La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, recabe información oficial sobre recientes episodios de violencia, discriminación o agresiones denunciados públicamente que podrían haber afectado a ciudadanos argentinos residentes o en tránsito en el Reino de España.

La iniciativa reclama que la Cancillería adopte las medidas diplomáticas y consulares que considere necesarias para obtener información sobre esos hechos y evaluar su impacto sobre ciudadanos argentinos.

Asimismo, el proyecto solicita que se instruya a la Embajada argentina en España y a las oficinas consulares del país para reforzar los mecanismos de asistencia, orientación, protección, contención y acompañamiento destinados a los argentinos que pudieran haberse visto afectados por situaciones de violencia, discriminación o xenofobia.

En el texto, Arrieta expresa la preocupación de la Cámara de Diputados por cualquier acto de violencia, discriminación, racismo, xenofobia o discurso de odio, independientemente de la nacionalidad, religión, origen étnico, orientación sexual o identidad de género de las personas afectadas. También reafirma el compromiso de la Argentina con la defensa de los derechos humanos y la protección de sus ciudadanos en el exterior.

La legisladora además requiere que el Poder Ejecutivo informe si hubo argentinos que solicitaron asistencia consular en España a raíz de los hechos denunciados, qué medidas de acompañamiento y protección fueron brindadas por las representaciones diplomáticas argentinas y qué gestiones se realizaron ante las autoridades españolas para garantizar la seguridad de los ciudadanos argentinos.

Entre los fundamentos, Arrieta sostiene que la protección de los nacionales en el exterior constituye una de las funciones esenciales del Estado argentino y recuerda que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce el deber de las oficinas consulares de asistir y proteger a los ciudadanos de su país cuando las circunstancias lo requieran.

La diputada aclara además que la iniciativa no pretende interferir en los asuntos internos del Reino de España ni cuestionar el funcionamiento de sus instituciones, sino fortalecer la cooperación entre ambos países y garantizar que los argentinos cuenten con canales eficaces de asistencia y protección ante situaciones que puedan comprometer su integridad o sus derechos.

El proyecto fue girado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para su tratamiento.

A los argentinos nos llaman racistas. ¿De verdad? Quienes sostienen esa acusación conocen muy poco de nuestra historia y de la realidad de nuestro país.

La Argentina se construyó con inmigrantes provenientes de distintas partes del mundo. Millones de personas llegaron escapando del hambre, de las guerras, de las persecuciones y de la falta de oportunidades. Aquí encontraron un lugar para trabajar, formar una familia y comenzar una nueva vida.

Nuestro país también recibió a quienes huían de crisis humanitarias. Un ejemplo cercano fue el Corredor Humanitario de la provincia de San Luis, que desde 2017 recibió a cuarenta y cuatro familias de refugiados sirios que escapaban de la guerra, siendo gobernador el doctor Alberto José Rodríguez Saá. El Estado provincial les brindó vivienda, atención médica, clases de español, inserción laboral y acompañamiento integral durante sus primeros años en la Argentina.

La Argentina también garantiza el acceso a la salud pública mediante la Ley de Migraciones Nº 25.871. Su artículo 8 establece que ninguna persona puede quedar sin atención sanitaria por ser extranjera o por su situación migratoria. En nuestro país, el derecho a la salud alcanza a todos los que habitan este suelo. Del mismo modo, la educación pública abrió históricamente las puertas de escuelas y universidades a argentinos y extranjeros. La Constitución Nacional, en su artículo 20, reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos.

¿Esto significa que en nuestro país nunca existieron actos de discriminación? Por supuesto que no. Como en cualquier sociedad, existen prejuicios y conductas que deben ser señaladas y combatidas. Pero una cosa es reconocer esos problemas y otra muy distinta es definir a toda una Nación como racista, ignorando deliberadamente su historia de integración, solidaridad y diversidad.

Entonces cabe hacerse una pregunta: ¿qué hay detrás de esta campaña que intenta instalar que la Argentina es un país racista?

¿Se busca describir la realidad que padecemos los argentinos a diario frente a expresiones despectivas pronunciadas por la máxima autoridad de la Nación hacia distintos sectores de la sociedad? Expresiones como “kukas”, “negros peronistas”, “viejos meados” para referirse a los jubilados, “periodistas ensobrados” para desacreditar a la prensa, o críticas a la Selección Argentina por haber mostrado al mundo que las Malvinas son argentinas, calificando ese gesto como un “patrioterismo barato y berreta” y describiendo a sus jugadores como “termomononeurales”.

¿O realmente intentan hablar de la historia argentina? Porque, si es así, creo que estamos muy lejos de ser un país racista. Esa caracterización resulta, a mi entender, absolutamente falaz y alejada de los hechos.

Nuestra historia demuestra exactamente lo contrario: una Nación construida por inmigrantes, que abrió sus puertas a quienes escapaban de guerras y persecuciones, que recibió a refugiados, que garantizó el acceso a la salud y a la educación públicas y que hizo de la integración una de sus principales fortalezas.

La Argentina no necesita que le inventen una historia. La verdadera historia ya habla por sí sola.