El proyecto de ley que crea un marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y cáñamo, propuesto por el Gobierno y con media sanción del Senado, completó su trámite en comisiones en la Cámara de Diputados, al obtener este miércoles el dictamen favorable en Presupuesto y Hacienda.

Con aval del oficialismo y la oposición, la iniciativa quedó lista para ser tratada en el recinto, ya que este martes fue despachada en la Comisión de Agricultura y Ganadería, a la que asistió para defenderla el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

En defensa del proyecto la diputada Carolina Gaillard (FdT) celebró “la decisión política de poner en tratamiento este tema tan importante” que “hemos trabajado desde Diputados ya antes de que venga de revisión del Senado”.

En ese sentido, la entrerriana recordó la sanción en 2017 de la Ley 27.350 -de la cual fue autora- que “fue un paso importante, pero fue una ley que quedó circunscrita a la investigación y no terminó de garantizar el acceso a la salud de aquellas personas que necesitaban tratamiento con cannabis medicinal”.

La oficialista indicó que en la actualidad quienes requieren de cannabis medicinal “tienen que importarlo de Chile, de Uruguay, de Estados Unidos o acceder de manera ilegal”, mientras que con esta ley se va a “generar una industria” y se van a “generar divisas para nuestro país”, además de “garantizar el acceso a la salud”.

A continuación, la diputada Mara Brawer se refirió a las bondades del cáñamo, que actualmente no es considerado estupefaciente, y aseguró que se trata de “una industria sumamente sustentable” y “toda la cadena productiva tiene huella de carbono negativa”. “Es una industria ecológica y que genera puestos de trabajo”, añadió.

También, la oficialista mencionó que “este fue un sueño de (Manuel) Belgrano” ya que el cáñamo -prohibido en la última dictadura- tuvo un amplio desarrollo en “el siglo XV, XVI, XVII” e incluso “cuando (Cristóbal) Colón llegó la vela de los barcos y la ropa de los marineros” eran de cáñamo.

Entre sus usos, la porteña enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros.

A su turno, el radical Jorge Rizzotti dijo que la ley abre “una gran posibilidad en el desarrollo local y las economías regionales” y destacó que su provincia, Jujuy, es hoy “la única productora de aceite de cannabis medicinal en el país”. “Necesitamos de esta ley fundamentalmente para seguir creciendo”, agregó.

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.

En la recta final del debate de la ley de desarrollo del cannabis medicinal y la industria del cáñamo, dos senadoras resaltaron el rol de Manuel Belgrano en la introducción al país de la planta del cáñamo hace dos siglos atrás.

Última oradora de Juntos por el Cambio, la jujeña Silvia Giacoppo recordó que tras un viaje a Europa, el creador de la bandera argentina volvió inspirado con las propiedades de esta planta y, por eso, al votar esta ley se le está rindiendo un "homenaje", además de "estar cumpliendo ya con una manda belgraniana".

Belgrano "hablaba que el desarrollo de las provincias del país tenía que ser mirado con la producción del cáñamo, que tiene muchísimas propiedades", agregó la legisladora radical.

Por su parte, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, que cerró el debate, mencionó que "Manuel Belgrano en 1795 redactó un texto en el que exponía las utilidades del cáñamo y el lino, una especie de manual de instrucciones que hizo el prócer sobre el desarrollo de estas plantas".

"Claramente había visto el desarrollo y el potencial de estas plantas en Europa, en Castilla y en Galicia, donde habían servido estas plantas para exterminar la pobreza, según propias palabras de Manuel Belgrano", continuó la mendocina.

Y relató: "Es así que cuando llegó al virreinato del Río de la Plata extendió semillas por todo el virreinato para intentar que esta producción tuviera el mismo auge que en Castilla y Galicia".

"Con esta ley estamos haciendo honor a un gran pensador, un gran patriota, un gran político, militar, y un estadista, que entendía que la faz productiva era necesaria para el desarrollo de nuestro país. Hace más de dos siglos entendía que era prioridad para el país", completó.

El marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial recibió el aval de la Cámara alta con 56 votos a favor y 5 en contra y 1 abstención, con el apoyo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio mientras que otros senadores de ese interbloque opositor votaron en contra.

Los senadores nacionales que votaron en contra son: Laura Machado Rodríguez (JxC-Córdoba); Julio Cobos y Pamela Verassay (JxC-Mendoza); Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro); Alfreo de De Angelis (JxC-Entre Ríos); mientras que y una abstención: Víctor Zimmermann (JxC-Chaco).

Al cerrar el debate que se extendió por más de un hora y media, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) aseguró “Lo más importante es que en un estudio de la UBA se afirma que en un desarrollo a mediano plazo en la República Argentina se puede generar 10 mil puestos de trabajo y un mercado de interno de unos 500 millones de pesos anuales a mediano plazo, lo que es una gran noticia y muy necesario”.

“Vamos a estar generando una nueva industria, trabajo y producción nacional que nos une a todos los argentinos como un objetivo común”, cerró la legisladora mendocina.

Entre los objetivos de la norma se busca establecer un marco legal que autorice -a través de un esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica.

En el texto se destaca, también, que la ley busca fomentar los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal.

La iniciativa del Ejecutivo contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas.

Se trata de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que tal como se establece en el artículo 4° del Proyecto, tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.

Entre sus funciones centrales, estará regular el funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinar las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes.

El debate

El miembro informante del oficialismo Adolfo Rodríguez Saá sostuvo que “con la legalización del uso medicinal y terapéutico del cannabis y cáñamo industrial se ha dado un importante impulso a una industria global que tiene un amplio futuro de crecimiento”.

“Estamos ante una actividad intensiva y creadora. Con un empleo de alta calidad”, consideró el legislador puntano que además agregó: “Una parte fundamental de esta iniciativa es la oportunidad que genera para mejorar el acceso de la salud, por lo que se va a poder acceder legalmente y sin clandestinidad al aceite de cannabis”.

Asimismo, dijo que “el cultivo del cáñamo y el cannabis “tiene cualidades ambientales y mejora la estructura del suelo porque además no demanda la utilización de herbicidas”.  

Durante el debate, la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio), justificó su voto negativo al señalar: “Estoy de acuerdo en sacar de la clandestinidad el cultivo del cannabis y tener un control de la producción, pero lo que hace este proyecto es violar la Constitución en temas de facultades de provincias que son las que regulan el tema de desarrollo agrícola”.

En su crítica, señaló: “Como cordobesa creo que es una afrenta dedicarle el voto positivo a una ley que solo el Ejecutivo se va a dedicar a controlar -la producción de cannabis medicinal- mientras desde el oficialismo se generan acciones legislativas o decretos que perjudican la producción del centro agropecuario argentino”.

“Parece que quieren liquidar el campo, pero ahora quieren salir a generar la industria de la marihuana con el control del Ejecutivo nacional y sin la facultad de intervención de las provincias”, criticó Rodríguez Machado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta, Mario Fiad (JxC), remarcó los “cambios realizados en el proyecto de ley original”, y señaló: “Apoyo el impulso que se le quiere dar a esta actividad, en especial teniendo en cuenta que Jujuy ha liderado con su emprendimiento los programas de producción e investigación del cannabis con fines medicinales".

La senadora sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) resaltó el proyecto de ley pero planteó que “se espera con ansias que la cuota de federalismo, que fue un compromiso del ministro de Producción, Matías Kulfas, se cumpla” en la reglamentación que realizará el Ejecutivo respecto a la agencia de control donde el reclamo es que las provincias tengan mayor participación y su opinión sea vinculante.

En su discurso, el senador Alfredo Luenzo destacó el hecho de que el cannabis "salga del ámbito de la clandestinidad" y se le dé "el marco que tiene que tener la planta de marihuana". "El prohibicionismo en el tema del cannabis es un gran problema que tiene que enfrentar el mundo. Como lo enfrentó Canadá, como lo enfrentó recientemente Uruguay, con resultados óptimos en contra del narcotráfico. El prohibicionismo lo único que hace es alentar el narcotráfico", argumentó.

El chubutense consideró que el Congreso debe darse la discusión sobre la despenalización total del cannabis, porque de esa manera "vamos a ganar la pelea del narcotráfico". "Tenemos que abrirnos en que el cannabis tiene que dejar de ser una política de prohibicionismo", insistió.

Además, señaló que "en los barrios vulnerables, cuando los pibes no tienen otra alternativa, de cada 10 pibes, siete, comienzan en el menudeo y esa es la puerta de ingreso". Reforzando su posición, indicó que en Uruguay "bajó en un 58% el narcotráfico. No es que estamos idealizando la despenalización, estamos mostrando hechos", concluyó.

Con un discurso crítico y en respuesta a Luenzo, el legislador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro): “Voy a votar en forma negativa en convencimiento hacia dónde vamos como país con respecto de la marihuana. no estoy de acuerdo en sumarme al mensaje de que la marihuana no tiene impacto negativo en las personas. Ya no se habla de marihuana y ahora se habla de cannabis como una versión atenuada.

El senador por Río Negro fustigó: “El negocio de la marihuana va a tener una irrupción económica más grande desde la creación de Amazon. Se prevé que habrá millones y millones de dólares en el mercado”.

“Esta es la ley más pro capitalista y la más relacionada a las multinacionales que votó este Congreso”, afirmó el exgobernador rionegrino, que remarcó: “No hay ninguna agencia de control de medicamentos que haya aprobado a la marihuana como un medicamento”.

Ante esa afirmación, la senadora jujeña Silvia Giacoppo (JxC) aseguró: "Vamos para donde va el mundo con un cambio de paradigma al dejar de demonizar al cannabis que con su uso medicinal tiene facultades que están probadas para muchísimas dolencias y problemas como la epilepsia".

Para la senadora puntana Eguenia Catalfamo (FdT) "esta iniciativa genera una oportunidad única, constituye un verdadero triunfo para todos los argentinos y argentinas”, ya que “la propuesta busca mejorar la salud y la calidad de vida de aquellas personas que requieren del tratamiento medicinal del cannabis".

A su turno, la senadora mendocina Pamela Verasay (JxC) sostuvo que “esta ley tiene falta de federalismo, el marco regulatorio que se está proponiendo para la industria del cannabis está tomando funciones que pueden desarrollar las provincias, que tienen facultades para regular y reglamentar sus actividades económicas”.

El senador catamarqueño Dalmacio Mera (FdT) sostuvo que “este proyecto es un buen proyecto que contempla muchas realidades y tiene una especificidad de lo que considera o no estupefacientes, por lo que esta ley aspira a cubrir vacíos y va en sintonía con algunas leyes internacionales”.

Por su parte, la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) dijo que “esta iniciativa genera mucha alegría y también esperanza porque vamos a estar consagrando derechos y dando posibilidades en este difícil contexto de pandemia. Estamos creando y regulando un nuevo mercado desde un anclaje basado en la salud pública”, apuntó.

La ley de desarrollo industrial del cannabis medicinal fue aprobada este jueves por el Senado y pasó a Diputados.

Pero, ¿qué establece esta futura ley?

• Se define como objeto de esta ley establecer el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica y el uso industrial, promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.
• Se excluyen del marco regulatorio los cultivos y proyectos previstos y autorizados en el marco de la ley 27.350 de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
• Se establece que la autoridad regulatoria estará facultada para regular, emitir y controlar las autorizaciones administrativas que permitan el registro e inscripción de semillas, cultivo, cosecha, almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, procesamiento, comercialización y cualquier otra etapa o actividad económica que integre la cadena productiva del cannabis, sus semillas y sus derivados afectados a los usos medicinal e industrial.
• Se dispone que esta ley regirá en todo el territorio de la República Argentina con carácter de orden público. Las actividades reguladas estarán sujetas a la jurisdicción federal y cualquier incidencia que de modo directo o indirecto pudiera surgir o derivar de la aplicación de esta ley será competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal.
• Se adoptan las siguientes definiciones:
  • Sustancia psicoactiva: toda sustancia química (droga o psicofármaco), de origen natural o sintético, que afecta las funciones del sistema nervioso central con efectos sobre la inhibición del dolor, el cambio del estado de ánimo y la alteración de la percepción, entre otros.
  • Planta de cannabis: toda planta del género Cannabis.
  • Cannabis: sumidades, floridas o con fruto, de la planta de cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe.
  • Cannabis psicoactivo: aquel cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) es igual o superior al límite que establezca el Poder Ejecutivo Nacional por vía reglamentaria.
  • Producto derivado: aquel producido a partir de la planta de cannabis para uso industrial o medicinal de conformidad a las especificaciones y regulación que dicte la autoridad de aplicación.
  • Cáñamo, cáñamo industrial y/u hortícola: las semillas, las partes de la planta de cannabis y sus producidos, que contengan hasta el límite máximo de concentración THC que se establezca en la reglamentación.
  • Estupefacientes: sustancias incluidas en la lista del Anexo I, apartados 165 y 439 y en los grupos químicos de la lista del Anexo II identificados como numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ambos integrantes del decreto 560/19 sobre estupefacientes; cuando se realice cualquiera de las actividades enunciadas en esta ley sin la debida autorización estatal previa.
• Se excluyen del ámbito de aplicación de la ley 23.737 (régimen legal de estupefacientes) el cáñamo, el cáñamo industrial y/u hortícola y sus producidos y/o derivados. Ello de conformidad con lo previsto por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
• Se crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo.
• Será competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas para uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados.
• La ARICCAME tendrá como función regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.
• Se dispone que, respecto de las semillas, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), en su condición de regulador de las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de esta especie, dictará las normas complementarias que permitan la trazabilidad de los productos vegetales. Asimismo, creará un plan especial de registración excepcional y extraordinario por el plazo que fije oportunamente la reglamentación, a los fines de que los poseedores de simientes, de cumplir con los requisitos establecidos en la ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, puedan registrar la propiedad de las creaciones fitogenéticas de su autoría.
• Se dispone que la ARICCAME regulará y controlará el almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, trazabilidad y el uso de las semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales, de manera coordinada con el los ministerios de Desarrollo Productivo, de Salud, de Seguridad, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANMAT, el SENASA, el INASE, el INTA, el INTI, la AFIP, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y los demás organismos públicos con competencia específica en la materia.
• Se determina que la ARICCAME será dirigida por un Directorio integrado por 5 miembros con rango y jerarquía de secretario o secretaria. El presidente o presidenta será designado a propuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo, y el vicepresidente o vicepresidenta, a propuesta del Ministerio de Salud. Los restantes miembros del directorio serán propuestos por los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Seguridad. Los mandatos durarán 4 años, con posibilidad de ser reelegidos por única vez. Durarán en sus cargos mientras mantengan buena conducta y las causales de remoción serán las aplicables a todo funcionario público.
• La reglamentación determinará, en lo atinente al funcionamiento de los órganos de gobierno, el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, el Consejo Consultivo Honorario, la sindicatura y las funciones y misiones de los distintos órganos. La administración ejecutiva de la ARICCAME será llevada a cabo por una Gerencia General.
• Se establece que el patrimonio y los recursos de la ARICCAME provendrán de la tasa de control y fiscalización de los sujetos autorizados en el marco de la ley; de lo asignado en el Presupuesto; de las multas por incumplimiento a disposiciones de esta ley; de los aranceles y servicios que preste; de los ingresos por emisión de licencias y/o autorizaciones de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, comercialización y adquisición de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus derivados con fines medicinales o industriales; y de todo otro aporte público o privado destinado al cumplimiento de los fines de esta ley.
• Se dispone que la ARICCAME tendrá a su cargo la regulación y fiscalización de la actividad productiva de la industria del cannabis, su comercialización y distribución, para uso medicinal e industrial en el territorio nacional, en todo lo referente al registro, control y trazabilidad de semillas, insumos críticos y productos derivados del cannabis, en el marco de un proceso industrial debidamente autorizado y habilitado.
• Se definen como funciones de la ARICCAME: dictar las normas de procedimiento administrativo para autorizar la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales; regular el almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, trazabilidad y el uso de las semillas de cannabis, plantas de cannabis, insumos críticos del proceso productivo y de sus productos derivados, para fines de uso industrial y medicinal; controlar y seguir el otorgamiento de las licencias y/o autorizaciones; establecer las normas regulatorias para mejores prácticas en materia de plantación y cultivo; establecer los requisitos y condiciones necesarios para la autorización de los procesos de producción a implementarse con relación a los productos derivados del cannabis para uso industrial y medicinal; auditar e inspeccionar las instalaciones de los sujetos autorizados; determinar la tasa de fiscalización y control que anualmente abonarán los sujetos alcanzados por esta ley; expedir certificaciones de buenas prácticas productivas; recaudar la tasa de control y fiscalización, cobrar los aranceles vinculados a la emisión de licencias y/o autorizaciones; entre otras.
• Se determina que las personas humanas o jurídicas cuyas actividades estén comprendidas en esta ley no podrán iniciar sus actividades sin la previa autorización de la ARICCAME.
• Cualquier eventual fusión y/o cesión y/o transmisión de sus acciones y/o fondos de comercio requerirá también de autorización previa y expresa.
• Se dispone que, para evaluar las solicitudes de autorización para funcionar, la ARICCAME deberá analizar y ponderar las características del proyecto, las condiciones generales y particulares del mercado, los antecedentes financieros y comerciales del o de la peticionante, los planes de integridad económica y de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, las medidas de seguridad, su experiencia en actividades afines, el tipo de estructura jurídica con el que vaya a operar, entre otros recaudos, de conformidad a las condiciones que se establezcan en la reglamentación.
• Se crea el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria. Se reunirá mensualmente en sesiones ordinarias, y por razones de urgencia, podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de al menos el 40 % de sus integrantes.
• Se definen como funciones del Consejo las siguientes: reunirse en sesiones y dictar su propio reglamento; sugerir criterios de distribución y concesión de autorizaciones y pronunciarse sobre el otorgamiento de las mismas; recomendar a la ARICCAME políticas para el desarrollo armónico de la industria; elaborar estudios y diagnósticos en relación a los problemas que surjan de la aplicación de la ley; entre otras.
• Se establece que la ARICCAME expedirá las autorizaciones administrativas que permitan la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título, de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.
• Se dispone que la reglamentación deberá contemplar distintas categorías de autorizaciones administrativas sobre la base de criterios objetivos que deberá cumplimentar el o la peticionante, vinculados a las diversas modalidades productivas y de las actividades a desarrollar.
• Se establece que, en el otorgamiento de las autorizaciones, la ARICCAME tendrá especial consideración hacia aquellas solicitudes orientadas a contribuir al desarrollo de las economías regionales y promover la actividad de cooperativas y de pequeñas y medianas empresas productoras agrícolas atendiendo, asimismo, la inclusión de la perspectiva de género y diversidad y proyección federal en su otorgamiento.
• Se determina que, para el otorgamiento de licencias y/o autorizaciones, el representante ante el Consejo Federal de la jurisdicción donde vaya a localizarse el proyecto productivo deberá brindar, previamente al acto administrativo que concede o deniega la licencia y/o autorización, un informe técnico con los recaudos que fije la reglamentación y el análisis de impacto que el mismo tendrá en el desarrollo productivo ordenado de la industria.
• Se dispone que la reglamentación establecerá un programa especial de adecuación a la presente norma destinado a los emprendimientos de las organizaciones de la sociedad civil con fines de bien común que han desarrollado especiales saberes, conocimientos y experiencias acerca de los diversos usos medicinales, terapéuticos y paliativos de la planta de cannabis. Se deberán prever acciones para la adecuación de dichas organizaciones de la sociedad civil en el marco de esta ley, con el objetivo de insertar a los pequeños productores y las pequeñas productoras en la cadena productiva de plantas de cannabis para los usos legalmente autorizados, con trámites especiales en las autorizaciones, tasas sociales para el acceso, apoyos técnicos, entre otras formas de acompañamiento. Asimismo, la reglamentación promoverá acciones coordinadas con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para la adecuación de estas organizaciones en el marco de la actividad cooperativa.
• Respecto del cáñamo, se encomienda a la ARICCAME disponer un régimen diferencial simplificado para expedir las autorizaciones previstas en este artículo con relación al cáñamo industrial y/u hortícola, teniendo en cuenta las características específicas de dicho sector industrial.
• Se determina que el monitoreo y seguimiento relativo al otorgamiento y/o al cumplimiento de las cargas y obligaciones de los y las titulares de las autorizaciones otorgadas se estructurará sobre la base de un componente administrativo —evaluación objetiva, control y seguimiento técnico y jurídico de los parámetros requeridos— y otro operativo con actividades de seguimiento y evaluación para verificar parámetros técnicos y jurídicos citados en el componente administrativo.
• Se dispone que los titulares de las autorizaciones otorgadas en el marco de esta ley deberán cumplir con la totalidad de sus previsiones y cargas, las normas previstas en la reglamentación y las demás condiciones impuestas en el acto administrativo de otorgamiento. Si una autorización es suspendida por cualquiera de las causales reguladas en la reglamentación, los titulares deberán cesar completa e inmediatamente, a partir de la notificación, en las actividades relacionadas con el objeto de la autorización.
• Los y las titulares de las autorizaciones deberán cumplir con los regímenes de información que fije la Agencia en cuanto al control y trazabilidad de los procesos productivos e insumos críticos, dentro de los plazos y en las formas que fije la reglamentación.
• Se dispone que cada titular de una autorización otorgada deberá poner a disposición del público material informativo en idioma español relativo al cannabis, en la forma, con los contenidos y durante los plazos que establezca la reglamentación. Asimismo, deberá cumplir con los regímenes de información que fije la ARICCAME en cuanto al control y trazabilidad de todos los procesos productivos e insumos críticos.
• Se establece que cualquier infracción a esta ley, a la reglamentación que se dicte o a las condiciones de vigencia de las autorizaciones, darán lugar a las sanciones aquí previstas, sin perjuicio de las sanciones penales en caso de verificarse delitos de acción pública. Las sanciones que se prevén son apercibimiento, multa, suspensión o caducidad de la autorización e inhabilitación para operar, y serán aplicadas por la ARICCAME previo sumario administrativo.
• Se establece la vía ejecutiva para el cobro judicial de las multas mencionadas. El juicio de cobro se sustanciará conforme al procedimiento de ejecución fiscal regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
• Se dispone que la ARICCAME articulará programas de investigación con las universidades públicas y los organismos de ciencia y técnica orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, la investigación científica vinculada al cannabis y el cáñamo. Asimismo, articulará con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores programas de financiamiento y apoyo emprendedor orientados a facilitar y promover el desarrollo de emprendimientos y pymes vinculadas a las actividades reguladas en esta ley.
• Se establece que aquellos proyectos que hayan sido homologados al amparo de la ley 27.350 de cannabis medicinal gozarán de un régimen simplificado para la obtención de las autorizaciones y/o licencias.

Varios platos fuertes tendrá la sesión del Senado de este jueves, convocada para las 14, y que se prevé será la última que realizará en la previa del receso invernal y la campaña electoral.

La Cámara alta, presidida por Cristina Kirchner, volverá a reunirse en el recinto luego de tres semanas y tratará un conjunto de temas destacados.

Con el apoyo de la oposición, el oficialismo avanzará en la sanción del proyecto sobre "Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes", por el cual se elimina el pago del retroactivo para los monotributistas, que no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante de lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la Ley 27.618.

La iniciativa también fija que en julio se pondrá en vigencia una nueva actualización de escalas con un criterio progresivo, que incrementa en un 77% respecto de diciembre de 2020 el tope para la categoría A, por ejemplo.

Entre otros puntos, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, y un interés de financiación no superior a 1,5% mensual para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.

En conjunto a este tema, se votará una iniciativa que modifica el impuesto a las Ganancias y el de Bienes Personales con el objetivo de “incentivar el ahorro en pesos”.

Otro proyecto destacado, que se encamina a convertirse en ley, se trata de la nueva ley de biocombustibles, un proyecto proveniente de la Cámara de Diputados. Se trata de una nueva iniciativa y no de la prórroga de la Ley 26.093, que precisamente el Senado había aprobado el año pasado por unanimidad.

La iniciativa establece un nuevo marco regulatorio del régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y fija en 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-, con un 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz.

En casi su totalidad -pues habrá que prestar atención al voto de los senadores opositores de Jujuy y Tucumán-, Juntos por el Cambio rechaza la reducción de los porcentajes de cortes obligatorios, pese a los argumentos del oficialismo de que son los mismos valores que contiene la ley actual, y también las facultades que tendrá la Secretaría de Energía.

El temario incluye el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para regular la industria y comercialización de cannabis para uso industrial y medicinal, y también del cáñamo. Con aval del oficialismo y la oposición -excepto el rionegrino Alberto Weretilneck-, la propuesta obtuvo dictamen favorable en comisiones y sufrió una serie de modificaciones en su redacción original, entre ellas la incorporación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal.

Tal cual ocurre siempre, el Senado, con mayoría del Frente de Todos, ratificará una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente Alberto Fernández, entre los que se encuentra el 431/21 que modificó la Ley de Vacunas contra el Covid-19, con el objetivo de firmar contratos con laboratorios que producen vacunas pediátricas.

El temario se completa con un proyecto que autoriza la entrada y salida de tropas desde el 1ro. de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022; una iniciativa que crea un Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros; y otra sobre transferencia de un inmueble a la provincia de Catamarca.

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el Senado avalaron este miércoles el dictamen del proyecto de ley que propone regular la industria y comercialización de cannabis para uso industrial y medicinal, presentado desde el Poder Ejecutivo. Por su parte, el rionegrino Alberto Weretilneck manifestó su rechazo.

La iniciativa, que se votaría en el recinto de la Cámara alta la próxima semana, recibió una serie de cambios respecto de la redacción original, según consensuaron los integrantes de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Presupuesto y Hacienda; y Seguridad Interior y Narcotráfico. Asimismo, en la sesión se incorporarán otras dos modificaciones.

En el texto se contempla además la legalización de los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos.

En el arranque, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT), titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, celebró el acuerdo alcanzado y las modificaciones introducidas, a partir de que "se han receptado todas las principales discusiones y debates que tuvimos", y también las opiniones de los expositores que concurrieron durante las reuniones informativas, al tiempo de contar con la consulta y el aval del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Por su parte, el cordobés Carlos Caserio (FdT) valoró que "tenemos la capacidad de discutir los temas que parecen tabú" y eso muestra "un crecimiento en la visión y en la calidad legislativa que tiene este Congreso". "Las políticas públicas se construyen así, escuchando a todos", destacó el catamarqueño Dalmacio Mera (FdT), que deseó "que tengamos una media sanción pronta".

También a favor de la iniciativa, la santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) sostuvo -en respuesta a Weretilneck-: "Yo no tengo nada contra el capitalismo. Sí contra el capitalismo financiero, que creo le ha hecho muchísimo daño al mundo y a la República Argentina. Pero sí creo que esta es una enorme oportunidad para que pequeños y medianos productores de Argentina puedan trabajar en materia de diversificación productiva".

En tanto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT) resaltó que "el mundo entero está desarrollando hace pocos años esta industria que, en miras a lo que estamos viendo, es una industria novedosa, pero muy dinámica, en donde Argentina tiene la posición de ser un líder natural no solamente por nuestras condiciones climáticas, sino también por nuestra innovación científica".

La postura en contra de Weretilneck

En medio del acuerdo armónico entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que pocas veces ocurre, el senador de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck -aliado del FdT en el Senado- manifestó su posición en contra del proyecto.

Para el legislador, los argumentos del Poder Ejecutivo Nacional "en cuanto a sumar a Argentina a los 50 países que en el mundo empiezan a formar parte de este negocio, con la finalidad de generar ingresos y exportaciones" se hacen "soslayando absolutamente el tema de la salud pública y fundamentalmente a nuestros jóvenes".

"Esta es una ley de las más capitalistas que hemos visto en los últimos años, profundamente capitalista", afirmó el exgobernador de Río Negro, que subrayó que "si vemos lo que está sucediendo en el mundo con el consumo de marihuana", este "es un paso previo a cederle un negocio de estas características a las grandes multinacionales".

Weretilneck opinó que "esto es el reemplazo del tabaco por la marihuana", advirtiendo que "la humanidad tardó 80 años en darse cuenta del prejuicio del tabaco en la salud pública".

"El debate es mucho mayor que si vamos a tener este perfil exportador o de creación de economías (regionales) en el país", agregó y además aseveró que no cree que "el Estado esté en condiciones de controlar esta actividad tan riesgosa".

El proyecto

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Entre los cambios que incorporaron los senadores, se agregó la creación de un Consejo Fedral para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.

A partir de las opiniones de invitados en los plenarios, se incorporó un capítulo denominado "Promoción de la Investigación, Emprendimientos y PyMEs", donde se estima que la ARICCAME "articulará programas de investigación con las Universidades Públicas, y los organismos de Ciencia y Técnica de la Nación y de las provincias, orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, la investigación científica vinculada al cannabis y el cáñamo".

Además, la ARICCAME "articulará con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores programas de financiamiento y apoyo emprendedor orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, el desarrollo de emprendimientos y PyMEs vinculadas a las actividades reguladas en la ley".

En una nueva reunión informativa, que contó con la participación de más de una docena de especialistas, las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Presupuesto y Hacienda; y Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado continuaron con el tratamiento del proyecto que propone regular la industria y comercialización de cannabis para uso industrial y medicinal, impulsado por el Poder Ejecutivo.

En el arranque del encuentro, el senador Mario Fiad (UCR) pidió no dictaminar este mismo lunes, sino que "nos demos un par de días para consensuar el dictamen final". "Estamos medios apurados y en el apuro pueden salir cosas que no sean prolijas", advirtió el jujeño, que agregó que tienen "los tiempos necesarios hasta para poder dictaminar esta semana, si es que esto se quiere tratar la semana que viene en el recinto".

Conductor del plenario, en su condición de presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el senador Adolfo Rodríguez Saá (FdT), destacó que se está llevando a cabo "un muy buen trabajo" y, por ende, este miércoles se buscará que "consensuemos las diferentes propuestas y modificaciones que le podríamos hacer al proyecto y emitir dictamen".

A continuación, se pasó al tramo de las exposiciones y abrió la ronda el ingeniero Daniel Sorlino, integrante del grupo de estudio y trabajo sobre cannabis de la Facultad de Agronomía de la UBA, quien dio una exposición técnica muy detallada y señaló que "en Europa desde hace muchos años se viene cultivando y viene habiendo un gran interés en todas las áreas en las que el cultivo puede aportar a diferentes áreas de uso farmacéutico, industrial".

También recordó que el cáñamo, derivado del cannabis, "fue autorizado en 1989 en Francia" y desde ese momento "se multiplicó en cinco veces" la producción. En cuanto a Argentina, Sorlino mencionó que "en 1977, en la época del proceso militar" se dio la prohibición del cultivo de cáñamo, por lo cual se llevan "casi 50 años de prohibición" y lamentó de "todo lo que nos estamos perdiendo en función de no poder adoptar toda la tecnología que ya ha sido adoptada en el mundo".

Por su parte, Diego Bertone, de la Asociación Civil Proyecto Cáñamo Argentina, aportó información sobre los múltiples usos del cáñamo. Entre ellos, ponderó que sirve para "limpiar suelos, disminuir el uso de agroquímicos", al tiempo que tiene "un alto aprovechamiento industrial".

No solo puede generar aceite, sino también harina, apuntó el ingeniero, que indicó que de la semilla del cáñamo pueden obtenerse "una infinidad de productos alimenticios", al tiempo que del tallo, se puede sacar "plantas de producción de fibra larga" o "fibra corta para autopartes y fibra técnica no textil". Asimismo, del cáñamo se pueden producir biocombustibles como el "bioetanol, biodiésel y biogás". "Podemos hacer materiales para generar baterías, pilas, con menor impacto que el litio", sumó.

Desde La Rioja, Clara Olmedo, integrante de la Asamblea El Retamo, grupo que denunció la contaminación por parte de la curtiembre Curtume CBR -que abandonó recientemente el país dejando a 800 trabajadores desempleados-, enfatizó que "el cáñamo representa un cambio de paradigma que no solo nos exige Nonogasta, sino que nos exige el mundo, el cambio climático y los desastres ambientales".

Para la socióloga, esta ley ayudaría a combatir "la crisis laboral, ambiental y todos los problemas de salud que hemos sufrido por décadas en Nonogasta". "Tenemos una oportunidad y les queremos exigir que permitan y agilicen la sanción de esta ley", añadió.

En contrapunto al resto de los oradores, Claudio Mate Rothgerber, asesor en el Senado y exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, alertó "que no hablemos de los riesgos de esta mercancía" cuando el cannabis "es una misma planta" y "una droga controlada" en todo el mundo.

"Hoy hablan de marihuana ONG'S, influencers, youtubers, con más autoridad pareciera que las publicaciones científicas o las agencias que controlan medicamentos", aseveró el especialista en adicciones, que continuó: "Todas las agencias del mundo que controlan medicamentos no consideran a la marihuana un medicamento. Sí promueven y habilitan, como nuestra propia ANMAT, el uso compasivo, pero advierten especialmente que todos los usos deben estar bajo controles de estricta trazabilidad; no puede ser separado el componente medicinal de la planta en condiciones que no sea controlada".

Además, Mate Rothgerber destacó que, según muestran los balances de empresas de esta industria en Latinoamérica, pese a promover "usos medicinales e industriales, incluso hasta ensayaron usos gastronómicos", esos componentes comerciales "cada vez fueron formando menos parte de sus ingresos", y hoy "las facturaciones y los activos que declaran son producto de la venta" de las categorías "también llamas adulto, recreativa: narcótico".

El padre Pepe era uno de los expositores anotados para participar de esta comisión, pero no pudo conectarse a la videoconferencia.

A su turno, Florencia Corbelle, en representación del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis e investigadora asistente del CONICET, se refirió a la cantidad de personas penalizadas por la tenencia de marihuana para consumo personal, por lo que celebró el proyecto, pero reclamó por el cambio de la Ley de Estupefacientes en este sentido.

Según la expositora, la regulación del consumo para mayores de 18 años "es una medida necesaria y urgente" porque "el cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y el tabaco".

En cuanto a la iniciativa, Corbelle pidió que "se garantice, proteja y fomente la participación de cooperativas, pequeños y pequeñas y medianos y medianas productores y productoras, quien autocultiva y los clubes sociales" en la ley, porque "las formas cooperativas para producir cannabis no solo posibilitan el acceso democrático, sino que equilibran el precio en el mercado".

A su turno, Soledad Pedrana, de la Asociación de Usuarias y Profesionales para el Abordaje del Cannabis, contó que su provincia, no adhirió aún a la ley vigente, pese a lo cual la producción en los laboratorios provinciales avanza velozmente con la fragmentación de resina extranjera, cosa que demuestra a su juicio que no hay articulación entre las organizaciones y el Estado, pues hay mucha producción nacional que no está siendo utilizada.

Perla Peralta, representante de la Cámara de Emprendedores Cannábicos de la Argentina, habló de un mercado interno oculto nacional que se está desarrollando sin estar regulado, y respecto de las semillas nacionales que necesitan que la generación de patentes de genética y certificaciones agroecológicas nacionales les dén una ventaja competitiva al pequeño productor para que tengan fácil acceso a la patente y no deban caer en el régimen internacional, “pagando con dólares patentes que tendríamos que estar pagando en pesos”. En ese sentido dijeron que quieren pagar los impuestos correspondientes y destacó que según estadísticas que existe un mercado oculto que representa “muchísimo dinero del cual no le queda así nada al Estado”.

Por su parte, Martín Galíndez, asesor legal de Cannabis Medicinal Argentina, advirtió que hoy el derecho a la salud con respecto al cannabis se encuentra “postergado”, y destacó que se trata de una alternativa terapéutica “basada en un gesto humanitario, porque admitir una nueva terapéutica para dolencias y patologías que tienen una historia no resuelta es un gesto humanitario. Eso es lo que viene a hacer el cannabis medicinal: es una política sanitaria que se apoya en necesidades humanas”.

También expusieron en el plenario Pablo Oviedo, de la Asociación Cannábica Correntina; María Victoria Baca Paunero, del Centro de Estudios Cultura Cannábica; Gabriela Calzolari, de la Asociación Civil Ciencia Sativa; Fausto Botta, de la Campaña Cannabis al Congreso; Emilio Ruchansky, de Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, y Martín Alonso, gerente de Stay True Organic.

El proyecto de ley que establece la regulación de producción, industrialización y comercialización del cannabis, semillas y derivados para uso industrial y/o medicinal inició su camino en el Senado con una exposición del ministro de Desarrollo de la Producción, Matías Kulfas, quien se llevó el reclamo de algunos senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio para que incluyan en el directorio del nuevo organismo a representantes de las provincias.

En el plenario de comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara alta realizado este miércoles se cerró la grieta entre el oficialismo y la oposición bajo un mismo interés: más federalismo.

Luego de la presentación de la iniciativa por parte de Kulfas, a la hora de las consultas, la primera en abrir el fuego fue la senadora por San Juan Cristina del Carmén López Valverde (FdT), quien manifestó: “Quisiera saber si de haber varias provincias, como San Juan, que ya tienen sus propias agencias regulatorias, no se podría cambiar la figura de esta agencia por una federación o si no se les podría dar cierta autonomía”.

En el mismo sentido, el senador jujeño Mario Fiad (JxC) remarcó: “Coincido plenamente con la posibilidad de poder federalizar la producción y la participación de las provincias en el directorio o consejo consultivo, para que no se vulnere la potencialidad y la posibilidad que tiene cada provincia”.

Por su parte, la senadora por San Luis María Eugenia Catalfamo (FdT) afirmó: “Nosotros consideramos que es importante la incorporación de los gobernadores y gobernadoras a la autoridad de aplicación, quizás creando un Consejo Federal que permita la participación de las provincias”.

También la senadora jujeña Silvia Giacoppo (JxC) planteó: “No queda claro qué va a pasar con los proyectos que ya están funcionando y ya poseen todas las autorizaciones del ministerio de Seguridad y de la ANMAT”.

Al respecto, Kulfas respondió: “Este proyecto de ley para la producción, industrialización y comercialización del cannabis fue presentado en Consejo Económico y Social y, efectivamente, allí estuvieron gobernadores y distintos sectores para compatibilizar algunas ideas en él".

"Los proyectos ya en curso en distintas provincias, que son muy valorables, como es el de Jujuy, no podrían avanzar mucho más bajo la legislación actual. Por eso es clave que tengamos esta nueva regulación para el cannabis lo antes posible", advirtió el titular de la cartera de Producción.

Otro tema consultado por la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri fue el límite de THC en el proyecto.

Kulfas respondió que “la recomendación es que esas definiciones estén precisadas en la reglamentación. Permanentemente hay cambios y miradas regulatorias que plantean modificaciones, sería complicado recurrir al Congreso ante esas modificaciones", aclaró.

Sobre el porcentaje de producción destinado a cooperativas y pymes, la legisladora de Río Negro Silvina García Larraburu (FdT) estimó que “sería importante establecer en la normativa, cuál sería el porcentaje de producción destinado a cooperativas, pymes, empresas, instituciones y organizaciones, de manera que podamos prever y evitar la posible monopolización de la actividad”.

En tanto, Kulfas respondió: "Nuestro planteo, ya en el espíritu de la ley, es que haya prioridad para pymes, cooperativas y microemprendimientos, que la del cannabis sea una industria que nazca desconcentrada”.

Al inicio de la exposición, el ministro de Desarrollo Productivo explicó que el Gobierno ha “buscado en este proyecto contemplar una multiplicidad de voces y esperamos poder profundizar el debate en el Congreso para tener una ley que nos permita desarrollar la industria del cannabis para uso medicinal y el cáñamo para uso industrial".

En el cierre, el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Adolfo Rodríguez Saá, anunció que este viernes continúa el tratamiento de este proyecto de ley con la asistencia de varios expositores y el lunes se firmaría dictamen.

Se largará este miércoles en el Senado el debate del proyecto de ley impulsado por el Gobierno para regular la industria y comercialización de cannabis -para uso industrial y medicinal-, con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El encuentro se realizará desde las 15, en el marco de un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Presupuesto y Hacienda; Seguridad Interior y Narcotráfico; presididas por los senadores oficialistas Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Caserio y Dalmacio Mera, respectivamente.

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones.

Consiste, principalmente, en establecer un marco legal que autorice -a través de un fuerte esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados.

Se busca impulsar una ley que posibilite y fomente los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal. Asimismo, incluye la legalización de los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo aclaró que el mismo "no incorpora definiciones referidas al uso o aplicación terapéutica del cannabis", cuestión que debe quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, sino que "está exclusivamente dirigido a promover y regular el desarrollo de la cadena productiva del cannabis de uso medicinal y el cáñamo".

En primer término, la iniciativa dirige el otorgamiento (y posterior control) de las licencias a una serie de eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica (empresas privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles, cooperativas, etc.).

Asimismo, se contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

La ARICCAME tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.

Entre sus funciones tendrá la de regular el funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinar las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes.

Su directorio estará constituido por representantes del sector público con rango y jerarquía de secretario o secretaria, y será el funcionario/a designado/a por la cartera que conduce Kulfas quien ejercerá la presidencia.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento a la inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa, la suspensión y la caducidad de la autorización.

El Gobierno argumentó que "durante los últimos años, la industria del cannabis legal ha generado gran interés a nivel mundial. El avance gradual hacia la legalización del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis, como así también la reconsideración del potencial del cáñamo industrial (una variedad específica de cannabis con nulo o muy bajo contenido del cannabinoide psicoactivo THC y aplicaciones múltiples en la industria y la construcción) ha dado lugar al surgimiento de una industria naciente y muy dinámica que involucra iniciativas del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil".

"En un marco internacional en el que las iniciativas productivas y marcos legales de promoción del sector florecen, nuestro país debe generar las condiciones para impulsar su propio desarrollo. Con el establecimiento de un marco legal e institucional apropiado, la República Argentina podrá entrar en un sendero de convergencia en materia de desarrollo de capacidades productivas y de generación de empleo y logrará ponerse rápidamente a la altura de sus competidores regionales inmediatos, los cuales ya cuentan con algunos años en el desarrollo del sector", agregó.

El proyecto de ley “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial” ingresó este martes al Senado, para comenzar con su recorrido legislativo tras ser presentado días atrás por el Gobierno nacional, en un acto que encabezó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

La iniciativa establece los mecanismos para la regulación de la actividad del cáñamo, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve el desempeño de las cooperativas del sector y de las PyMEs.

El potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos (alto porcentaje en I+D+i), US$ 500 millones en ventas al mercado interno anuales y US$ 50 millones de exportación anuales.

El objetivo de la normativa es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

El proyecto de ley promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

Además, impulsa la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) la que tendrá entre sus funciones regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cáñamo. También la de otorgar y administrar autorizaciones para producción y comercialización, con especial atención a PyMES, cooperativas y economías regionales. La ARICCAME tendrá entre sus facultades la capacidad de coordinar acciones necesarias con organismos reguladores para el desarrollo del sector, y estará compuesta por los Ministerios nacionales de Desarrollo Productivo; Salud; Agricultura, Ganadería y Pesca; Ciencia y Tecnología; y Seguridad.

Ante la presentación del proyecto de ley oficialista sobre la regulación de la producción de cáñamo para cannabis medicinal, la diputada nacional y autora de una iniciativa similar el año pasado, Mara Brawer, sostuvo que “es un tema que venimos trabajando desde hace varios años y este proyecto impulsa el desarrollo nacional de la cadena productiva del cáñamo”.

Al respecto, la legisladora del Frente de Todos sostuvo que "este proyecto tiene firma de todos los bloques y habiendo tantos productores insistiendo para que se desarrolle, va a tener una discusión interesante, y no dudo que vaya a salir de forma positiva".

#AHORA hablamos con @MaraBrawer Psicóloga, Diputada Nacional por CABA @FrenteDeTodos sobre la presentación del proyecto de ley regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo.

🎙️#LaMecha🔥📻https://t.co/jKejIHcpvt pic.twitter.com/6vfkwJBFHu

— Radio Provincia AM 1270 (@provincia1270) June 2, 2021

Sobre el proyecto, señaló que “crea una agencia que permite que la industria en Argentina sea legal para fines industriales y medicinales”.

“Esta ley tiene eje en economías regionales, cooperativas y pequeños productores”, agregó en diálogo con Radio Provincia.

Sobre el cáñamo dijo que “tiene 25 mil productividades diferentes” y “tiene el beneficio de ser una industria totalmente sustentable porque es un cultivo que requiere poca agua, bajas cosechas, necesita pocos fertilizantes y es un cultivo reparador del suelo".

“Es una industria nueva y con importantísimas posibilidades de venta e importación”, apuntó.