El Poder Ejecutivo reglamentó este lunes la Ley 27.669, por el cual se creó un Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial. La norma fue sancionada en mayo del año pasado en la Cámara de Diputados por 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones.

El decreto 405/23 -que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y los ministros Sergio Massa (Economía) y Carla Vizzotti (Salud)- establece que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Industria, tendrá la competencia de "controlar y emitir las autorizaciones administrativas" con respecto al uso de la planta, las semillas y productos derivados del cannabis.

Esto se hará, "atendiendo especialmente a la finalidad de contribuir al desarrollo de la actividad de cooperativas y de la pequeña producción agrícola e industrial y, en ello, a las perspectivas de género y diversidad", aclara el texto.

También se dispone la integración del Consejo Consultivo Honorario, que funcionará bajo la órbita de la ARICCAME y estará integrado por 20 miembros titulares e igual número de suplentes, de actuación “ad honorem”, en el cual participarán instituciones de las áreas científico-tecnológicas del Estado Nacional, organismos técnicos especializados y organizaciones de la sociedad civil.

"A los fines de instrumentar el régimen de licencias y autorizaciones, se adopta el sistema de 'Ventanilla única para la industria del cáñamo y el cannabis medicinal' para la gestión de trámites vinculados a la emisión de autorizaciones, licencias y certificaciones necesarias", indica el decreto.

En los considerandos, el Gobierno -que impulsó el proyecto- recordó que la ley "rige en todo el territorio de la República Argentina con carácter de orden público" y "las actividades que en la misma se regulan están sujetas a la jurisdicción federal, y cualquier incidencia que de modo directo o indirecto pudiera surgir o derivar de la misma será competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal".

"El avance gradual hacia la legalización del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis, como así también la reconsideración del potencial del cáñamo industrial ha dado lugar al surgimiento de una industria dinámica que involucra iniciativas del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil", se resaltó.

Y agregó que "nuestro país posee claras ventajas comparativas para el desarrollo del cannabis medicinal e industrial, por las capacidades científicas y tecnológicas en materia agrícola e industrial, así como las propicias condiciones climáticas y de suelo del territorio nacional".

Tras el acto realizado en Casa Rosada, se publicó este jueves en el Boletín Oficial el decreto de promulgación de la Ley 27.669, de Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial.

La norma se sancionó en la Cámara de Diputados el pasado 5 de mayo, con 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones.

Entre sus puntos principales, la norma crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La ley, que fue impulsada desde el Poder Ejecutivo, contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, se prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Asimismo, prevé la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y a Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, anunció este martes la promulgación de la Ley que regula el desarrollo productivo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

El mandatario remarcó que “estamos poniendo en marcha una ley que fue el resultado de un gran consenso”, y destacó que “detrás de esta ley va a haber una industria que produzca, que dé trabajo, que traiga dólares, pero fundamentalmente que sane”.

 “Empezamos a escuchar a unas madres que con el cannabis hacían aceite, que hacían a sus hijos la vida más llevadera”, destacó el jefe de Estado. Y agregó: “Comenzamos a prestar atención y hoy estamos ganando otra batalla contra la hipocresía", a la vez que celebró el trabajo para impulsar la ley de las diputadas nacionales Carolina Gaillard y Mara Brawer, presentes en el acto.

Un día de mucha alegría y mucha emoción! Gracias @alferdez y @KulfasM el marco legal para el desarrollo productivo de #CannabisMedicinal y #Cañamo Industrial fue promulgado y hoy es una realidad, muchas familias argentinas podrán acceder a sus tratamientos. 💪 pic.twitter.com/hfwmdJ6q2c

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) May 24, 2022

Al respecto, la diputada Carolina Gaillard señaló que “nuestro gobierno escuchó la demanda de las organizaciones de la sociedad civil y de miles de pacientes que reclaman acceder de forma legal a una sustancia segura y de calidad”.

En este sentido, Gaillard remarcó que “es una ley muy importante que genera una nueva industria y garantiza el derecho a la salud para miles de personas”.

“Nuestro gobierno ha decidido que el desarrollo del cannabis medicinal y la producción industrial de cáñamo sean una política de Estado”, continuó Gaillard. Y agregó que “esta ley abre un camino productivo, un camino a una nueva industria. Esta ley garantiza el desarrollo de nuestras economías regionales, genera trabajo y acerca la terapia con cannabis a miles de familias que vieron mejorías notables con este tratamiento”.

Kulfas resaltó que “la aplicación de esta ley va a permitir inaugurar una nueva industria en la Argentina”. En ese sentido, valoró que “es una industria que va generar desarrollo regional, en diferentes lugares del país, con fuerte presencia de cooperativas, de empresas pequeñas y medianas, generando puestos de trabajo”.

La norma crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que funcionará dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, y será la encargada de aprobar y administrar las licencias para la producción industrial del cultivo.

El organismo público descentralizado tendrá como función regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.

El objetivo de la norma es brindar un marco legal para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico del cannabis.

La industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial tiene un crecimiento exponencial a nivel mundial, con un volumen en el mercado internacional de 42.700 millones de dólares proyectado para 2024.

Las previsiones de la cartera de Desarrollo Productivo para el año 2025 en la Argentina son de 500 millones en ventas al mercado interno anuales y 50 millones de exportación anual, sumado a un potencial de creación de 10.000 nuevos empleos.

El proyecto se convirtió en ley tras su aprobación en la Cámara de Diputados con 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones.

La normativa cuenta con el apoyo de gobernadores, que respaldan la iniciativa para potenciar sus economías regionales. Tal es el caso de Jujuy, Corrientes y La Rioja que ya cuentan con cultivos de cannabis medicinal.

Del acto participaron la fundadora de Mamá Cultiva, Valeria Salech; de manera virtual, desde Portugal, Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis y desde La Rioja, Benjamín Enrici, presidente de Agrogenética Riojana.

También asistieron autoridades nacionales, legisladores, legisladoras, representantes de la Cámara Argentina del Cannabis, de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática, futuros emprendedores y emprendedoras en proceso de investigación, cultivadores y cultivadoras.

El diputado nacional Luis Di Giacomo expresó su rechazo a la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, al alertar que con esta norma "estamos abriendo la puerta a la legalización de la marihuana y a un negocio extraordinario".

"Queda claro que ante este proyecto de ley hay diputados que están intentando, o pensando, que es muy probable con esto desarrollar tanto el cáñamo industrial como el cannabis medicinal. Eso es una parte del proyecto, la otra parte es claramente la legalización de la marihuana", apuntó.

El jefe del interbloque Provincias Unidas consideró "inaceptable" que "se haya metido en la misma bolsa el cáñamo industrial y el cannabis medicinal, porque si bien los dos responden a una misma especie, el cáñamo industrial proviene de una cepa que tiene características particulares". "Lo que hay que controlar es que no se meta gato por liebre, que sea cáñamo y no marihuana lo que se está sembrando", continuó.

Para el legislador de Juntos Somos Río Negro, al autorizar que sea el Poder Ejecutivo el que determine las cantidades que se sembrarán, "estamos delegando una cuestión que a nivel internacional de ninguna manera se delega".

"Nos quieren vender sensiblemente, con buenas palabras y con un lenguaje atractivo hasta que es un planta sagrada", criticó y advirtió que "detrás de esta marea legalizadora hay poderosísimos intereses internacionales, porque con esto se calcula que para el 2025 este negocio va a mover más de 60 mil millones de dólares".

Tras quejarse del "debate exprés", Di Giacomo consideró que "falta un debate serio para poder decir hasta qué punto estamos hablando de lo que se quiere decir en la ley, y hasta qué punto lo que en realidad estamos haciendo es abriendo la puerta a la legalización de la marihuana y a un negocio extraordinario que va mucho más allá del cáñamo industrial y el cannabis medicinal".

Para el diputado, al "abrir el juego a miles de cultivadores", más "lo que ya se está produciendo en los laboratorios estatales", tendremos "un poderoso excedente" que "lo que va a pasar es que va a ir al consumo, que la industria cannábica multinacional llama recreativo o adulto, y nosotros lo llamamos por su nombre: el consumo narcótico", alertó.

Además, anticipó que "cuando acá se se animen a discutir la legalización, nosotros vamos a traer también a la tribuna a todos esos jóvenes humildes que viven en las villas, que son hoy atendidos por las iglesias, por la gente que trabaja en los barrios, por la militancia por la vida. Y estos jóvenes son presos de lo que hoy significa el negocio del narcotráfico".

"Hoy la marihuana no es más la plantita sagrada que tenía 5% a 7% de THC, hoy es un transgénico; le digo a esos progres porteños que hoy la plantita sagrada tiene 20% a 30% de THC, y eso significa psicosis, significa esquizofrenia, significa muerte", lanzó el legislador, de profesión médico psiquiatra. Y sumó que "en Uruguay o algunos estados de Estados Unidos se quintuplicó la cantidad de consumidores de marihuana" a partir de su legalización.

Finalmente, Di Giacomo dijo: "Yo no hablo desde la moral ni desde la religión, ni desde ideas de derechas o izquierdas; yo hablo desde la problemática de la salud en la Argentina que nos está diciendo que cada vez tenemos más adictos para los cuales no tenemos un sistema de atención".

Tras un debate de cuatro horas, la Cámara de Diputados convirtió en ley este jueves el marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial, un proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo, más precisamente desde la cartera de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas.

A las 21.44 el tablero marcó 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones. Los defensores de la ley rescataron la intención de crear puestos de trabajo a través de la creación de una nueva industria, además de aclarar que no contempla la arista "recreativa"; mientras que algunos de los que se opusieron resaltaron que es una “puerta” hacia la legalización de la marihuana, y otros cuestionaron la creación de una agencia estatal que sumará más burocracia.

En la votación en particular, que llevó unos cuantos minutos, ningún artículo fue rechazado, pero sí varios de ellos sumaron un poco más de votos en contra en relación a la votación en general.

La norma había recibido media sanción del Senado en julio de 2021 y, en noviembre pasado, tuvo dictamen de comisiones en la Cámara baja, pero no llegó a tratarse en el recinto antes del recambio parlamentario. Aunque formaba parte del temario de extraordinarias tampoco se debatió en el verano. 

Una de las mayores impulsoras de la norma, abrió el debate la porteña Mara Brawer (FdT), quien arrancó su discurso apelando a las palabras del general Manuel Belgrano en cuanto al desarrollo del cáñamo, tras lo cual destacó que luego de 200 años “estamos cumpliendo el sueño, con tecnología avanzada del siglo XXI” porque “ya no hablamos de velas, de telas, hablamos de cannabis medicinal, de niños con epilepsia, para adultos con dolores, para personas con problemas de sueño”.

“Cuando hablamos del cáñamo industrial, hablamos de una variedad del cannabis que tiene la característica de tener muy poco contenido de THC, y eso hace que desde el 61’ se excluya de la convención de estupefacientes. ¿Para qué sirve? Hacemos el marco de los lentes; con el cáñamo la fábrica de legos se comprometió a que los juguetes sean de plástico biodegradable hechos con cannabis”, señaló. 

Entre sus usos, la oficialista enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio, plástico; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros. “Son infinitos los usos que tiene esta planta. Esta ley es fundamental para personas desnutridas, adultas mayores con problemas de alimentación”, insistió al resaltar sus cualidades.

“Todo se usa, desde la raíz, el tallo, las flores y hasta las semillas. Más de 25 mil productos al día están reconocidos en el mundo producto de esa planta”, sumó Brawer, y agregó que es importante la ley porque “nace una nueva industria en Argentina; para eso la ley crea el marco regulatorio para el desarrollo productivo del cannabis medicinal y cáñamo industrial y crea una agencia federal en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo integrada por representantes de salud, ganadería y agricultura, ciencia y de seguridad”.

En ese sentido, explicó el interés de la creación de la agencia federal: “Porque la planta del cannabis necesita fiscalización del Estado nacional al estar abarcada por la ley penal de orden público. Además, su producción para exportación en el uso medicinal está regulada por organismos internacionales”. “Las licencias van a ser para el cannabis medicinal y las autorizaciones para el cáñamo industrial”, aclaró sobre una de las funciones de la agencia.

En su intervención, el radical Ricardo Bruyaile (UCR) explicó que “el proyecto tiene usos medicinales no fines recreativos”, y recordó que en marzo del 2017 se sancionó “una ley que establecía el marco regulatorio para la investigación médica y científica del cannabis medicinal, pero resulta insuficiente para que llegue a la sociedad, para que las etapas de comercialización y producción con fines terapéuticos estén contempladas”.

“No es el mejor proyecto”, consideró el formoseño, aunque dijo que “es un paso adelante”, ya que se está “apuntado a la salud pública para mejorarle la calidad de vida a miles de personas, porque hoy se consume aceite de cannabis en redes sociales y estamos exponiendo a eso a nuestra sociedad”.

El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería aclaró que “de ninguna manera estamos tratando en este Congreso al cannabis con uso recreativo, eso tiene que quedar descartado”.

Con respecto al cáñamo industrial, el radical sostuvo que es “una industria que puede generar millones de dólares en exportaciones, nuevos puestos de trabajo en las provincias”. Sin embargo, cuestionó que se le da “a la agencia la potestad de abrir agencias cuanto crea necesaria en un Argentina en estas condiciones. No estamos de acuerdo, no se pueden habilitar tantas agencias cuando considera”.

“No entendemos cómo se excluyeron a las provincias, en la selección de representantes no están contempladas las provincias. Queremos que tenga un verdadero espíritu federal”, enfatizó y propuso modificar la composición de ese directorio.

Buryaile sugirió, entonces, que tenga dos miembros en representación del Ejecutivo y tres por las provincias. “Hay provincias que están avanzadas en esto y queremos sumarlas. El Congreso debe seguir muy celoso que esta reglamentación no se desvíe”.

A su turno, la entrerriana Carolina Gaillard (FdT) destacó el acompañamiento de investigadores, médicos y organizaciones, y recordó la sanción de la Ley 27.350 -de su autoría- que “fue un paso importante para desmitificar a la marihuana, para quitar prejuicios, y darle la legitimidad que la planta tenía. Es una planta que tiene muchos beneficios”.

Sin embargo, criticó al gobierno de Cambiemos porque reglamentó la ley con un decreto de manera restrictiva y el cannabis era solo para personas con epilepsia refractaria. “Según el artículo 8 establecía que iba a haber un registro de cultivadores; no fue tal porque no se reglamentó. El artículo de laboratorios públicos nunca se reglamentó, por lo cual esa ley fue a medias”, apuntó. 

“Esa ley terminó frustrándonos porque las personas tenían que buscar el cannabis en otros lados, o cultivando en la clandestinidad porque estaba penado”, expresó Gaillard. En ese marco, destacó el decreto 883 del presidente Alberto Fernández que “reglamentó nuevamente la ley para que haya un registró de cultivadores, ampliar las patologías, que se acepte que las farmacias realicen formulaciones magistrales”.

Y cerró: “El cannabis cambia un montón de lógicas sociales, es una planta que nos viene a cambiar, incluso las fórmulas de los médicos. Estamos dando un gran paso con esta ley”.

De la vereda de enfrente, el jujeño Gustavo Bouhid (UCR) recordó que en su provincia ya se produce aceite de cannabis para uso medicinal, pero advirtió que en el país hay cultivos “ilegales”. Por otro lado, precisó que el cannabis tiene dos componentes puntuales, el THC y CBD, uno de ellos tiene que ver con el dolor y el otro con problemas neurológicos. 

Al coincidir con su par Buryaile, la diputada Graciela Ocaña (Pro) cuestionó que “estamos creando un organismo de mucha crisis en la Argentina, una agencia regulatoria que crea una cantidad de estructuras que considero innecesarias, porque hay áreas del Estado que trabajan mucho en esto. ¿Es necesario crear esta estructura que no tiene participación de las provincias, que le otorgan facultades amplias sobre las que el Congreso no participará? No confío en dejar una política central en manos del Ejecutivo, de la producción y comercialización del cannabis. No puedo acompañar eso. Esto va a traer un gasto burocrático grande, el camino es otro, no creo que este proyecto venga a resolver problemas de salud”.

En el mismo sentido se pronunció el neuquino Pablo Cervi (Evolución Radical), quien, en principio, destacó la importancia de generar un marco regulatorio, pero criticó que “no hay que caer en crear estructuras, no estamos en condiciones de seguir sumando gastos al Estado, ya tenemos serios problemas de pobreza e inflación”. “También se habla de la creación de un gravamen que genera, por lo que no debería ser la Cámara de origen la de Senadores, sino Diputados”, sumó.

Por el interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) lanzó fuertes críticas al proyecto, ya que denunció que detrás del mismo hay “aspectos económicos de interés que inspiran la sanción”. Además, calificó al Estado de “inepto” para combatir la problemática del narcotráfico.

“Las madres de los enfermos no nos piden crear la industria de la droga, sino que cambiemos la Ley de Salud Mental para que los jóvenes puedan ser tratados, porque el Estado no lo hace. El Estado nacional no tiene política contra la salud mental, ni contra las adicciones, ni el narcotráfico”, enfatizó.

También en contra, el jefe del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), opinó que con esta ley "lo que estamos haciendo es abriendo la puerta a la legalización de la marihuana y a un negocio extraordinario", porque aseguró que "detrás de esta marea legalizadora hay poderosísimos intereses internacionales".

"Yo no hablo desde la moral ni desde la religión, ni desde ideas de derechas o izquierdas; yo hablo desde la problemática de la salud en la Argentina, que nos está diciendo que cada vez tenemos más adictos para los cuales no tenemos un sistema de atención", remarcó, al indicar que en Uruguay o algunos estados de Estados Unidos que legalizaron la marihuana, "se quintuplicó la cantidad de consumidores de marihuana".

Desde la izquierda, Romina Del Plá (FIT-PO) expresó: “Apoyamos la ley de regulación del cannabis, porque consideramos que es un paso hacia la flexibilización de la nefasta Ley de Drogas vigente; y es un escalón más para pelear por la legalización de la marihuana y la despenalización del consumo”.

A su turno, el jujeño Jorge Rizzotti (UCR) anticipó su voto a favor al sostener que a partir del 2017 con la sanción de la Ley 27.350 iniciamos en el país un proceso “con el desarrollo del cannabis como respuesta necesaria en el área de salud, pero también desde el punto de vista del desarrollo de economías regionales”.

A su vez, enumeró los motivos por los cuales es necesaria la ley: “Existe un desarrollo industrial y comercial del aceite, porque la diversidad productiva del territorio así lo exige, porque hemos empezado un camino de construcción de conocimiento en salud, pero porque la tendencia mundial insta a la Argentina a ser protagonista en eso”. “Esta ley podría haber sido tratada el año pasado y avanzar mucho más, pero esta ley no es la ideal, es la que se puede. Hay una intervención por parte del Estado que no es ideal, tampoco la falta de participación de las provincias es ideal”, observó.

No obstante, el diputado que responde al gobernador Gerardo Morales, interesado en la ley, manifestó que “es importante avanzar porque el mercado del cannabis medicinal estima una proyección de más de 170 mil millones de dólares; debemos poder mirar el territorio y dar la posibilidad del desarrollo del país”.

Contrariamente, el porteño Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) ratificó su postura en contra por “razones de orden federal, porque no pueden iniciarse impuestos en el Senado y esa tasa tiene todas las características de un impuesto. No avalo una estructura burocrática en un país que está quebrado”.

“Nosotros tenemos que buscar soluciones que no impliquen estos costos, no podemos tener estructuras burocráticas federales, provincias y locales. Tenemos que partir de la realidad económica del país. La idea de subir impuestos, de blanquearlos, acá otra tasa más, más un organismo burocrático de gran magnitud, no lo comparto”, añadió el economista liberal, en relación a que la agencia que se crea podrá determinar una "tasa de fiscalización y control que anualmente abonarán los sujetos alcanzados por la ley, así como su metodología de pago y recaudación, cuya cuantía será de hasta el cinco por mil del importe facturado", según indica el artículo 7.

En el tramo de los cierres, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, aseveró: "No entendemos por qué la creación de una agencia autárquica, más allá de que algunos dicen que es por un compromiso internacional, o el Consejo Federal, o las competencias que tienen las provincias". "Estamos frente a una sustancia prohibida, que pasa a ser una sustancia controlada, porque tiene algunos usos lícitos", señaló y, en ese sentido, dijo que "hay organismos que ya controlan sustancias".

También se quejó de que el proyecto "no tuvo giro a la Comisión de Salud, y podría haber tenido giro a la Comisión de Legislación Penal, porque en alguna medida modifica la Ley de Estupefacientes".

A cargo del cierre del debate, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, defendió que esta ley "puede abrir un sendero de producción, de generación de valor agregado, de creación de empleo, y empleo de calidad y federal". "Nunca es fácil arrancar un camino de estas características", reconoció, pero resaltó que "muchas provincias que ya vienen desarrollando iniciativas al respecto".

"Estamos ante una enorme oportunidad en un país que, con todas las contradicciones que tiene nuestro presente, tiene también oportunidades de desarrollo productivo, crecimiento, generación de empleo, inclusión y distribución del ingreso que yo creo tenemos que aprovechar", continuó.

Al afirmar que entendía las "dudas" planteadas por algunos de sus pares, el santafesino se comprometió pedir al Poder Ejecutivo que "en la reglamentación podamos ser muy estrictos en tres principios que se escucharon: el principio de la idoneidad de todos aquellos que integren la agencia; la austeridad en la administración de la agencia, lejos estamos de querer plantear una superestructura burocrática; y garantizar en esa conformación que el principio de federalismo esté presente en todas las instancias".

Puntos centrales de la nueva ley

La flamante ley, impulsada desde el Poder Ejecutivo, crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La norma contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, se prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.

Una vez más quedó clara la extrema paridad de fuerzas que existe en la Cámara de Diputados y que, en esta segunda mitad de mandato, vuelve a inclinarse a favor de la oposición. Porque esa es la razón por la cual el oficialismo se ha visto forzado a incluir en el temario de la sesión que arrancará a las 11.30 el menú de proyectos para implantar la boleta única, de donde no saldrá este jueves una media sanción, sino un emplazamiento a las comisiones para que en un tiempo perentorio debatan las distintas iniciativas que hay presentadas.

En realidad, y ahí está el primer tema que tensionará los espíritus, la oposición no quiere que sean “comisiones”, sino solo la de Asuntos Constitucionales. Las autoridades de la Cámara hablan en cambio de tres comisiones, incluyendo las de Justicia y Presupuesto y Hacienda. Ese será el disparador de la primera discusión.

Tras ello, que será el primer tema a tratar, se abordarán los proyectos que había incluido originalmente el oficialismo en el temario de la sesión de las 11 de la mañana: cannabis y cáñamo industrial, VIH e incentivo a la construcción.

Esos tres proyectos tuvieron dictamen esta semana, durante el “supermartes” en el que las comisiones se desperezaron y comenzaron a generar material para un recinto que durante el presente año solo ha tratado el acuerdo con el Fondo Monetario.

A esta sesión “consensuada” se llegó luego de que el oficialismo cobrara conciencia de que no le alcanzaba para iniciar la sesión de las 11 de la mañana y con eso obturar la del mediodía. Con esfuerzo, llegaba a 128 voluntades: le faltaba una más y con esa certeza tuvo la correcta idea de negociar con la oposición y no darse de bruces con una realidad que no es la que necesita en estos tiempos turbulentos para el Gobierno.

Así las cosas este jueves se espera que todos “celebren”. Como bien dijo el miércoles una alta fuente oficialista, “ellos se llevan el tratamiento en comisión y nosotros tres leyes”. En rigor, habrá dos medias sanciones y una ley, pues la que se espera consiga la sanción restante es la que promueve la industria del cannabis y el cáñamo industrial, que consiguió el martes dictamen en Presupuesto y Agricultura. Los otros dos proyectos deberán pasar todavía por la Cámara alta.

En el caso de la oposición, la satisfacción será la de haber demostrado que “unidos son más” y marcarle de alguna manera la agenda al oficialismo. Esta ha sido una demostración de fuerza que sobre todo Juntos por el Cambio sabe que deberá aprender a administrar y es lo que de ahora en más tratará de lograr, también con las enseñanzas de 2009, cuando el Grupo A le permitió a la oposición manejar muchas comisiones, pero sin mejor destino.

En un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería, presidida por el radical Ricardo Buryaile, y la de Presupuesto y Hacienda, a manos del oficialista Carlos Heller, se retomó este martes el debate sobre el proyecto de ley que crea un marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y cáñamo, propuesto por el Gobierno y que cuenta con media sanción del Senado, con voces a favor y en contra la iniciativa pasó a la firma.

Al comienzo de la reunión, en defensa del proyecto la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT) sostuvo que “es un tema muy importante para muchas familias argentinas porque están esperando este marco legal que les va a permitir acceder al tratamiento con cannabis”.

En ese sentido, recordó que en el 2017 se sancionó la Ley 27.350 que fue un “gran paso y un avance en materia de cannabis, pero se limitó a declarar de interés la investigación y estableció algunas cuestiones que permitieron que haya ciertos desarrollos en todo el país, aunque fueron cultivos experimentales y la ley no permitió el cultivo para comercializar, producir y exportar que es lo que viene a hacer este marco legal”.

“La Ley generó muchas expectativas, pero no cumplió. Fue insuficiente porque estableció que se garantizaban los tratamientos, pero no brindaba una autorización para que se pueda producir productos de cannabis medicinal”, sostuvo la entrerriana.

Además, destacó: “El cannabis medicinal está considerado un estupefaciente y por eso se necesita una autorización para cultivar, para producir, para exportar. Lo que viene a hacer el proyecto es darle un marco legal al desarrollo productivo. Crea una agencia que va a expedir las autorizaciones para cultivar, generando una industria nacional que garantice que se puede producir sustancias seguras y de calidad que es lo que necesitan las familias que hacen uso del cannabis para distintos tratamientos de salud”, y subrayó que “hoy la única manera de acceder es con el autocultivo lo cual no es suficiente porque falta el marco legal”.

“El tema del cannabis se trata de un mercado global emergente y se presenta como una ventana de oportunidad para el país, permite generar empleo de calidad y por supuesto se prevé que el escenario hacia el 2025 la creación de 10 mil puestos de empleos nuevos, 500 millones dólares de ventas al año. Permite un desarrollo productivo que tiene un universo prominente. Viene a complementar la ley anterior, ya que permite el desarrollo productivo. La creación de la agencia es necesario porque hay que pensar la producción del cannabis como una industria que requiere de una estructura como la agencia que pensará toda la política del desarrollo productivo y de salud”, explayó la legisladora del FdT.

“Es importante que haya un registro de semillas de cáñamo y cannabis para no tener que estar importando, la ley 27.350 no fui suficiente porque conseguir el aceite de cannabis no es una posibilidad, las familias lo consiguen con un cultivador solidario porque no hay un marco legal que permita el desarrollo productivo”, puntualizó Gaillard y cerró: "El cannabis es un producto vegetal, pero falta un amor legal para que todo aquel que quiera exportar, desarrollar o producir lo pueda hacer. Que las familias que hacen tratamientos con cannabis puedan acceder a un producto de calidad".

A su turno, la legisladora Mara Brawer se refirió a las bondades del cáñamo, que actualmente no es considerado estupefaciente, y aseguró que se trata de “una industria sumamente sustentable” y “toda la cadena productiva tiene huella de carbono negativa”. “Es una industria ecológica y que genera puestos de trabajo”, añadió.

Entre sus usos, la porteña enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio, plástico; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros. “Son infinitos los usos que tiene esta planta. Esta ley prevé un régimen simplificado”, resaltó.

En su uso de la palabra, la diputada Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical – Córdoba) manifestó: “Creemos que es importante crear un marco regulatorio, la industria porque puede ser un potenciador de empleo, es necesario desarrollar el cannabis medicinal". Sin embargo, señaló que "el presente proyecto tiene aristas a marcar”, y precisó: “Se crean estructuras nuevas del Estado que son innecesarias porque ya hay estructuras que pueden cubrir eso. Hay una delegación legislativa muy amplia a este ente ARICCAME que sería una delegación a la discrecionalidad de las discusiones del Ejecutivo. Es una normativa que debe ser sustancial para marcar una regulación de un tema muy sensible. El Congreso debería establecer los requisitos, procedimiento de la producción, los productores. También se están creando nuevas tasas y es algo que no pregonamos en el interbloque. Además, debería reverse la cámara de origen”.

A su turno, el neuquino Pablo Cervi coincidió en “la necesidad y potencial que tiene el cannabis porque es usado para uso medicinal tanto en humanos como veterinarios, eso no se discute”. Pero, también apuntó sobre las tasas que se crean, la Cámara de origen, la delegación de facultades del nuevo ente y el “centralismo de la ubicación de la agencia en CABA”, por lo que sugirió que puede ser “más federal”.

A continuación, el radical Jorge Rizzotti (Jujuy) lamentó que el tema haya sido puesto en la agenda de extraordinarias, pero que nunca se trató. En tanto, sostuvo que es “una ley que no es la ideal”, y ejemplificó con la situación actual de su provincia que “es la que más ha avanzado en el cultivo” y enumeró los beneficios que traería la sanción de la ley en cuanto a empleo e ingresos.

Sin pertenecer a la comisión, el rionegrino Luis Di Giacomo adelantó el voto negativo del bloque y criticó que en el Senado solo hubo dos sesiones informativas donde “el 95% de los expositores eran autocultivadores y muy pocos advirtieron de la situación que pasa el país y América de lo que significa la legalización de la marihuana”.

“Este proyecto tiene una visión sesgada a la aprobación este tipo de uso recreativo o narcótico de la marihuana. Es totalmente fuera de lugar que se ponga en la misma ley el cáñamo con el cannabis. El cáñamo es una variedad del cannabis, la marihuana, porque así se llama en un discurso donde tratan de tapar la peligrosidad ahora la llamamos cannabis, es otra variedad. Coincidimos en todos los aspectos del cáñamo, lamento el proyecto del Ejecutivo porque aborda dos temas que quedan al servicio de la industria cannábica de multinacionales que desarrollan un camino hacia la legalización y uso recreativo de la marihuana quitando la peligrosidad que tiene”, criticó el rionegrino y pidió “debatir en profundidad el tema”.

De la verdad oficialista, el misionero Héctor Bárbaro celebró el proyecto de ley porque “hay muchas familias esperando el tratamiento del cannabis medicinal”. En segundo lugar, también remarcó la creación de puestos de trabajo y la reglamentación que la iniciativa propone.

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productoras y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.

Tras una intensa jornada, la Comisión de Agricultura y Ganadería de Cámara de Diputados, presidida por José Ruiz Aragón (FdT), se reunió este martes por la tarde en un encuentro en el que emitió dictamen al proyecto de ley para crear un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

En su exposición, el funcionario explicó: “Es un proyecto que se trabajó más de un año en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo que pensamos y discutimos en los sectores del futuro que puedan ampliar la matriz productiva argentina, con un carácter general, para generar empleo, incorporar un conocimiento de ciencia y tecnología”.

“Nos encontramos con una riqueza de debate importante. Luego de un recorrido largo llegamos a un texto que entendemos que satisface buena parte de las necesidades de este sector. Le puede dar mucho potencial a la Argentina”, destacó Kulfas y estableció cuatro preguntas que responde el proyecto: “¿Por qué el cannabis para uso medicinal e industrial puede ser una actividad económica de alto crecimiento y porque Argentina tiene condiciones para ser productor importante en esta industria?, ¿Por qué es necesario tener una ley para regularlo y que beneficios esperamos de ese marco regulatorio?”.

En esa línea, respondió: “La primera pregunta es mostrarles que ya hay más de 50 países que han avanzado en algún tipo de legislación y utilización del cannabis sobre el uso industrial y medicinal. Estamos hablando de una actividad que aumenta exponencialmente, a principios del siglo se producía menos de una tonelada y hoy estamos cerca de 500 millones de toneladas y se incrementa año a año”.

“Se proyecta una producción global de 4 mil millones de dólares para el año 2024. Vemos algunos líderes como Israel, Canadá y Estados Unidos, y a nivel regional Uruguay y Colombia. Es una oportunidad para que Argentina se desarrolle en esta actividad que es intensiva en empleos y conocimientos. El 20% de los empleos de esta cadena productiva está destinado a investigación y desarrollo, calidad. Generar también una gran cantidad de eslabonamiento de alto valor agregado considerando toda la cadena”, precisó el titular del Ministerio de Desarrollo.

Y agregó: “¿Por qué Argentina tiene condiciones? Porque tiene un liderazgo mundial en materia de producción agropecuaria, tienen una red de investigación científica en torno al cannabis, una industria productiva, un adecuado entramado de laboratorios, mucha experiencia en organizaciones, numerosas iniciativas en 22 provincias y 80 municipios”.

“Pero necesitamos un marco regulatorio. Se ha desarrollado un denso entramado científico tecnológico en torno al cannabis”, señaló el funcionario y recordó: “Tenemos una legislación, la Ley 27.350 que surgió de este Congreso que permitió un avance en la producción de cannabis medicinal, pero en muy baja escala por estar limitado exclusivamente a fines experimentales y no productivos”.

En este contexto, detalló que se “apunta a la legalización de la producción y desarrollo de la cadena productiva del cannabis y el cáñamo con una visión productiva, sujeto a ciertas regulaciones, basado en recomendaciones internacionales y en estudios realizados sobre los países pioneros a nivel global y regional”. “Las regulaciones establecidas apuntan a evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal”, destacó y añadió: “Una adecuada trazabilidad permite que Argentina se posicione con una marca país asociada a la máxima calidad de producto, valorizando sus exportaciones”.

Entre los objetivos productivos, precisó: “Desarrollar integralmente la cadena del cannabis de uso medicinal y fisioterapéutico mediante la creación del marco regulatorio para que puedan realizarse inversiones públicas y privadas en todos los eslabones productivos. Regularizar los proyectos existentes y complementar la legislación actual”.

En cuanto al cáñamo industrial señaló: “es una variedad especifica con bajo THC, hay estudios que muestran que pueden ser un insumo para varios sectores productivos como fibras, textiles ropa, calzado, cosmético, material de construcción, papel, autopartes. Es una panta que genera efectos ambientales positivos en el suelo”.

Por su parte, Ana Carolina Gaillard (FdT -Entre Ríos) afirmó: “Si no hay una licencia en el país en nuestro país no hay desarrollo privado. Hay mas de 14 proyectos aprobados, pero son de investigación. Entonces nos encontramos con una ley limitada en el acceso para la salud porque no garantizaba la producción. Le faltaba una parte y este marco legal le viene a agregar el desarrollo productivo al permitir que esta agencia de autorización para cultivar, comercializar productos s de cannabis y de cáñamo.

“Es central que esto avanzada porque lo que ocurre es que las familias tienen que importar de países donde esta legalizado o a cultivadores solidarios y acceder de forma ilegal. Esto provoca que las familias no acceden a un producto seguro y de calidad, se busca que haya una industria que haga estos productos, trabajar sobre el precio justo y que no haya una o dos empresas grandes”, finalizó la diputada.

En tanto, Mara Brawer (FdT -CABA) explicó: “Tienen a la vista una ley del cáñamo industrial. El cáñamo es una variedad que produce bajos porcentajes del THC. Se puede utilizar toda la planta y se pueden producir diferentes derivados”. “Tiene combinación de omega 6 y 9, son ricas en proteínas, se pueden utilizar para reemplazar la fibra de vidrio. Tiene una enorme calidad productiva”, indicó.

¿Qué propone el proyecto?

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productoras y productores agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Fedral para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.

A partir de las opiniones de invitados en los plenarios de la Cámara alta, se incorporó un capítulo denominado “Promoción de la Investigación, Emprendimientos y PyMEs”, donde se estima que la ARICCAME “articulará programas de investigación con las Universidades Públicas, y los organismos de Ciencia y Técnica de la Nación y de las provincias, orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, la investigación científica vinculada al cannabis y el cáñamo”.

Además, la ARICCAME “articulará con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores programas de financiamiento y apoyo emprendedor orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, el desarrollo de emprendimientos y PyMEs vinculadas a las actividades reguladas en la ley”.