de ruta que le pueda dar al presidente, a la vicepresidenta y, por supuesto, al presidente de la Cámara de Diputados, hacia dónde tiene que ir la Argentina”, propuso.

Finalmente, el intendente de Ensenada y referente del Frente Grande, Mario Secco, lanzó que “hoy estamos hablando de la deuda que nos generó Macri y su pandilla”, pero según una encuesta “la gente, la sociedad, no se da cuenta que le echaba la culpa a Alberto”. Criticó entonces “el poder mediático que tiene el liberalismo en el país” que “le hacía creer a la gente que gran parte de la deuda la había hecho Alberto”.

En su discurso, celebró que “el pueblo argentino se está poniendo de pie” y está reclamando “que la paguen los chantas que se la fugaron”. “Esta iniciativa no se va a poder guardar, no se va a poder esconder”, añadió y advirtió: “Todos tenemos sed de avanzar con posiciones muy firmes”. Al tiempo que observó que “ellos también están avanzando”, en alusión a lo ocurrido en el Consejo de la Magistratura, con la Corte “entrando por la ventana”.

Además, en la reunión expresaron sus opiniones Claudio Morresi de Kolina; Adriana Díaz del Partido Intransigente; Rubén Cuello de Nuevo Encuentro; Octavio Argüello del Partido Cultura, Educación y Trabajo; y Daniel Siciliano de Forja.

En el marco de la reunión convocada por el interbloque Frente de Todos del Senado para analizar el proyecto de ley de creación de un fondo para el pago de la deuda pública heredada con el FMI, su impulsor, Oscar Parrilli, defendió la iniciativa ante los dirigentes cercanos al kirchnerismo convocados para “apoyar y militar” el proyecto.

Así es que el senador sostuvo que necesitan de ellos porque “este es un proyecto con el que no vamos a declarar el Día del Amigo… Es un proyecto que va a tener muchos enemigos, y ya los tiene. No va a ser una fiesta de cumpleaños lo que tenemos por delante: vamos a tener adversidades, ataques, atropellos, maniobras de todo tipo, para impedir primero que se sancione y después, si se sanciona, que se pueda llevar adelante y se pueda aplicar”.

Por eso dijo que quieren contar con los partidos políticos convocados “no solamente para difundirlo, sino militarlo. Para llevar adelante este tipo de sanciones se necesita un fuerte poder político y un fuerte acompañamiento de las grandes mayorías y los sectores populares de la Argentina”.

Luego contó Parrilli que ese proyecto estuvo inspirado en las palabras de Néstor Kirchner al cancelar en 2005 la deuda con el FMI, en las que sostuvo que ese organismo actuó como “promotor de pobreza en el pueblo argentino”. Y también las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en el acto en Plaza de Mayo del 10 de diciembre de 2021, cuando dijo que “el FMI vivió condicionando la democracia argentina”, y pidió al Fondo “que nos ayude a recuperar los miles de millones de dólares que se fugaron al exterior. A la Argentina no le faltan dólares, están afuera”, afirmó esa vez.

“Estas son las ideas y principios que nos inspiraron para elaborar este proyecto de ley”, reiteró Parrilli, apoyándose también en que en el mundo están buscando también el dinero fugado, en ese caso proveniente del narcotráfico, el terrorismo, la venta de armas. “Es algo que pasa en todo el mundo”, aseguró, cuantificando -según dichos de David Lipton- que un 8% del PBI mundial está en guaridas fiscales y fuera del control de los estados y gobiernos.

“Así que no es un problema solo de la Argentina, sino internacional, y los países lo están empezando a resolver”, aseguró, enfatizando que contaba todo eso para que todos tuvieran elementos para defender el proyecto sabiendo que “no es una cuestión alocada, dogmática, caprichosa. Esto es algo que está haciendo el mundo”.

Parrilli recordó que el objetivo de esa ley es “evitar que sean dólares de la producción argentina con los que se pague al Fondo. Los dólares deben provenir del exterior, se deben repatriar del exterior. No estaba claro en el proyecto original y lo aclaramos. Repatriamos lo fugado al exterior y que no ha sido declarado”, dijo, recordando que “no es un nuevo impuesto, ni un blanqueo y aclaró que “no es una ley par aun año, es para varios años, hasta terminar de pagarle al FMI”.

Dejando de lado las medidas tintas, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta salió a cuestionar muy duramente la medida adoptada por el oficialismo en el Senado, para sacar ventaja en la nueva conformación del Consejo de la Magistratura. “El kirchnerismo le hace trampa a la democracia”, denunció el dirigente del Pro, para quien “una vez más, el kirchnerismo quiere quebrar el Estado de Derecho y la división de poderes en la Argentina. No lo vamos a permitir”.

“Pretenden un Consejo de la Magistratura con mayorías propias para disciplinar a los jueces”, agregó el jefe de Gobierno, afirmando que “eso hicieron con la reforma del 2006 que redujo la cantidad de jueces, abogados, académicos y representantes de la oposición parlamentaria, y la Corte la declaró inconstitucional”.

Para Rodríguez Larreta “el fallo de la Corte es claro: la ley que regulaba el Consejo es inconstitucional y hay que volver a la composición anterior para preservar el equilibrio institucional entre los estamentos tal como lo indica nuestra Constitución Nacional”.

Larreta sostuvo que “este fallo implica que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores deben enviar sus representantes al Consejo de la Magistratura para que el organismo encargado de designar, evaluar y remover a los jueces pueda funcionar como la ley manda. Si los presidentes de ambas cámaras se niegan a garantizar que los representantes por la segunda minoría, que son una diputada del bloque de la UCR y un senador del bloque Pro, ingresen al Consejo, estarán incumpliendo una sentencia de la Corte”.

Y, también, agregó, “van a estar violentando la Constitución y lesionando el Estado de Derecho al tensionar la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial”.

Horacio Rodríguez Larreta remarcó que “no hay ninguna duda de quiénes son estos representantes. Ya fueron designados y, aunque quieran hacer avivadas para alterar la composición de los bloques, la distribución es clara y no se puede hacer cualquier cosa. No se le puede hacer trampa a la democracia”.

“Los fallos se cumplen. La palabra de la Corte no está abierta a interpretaciones. Hay que acatarla”, expresó Rodríguez Larreta, para concluir: “Desde Juntos por el Cambio vamos a actuar mediante todas las instancias correspondientes para hacer cumplir esta y todas las leyes que rigen la vida cotidiana de todos los argentinos”.

El Gobierno nacional apoyó la maniobra realizada por el Frente de Todos en el Senado para quedarse con el lugar que le corresponde a esa Cámara para sumar al Consejo de la Magistratura. Lo hizo a través del jefe de Gabinete, Juan Manzur, que sostuvo que la medida está “dentro de los parámetros legales”.

Consultado este miércoles por Crónica TV, el jefe de Gabinete señaló que “la decisión que tomó nuestro bloque del Frente de Todos dentro del Senado de la Nación está dentro de los parámetros legales”, según los cuales “está permitido este tipo de accionar y esto tiene que ver con una decisión del Máximo Tribunal de Justicia de proponer y avanzar en un fallo en el cual no estamos de acuerdo”.

“Por eso es la decisión correcta de nuestro bloque de avanzar en el marco de esta decisión que se ha tomado”, cerró el gobernador en uso de licencia.

Durante la entrevista, Manzur admitió también que dentro del oficialismo “tenemos diferencias, hay distintas visiones dentro de nuestro espacio político”, pero aclaró que son absolutamente normales.

En el plenario de las comisiones de Legislación General, que preside el pampeano Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, del riojano Ricardo Guerra, quedó al descubierto que la iniciativa kirchnerista para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con dólares de argentinos en el exterior no declarados, presenta una gran cantidad de errores en su redacción lo cual fue reconocido por los propios senadores oficialistas quienes anunciaron que harán modificaciones al respecto. El debate se retomará este miércoles a las 14.

La reunión se llevó a cabo en el Salón Azul de la Cámara de Senadores con la participación de Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales; Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista; Jimena de La Torre, abogada especialista en impuestos y consejera electa en el Consejo de la Magistratura; y Andrés Edelstein, contador público y vicepresidente de la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo de Ciencias Económicas de CABA.

Dos son los proyectos kirchneristas analizados, de los cuales uno prevé la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, y el otro es una iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal. La idea es que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco.

El primero en exponer fue Pablo Manzanelli quien puso el foco en los aspectos “macroeconómicos del proyecto” que remiten a “indagar sobre la crisis de la deuda que se heredó del gobierno anterior” y aclaró que “calificarla como la crisis de la deuda no remite a un juicio personal, sino que es algo que se decretó en dos oportunidades durante el gobierno anterior”.

“Cuando tuvo que apelar al prestamista en última instancia a mediados del 2018, es decir al FMI, y la segunda cuando en agosto de 2019 declaró desierta la licitación de dólares”, enumeró y siguió: “Entre diciembre del 2015, donde teníamos una economía desendeudada desde el punto de vista del crédito en moneda extranjera, y diciembre del 2019, en el que solo mediaron 4 años, se produjo un ciclo de endeudamiento inédito que dinamitaron a la economía argentina y la solvencia financiera”.

En es sentido, continuó: “Fue un endeudamiento basado en deuda en moneda extranjera, la más difícil y compleja desde el punto de vista de solvencia financiera sabiendo el problema de escasez de dólares en el país”.

Respecto al proyecto sostuvo que “busca dar respuesta a un problema viejo”, y apuntó contra la gestión de Mauricio Macri que “aumentó la deuda pública anual de 25 mil millones de dólares, el momento más elevado de la historia de la argentina”. “Esta montaña de deuda que incubó el gobierno anterior, bajo ningún aspecto puede ser refinanciada por una economía como la argentina y más aún si nos atenemos a los vencimientos que dejó el gobierno de Macri”, cuestionó Manzanelli y añadió: “Esto es impagable”.

Por el contrario, ponderó al Gobierno oficialista que “hizo una reestructuración con los privados” para “dar pelea a este problema grave de la crisis de la deuda que recibió”, pero consideró que “debió ser más agresiva”. También destacó la postergación de los vencimientos de los próximos tres años que “eran impagables”, aunque remarcó que “el problema sigue vigente y latente hasta el 2030 con vencimientos superiores a 20 mil millones de dólares, por lo cual se vuelve imprescindible si lo que uno busca es no hacer una devaluación y un ajuste recesivo para resolver por esa vía la crisis de la deuda, desplegar iniciativas que buscan resolver este gran problema que se heredó del gobierno anterior”.

“Este proyecto se podría construir en ese sentido, no necesariamente lo va a resolver, pero es absolutamente imprescindible en ese plano si no se quiere caer en otra deuda. El proyecto también vincula dos aspectos como la deuda y la fuga, aunque hasta acá solo una porción de la fuga de capitales”, destacó Manzanelli y definió: “La fuga de capitales conceptualmente es excedente económico que se extrae del circuito y sistema económico, que no se consume ni se invierte y tampoco se deposita en el sistema financiero local”. En ese sentido, precisó que “este proyecto abarca una parte de eso, agarra solo o busca captar fuga de capitales ilegal radicada en el exterior”.

A su turno, Andrés Edelstein se refirió a la finalidad para la que se constituye el Fondo a la que consideró “válida” porque “tiene que ver con una decisión política que puede ser que tenga racionalidad financiera y económica en la mediad que sea posible para cancelar deuda”.

Pero, preguntó: “¿Cuáles son los medios que se eligen para dar pie al objetivo?”, y respondió que tiene que ver con “un régimen de regularización especial para lo cual se crea un aporte extraordinario especial que va a permitir financiar la cancelación de la deuda”. Sin embargo, cuestionó que no se dan razones de “oportunidad, mérito y de conveniencia”.

“En cuanto a la oportunidad, entendido como que es un aporte de regularización excepcional, un blanqueo, entendiendo que es así porque al leer los fundamentos no queda del todo claro porque sostienen que demás de los aportes especiales correspondería ingresos de los impuestos omitidos, no es oportuno un régimen de estas características porque en los últimos 14 años han existido 4 regímenes de estas características, es decir un blanqueo cada 3 años, algo insólito y de récord absoluto”, criticó Edelstein.

En tanto señaló que se debe corregir el artículo 7 porque “hay una imprecisión elocuente en el que habla de bienes no declarados en el exterior porque no da fechas precisas ni de corte; la segunda cuestión tiene que ver con el artículo 8 que habla de bienes a la fecha de detección”. Momento en el cual los senadores Oscar Parrilli y Juliana Di Tullio consultaron sobre cuál sería la fecha que debe especificar dicho artículo, a lo que el contador especificó que “debe ir una fecha de corte”.

A su vez, el chaqueño Víctor Zimmerman consultó por los regímenes de regularización del pasado vigente, ante lo cual Edelstein precisó: “En cuanto a los otros regímenes en el 2008 la Ley 26.476 el monto exteriorizado 4.600 millones de dólares donde el impuesto especial era progresivo de un 8%, el segundo fue la Ley 26.860 no había impuesto especial se condonaba y lo exteriorizado fue alrededor de 2.500 millones de fondos declarados, la Ley 27.260 con 116.800 millones de dólares, la Ley 27.603 el año pasado no fue relevante lo que se puede decir”.

“¿Qué pasa si una persona es detectada con bienes no declarados con la legislación actual? Si un sujeto argentino tiene bienes no declarados en el exterior debe abonar el impuesto a las ganancias del monto detectado más un 10% de renta. Además, debe pagar intereses resarcitorios, multas por omisión que van del 100 al 200%, por defraudación son dos veces, bienes personales a la alícuota vigente, si realiza alguna actividad comercial el impuesto agregado, cuando haces la sumatoria encontrar una recaudación importante”, explicó.

En su exposición, el abogado Eduardo Barcesat abordó los aspectos jurídicos del proyecto fundamentalmente buscando los soportes constitucionales y convencionales sobre los cuales “puede apoyarse”.

“Corresponde nombrar al preámbulo cuando dice ‘promover al bienestar general’ creo que la idea es resolver la deuda y la fuga de capitales, son dos objetivos que están enlazados y cuanto se haga en pro de ello debe meritar nuestros consensos”, destacó.

En suma, sostuvo que el artículo 75 inciso 7 que define las potestades del Congreso “habla de arreglar el pago de la deuda exterior e interior de la Nación y se sostuvo como incumbencia ese artículo”. Asimismo, pidió a los senadores que “piensen” la posibilidad de que el proyecto sea entendido y se corresponda con el arreglo de la deuda externa de la Argentina y “no buscar calificativos o vocablos que excedan la semántica constitucional”.

Además, precisó que los incisos 18 y 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional “desarrollan el concepto de la cláusula del progreso enriquecida con la formula del derecho al desarrollo social y humano sustentable, no solamente se trata de crear riquezas sino también de distribuir dicha riqueza de forma igualitaria que una a las distintas regiones que componen el territorio”.

En suma, apeló a los tratados internacionales para fundamentar que son “la base de lo que propone el proyecto” porque “tienen el mismo texto, pero es el énfasis que pusieron los expertos de Naciones Unidas en afirmar el derecho de autodeterminación de los pueblos, derecho de independencia económica y la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas”.

“Todo aquello que tienda a que se recupere lo que ha sido explotación de recursos en el territorio de la Nación es una forma de cumplimentar y de respetar estas normas que gozan de jerarquía sino que son normas de más alto rango de derecho internacional de derecho humano, su invocación tiene espalda ancha para proteger cuanto se haga en beneficio de estos dispositivos que son la conciencia elevada”, explayó Barcesat y cerró: “Hay que reducir el peso de la deuda externa que agobian a los países del continente americano”.

Por su parte, fue la abogada Jimena de La Torre quien detectó los errores en el proyecto ya que manifestó que “la confusión está en tratar de identificar los fundamentos respecto del texto y el articulado porque hay contradicción sobre si es o no blanqueo, o una sobre tasa en donde en realidad perseguimos al evasor con todo el peso de la ley”.

“Hay contradicciones entre los fundamentos y lo que dice la ley, también en su artículo 11. Estamos convirtiendo al Estado nacional en un vehículo de lavados de activos y creo que ese no es el objetivo y nadie quiere eso”, advirtió. “Esto es un impuesto porque tiene una base imponible, un hecho imponible, una alícuota determinada y tiene un sujeto pasivo y activo, esto es un impuesto”, remarcó La Torre.

También sugirió modificar la forma en que se va a definir “esto que se crea porque si tiene características de una multa hay que ver cómo se redacta de modo tal que saltee los escollos constitucionales. Si es sobretasa y le damos naturaleza de impuesto obligatorio hay que sortear el escollo de la confiscatoriedad”.

“Hay que barajar y dar de nuevo, atender los fundamentos porque la ley, así como esta, no sirve para nada, pero porque son muchos los artículos que hay que retocar, son demasiados. Tal vez lo que se necesita es crear un fondo de asignación específica”, cuestionó La Torre.

Fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá el primero reconocer los errores de la iniciativa y sostuvo: “¿Qué queremos hacer? La mejor ley y vamos a corregir las cosas que han señalado y que están mal. Los fundamentos están bien, entonces vamos a corregir la redacción para que el espíritu sea el de los fundamentos y vamos a ponerlo correctamente”.

En tanto, pidió colaboración y que “no nos enojemos, estamos aceptando los errores, busquemos el consenso. No tenemos la intención que sea un blanqueo de los evasores”. Asimismo, destacó la presencia de Jimena La Torre porque “nos ha servido estas presentaciones para encontrar el camino y debemos nosotros encontrar la precisión de la redacción en un tema de trascendencia enorme para aliviar al pueblo de la carga de la deuda con este camino creativo”.

“Estamos en presencia de un drama argentino y ante la presencia de un proyecto creativo para crear nuevo fondo para pagar la deuda de quienes han llevado sus capitales fuera del país evadiendo impuestos en contra de las leyes argentinas. Vamos a ir contra los pícaros, contra los que siempre en perjuicio del pueblo han lucrado”, cerró el puntano.

En el mismo sentido se pronuncio el chaqueño Antonio Rodas quien expresó: “Desde el 1800 somos los campeones mundiales de la evasión, de ocultar los bienes, de preocuparnos por cualquier cosa menos por lo que le interesa al pueblo argentino, ya no se trata de buscar responsables y acusarnos entre gobiernos, hay una realidad de que este país necesita un aporte llámese como se llame para poder salir de esta situación, no necesitamos bienes materiales, necesitamos dólares, que no lo podemos fabricar”.

“Esta oportunidad para poder morigerar el efecto de los compromisos que tuvimos que hacer con el Fondo Monetario. No culpo a nadie, pero debe haber un sinceramiento porque si no siempre dicen que los culpables somos los políticos. Los que estamos acá tenemos la responsabilidad, la política va a resolver el nombre adecuado. La voluntad política es sacar una ley que beneficie el pueblo argentino”, cerró Rodas.

Por último, Parrilli mencionó los temas en los que se esta trabajando para perfeccionar el proyecto, tras escuchar la exposición de los invitados y en colaboración con algunos senadores de la oposición: “Este proyecto o Fondo o es para cancelar al deuda actual con el FMI la presente y la futura sin prórrogas; ampliamos las facultades de la AFIP para dictar los procedimientos que necesita para aplicar la ley sobre la documentación respaldatoria de las investigaicnes que lleven adelante; establecemos que el monto que se deba pagar que la AFIP lo cobre en efectivo y aplique un plazo de 12 meses en cuotas mensuales para facilitar la percepción; nada se contempla con respecto a la vado de dinero, contrabando, terrorismo, nada de eso”.

Respecto a la figura del colaborador, el senador neuquino señaló que “debe dar una información veraz, confiable, contundente y sincera, no irá a la AFIP a denunciar, sino que pretendemos crear un nuevo programa dentro del Ministerio de Justicia para garantizar el anonimato. Si da información falsa comete un delito o quiere difamar nada más, no tendrá cabida en esto”.

Un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside el pampeano Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, del riojano Ricardo Guerra, continuarán este martes a partir de las 15 con el debate del proyecto presentado por el oficialismo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con dólares de argentinos en el exterior no declarados.

La reunión se llevará a cabo en el Salón Azul de la Cámara de Senadores en la que legisladores analizarán los proyectos kirchneristas que prevén la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, como así también una iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal. La idea es que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco.

Por su parte, los senadores de JxC Alfredo Cornejo, Luis Juez, Pablo Torello y Humberto Schiavoni solicitaron el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se expida sobre la constitucionalidad respecto de la Cámara de origen, toda vez que el art. 52 de la C.N. establece en forma taxativa que la creación de tributos debe ser iniciada exclusivamente por la Cámara de Diputados de la Nación. Ante la falta de respuesta, este lunes se debió solicitar un pronto despacho.

Ese pedido fue realizado en la primera jornada de debate el pasado 6 de abril por el chaqueño Víctor Zimmerman (UCR) quien había opinado que “la Cámara de origen del proyecto debía ser la Cámara de Diputados porque la Constitución en el artículo 52 así lo determina y que es una facultad exclusiva de Diputados todo lo concerniente a contribuciones”.

Dicho debate comenzó con la exposición de Guillermo Wierzba, director del Banco Nación Argentina; Julia Strada, directora del Banco Nación Argentina; Horacio Rovelli y Ricardo Aronskind licenciados en economía; y Noemi Brenta doctora en Economía, quienes respaldaron la iniciativa.

Año electoral 2021, como de costumbre la actividad se resintió en materia de sesiones. Pasó en la Cámara baja y también -no tanto- en el Senado. Y eso quedó expuesto en la cantidad de palabras expresadas en el recinto a lo largo del año.

En efecto, según el análisis desarrollado por Parlamentario para su Indice de Calidad Legislativa, a lo largo del año 2021 se pronunciaron 725.915palabras en el recinto, casi la mitad de las de 2020, en que hubo 1.425.749.

Convengamos, eso sí, que en 2020 -cuando la virtualidad reemplazó a la presencialidad por la pandemia- se registró un récord desde 2006, el año en que arrancaron los informes del Indice de Calidad Legislativa.

Con todo, comparando con otro año electoral como 2019, 2021 fue muy activo, teniendo en cuenta que en las anteriores legislativas apenas se habían verificado 313.937 palabras.

Repetiremos aquí lo que señalamos cada vez que publicamos estas notas: los datos registrados por el Indice de Calidad Legislativa permiten determinar el papel que individualmente tiene cada legislador durante las sesiones, en una participación que excede a lo que vote. Pero no implican un juicio de valor respecto de su papel en la banca, que está claro que no depende de la extensión de sus discursos. Aunque tampoco es una cuestión para no tener en cuenta.

En este contexto, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, fue el más destacado, con 71.608 palabras pronunciadas a lo largo del año. Tiene sentido, al tratarse del titular de la principal bancada y quien cierra entonces todos los debates. Y así resultó por tercer año consecutivo, aunque como sucedió en todos los rubros, este año el formoseño también habló menos que el anterior, cuando había pronunciado 103.489 palabras.

Segundo no resultó otro jefe de bloque, sino alguien que habla seguido y extenso: Oscar Parrilli. Quien suele expresar el pensamiento vivo de la titular de la Cámara pronunció este 2021 31.719 palabras, aventajando al presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, que expresó 30.901.

Un escalón detrás aparece un ahora exsenador, el chubutense Juan Mario Pais, con 22.944 palabras. En el quinto lugar quedó otro exsenador, el cordobés Carlos Caserio (22.321), que en su condición de presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda tuvo mucho tiempo para hablar en los debates.

Detrás aparece la segunda opositora: en el sexto lugar quedó la hoy diputada nacional Laura Rodríguez Machado (21.236 palabras) y completan los diez primeros lugares cuatro oficialistas: Anabel Fernández Sagasti, María de los Angeles Sacnun, Alfredo Luenzo y Claudia Ledesma Abdala. Esta última, en su condición de presidenta provisional del Senado, condujo buena parte de las sesiones y sumó 16.728 palabras.

Ya que hablamos de quienes presiden los debates, la presidenta del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, estuvo menos tiempo al frente de las sesiones, como indica su marca: 6.893 palabras a lo largo de todo el año. Bastante menos que el año anterior, cuando había sumado 24.600 palabras.

Párrafo aparte merece el senador nacional Esteban Bullrich quien dejó su banca el pasado 9 de diciembre y a pesar de sus dificultades de salud y para expresarse, emitió 3.590 palabras. De ellas, 1.968 corresponden a su discurso de despedida de su banca, ese que hizo emocionar a todos.

Los que menos hablaron

Igual que el año pasado, cuatro senadores no pronunciaron discursos a lo largo del año, aunque ninguno quedó en cero, ya que alguna palabra pronunciaron, al menos para expresar el sentido de su voto.

Es el caso del senador Carlos Reutemann, fallecido en el mes de julio. Para entonces solo había pronunciado 22 palabras.

Lo mismo sucedió el año pasado con el correntino Carlos “Camau” Espínola (16), el entrerriano Edgardo Kueider (7) y el santacruceño Eduardo Costa (6 palabras).

De los cuatro, Reutemann y Costa tampoco habían pronunciado discursos el año anterior.

Uno que rompió el silencio este año fue el santiagueño Gerardo Montenegro, que en 2020 había sido el más callado. Este año sí habló, pronunciando 1.195 palabras, aunque tampoco es que se encaramó demasiado alto en este ranking.

Otros actores presentes

Con una única presentación en la Cámara alta, Santiago Cafiero pronunció 13.853 palabras en su condición de jefe de Gabinete.

A su vez, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, emitió 13.390 palabras en el marco de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de 2021. En su caso, sí habló más que el año anterior, cuando había pronunciado 10.010 palabras.

Los nuevos senadores

El recambio legislativo trajo nuevos actores a la Cámara alta. Pero al fracasar el tratamiento del Presupuesto en la Cámara baja, los nuevos senadores no tuvieron oportunidad para exponer en 2021 como hubiera sucedido si la ley de leyes llegaba a sus manos.

Sí tuvieron actividad, pues a instancias de la oposición fue incorporado el debate sobre Bienes Personales. Recordemos que en esa sesión no participaron los miembros de Juntos por el Cambio, que protestaron por la obtención del quórum fuera de tiempo y decidieron ausentarse. Solo habló, para expresar la postura de su bancada, el flamante presidente del interbloque opositor Alfredo Cornejo, que pronunció entonces 122 palabras como senador nacional.

Más allá del mendocino, en esa única sesión entonces la única de los nuevos que pronunció un discurso para fundamentar su postura fue la cordobesa Alejandra Vigo, que expresó 1.107 palabras.

El resto quedó asentado por sus “sí juro”, menos Gabriela Valenzuela, Ignacio Torres y Marcelo Lewandowski que pronunciaron juramentos más extensos.

SUMA DE PALABRAS

Nombre	Caracteres	Palabras
1°) Mayans, José Miguel Ángel	417.407	71.608
2°) Parrilli, Oscar Isidro	185.557	31.719
3°) Naidenoff, Luis Carlos	180.095	30.901
4°) Pais, Juan Mario	139.461	22.944
5°) Caserio, Carlos Alberto	131.224	22.321
6°) Rodríguez Machado, Laura	123.656	21.236
7°) Fernández Sagasti, Anabel	114.914	19.381
8°) Sacnun, María de los Ángeles	111.383	18.623
9°) Luenzo, Alfredo Héctor	106.037	17.776
10°) Ledesma Abdala, Claudia	106.135	16.728
11°) Lousteau, Martín	93.379	16.319
12°) Weretilneck, Alberto Edgardo	88.535	15.253
13°) Elías de Pérez, Silvia Beatriz	86.975	15.065
14°) Zimmermann, Víctor	86.937	14.559
15°) Taiana, Jorge Enrique	82.768	14.311
16°) Cobos, Julio César	83.105	14.168
17°) González, Gladys Esther	82.451	13.915
18°) Recalde, Mariano	73.630	12.382
19°) Almirón, Ana Claudia	73.884	12.311
20°) Romero, Juan Carlos	65.240	11.432
21°) Martínez, Ernesto Félix	63.391	11.128
22°) Crexell, Carmen Lucila	64.776	10.623
23°) Vega, María Clara del Valle	60.531	10.551
24°) Closs, Maurice Fabián	62.541	10.548
25°) García Larraburu, Silvina	64.207	10.485
26°) López Valverde, Cristina	59.726	10.275
27°) Giménez, Nora del Valle	56.879	9.325
28°) Martínez, Julio César	51.361	8.890
29°) Schiavoni, Humberto Luis	52.542	8.724
30°) Durango, Norma Haydeé	52.061	8.675
31°) Blanco, Pablo Daniel	50.295	8.637
32°) Giacoppo, Silvia del Rosario	50.734	8.552
33°) Catalfamo, María Eugenia	49.041	8.277
34°) Rodríguez Saá, Adolfo	50.336	8.275
35°) Guerra, Ricardo Antonio	48.154	7.845
36°) Lovera, Daniel Aníbal	46.485	7.612
37°) Tagliaferri, Guadalupe	42.914	7.400
38°) De Angeli, Alfredo Luis	40.800	7.214
39°) Verasay, Pamela Fernanda	38.098	6.570
40°) Mera, Enrique Dalmacio	37.918	6.475
41°) González, Nancy Susana	39.373	6.622
42°) Fiad, Mario Raymundo	38.846	6.336
43°) Rodas, Antonio José	36.715	6.128
44°) Duré, María Eugenia	32.566	5.503
45°) Tapia, María Belén	29.557	5.009
46°) Sapag, Silvia	28.557	4.792
47°) Mirabella, Roberto	28.518	4.771
48°) Leavy, Sergio Napoleón	26.138	4.484
49°) Castillo, Oscar Aníbal	25.388	4.424
50°) Mirkin, Beatriz Graciela	25.399	4.408
51°) Doñate, Claudio Martín	25.953	4.347
52°) Braillard Poccard, Néstor	25.361	4.283
53°) Marino, Juan Carlos	23.190	3.969
54°) Ianni, Ana María	22.750	3.884
55°) Bullrich, Esteban José	20.546	3.590
56°) Uñac, José Rubén	21.154	3.413
57°) Rodríguez, Matías David	18.814	3.150
58°) Olalla, Stella Maris	17.469	2.905
59°) Vucasovich, Alejandra	16.066	2.811
60°) Di Tullio, Juliana	15.390	2.641
61°) Snopek, Guillermo Eugenio	15.771	2.624
62°) Neder, José Emilio	13.670	2.257
63°) Pilatti Vergara, María Inés	9.224	1.534
64°) Poggi, Claudio Javier	8.265	1.401
65°) Solari Quintana, Magdalena	7.389	1.251
66°) Blas, Inés Imelda	7.400	1.222
Basualdo, Roberto Gustavo	6.796	1.222
68°) González, María Teresa	7.575	1.220
69°) Montenegro, Gerardo	7.496	1.195
70°) Reutemann, Carlos Alberto	140	22
71°) Espínola, Carlos Mauricio	108	16
72°) Kueider, Edgardo Darío	69	7
73°) Costa, Eduardo	40	6

Fuente: Indice de Calidad Legislativa

LOS NUEVOS SENADORES

Nombre	Caracteres	Palabras
1°) Vigo, Alejandra	6.615	1.107
2°) Cornejo, Alfredo	732	122
3°) Valenzuela, Gabriela	73	14
4°) Torres, Ignacio	68	11
5°) Lewandowski, Marcelo Néstor	40	9
6°) Alvarez Rivero, Carmen	10	2
Andrada, Guillermo	10	2
Avila, Beatriz	10	2
Bensusán, Daniel	10	2
Corpacci, Lucía	10	2
Flavio Fama	10	2
González Riollo, Gabriela	10	2
Huala, María Victoria	10	2
Juez, Luis	10	2
Juri, Mariana	10	2
Kroneberger, Daniel	10	2
Linares, Carlos Alberto	10	2
Losada, Carolina	10	2
Mendoza, Sandra	10	2
Scarpin, Dionisio	10	2
Terenzi, Edith	10	2
Vischi, Eduardo	10	2
Yedlin, Pablo	10	2

Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Se realizó este viernes en el Salón de las Provincias de la Cámara alta la ceremonia de entrega del Diploma de Honor del Senado de la Nación a veteranos a 40 años Malvinas. Fue por iniciativa del senador por La Rioja y vicepresidente de la Comisión de Defensa, Julio Martínez (UCR).

Los diez militares veteranos homenajeados en reconocimiento por su destacada actuación en el teatro de operaciones de Malvinas fueron, el contralmirante Carlos Castro Madero, el capitán de navío Roberto Ulloa, el suboficial mayor Carlos Jorge Sini, el coronel Daniel Esteban, el coronel Horacio Sánchez Mariño, el soldado Oscar Poltronieri, el brigadier Ernesto Rubén Ureta, el brigadier Norberto Rubén Dimeglio, el suboficial mayor Mario Rodríguez y el comandante general José Ricardo Spadaro.

“No debemos tener colores políticos ni diferencias a la hora de recordar y homenajear a nuestros héroes”, expresó el senador Martínez al inaugurar el acto.

A lo que agregó: “Me interesa dejar en claro que a pesar de todas las discusiones no saldadas, interpretaciones o formas de ver aquel conflicto lo que queda a salvo, lo que queda unificado para todos nosotros es el valor, la decisión, el profesionalismo y el coraje de nuestros héroes de Malvinas”.

Exministro de Defensa, Julio Martínez destacó que “la causa Malvinas es una cuestión de Estado”.

Para finalizar, Martinez afirmó “tenemos fe y esperanzas de que vamos recuperar las Malvinas porque cada pueblo y cada ciudad tiene una escuela, un hospital, una calle, una plaza, un busto con el nombre de Malvinas y la conciencia colectiva por nuestros soldados va a hacer que las Malvinas que son argentinas vuelvan a nuestro territorio”.

Asistieron al homenaje, el ministro de Defensa Jorge Taiana, el ex ministro Horacio Jaunarena, jefes y diferentes autoridades de las Fuerzas Armadas Argentinas y senadores nacionales, entre otros.

Al cerrar el acto, el ministro Taiana afirmó: “Estamos honrando a los caídos y honrando a los veteranos que lucharon con valor por la patria y lo dieron todo”.

“Las Malvinas por historia, por geografía, por antecedentes fueron son y serán argentinas y nada hará cambiar esa situación ni la voluntad del pueblo argentino de recuperar esas islas”, puntualizó Taiana.

Al referirse a la lucha soberana por nuestras islas, Taiana señaló que “lo que estamos reclamando es el ejercicio efectivo de nuestra soberanía” y agregó, “vamos a recuperar las Malvinas de la mano de América Latina”.

Durante el inicio de la sesión de este jueves en el Senado, se dio ingreso formal a un conjunto de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, que deberán ser analizados en la Comisión de Acuerdos.

Los mensajes proponen la designación de conjueces en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza y la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza; los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata y la Cámara Federa de Apelaciones de La Plata; los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Salta; y los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Resistencia.

También se solicita el nombramiento de conjueces en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba y en los juzgados federales de Primera Instancia de la Cámara Federal de esa ciudad; los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario y en en los juzgados federales de Primera Instancia de la Cámara Federal de la misma localidad; y en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de General Roca.

Otro de los pliegos propone la designación de José Nicolás Celestino Chumbita como conjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja; y además se postula a Ana Carina Farias como conjueza de los juzgados federales de Primera Instancia de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

En la ronda de oradores en el Senado, donde se debate el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, el senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén) lanzó fuertes críticas hacia la Corte Suprema y tildó al fallo como “anticonstitucional”. En ese mismo sentido, apuntó contra la gestión de Cambiemos.

El senador neuquino retomó las palabras de su antecesor Guillermo Snopek y resaltó que “fue un trabajo arduo donde se escucharon voces críticas y no críticas. En ese sentido creo que es plausible ese trabajo que hicimos en comisiones”.

“No puedo dejar pasar por alto que estamos tratando un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo por una actitud que tomó una Corte Suprema integrada por dos jueces que se eligieron así mismos como autoridades de la Corte, que aceptaron se nominados por decreto y que, además, quien lo propuso esos dos nombres, ahora está prófugo de la justicia de la Argentina. Está fugado en Uruguay, como los dólares se fugaron”, cuestionó Parrilli.

En ese marco, apuntó que “hay un fiscal interino que hizo el dictamen, un fiscal que devino luego de la persecución que se hizo a Alejandra Gils Carbó”, y recordó las expresiones del ministro de Justicia Independiente que “defendía la justicia del Poder Judicial y decía ‘Gils Carbó se tiene que ir porque es kirchnerista’ o un presidente que decía ‘necesitamos jueces que nos representan o que decía ante un fallo determinado que no era lo que acordaron. El que lo decía era Mauricio Macri”.

“Cada cosa en su lugar, estamos debatiendo un proyecto por una actitud anticonstitucional porque que una Corte diga que, si no está no hay independencia en el Consejo de la Magistratura, es algo muy raro”, cuestionó el legislador neuquino.

En ese marco, señaló: “Este fallo de la Corte ha legislado, es como si nosotros mañana sacamos la sentencia contra alguien, que condenamos a algún miembro por integrar la mesa judicial. La Corte se atribuyó, luego de 16 años de haber modificado la Constitución, que esa ley era constitucional y ahora dicen que no”. En ese sentido, denunció: “Quieren que Horacio Rosatti, que fue aconsejado por el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez y que Macri lo nombró por decreto, sea presidente del Consejo de la Magistratura”.

“Además, dicen que independiente de lo que pase, va a asumir. Cada vez me sorprendo más, hay cosas ilógicas e irracionales que han ocurrido. Hoy estamos sancionando una medida transitoria, imperativa que nos imponen el fallo de la Corte porque quieren poner en vigencia una ley absolutamente derogada”, remarcó Parrilli.

Y precisó: “Hasta el 13 de abril hay 15 miembros, después 20 y cuando se sancione esta ley va a ver 17. Más desprolijidad y desdeñe en el Consejo no va a haber y es causado por la Corte”.

“La Corte durante los años que gobernó el macrismo, esa Corte que cuando Germán Garavano designaba jueces especiales y hacia procesar, era el ministro que alentaba todas estas medidas. La Corte lo convalidó, pero con el nuevo gobierno empezó a cuestionar todo eso, lo que hizo fue decir que estaba todo mal hecho”, recordó.

En tanto, calificó como “anormal, anticonstitucional, avasalladora de otro poder que es el legislativo”, la actitud de la Corte. “Si esta Corte tiene tanto desprestigio, fue por lo que se hizo a partir del 2016, la corte de Néstor Kirchner no era esta corte, tenia prestigio.  Vino otro gobierno que designó por decreto y ahí empezó la mayor decadencia, la política de Garavano y Tonelli que hizo cambiar las mayorías por trampa. Este desprestigio que tiene la Corte se debe a la responsabilidad del macrismo”, y cerró: “Esta ley no me satisface, pero la voto porque no hay otra cosa porque debería tener mayor representación política”.

Miembro informante como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek (Frente de Todos – Jujuy) arrancó su exposición refiriéndose al fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso la inconstitucionalidad de la ley vigente, y por eso leyó partes del mismo, cuestionando la instancia en la que consideró que el Tribunal Supremo se dedicó a legislar.

El máximo tribunal, dijo, “debió hacer un fallo y (en cambio) legisló”.

Snopek apuntó que la resolución de la Corte Suprema indica que todos los fallos dictados por el actual Consejo serán nulos a partir del 15 de abril, si no hay una norma que reemplace a la vigente o bien el mismo se complete con 20 miembros según indica la Corte. Y tras recordar que la primera parte del fallo en el que se declara la inconstitucionalidad de los artículos que establecían cómo iba a estar integrado el Consejo de la Magistratura “tuvo unanimidad de los miembros de la Corte”, aclaró que en cambio uno expresó su disidencia con respecto a la segunda parte del fallo.

Se refería puntualmente al juez Ricardo Lorenzetti (a quien no nombró), que expresó en su disidencia parcial que “si el Congreso no legisla en un plazo razonable, esta Corte procederá a implementar la garantía de independencia del Poder Judicial, en los términos de sus propios precedentes. Ínterin, con carácter excepcional, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura se regirá por las previsiones de la Ley 26.080″.

“En ningún caso se pone en vigencia una ley derogada hace dieciséis años. Es así porque en el sistema argentino, como en el de Estados Unidos, la declaración de inconstitucionalidad no tiene efectos de nulidad. En fin, contradice los principios básicos del derecho, que no pueden ser ignorados por los magistrados”, concluye la disidencia de Lorenzetti, que a juicio de Snopek dejó claro que “los jueces no son legisladores”.

“La restitución de la ley anterior implica arrogarse funciones legislativas, algo incompatible con la función judicial”, estimó el senador jujeño, para quien con esto “la justicia no hizo justicia, pero sí hizo una ley”.

Más allá de eso, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales valoró el trabajo hecho por los legisladores en comisión. Un trabajo “que muchas veces se vapulea”, enfatizó, destacando que se analizaron los proyectos presentados por los senadores Cornejo, Fiad, Giacoppo, Vischi, Weretilneck y la oficialista Norma Giménez. También resaltó positivamente que Juntos por el Cambio hubiera unificado todos sus proyectos en uno solo.

Asimismo se refirió a las visitas de quienes expusieron ante el plenario en el Senado, comenzando por el ministro de Justicia de la Nación, y también destacó la visita del presidente actual del Consejo de la Magistratura. Rescató también el diálogo entre todos los bloques para establecer quiénes concurrirían a exponer.

Snopek comentó en otro pasaje que para el dictamen muchos legisladores hicieron su aporte. Resaltó la introducción de la cuestión de género, como así también la inclusión de la óptica federal hecha por el senador Alberto Weretilneck.  Asimismo valoró el aporte del entrerriano Ernesto Kueider, respecto de que los integrantes del Consejo de la Magistratura no necesiten ser abogados.

No se refirió puntualmente a la cuestión de que un miembro de la Corte presida el Consejo, como expresa el fallo del Tribunal Supremo y quiere la oposición, pero comentó que la existencia del Consejo de la Magistratura no figura en la Constitución norteamericana en la que se inspira nuestra Carta Magna. “Viene del Derecho europeo, de la época de Mussolini, donde el presidente de la Nación integraba el Consejo de la Magistratura”, advirtió Snopek, que agregó que “hoy en la legislación vigente en Francia lo integra el presidente de la Nación. Imagínense acá si lo integrara el presidente de la Nación, ¿qué diríamos?”.

Snopek finalizó diciendo que “hoy la sociedad dice que la Justicia está peor vista que nosotros; es momento de volver a recuperar esta justicia”, y destacó que se está logrando “llegar a discutir y dejarles a los argentinos la media sanción para que el país no se quede sin legislación que avale este Consejo de la Magistratura”.

En el arranque de la sesión en el Senado, la legisladora neuquina Silvia Sapag encabezó un homenaje por el 24 de marzo, en el que recordó a las víctimas de la dictadura, y reiteró el pedido de Justicia. 

“Quiero rendir homenaje a las 30.000 víctimas de la dictadura asesina que asoló a nuestra patria. También quiero recordar que el poder político, el poder judicial, la iglesia, los militares, y parte de la sociedad civil se constituyeron en una asociación asesina para matar, desaparecer y torturar a todo aquel argentino que se opusiera para lograr su objetivo de saqueo”, inició su alocución la legisladora del Frente de Todos. 

Y continuó: “30.000, este número que contiene a los que están y a los que no están. Los que están en el libro ‘Nunca Más’, y a los que no están. No están, por ejemplo, mis hermanos muertos, no está mi cuñada muerta, ¿y porque no están? Porque mis padres quisieron proteger a los que estábamos vivos. Y recién pudieron hacerlo durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando realmente se sintieron seguros de que podían denunciar. ¿Por qué no está mi cuñada? Porque ya tenían un hijo muerto, y una hija desaparecida, que sí la habían denunciado, y sí figura en el Nunca Más, pero cuando le mataron a la tercera hija, y se quedaron sin ningún hijo, se murieron de tristeza y no denunciaron”. 

Además, respecto a las cifras reportadas señaló que tampoco están “los 400 muertos por las disidencias sexuales, no están acá los 300 nietos sin encontrar, no están nuestros 649 muertos de la Guerra de Malvinas, no están los soldados que se suicidaron por el olvido cuando regresaron a tierra. No están los 24.000 muertos de la posguerra por los traumas que habían recibido”. 

Por esto, Sapag consideró que los datos que tenemos “son relativos”, y recordó los archivos desclasificados en el año 2006 de Seguridad nacional de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, donde “ellos mismo aceptaban que había matado y desaparecido a 22.000 entre los años 76 y 78, o sea que faltaba todavía mucho para que la dictadura terminara. Eso salió publicado en el diario La Nación, el periodista Halconada Mon hizo un artículo sobre eso”.  

Al respecto de esto, Sapag sostuvo que “fue parte de la perversión de la dictadora secuestrar, desaparecer, torturar, matar y luego destruir los registros para que no se sepe quienes nos falta y dónde están. Es volver a negarlos, esta re-negación es lo que no permite que las llegas se cierren, es lo que produce que se sienta como si hubiese sido ayer”. 

En el arranque de la sesión de este jueves, los senadores ratificaron un decreto de la vicepresidenta Cristina Kirchner por el cual se designó como “Sala Malvinas Argentinas” al salón de recepción del edificio anexo Alfredo Palacios del Senado y se dispuso la colocación de una placa alusiva.

Al tomar la palabra, el fueguino Pablo Blanco (UCR) recordó que “el pasado 2 de abril se cumplieron 40 años de un hecho histórico que marcó para siempre la historia de la Argentina” cuando “un gobierno de facto que se caía pedazos recorrió la toma por la fuerza de las Islas Malvinas con la intención de recuperarlas y perpetuarse en el poder”.

El radical mencionó que la gente salió a las calles “no para bancar a los dictadores, sino para expresar su apoyo por esta justa causa”. Mientras que destacó que Raúl Alfonsín “fue prácticamente el único de los políticos que se animó a decir públicamente que se estaba cometiendo un grave error, que nos haría retroceder en vez de avanzar hacia el objetivo de reconquistar definitivamente lo que era, es y será siempre nuestro”.

“Si algo nos enseñó la guerra es que la violencia no es el camino, y que el diálogo y la paz siempre deben prevalecer”, sostuvo el legislador de Juntos por el Cambio, y agregó: “La vía diplomática es el único camino para lograrlo, mediante una estrategia que demuestre lo absurdo, inadmisible y anacrónico que resulta el colonialismo británico en un mundo que reclama confianza, cooperación y sobre todo paz”.

Blanco enfatizó que “la causa de Malvinas es nacional” y es una política que “debe ser ejercida con inteligencia y decisión por el actual Gobierno y los próximos”.

Tras brindar homenaje a los que dejaron su vida, a los que volvieron y a “todos aquellos que no pudieron soportar el trauma de participar de la guerra y decidieron marcharse”, el senador consideró que esta causa debe hacer que “todas las fuerzas argentinas estemos juntos sin claudicaciones ni errores graves” como haber demorado la condena a Vladimir Putin por la guerra en Ucrania.

“Tampoco los argentinos podemos permitir que la causa de Malvinas se partidice y que una facción política pretenda apropiársela lastimosamente”, apuntó y criticó que es “una falta de respeto que no se pueda llevar adelante un acto unificado del Gobierno nacional festejando la gesta de Malvinas, y que muchas veces se utilice ese tipo de actos con otro sentido partidario”, en referencia a los homenajes que, por separado, encabezaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quien se encontraba presidiendo la sesión y retó a Blanco por haber leído el discurso.

Por su parte, la senadora riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) recordó el día que se colocó la placa en la nueva sala y que fue “un momento tan emotivo junto a los senadores de las provincias que estuvieron más cercanas a la guerra”, junto a los combatientes trabajadores del Congreso.

La legisladora dijo que hace más de un mes está trabajando en proyectos “que tienen que ver con homenajear los 40 años de esta gesta”, entre ellos uno para “visibilizar la participación de las mujeres”.

Vega abogó por “levantar la bandera de Malvinas, que es un hecho que nos une por encima de cualquier diferencia, de cualquier división que tiene el pueblo argentino”. Y opinó que el “mejor” homenaje a los veteranos y caídos es que “demostremos, desde el lugar donde estamos, estar más unidos que nunca”.

Finalmente, la fueguina María Eugenia Duré (FdT), impulsora de la iniciativa, señaló que Malvinas “es la causa más noble que tiene el pueblo argentino” y ponderó el “compromiso con nuestros veteranos y veteranas” por parte de las autoridades del Senado, al relatar que al hablar con un combatiente que trabaja dentro de la cámara, él le contó que “hace 38 años que trabaja en el Senado y nunca había recibido una distinción como esta”.

Tras resaltar que hay que avanzar en la reivindicación de “las mujeres valientes de Malvinas”, la oficialista le agradeció a Cristina Kirchner: “Como presidenta y también como senadora malvinera fue la que puso la causa y la cuestión Malvinas en los foros internacionales y en los lugares de más alto nivel, llevando esta cuestión legítima de soberanía”.

“Sufrimos mucho tiempo de desmalvinización. No podemos negar que hubo cuatro años de desmalvinización (en alusión al macrismo), pero ahí estuvo el pueblo argentino recordando, ahí estuvo el pueblo en las vigilias”, lanzó.

Duré sostuvo que “no solamente tenemos que alzar la voz, no solamente tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo legislativo, sino que tenemos que tener un ejercicio pleno de construir memoria”.

“Tenemos que malvinizar, malvinizar y malvinizar y que Malvinas sea una causa federal, consensuada”, agregó y pidió un aplauso para los veteranos, las veteranas y la memoria de los caídos.

La Cámara de Senadores sesiona desde las 14.20 con el objeto de dar media sanción al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. De alcanzar el quórum se encargó el propio oficialismo con sus aliados, pues los senadores de Juntos por el Cambio se integraron al recinto una vez que se inició la sesión.

La iniciativa tiene un texto original del Poder Ejecutivo, pero sufrió modificaciones la semana pasada cuando el oficialismo aceptó los cambios del senador rionegrino Alberto Weretilneck que apunta a un Consejo de la Magistratura más federal. Sin embargo, en su propio dictamen que había firmado una semana antes, proponía que un miembro de la Corte Suprema integrara el Consejo de la Magistratura, pero este punto no fue contemplado.

El texto del senador de Juntos Somos Río Negro propone que para la elección y remoción de jueces se integre el Consejo con consejeros regionales. Estos consejeros no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento. Serían para 4 regiones: Norte, Sur, Centro y AMBA.

En total, los integrantes del Consejo serían 17, mismo número que establece el proyecto oficial, que suma -a los 13 miembros actuales- un juez, dos abogados y un académico o científico.

No será ese el único tema que debatirán este jueves. El otro proyecto es el que designa como “Sala Malvinas Argentinas” al salón de recepción del Edificio Anexo Alfredo Palacios, del Senado de la Nación.

El Senado continúa a paso firme con la conformación de comisiones, retrasada para el comienzo del año parlamentario, pero no al nivel de lo que ocurre en la Cámara de Diputados.

A las 11 comisiones que ya hay constituidas (son 27 en total), se sumaron este miércoles dos más: Infraestructura, Vivienda y Transporte; y Minería, Energía y Combustibles.

La primera reunión que se realizó en el Salón Illia fue para elegir las autoridades de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que continuará en manos de la formoseña Teresa González (FdT), mientras que en la vicepresidencia resultó designada la mendocina Mariana Juri (UCR). El santafesino Marcelo Lewandowski (FdT) será el secretario.

Tras agradecer haber sido reelecta, González señaló que esta comisión “como nunca adquiere una verdadera y justa trascendencia, tanto en la situación que está viviendo nuestra patria como la que está viviendo el mundo entero”. “La infraestructura, el transporte, son ejes fundamentales en materia de desarrollo de todos los pueblos”, agregó.

“Enfrentamos un desafío muy importante para todas las provincias, para todas las regiones”, expresó la oficialista y abogó por tratar proyectos que contribuyan “a una Argentina más inclusiva y más grande para todos y todas”.

Por su parte, Juri afirmó que “tenemos que ser capaces entre todos de encontrar ejes comunes”. “El tema de la federalización de los fondos públicos para los tres temas que convocan a esta comisión” es una de las cuestiones a tratar, consideró, como también “la grave crisis de política aerocomercial”.

En tanto, Lewandowski señaló que la comisión “tiene aspectos que para quienes representamos a las provincias son fundamentales”. En esa línea, sobre transporte, mencionó “la lucha que se viene dando por los subsidios” y las diferencias que existen entre el AMBA y las provincias. Y pidió “poner esas diferencias sobre la mesa para ser un país federal e igualitario”.

Asimismo, el oficialista resaltó que “la vivienda es una de las grandes deudas que tiene la democracia” y, en cuanto a la infraestructura en general”, apuntó que la pandemia puso al descubierto las dificultades en cuanto a la conectividad en la totalidad del país.

La comisión está integrada por los senadores del Frente de Todos Teresa González, Ana María Ianni, Carlos “Camau” Espínola, Guillermo Snopek, Cristina López Valverde, Mariano Recalde, Maurice Closs y Marcelo Lewandowski.

Mientras que por Juntos por el Cambio se encuentran Beatriz Ávila, Mariana Juri, Gabriela González Riollo, Pablo Blanco, Alfredo De Angeli, Dionisio Scarpin y Luis Naidenoff. También son miembros las monobloquistas Clara Vega y Magdalena Solari Quintana.

Minutos después se conformó la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, que también tendrá al mismo presidente que estuvo durante los dos años anteriores: el sanjuanino Rubén Uñac (FdT). En tanto, el catamarqueño Flavio Fama (UCR) será vicepresidente y la neuquina Silvia Sapag (FdT), secretaria.

Al tomar la conducción de la reunión, Uñac agradeció a su bloque “por la confianza y la ratificación. Para mí es un grato honor presidir esta comisión”. “Espero que podamos trabajar en la generación de consensos y de esta manera emitir los mejores dictámenes”, expresó.

Fama aseguró que en su provincia “la minería es un hito fundamental” y “estamos viviendo un momento muy especial”, por eso “es importante para nosotros estar discutiendo” estos temas. También abogó por “los consensos que son tan necesarios para temas tan importantes del país”.

En la misma línea, Sapag apuntó a sacar “leyes que sean beneficiosas para toda la Nación, no solamente para Neuquén” y que “tengamos un buen desarrollo de la industria porque hay una buena legislación”.

Por el oficialismo integran la comisión Rubén Uñac, Ana María Ianni, Matías Rodríguez, José Mayans, Sergio “Oso” Leavy, Martín Doñate, Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Guillermo Snopek y Carlos Linares.

Por su parte, por Juntos por el Cambio fueron nombrados Eduardo Costa, Humberto Schiavoni, Mariana Juri, Gabriela González Riollo, Gladys González, María Belén Tapia, Lucila Crexell y Flavio Fama. La nómina se completa con el rionegrino Alberto Weretilneck.

La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reunió este martes en el salón Eva Perón del Senado, donde recibió la visita del representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina, Claudio Tomasi, y la coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD en Argentina, María Eugenia Di Paola.

El objetivo de la visita fue la presentación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. También se establecieron los objetivos específicos y la agenda de trabajo para nuestro país. Por último se conocieron los detalles de la consulta nacional “Estocolmo + 50”, un evento internacional que se llevará a cabo en Suecia, los días 2 y 3 de junio de 2022, durante la semana del Día Mundial del Ambiente. Día en el que se conmemoran los 50 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano.

Al comenzar el encuentro y luego de que la titular de la comisión, Gladys González (Frente Pro), brindara un detalle sobre la trayectoria de los invitados, Tomasi se refirió al último Preámbulo emitido por las Naciones Unidas. “Este informe habla de emergencia climática, de desastre y si seguimos con el modelo actual tenemos pocas chances de mantener el clima dentro del rango 1.5 grados”.

Tomasi agregó que “los expertos afirman que con la extracción de combustibles fósiles es suficiente para pasar los límites que el planeta pueda soportar”.

El funcionario expresó que “el mensaje que quiero transmitir es que estamos frente a una crisis que requiere de un abordaje sistémico y tiene que ver con el ambiente, con los sistemas de producción y de consumo. Entonces, si no podemos compartir un planeta donde todos y todas podemos sobrevivir y prosperar de poco sirven los progresos sociales y económicos”.

Al referirse específicamente a la labor del PNUD sobre impacto ambiental informó que, en los estudios del organismo, se agrega una nueva medición que dé cuenta de la huella ecológica de los países; cuánto contribuye un país al calentamiento global; a la pérdida de biodiversidad y los problemas ecológicos donde se hace una comparación entre los países. Los países con PBI más elevado coinciden con una huella más grande.

A raíz de lo anterior, el residente representante del PNUD, agregó que “el Antropoceno se caracteriza por ser la primera era geológica del planeta donde la humanidad está en capacidad de decretar su propio fin, nunca antes en la historia la humanidad había tenido esa capacidad tecnológica”.

Al exponer sobre la situación ambiental de nuestro país, Tomasi dijo que “en Argentina los sectores más vulnerables son los que se llevan peor parte del cambio climático por eso una agenda en la adaptación al cambio climático es vital y está relacionada a todas aquellas medidas de los sectores económicos y la población para poner en marcha las acciones necesarias frente a los eventos extremos en materia ambiental”.

Tomasi resaltó que “Argentina es un país con una de las biodiversidades más importantes del mundo” y convocó “al desafío de no perderla, defenderla, resaltar su importancia y que su desarrollo vaya de la mano con la preservación de la misma”.

Para finalizar, Claudio Tomasi, afirmó que “el trabajo con los Congresos está en nuestras agendas desde diferentes ángulos y nos adaptamos a la prioridades y necesidades nacionales y locales” y al referirse a la futura ley de humedales dijo, “estamos a disposición para seguir a pleno una temática tan importante y relevante”.

A su turno, la coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD en Argentina, María Eugenia Di Paola, compartió con los senadores presentes los objetivos y avances de la iniciativa “Estocolmo +50” donde varios organismos estatales de nuestro país también acompañan y participan.

Di Paola agregó que “estamos trabajando en diferentes presentaciones para realizar la consulta y así saber donde estamos como país en materia climática y desarrollo sostenible”.

“También es parte de esta consulta, que consta de 17 preguntas, entender los cambios, reclamos y que surjan distintas miradas en temas tan necesarios como la transición energética” afirmó la invitada del PNUD.

Antes de terminar el encuentro, y luego de que los senadores presentes se expresaran sobre lo tratado, la senadora Gonzalez compartió con los expertos invitados la agenda de la Comisión sobre política ambiental donde “tanto oposición y oficialismo tienen una agenda de trabajo en común”.

En una carrera contrarreloj para tener una nueva ley para antes del plazo establecido el año pasado por la Corte Suprema de Justicia (el 15 de abril), el Senado de la Nación debatirá este jueves el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.

Está claro que siendo el debate apenas una semana antes de la fecha establecida por el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la reforma de 2006, los tiempos no dan para que haya ley antes del 15 de abril. Con todo, el Senado avanzará este jueves a partir de las 14 con una sesión para la cual tiene los números garantizados para dar media sanción al proyecto del Ejecutivo.

Iniciativa que tuvo modificaciones la semana pasada cuando el oficialismo aceptó los cambios del senador rionegrino Alberto Weretilneck que apunta a un Consejo de la Magistratura más federal. Sin embargo, en su propio dictamen que había firmado una semana antes, proponía que un miembro de la Corte Suprema integrara el Consejo de la Magistratura, pero este punto no fue contemplado.

El texto del senador de Juntos Somos Río Negro propone que para la elección y remoción de jueces se integre el Consejo con consejeros regionales. Estos consejeros no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento. Serían para 4 regiones: Norte, Sur, Centro y AMBA.

En tanto, el “Consejo grande” estaría compuesto por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, 2 académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Mientras que los consejeros regionales serían 64 o 48 si los del AMBA se eligen desde el propio “Consejo grande”.

En total, los integrantes del Consejo serían 17, mismo número que establece el proyecto oficial, que suma -a los 13 miembros actuales- un juez, dos abogados y un académico o científico.

No será ese el único tema que debatirán este jueves. El otro proyecto es el que designa como “Sala Malvinas Argentinas” al salón de recepción del Edificio Anexo Alfredo Palacios, del Senado de la Nación.

A partir de las 15 arrancará este miércoles en el Salón Azul un plenario de comisiones en el que se debatirá el proyecto presentado días pasados por el oficialismo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con dólares de argentinos en el exterior no declarados.

Será en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside el pampeano Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, del riojano Ricardo Guerra, que comenzarán a debatir sendos proyectos de senadores kirchneristas que prevén la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, como así también una iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras.

En el primero de los casos, se trata de un proyecto de un grupo de senadores encabezados por Oscar Parrilli, que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional, a través del cual se busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia”.

“Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares”, fundamenta el proyecto, que anticipa que en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35%. Por otro lado, indica que quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente.

La ley también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.

Los senadores proponen también usar la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

El otro proyecto también es de Parrilli y compañía, que prevé la modificación de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.

La idea es que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco. Se busca con ello que los fiscales a cargo de la investigación de la causa por evasión no estén obligados a esperar la autorización de un juez para acceder a la información sobre las cuentas no declaradas en el extranjero.

La presidente provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, recibió este jueves en la Cámara de Senadores a la vicepresidenta del Parlamento de Corea del Sur, Sang-Hee Kim, y a su comitiva acompañada por la senadora por Misiones, Magdalena Solari Quintana, y el senador por San Luis y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Adolfo Rodríguez Saá.

Ledesma Abdala destacó que Kim “es la primera mujer que ejerce el cargo de vicepresidenta de la Asamblea Nacional y es una luchadora de los derechos de las mujeres”.

Además, resaltó que “se cumplen 60 años del inicio de la relación bilateral entre ambos países, que dio comienzo el 15 de febrero de 1962”, y comentó que “la comunidad coreana en la Argentina es la segunda más grande de Latinoamérica”.

A su turno, Kim puso de relieve que el viaje que realiza a la Argentina “es el primero a nivel parlamentario que se hace en dos años, tras la pandemia” y pronosticó que “tras esta visita nuestras relaciones van a ser mejores y más fuertes”.

Tras el encuentro que tuvo lugar en el Salón Eva Perón, la delegación parlamentaria coreana visitó el recinto de la Cámara alta y se tomaron numerosas fotografías junto al busto que recuerda a Eva Duarte de Perón.

El Senado avanzó este jueves con la puesta en marcha de cuatro comisiones y el Frente de Todos conservó la presidencia en ellas, al igual que la mayoría dentro de los integrantes que las componen, tal como sucedió en los últimos dos años.

Si bien al comienzo del año Juntos por el Cambio reclamaba más lugares, tanto en presidencias como en la proporcionalidad de los miembros, por haber incrementado el número de su interbloque, la postura del oficialismo que, junto a aliados construyó mayoría, prevaleció.

Así, el Frente de Todos continuará al mando de Legislación General; Economías Regionales, Economía Social y MiPyMEs; Defensa Nacional; y Educación y Cultura.

Legislación General

En la primera reunión constitutiva que se realizó este jueves en el Salón Illia, se conformó la Comisión de Legislación General, que próximamente tendrá el debate del proyecto del Frente de Todos para crear un “Fondo Nacional” para el pago de la deuda con el FMI, a partir de establecer un aporte a quienes hayan evadido y tengan bienes no declarados en el exterior.

Al frente de la comisión resultó elegido el pampeano Daniel Bensusán (FdT), quien agradeció “la confianza depositada” por sus pares “para desarrollar la presidencia de esta comisión. Creo que tenemos que armar una agenda de cara a los intereses de los argentinos y argentinas, y en esta comisión hay proyectos de vital importancia para debatir y tratar de llevar al recinto”.

Además, prometió que “trabajaremos todos los consensos necesarios” porque “la situación del país lo amerita y seguramente estaremos a la altura de las circunstancias”.

En tanto, a propuesta de Juntos por el Cambio la jujeña Silvia Giacoppo (UCR) fue designada vicepresidenta; mientras que la chaqueña María Inés Pilatti Vergara (FdT) será la secretaria de la comisión.

Por el oficialismo conforman Legislación General Daniel Bensusán, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Sergio “Oso” Leavy, María Eugenia Catalfamo, Anabel Fernández Sagasti, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos “Camau” Espínola.

Mientras que por Juntos por el Cambio la integran Silvia Giacoppo, Beatriz Ávila, Pablo Blanco, Lucila Crexell, María Belén Tapia, Gabriela González Riollo y Martín Lousteau. Y completa la lista la misionera monobloquista Magdalena Solari Quintana.

Economías Regionales, Economía Social y MyPyMEs

El segundo turno le tocó a la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y MyPyMEs, donde fue reelecta como presidenta la salteña Nora del Valle Giménez (FdT). Mientras Juntos por el Cambio se reservó la propuesta de vicepresidencia, la monobloquista riojana Clara Vega fue avalada como secretaria.

Giménez agradeció la “confianza depositada” y ponderó que la comisión “ha funcionado con mucho sentido de equipo y si hay algo que tiene que seguir prevaleciendo es esta disponibilidad al diálogo y el debate de los proyectos. Es una comisión donde hay mucho para hacer”.

“Sin duda uno de los más grandes desafíos para poder tener capacidad de respuesta frente a la situación económica y social viene de la mano de las economías regionales, de la mano de las PyMEs, de la economía asociativa, del funcionamiento de las cooperativas. Está probado que el 80% del empleo que se genera en el país no es generado por las grandes empresas, sino generado justamente por esta cadena de PyMEs distribuida a lo largo y ancho del país”, agregó.

Los senadores oficialistas designados para la comisión son Nora del Valle Giménez, Silvina García Larraburu, Edgardo Kueider, Cristina López Valverde, José Mayans, Carlos Linares, Matías Rodríguez, Juliana Di Tullio y Gerardo Montenegro.

Por su parte, Mercedes Valenzuela, Beatriz Ávila, Silvia Giacoppo, Alfredo De Angeli, Flavio Fama, María Victoria Huala y Mariana Juri son los legisladores de Juntos por el Cambio que la integran. Y se suma la monobloquista Clara Vega.

Defensa Nacional

Al mediodía se constituyó la Comisión de Defensa Nacional donde fueron designados el salteño Sergio “Oso”Leavy (FdT) como presidente; el riojano Julio Martínez (UCR) como vicepresidente; y el correntino Carlos “Camau” Espínola (FdT) como secretario.

Al tomar la palabra, Leavy enfatizó sobre la “relevancia” de esta comisión y destacó la aprobación del FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa) durante 2020, dada la “necesidad” que se tiene en el “reequipamiento de todas nuestras fuerzas” para combatir, entre otras cosas, la pesca ilegal y el narcotráfico.

Además, anunció que habrá “mucho trabajo” ya que “hay 64 proyectos trabajándose dentro del Ministerio de Defensa”. “Nos van a pasar toda la información con total reserva. Me gustaría que este año podamos tener un reglamento” sobre reserva de la información, señaló.

Martínez, por su parte, resaltó que los temas de defensa se han tratado “la mayoría de las veces al margen de la grieta, han sido cuestiones de Estado” y “se han aprobado por unanimidad cuando han llegado”.

En la antesala del 40° aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, el exministro de Defensa durante la gestión Cambiemos anuncio que la semana próxima se realizará un evento para “homenajear a algunos veteranos de los más destacados, y otros no tan conocidos”. También, “más allá de las grietas y las divisiones” la idea es “invitar a ese evento a todos los ministros de Defensa que están vivos y al actual (Jorge Taiana)”, comentó.

En la comisión fueron designados como miembros Sergio “Oso” Leavy, Rubén Uñac, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Carlos “Camau” Espínola, Adolfo Rodríguez Saá, Oscar Parrilli, Matías Rodríguez, José Neder y Lucía Corpacci, por el oficialismo; y Julio Martínez, Luis Juez, José María Torello, Mariana Juri, Guadalupe Tagliaferri, Pablo Blanco, Humberto Schiavoni y Alfredo Cornejo, por Juntos por el Cambio.

Educación y Cultura

La seguidilla de reuniones culminó con la conformación de Educación y Cultura, donde fue reelegida presidenta la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT). También continuará como vicepresidenta la entrerriana Stella Maris Olalla (UCR), mientras que la fueguina María Eugenia Duré (FdT) asumió como secretaria.

Tras agradecer a su bloque, López Valverde reivindicó la figura de Domingo Faustino Sarmiento, quien “constituyó un hito, el de la educación, entre muchas otras cosas que hizo”. “El país grande, que a veces añoramos, el país que iba de la mano del progreso, tuvo como un pilar fundamental la educación”, agregó la sanjuanina.

Sobre una realidad que impuso la pandemia, como es la educación a través de la virtualidad, la legisladora llamó a seguir trabajando en la cuestión de la conectividad “porque el mundo así lo exige, ni que hablar el mundo de mañana”. “Se está trabajando en ello y ojalá se acelere rápidamente”, continuó.

“Hay que llegar a la equidad y justicia educativa, en cuanto a que el chico que está en el último rincón del país tenga las mismas oportunidades que el que vive en zonas urbanas o proviene de familias con cierto sustento económico para darle más posibilidades”, sostuvo.

López Valverde sumó que “la agenda es amplísima, es una comisión que requiere de mucha vocación”.

Los senadores que integran la comisión por el Frente de Todos son Cristina López Valverde, María Eugenia Duré, María Inés Pilatti Vergara, Ana María Ianni, Teresa González, María Eugenia Catalfamo, Guillermo Andrada, Ricardo Guerra y Marcelo Lewandowski.

En tanto, por Juntos por el Cambio la integran Stella Maris Olalla, Carmen Álvarez Rivero, Mercedes Valenzuela, Beatriz Ávila, María Belén Tapia, María Victoria Huala y Flavio Fama. La monobloquista Clara Vega completa la nómina.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado volverá a discutir este miércoles, a partir de las 16 en el Salón Azul, el proyecto sobre reforma del Consejo de la Magistratura que había sido dictaminado la semana pasada.

El Frente de Todos tuvo que dar marcha atrás con la sesión que pensaba realizar este miércoles para avanzar con la media sanción de la iniciativa del Poder Ejecutivo, luego de que no alcanzara un consenso con un aliado clave y se complicaran los números para la aprobación.

Para aprobar la reforma se requiere una mayoría absoluta de 37 votos: el Frente de Todos cuenta con 35 propios, con lo cual necesita de dos voluntades más. En la mayoría de las votaciones, el oficialismo ha sumado al rionegrino Alberto Weretilneck y a la misionera Magdalena Solari Quintana, quien firmó el despacho de mayoría por lo que se descuenta apoyará. Pero, en este caso, Weretilneck no acompañó al FdT y suscribió uno propio.

Sin contar a Juntos por el Cambio, que reúne un interbloque de 33 miembros, las otras dos senadoras con monobloque son la riojana Clara Vega, que no tendría postura definida; y la cordobesa Alejandra Vigo, quien ya se expresó en contra de la propuesta oficial.

El exgobernador rionegrino anticipó que votaría en contra de la iniciativa oficial, lo que obligó al oficialismo a cambiar los planes y acceder a una nueva discusión en comisiones para hacer los cambios de un modo “más prolijo”.

El texto de Weretilneck propone que para la elección y remoción de jueces se integre el Consejo con consejeros regionales. Estos consejeros no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento. Serían para 4 regiones: Norte, Sur, Centro y AMBA.

En tanto, el “Consejo grande” estaría compuesto por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, 2 académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Mientras que los consejeros regionales serían 64 o 48 si los del AMBA se eligen desde el propio “Consejo grande”.

En total, los integrantes del Consejo serían 17, mismo número que establece el proyecto oficial, que suma -a los 13 miembros actuales- un juez, dos abogados y un académico o científico.

Por su parte, Juntos por el Cambio tiene su dictamen propio, que va en línea con la composición de la ley anterior, conformación que podría restituirse el 15 de abril si no se aprueba una nueva ley, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema que en diciembre le dio un plazo de 120 días al Congreso. Esa composición habla de 20 integrantes, con el presidente de la Corte presidiendo el Consejo.

Una semana después de haber mantenido reuniones con todos los bloques  opositores de la Cámara de Diputados, la Mesa de Enlace visitará este miércoles el Senado para entrevistarse con el interbloque de Juntos por el Cambio.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 12 en el Salón Auditorio Emar Acosta, piso quinto del edificio Anexo, Hipólito Yrigoyen 1710 de la ciudad de Buenos Aires.

Por la Mesa de Enlace estarán presentes el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino; el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; el titular de CONINAGRO, Elbio Laucirica; y el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni.

Serán recibidos por la vicepresidenta del Senado de la Nación, Carolina Losada; el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo; el presidente del bloque de la UCR, Luis Naidenoff y  su par del bloque Pro, Humberto Schiavoni.

Junto a ellos estarán el titular del bloque Justicialista 8 de Octubre, Juan Carlos Romero; su par del bloque Integración y Desarrollo Chubutense, Ignacio Torres; la presidenta del bloque Movimiento Neuquino, Lucila Crexell; su par de Producción y Trabajo, Roberto Basualdo; la titular del bloque Justicia Social, Beatríz Ávila, entre otros senadores nacionales de todas las fuerzas que conforman Juntos por el Cambio.

La Justicia Federal recibió de las autoridades del Senado un informe sobre los daños patrimoniales generados por el ataque a piedras contra el edificio del Congreso perpetrado el pasado 10 de marzo, en ocasión de registrarse en la Cámara de Diputados la sesión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El informe elaborado por Presidencia del Senado hace un cálculo estimativo de seis millones de pesos en daños, sin considerar elementos históricos dañados durante la pedrada.

Según precisa el informe suscripto por la directora General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Senado, Graciana Peñafort, “la agresión se encontró selectivamente direccionada sobre el margen correspondiente a la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, específicamente donde se encuentran las oficinas de la H. Presidencia del Senado de la Nación, las que quedaron claramente señaladas por pintura y especialmente dañadas en sus paneles exteriores”.

Otra vez… inmensa pena. pic.twitter.com/bFP7Znz0sy

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 11, 2022

El informe detalla que además fueron dañadas otras áreas del Senado, como los despachos correspondientes a los senadores Claudia Abdala de Zamora, José Mayans y Ricardo Guerra.

Según la agencia estatal Télam, entre los gastos calculados están los de reposición y colocación de unos 200 paños de vidrio (2 millones de pesos), retapizado e intervención en textiles (1,5 millones de pesos) y solados, carpintería y revestimientos de madera (2,7 millones de pesos); lo que en suma supera los 6 millones de pesos.

El Frente de Todos en el Senado tuvo que dar marcha atrás con la sesión que pensaba realizar este miércoles para dar media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo sobre reforma del Consejo de la Magistratura.

El oficialismo no alcanzó un acuerdo con el aliado rionegrino Alberto Weretilneck, quien la semana pasada presentó su propio dictamen en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

De esta manera, la sesión se pasará a la próxima semana, mientras que este miércoles habrá un nuevo plenario de comisiones para analizar las modificaciones al texto y de esa manera lograr las voluntades que se requieren. La reunión será a partir de las 16 en el Salón Azul.

Para aprobar la reforma se requiere una mayoría absoluta de 37 votos: el Frente de Todos cuenta con 35 propios, con lo cual necesita de dos aliados más. En la mayoría de las votaciones, el oficialismo ha sumado a Weretilneck y a la misionera Magdalena Solari Quintana, quien efectivamente firmó el despacho de mayoría. Pero, en este caso, Weretilneck no acompañó. Además de la ambivalente riojana Clara Vega, la otra monobloquista es la cordobesa Alejandra Vigo, quien ya se expresó en contra de la propuesta oficial.

El exgobernador rionegrino anticipó que votaría en contra de la iniciativa oficial, lo que obligó al FdT a cambiar los planes y acceder a una nueva discusión en comisiones para hacer los cambios de un modo “más prolijo”.

El texto de Weretilneck propone que para la elección y remoción de jueces se integre el Consejo con consejeros regionales. Estos consejeros no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento. Serían para 4 regiones: Norte, Sur, Centro y AMBA.

En tanto, el “Consejo grande” estaría compuesto por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, 2 académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Mientras que los consejeros regionales serían 64 o 48 si los del AMBA se eligen desde el propio “Consejo grande”.

En total, los integrantes del Consejo serían 17, mismo número que establece el proyecto oficial, que suma -a los 13 miembros actuales- un juez, dos abogados y un académico o científico.

Por su parte, Juntos por el Cambio tiene su dictamen propio, que va en línea con la composición de la ley anterior, conformación que podría restituirse el 15 de abril si no se aprueba una nueva ley, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema que en diciembre le dio un plazo de 120 días al Congreso. Esa composición habla de 20 integrantes, con el presidente de la Corte presidiendo el Consejo.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT), se reunirá este martes, a partir de las 16, para avanzar con la firma del dictamen de un conjunto de proyectos sobre acuerdos internacionales.

El primero de ellos se trata de un proyecto que data de la gestión anterior, por el cual se solicita la aprobación del acuerdo sobre servicios aéreos con el reino de los Países Bajos, suscripto en la ciudad de Ámsterdam el 27 de marzo de 2017.

El segundo también corresponde a un texto enviado por el entonces presidente Mauricio Macri, y se refiere al acuerdo sobre transporte aéreo con la República Portuguesa, suscripto en la ciudad de Lisboa el 25 de junio de 2007.

En el temario se incluye un proyecto girado por el presidente Alberto Fernández, por el cual se pide aprobar el acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC, celebrado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Además, la comisión analizará la media sanción de la Cámara de Diputados sobre la ratificación de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, celebrada en la ciudad de La Antigua, República de Guatemala, el 5 de junio de 2013.

Interbloque Frente de Todos (30)

Frente Nacional y Popular (18)

Guillermo Andrada	Catamarca
Daniel Bensusán	La Pampa
Maurice Fabián Closs	Misiones
Lucía Corpacci	Catamarca
María Teresa González	Formosa
Ricardo Antonio Guerra	La Rioja
Claudia Ledesma Abdala de Zamora	Santiago del Estero
Marcelo Lewandowski	Santa Fe
Cristina del Carmen López Valverde	San Juan
José Miguel Ángel Mayans	Formosa
Sandra Mendoza	Tucumán
Gerardo Antenor Montenegro	Santiago del Estero
José Emilio Neder	Santiago del Estero
María Inés Pilatti Vergara	Chaco
Mariano Recalde	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Antonio José Rodas	Chaco
Adolfo Rodríguez Saá	San Luis
José Rubén Uñac	San Juan
Pablo Yedlin	Tucumán

Unidad Ciudadana (11)

Juliana Di Tullio	Buenos Aires
Claudio Martín Doñate	Río Negro
María Eugenia Duré	Tierra del Fuego
Anabel Fernández Sagasti	Mendoza
Silvina Marcela García Larraburu	Río Negro
Nora del Valle Giménez	Salta
Ana María Ianni	Santa Cruz
Sergio Napoleón Leavy	Salta
Carlos Linares	Chubut
Oscar Isidro Parrilli	Neuquén
Silvia Sapag	Neuquén

Interbloque Juntos por el Cambio (33)

UCR (18)

Pablo Daniel Blanco	Tierra del Fuego
Alfredo Cornejo	Mendoza
Eduardo Raúl Costa	Santa Cruz
Flavio Fama	Catamarca
Mario Raymundo Fiad	Jujuy
Silvia del Rosario Giacoppo	Jujuy
Mariana Juri	Mendoza
Daniel Kroneberger	La Pampa
Martín Lousteau	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Carolina Losada	Santa Fe
Julio César Martínez	La Rioja
Stella Maris Olalla	Entre Ríos
Luis Carlos Petcoff Naidenoff	Formosa
Dionisio Scarpin	Santa Fe
María Belén Tapia	Santa Cruz
Gabriela Valenzuela	Corrientes
Eduardo Vischi	Corrientes
Víctor Zimmermann	Chaco

Pro (9)

Carmen Álvarez	Córdoba
Alfredo Luis De Angeli	Entre Ríos
Gladys Esther González	Buenos Aires
Gabriela González Riollo	San Luis
María Victoria Huala	La Pampa
Luis Juez	Córdoba
Humberto Luis Arturo Schiavoni	Misiones
Guadalupe Tagliaferri	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
José María Torello	Buenos Aires

Cambio Federal (4)

Carmen Lucila Crexell	Neuquén
Juan Carlos Romero	Salta
Edith Terenzi	Chubut
Ignacio Torres	Chubut

Partido por la Justicia Social (1)

Beatriz Ávila         Tucumán

Producción y Trabajo (1)

Roberto Gustavo Basualdo   San Juan

 

Unidad Federal (5)

María Eugenia Catalfamo	San Luis
Carlos “Camau” Espínola	Corrientes
Edgardo Darío Kueider	Entre Ríos
Guillermo Eugenio Snopek	Jujuy
Alejandra Vigo	Córdoba

 

Hay Futuro Argentina (1)

María Clara del Valle Vega   La Rioja

Misiones (1)

Magdalena Solari Quintana  Misiones

 

Juntos Somos Río Negro (1)

Alberto Edgardo Weretilneck        Río Negro

Tal como lo estimaba, el oficialismo en el Senado emitió este miércoles el dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reformar el Consejo de la Magistratura, ley que deberá aprobarse antes del 15 de abril por el Congreso según lo encomendó la Corte Suprema mediante un fallo dictado en diciembre pasado.

Luego de recibir a un grupo de especialistas que dieron sus opiniones, en nombre del Frente de Todos, el senador Oscar Parrilli anunció el pase a la firma del despacho y el respaldo del bloque al texto del Gobierno, que aspiran a tratar la próxima semana en el recinto.

El dato particular fue que un aliado clave del oficialismo, el rionegrino Alberto Weretilneck, anticipó que firmaría un dictamen propio, basado en un proyecto de su autoría.

Se sabe que la iniciativa oficial no cuenta con el respaldo del interbloque Juntos por el Cambio, compuesto por 33 miembros, y que la diferencia principal radica en la participación del presidente la Corte Suprema dentro del Consejo y la posibilidad de que éste lo presida. Con lo cual, el apoyo de los aliados resulta fundamental para el FdT si quiere aprobar la media sanción, para la cual requiere 37 votos y el bloque está compuesto por 35 integrantes.

En el cierre del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, Parrilli observó que “hay una campaña bastante instalada en desprestigiar a la política”, pero él está “convencido” de que “no la política partidaria, pero sí la política judicial la tienen que definir los legisladores, no las corporaciones“.

“No tiene que ser materia de la Corte, los jueces o los fiscales que definan cuál es la política judicial que debe existir para la sociedad argentina”, insistió y apuntó que “el desprestigio que hoy tiene la Corte y los jueces no se debe por responsabilidad de los políticos, se debe al propio accionar de los jueces y la Justicia”.

Basado en encuestas de la CELAC, el titular de la Comisión de Justicia precisó que “los jueces tienen 76% de imagen negativa y la Corte un 75%”, mientras que “un 64% de la gente piensa que la política es una herramienta para transformar la vida de la gente”.

Al recordar que como exfuncionario kirchnerista tuvo tuvo 10 causas en su contra, y ahora le quedan 2, el senador dijo: “Le pedí siempre a los jueces que me juzguen por las pruebas y no por la supuesta íntima convicción que ellos decían tener”. “Ahora hay muchos funcionarios de la gestión anterior que están siendo juzgados, investigados. Yo le pido a los jueces que no los traten a ellos como nos trataron a nosotros” que ” nos condenaban sin investigarnos, nos difamaban, nos desacreditaban, pedían que nos metieran presos por las dudas”, sostuvo.

El neuquino pidió que “si hay pruebas que los condenen, pero que si no hay pruebas que no los condenen”. “Esos son los jueces que necesitamos. No necesitamos jueces que decidan por la presión mediática, por la íntima convicción, o porque la gente cree que ‘fulano de tal es responsable o culpable’“, agregó.

Y completó que “el desprestigio de la Justicia la hicieron ellos mismos con el actuar y, sin dudas, también colaboró a eso cuando los organismos de inteligencia o la política se utilizó para perseguir a dirigentes”, en alusión a las denuncias contra el gobierno de Cambiemos.

Sobre el proyecto, Parrilli afirmó que “esta ley que envió el Ejecutivo nuestro bloque la va a apoyar, vamos a firmar el dictamen, apoyar su sanción, y esperamos que prontamente podamos llevarla al recinto”. También expresó que coincidía con lo expuesto el día anterior por el ministro de Justicia, Martín Soria, sobre que los jueces de la Corte Suprema “se arrogaron facultades nuestras” en su fallo.

Al argumentar su propio dictamen, el rionegrino Alberto Weretilneck subrayó que “hemos discutido bastante alrededor de un solo tema, que es la participación o no de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura”, pero este tema “amerita otra discusión que para mí es el federalismo en serio de nuestro país”.

En esa línea, explicó que su iniciativa propone que “en vez de tener un Consejo como el actual, se conformen Consejos a nivel de distritos judiciales, en el cual los senadores y diputados sean de ese distrito”, al igual que los abogados, académicos y jueces. Para el senador, sería “cambiar la lógica centralista y unitaria que tiene este Consejo”.

Cabe destacar que el proyecto de Weretilneck, que habla de una conformación de 15 miembros, sí estima la participación del “presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o el que sea designado entre los integrantes de su seno, quien a su vez será el presidente del Consejo, debiendo alternase anualmente el elegido”.

Finalmente, el presidente de Asuntos Constitucionales -que estuvo a cargo de los debates-, el oficialista Guillermo Snopek, dejó una incógnita respecto a las negociaciones que podrían darse de acá a la llegada al recinto del texto final. “Muchas veces se interpreta que el dictamen es lo que va a salir sancionado”, expresó y deslizó que en el recinto se debate la redacción final, de modo que quedó abierta la posibilidad de modificaciones, aunque no se aclaró específicamente.

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque en esta iniciativa no se contempla la presencia de un miembro de la Corte presidiendo el organismo.

El texto oficial amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este miércoles el cuarto intermedio para continuar con el debate de los proyectos sobre reforma del Consejo de la Magistratura.

Tras recibir a funcionarios este martes, quienes dieron el puntapié inicial de la discusión, los senadores recibieron a seis invitados que fueron convocados a instancias tanto del oficialismo como de la oposición.

Abrió la serie de exposiciones el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinky, quien se ocupó especialmente de la parte del proyecto oficial en lo referido a la representación de académicos y científicos y, en ese sentido, destacó la participación del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Que la designación de los representantes del estamento académico dependa de ese organismo “le otorga y respalda en términos de antecedentes la propuesta”, señaló, ponderando que “es un sistema que garantiza una representación federal de este miembro. Hacerlo a través del CIN nos permitirá que haya elecciones en cada una de las facultades de Derecho para elegir a este segundo representante”, indicó.

En un pasaje destacó que en 1998 el sistema universitario contaba con 36 universidades nacionales, de las cuales 16 tenían facultades o escuelas de Derecho. “Hoy contamos con 56 universidades nacionales públicas, en las cuales se registran 35 facultades y escuelas de Derecho. Esto es que hoy en día tenemos 35 facultades de Derecho y en el ’98 teníamos 36 universidades en todo el país”, resaltó, precisando que “esto da cuenta de la enorme expansión que ha experimentado todos estos años el sistema universitario y pone de relevancia que sean los decanos de facultades de Derecho quienes tengan algo para decir en este proceso de selección de jueces”.

Con todo, Kusinky sugirió “no confundir quiénes eligen y quiénes son candidatos, no van a ser los decanos los candidatos”. Por otra parte, valoró que el proyecto presenta grandes avances en materia de igualdad de género, un tema que quedaba expuesto en esa misma reunión, donde había cinco varones para exponer y solo una mujer.

A su turno, Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), subrayó la importancia del fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de la ley vigente y sostuvo: “No debemos ver fantasmas en esto ni nada por el estilo, sino que simplemente es el juego del sistema constitucional argentino”.

“El Poder Judicial hoy está descreído, nadie cree en la independencia del Poder Judicial”, lamentó y explicó que “el Consejo de la Magistratura no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial” que “sigue en cabeza de la Corte Suprema”, sino que “lo que tiene es la administración del Poder Judicial y dos funciones fundamentales: seleccionar las ternas de candidatos en concursos públicos para ser jueces e iniciar los procesos de remoción”.

Vítolo enfatizó que “esta ley no es cualquier ley”, por eso remarcó que no se trata de que “tenga simplemente mayorías de un partido, o de una coalición de un momento determinado”, ya que eso no le aportará “ningún tipo de estabilidad”. “En este tema es tremendamente importante lograr los acuerdos necesarios para que esta no sea una ley de un partido u otro, porque eso va a traer confianza”, profundizó el presidente de FORES.

Además, el expositor planteó que la función de un consejero se trata de “una tarea de tiempo completo”, para argumentar su posición particular sobre la forma en que deberían participar los legisladores. Sobre esto, la senadora oficialista Silvia Sapag le salió al cruce, por sostener Vítolo que “está bien que el presidente de la Corte Suprema sea presidente del Consejo” y “en cambio también dice que los congresales no deberían ser miembros del Consejo, sino representantes” porque “aduce a que nosotros nos tenemos que abocar a nuestra tarea, pero no lo dice del presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando sabemos que tienen 20 mil causas atrasadas”.

Luego fue el turno del abogado Daniel Sabsay, quien en su intervención criticó fuerte al ministro de Justicia, Martín Soria, y consideró que debería haber renunciado por sus cuestionamientos hacia la Corte Suprema. Habitué de este tipo de exposiciones, el constitucionalista arrancó comparando el sistema argentino con el de Estados Unidos, del que reivindicó que no tiene la partidización que sí hay en la Argentina en la designación y remoción de jueces. “Porque rápidamente se introdujo (en EE.UU.) un proceso participativo en la designación del juez, es lo que impidió esa politización y partidización”, dijo.

Sobre la composición del órgano judicial, se manifestó en contra de la presencia de legisladores en el Consejo y afirmó -ante preguntas de los senadores- que no deberían ser los legisladores los que ocupen un doble rol interviniendo en el Poder Legislativo y el Judicial, sino que deberían hacerlo a través de representantes no legisladores.

“Es un problema de separación de poderes -expresó-. Los legisladores integran el Poder Judicial y el Legislativo, eso es monstruoso y me extraña que no haya sido revertido”, apuntó y diferenció de la presencia del presidente de la Corte en el Consejo, pues se trata de “un juez, no es un legislador, no ejerce dos poderes”.

El abogado resaltó el fallo de la Corte, que consideró “abiertamente inconstitucional” la ley vigente, porque no incorpora al presidente de la Corte, y dijo que la Constitución es muy clara en eses sentido. “¿Por qué digo que es abiertamente inconstitucional? Porque aparece también la representación de los profesores”, señaló, quejándose de la manera como se elige a través del CIN a los integrantes de ese estamento. Puntualmente se quejó que sean los decanos los únicos que lo hagan, “desconociendo que las organizaciones de las universidades tienen también división de poderes. Esa es una violación de los poderes intra universitarios. Siempre me sorprendió que son los propios directivos de universidades lo que lo avalan”.

Sabsay también rechazó las consideraciones dadas el día anterior por el ministro Soria respecto de la Corte Suprema. Sostuvo en ese sentido que el Tribunal Supremo “no extorsionó, no hizo un golpe de Estado… Volvió las cosas a su sano juicio. Que lo haga tarde no quiere decir que no sea válido”.

En otro pasaje advirtió que “la degradación de la justicia proviene en gran parte de esta ley, que capturó en manos del oficialismo la justicia y que le brindó al oficialismo de turno una capacidad de veto que es absolutamente contraria a lo que dijo el constituyente cuando hizo el Consejo de la Magistratura”.

Poniendo énfasis en la cuestión presupuestaria, Diego Sebastián Marías, consejero en representación de los abogados y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, admitió que el punto sobre si el presidente de la Corte Suprema debe presidir el Consejo, “no lo tengo del todo zanjado”, pero la posibilidad de que sea así “presenta ante todo una oportunidad, porque separados hasta acá no hemos podido hacer muchas cosas”.

El consejero exclamó que el Poder Judicial enfrenta “una gran crisis en materia de infraestructura, tecnología, recursos” que “no es de ahora, es de mucho antes y se va agravando cada vez más”. En esa línea, mencionó que en muchas provincias hay “enormes falencias”, e incluso en algunas “muchos juzgados funcionan en casas de familias que fueron más o menos condicionadas”.

Marías señaló que el hecho de que el presidente de la Corte encabece el Consejo “podría asegurarnos una mejor administración de los recursos que hoy tenemos”, de los cuales “el 98,5% se destina a pagar los sueldos de todo el Poder Judicial, y para lo que tiene que ver con cuentas de inversión no queda nada. Dependemos de lo que nos da el Poder Ejecutivo, o cómo nos lo da, o lo que la Corte a veces aporta de manera extraordinaria”.

“La Corte maneja una caja superavitaria y el Consejo es absolutamente pobre, o sea, este sistema no funciona”, aseveró y agregó que existe “una caja rica para administrar muy poco y una caja prácticamente inexistente para administrar todo”. “Tenemos un enorme problema de administración de recursos en el Poder Judicial, producto que hay dos cajas, dos órganos en la cima del Poder Judicial que se comunican poco y muy mal, con una descoordinación que es absoluta”, insistió.

Consultado por la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti sobre “los fondos reservados de la Corte”, Marías informó que “la Corte maneja un fondo anticíclico que debe estar hoy en 50 mil, 60 mil millones de pesos, que está constituido en dos plazos fijos, que generan estupendos dividendos todos los meses”.

También expusieron el abogado constitucionalista Alberto Spota y la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este miércoles el cuarto intermedio para continuar con el debate de los proyectos sobre reforma del Consejo de la Magistratura.

Tras recibir a funcionarios, que dieron el puntapié inicial de la discusión, los senadores reciben a seis invitados que fueron convocados a instancias tanto del oficialismo como de la oposición.

En la jornada expondrán Darío Kusinky, rector de la Universidad Nacional de José C Paz; Alfredo Vítolo, presidente de FORES (Foro de Estudios sobre la administración de Justicia); y Daniel Sabsay, abogado constitucionalista.

También participarán Alberto Spota, abogado constitucionalista; Diego Sebastián Marías, consejero en representación de los abogados y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo; y María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Abrió la serie de exposiciones el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinky, quien se ocupó especialmente de la parte del proyecto oficial en lo referido a la representación de académicos y científicos y, en ese sentido, destacó la participación del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Que la designación de los representantes del estamento académico dependa de ese organismo “le otorga y respalda en términos de antecedentes la propuesta”, señaló, ponderando que “es un sistema que garantiza una representación federal de este miembro. Hacerlo a través del CIN nos permitirá que haya elecciones en cada una de las facultades de Derecho para elegir a este segundo representante”, indicó.

En un pasaje destacó que en 1998 el sistema universitario contaba con 36 universidades nacionales, de las cuales 16 tenían facultades o escuelas de Derecho. “Hoy contamos con 56 universidades nacionales públicas, en las cuales se registran 35 facultades y escuelas de Derecho. Esto es que hoy en día tenemos 35 facultades de Derecho y en el ’98 teníamos 36 universidades en todo el país”, resaltó, precisando que “esto da cuenta de la enorme expansión que ha experimentado todos estos años el sistema universitario y pone de relevancia que sean los decanos de facultades de Derecho quienes tengan algo para decir en este proceso de selección de jueces”.

Con todo, Kusinky sugirió “no confundir quiénes eligen y quiénes son candidatos, no van a ser los decanos los candidatos”. Por otra parte, valoró que el proyecto presenta grandes avances en materia de igualdad de género, un tema que quedaba expuesto en esa misma reunión, donde había cinco varones para exponer y solo una mujer.

A su turno, Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), subrayó la importancia del fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de la ley vigente y sostuvo: “No debemos ver fantasmas en esto ni nada por el estilo, sino que simplemente es el juego del sistema constitucional argentino”.

“El Poder Judicial hoy está descreído, nadie cree en la independencia del Poder Judicial”, lamentó y explicó que “el Consejo de la Magistratura no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial” que “sigue en cabeza de la Corte Suprema”, sino que “lo que tiene es la administración del Poder Judicial y dos funciones fundamentales: seleccionar las ternas de candidatos en concursos públicos para ser jueces e iniciar los procesos de remoción”.

Vítolo enfatizó que “esta ley no es cualquier ley”, por eso remarcó que no se trata de que “tenga simplemente mayorías de un partido, o de una coalición de un momento determinado”, ya que eso no le aportará “ningún tipo de estabilidad”. “En este tema es tremendamente importante lograr los acuerdos necesarios para que esta no sea una ley de un partido u otro, porque eso va a traer confianza”, profundizó el presidente de FORES.

Además, el expositor planteó que la función de un consejero se trata de “una tarea de tiempo completo”, para argumentar su posición particular sobre la forma en que deberían participar los legisladores. Sobre esto, la senadora oficialista Silvia Sapag le salió al cruce, por sostener Vítolo que “está bien que el presidente de la Corte Suprema sea presidente del Consejo” y “en cambio también dice que los congresales no deberían ser miembros del Consejo, sino representantes” porque “aduce a que nosotros nos tenemos que abocar a nuestra tarea, pero no lo dice del presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando sabemos que tienen 20 mil causas atrasadas”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzará este martes, desde las 16 en el Salón Illia, con el debate del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, otro “plato fuerte” del arranque del año legislativo.

Superada la instancia del acuerdo con el FMI, que acaparó toda la atención de ambas cámaras en lo que va del año, a contrarreloj la Cámara alta se propone dar inicio al tratamiento de la reforma del órgano judicial, la cual tiene un plazo perentorio: el 15 de abril próximo. Pues si para entonces no hay una nueva ley, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos.

Según dispuso la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado a través de un fallo que dictó la inconstitucionalidad de la ley de 2006 -de la cual fue autora como senadora Cristina Kirchner-, si no hay una nueva norma para el 15 de abril, entrará en vigencia la ley anterior, que establecía una composición del Consejo con 20 miembros.

El máximo tribunal de la Nación le encomendó al Poder Legislativo un plazo de 120 días corridos para resolver el tema. Esto es, si no hay nueva ley, se deben elegir 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura. Es que estableció que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que será la cabecera, está presidida por el jujeño Guillermo Snopek, mientras que el kirchnerista Oscar Parrilli continúa al frente de la Comisión de Justicia, como durante los dos últimos años.

Según trascendió, se espera que al plenario asistan el ministro de Justicia, Martín Soria; el viceministro, Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

En la previa de la reunión, el interbloque Juntos por el Cambio del Senado unificó las propuestas que había al respecto y presentó su propio proyecto, el cual establece 20 miembros y plantea que el Consejo debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema, principal diferencia con el texto enviado por el Gobierno.

El proyecto del Ejecutivo

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo, unos días antes al fallo de la Corte, difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque no se contempla la presencia de un miembro de la Corte presidiendo el organismo.

Dicha iniciativa amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

El interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación presentó este lunes un proyecto de ley para la modificación en la integración del Consejo de la Magistratura. El mismo es producto de todas las iniciativas presentadas por legisladores de la coalición tanto en la Cámara alta como la baja.

La propuesta legislativa busca “consolidar la institucionalidad”, señalan, fortaleciendo la independencia del Poder Judicial, respetando a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de este poder, y establecer criterios que garanticen la incorporación de juristas acorde a su idoneidad.

El proyecto amplía el Consejo a veinte miembros, y establece que el mismo será presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estará compuesto por cuatro jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación, elegidos por sistema D’Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la República y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, se sumarán 8 legisladores nacionales, 4 por cada Cámara. Para ello, los titulares del Senado y Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán 4 legisladores/as por cada una de ellas, correspondiendo 2 al bloque mayoritario, uno/a por la primera minoría y uno/a por la segunda minoría, debiendo garantizarse la representación igualitaria de género. Se entenderá por bloque, aquel reconocido por cada cámara y no a la sumatoria de ellos en el interbloque.

También integrarán el Consejo 4 representantes de los abogados de la matrícula federal, inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales del interior, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula y por sistema D’Hont. Para la elección, el territorio nacional conformará un distrito único. Dos de los representantes titulares deberán tener domicilio electoral en cualquier punto del interior del país y dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Completarán la nómina un representante del Poder Ejecutivo, y otros 2 del ámbito académico y científico, que deberán ser abogados, profesores titulares regulares cuyo cargo haya sido ganado por concurso público de oposición y antecedentes de cátedras universitarias de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales Públicas y Privadas, con reconocida experiencia y trayectoria académica y/o científica, elegidos por el voto directo de sus pares.

A tal efecto, el Consejo Interuniversitario Nacional confeccionará el padrón y organizará la elección de los o las representantes del ámbito académico y científico.

En su artículo tercero, se establece la perspectiva de género en la organización del Consejo y acarrea la paridad en los distintos estamentos. La representación de los legisladores nacionales deberá respetar una integración paritaria en las listas propuestas por las presidencias de las cámaras.

La Ley excluye la participación de magistrados en la Comisión de Acusación y Disciplina, que estará  compuesta por tres abogados/as, 2  senadores/as, 2 diputados/as y los/las dos representantes del ámbito académico y científico.

Asimismo, se aumenta a 2/3 la mayoría necesaria para componer las comisiones. Esto es para garantizar el diálogo y el consenso, para que no haya un grupo que pueda designar permanentemente mayoría en todas las comisiones. La misma mayoría se necesitará para designar al vicepresidente y a la Secretaría General.

Proyecto-de-Ley-Consejo-de-la-Magistratura

Llamó poderosamente la atención el jueves pasado en la sesión del Senado la ausencia de la vicepresidenta de la Nación a la hora de votarse el aval del Congreso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pasa que por la importancia del tema, todo el mundo estaba atento a lo que en esa Cámara sucedía, fundamentalmente por el nivel del respaldo que tendría la norma, cuya aprobación se descontaba.

Pero el morbo estaba muy presente también. Atentos todos a las actitudes de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuyo rechazo al acuerdo era público y notorio. ¿Estaría presente en la sesión, presidiéndola?, era una de las preguntas que todos se hacían. Y así fue, pues apenas unos minutos pasadas las 14, hora programada para la sesión, allí apareció la presidenta del Cuerpo para poner en marcha una de las sesiones más importantes que se recordarán de la gestión de Alberto Fernández.

La pregunta siguiente que se develaría más de nueve horas después era si ella estaría a la hora de la votación. Ahí las apuestas se inclinaban por lo que finalmente sucedió: Cristina Fernández no estuvo presente a la hora de llamar a la votación y anunciar su aprobación; el trámite quedó en manos -como buena parte de la sesión- de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

Para poner en blanco sobre negro, corresponde señalar que lo que sucedió no es para nada inhabitual, más allá de la connotación política que obviamente la situación tenía en este caso. Cristina Kirchner en general no está en el transcurso de las sesiones: arranca las mismas, pero en el transcurso del debate se retira a su despacho, donde suele mantener encuentros que en ocasiones también difunde, y solo regresa al final para cerrar las mismas. O no lo hace, como en esta última sesión.

Lo que sí hizo en la sesión del 17 de marzo de 2022 fue regresar a la presidencia en el transcurso de la tarde, pero poco después se retiró para no volver.

Lo cierto es que en general no es mucho tiempo el que Cristina Kirchner pasa al frente de las sesiones. Un análisis de las 17 reuniones del período anterior permite observar que ella solo estuvo presente en 10, mientras que en 7 ocasiones sucedió lo del jueves pasado: Cristina abrió el debate y lo cerró Abdala de Zamora.

Es más, una vez sucedió al revés: abrió la presidenta provisional el debate y la titular del Senado estuvo al final para cerrarlo.

Las votaciones

Un detalle válido para conocer el tiempo que cada presidente pasa al frente de una Cámara lo da la cantidad de votaciones que les toca ordenar. Previsiblemente Cristina Kirchner ha presidido en el transcurso de estos dos años menos votaciones que la presidenta provisional del Senado.

Un estudio realizado por el sitio dequesetrata.com.ar muestra que la vicepresidenta de la Nación presidió 47 votaciones, menos de la mitad de Claudia Ledesma (110). El análisis muestra en tercer lugar al vicepresidente 1° del Cuerpo, el misionero Maurice Closs, con 10 votaciones. A los opositores Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri también les ha tocado lanzar votaciones, en este caso una cada uno.

No es lo que sucede claramente en la Cámara de Diputados, donde Sergio Massa difícilmente no está a la hora de votar. El presidente de la Cámara baja estuvo al frente de las votaciones en 123 ocasiones, esto es el 97%. Alvaro González, exvicepresidente primero de la Cámara de Diputados, estuvo a cargo de solo 10 votaciones.

El trabajo del sitio especializado dequesetrata.com.ar corresponde a toda la gestión del Gobierno de Alberto Fernández y compara el papel de ambos presidentes de las cámaras: mientras Cristina Kirchner presidió el 28% de las votaciones durante estos dos años, Sergio Massa lo hizo, como dijimos, el 97%.

En lo que representa la primera reacción del Fondo Monetario Internacional tras el acuerdo alcanzado en el Congreso de la Nación para avalar el entendimiento entre el Gobierno argentino y ese organismo, se conoció este sábado un comunicado que celebra el paso dado por los legisladores nacionales.

El comunicado reconoce el amplio apoyo social y político logrado frente al acuerdo, que se tradujo en una aprobación por 202 votos sobre 256 en la Cámara de Diputados y 56 sobre 72 en el Senado.

El FMI destaca “el trabajo arduo de las autoridades argentinas” y aceptó posponer los próximos pagos hasta el 31 de marzo sin que nuestro país incurra en atrasos. Recordemos que el próximo vencimiento debía ser abonado el próximo martes por nuestro país.

Por otra parte, se indicó que el directorio del FMI se reunirá el viernes 25 de marzo para votar el programa suscripto con el Gobierno argentino.

“Expresamos nuestro beneplácito respecto de la reciente aprobación por parte del Congreso Nacional Argentino del acuerdo alcanzado con el staff del FMI a ser respaldado por un Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF)”, expresó el portavoz del FMI, Gerry Rice.

Al destacar el resultado registrado en el Congreso argentino, Rice expresó que “el FMI otorga un gran valor al amplio apoyo social al éxito del Programa y la aprobación legislativa es una señal importante de que Argentina está comprometida con políticas que fomenten un crecimiento más sostenible e inclusivo”.

“También es testimonio de la dedicación y el arduo trabajo de las autoridades argentinas que han ayudado a lograr este importante paso hacia adelante”, apuntó el portavoz.

A continuación, señaló que “para dar tiempo a contemplar los rápidos cambios en los acontecimientos mundiales, incluida la guerra en Ucrania, el Directorio Ejecutivo del FMI se reunirá para analizar la solicitud de Argentina de un programa respaldado por el Fondo el viernes 25 de marzo”.

“También puedo confirmar que las autoridades han informado al FMI que combinarán las obligaciones de pago de Argentina con vencimiento el 21 y el 22 de marzo en una sola recompra a ocurrir con anterioridad del 31 de marzo de 2022, por un monto total equivalente a unos DEG 2.014 millones”, puntualizó el funcionario del Fondo, que aclaró que “la decisión del Gobierno, que no requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, es consistente con las reglas del FMI y con que Argentina permanezca al día con el Fondo. Consecuentemente la Argentina no incurrirá en atrasos”.

Muchos se sorprendieron este jueves por el comportamiento de Cristina Kirchner en la sesión. Pero en rigor, hizo lo que suele hacer en las sesiones: la vicepresidenta de la Nación está al principio y luego se retira, para volver -no siempre- para cerrar la reunión.

 En general, es la presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora, la que pasa el mayor tiempo sentada en el sitial principal del recinto de la Cámara alta. Lo que no es habitual respecto de lo que sucedió este jueves, es que el vicepresidente -cargo que le corresponde a la oposición- pase tanto tiempo conduciendo el debate. Y fue precisamente lo que sucedió este jueves con Carolina Losada.

En efecto, no era habitual que el antecesor de la periodista en ese puesto, Martín Lousteau, pasara tanto tiempo como le tocó este jueves a Losada conduciendo el debate.

Lo cierto es que la senadora santafesina debutó en el cargo dándole la palabra al senador Luis Juez, quien se tomó un instante para saludarla con simpatía y felicitarla.

Enseguida fue reemplazada por la presidenta provisional, pero al rato volvió a tocarle subir al estrado y ahí se quedó buena parte de la sesión. Tuvo incluso trabajo extra con Edgardo Kueider, quien en su discurso más extenso desde que es senador, se extendió largamente del tiempo estipulado y ella se lo remarcó insistentemente.

La votación en el Senado del proyecto de ley para refinanciar la deuda con el FMI y evitar el default cosechó, como se esperaba, una amplia mayoría a favor. Además, hubo asistencia perfecta en la Cámara alta.

Al igual que sucedió en la Cámara de Diputados, la mayor cantidad de votos positivos fueron por parte de Juntos por el Cambio, con 32 senadores votando a favor más precisamente, y una única abstención.

En tanto, dentro del Frente de Todos, 20 senadores acompañaron el proyecto, mientras que 13 votaron en contra y hubo 2 abstenciones.

Los cuatro senadores titulares cada uno su monobloque también votaron positivamente la ley.

Por el oficialismo, votaron a favor Guillermo Andrada (Catamarca), Daniel Bensusán (La Pampa), Maurice Closs (Misiones), Lucía Corpacci (Catamarca), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), María Teresa Margarita González (Formosa), Ricardo Antonio Guerra (La Rioja), Edgardo Darío Kueider (Entre Ríos), Sergio Leavy (Salta), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Carlos Linares (Chubut), Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Santiago del Estero), Cristina del Carmen López Valverde (San Juan), José Mayans (Formosa), Sandra Mendoza (Tucumán), Gerardo Montenegro (Santiago del Estero), José Emilio Neder (Santiago del Estero), Antonio José Rodas (Chaco), José Rubén Uñac (San Juan) y Pablo Yedlin (Tucumán).

Desde Juntos por el Cambio lo hicieron Carmen Álvarez (Córdoba), Beatriz Ávila (Tucumán), Roberto Basualdo (San Juan), Pablo Daniel Blanco (Tierra del Fuego), Alfredo Cornejo (Mendoza), Eduardo Raúl Costa (Santa Cruz), Alfredo De Angeli (Entre Ríos), Flavio Fama (Catamarca), Mario Fiad (Jujuy), Silvia Giacoppo (Jujuy), Gladys Esther González (Buenos Aires), Gabriela González Riollo (San Luis), María Victoria Huala (La Pampa), Luis Juez (Córdoba), Mariana Juri (Mendoza), Daniel Kroneberger (La Pampa), Carolina Losada (Santa Fe), Martín Lousteau (CABA), Julio César Martínez (La Rioja), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), Luis Carlos Petcoff Naidenoff (Formosa), Juan Carlos Romero (Salta), Dionisio Scarpin (Santa Fe), Humberto Schiavoni (Misiones), Guadalupe Tagliaferri (CABA), María Belén Tapia (Santa Cruz), José María Torello (Buenos Aires), Ignacio Torres (Chubut), Edith Terenzi (Chubut), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Eduardo Vischi (Corrientes) y Víctor Zimmermann (Chaco).

También apoyaron los siguientes monobloques: Clara del Valle Vega (La Rioja), Magdalena Solari Quintana (Misiones), Alejandra Vigo (Córdoba) y Alberto Edgardo Weretilneck (Río Negro).

Los trece votos en contra correspondieron a los oficialistas María Eugenia Catalfamo (San Luis), Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Claudio Martín Doñate (Río Negro), María Eugenia Duré (Tierra del Fuego), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Nora del Valle Giménez (Salta), Ana María Ianni (Santa Cruz), Oscar Parrilli (Neuquén), María Inés Pilatti Vergara (Chaco), Mariano Recalde (CABA), Matías David Rodríguez (Tierra del Fuego), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Guillermo Snopek (Jujuy).

Las abstenciones fueron de las oficialistas Silvia Sapag (Neuquén) y Silvina García Larraburu (Río Negro), mientras que por Juntos por el Cambio se abstuvo Lucila Crexell (Neuquén).

Con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, el Senado convirtió en ley el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a refinanciar la deuda de 44.500 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

Tras un debate de 9 horas, la votación resultó como se preveía: la oposición acompañó, mientras que la bancada del Frente de Todos -tal como sucedió en Diputados- se dividió y el sector K no apoyó la iniciativa. Sin embargo, dentro del interbloque Juntos por el Cambio la unanimidad no fue total, ya que la neuquina Lucila Crexell se diferenció con su voto al abstenerse.

En el momento de la votación, Cristina Kirchner no estuvo presente, y quien dio por comunicada la sanción de la ley fue la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora. La vicepresidenta sí había abierto la sesión a las 14.09, e incluso se mostró durante un transcurso del debate por la tarde, alrededor de las 19. Durante su ausencia en el recinto, CFK fue apuntada por la oposición en varios discursos, dado su rechazo al acuerdo.

Aunque el texto del proyecto sufrió modificaciones en la Cámara baja, donde por instancias de la oposición se retiraron los anexos que contenían el programa económico, el oficialismo consiguió la ley antes de los vencimientos que se aproximaban el 21 y 22 marzo y que ascendían a 3.200 millones de dólares.

En el listado de los 40 senadores que se anotaron para hacer uso de la palabra no hubo ninguno perteneciente a La Cámpora, ni tampoco “cristinistas”. Sí hablaron algunas senadoras oficialistas que no acompañaron, como Eugenia Catalfamo, Silvia Sapag, María Inés Pilatti Vergara y Nora Giménez, quienes cargaron duro contra la gestión de Mauricio Macri y la “estafa” que significó el crédito inédito con el FMI.

Por su parte, a lo largo de la sesión, desde Juntos por el Cambio hicieron hincapié en la “responsabilidad” de votar a favor para evitar el default y le enrostraron al Frente de Todos no tener una postura unificada en el tema. También remarcaron, una y otra vez, que no avalaban el plan económico de Martín Guzmán, sino solo el refinanciamiento y la toma de “un nuevo crédito” del Gobierno por 5 mil millones de dólares, algo que senadores del oficialismo negaron sea así.

La ley -que es la primera vez en la historia que se aprueba una norma de estas características- establece la aprobación “de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2° de la ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”.

Y agrega que “el Poder Ejecutivo nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.

Las voces de oficialistas y opositores

Miembro informante del oficialismo, el debate tuvo como primer orador al riojano Ricardo Guerra, quien aseguró que el acuerdo con el FMI se trata de “con el menor costo social posible, elevar la pesada ancla del endeudamiento sin precedentes al que nos sumió el gobierno anterior” y “en lo más inmediato posible poder centrar el esfuerzo de gestión en el crecimiento de la economía y la reducción de la inflación, lo que redundará en el bienestar de la población”.

“Sin que deba significar la liberación de las responsabilidades que les pudiera caber en los estamentos administrativos, judiciales y políticos pertinentes a quienes tomaron la decisión de tomar este exagerado endeudamiento, apelo a la consideración de los senadores y senadoras para que acompañen la aprobación del proyecto de ley”, sostuvo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

A continuación fue el turno del chaqueño Víctor Zimmermann, quien destacó el consenso alcanzado en la Cámara de Diputados y subrayó que el proyecto que se va a votar “difiere sustancialmente del enviado por el Poder Ejecutivo”. En ese sentido, esta iniciativa “permitiría cumplir con los vencimientos y evitar el default. Es decir, la cuestión central que debemos decidir esta tarde es ‘default sí o default no’, con todo lo que eso implicaría entrar en mora y no pagar”, dijo.

“Entrar en default sería por ejemplo no tener créditos internacionales, no tener acceso a los organismos bilaterales de crédito; aumento de la emisión monetaria para poder financiar el déficit del gasto público”, agregó el legislador radical.

En un extenso discurso, el porteño Martín Lousteau señaló que si se cayera en default “aumentaría el dólar, la inflación, y la pobreza, y rápidamente y súbitamente sobre una base que ya esta muy mal”. En cuanto al endeudamiento total, el radical apuntó que “de toda la deuda que hoy tiene la Argentina el 31% lo emitió este Gobierno”, lo que es “tres veces la deuda con el Fondo Monetario”.

Muy duro, y en relación a la fuga de capitales, el senador de JxC acusó: “Cuando uno saca depósitos del banco y los mete en una caja en dólares eso también es fuga. Como otros argentinos cuando tienen desconfianza en la política económica. Miren lo que dicen, miren lo que pasa: nota de Página/12, ‘Cristina Kirchner explicó que por desconfianza a la política económica de Macri decidió pasar a dólares sus ahorros de casi 66 millones y obtuvo 4.600.000 millones que quedaron depositados en una caja de ahorro a nombre de su hija Florencia (Kirchner)’. Eso también es fuga”.

Desde el otro lado del recinto, el misionero Maurice Closs cuestionó al gobierno anterior por la salida de divisas. “Nadie puede dudar que el peor error que se cometió fue garantizar la salida de las divisas -llámenle fuga, capital timbero, cobarde, como quieran-, se le garantizó la salida a un tipo de cambio de $20 allá por abril de 2018, y ese fue el problema: cedieron reservas cuando no teníamos y se garantizó una rentabilidad del 20% en dólares, con el famoso carry trade”, recordó el oficialista.

Por su parte, el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni resaltó a la “oposición responsable”. “Nosotros no tenemos fisuras, lamentablemente no podemos decir lo mismo del oficialismo”, lanzó y aclaró que “así como decimos no al default y aprobamos la operación crediticia para renovar los vencimientos, también decimos que no le corresponde al Congreso opinar sobre las políticas económicas”.

En defensa de la deuda tomada por la gestión de Macri, el misionero afirmó que “no fue tomada de manera ilegal; el plexo normativo vigente al momento de tomarse esta deuda no exigía que esta operación pasara por el Congreso”. “Esta es una deuda que no la creó Mauricio Macri”, expresó y argumentó que “de cada tres dólares tomados, dos fueron para pagar deudas que habían sido contraídas por administraciones anteriores” y el restante para financiar déficit.

También desde JxC, el cordobés Luis Juez anticipó que iba a dar un discurso moderado y justificó su acompañamiento porque “Argentina no admite especulación en un momento complejo y delicado”. “Estamos viviendo un momento complejo con un presidente extremadamente débil, por errores propios y ajenos, pero muchos propios, que han debilitado la palabra presidencial”, observó y, en esa línea, añadió: “Nunca pensé que mi primer voto en esta nueva gestión en el Senado iba a ser para acompañar una decisión del Gobierno. Pero es una decisión que este país se merece”.

“Si entramos en default, muchos argentinos lo van a pasar mal, ya lo vivimos en el 2001. Tenemos que sacar adelante este acuerdo y entre todos trabajar”, manifestó el salteño Sergio “Oso” Leavy, que calificó al préstamo de 2018 como “una espada de Damocles para todo el pueblo argentino”. “Tenemos que trabajar para que este acuerdo salga adelante y sea lo mejor posible, porque para eso trabajaron el ministro de Economía y el presidente de la Nación. Preocupa la situación, tenemos que trabajar para mejorar el país porque es irresponsable la forma en cómo tomaron un préstamo que no se puede pagar en estos días”, agregó.

Otro oficialista que habló en el recinto fue el chubutense Carlos Linares, quien remarcó que “el acuerdo con el Fondo, sin duda, no es el acuerdo que uno quisiera votar. Nadie quiere que al país le vaya mal, pero muchas veces manejan estadísticas y no realidades. Tenemos que trabajar todos juntos para sacar al país adelante y aquel compañero que tenga algo para aportar de buena fe lo tiene que decir”.

En relación a la fractura dentro del propio oficialismo, pidió respetar a sus compañeros de La Cámpora: “Todos vamos a estar haciendo política con diferencias, respeto mucho a aquel que piense distinto, no voy a subestimar como subestimaron en declaraciones a los compañeros de un sector importante de nuestro proyecto como es La Cámpora, que tiene una mirada, la dieron siempre, el mayor respeto de todos nosotros”.

Más tarde fue el turno de la puntana Eugenia Catalfamo, la primera oficialista que se pronunció en contra de aprobar el proyecto. Muy crítica de la gestión macrista, la senadora apuntó que esta deuda “se trata de la mayor estafa que haya sufrido nuestro país” y el préstamo “es tan escandaloso que es algo nunca antes visto”.

Al asegurar que se trata de una “deuda odiosa”, la legisladora enfatizó: “Lo voy a repetir para que a la gente le quede claro en el brete que nos han metido con una deuda que responde a casi 45 mil millones de dólares, de los cuales no se utilizó absolutamente nada para mejorar la calidad de vida de los argentinos. No se construyeron escuelas, viviendas, instituciones de salud, nada que se asemeje a mejorar la calidad de vida de los argentinos”.

Al anunciar su abstención, la neuquina Silvia Sapag reprochó que desde el gobierno anterior “hicieron el plan perfecto, porque como no ganaron las elecciones nos condicionaron a nosotros, pero resulta que este Gobierno populista se caracteriza por tener una mirada puesta en el otro, en sus necesidades, en cómo satisfacerlas, en cómo lograr que tengan salud, educación”. “Por eso confío en el Gobierno, después de la devastación del gobierno de Macri vino la pandemia y vimos el esfuerzo del Gobierno nacional para salir adelante. ¿Cómo no confiar en nuestro Gobierno?”, aclaró, pero justificó que “por razones personales, familiares, adelanto mi abstención”.

A su turno, el entrerriano Alfredo De Angeli indicó que “la deuda que estamos debatiendo es del 12% de la deuda total de la Argentina” que asciende a “casi 366.500 millones de dólares”. Y recordó que en 2007, cuando asumió Cristina Kirchner, se debía 177 mil millones de dólares; en 2011, cuando fue reelecta, la deuda era de 197 mil millones de dólares; y cuando asumió Macri en 2015 la deuda era de 241 mil millones de dólares.

“Nosotros también recibimos herencia y no nos quejamos. Recibimos un Banco Central con reservas negativas, le devolvimos los fondos a las provincias, ni hablar del déficit energético con el que nos dejaron. Nos siguen echando la culpa a nosotros”, exclamó el senador del Pro, que cerró: “Vamos a acompañar porque no nos merecemos este país que tenemos porque somos un país rico cargado de pobres”.

En contra del proyecto, la oficialista chaqueña María Inés Pilatti Vergara advirtió que la “tristeza” la embargaba porque “tampoco creo que votando este proyecto estemos salvando al pueblo argentino del default. Esto es alargar la agonía. El default tarde o temprano lo vamos a sufrir sobre las espaldas de los que ya hoy están sufriendo muchísimo. Todos sabemos lo que son las imposiciones del FMI, que son tremendos ajustes, y el pueblo argentino ya no está en condiciones de soportar un ajuste más”.

En su debut en el recinto, el bonaerense José Torello insistió -como alguno de sus pares- que “el préstamo del FMI es solamente el 11% del total de la deuda contraída por la Argentina”, mientras que “en estos dos años el Gobierno nacional se endeudó en 65 mil millones de dólares, una vez y medio el empréstito que hoy estamos votando responsablemente para que puedan gobernar”.

“No podemos seguir permitiendo que el sector privado pague la fiesta”, alertó el senador del Pro, quien recomendó que “debemos parar de gastar irresponsablemente en todos los órdenes de la Nación, las provincias y los municipios”. Al tiempo que lamentó que desde el Gobierno “contestan con aumento de impuestos, retenciones, controles de precios y chicanas”.

También anunció su voto en contra la salteña Nora Giménez, quien habló cerca de las 19, con Cristina Kirchner presidiendo ese pasaje de la sesión. Ahí cargó contra el endeudamiento contraído durante la gestión macrista y cerró su discurso confirmando su voto negativo. Pero aclaró: “No voto en contra de mi Gobierno; no voto en contra de mi presidente, ni de usted como vicepresidenta. No voto en contra del Frente de Todos, que estoy muy orgullosa de representar”.

“Voto en contra de la deuda ilegítima que dejó Mauricio Macri y del Fondo Monetario Internacional, que una vez más vuelve a imponer y trata de generar las condiciones para repetir los ciclos de endeudamiento, crisis social, valorización financiera y fuga de capitales”, concluyó.

Desde el interbloque JxC, la neuquina Lucila Crexell anunció que se abstendría y criticó que “ninguna de las dos partes, ni el oficialismo, ni la oposición, hizo su mea culpa”. “Este Gobierno lleva dos años de administración y lo único que pudimos ver es un mal arreglo con deudores privados, un riesgo país elevado, el incremento de deuda pública total y la demora en las negociaciones con el FMI”, enumeró.

“Lo que necesitamos es un gran acuerdo político y productivo. El gobierno parece ir en sentido contrario. De hecho, preparan un programa con el FMI basado en el aumento de la presión tributaria a los sectores productivos. Por eso he decidido abstenerme”, sostuvo.

En el tramo de los cierres, la titular del bloque Córdoba Federal Alejandra Vigo destacó la “importancia del tratamiento que contiene un solo artículo y define la aprobación o no de la negociación entre el Gobierno y el FMI, porque es una herramienta específica del Ejecutivo, ya que en todo momento la negociación y las consecuencias que puedan tener son responsabilidad única del Ejecutivo”.

En ese sentido, la esposa del gobernador Juan Schiaretti alertó que “el acuerdo es importante, central, pero debe ir acompañado de un plan de protección a la economía nacional con medidas concretas para combatir la inflación y desarrollar la producción y fomentar las inversiones”.

Por su parte, la monobloquista Magdalena Solari Quintana consideró que “nos toca elegir un mal menor” y subrayó que “no es algo que nos enorgullezca para nada”, pero se trata de “evitar que la Argentina caiga en default con todo lo que eso significa”. “Lo importante es que el acuerdo que hagamos tiene que ser con la gente”, advirtió la misionera y planteó que “hay que mirarlo desde la enorme asimetría que hay desde lo que son las provincias, las que estamos más lejanas, y lo que es el centralismo”.

En tanto, el rionegrino Alberto Weretilneck comparó que “es un tema muy parecido al del aborto”, en el sentido de que “se cruzan muchos intereses”. “Por lo que siento, por lo que me informé, por lo que leí, votaría que no”, confesó, pero dijo: “Debo votar entre el mal menor ante la situación que estamos viviendo”. Y, crítico de la decisión del gobierno de Macri de ir al Fondo, opinó que “en términos políticos y económicos forma parte de las peores mala praxis de un gobierno en la historia de la deuda externa argentina”. “Hay que analizarlo en la toma de decisión política y económica, los argumentos, los efectos y las consecuencias. Ninguno de los tres son las deseadas para el bienestar de la Nación”, añadió.

Luego expuso el salteño Juan Carlos Romero, quien lamentó que “ha rondado la búsqueda de culpables y la reafirmación que con este acuerdo comienzan los males argentinos. Esto no es así”. “Si no se hubiera tomando el crédito, este riesgo de default de ahora hubiera sucedido en ese momento cuando se tomó el empréstito”, señaló el senador del interbloque JxC.

Además, el legislador apuntó que “la deuda ha ido creciendo en el tiempo” con “crecimiento de la inflación, la pobreza”. “En Argentina tenemos el defecto de creer que repitiendo siempre el mismo modelo en 70 años de intervención del Estado, de gastar más de lo que se tiene, de ahogar a la producción, vamos a salir a flote y eso no sucede”, aseveró.

Antepenúltimo orador, el jefe del bloque UCR, Luis Naidenoff, reflexionó que “el problema argentino es esencialmente político” y “cada uno tenemos que hacernos cargo de la parte que nos corresponde”. “El mejor ejemplo del problema político que tenemos en Argentina es desde hace dos años que gobierna el Frente de Todos”, continuó.

Al explicar por qué la demora en el acuerdo con el FMI, y esta situación de “llegar al límite”, el formoseño disparó duro el ministro Martín Guzmán: “Digo ministro por ser muy generoso, por el negociador de deuda, porque no tenemos ministro de Economía en Argentina y hay que hacerse cargo, el Gobierno debe hacerse cargo”. Entonces, lo acusó al funcionario de no buscar “el mejor acuerdo” estos dos años, sino “cómo conciliaban las condiciones del núcleo duro con un acuerdo medianamente posible”.

“El mayor problema político en Argentina, como no se resuelven las contradicciones internas, es que hoy estamos evitando el default en Argentina por la conducta y la responsabilidad política de la oposición”, destacó el radical, para recordar que de los 206 votos a favor que hubo en la Cámara de Diputados al proyecto, 111 fueron de Juntos por el Cambio. “Juegan con fuego. El oficialismo jugó con fuego”, resaltó.

Después llegó el discurso del presidente del interbloque de JxC, Alfredo Cornejo, quien aseguró: “No creemos que cambie de la noche a la mañana la situación de la Argentina con esta aprobación. Sí creemos que estamos contribuyendo con el país, y no con el Gobierno, a no entrar en default. Y no es poca cosa”.

“Si podemos lograr puntos en común, ¿por qué no nos esforzamos en avanzar aún más a partir de esta aprobación?”, se preguntó el mendocino, para responder que “el daño que hace el relato, el daño que hace cambiar los hechos, y estar más preocupados por cómo se los explican, no nos permite salir adelante y vamos a seguir en un círculo vicioso y no virtuoso si seguimos avanzando en esa dirección”.

Finalmente, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, arrancó: “No escuché ningún gobernador que se oponga a este tema, hay un gobernador en desacuerdo, pero en general los gobernadores fueron a pedir (a la Cámara de Diputados) que se apruebe este acuerdo”. Y remarcó que uno de ellos fue el radical jujeño Gerardo Morales, quien admitió “esta deuda la hicimos nosotros y tenemos que tener la responsabilidad”. “Eso se llama sensatez”, expresó.

En un discurso -en el que levantó varias risas con ocurrencias-, el formoseño recordó las acciones de los exfuncionarios de Cambiemos, a los que llamó “manga de mentirosos”, y apuntó que cuando terminó el gobierno de Macri la pobreza quedó en 40% y “la inflación, que yo veo que a ustedes les asusta…54% de inflación”.

“¿Ustedes no pueden hacer una reflexión sin enojarse? De cómo nos entregaron el gobierno, cómo nos dejaron el gobierno, cómo dejaron el desempleo, cómo dejaron las PyMEs. ¿No pueden hacer una reflexión? Se enojan”, enrostró, levantando los gritos de la oposición.

Llegando casi a los 40 minutos, Mayans levantó aplausos cuando reconoció: “Nosotros dijimos que íbamos a volver para ser mejores. Hasta ahora no lo logramos”. E inmediatamente remató: “Pero si ustedes vuelven para ser como dice Macri, más rápidos… ¡Uh, no! Eso no hay quién supere. Si van a hacer más rápido, nooo, eso ya no, porque ahí va todo el programa de gobierno, incluido todo lo que hicieron”.

La chaqueña María Inés Pilatti Vergara, una de las senadoras del Frente de Todos que votará en contra del proyecto para refinanciar la deuda con el FMI, sostuvo en la sesión de este jueves: “Esta tristeza que me embarga es porque tampoco creo que votando este proyecto estemos salvando al pueblo argentino del default. Esto es alargar la agonía. El default tarde o temprano lo vamos a sufrir sobre las espaldas de los que ya hoy están sufriendo muchísimo. Todos sabemos lo que son las imposiciones del FMI, que son tremendos ajustes, y el pueblo argentino ya no está en condiciones de soportar un ajuste más”.

Al comenzar su discurso cerca de las 18.30, con ironía, la oficialista valoró “el esfuerzo intelectual que hacen algunos colegas de la oposición por interpretar las consecuencias del sentido de nuestro voto. Tal vez ellos no hayan tenido experiencias felices con los frentes electorales, pero el peronismo nació siendo frentista; siempre hemos formado frentes”.

“Tener divergencias de criterios en determinados aspectos entre nosotros no significa el colapso, no significa ninguna ruptura expuesta”, resaltó y disparó: “Ojalá alguno de ustedes le hubiera podido advertir en su momento al ‘Messi de las finanzas’ y ‘al mejor equipo de los últimos 50 años’ a que nos iba a llevar este endeudamiento que no tiene otra característica que no sea otra que la estafa económica más grande que tenemos que padecer los argentinos”.

Entonces, les pidió a sus pares de la oposición que “no se preocupen por el Frente de Todos, no se preocupen por el Gobierno” porque “nadie más que nosotros, los peronistas, y sobre todo el pueblo, que nosotros los peronistas pretendemos representar, padece las consecuencias de nuestros errores o de nuestras desuniones momentáneas. Después de los cuatro años de gobierno de (Mauricio) Macri pierdan cuidado que nunca más nos vamos a volver a confundir como para dejar que vuelvan quienes fueron sus líderes políticos“.

“Siento mucha tristeza, mucha angustia, mucha preocupación y mucha rabia también”, confesó Pilatti Vergara, que consideró que “es muy injusto que este Gobierno peronista tenga que estar buscando la solución de este engendro que fue generado por Mauricio Macri y su equipo de gobierno”.

La legisladora cuestionó que “esta no fue una deuda más”, ya que “si hubiese sido una deuda tomada dentro de los cánones normales no estaríamos en este brete, en este laberinto sin salida” y tampoco hubiera sido “motivo de una denuncia penal como la que tuvo que llevar adelante el Gobierno nacional”.

En su intervención, la senadora recordó que la gestión de Cambiemos fue “el único gobierno desde 1983 hasta la fecha que recibió un Estado sin crisis institucional, política, económica y social” y “sin embargo, desde la hora cero comenzaron a generar todas las condiciones para que llegue ese nefasto junio de 2018”.

Al señalar que el Fondo otorgó el crédito “muy por encima de lo que sus estatutos le permitían otorgar a nuestro país”, la kirchnerista apuntó que voceros del expresidente norteamericano Donald Trump “han reconocido que fue un préstamo político” y que “el objetivo era lograr la reelección de Mauricio Macri”.

“Como dice Residente en uno de sus últimos temas, ‘los negocios son negocios socio, en los negocios no hay amigos’. El FMI, sus personeros, Mauricio Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años fueron socios, y el pueblo argentino nunca fue amigo de estas instituciones. No por nada los gobiernos de (Juan Domingo) Perón, Néstor (Kirchner) y Cristina (Kirchner) fueron los únicos gobiernos que gobernaron sin los ajustes y las imposiciones del FMI”, completó.

Con bastante puntualidad y la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en el arranque de la sesión, la Cámara de Senadores comenzó a las 14.09, con la presencia de 49 senadores -uno más de los que necesitaba para los 2/3-, el debate sobre el proyecto de ley que permite al Ejecutivo refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario Internacional, que viene con media sanción de Diputados.

Con 40 senadores anotados para exponer, entre los cuales no figuraba ninguno de La Cámpora, se descuenta una aprobación por amplio margen. Será, según las estimaciones que permite hacer la lista de oradores, pasada la medianoche.

En el inicio de la sesión se recordó la voladura de la Embajada de Israel, a 30 años de ese hecho, y se aprobó sobre tablas, de manera unánime, una declaración de repudio contra ese atentado aún impune.

Pasadas las 14.30 el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, fue el miembro informante del dictamen defendiendo el acuerdo que a su juicio permitirá “en lo más inmediato posible poder centrar el esfuerzo de gestión en el crecimiento de la economía y la reducción de la inflación, lo que redundará en el bienestar de la población”.

A continuación, por Juntos por el Cambio compartieron el tiempo el radical chaqueño Víctor Zimmermann y el porteño Martín Lousteau, quien explicó el destino de los fondos otorgados por el FMI entre 2018 y 2019 durante la gestión de Mauricio Macri. Maurice Closs le respondió cuestionando al Gobierno de Cambiemos por no haber frenado la salida de reservas.

Sin decir cuál sería el sentido de su voto, la puntana María Eugenia Catalfamo apuntó contra la oposición y calificó a esta deuda como “la mayor estafa que haya sufrido nuestro país”. Un discurso similar fue pronunciado la chaqueña oficialista María Inés Pilatti Vergara, quien en declaraciones a Senado TV adelantó antes del inicio de la sesión que votaría en contra.

También anunció su voto en contra la salteña Nora del Valle Giménez, quien habló cerca de las 19, con Cristina Kirchner presidiendo ese pasaje de la sesión. Ahí cargó contra el endeudamiento contraído durante la gestión macrista y cerró su discurso confirmando su voto negativo. Pero aclaró que “no voto en contra de mi gobierno; no voto en contra de mi presidente, ni de usted como vicepresidenta. No voto en contra del Frente de Todos, que estoy muy orgullosa de representar”.

“Voto en contra de la deuda ilegítima que dejó Mauricio Macri y del Fondo Monetario Internacional, que una vez más vuelve a imponer y trata de generar las condiciones para repetir los ciclos de endeudamiento, crisis social valorización financiera y fuga de capitales”.

En esas entrevistas previas a la sesión, la riojana Clara Vega dijo haber llegado al debate sin una decisión tomada sobre su voto. En los días previos había señalado que estaba manteniendo reuniones con especialistas para decidir el destino de su voto. Se ve que ninguno terminó de convencerla.

La presidenta del Senado se retiró en el inicio del debate del Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario Internacional, aunque regresó más tarde. En su ausencia, la sesión quedó a cargo entonces de la presidenta provisional, Claudia Abdala de Zamora, pero también tuvo oportunidad de debutar comandando un debate la vicepresidenta del Cuerpo, la senadora Carolina Losada.

Durante el debate del proyecto para autorizar la refinanciación de la deuda con el FMI, el senador nacional Luis Juez argumentó su apoyo al enfatizar que “Argentina no admite especulación en un momento complejo y delicado”.

El cordobés lamentó que el país tenga un “50% de pobres”. “Todo eso lo hicimos nosotros. Si eso no es certificado de fracaso como dirigentes políticos…”, reflexionó.

Y reveló que “muchos cordobeses me decían ¿por qué vas a votar a favor? ¿Por qué le va a dar una mano al presidente Alberto Fernández?”, para justificar su postura: “Porque no se puede especular, porque no es un momento para especular, porque ante tamaño fracaso de la dirigencia política de este país la especulación no es un camino. Nunca la especulación fue una solución. No hay margen para la especulación”.

El legislador de Juntos por el Cambio dijo entonces que votaba positivamente “por el criterio de responsabilidad”. “Estamos viviendo un momento complejo con un presidente extremadamente débil, por errores propios y ajenos, pero muchos propios, que han debilitado la palabra presidencial”, observó.

“Y le decía a mis amigos ‘imagínense el día lunes este país en default’. Esta va a ser la única certeza que vamos a poder evitar en 26 meses que llevan”, continuó.

En esa línea, el cordobés destacó que por “la responsabilidad de una oposición racional, inteligente, institucional, este país no va a estar en una situación más grave de la que se encuentra ahora”.

“Nunca pensé que mi primer voto en esta nueva gestión en el Senado iba a ser para acompañar una decisión del Gobierno. Pero es una decisión que este país se merece”, expresó.

También, en su discurso, manifestó: “Yo celebro, valoro y aplaudo la decisión de que por primera vez estemos discutiendo en el Congreso el acuerdo con el Fondo, me parece bárbaro, porque evita sorpresas y ayuda al esclarecimiento y la transparencia”.

“No hay margen para especulaciones personales, la gente la está pasando muy mal como para que nosotros con la calculadora estemos especulando cuánto nos salvamos”, insistió el senador.

Primer orador del debate del proyecto de ley para refinanciar la deuda con el FMI, el senador riojano Ricardo Guerra (FdT) sostuvo en la sesión de este jueves que el acuerdo con el organismo multilateral permitirá “en lo más inmediato posible poder centrar el esfuerzo de gestión en el crecimiento de la economía y la reducción de la inflación, lo que redundará en el bienestar de la población”.

Asimismo, el miembro informante consideró que permitirá “con el menor costo social posible, elevar la pesada ancla del endeudamiento sin precedentes al que nos sumió el gobierno anterior”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda remarcó también que el acuerdo no incluye “las medidas clásicas que históricamente son requeridas” por el FMI, y además su firma se da “en el marco de un mundo incierto” con la salida de la pandemia y la reciente guerra de Rusia contra Ucrania.

Al recordar la toma del préstamo por el gobierno de Mauricio Macri, el legislador dijo que ese acto fue “cercano a una especulación política”. “El margen máximo permitido conforme al porcentaje de nuestro país en el organismo no permitía acceder a más de 19.500 millones de dólares”, señaló.

Y mencionó que según información del Banco Central, “entre mayo de 2018 y octubre de 2019 se recibieron 44.500 millones de dólares provenientes del FMI y la salida de divisas para la formación de activos externos en un lapso análogo ascendió a 45.100 millones de dólares”.

Por eso, el riojano criticó la “insostenibilidad de la deuda, la falta de rigurosidad para acceder al endeudamiento, y la inobservancia del estatuto del organismo multilateral y de la legalidad de nuestro país”.

“Estamos frente a una difícil decisión”, admitió en relación a votar el acuerdo, ya que “nos habíamos liberado de las imposiciones del FMI en enero de 2006” durante la presidencia de Néstor Kirchner. Sin embargo, resaltó que “la responsabilidad y el aporte a la gobernabilidad desde los diferentes roles que la institucionalidad nos posiciona lleva a tener que encaminar la situación”.

Guerra agregó que “sin que deba significar la liberación de las responsabilidades que les pudiera caber en los estamentos administrativos, judiciales y políticos pertinentes a quienes tomaron la decisión de tomar este exagerado endeudamiento, apelo a la consideración de los senadores y senadoras para que acompañen la aprobación del proyecto de ley”.

Al detallar muy técnicamente los Memorándum que conforman el acuerdo, el senador del FdT explicó que “los compromisos a asumir en el programa son por dos años y medio, durante los cuales habrá desembolsos trimestrales”, siendo el primero de ellos, si se aprueba la ley, en marzo de este año por 9.760 millones de dólares.

“Cada uno de los desembolsos tendrá su cuadro particular de devolución en 10 años, a razón de 12 cuotas semestrales con un período de gracia de cuatro años y medio. La partida inicial de 9.760 tendrá su primer vencimiento en septiembre de 2026 y su último en marzo de 2033”, continuó.

Además, el legislador apuntó que los objetivos para el plazo 2020-2024 son “mantener la recuperación económica y social; reforzar la estabilidad macroeconómica; mejorar las finanzas públicas para sostener la deuda; reducir la inflación; fortalecer la balanza de pagos; y fortalecer el sostenimiento del crecimiento económico”.

En cuanto a la reducción de la inflación, apuntó que se estima “un rango del 38% y 48% para 2022; y en adelante una reducción de 5 puntos porcentuales por año hasta fines de 2024”.

Sobre la “reducción gradual del déficit basada en la recuperación y el crecimiento de la recaudación”, Guerra indicó que se proyecta un 2,5% del PBI en 2022; 1,9% en 2023; y 0,9% en 2024.

Asimismo, “se planea reducir el financiamiento del déficit con emisión monetaria por parte del Banco Central al 1% del PBI en 2022; 0,6% en 2023; y 0% en 2024”.

Presidida por Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara de Senadores sesiona -desde las 14.09 y con la presencia de 49 senadores- para darle tratamiento al proyecto de ley que permite al Ejecutivo refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario Internacional, que viene con media sanción de Diputados y se descuenta una aprobación por amplio margen.

El tratamiento en comisión del Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario Internacional fue exprés, ya que comenzó este lunes en Presupuesto y Hacienda, con la presencia en el Salón Azul del ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, entre otros funcionarios, quienes estuvieron respondiendo preguntas de los senadores.

Ya para el martes no se programó una reunión con invitados de otros sectores, pues se consideró que ese debate se saldó en Diputados, y se procedió a emitir dictamen por unanimidad. Solo dos senadoras del oficialismo firmaron en disidencia, que probablemente no apoyarían el proyecto en el recinto: la bonaerense Juliana Di Tullio y la santacruceña Ana María Ianni.

En la Cámara de Diputados el proyecto fue sancionado por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones.

A instancias de la oposición, el oficialismo debió retirar del proyecto el artículo que hacía referencia al programa económico de Guzmán y solo habilitar la autorización al Poder Ejecutivo para que refinancie la deuda.

Así, el proyecto quedó compuesto por tres artículos, estableciendo en el 1ro. que se apruebe “de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2° de la ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”.

Y agrega que “el Poder Ejecutivo nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, agradeció este jueves el “esfuerzo de las diferentes fuerzas políticas” que permitieron avanzar con el proyecto de ley de refinanciación de deuda con el FMI en la Cámara de Diputados, y expresó la expectativa del Gobierno nacional de que “lo mismo ocurra hoy en el Senado, con el compromiso de todos los legisladores y legisladoras que han encontrado la manera de llegar a los acuerdos necesarios para avanzar en un tema que tiene que ser una política de Estado”.

“Nos parece que es una instancia muy importante y no queremos dejar de recordar que es la primera vez que este debate histórico se da en el Congreso de la Nación como debe ser, porque una deuda que compromete en su pago a varias generaciones de argentinos tiene que pasar por el parlamento y debe ser un debate entre los legisladores de todas las fuerzas políticas”, destacó la funcionaria en la conferencia de prensa semanal que brinda a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Al ser consultada por el problema de la suba de precios, la portavoz afirmó que “el Presidente está trabajando con todo su equipo económico para llevar adelante una serie de medidas que se van a conocer en los próximos días y que se suman a las que venimos tomando y que tienen que ver con esta preocupación central del gobierno”.

“En una economía de oligopolios, como es el caso de la Argentina, donde la formación de precios está en manos de unos pocos, esto contribuye a que esos pocos, en situaciones de crisis internacional como la que estamos viviendo, puedan tomar decisiones unilaterales con respecto a los precios de sus mercaderías, por eso el Gobierno está comprometido en llevar adelante políticas y medidas que permitan garantizar los precios de los alimentos en la mesa de los argentinos”, subrayó.

Señaló que “la guerra entre Rusia y Ucrania y la crisis internacional, en una economía como la de Argentina que venía con una inflación alta y que luego tuvo los 2 años de pandemia, incide mucho”, y de la misma manera advirtió que “la resolución de la deuda y del acuerdo con el FMI también incide en la lucha contra la inflación”.

Por eso indicó que, “si hoy tenemos la aprobación en el Senado y luego el acuerdo se concreta en la reunión del board del FMI, se va a empezar a clarificar el camino para las medidas que hay que tomar en adelante para seguir combatiendo este flagelo”.

Aseguró que la principal preocupación del Gobierno “sin ninguna duda es el precio, y sobre todo de los alimentos, que es lo que más incidió en el último índice de inflación”.

La Cámara alta, presidida por Cristina Fernández de Kirchner, sesionará este jueves a partir de las 14 para darle tratamiento al proyecto de ley que permite al Ejecutivo refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario Internacional, que viene con media sanción de Diputados y se descuenta una aprobación por amplio margen.

Este martes el jefe del bloque de FdT en el Senado, el formoseño José Mayans, tras la reunión de la Comisión de Presupuesto adelantó que sesionarían este jueves para tratar de convertir en ley en tiempo y forma el acuerdo, de modo tal de cumplir con ese trámite antes del martes 22, fecha de nuestro próximo vencimiento.

Por la noche de ese mismo día la presidencia de la Cámara alta dio a conocer el decreto en donde oficializaba la convocatoria a sesionar, aunque restaba la postura de la bancada opositora de habilitar o no los dos tercios para que el proyecto sea tratado sobre tablas. Dicha decisión fue comunicada este miércoles tras una reunión que mantuvo el interbloque de JxC.

Mayans, había asegurado en declaraciones radiales que el bloque opositor tenía “absoluta predisposición” de hacerlo y no tener que esperar que trascurran siete días desde la firma del dictamen para darle tratamiento al proyecto en el recinto, tal como establece el reglamento de la Cámara de Senadores.

Al igual que ocurrió en Diputados, dentro del propio Frente de Todos se estima que un grupo de senadores no acompañe el proyecto oficial, en contra del acuerdo con el FMI, pero se acordó “respetar la decisión de cada senador”, pues los cálculos estiman que igualmente la ley saldrá con apoyo mayoritario.

El análisis en el Senado

El tratamiento del Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario Internacional fue exprés, ya que comenzó este lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ricardo Guerra, con la presencia en el Salón Azul del ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, entre otros funcionarios, quienes estuvieron respondiendo preguntas de los senadores.

Ya para el martes no se programó una reunión con invitados de otros sectores, pues se consideró que ese debate se saldó en Diputados, y se procedió a emitir dictamen por unanimidad. Solo dos senadoras del oficialismo firmaron en disidencia, que probablemente no apoyarían el proyecto en el recinto: la bonaerense Juliana Di Tullio y la santacruceña Ana María Ianni.

El proyecto

En la madrugada del viernes pasado, la Cámara baja dio media sanción a la iniciativa por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones.

A instancias de la oposición, el oficialismo debió retirar del proyecto el artículo que hacía referencia al programa económico de Guzmán y solo habilitar la autorización al Poder Ejecutivo para que refinancie la deuda.

Así, el proyecto quedó compuesto por tres artículos, estableciendo en el 1ro. que se apruebe “de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2° de la ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”.

Y agrega que “el Poder Ejecutivo nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.

Tal cual se había anticipado en la reunión de comisión de lunes en la Cámara alta, el Senado de la Nación sesionará este jueves para tratar el acuerdo con el Fondo Monetario.

En efecto, fue el presidente del bloque oficialista del Senado, José Mayans, quien al cerrar el lunes la lista de oradores en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda adelantó que seguramente sesionarían este jueves, para tratar de convertir en ley en tiempo y forma el acuerdo, de modo tal de cumplir con ese trámite antes del martes 22, fecha de nuestro próximo vencimiento.

Así las cosas, este martes por la noche la presidencia de la Cámara alta difundió un decreto convocando para este jueves 17 de marzo a las 14, para tratar el Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario Internacional, correspondiente al Acuerdo Stand By, suscripto en el año 2018, tal cual reza el texto conocido al cerrar la jornada.

La celeridad con la que obtuvo dictamen en el Senado certifica las posibilidades de aprobación con que cuenta el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional este jueves en la Cámara alta.

En efecto, la segunda jornada de tratamiento del proyecto aprobado en la madrugada del viernes pasado por la Cámara baja fue un mero trámite en el seno de la Comisión de Presupuesto del Senado que conduce el riojano Ricardo Guerra. Presente en la reunión como integrante de la comisión, pero sobre todo como presidente del bloque oficialista, José Mayans anunció la firma de 16 de los 17 integrantes de Presupuesto y Hacienda, aunque poco después se verificaría que el visto bueno para el dictamen había sido unánime.

Solo dos senadoras del oficialismo firmaron en disidencia, aquellas a las que en un conteo preliminar parlamentario.com consideró que probablemente no apoyarían el proyecto en el recinto: la bonaerense Juliana Di Tullio y la santacruceña Ana María Ianni.

El proyecto será debatido este jueves en el recinto, donde se descuenta una aprobación por amplio margen.

Para tal fin no fue nunca un dato menor el resultado de la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en Diputados. Todos sostenían que necesitaba un amplio apoyo para complementar ese gesto hacia el propio FMI, cuyo board deberá ponerle la firma una vez que esté la aprobación legislativa correspondiente. Pero más allá de ese amplio respaldo que adornaría el acuerdo a los ojos del Fondo, los propios consideraban indispensable un apoyo importante fundamentalmente para el paso que viene: el tratamiento en el Senado.

Esto es, una votación amplia en Diputados sería un mensaje a los senadores oficialistas, pero también a los de Juntos por el Cambio.

En el Senado gobierna Cristina Fernández de Kirchner, a quien muchos le adjudican haber dicho que no se convertiría en su vice “malquerido”, Julio César Cleto Cobos. Ella no votaría de manera no positiva si le tocara decidir. En rigor, no hace falta que lo haya dicho, no hay duda de que es lo que piensa: ella nunca desempataría de un modo que habilitara tal comparación. Pero jamás permitiría llegar a esa instancia en un ámbito donde reina. ¿O por ventura alguien piensa que podría dejarse poner en la instancia de decidir ella acordar con el Fondo?

Por eso era indispensable un respaldo contundente en Diputados que liberara de dudas a los senadores y los pusiera en una situación distinta: la de estar obligados a completar la faena de la otra Cámara en el sentido del mandamiento y las necesidades del Gobierno del Frente de Todos.

Fue clave en la Cámara baja la tarea de quienes forjaron el acuerdo con la oposición, fundamentalmente su titular, Sergio Massa. Para graficar la situación complicada que llegó a plantearse, el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez detalló que “48 horas antes de la votación el proyecto estaba para no aprobarse y hubiera sido complejo para el Gobierno”.

El diputado de Identidad Bonaerense había adelantado sus reparos hacia el proyecto, siempre más cercano al rechazo que a la aprobación. Y en ese sentido señaló que “al principio, el proyecto que llegó para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario no tenía posibilidad de ser modificado, finalmente sucedió un proceso que me parece interesante, donde el presidente de la Cámara, Sergio Massa, tuvo un rol importante, destacado, de ir abriendo a la discusión, al debate y se aprobó ese instrumento que permite que Argentina no ingrese en una situación delicada”.

Ubicada en la otra vereda se encuentra la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, quien a poco de registrarse la media sanción difundió un video reflejando lo que ella interpretó como un ataque dirigido hacia su persona, pero también expresando un rotundo juicio de valor para con el Fondo Monetario Internacional, al que ella -cuenta en el primer video- mantuvo fuera del país durante sus gestiones presidenciales.

Se diferenció así del paso dado por el presidente Alberto Fernández y a continuación dio vía libre para el tratamiento en la Cámara alta.

El poroteo en el Senado

Transcurrido ya el paso por la Comisión de Presupuesto, solo resta esperar en el Senado el debate en el recinto, donde la principal oposición deberá decidir antes si le proporciona al oficialismo la posibilidad de contar con los 2/3 para el tratamiento sobre tablas. Si bien todos los miembros de JxC en el Senado adelantaron su disposición en ese sentido, lo cierto es que el “ruido” que le ha puesto a la política en las últimas horas la posibilidad de subir las retenciones jugó en contra de la armonía en el Senado.

Si bien el ministro de Economía, Martín Guzmán, desmintió la posibilidad de aumentar las retenciones ante los mismos senadores, el pensamiento reinante en la oposición del Senado lo expresó este martes la senadora Guadalupe Tagliaferri, que sin vueltas dijo que “al ministro yo no le creo nada”.

Así y todo se descuenta que habrá sesión esta semana y la aprobación saldrá con un amplio margen.

Con los votos ajenos asegurados, ¿cuántos le puede aportar el Frente de Todos a la aprobación? Según el poroteo preliminar hecho por parlamentario.com, unos 21 votos a favor, contra unos 14 negativos como máximo.

Se descuenta el voto favorable al acuerdo de los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Daniel Bensusán (La Pampa), Maurice Closs (Misiones), Lucía Corpacci (Catamarca), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), María Teresa González (Formosa), Ricardo Guerra (La Rioja), Edgardo Kueider (Entre Ríos), Sergio “Oso” Leavy (Salta), Claudia Abdala de Zamora (Santiago del Estero), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Carlos Linares (Chubut), Cristina López Valverde (San Juan), José Mayans (Formosa), Sandra Mariela Mendoza (Tucumán), Gerardo Montenegro (Santiago del Estero), José Neder (Santiago del Estero), José Antonio Rodas (Chaco), José Rubén Uñac (San Juan) y Pablo Yedlin (Tucumán). Habría que sumar también al puntano Adolfo Rodríguez Saá, enemistado con su hermano gobernador, cuyos diputados no votaron el acuerdo.

En contra, mas no necesariamente votando así -tal vez absteniéndose-, habrá que considerar a la puntana María Eugenia Catalfamo, a Juliana Di Tullio ya los camporistas Martín Doñate (Río Negro), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Mariano Recalde (CABA) y Matías Rodríguez (Tierra del Fuego). 

También por supuesto a Oscar Parrilli (Neuquén), a su comprovinciana Silvia Sapag, muy cercana a la vicepresidenta; a la santacruceña Ana María Ianni, a la fueguina María Eugenia Duré y la chaqueña María Inés Pilatti Vergara. También la salteña Nora del Valle Giménez reveló días pasado un rechazo al acuerdo con el Fondo que veremos si se traduce en el mismo sentido al a hora de votar, y probablemente no apoye el acuerdo Silvina García Larraburu, muy cercana a la vicepresidenta, aunque algunas veces ha tomado distancia en temas como el aborto cuando se debatió en 2018.

La sorpresa la daría el jujeño Guillermo Snopek, que viene dando señales los últimos días de resistencia hacia el acuerdo con el Fondo.

Como dijimos, Di Tullio y Ana Ianni firmaron este martes el dictamen, pero lo hicieron en disidencia, lo que podría prever como la posibilidad de abstención.

A priori, el oficialismo no debería contar con los mencionados 14 senadores.

En ese caso, suponiendo una votación unificada del interbloque JxC, mas el respaldo de Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana, la riojana Clara Vega y la cordobesa Alejandra Vigo, el aval al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría salir con un total de 58 votos afirmativos sobre 72. A propósito de la riojana Vega, el domingo anunció que estaba reuniéndose con especialistas para definir su postura sobre el tema. Y difundió una foto que debe haber causado inquietud en el oficialismo: junto a Alejandro Olmos, un encendido crítico del tema de la deuda externa.

La Secretaría Administrativa del Senado de la Nación desmintió este martes “categóricamente” que alguna de las autoridades de la Cámara de Senadores se haya comunicado con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar que no se colocaran vallas de seguridad el pasado jueves 10 de marzo, mientras sesionaba la Cámara de Diputados para tratar el acuerdo con el FMI.

A través de un comunicado, resaltaron que “tampoco existió una comunicación para solicitar que no haya vallas exteriores durante la actividad que está prevista esta semana en el Senado”.

La nota suscripta por la Secretaría Administrativa del Senado, que encabeza la pampeana María Luz Alonso, puntualiza que “la única comunicación que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, mantuvo con el entonces vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fue el 26 de agosto de 2020, en ocasión del tratamiento en el Senado de un proyecto de reforma del Poder Judicial. En ese entonces, y de manera puntual, se le solicitó a la ciudad que retire las vallas que estaban colocando en ese momento y que tampoco habían sido solicitadas, ya que no estaba prevista una convocatoria masiva. Esta comunicación telefónica tuvo amplia difusión mediática”.

La nota concluye diciendo que “en otras oportunidades, como ocurrió durante el tratamiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que convocó una amplia movilización social, se utilizaron vallas de manera preventiva en el perímetro del edificio”.

El comunicado oficial se registra en el marco de lo que se interpreta ahora como una nueva polémica en ciernes entre el kirchnerismo y el Gobierno de la Ciudad, desde donde aclararon este martes que esta vez pondrán vallas y montarán previamente un operativo de seguridad este jueves, en el marco de la sesión prevista en el Senado para debatir el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario, para evitar escenas como las registradas la semana pasada en ocasión del debate en Diputados.

En declaraciones periodísticas, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, sostuvo este martes que desde hace dos años desde el Gobierno nacional le “exigen” a la Ciudad no poner vallas en el Congreso ni en la Casa Rosada. Y puntualmente sobre la vicepresidenta de la Nación precisó que ella misma “ha llamado por teléfono solicitando que saquen las vallas, incluso desde Secretaría General de la Presidencia”.  

El jefe del bloque radical en el Senado, Luis Naidenoff, aclaró este martes que desde Juntos por el Cambio “no tenemos la decisión tomada si es que vamos habilitar o no los dos tercios” para poder tratar sobre tablas el proyecto del acuerdo con el FMI en sesión este jueves. Al respecto, el formoseño aclaró que eso se definirá en una reunión que el interbloque mantendrá este miércoles al mediodía.

En diálogo con radio La Red, el legislador si confirmó su acompañamiento al proyecto que “prácticamente fue articulado por Juntos por el Cambio en Diputados” y “no hay nada que pueda indicar no acompañar la media sanción que fue introducida por nuestro espacio”.

Consultado sobre si la posibilidad de una suba de retenciones cambiaría el sentido del voto de la oposición, Naidenoff expresó: “No va a modificar mi voto, porque nosotros votamos el financiamiento, no votamos el programa económico del Gobierno”.

Y remarcó que “si hay modificaciones en las alícuotas de las retenciones”, tal como indica un fallo judicial “debe discutirse en el Congreso”.

Sobre el acompañamiento al proyecto por parte del propio Frente de Todos, el senador sostuvo que desconoce “la variable de los números del oficialismo. No sé con qué escenario nos podemos encontrar en el Senado que conduce Cristina Fernández de Kirchner, con un núcleo duro que la acompaña“.

Para el formoseño, en una parte del oficialismo “no hay dimensión de la magnitud de la crisis de la Argentina o lo que puede significar un eventual default para el país”.

“Lo que pasó en la Cámara de Diputados con el núcleo duro del oficialismo que no acompañó el financiamiento de la deuda, ese tipo de especulaciones o de jugar a tensar la cuerda me parece que es el peor de los caminos. Argentina tiene más un problema político que económico y está en el propio oficialismo”, continuó.

En alusión a los incidentes que hubo la semana pasada en las afueras del Congreso y el ataque al despacho de CFK, el radical apuntó: “Todos los sectores, con excepción de un sector minoritario de izquierda, son aliados eventuales del Frente de Todos o en su momento del Frente para la Victoria. Los que marcharon son parte del Gobierno y también son parte del propio kirchnerismo”.

Según Naidenoff, “fue premeditado el accionar” sobre el cual “todos expresamos nuestra solidaridad”. Sin embargo, señaló que “hay una gran hipocresía de la propia vicepresidenta” al recordar que durante el debate de la reforma previsional a fines de 2017 “con las catorce toneladas de piedra, Cristina expresaba que si hay ruido afuera se está legislando en contra del pueblo”.

“No digo que fue un autoatentado, lo que digo es que los que marcharon son aliados naturales del Frente de Todos. Y serán las fuerzas de seguridad las que tienen que investigar. Lo que no estoy de acuerdo es que esto quede en la nada. Me parece una barbaridad lo que ha pasado como así también me parece una barbaridad que el Gobierno nacional no haya vallado el Congreso en una circunstancia de estas características”, agregó.

E insistió que “no puede haber una doble mirada en esto” porque “lamentablemente en aquella jornada” de diciembre de 2017 “hubo hombres y mujeres del kirchnerismo que coadyuvaron a la escalada de violencia”.

Siguiendo los pasos de un trámite rápido, y tras una jornada en que se recibieron a funcionarios, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se encamina este martes a emitir dictamen del proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo refinanciar la deuda con el FMI, en el marco del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ese organismo internacional.

En la Cámara alta no se programó una reunión con invitados de otros sectores, pues se consideró que ese debate se saldó en Diputados. Sí estuvieron este lunes respondiendo preguntas de los senadores el ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, entre otros funcionarios.

Tras ese encuentro en el Salón Azul, la comisión presidida por el riojano Ricardo Guerra (FdT) se abocará este martes desde las 14 a la discusión y pasará a la firma el despacho, que se trataría en el recinto el próximo jueves.

A partir del acuerdo alcanzado en la Cámara baja, se descuenta que la oposición acompañe la iniciativa. Justamente por ese respaldo es que se puede contar con los dos tercios para debatirlo esta misma semana en el pleno, aunque esa decisión la bancada que preside Alfredo Cornejo recién la definirá este miércoles. Pese a que la polémica por las retenciones parecía poder empañar el apoyo de Juntos por el Cambio a la ley, el interbloque opositor garantizó que no cambiará su posición y ayudará a que el país no caiga en default.

Al igual que ocurrió en Diputados, dentro del propio Frente de Todos se estima que un grupo de senadores no acompañe el proyecto oficial, en contra del acuerdo con el FMI. En la bancada que conduce el formoseño José Mayans se dio “libertad de acción”, pues los cálculos estiman que igualmente la ley saldrá con apoyo mayoritario.

En la madrugada del viernes pasado, la Cámara baja dio media sanción a la iniciativa por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones.

A instancias de la oposición, el oficialismo debió retirar del proyecto el artículo que hacía referencia al programa económico de Guzmán y solo habilitar la autorización al Poder Ejecutivo para que refinancie la deuda.

Así, el proyecto quedó compuesto por tres artículos, estableciendo en el 1ro. que se apruebe “de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2° de la ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”.

Y agrega que “el Poder Ejecutivo nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.

En el cierre de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde expuso el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el proyecto que autoriza al Gobierno a refinanciar la deuda con el FMI, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, sostuvo: “Yo no escuché a ningún gobernador que se oponga a esto”.

El formoseño afirmó que este martes se buscará el despacho de la iniciativa que tuvo media sanción en la madrugada del viernes pasado en la Cámara de Diputados, mientras que el próximo jueves se convocará a la sesión, donde “creo que va a tener respuesta favorable”, pronosticó.

“Llegar tarde no sirve, demostraría que el Parlamento está trabajando atrasado” cuando en realidad “hay una celeridad en el trabajo”, remarcó el legislador. En ese sentido, argumentó por qué no se convocaron a más invitados, además de los funcionarios que concurrieron este lunes. “Ya fue escuchado por todo el país el debate”, dijo.

Mayans se mostró a favor de “definir esta situación que tiene preocupado a todo el país”. “Hay gobernadores que tienen endeudamientos que son fuertes y títulos externos. Hay gobernadores que me expresaron su preocupación por esto”, agregó.

El presidente de la bancada oficialista, donde se espera que un puñado de integrantes del sector K no acompañe el proyecto, destacó el “acompañamiento importante” que hubo en Diputados y agradeció a los jefes de la oposición del Senado por acceder a darle un rápido tratamiento.

“Estamos atravesando una situación compleja. Acá estamos tratando prácticamente el 11% de la deuda”, apuntó. También se refirió al contexto internacional y sus implicancias en la economía: “En el mundo no sabemos qué va a pasar, Dios quiera que exista sensatez”. “Tenemos que estar alerta porque tampoco sabemos cómo termina lo de la emergencia sanitaria”, sumó.

“La actividad económica no es fácil por el contexto mundial que tenemos”, insistió.

Al igual que sucedió en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos en el Senado también realizó cambios entre sus miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el marco del debate del proyecto para refinanciar la deuda con el FMI, un tema que divide aguas dentro del propio oficialismo.

Ante una consulta del radical Julio Martínez, durante un momento de la reunión que se realizó este lunes en el Salón Azul, el presidente de la comisión, el oficialista Ricardo Guerra, confirmó que “en función de las atribuciones naturales que se tiene hubo adecuaciones en los integrantes de la comisión; es un trámite administrativo”, aunque no detalló esos reemplazos.

Los cambios, en realidad, se oficializaron hace casi dos semanas atrás mediante el decreto 12/22 firmado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, más precisamente el pasado 2 de marzo, un día después de la Asamblea Legislativa y antes de que ingrese el proyecto al Congreso. Sin embargo, los relevos, sobre todo dos de ellos, hacen pensar que el oficialismo quiso asegurarse los acompañamientos necesarios.

No obstante, tras el acuerdo que hubo en Diputados y ya con los resultados conocidos de la media sanción, se presume que el dictamen va a ser acompañado también por los miembros de la oposición.

Uno de los ingresos fue el de la santacruceña Ana María Ianni por la camporista Anabel Fernández Sagasti, la senadora más cercana a CFK. De los tres diputados del FdT por Santa Cruz, dos se abstuvieron y una voto a favor. Fue Paola Vessvessian, que al igual que Ianni responde a la gobernadora Alicia Kirchner, quien valoró el acuerdo entre el Gobierno y el FMI.

El segundo cambio fue el del misionero Maurice Closs el lugar de otro legislador de La Cámpora, el porteño Mariano Recalde. Y el tercero fue el del santafesino Marcelo Lewandowski, cercano a su gobernador Omar Perotti, a favor del acuerdo, por el correntino Carlos “Camau” Espínola.

En medio de la polémica por el cierre de exportaciones de harina y aceite de soja, y el estado de alerta por una posible suba de las retenciones, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que “no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos”.

Al recordar que en 2020 se creó el Consejo Agropecuario Argentino, al momento de las preguntas el senador entrerriano Alfredo De Angeli (Pro) arrancó: “Anoche nos despertamos con la noticia de que aumentaron dos puntos las retenciones. Primero clausuran las exportaciones, para cumplir con el trámite administrativo para subir dos puntos los derechos de exportaciones tanto de la harina de soja como del aceite de soja. ¿Tuvieron en cuenta a ese organismo? ¿El Consejo Agroindustrial estuvo de acuerdo en aumentar los dos puntos de retenciones?”.

Y entonces el hombre de campo fue al hueso: “¿Van a aumentar las retenciones o no? Porque ahí tenemos que saber si seguimos sembrando y dejamos de planificar o seguimos trabajando”.

Al contestar, Guzmán apeló al contexto mundial: “Es importante tomar una plena consciencia de lo que conlleva la guerra para la Argentina, porque la guerra está presente y se manifiesta en los precios de todo lo que está asociado a lo que hoy sufre las consecuencias de la guerra: la crisis energética y la situación en el precio de los commodities”.

“Hay una parte de todo esto que para la Argentina implica una oportunidad”, resaltó y, en ese sentido, explicó que “dado que somos exportadores netos se presenta la posibilidad de tener una dinámica en la balanza de pagos más favorables, pero el impacto en el precio de los alimentos es significativo y es algo que se viene viendo con mucha claridad en las últimas tres semanas”.

Sobre esa línea, el funcionario argumentó que “no hacer nada al respecto implica una situación en la cual este shock que se presenta en el mundo es profundamente regresivo en el país. El Gobierno cuenta con limitados instrumentos y siempre se busca llegar a acuerdos a efectos de poder lograr de que este shock pueda resultar positivo, no resulte una presión en el precio de los alimentos que dañe a millones de argentinos”.

“Hemos venido trabajando con los esquemas de fideicomiso, buscando que haya contribuciones voluntarias que se puedan utilizar para lograr una brecha en la evolución del precio internacional y la evolución del precio interno de los alimentos”, continuó.

Guzmán señaló que “enfrentamos un shock de una magnitud que es difícil de encontrar precedentes en mucho tiempo”, por eso “las decisiones que se tomen tienen que ver con la naturaleza de los problemas que enfrentamos. Entendiendo que se buscan alcanzar equilibrios de incentivos a la producción y el impacto de la inflación interna”.

“No se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos, el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y los demás granos”, aseguró, y aclaró que “hay que buscar instrumentos para poder evitar que haya un efecto desestabilizante en el costo de la canasta alimentaria”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, también hizo hincapié en la cuestión bélica. “No se pueden tomar las decisiones que se tienen que tomar en tiempos normales, hay eventualidades externas que nos obligan a actuar de maneras diferentes. Esto tiene que ver con lo que sucede en esos países productores de granos”, sostuvo.

“Hay decisiones que se tienen que tomar como la que tomó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que está en permanente contacto con las entidades, pero lo tenemos que inscribir dentro de la absoluta excepcionalidad que hay en este contexto”, remarcó. “Estas decisiones no son nuestras, son consecuencia de las externalidades”, cerró.

Más temprano, ante una pregunta del senador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), Guzmán expresó que “no hay ningún compromiso asumido en el contexto del programa con el FMI sobre impuestos o retenciones”.

Al recordar que en la Cámara de Diputados se dio una “discusión fructífera” sobre la cuestión del programa económico -que se retiró del proyecto-, el ministro indicó: “El programa establece un conjunto de compromisos, metas, compromisos de política económica generales, pero después es la responsabilidad del Gobierno nacional el diseño y la ejecución de un número de aspectos grandes que implican la capacidad de cumplir con los compromisos que se toman en el programa”.

Por otra parte, el titular de la cartera económica afirmó que “hay un compromiso de adecuar el Presupuesto (prorrogado), a efectos de que sea consistente con los objetivos de política fiscal que se están trazando en el contexto del acuerdo”.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el senador oficialista Guillermo Snopek consultó al ministro de Economía, Martín Guzmán, la opinión que tenía sobre la modificación que se realizó en Diputados al proyecto de ley, al retirarse los anexos que contenían el programa económico.

“De los dos artículos que usted había remitido, solo uno le corresponde hoy a este Senado: aprobar o rechazar el acuerdo”, señaló el legislador jujeño en relación al artículo 1ro. que habilita la refinanciación de la deuda con el organismo internacional, único punto que la oposición en la Cámara baja accedió a votar.

Entonces, en relación a las preguntas de sus pares de la oposición, Snopek sostuvo: “En aquel entonces el oficialismo endeudador y hoy acá el oficialismo pagador estamos discutiendo cuáles van a ser las políticas del Estado nacional, qué van a hacer con la suba de tarifas, qué van a hacer con la inflación, discutimos qué se va a hacer con la energía… creo que eso hoy no es materia de discusión ni de análisis” ya que no se incluye el programa.

Esquivo, Guzmán rescató que “fue de mucho valor y fructífero el debate que se dio en la Cámara (baja)”. “Se pudieron aclarar ciertas cuestiones sobre qué quiere decir que haya un programa, qué se está votando a la hora de votar un acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI”, consideró.

En esa línea, el ministro insistió que “lo que se está votando es justamente el conjunto de compromisos de política económica que se plasman en el acuerdo, reducción del déficit fiscal de una forma que no desestabilice la recuperación económica en curso, y a la vez fortalezca el crédito y la moneda, la posibilidad de acumular reservas internacionales y que ello fortalezca la situación cambiaria y calme las expectativas, ir reduciendo el financiamiento monetario, eso es lo que se aprueba”.

“Después hay un conjunto de detalles, un largo número de cuestiones que son responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional, tanto en su diseño como en su ejecución”, agregó.

Finalmente, el funcionario expresó que “el debate en la Cámara de Diputados enriqueció al proyecto de ley y sienta condiciones que le permiten a la Argentina dar un paso adelante en construir mayor estabilidad”. “Es un articulado que consideramos es un paso adelante para la Argentina”, reiteró.

Reclamos críticos

En su intervención Snopek cuestionó la ausencia del ministro de Desarrollo Social, porque “esto va a afectar a los argentinos”. “¿Cuántos argentinos duermen en la calle?”, preguntó y al relatar una vivencia que tuvo en la provincia de Tucumán, el senador advirtió que “la situación argentina es muy dura y no he escuchado en las exposiciones (de los funcionarios) cuáles van a ser las respuestas que le vamos a dar a los argentinos”.

También pidió conocer “qué políticas fuertes” habrá en materia de inflación, un tema que mencionó especialmente el presidente Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa del pasado 1ro. de marzo; al tiempo que cuestionó que “se habla de reactivación, pero no se habla de un plan real del Gobierno nacional de inclusión laboral”. “¿Qué políticas va a haber hacia los jubilados?”, agregó.

Al contestarle, Guzmán enfatizó que “todo el esquema de políticas económicas que llevamos adelante, todo lo que hacemos, justamente busca generar una situación social de mayor protección en la Argentina, busca resolver los problemas más profundos, el problema de la pobreza, de la indigencia, y construir condiciones para que eso se resuelva de una forma estructural; que haya mejor educación en nuestro país, que haya más oportunidades de trabajo, de modo que cada niño y niña que nace en Argentina crezca en un ambiente de mayor tranquilidad, de mayores oportunidades”.

“Y para eso es muy importante poder resolver los distintos problemas macroeconómicos, incluyendo los problemas de la deuda que tanto daño hacen en nuestro sistema productivo y social y mucho más daño a millones de personas en Argentina”, añadió.

Por eso, el ministro defendió que “lo que estamos haciendo aquí justamente es actuar con responsabilidad para lograr eso. Lo que estamos buscando es evitar que se materialice en mayor medida una situación de enorme daño que generaría mayores problemas sociales”.

“El último dato de indigencia es un dato por supuesto preocupante, 10,5%”, mencionó y, apoyado en su celular, informó que según datos del Gobierno porteño 2.573 personas viven en situación de calle solo en la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, asistió este lunes a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde ratificó que el acuerdo con el FMI “no tiene ninguna pauta de modificación de la legislación laboral”.

“Tampoco tiene ninguna pauta de reforma previsional. Lo único que habla es de hacer estudios, cosa que ningún país serio del mundo se niega a hacer, los estudios de cómo funciona su sistema previsional y cuáles son las consecuencias”, agregó.

Al exponer en el Salón Azul, el funcionario defendió que “este es el mejor acuerdo posible” y “se enmarca dentro de estas mismas pautas que nos han permitido estos niveles de recuperación del empleo”, sostuvo en relación a los datos que aportó sobre empleo.

Para Moroni, el acuerdo permite “un esquema de recuperación que necesitamos que se sostenga; si nosotros sostenemos eso vamos a poder sostener un proyecto de desarrollo inclusivo”.

“Este acuerdo se inscribe dentro de la política general llevada adelante por el Gobierno, que es la de un proyecto de desarrollo”, insistió.

Al recordar que la pandemia “nos provocó la caída de 10 puntos del producto”, valoró las “soluciones ingeniosas” que “mostraron ser eficaces, porque Argentina fue uno de los países que menos empleo registrado perdió en el mundo: perdimos 3 puntos de empleo frente a una caída de 10 puntos del PBI”.

En alusión a los ATP y Repro, además de la prohibición de despidos, el ministro señaló que “son medidas pasadas pero los efectos de esas medidas es lo que está pasando ahora. Si nosotros no hubiéramos hecho todo eso hoy no tendríamos la recuperación que tuvimos”.

En esa línea, informó que en 2020 había “700 mil trabajadores suspendidos”, de los cuales “190 mil volvieron al trabajo” y además “durante 2020 se crearon más de 200 mil puestos de trabajo”.

“Hoy estamos en niveles de empleo por encima de lo que estábamos antes de la pandemia y un 0,2% arriba de lo que era diciembre de 2019”, afirmó.

Sobre los salarios, el titular de la cartera laboral ponderó las negociaciones paritarias y apuntó que “durante el peor momento de la pandemia el salario cayó, pero cayó 0,1%; y saliendo de la pandemia el salario ha crecido 3,4%”, lo que representa “un crecimiento no sólo respecto de 2020, sino 3 puntos respecto de 2019”.

Por otro lado, Moroni ponderó que “a fin de 2021 tenemos la mayor cantidad de trabajadoras mujeres ocupadas en el sector privado asalariado”. “Ha crecido la población activa de mujeres, está en 50,4%, cuando sus niveles normalmente eran cercanos al 46%”, detalló.

También indicó que “el desempleo en general es del 8,2%” y “el desempleo en mujeres estaba en más de 10 puntos y ahora está en 9 puntos”.

“Todos los indicadores en materia de empleo son buenos. Por supuesto quisiéramos que fueran mejores, pero la verdad que venimos de las circunstancias de las que venimos”, completó.

Para cumplir con dar inicio al debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó este lunes en el Senado, donde alertó sobre las consecuencias “desestabilizantes” que tendría caer en default, debido a la carga récord de vencimientos que la Argentina tiene para este año y el que viene, de alrededor de 40 mil millones de dólares.

En el marco del imponente Salón Azul del Senado, donde fueron dispuestas de manera rectangular las mesas donde se ubicaron los funcionarios e integrantes de la Comisión de Presupuesto del Senado, los funcionarios se presentaron puntuales para dar inicio a la discusión, apenas dos minutos después de la hora pautada. Y como una semana atrás en Diputados, fue el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el primero en hacer uso de la palabra. Tras su extenso discurso, pasadas las 15.30, arrancó Guzmán remarcando la importancia de que se discuta en el Parlamento un acuerdo entre el Gobierno nacional y el Staff del Fondo Monetario Internacional “Es un proceso que nos enriquece como república”, resaltó.

Tras repudiar en el inicio de su exposición “el acto de violencia contra las oficinas de la vicepresidenta de la Nación” registrado el jueves pasado, el funcionario comenzó explicando qué se busca con este acuerdo, y señaló en primer lugar “poder abordar el problema que se presenta en la balanza de pagos de la Argentina para el año corriente y los próximos dos años”.

“Argentina tiene una carga récord para el corriente año de 19.000 millones de dólares, y de 20 mil para 2023. Estos son montos de niveles tales que no hay ninguna posibilidad de hacerles frente sin financiamiento”, explicó el ministro de Economía, que alertó sobre un “potencial desestabilizante con consecuencias potenciales cambiarias, inflacionales, de producción, de empleo y sociales severas”.

Así las cosas, Guzmán sostuvo que “la Argentina necesita tener la capacidad de evitar un shock desestabilizante que constituiría no poder hacer frente a estos pagos programados”. Y agregó: “Buscamos evitar que la Argentina tenga una situación de profundo estrés con consecuencias negativas sobre el empleo, la pobreza y la distribución de los ingresos”.

Todo esto es producto del programa stand by acordado en 2018, por el cual se desembolsaron 44.500 millones de dólares, lo que consideró un “récord histórico para el FMI. Nunca se dio una situación en la cual una nación recibiera un financiamiento de esos montos”, remarcó.

Al ser acordado, sostuvo, se hizo sobre la base de un esquema de políticas que se argumentaba que iban a ser efectivas para “restablecer la confianza en la Argentina y atacar el problema inflacionario. Nada de eso ocurrió”, afirmó, enfatizando que el propio Fondo “indicó que el programa falló en alcanzar todos los objetivos que se habían planteado. El propio Fondo Monetario Internacional reconoció que los distintos pilares en los que se basó el programa fueron inconducentes en el sentido del programa que se había trazado”.

Guzmán señaló que el financiamiento otorgado “fue utilizado en buena medida en financiar la formación de activos exteriores y salida de capitales. Se utilizó otra parte del financiamiento para afrontar pagos de deuda privada que luego fueron clasificados de insostenibles”, por lo que la totalidad del préstamo de 44.500 millones de dólares “fue para hacer frente a pagos de deuda con acreedores privados que muchos considerábamos que eran insostenibles y a financiar la salida de capitales de la Argnetina”.

“Las consecuencias se ven en estos momentos cuando comienzan a vencer las cuotas de amortización de capital”, remarcó.

A continuación planteó el contexto internacional “sumamente delicado y complejo” que se vive hoy en el mundo. A la pandemia agregó ahora el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania “que ha implicado impactos significativos en los precios a nivel internacional”, con impacto en la canasta alimentaria argentina, agregó.

“Hoy se ve en los precios que se pagan en los commodities, con un aumento significativo de precios” y puso el caso de alimentos que insumen trigo, huevos, aceite. “Esto está afectando la situación económica de la Argentina”, advirtió, considerando que en este contexto “es responsabilidad de nuestro gobierno construir certezas en un contexto de incertezas”.

Por eso consideró necesario “resolver las tensiones en la balanza de pagos”, y por ello habló en primer lugar del objetivo de poder contar con el financiamiento para hacer frente a los financiamientos establecidos en el programa stand by de 2018.

Para ello, dijo, “se requiere acordar un programa que incluye una serie de compromisos y metas de policía económica. Lo que el Gobierno nacional ha hecho es negociar un conjunto de condiciones que san conducentes con los objetivos económicos y sociales que apuntamos”.

Guzmán contó que con el Fondo se negocia en dos niveles. Con el staff, en construir condiciones que dén lugar a un programa con los objetivos dados; y con los accionistas, que son los países del mundo, para construir condiciones financieras que protejan las distintas economías del mundo, en especial la Argentina.

Desde el punto de vista estructural del programa, el ministro señaló que “ha ido dándose un proceso de construcción de entendimientos. “Se considera que la principal restricción al crecimiento es la externa, la restricción de divisas”, dijo, por lo cual “es fundamental contar con la capacidad de dar desarrollo a los sectores con capacidad de generar divisas”.

Habló de la necesidad de profundizar el desarrollo del mercado de capitales y de la deuda pública en nuestra propia moneda, para que haya mayores capacidades de financiamiento.

Resaltó que se ha logrado establecer un esquema diferente de lo que históricamente han sido los programas del FMI, que se han enfocado en reformas del tipo laboral, jubilatoria… No hay en este programa acordado “reformas que desde lo estructural quiten derechos”, aseguró nuevamente Guzmán.

En otro pasaje el ministro de Economía habló del objetivo de lograr un crecimiento de reservas que sería del orden de los 5.800 millones de acumulación para este año y 15.000 para el período 2022/2024.

Luego habló del sendero fiscal, persiguiéndose objetivos de corto y mediano plazo. En ese sentido destacó el rol que para el Gobierno nacional cumple el Estado en la economía, para “apuntalar la recuperación económica en curso y contribuir condiciones que den lugar a un mayor dinamismo de la economía”.

Tras señalar la necesidad de evitar ajustes del gasto real que “desestabilicen la recuperación en curso”, se refirió a la reducción radual del déficit fiscal para poder fortalecer el crédito publico y la moneda en un contexto en el que las restricciones crediticias son operativas en Argentina.

Martín Guzmán planteó la necesidad de reducir la emisión monetaria y dijo que se plantea un objetivo de resultado primario fiscal de 2,5% en 2022; 1,9 en 2023 y 0,9 en 2024; y financiamiento del Banco Central al Tesoro del 1% del producto en 2022; 0,6 del producto en 2023, convergiendo a 0 en el 2024.

El ministro de Economía cerró valorando la herramienta que dispone requerir la aprobación del Congreso “porque son decisiones que tienen impacto en la vida de los argentinos y las argentinas por generaciones. Entonces no es sano que un gobierno de turno pueda actuar en una forma que sin un amplio respaldo implique la posibilidad de seguir un camino muy nocivo para la Argentina”.

El Salón Azul será epicentro este lunes a partir de las 15 del inicio del debate de proyecto de ley para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Será en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que  preside el riojano Ricardo Guerra (FdT).

Igual que hace una semana en Diputados, la reunión contará con la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce; el ministro de Producción, Matías Kulfas; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el secretario de Hacienda Raúl Rigo y Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI.

Previamente, a las 13, el bloque Frente de Todos que conduce José Mayans mantendrá una reunión para analizar la estrategia a desarrollar a lo largo de la presente semana.

La segunda jornada de debate continuará el martes a las 14, ya sin invitados y para ir avanzando hacia el dictamen.

La idea es que esta misma semana se vote en el recinto, para lo cual será necesario contar con los 2/3 para el tratamiento del proyecto sobre tablas. Diversos integrantes del interbloque Juntos por el Cambio adelantaron su disposición a brindar ese servicio.

El proyecto consensuado entre el oficialismo y la oposición en la Cámara baja recibió en la madrugada de este viernes 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones. La mayoría de los rechazos y todas las abstenciones fueron desde el propio Frente de Todos, con Máximo Kirchner a la cabeza, quien apareció solo al final de la sesión.

Se sabe que en el Senado, presidido por Cristina Kirchner, quien tras la votación difundió un video con críticas al FMI en referencia a los destrozos que sufrió su despacho por las protestas en la calle, también habrá legisladores que no acompañarán el proyecto del Gobierno. No obstante, dentro de la bancada que conduce el formoseño José Mayans la mayoría se predispone a aprobarlo.

Además, la posición de Juntos por el Cambio, que votó casi unánime en Diputados -pues el único que lo hizo en contra fue el socio liberal Ricardo López Murphy-, vislumbra que la iniciativa pueda tener un tratamiento rápido y el apoyo necesario para que salga la ley.

No era un dato menor el resultado de la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en Diputados. Todos sostenían que necesitaba un amplio apoyo para complementar ese gesto hacia el propio FMI, cuyo board deberá ponerle la firma una vez que esté la aprobación legislativa correspondiente. Pero más allá de ese amplio respaldo que adornaría el acuerdo a los ojos del Fondo, los propios consideraban indispensable un apoyo importante fundamentalmente para el paso que viene: el tratamiento en el Senado.

Allí gobierna Cristina Fernández de Kirchner, a quien muchos le adjudican haber dicho que no se convertiría en su vice “malquerido”, Julio César Cleto Cobos. Ella no votaría de manera no positiva si le tocara decidir. En rigor, no hace falta que lo haya dicho, no hay duda que es lo que piensa: ella nunca desempataría de un modo que habilitara tal comparación. Pero jamás permitiría llegar a esa instancia en un ámbito donde reina. ¿O por ventura alguien piensa que podría dejarse poner en la instancia de decidir ella acordar con el Fondo?

Por eso era indispensable un respaldo contundente en Diputados que liberara de dudas a los senadores y los pusiera en una situación distinta: la de estar obligados a completar la faena de la otra Cámara en el sentido del mandamiento y las necesidades del Gobierno del Frente de Todos.

Con todo, la primera señal esbozada por Cristina Fernández de Kirchner no fue halagüeña para el gusto de la Rosada. La vicepresidenta no se pronunció nunca sobre el tema desde que el 28 de enero se anunció el entendimiento, pero lo hizo a través de su hijo Máximo, más allá de que el presidente le haya atribuido haberle pedido que reconsiderara su renuncia.

Volvió a hacerlo cuando el viernes, pocas horas después de la media sanción, difundió el video sobre “el ataque” a su despacho; más que una victimización pareció tratar de mostrar un juicio de valor para con el Fondo Monetario. Que sigue siendo el mismo de siempre.

Se diferenció del paso dado por el presidente Alberto Fernández y a continuación dio vía libre para el tratamiento en la Cámara alta.

Allí se iniciará este lunes el debate. Con la presencia del ministro Martín Guzmán, a partir de las 15. Será el mismo esquema que en la otra Cámara, con la presencia de los funcionarios que lo acompañaron al plenario de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas.

Pero hasta ahí las similitudes. Ya de por sí en el Senado no habrá plenario, pues no hay comisión de Finanzas. Solo estarán los miembros de Presupuesto y Hacienda, comisión que conduce el riojano Ricardo Guerra, quien asumió el año pasado para completar el mandato del fallecido expresidente Carlos Saúl Menem.

El martes, según lo anunciado, continuará a partir de las 14 el debate en comisión, pero no se anticipa la presencia de invitados, como sucedió la última semana en la Cámara baja, adonde concurrieron sindicalistas, empresarios y gobernadores. En el caso del Senado, irán directamente al dictamen y luego, según ha confirmado el propio presidente del bloque oficialista, José Mayans, tratarán de sesionar en el transcurso de la semana. Todo indica que el jueves.

Para eso deberán sortear la regla estricta que se cumple en el Senado de dejar pasar 7 días entre la emisión del dictamen y el debate. Sucede que el 22 de marzo es la fecha en la que Argentina tiene un vencimiento con el Fondo que no puede cumplir. Si hay entonces cuestiones burocráticas pendientes, que no sean por culpa de Argentina.

¿Cuenta con la posibilidad de los 2/3 necesarios para sesionar de un día para otro? Si hay disposición de la oposición, sí. Y la hay, según adelantaron desde Juntos por el Cambio y quedó claro a partir de la votación casi unánime que tuvieron en la otra Cámara. Ese fue también un gesto que necesitaba el oficialismo que diera la principal oposición hacia sus propios senadores.

Con los votos ajenos asegurados, ¿cuántos le puede aportar el Frente de Todos a la aprobación? Según el poroteo preliminar hecho por parlamentario.com, unos 22 votos a favor, contra unos 13 negativos como máximo.

Hay que destacar que si bien los gobernadores esta vez no se harán presentes en el Senado, su paso por Diputados fue contundente según estiman en esa Cámara. Y debe haberles dejado claro ya lo que deben hacer en el Senado.

La última semana pasaron por la Casa Rosada y el Congreso

los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Omar Perotti (Santa Fe) y los vicegobernadores Carlos Silva Neder (Santiago del Estero) y Eugenio Quiroga (Santa Cruz). En Diputados también estuvo el jujeño Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio, con un discurso contundente.

A partir de esa postura se descuenta el voto favorable al acuerdo de los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Daniel Bensusán (La Pampa), Maurice Closs (Misiones), Lucía Corpacci (Catamarca), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), María Teresa González (Formosa), Ricardo Guerra (La Rioja), Edgardo Kueider (Entre Ríos), Sergio “Oso” Leavy (Salta), Claudia Abdala de Zamora (Santiago del Estero), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Carlos Linares (Chubut), Cristina López Valverde (San Juan), José Mayans (Formosa), Sandra Mariela Mendoza (Tucumán), Gerardo Montenegro (Santiago del Estero), José Neder (Santiago del Estero), José Antonio Rodas (Chaco), Guillermo Snopek (Jujuy), José Rubén Uñac (San Juan) y Pablo Yedlin (Tucumán). Habría que sumar también al puntano Adolfo Rodríguez Saá, enemistado con su hermano gobernador, cuyos diputados no votaron el acuerdo.

En contra, mas no necesariamente votando así -tal vez absteniéndose-, habrá que considerar a la puntana María Eugenia Catalfamo, a Juliana Di Tullio ya los camporistas Martín Doñate (Río Negro), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Mariano Recalde (CABA) y Matías Rodríguez (Tierra del Fuego).  

También por supuesto a Oscar Parrilli (Neuquén), a su comprovinciana Silvia Sapag, muy cercana a la vicepresidenta; a la santacruceña Ana María Ianni, a la fueguina María Eugenia Duré y la chaqueña María Inés Pilatti Vergara. También la salteña Nora del Valle Giménez reveló días pasado un rechazo al acuerdo con el Fondo que veremos si se traduce en el mismo sentido al a hora de votar, y probablemente no apoye el acuerdo Silvina García Larraburu, muy cercana a la vicepresidenta, aunque algunas veces ha tomado distancia en temas como el aborto cuando se debatió en 2018.

A priori, el oficialismo no debería contar con los mencionados 13 senadores.

En ese caso, suponiendo una votación unificada del interbloque JxC, mas el respaldo de Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana, la riojana Clara Vega y la cordobesa Alejandra Vigo, el aval al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría salir con un total de 59 votos sobre 72.

Un dato a esta altura anecdótico. La Comisión de Presupuesto que deberá dictaminar cuenta con estos 17 senadores: Ricardo Guerra, Víctor Zimmermann, Juliana Di Tullio, Edgardo Kueider, María Teresa González, Antonio Rodas, Ana María Ianni, Maurice Closs, Marcelo Lewandowski, Carlos Alberto Linares, Julio Martínez, Flavio Fama, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Ignacio Torres, Juan Carlos Romero y Alberto Weretilneck. Teniendo en cuenta todo lo apuntado, el dictamen saldría al menos con 15 firmas.

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley para refinanciar la deuda con el FMI, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FdT) arrancará con su tratamiento el próximo lunes.

La reunión, que fue citada oficialmente a las 15 en el Salón Azul, contará con la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. La segunda jornada de debate continuará el martes a las 14.

El proyecto consensuado entre el oficialismo y la oposición en la Cámara baja recibió en la madrugada de este viernes 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones. La mayoría de los rechazos y todas las abstenciones fueron desde el propio Frente de Todos, con Máximo Kirchner a la cabeza, quien apareció solo al final de la sesión.

Se sabe que en el Senado, presidido por Cristina Kirchner, quien tras la votación difundió un vídeo con críticas al FMI en referencia a los destrozos que sufrió su despacho por las protestas en la calle, también habrá legisladores que no acompañarán el proyecto del Gobierno. No obstante, dentro de la bancada que conduce el formoseño José Mayans la mayoría se predispone a aprobarlo.

Además, la posición de Juntos por el Cambio, que votó casi unánime en Diputados -pues el único que lo hizo en contra fue el socio liberal Ricardo López Murphy-, vislumbra que la iniciativa pueda tener un tratamiento rápido e incluso obtener los dos tercios para su tratamiento sobre tablas y no tener que esperar así los siete días entre el dictamen y su discusión en el recinto, como es habitual en Senado.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales ratificó este miércoles por unanimidad al senador neuquino Oscar Parrilli presidente y a la senadora tucumana Sandra Mendoza como secretaria.

En una reunión celebrada en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, el senador formoseño José Mayans, en su condición de titular del bloque oficialista, propuso a Parrilli y Mendoza, para ejercer la presidencia y la secretaría de la comisión.

En tanto, se acordó que la vicepresidencia quedará en reserva para un miembro del interbloque de Juntos para el Cambio, cuyo nombre se definirá en el seno de la principal bancada de oposición, según informó el presidente del bloque Pro Humberto Schiavoni.

Además se acordó que la comisión tendrá como días de funcionamiento los miércoles a las 18.

Tras ser confirmado al frente de la Comisión, el senador Parrilli recordó que el año pasado fue secundado por el ahora exsenador cordobés Ernesto Martínez “con el que trabajamos muy bien, con un trabajo muy racional y muy lógico” y destacó que la tarea realizada tuvo “la participación de todos los sectores”.

A su turno Mendoza, que llegó al Senado en diciembre pasado, anticipó que desde su lugar en la secretaría de la comisión “vamos a trabajar uniendo criterios para brindar lo mejor de cada uno para que los proyectos sean consensuados y puedan ser ley para beneficio de todos los argentinos”.

Antes de finalizar el encuentro Mayans recordó que la Comisión de Justicia y Asuntos Penales “tiene el tema del Consejo de la Magistratura y creo que estamos cerca de ese tratamiento” lo cual será “un desafío muy importante tanto para esta comisión como para la de Asuntos Constitucionales”.

Por José Angel Di Mauro

El Congreso de la Nación se apresta a vivir su primera semana intensa en este año y muy probablemente sea también la más trascendente. Después de mucho esperar llega el momento de debatir el entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Una instancia muy demorada; demasiado, según quienes sostienen que el Gobierno perdió una gran oportunidad de llegar a un acuerdo conveniente en plena pandemia, cuando tenía más posibilidades de pedir concesiones, dadas las circunstancias. A estas alturas no tienen sentido estos planteos contrafácticos.

El acuerdo con el Fondo fue anunciado el 28 de enero pasado, cuando aún no habían sido cerradas todas las cláusulas, y el entendimiento final demoró un mes más. Está claro que en semejante retraso influyó de manera concluyente el hecho político más impactante del verano: la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista.

Tan importante fue esa decisión que generó un efecto paralizante en el oficialismo que se notó no solo en la demora en cerrar el acuerdo, sino también en las sesiones extraordinarias, que terminaron fracasando. Por primera vez un oficialismo convoca a extraordinarias y no trata ni uno de los proyectos que remitió al Congreso. Y eso que no fueron dos o tres: 18 temas contenía el decreto presidencial suscripto en enero.

Las resistencias internas en el seno del oficialismo han generado previsible efecto en la principal oposición, que tiene claro que el FdT necesita el aporte de al menos una parte de Juntos por el Cambio para aprobar el acuerdo con el Fondo. Por sí solo, el Frente de Todos cuenta con 117 votos, y solo tiene la certeza del apoyo de los 5 diputados de Provincias Unidas. Podría llegar a sumar los dos votos de SER, y un par más del interbloque Federal, donde solo los cordobeses del schiarettismo se han pronunciado: darán quórum, pero se abstendrán a la hora de votar.

Con ese número no alcanza, máxime si se tiene en cuenta que entre 20 y 30 diputados del oficialismo podrían no votar el acuerdo.

Yo y mucha gente tendremos que taparnos la nariz para votar”, señaló quien será el miembro informante del oficialismo durante el debate.

Ninguno de los eventuales disidentes del Frente de Todos ha confirmado que vaya a votar en contra. Pero es un secreto a voces que en el mejor de los casos se ausentarán o se abstendrán; José Luis Gioja dijo este fin de semana que “no podemos tachar de no colaborador al que quiera votar en contra”, blanqueando la certeza de que son muchos los que no apretarán el botón del “sí” a la hora de la verdad, posiblemente en la madrugada o antes del mediodía del viernes.

El propio Carlos Heller, quien conducirá el debate en el plenario de comisiones donde se analizará el proyecto enviado al Congreso el viernes pasado, admitió que votará a regañadientes… “Yo y mucha gente tendremos que taparnos la nariz para votar”, señaló quien justamente será el miembro informante del dictamen de mayoría, aunque dio por descontada su aprobación.

Esa confianza se asienta en la certeza de que al menos una parte de Juntos por el Cambio apoyará el proyecto para evitar el default. Lo cierto es que las propias disidencias en el oficialismo son las que han hecho crecer las dudas en el seno opositor.

En la principal oposición hay coincidencias respecto de evitar que la Argentina vaya al default. Si bien algunos halcones del Pro abonan la idea de que hace falta un derrumbe para que la sociedad acepte las reformas “que ineludiblemente se deben hacer para cambiar”, están quienes advierten que un “efecto 2001” solo llevaría a un nuevo “que se vayan todos”, esta vez con el peronismo en el poder. Y que los ganadores de las últimas elecciones no saldrían bien parados de semejante situación, más bien todo lo contrario: la ola los arrastraría.

Se ignora si los han convencido.

Es la llama que alienta a los que ya adelantaron un voto contrario, aun antes de conocer la letra chica del acuerdo. La izquierda, pero sobre todo los libertarios. “Es una vergüenza seguir castigando al sector privado en favor de los parásitos”, disparó el diputado Javier Milei este fin de semana, quien sostuvo por Radio Rivadavia que “el acuerdo tiene problemas de inconsistencias técnicas graves, en lo teórico, lo empírico y en el diseño. No estoy dispuesto a aprobarlo desde lo técnico y muchísimo menos desde lo moral”. Y agregó: “Este acuerdo con tal de evitar el default te convierte en un esclavo del Estado”, por lo que obviamente votará en contra.

“Dar quórum y abstenerse”, es la recomendación del politólogo Andrés Malamud para Juntos por el Cambio dada este fin de semana. Por CNN Radio, el investigador de la Universidad de Lisboa reconoció que en el seno de la oposición genera la debida discusión “cómo hacer para no ser cómplice ni obstruccionista”. Y agregó: “No dar quórum es una medida extrema. Hay que dar quórum y discutirlo, dar el debate. En este caso con más razón, porque Juntos por el Cambio es responsable de esa deuda, sea por el caso que sea. El tema es qué se hace después, y acá hay que priorizar la unidad”.

Es una vergüenza seguir castigando al sector privado en favor de los parásitos”, disparó el diputado Javier Milei este fin de semana.

Con esa premisa es que este domingo se reunirá la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que dadas las circunstancias adelantó la reunión que preveía realizar de manera presencial el martes. Ahora será por Zoom, a partir de las 19, y la consigna es bajar una línea clara a todos sus diputados, pues dentro de pocos días deberán mostrar una imagen más sólida que la difusa que quedó en las últimas sesiones del año pasado. No tanto la última, donde perdió la votación por ausencias inesperadas; lo de la sesión del Presupuesto, que terminó rechazado, fue aún más complicado para la interna opositora, pues se desnudaron las discrepancias que el tema generaba en el espacio. Discrepancias que quedaron expuestas en los desordenados conciliábulos de la mañana de ese viernes en el propio recinto, pero sobre todo a los gritos en la reunión a solas que mantuvieron durante el último cuarto intermedio.

A diferencia de entonces, cuando el oficialismo se resistía a cambiar nada y todo confluyó en el choque final, ahora los negociadores aceptaron nada menos que desdoblar un artículo, tal cual como pidieron desde JxC para evitar verse obligados a votar en contra. Con todo, ahora los del bloque UCR no están tan convencidos con el desdoblamiento de la manera que lo hizo.

En las horas previas, Martín Guzmán lo había esbozado cuando en un extenso reportaje concedido a El Destape Radio aclaró que no se podía separar el financiamiento del FMI del esquema de políticas económicas.

En esas circunstancias fue que una fuente radical explicó que “el proyecto ingresó finalmente con dos artículos desdoblando la autorización del refinanciamiento del programa de gobierno por el cual se buscará cumplir con las metas acordadas con el Fondo. Sin embargo, hay todavía mucho ruido. El ministro Guzmán declaró en radio que ‘las dos cosas no son escindibles, vienen juntas’ y, a la vez, vemos que el artículo segundo ingresado reza ‘a los fines del artículo 1ero se acompañan los Anexos que componen el Programa de Facilidades Extendidas’”.

En ese sentido, la fuente agregó que “hay un desdoblamiento de los artículos a medias, no es total. En Juntos por el Cambio siempre dijimos que el Congreso solo está autorizado a votar el financiamiento, los programas económicos son facultades del Poder Ejecutivo y el Parlamento no tiene por qué opinar o avalarlos”.

Más allá de las sesiones de diciembre pasado a las que hacíamos referencia, tampoco fue más tranquilizadora para JxC la del martes pasado, cuando una parte importante del interbloque se retiró del recinto. Desde el Pro no objetaron mayormente que el resto del espacio no los haya acompañado -aunque el expresidente esté muy enojado, dicen, con Martín Lousteau por no haberse retirado también-, pero no cayeron bien las voces de algunos que cuestionaron esa actitud.

Tampoco les cae bien que en el mensaje que acompaña el proyecto del acuerdo se dedique buena parte del texto a criticar a la gestión anterior, incluso con consideraciones que estiman “gratuitas”, como hablar de una deuda externa “irresponsablemente aumentada durante el período diciembre de 2015 y marzo de 2018”.

Así y todo el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, salió a aventar fantasmas este sábado al desligar una decisión de JxC de la actitud que vayan a tener los diputados del oficialismo. “Tal vez somos más responsables desde la oposición con el país que el oficialismo mismo”, sugirió el diputado nacional, aunque conforme la decisión imperante en ese espacio evitarán definirse antes de ir al recinto.

Está claro que no votarán de manera homogénea, pero no lo harán masivamente en contra como para hacer fracasar el proyecto. La alternativa de la abstención parece ganar espacio por estos días, pero deja un panorama inquietante para lo que pueda suceder en el Senado.

Es que allí se comenzará a debatir el tema seguramente el lunes 14. Si el debate es exprés, podrían emitir dictamen de comisiones ese mismo día y llevarlo el 21 al recinto, cumpliendo entonces los 7 días de rigor entre el dictamen y el debate. La aprobación podría estar justo antes del vencimiento del próximo pago al FMI, el 22. Lo que inquieta es que, a diferencia de Diputados, las abstenciones en el Senado no cuentan para el quórum.

Se constituyó este jueves la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que eligió por unanimidad para seguir presidiéndola al puntano Adolfo Rodríguez Saá.

Martín Lousteau fue elegido por Juntos por el Cambio como vicepresidente de la misma, y es el único cargo que definió hasta ahora en las nuevas comisiones constituidas, salvo la de Presupuesto que se constituyó el año pasado.

El secretario de la comisión es ahora el tucumano Pablo Yedlin.

El resto de los integrantes de la comisión son los oficialistas María Inés Pilatti Vergara, Eugenia Duré, Nora del Valle Giménez, Guillermo Andrada, Guillermo Montenegro, Silvia Sapag y Silvina García Larraburu. Por Juntos por el Cambio fueron designados Lucila Crexell, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Humberto Schiavoni, Víctor Zimmermann, Carolina Losada y Mariana Juri.

Están también la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana.

Al hacer uso de la palabra, el senador Rodríguez Saá resaltó la manera consensuada con la que trabajaron el año pasado, cuando le tocó suceder en el cargo a Jorge Taiana, y destacó que arrancaron con un tema como el del reclamo chileno por la plataforma continental, tema en el que trabajaron codo a codo oficialistas y opositores.

A su turno, Lousteau agradeció por su designación y señaló que “el espíritu va ser doblemente relevante teniendo en cuenta el contexto global”. Hizo alusión así a “la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania” cuyas consecuencias “de corto, mediano y largo alcance” todavía no conocemos.

Una de las comisiones clave de la Cámara alta, Asuntos Constitucionales, fue constituida este jueves y al frente estará el jujeño oficialista Guillermo Snopek, en tanto que el secretario de la misma  seguirá siendo el rionegrino Alberto Weretilneck.

La vicepresidencia quedará en manos de Juntos por el Cambio, que aún no eligió a quien ocupará ese cargo.

Además de Snopek y Weretilneck integran la comisión los oficialistas Daniel Bensusan, Silvia Sapag, Sergio Leavy; José Neder, Sandra Mendoza, José Uñac, Mariano Recalde, Cristina López Valverde y María Inés Pilatti Vergara.

Por Juntos por el Cambio están Lucila Crexell, Luis Juez, José Torello, Luis Naidenoff, Silvia Giacoppo, Pablo Blanco, Mariana Juri y Eduardo Vischi.

Para el nuevo titular de la comisión, el consenso alcanzado para las designaciones “marca un clima que podría ser el que tenga el Senado: de diálogo, propuestas y discusión, volviendo a reivindicar lo que era esta comisión que en los últimos años trabajó en el marco de la pandemia a través de la distancia. Hoy nos toca una nueva etapa”.

Luego Snopek celebró que “después de 27 años vuelve a presidir esta comisión un jujeño, lo que habla del federalismo, y nos pone también mucha responsabilidad encima”.

Hablando de responsabilidad, el titular del bloque, José Mayans, recordó que esa comisión será cabecera del tratamiento del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que se debatirá también con los integrantes de Justicia y Asuntos Penales. “Esperamos ese debate que va a ser sumamente importante, una vez que fijen el cronograma. Van a tener un lindo trabajo para hacer, así que les deseamos éxito en la gestióin para este tiempo que va a ser bastante difícil”.

Como es común en estas jornadas, no solo el Parlamento está revolucionado, sino toda el área circundante del Palacio Legislativo, a propósito de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Alberto Fernández inaugurará el 140° período de sesiones ordinarias.

Así es que el acceso al Congreso está totalmente restringido al personal de la casa habilitado para ingresar, los legisladores y ministros del Gabinete y el periodismo acreditado para esta ocasión especial, todos los cuales reciben pulseras que los habilitan para transitar el edificio legislativo.

Las puertas que dan a la avenida Entre Ríos, por donde ingresará el presidente de la Nación, ya se encuentran abiertas, y las alfombras han sido colocadas, extendidas hasta el recinto de la Cámara de Diputados, luego de atravesar el Salón Azul y el de Pasos Perdidos.

Prevista originalmente para las 10.30, la sesión se iniciará seguramente una hora más tarde, y tras el izamiento de la bandera y la entonación del himno, se procederá a la designación de las comisiones de recepción de Exterior e Interior. Luego se pasará a un cuarto intermedio a la espera del arribo del presidente Alberto Fernández.

A las 11.50 está prevista la llegada del presidente de la Nación, que será recibido por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y el de Diputados, Sergio Massa, más la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

A las 12 está previsto el inicio del mensaje por parte de Alberto Fernández.

Está dicho que el Gobierno de Alberto Fernández anuncia mucho más de lo que en la práctica concreta. Sin ir más lejos, es lo que sucedió este verano con las sesiones extraordinarias, que anunció de manera reiterada y solo terminó convocando en febrero… sin que a la postre se tratara ni uno de los 18 temas que incluía el decreto con el que las convocó.

Pero esta ya es una práctica, habida cuenta de lo que sucedió en la anterior apertura de sesiones ordinarias. En efecto, el 1° de marzo de 2021 el presidente anunció que enviaría al Congreso a lo largo del año una serie de proyectos de ley, la mayoría de los cuales terminó incluyendo en la convocatoria a extraordinarias de este año. Y que por ende siguen sin ser aprobados.

Veamos cuáles son, qué dijo en la Asamblea Legislativa del año pasado Alberto Fernández, y qué sucedió con esa media docena de iniciativas.

Movilidad sustentable

“El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio o el uso del hidrógeno verde. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero. Implementaremos incentivos tanto en la incorporación de movilidad sustentable como de la producción en el país de ese tipo de vehículos y su cadena de valor, que comienza en el litio”.

Estado del proyecto: con el nombre de Ley de Promoción de la Electromovilidad, el proyecto del Ejecutivo fue enviado a Diputados recién el 24 de enero de este año para su tratamiento en las extraordinarias que ya concluyeron.

Incentivos para el sector automotriz

“Luego de un año de trabajo con los actores de la cadena automotriz, empresarios fabricantes de autos y autopartes, trabajadores y el Gobierno, llegamos a un acuerdo para este proyecto de ley que incluye dos grandes capítulos: incentivos fiscales para la inversión y la creación del Instituto de la Movilidad. La ley facilitará la realización de inversiones por más de 5.000 millones de dólares”.

Estado del proyecto: se denomina Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz – Autopartista y su cadena de valor y fue enviado por el Poder Ejecutivo el 12 de agosto de 2021. Su tratamiento en comisiones nunca arrancó.

Cannabis medicinal

“El cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales. La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años. El proyecto prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial”.

Estado del proyecto: el Marco Regulatorio para el Desarrollo Industrial del Cannabis Medicinal y el Cáñamo tuvo media sanción del Senado por 56 votos a favor, 5 en contra y una abstención, el 16 de julio de 2021. Fue incluido en el temario de extraordinarias y no fue tratado nunca en Diputados.

Compras del Estado

“Vamos a proponer mejoras para fortalecer las compras nacionales de medicamentos: la elevación de márgenes de preferencia para empresas nacionales, hasta el 20% para el caso de PyMES; y promover nuevas herramientas como las compras públicas para la innovación, estimulando al sector privado para proveer soluciones creativas a problemas de gestión pública”.

Estado del proyecto: el proyecto de ley de Compre Argentino y Desarrollo para Proveedores recién fue enviado por el Poder Ejecutivo el 27 de diciembre de 2021 y obviamente no fue tratado en extraordinarias.

Incentivos para el sector agroindustrial

“Hemos trabajado durante 2020 con el Consejo Agroindustrial Argentino en iniciativas destinadas a fortalecer la inversión para agregar valor, aumentar la producción y las exportaciones. Vamos a promover la inversión agroindustrial con incentivos impositivos y previsibilidad para estimular las inversiones en el sector, generando más empleo y valor agregado”.

Estado del proyecto: el Gobierno envió la iniciativa el 11 de noviembre del año pasado. Se denomina Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, inclusivo, sustentable y exportador. Nunca avanzó su tratamiento.

Ley de hidrocarburos

“Vamos a promover la industria hidrocarburífera mediante el envío de una ley que aborde en forma integral al sector, desde su extracción hasta su industrialización, y genere las condiciones para el desarrollo de los recursos energéticos que tiene el país en beneficio de los argentinos y las argentinas”.

Estado del proyecto: no hay todavía un texto de esa iniciativa. El 22 de septiembre de 2021 el secretario de Energía, Darío Martínez, se presentó ante un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta para defender lo denominó la nueva ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, pero esa fue la única actividad que tuvo dicha iniciativa en el Congreso.

Desdolarización de los servicios públicos

“Enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos”.

Estado del proyecto: nunca fue enviado.

Sistema de Cuidados

“Presentamos al Congreso Nacional el proyecto para la creación de un Sistema Integral de Cuidados y consolidación del Mapa Federal de cuidados”.

Estado del proyecto: el proyecto no entró nunca al Parlamento.

Recurso extraordinario ante la Corte

“El primero (de los proyectos) tiene que ver con el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Propondremos reformas a efectos de establecer la exacta competencia del máximo tribunal consistente en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias. Propiciaremos también que las cuestiones vinculadas a lo que jurisprudencialmente se ha denominado ‘arbitrariedad’ sean exactamente definidas para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa. Con el mismo fin, elevaremos un proyecto de ley que reglamente adecuadamente el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial”.

Estado de los proyectos: no fueron enviados al Congreso.

Reforma del Consejo de la Magistratura

“Enviaré a este Honorable cuerpo legislativo un proyecto de ley que reformule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como órgano constitucional que debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina. Este es un reclamo que la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo hace años”.

Estado del proyecto: fue enviado unos días antes de que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la ley constitutiva del Consejo actual. Está en el Senado y figuraba para ser abordado en extraordinarias, pero eso no sucedió.

Tribunal Federal de Garantías

“Quiero anunciarles también que consultaré con los señores gobernadores de nuestras queridas provincias, en aplicación del artículo 125 de la Constitución Nacional, nuestra idea de promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.

Estado del proyecto: no lo enviaron.

Juicio por jurados

“Propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal”.

Estado del proyecto: nunca fue enviado al Congreso.

Ley de Financiamiento Educativo y Ley de Educación Superior

“Avanzaremos, además, en la creación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, recuperando la importante experiencia de la Ley creada durante el gobierno de mí siempre recordado Néstor Kirchner. Retomaremos la convocatoria a debatir una nueva Ley de Educación Superior”.

Estado del proyecto: no fue enviado.

Pueblos originarios

“La Constitución de 1994 estableció derechos claros para los pueblos originarios. En 2020 hemos avanzado en resolver más de 50 situación de reconocimiento de posesión que establece la Ley 26.160. Este año enviaremos el proyecto de renovación de esa ley e iniciaremos la reparación histórica que establece la manda constitucional. Reconocemos a todas las voces e identidades que convivimos en Argentina”.

Estado del proyecto: una ley definitiva sigue pendiente. Tuvo media sanción del Senado, pero no fue tratada en Diputados, por lo que se aprobó una nueva prórroga por decreto.

Deuda externa

“El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso Nacional para garantizar la sostenibilidad y la transparencia como políticas de Estado”.

Estado del proyecto: como el entendimiento con el FMI recién fue anunciado el 28 de enero de este año, todavía se sigue esperando en el Congreso el envío del texto.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, inaugurará este martes el 140° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, con un mensaje que estará signado por el debate central que se apresta a encarar el Parlamento en los próximos días: el acuerdo con el Fondo Monetario.

Obligado por la Ley 27.612, de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que esta misma administración decidió hacer votar el año pasado, el oficialismo deberá hacer aprobar por ambas cámaras el acuerdo con el FMI, lo cual ha generado un clima deliberativo en el seno del Frente de Todos, cuyo punto máximo de tensión estuvo marcado por la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque.

Pero más allá de esa decisión que marcó un punto de inflexión en el frente constituido en 2019, todos los ojos estarán puestos este martes en la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sentada a la izquierda del primer mandatario, la titular del Senado volverá a mostrarse junto a su compañero de fórmula, pero sobre todo habrá una gran expectativa en ver sus gestos durante el discurso de Alberto Fernández. Sobre todo cuando haga referencia a las negociaciones con el FMI, que se espera anuncie como concluidas, de cara al envío al Congreso del proyecto para aprobar el acuerdo.

Cristina Fernández de Kirchner se ha mantenido en silencio desde el 28 de enero pasado, cuando se anunció el acuerdo, y el presidente admitió en declaraciones al periodismo que ella tiene diferencias con el entendimiento, pero aseguró que no compartía la decisión de su hijo de dejar la presidencia del bloque oficialista, al punto tal de haberle pedido reconsiderarla. Es al menos lo que dijo Alberto Fernández.

La vicepresidenta no habló tampoco a través de sus redes sociales, ni de ese, ni de ningún otro tema. Ni siquiera contestó los saludos por su cumpleaños, el 19 de febrero pasado. En el Gobierno valoran ese gesto, aunque temen que en cualquier momento haga trascender de algún modo su disconformidad.

Por lo pronto, CFK ya reapareció en público el jueves pasado, para presidir la sesión preparatoria del Senado, y esa vez se mostró distendida.

A la derecha del presidente de la Nación se sentará este martes el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien ha contribuido en buena medida al avance del entendimiento con el FMI, según ha podido saberse. El será -junto a Germán Martínez, sucesor de Máximo Kirchner- el encargado de llevar adelante buena parte de la tarea de reunir los votos necesarios para aprobar el acuerdo en la Cámara baja con la mayor cantidad posible.

El tema del acuerdo con el FMI será entonces el que más expectativa atraerá este martes, aunque no se sabe cuánto tiempo le dedicará el presidente al mismo, ni tampoco qué lugar ocupará en el orden del discurso en cuya elaboración colaboran los asesores presidenciales Alejandro Grimson y Ricardo Forster.

La inflación será otra cuestión a la que el primer mandatario se referirá sin dudas, haciendo hincapié en el control de precios para combatirla. Hablará del tema, según ha trascendido, como una de las prioridades de esta administración.

La cuestión económica será comentada por el presidente en el marco de datos auspiciosos que le han aportado sus funcionarios para su difusión. Fernández hará hincapié en el crecimiento de la actividad económica de un 9,3% en el mes de noviembre, enfatizando que es la novena suba consecutiva. También resaltará el crecimiento del 15,8% de la actividad industrial en 2021 y de un 7,1% respecto del año anterior.

Hablará de la construcción, que creció 30,8% respecto de 2020 y 5,4% comparado con 2019. Lo encadenará con el tema del empleo, que  llevará un buen espacio en el discurso presidencial, que enfatizará que en el último trimestre de 2021 la tasa de empleo fue del 42,9% (con 422 mil nuevos puestos de trabajo), la más elevada desde 2016 para un tercer trimestre.

La tasa de desempleo bajó al 8,2%, la menor para un tercer trimestre desde 2016 y en noviembre el empleo total registrado aumentó 3,7% con relación a noviembre 2020.

Para un país ávido de divisas, resaltará el saldo comercial positivo de 2021 del orden de los 14.750 millones de dólares: el segundo mayor registro desde 2009.

Fernández vinculará todos estos datos con la salida de la pandemia, a la que no obviará en su discurso, y respecto a ello pondrá especial énfasis en destacar la campaña de vacunación, con más de 35 millones de argentinos con esquema completo.

Seguramente destacará que ese “logro” fue alcanzado a partir del acuerdo alcanzado en primer lugar con Rusia para la llegada de las vacunas Sputnik V, aunque para equilibrar destacará también la llegada de vacunas de otros orígenes, como las norteamericanas Moderna y Pfizer.

A propósito del acuerdo con Rusia por las vacunas, se espera que haga referencia al conflicto con Ucrania. Difícilmente pronuncie la palabra “invasión”, que sí usó en un comunicado quien estará sentado a su derecha, Sergio Massa, pero reiterará su llamado a un cese del fuego.

Resaltará su reciente viaje a China y los acuerdos alcanzados en ese país, remarcando sobre todo los que tienen que ver con la Ruta de la Seda.

Según adelantaron voceros consultados, también hablará del tema salud mental de la población tras la pandemia, como así también sobre el cambio climático, haciendo especial hincapié en los incendios registrados en la provincia de Corrientes.

En materia de proyectos que vaya a enviar al Congreso, o sobre los que pedirá su aprobación, basta con echar un vistazo en el temario de extraordinarias, ninguna de cuyas iniciativas tuvo tratamiento en el mes de febrero.

Uno de esos proyectos tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Para cumplir con el requerimiento de la Corte Suprema de redactar una nueva ley, sobre el tema el PEN mandó un proyecto al Senado cuyo tratamiento nunca comenzó.

Con la presencia de Cristina Kirchner, quien reapareció públicamente desde el anuncio del acuerdo con el FMI, el Senado realizó este jueves su sesión preparatoria durante la que se designaron a las autoridades y se fijaron los días y horario de sesiones.

La reunión fue para cumplir con el trámite formal que establece el reglamento de la Cámara alta, donde se indica que debe llevarse a cabo cada 24 de febrero, en la antesala de la apertura de un nuevo período ordinario.

El recinto del Senado había estado abierto por última vez el pasado 29 de diciembre, cuando el oficialismo, con ayuda de aliados, sancionó la ley sobre Bienes Personales mientras que Juntos por el Cambio no dio quórum.

Pese a la convocatoria del Poder Ejecutivo, durante febrero no se realizó ninguna sesión extraordinaria en ninguna de las dos cámaras del Congreso.

En la sesión preparatoria, que duró apenas 11 minutos, la santiagueña oficialista Claudia Ledesma Abdala de Zamora fue ratificada como presidenta provisional.

En la vicepresidencia sí hubo cambios: en lugar de Martín Lousteau asumió la radical santafesina Carolina Losada, quien prestó juramento. La senadora, que dejó el periodismo para incursionar en la política e ingresó el pasado 10 de diciembre, debuta a lo grande.

En tanto, en la vicepresidencia primera permanecerá el misionero del Frente de Todos Maurice Closs; y en la vicepresidencia segunda lo hará la porteña del Pro Guadalupe Tagliaferri, que juró para ese cargo el pasado 9 de diciembre en reemplazo de la cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien culminaba su mandato y además fue electa diputada nacional.

También fueron ratificados María Luz Alonso como secretaria administrativa; Marcelo Fuentes, secretario parlamentario; Mariano Cabral, prosecretario administrativo; Juan Pedro Tunessi, prosecretario parlamentario; y Diego Bermúdez Bringue, prosecretario de Coordinación Operativa.

A propuesta del jefe del Frente de Todos, José Mayans, se fijaron los miércoles y jueves a las 14 para la convocatoria a sesiones.

El Senado comenzó este jueves a las 12.10 su sesión preparatoria en la que se designarán a las autoridades del cuerpo. El reglamento de la Cámara alta establece que se realice cada 24 de febrero, antes del comienzo del período ordinario de sesiones.

En la reunión se ratificará como presidenta provisional a la santiagueña oficialista Claudia Ledesma Abdala de Zamora; mientras que en la vicepresidencia habrá un cambio: hasta el año pasado estaba ocupada por el radical Martín Lousteau y ahora será para la santafesina Carolina Losada, quien asumió el pasado 10 de diciembre.

En tanto, en la vicepresidencia primera se mantendrá el misionero oficialista Maurice Closs; mientras que en la vicepresidencia segunda estará la porteña del Pro Guadalupe Tagliaferri.

También se estima que sean ratificados María Luz Alonso como secretaria administrativa; Marcelo Fuentes, secretario parlamentario; Mariano Cabral, prosecretario administrativo; Juan Pedro Tunessi, prosecretario parlamentario; y Diego Bermúdez Bringue, prosecretario de Coordinación Operativa.

Asimismo, se le tomará juramento a José María Torello, exasesor del expresidente Mauricio Macri, como suplente del bonaerense Esteban Bullrich, quien a fines del año pasado decidió dejar su banca debido a su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Las puertas del recinto del Senado volverán a abrirse este jueves. No será para una sesión extraordinaria -que no hubo en ninguna cámara-, sino para la sesión preparatoria que establece el reglamento de la Cámara alta y durante la que se designarán las autoridades.

La reunión fue convocada por la vicepresidenta Cristina Kirchner a partir de las 12. En la sesión se ratificarán la mayoría de las autoridades, como la presidencia provisional, a cargo de la santiagueña oficialista Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

Sin embargo, habrá un cambio en la vicepresidencia, que hasta el año pasado estaba ocupada por el radical Martín Lousteau y ahora será para la santafesina Carolina Losada, quien asumió el pasado 10 de diciembre.

En tanto, en la vicepresidencia primera se mantendrá el misionero oficialista Maurice Closs; mientras que en la vicepresidencia segunda estará la porteña del Pro Guadalupe Tagliaferri.

También se estima que sean ratificados María Luz Alonso como secretaria administrativa; Marcelo Fuentes, secretario parlamentario; Mariano Cabral, prosecretario administrativo; Juan Pedro Tunessi, prosecretario parlamentario; y Diego Bermúdez Bringue, prosecretario de Coordinación Operativa.

Asimismo, se le tomará juramento a José María Torello, exasesor del expresidente Mauricio Macri, como suplente del bonaerense Esteban Bullrich, quien a fines del año pasado decidió dejar su banca debido a su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, se presentó este miércoles ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, para hablar del desastre provocado por los incendios en la provincia de Corrientes. En ese marco, el funcionario detalló lo sucedido con los aviones hidrantes e hizo hincapié en que la gran mayoría de los focos ígneos son provocados por la mano del hombre.

Antes de darle la palabra al ministro, la titular de la comisión, Gladys González, hizo una introducción en la que enfatizó la frase “crisis es oportunidad”, en referencia al hecho de que esta catástrofe ha generado que una comisión que suele ser postergada sea la primera que se reúne este año. “Es triste que sea por una cuestión de desastre y tragedia, pero también una oportunidad para que la gente ponga prioridad en esta materia”, enfatizó.

Asimismo recordó que los hechos de Corrientes generarán una cadena de consecuencias que afectará a toda la población, como por ejemplo el aumento de los productos producidos en esa provincia, como la yerba mate. Así las cosas, remarcó que el cambio climático merece ser tenido en cuenta. “Siempre se subestima la cuestión del cambio climático”, advirtió, por lo que remarcó que la situación requiere que “dejemos de subestimar los cambios climáticos, porque atraviesan todas las políticas”.

A continuación, Juan Cabandié dijo coincidir con la reflexión de la senadora Gladys González, “porque ciertamente estamos ante una situación crítica, pero al mismo tiempo es una oportunidad única. Primero, para esclarecer cómo abordan los estados la problemática de los incendios forestales; la competencia, y es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de generar cambios en todas las instancias del Estado”.

“Los ejecutivos tenemos la obligación frente a los focos ígneos de prevenir y apagar, pero quien tiene que prever con el peso de la ley es la Justicia”, señaló el ministro, que se ocupó en esa primera parte en apuntarle a ese poder por la supuesta falta de resultados. “Apagamos y a los tres días se vuelve a prender”, señaló Cabandié, para recordar luego que “las áreas ambientales no estamos facultadas para investigar a quienes prenden fuego, ni para agarrarlos in situ, juzgarlos imputarlos o procesarlos”.

Y puso como ejemplo que durante todo el año 2020 hubiera una recurrencia de incendios forestales en Entre Ríos, más específicamente en el Delta del Paraná. “Ibamos a apagar y a los tres días estaba prendido de vuelta. La Justicia no descubrió a una persona”, advirtió el funcionario.

Precisó luego que desde su cartera su presentaron ante la Justicia como querellantes, brindando las herramientas técnicas a su alcance para dar con la información georreferenciada de los focos ígneos, datos de catastro, tanto en Entre Ríos, como ahora en Corrientes, “pero la Justicia nunca encontró a nadie. Por eso creemos que además de hacer un relevamiento del Estado nacional frente a los focos ígneos es una oportunidad para normar”, señaló.

Asimismo Cabandié destacó la necesidad de discutir la ley de humedales y recordó que hace pocas semanas iniciaron un proceso para abrir un debate a nivel federal para “poner en discusión una ley de humedales, que lamentablemente perdió estado parlamentario”.

Luego destacó la creación del nuevo Parque Nacional Ansenuza, que con sus 600 mil hectáreas será el parque más grande de la Argentina, además de ser el mayor humedal del país. También destacó la creación de otro parque en el Islote Lobos, en la provincia de Río Negro, como así también el Agujero Azul en la plataforma marina, con lo que se duplicará la cantidad de hectáreas hoy protegidas. Esas tres iniciativas figuraban en el temario de extraordinarias, pero ninguno de los proyectos agendados por el Poder Ejecutivo fue tratado.

A continuación, el ministro de Ambiente mostró filminas donde se advertía que la temperatura supera con creces el promedio histórico en la provincia de Corrientes. Habló del proceso de sequías que tiene el país, y destacó también la bajante histórica del río Paraná, como un “síntoma muy claro de lo que significa el calentamiento global”.

“Estamos en una situación y unos índices de peligrosidad importante”, comentó, destacando que el promedio histórico en los últimos tres ejercicios “ha disminuido considerablemente”. Es de 1.700 milímetros anuales y hubo una disminución de entre 500 y 700 milímetros. “Las lluvias son escasas”, remarcó.

Y los pronósticos no son mejores: para el primer trimestre de 2022 han pronosticado un 50% menos de precipitaciones, y una temperatura del 40% por encima de la media en la provincia.

A continuación, Cabandié advirtió que el 95% de los incendios son por acción humana. “Esto es importante para poner en contexto lo que sucede en el país. En su mayoría por intencionalidad; en menor medida por imprudencia”, comentó. Admitió que “el fuego está contemplado dentro de las prácticas productivas, no estoy inventando la pólvora”. Sostuvo que esa práctica “está muy arraigada en nuestras provincias, nuestros pueblos, pero es cierto que si tenemos una sequía tan prolongada y tenemos un estrés hídrico, con disminución de precipitaciones, temperaturas promedio muy altas, realizar estas prácticas se transforma en un problema”.

Al hablar de esas prácticas, Cabandié aclaró que “no lo realizan todos los habitantes de las provincias, pero sí unos pocos lo hacen y esos quizás al hacerlo terminan perjudicando al conjunto de los productores o a viviendas vecinas”. Luego aclaró que “nunca es bueno generalizar, pero tampoco negar, y esto sucede. No tengo intención de entrar en polémicas”.

Más adelante afirmó que en la provincia de Corrientes no vieron “ningún evento” que pudiera haber causado los incendios de manera natural, como un rayo. “Son todos intencionales”, dijo, y contó que había hablado el día anterior con el gobernador correntino, Gustavo Valdés, sobre el tema.

“También existen estas prácticas y al mismo tiempo hay empresas forestales que contratan seguros que hacen que esas empresas contraten sus propios brigadistas y hasta aviones solamente para el perímetro de los campos forestales productivos”, comentó, estimando que en ocasiones el productor tiene el respaldo de un seguro y cuando viene el fuego de otro campo no destina los recursos para apagarlo, “total ya tengo el seguro”.

Para enfatizar su denuncia sobre la provocación de esos incendios, el ministro se respaldó en información periodística y datos de las áreas técnicas y científicas del ministerio. Además, mostró una nota de la BBC que hablaba del calentamiento global y el cambio climático “impulsan incendios forestales más extremos”. En ese sentido aclaró que los incendios no pueden ser combatidos de la misma manera que hace 10 o 15 años.

En otro pasaje, Cabandié señaló que el combate del fuego se hace a través de medios aéreos y brigadistas, y destacó en ese sentido la formación de estos últimos. Valoró la labor de los bomberos voluntarios y comentó la reforma de la Ley de Bomberos Voluntarios que tuvo la oportunidad de votar siendo diputado nacional, que destina un presupuesto para ese sector, pero el mismo no es administrado por el Ministerio de Ambiente. Su cartera, añadió, le ha asignado un 3% a los incendios forestales.

El Plan Nacional del Manejo del Fuego

Habló entonces del Plan Nacional del Manejo del Fuego, que hasta agosto de 2020 estaba en el área del Ministerio de Seguridad. Ahora lo administra su cartera, pero aclaró que recién en el año 2021 comenzaron a administrar el presupuesto del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Haciéndose eco de críticas desde la oposición que hablaron de una desarticulación del mismo -particularmente lo hizo la presidenta del Pro, Patricia Bullrich-, rechazó esas acusaciones al mostrar a través de una filmina la “fuerte disminución” del presupuesto para esa área operado entre 2015 y 2019 durante la gestión Cambiemos, y destacó que “incrementamos de forma considerable el presupuesto, llevándolo a 2.500 millones de pesos”. En efecto, el presupuesto pasó de 430 millones de pesos a 6.500.

Con esos datos, dijo, “es muy difícil argumentar que se desmanteló el plan. No creemos que haber pasado el plan a la órbita de Ambiente sea desarticularlo; no opino igual que algunos dirigentes”.

Previo a la presentación del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se realizó este miércoles la renovación de autoridades de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, que quedó en manos de Juntos por el Cambio, tal como sucedió en los últimos dos años. Con todo, el oficialismo tiene mayoría de miembros: nueve, en tanto que Juntos por el Cambio cuenta con siete integrantes.

En el encuentro fue reelegida presidenta la macrista Gladys González, mientras que la vicepresidencia quedó para el oficialista Antonio Rodas. En tanto, fue designada como secretaria la flamante aliada del Frente de Todos, la riojana Clara Vega.

Por el oficialismo integrarán la comisión Silvina García Larraburu, Ana María Ianni, María Eugenia Duré, Guillermo Snopek, Cristina López Valverde, Carlos “Camau” Espínola, Nora del Valle Giménez, Antonio Rodas y José Neder.

Mientras que los miembros de Juntos por el Cambio serán Gladys González, Mario Fiad, María Belén Tapia, María Victoria Huala, Luis Naidenoff, Pablo Blanco y Edith Terenzi.

Asimismo, forma parte la riojana Clara Vega, cuyo monobloque se llama Hay Futuro Argentina.

Desde el bloque de JxC, fue el jujeño Faid el encargado de explicar nuevamente la designación de González: “Demostramos sin duda un profundo compromiso con todas las dimensiones de la temática ambiental y confiamos en que continúe con esta tarea y más aún en este contexto respecto a situaciones dramáticas como la que vemos en Corrientes. Durante estos años la actividad de la Comisión fue fecunda en la generación de consensos y debates. Su designación va a seguir sumando aportes haciéndose cargo de estos enromes desafíos que tenemos por delante”.

Por su parte, Espínola en representación del FdT propuso a Rodas como vicepresidente porque “ha demostrado su capacidad para llevar adelante todos los debates que necesitamos encarar en esta etapa”.

Por consiguiente, González agradeció a su espacio político por la elección como presidenta de la Comisión y destacó la “construcción de consenso con una enrome voluntad en el desafío de lo que significa la agenda ambiental y la crisis climática que es intenso”.  

En tanto, Rodas manifestó: “Soy un sostenedor de que el contacto humano es más alentador y propone llegar a iniciativas más positivas. Hay que buscar consensos siempre y más en momentos tan difíciles en situaciones tan adversas que nos pone el cambio climático”.

Por último, la riojana Vega expresó: “Es un gusto volver a estar trabajando, aunque no es grato el momento. El tema del cambio climático debe estar en la agenda nacional. Hay que comprometerse con un tema que ha conmovido a todo el pueblo argentino”.

Entre los temas enviados por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en extraordinarias no figuró uno que se esperaba estuviera: la Ley de Alquileres. Bandera de campaña de la oposición, que siendo oficialismo hizo mucho para su aprobación, el tema terminó siendo recogido también por el oficialismo, que anticipó que adoptarían medidas urgentes con el tema, habida cuenta de las protestas del sector.

Alquileres, como dijimos, no apareció en el decreto presidencial que incluyó 18 temas para extraordinarias, pero ya no puede haber quejas, pues este año y por primera vez desde que se tenga memoria un Gobierno no alcanza a tratar ni siquiera uno de los proyectos enviados al Congreso en febrero.

Muchas son las alternativas que se manejan en torno a la Ley 27.551 aprobada a mediados de 2020, en plena pandemia, y que pareciera haber generado más complicaciones que las soluciones que se proponía aportar. Pero cuando hoy se escuchan tantas voces críticas hacia esa norma conviene retrotraerse a la aprobación de la misma para recordar el consenso que tuvo cuando fue aprobada. “Esta ley no vino en un plato volador, fue producto del consenso general”, remarca Daniel Lipovetzky al salir al cruce de las fuertes críticas que no solo desacreditan la norma, sino que le ponen su apellido a la misma a la hora de defenestrarla.

Hay que remontarse a la sesión de la Cámara de Diputados del 20 de noviembre de 2019. El Gobierno de Cambiemos estaba de salida, pero así y todo el oficialismo propició esa última sesión en la que dio el primer paso para sancionar la nueva Ley de Alquileres. A continuación, le daría media sanción también a la Ley de Góndolas. Como se ve, dos iniciativas que prometían mucho más que lo que terminaron aportando.

La media sanción para la Ley de Alquileres fue con 191 votos afirmativos, ninguno negativo y 24 abstenciones. Se trataba de un proyecto consensuado entre los distintos bloques, que además fue acordado con representantes de todos los actores involucrados.

Durante el debate, diputados de todas las bancadas coincidieron en destacar el principal objetivo que tenía la norma: brindarle mayor estabilidad a los inquilinos -unos 9 millones en todo el país- y equilibrar la relación con los propietarios. La mayoría de las -pocas- objeciones llegaron desde la bancada de Cambiemos, que aportó el mayor caudal de abstenciones. Fueron 18 del Pro (Eduardo Amadeo, Sergio Buil, Eduardo Cáceres, Alicia Fregonese, Alejandro García, Facundo Garretón, Martín Grande, Fernando Iglesias, Lucas Incicco, Luciano Laspina, Julio Sahad, Gisela Scaglia, David Schlereth, Cornelia Schmidt-Liermann, Héctor Stefani, Paula Urroz,  Sergio Wisky y Waldo Wolff); dos radicales (Horacio Goicochea y Martín Hernández); otras tantas de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli y Lucila Lehmann; José Moretti (Frente Renovador) y Alejandro Snopek (Consenso Federal).

Puntos principales de la norma

El proyecto que salió de la Cámara baja establecía los siguientes detalles:

• Actualización anual. Los ajustes se efectúan utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el BCRA.
• Extensión del contrato de dos a tres años. El contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considerará celebrado por el plazo mínimo legal de tres años (con las excepciones ya existentes en el Código Civil y Comercial, artículo 1199).
• Ampliación de las garantías. El locatario podrá elegir dos opciones entre: garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o certificación de ingresos/recibo de sueldo. Y el propietario deberá aceptar una de las propuestas.
• Expensas. Las expensas ordinarias deben ser afrontadas por el locatario, y las expensas extraordinarias quedarán a cargo del dueño del inmueble.
• Devolución de depósitos. El depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler. El reintegro deberá hacerse efectivo en el momento de la restitución del inmueble.
• Renovación del contrato. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los tres últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes podrá convocar a la otra, para acordar la renovación del contrato. En caso de silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente.
• Contratos ante la AFIP. Deben ser registrados ante el organismo recaudador.

“Esta ley viene a equilibrar las relaciones entre ambas partes y a corregir abusos que se producen”, señaló esa vez Daniel Lipovetzky durante su discurso como miembro informante de parte del oficialismo, al destacar la importancia de tener una nueva norma que venga a atender un tema que no está regulado. “Es una ley que genera posiciones muy contrapuestas entre los sectores involucrados”, admitió, recordando la presencia en las comisiones de representantes de todos los sectores para debatir un tema que “no está regulado”.

La norma tuvo, como hemos dicho, un consenso generalizado no solo de los legisladores, sino también de todos los sectores involucrados. Aunque algunos anticiparon también sus objeciones. Es el caso del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, que consideró importante que el Congreso hubiera sancionado una nueva ley de alquileres, pero cuestionó la extensión de los contratos de dos a tres años debido a la inestabilidad de la economía.

La aprobación en el Senado

Un proyecto similar había sido aprobado en el Senado por unanimidad en 2016, pero perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados debido a que no se trató en el recinto. Por eso en 2019 volvió a iniciarse la discusión, esta vez en la Cámara baja, por lo que el Senado tuvo la última palabra.

Eso sucedió ya en tiempos del Gobierno de Alberto Fernández, el 11 de junio de 2020, cuando la Cámara alta sancionó el proyecto por unanimidad. Fueron solo 41 votos, pues la oposición se había retirado del recinto en rechazo al tratamiento de temas no vinculados a la pandemiade Covid-19.

De tal manera, el proyecto fue convertido en ley con los votos del Frente de Todos, más los de sus aliados Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana.

Tras una sesión virtual con clima caliente por la actitud de la oposición, el bloque oficialista criticó “la actitud irresponsable e insensible de Juntos por el Cambio” por no acompañar el debate y la aprobación de la Ley de Alquileres, iniciativa que había apoyado en las comisiones.

En noviembre de 2021, el presidente de la Cámara de Diputados expresó sus críticas en el acto del Día de la Construcción, el año pasado. “En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó. La Ley de Alquileres, que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios, terminó disminuyendo la oferta”, expresó esa vez Sergio Massa, al hablar de impulsar una nueva norma para reemplazar la vigente, aunque como hemos dicho, aún no se ha puesto en marcha otro proyecto.

Esta última semana el Gobierno se ha pronunciado en torno al tema. Lo hizo en el marco de la primera reunión de la mesa de trabajo creada para abordar la situación, convocada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. De la misma tomaron parte representantes de inquilinos, inmobiliarias, desarrolladores urbanos, propietarios, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios relacionados con la temática.

Al cabo del encuentro, el secretario de Comercio anunció la intención de “generar una mesa de trabajo que cree las mejores condiciones para inquilinos y propietarios, en el marco de los consensos que surjan”.

Agregó que “estamos ante un problema, ya que hay falta de oferta de viviendas y hay incertidumbre para las y los inquilinos sobre el precio de los alquileres. Quisiéramos saber por qué hoy el mercado está en una situación donde es difícil alquilar”.

Un día después, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió también a la cuestión: “Está claro que la Ley de Alquileres, así como está, no cumplió con la función esperada ni por los inquilinos ni por los propietarios y hay que mejorarla”, señaló, agregando que las viviendas ociosas destinadas “como ahorro o especulación inmobiliaria” son de los factores que influyen en los precios de los alquileres, y anticipó que el Gobierno espera “tener medidas pronto” frente a la problemática. ¿Tal vez un impuesto para las viviendas ociosas?

Ante las críticas hacia la ley que tanto defendió desde la Cámara baja, como presidente de la Comisión de Legislación General, el hoy diputado provincial Daniel Lipovetzky reconoce que “hay cosas que no funcionaron y que no estaban previstas en el proyecto original que yo presenté, y que fueron incorporadas en el debate en las comisiones; y otras que tienen que ver con circunstancias que se dieron en el país en los últimos años”.

En diálogo con parlamentario.com, Lipovetzky citó dos temas puntuales que deberían ser modificados: el Registro AFIP y la actualización de los contratos. En el primero de los casos, sostiene que habría que establecer incentivos fiscales para motivar la oferta, y en el otro, cambiar el método de actualización de los contratos.

“Las leyes hay que analizarlas en todo su articulado; hay cosas que están bien y otras que no funcionaron”, reconoce Lipovetzky, que atribuye a la inflación y a la falta de un plan económico los problemas de la ley.

Los puntos a modificar

Una de las principales demandas de los dueños es volver a los contratos de dos años. La ley aumentó de 2 a 3 años el plazo mínimo de alquiler y estableció mayores restricciones para que los propietarios rescindan el contrato.

Son los propietarios los que protestan por ese tema, no así los inquilinos. Para la Federación de Inquilinos, los tres años fueron un avance para dar previsibilidad a los inquilinos.

El índice de actualización es una de las principales demandas. Para la diputada nacional oficialista Marcela Passo, ese índice “genera incertidumbre no saber cuál será la inflación, habrá que revisar si se puede establecer el aumento solo por el índice de salarios”.

Lo de las garantías sigue siendo un problema: el inquilino debe otorgar hasta dos posibles garantías, una de las cuales debe aceptar el propietario. A los inquilinos les sigue constando conseguirlas y pretenden analizar este punto a fin de que no sea un obstáculo para alquilar, al tiempo que genere tranquilidad en los dueños.

Está dicho que lo del registro ante la AFIP no ha funcionado. El ministro de Hábitat Jorge Ferraresi aseguró que apenas 230.000 de los 2 millones y medio que tienen en radar, están inscriptos.

“Para el propietario genera mayores puertos administrativos a la hora de informar. Debemos cruzar información que el sistema ya tiene y no pedirle a los propietarios que se registren”, asegura Marcela Passo.

Una ley con baja ponderación

Según una encuesta de ZonaProp, la Ley de Alquileres debería ser modificada. Estas fueron las principales conclusiones del sondeo:

• 8 de cada 10 propietarios consideran que la Ley de Alquileres los perjudicó.
• Un 58% se vio afectado por la indexación anual del aumento del alquiler.
• Un 58% por la extensión del plazo del contrato a 3 años.
• Un 44% no está de acuerdo con tener que registrar el contrato de alquiler en la AFIP.

Como hemos dicho, durante la campaña hubo voces de la oposición que hablaron directamente de derogar la ley. Una de ellas fue la diputada nacional María Eugenia Vidal, aunque ella no ha presentado aún ninguna iniciativa en ese sentido. Sí lo hicieron sus compañeros de bancada Federico Angelini (Santa Fe) y Héctor Stefani, y la radical Karina Banfi, autores de proyectos que piden lisa y llanamente derogar la Ley 27.551.

Las diputadas Virginia Cornejo (Pro-Salta) y Mónica Frade (CC-Bs.As.) presentaron un proyecto de declaración para expresar su disconformidad con la aplicación de la Ley de Alquileres, en tanto que otros diputados también de Juntos por el Cambio han presentado iniciativas ya no para derogar la ley, sino modificar algunos de sus artículos.

Es el caso de Gisela Scaglia (Pro-Santa Fe), María Lucila Lehmann (CC-Santa Fe) y Alvaro González (Pro-CABA). Esta última iniciativa es la que cuenta con la anuencia del sector inmobiliario, que salió al cruce en su momento cuando se habló de “suspender” la ley, ya que eso implicaría congelar todo el sistema. Lo que puede hacerse, en todo caso, es derogarla, o elaborar otra norma corregida, sostienen.

Daniel Lipovetzky se resiste a considerar que la ley ha fracasado. “Hay un montón de cuestiones en la ley que son buenas”, aclara ante parlamentario.com, aunque celebra que el Congreso debata el tema para hacer correcciones, pero aclara que las mismas deberían incluir un debate amplio, escuchando a todas las partes y buscar un consenso. “Lo mismo que hicimos nosotros”, remarca.

Los jefes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el Senado se reunieron este martes para avanzar sobre el reparto y la integración de las comisiones. Más allá de las presidencias -y que la principal oposición reclama alguna más-, tampoco hubo acuerdo en el modo en que se conformarán, esto es, la cantidad de miembros para cada fuerza.

Las negociaciones continuarán para que el asunto se resuelva antes de la sesión preparatoria del próximo 24 de febrero, la única sesión que habría este mes, pues en lo que respecta a la Cámara alta las extraordinarias van camino al fracaso.

Pese a las amenazas previas que había por parte del oficialismo de dejar sin ninguna comisión a Juntos por el Cambio, molestos con la actitud del interbloque en la última sesión de diciembre pasado, cuando la reunión estuvo por caerse por falta de quórum, previo al encuentro de este martes la vicepresidenta Cristina Kirchner bajó la orden de que la oposición mantenga las comisiones que tuvo durante estos dos últimos años.

En el encuentro estuvieron el jefe del FdT, José Mayans; la vice de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti; la secretaria administrativa, María Luz Alonso; el jefe de JxC, Alfredo Cornejo; el titular del bloque UCR, Luis Naidenoff; y el presidente del bloque Pro, Humberto Schiavoni.

La oposición no solo reclama más presidencias, sino más representatividad en las comisiones, producto de los resultados electorales del año pasado: a partir del 10 de diciembre el oficialismo pasó de 41 a 35 miembros, mientras que JxC creció de 26 a 33.

Esa discusión ya se había visto cuando se conformó Presupuesto y Hacienda en diciembre pasado y JxC protestó por la proporcionalidad, dado que el oficialismo se quedó con 9 miembros sobre 17, y la oposición planteaba que le correspondían 8.

Durante los dos primeros años el FdT dominó 19 comisiones, mientras que la principal oposición retuvo solamente 8. Con el dato de que, en agosto de 2021, el oficialismo cedió a su aliado Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Entre las comisiones que estaban en manos de JxC figuran Ambiente y Desarrollo Sustentable, Derechos y Garantías, y Economía Nacional e Inversión, al igual que la importante Comisión de Salud, que ahora pasaría a manos del oficialismo para que la presida el tucumano Pablo Yedlin.

En el reparto, el FdT buscará retener comisiones estrategicas, como la de Acuerdos, donde continuaría Anabel Fernández Sagasti; la de Justicia y Asuntos Penales, donde seguiría Oscar Parrilli; y la de Relaciones Exteriores y Culto, con Adolfo Rodríguez Saá a la cabeza.

Mientras que, con el objetivo de contener a los “rebeldes” de la bancada oficialista, ingresarían a presidir comisiones el jujeño Guillermo Snopek, en Asuntos Constitucionales; y el salteño Sergio “Oso” Leavy en Defensa Nacional.

Además, el oficialismo le garantizaría presidencias a sus aliados: a Alberto Weretilneck permanecer en Agricultura, Ganadería y Pesca; le cedería Legislación General a Magdalena Solari Quintana; y la de Economías Regionales pasaría para la riojana Clara Vega.

Mientras persiste la inactividad en ambas cámaras en tiempo de extraordinarias, y cuando todo indica a esta altura que así seguirá siendo hasta fin de mes, el Senado convocó a sesionar.

No es que vayan a tratar uno de esos 18 temas que el Poder Ejecutivo incluyó por decreto del temario para extraordinarias, sino que se trata de la tradicional sesión preparatoria.

La misma fue convocada para el próximo jueves 24 de febrero a las 12. Ese día se elegirá a las nuevas autoridades de la Cámara. La mayoría de las autoridades actuales serán ratificadas. La novedad está en la vicepresidencia, que a partir de este año será ocupada por la santafesina de Juntos por el Cambio Carolina Losada, quien reemplazará en ese cargo a Martín Lousteau.

Se descuenta que seguirán en sus cargos la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora; el vicepresidente primero, Maurice Closs; y la vicepresidenta segunda, Guadalupe Tagliaferri.

María Luz Alonso seguirá siendo la secretaria administrativa; Marcelo Fuentes secretario parlamentario; Mariano Cabral, prosecretario administrativo; Juan Pedro Tunessi, prosecretario parlamentario, y Diego Bermúdez Bringue, prosecretario de Coordinación Operativa.

En una reunión clave de cara a la convivencia entre el oficialismo y la oposición en el Senado, se reunirán este martes -a partir de las 16.30- el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, con los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo (titular del interbloque), Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (Pro).

Tal como adelantó parlamentario.com la semana pasada, en el encuentro se abordará el reparto de las comisiones, cuyas presidencias el oficialismo busca tener todas, incluso las que el principal espacio opositor manejó en estos dos últimos años.

Esa decisión, basada en la construcción de una mayoría con la ayuda de tres aliados, más el enojo con JxC por la decisión de no dar quórum en la última sesión del año, cuando se trató Bienes Personales, promete polémica.

Además se suma la decisión de la Presidencia, en manos de Cristina Kirchner, de dar de baja los contratos de unos 40 asesores del bloque radical, una medida que desde la oposición aseguraron que fue “inconsulta”.

Pasan los días y aún se aguarda la conformación de las comisiones en ambas cámaras en el marco de un período de sesiones extraordinarias que sigue en “stand by”, ya que aún no se ha tratado ninguno de los 18 temas anunciados por el Poder Ejecutivo.

En rigor, solo una comisión se ha conformado desde el recambio legislativo y es la de Presupuesto y Hacienda en ambas cámaras: en Diputados, sigue siendo presidida por Carlos Heller (FdT – Ciudad de Buenos Aires) y en el Senado Ricardo Guerra (FdT – La Rioja) ocupa el lugar que hasta el 10 de diciembre pasado ocupaba el cordobés Carlos Caserio.

Las versiones están a la orden del día y, según pudo recabar parlamentario.com, en el Senado es segura la continuidad del neuquino Oscar Parrilli al frente de la Comisión de Justicia -muy activa en los dos primeros años de esta gestión- mientras que la estratégica de Asuntos Constitucionales -que conducía la santafecina kirchnerista María de los Ángeles Sacnun– sería para Guillermo Snopek.

Recordemos que el salteño Sergio “Oso” Leavy ya anticipó que encabezará la Comisión de Defensa, en tanto, el entrerriano Edgardo Kueider estaría al frente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, en el cargo que hasta el año pasado ocupaba el chubutense Alfredo Luenzo.

Además, el Frente de Todos tendría decidido “premiar” a dos aliados indispensables del oficialismo como son el rionegrino Alberto Weretilneck, que presidiría la de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la misionera Magdalena Solari Quintana, quien quedaría al frente de Legislación General. Recordemos que ambos siempre han estado alineados con el Frente de Todos y con un bloque oficialista reducido a 35 miembros, son los que permiten a la bancada que conduce José Mayans quedarse tranquilos con el quórum ante cada sesión.

Otra senadora que podría ser privilegiada a partir de haber prestado quórum para la sesión sobre Bienes Personales del año pasado es la riojana Clara Vega, quien podría quedar al frente de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

En la Cámara baja

Por el lado de Diputados, la entrerriana Blanca Osuna seguiría al frente de Educación, mientras que una vacante clave en tiempos de pandemia como es la de Salud, cuyo titular Pablo Yedlin pasó al Senado, sería para uno de estos dos exministros de Salud: el bonaerense Daniel Gollan, o la tucumana Rossana Chahla.  En caso de ser elegida esta última, la comisión seguiría a cargo de un representante tucumano.

Otro que continuaría en su cargo es Leonardo Grosso al frente de la Comisión de Recursos Naturales; en tanto que tampoco habría cambios en Legislación General, que seguiría en manos de Cecilia Moreau, mientras que en Seguridad Interior también continuaría la camporista Paula Penacca.

Tiempo de cambios, Juntos por el Cambio reclama presidir más comisiones y una de las que no tenía y quiere es Agricultura y Ganadería, aunque el oficialismo no quiere dejarla. Hasta diciembre pasado era presidida por el correntino José Ruiz Aragón, quien ahora es senador provincial. JxC quiere poner en ese puesto al formoseño Ricardo Buryaile (exministro de Agroindustria), al correntino Jorge Vara o al bonaerense Pablo Torello.

También hay puja por la Comisión de Transporte, que sería para Juntos por el Cambio, mientras que también trascendió que Legislación Penal podría ser presidida por un opositor. Hasta diciembre pasado, esa comisión estaba a cargo de la entrerriana Carolina Gaillard y el oficialismo es reacio a cederla.