La diputada de UP cuestionó la intención del Gobierno Nacional de “entregar el mar argentino a flotas extranjeras para su depredación sin control”, y pidió la presencia de la canciller Diana Mondino en el Congreso para que brinde explicaciones.
La diputada nacional Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó un proyecto que busca esclarecer “presiones ejercidas” por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sobre funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura del Ministerio de Economía de la Nación, en medio de denuncias de pesca ilegal y monopolización del sector.
El proyecto indaga sobre múltiples aspectos relacionados con las denuncias presentadas en relación con la pesca ilegal y las actividades de la empresa Prodesur S.A., propietaria del buque Tai An, en particular sobre el incumplimiento de normativas vigentes y las presiones hacia funcionarios públicos.
Entre los principales interrogantes planteados por la diputada Propato se encuentran:
Entre los fundamentos, la iniciativa se respalda sobre “recientes hechos públicos, donde se destaca la renuncia del director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, debido a presiones desde la Cancillería Argentina, dirigida por la canciller Diana Mondino, y Pablo Ferrara Raisburg, Coordinador General de la Cancillería. Estas presiones incluían revertir órdenes relacionadas con el buque Tai An, sorprendido pescando ilegalmente merluza negra”.
“Las denuncias presentadas por empresas pesqueras de renombre alertaron sobre intentos de monopolización del sector por parte de Prodesur S.A., cuyo propietario, Liu Zhijang, ha sido señalado como un actor central en estas presuntas prácticas ilegales”, argumentó Propato.
A su vez, expresó: “Este escandaloso caso demuestra, a las claras, la firme intención del actual Poder Ejecutivo Nacional, de desregular toda la normativa impuesta por el Régimen Nacional de Pesca con el objetivo de entregar el Mar Argentino a flotas extranjeras para que procedan a su depredación sin ningún tipo de control por parte del Estado Argentino”.
En ese marco la legisladora nacional enfatizó que también evidencia “la inaceptable conducta desplegada por la Cancillería Argentina, y su titular Diana Mondino, que con amenazas a otros funcionarios del Estado Nacional realiza concesiones sobre nuestra soberanía marítima y territorial”, y exigió que debe rendir cuentas al Congreso Nacional “por tratarse de acciones incompatibles con su función, que no es ni más ni menos que la de la defensa soberana del Estado Argentino ante países extranjeros, estos hechos son gravísimos y constituyen a todas luces incumplimientos a los deberes de funcionario público”.
Entre los expedientes que pasaron a la firma había convenios referidos al Mercosur, servicios aéreos y uno de seguridad social con Canadá. La comisión completó a sus autoridades.
FOTO: Comunicación Senado
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por el formoseño Francisco Paoltroni (LLA), se reunió este miércoles y dictaminó un paquete de acuerdos internaciones referidos al Mercosur, servicios aéreos y uno de seguridad social con Canadá.
Previamente, desde el bloque Unión por la Patria propusieron al santafecino Marcelo Lewandowski para que asuma el cargo de vicepresidente por su “trayectoria y conocimiento del tema porque nos parece la persona apropiada para ocupar el lugar y representarnos”.
También se leyeron por secretaría los cambios que hubo: el senador Rodolfo Suárez y Martín Lousteau por Víctor Zimmerman y Flavio Fama.
Al encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, fueron invitados a participar funcionarios de Cancillería a fin de que expliquen los expedientes a consideración con el objetivo de evacuar dudas: el director de Asuntos Económicos del Mercosur, Ernesto Pablo de la Guardia; la directora nacional de Relaciones Económicas Bilaterales, Nora Capello; Pablo Obregón, Dirección Nacional de Negociaciones Económicas Multilaterales; Gabriela Navarro, directora de Planificación Pesquera; y Federico Burella, secretario de la Dirección de América del Norte.
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Respecto del expediente del Ejecutivo 196/21; mensaje N° 142/21 y proyecto de ley que aprueba el acuerdo de comercio electrónico del Mercosur, celebrado en la Ciudad de Montevideo, Uruguay, el 29 de abril de 2021, el director de Asuntos Económicos del Mercosur, Ernesto Pablo de la Guardia, celebró que “se puedan tratar los acuerdos del Mercosur” porque “uno de los problemas que tenemos es que requerimos el tratamiento parlamentario en los cuatro países. Nosotros venimos muy bien”.
“Mercosur está en negociaciones externas con terceros países, y nos encontramos en varios casos, que no tenemos normas o acuerdos Mercosur sobre estas materias. Por eso se negoció hace algunos años un marco para la regulación del marco electrónico del Mercosur”, indicó y detalló que es un acuerdo que “tiene muchas aristas” y ejemplificó: “Obliga a los países a tener protección de datos personales”.
También resaltó que el acuerdo plantea que “no va a haber derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas, pero si se permiten la aplicación de impuestos y tasas internas”. Además, contó que tiene “disposiciones sobre las firmas digitales modernas”. De La Guardia resaltó la importancia de tener un marco intraMercosur mientras se avanza con terceros países y cerró: “Es un acuerdo bastante moderno y útil, no tiene connotaciones problemáticas”.
Al hablar del expte. PE-26/22; mensaje N° 23/22 y proyecto de ley que aprueba el acuerdo para la protección mutua de las indicaciones geográficas originarias en los territorios de los estados parte del Mercosur, suscripto en la ciudad de Bento Gonçalves – república federativa del Brasil, república federativa del Brasil- el día 5 de diciembre de 2019, el funcionario resaltó que “es un acuerdo de gran valor comercial que los productos regionales puedan ser inscriptos y puedan tener una ubicación geográfica”, comentó y añadió: “Argentina ya tiene regulaciones internas geográficas interesantes. La idea es que esas mismas indicaciones geográficas estén protegidas a nivel Mercosur”.
Sobre el expediente PE 27/22; mensaje N° 24/22 y proyecto de ley que aprueba el acuerdo sobre facilitación del comercio del Mercosur, suscripto en la ciudad de Bento Gonçalves -República Federativa del Brasil el día 5 de diciembre de 2019, explicó: “La Argentina ya lo ha firmado con la Organización Mundial del Comercio (OMC), y facilita el movimiento en frontera de los productos, provee procedimientos anuarios simplificados para el despacho eficiente de las mercaderías”.
“También prevé la eliminación de tasas consulares que tiene países del Mercosur que no hemos conseguido que las eliminen por otras vías. Uruguay y Paraguay tienen tasas consulares que es un arancel intramercosur bastante importante que no debería existir. Argentina tiene la voluntad de eliminar la tasa estadística del 3%, pero está suspendida por el momento y no se aplica”, explayó y cerró sobre el tema: “Es facilitación del comercio como se está manejando en la OMC”.
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Al pasar al expediente PE-44/22; mensaje N.º 34/22 y proyecto de ley que aprueba el protocolo de contrataciones públicas del Mercosur, suscripto en la Ciudad de Brasilia el 21 de diciembre de 2017, afirmó: “El acuerdo de contrataciones públicas del Mercosur consagra el trato nacional de la Nación más favorecida en las licitaciones a los proveedores de bienes, servicios y obras públicas del Mercosur. Se aplica a las entidades públicas que están en una lista anexo, pero aplicada por encima de ciertos valores, no es obligatorio para compras pequeñas”, y remarcó que es el tercer intento de tener un acuerdo de contrataciones públicas.
Por último, resaltó que el expediente CD11/23; proyecto de ley en revisión que aprueba el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, celebrado el 17 de julio de 2019 en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe “fue negociado por la ENACOM y provee que se cobre cargo de roaming a cualquier llamada de la región. El acuerdo de eliminación de cargos de roaming internacional es un acuerdo muy positivo para todas las personas que viajan por los países de la región”.
Por otro lado, al referirse a los acuerdos sobre servicios aéreos expedientes PE- 366/19 y PE-131/23 proyectos que aprueban los acuerdos con el gobierno de República Checa y la Ciudad de Asunción respectivamente, el funcionario señaló: “El acuerdo de servicios aéreos con Paraguay es reciente y prevé una serie de derechos para las aerolíneas, como volar sin aterrizar o hacer escalas para fines no comerciales. Es un acuerdo normal, que suele ser complementado con un memorándum bilateral”.
“El acuerdo sobre servicios aéreos con la República Checa y Paraguay sostiene que las leyes que rigen en cada territorio son las leyes nacionales. Lo que suele variar es el número de rutas y de frecuencias en los memorándums”, señaló Nora Capello, directora nacional de Relaciones Económicas Bilaterales.
Al pasar al expediente PE-28/22 proyecto de ley que aprueba el convenio sobre seguridad social con Canadá, celebrado el 13 de agosto de 2021, Federico Burella, secretario de la Dirección de América del Norte, expresó: “En el marco de la celebración de los 80 años de relación bilateral con Canadá, se firmó un convenio sobre seguridad social después de un largo proceso de 20 años. El convenio reconoce los aportes realizados por un trabajador de un país, en el otro”.
“20 mil argentinos viven actualmente en Canadá por lo que es esperable que la entrada en vigor del convenido favorezca a una importante cantidad de compatriotas. El acuerdo está en trámite legislativo en este momento. Argentina ha firmado muchos acuerdos de estas características con distintos países”, informó.
Al cierre de la comisión, se trató el proyecto de ley que aprueba el protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio – acuerdo sobre subvenciones de pesca-. hecho en la Ciudad de Ginebra -Confederación Suiza, el 17 de junio de 2022.
“El acuerdo de Marrakech, incorpora por primera vez en un acuerdo comercial cuestiones de sostenibilidad”, destacó Pablo Obregón, Dirección Nacional de Negociaciones Económicas Multilaterales, mientras que Gabriela Navarro, directora de Planificación Pesquera, explicó: “Argentina es uno de los promotores de que este Acuerdo de Marrakech se ponga en marcha y se disciplinen los subsidios a la pesca. Hay países de gran poder económico que acceden a aguas distantes para hacer pesca en detrimento de países como el nuestro”.
La iniciativa es impulsada por diputados del bloque Unión por la Patria quienes, además, reclaman que se constituya a la brevedad las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores, para citar a los funcionarios de las áreas correspondientes.
Diputados de Unión de la Patria presentaron un proyecto de resolución exigiendo al Ministerio de Defensa y a la Cancillería Argentina la remisión de toda la información disponible en torno a las negociaciones abiertas entre Nación, la provincia de Chubut y la Embajada de Estados Unidos “para realizar operativos de patrullaje conjuntos en nuestras costas”.
Según explicó el legislador santafecino Eduardo Toniolli “nuestra Constitución Nacional establece en el inciso 28 de su artículo 75, que corresponde al Congreso de la Nación otorgar las autorizaciones para el ingreso de tropas extranjeras a nuestro país y el egreso de tropas nacionales al exterior”.
Asimismo, señaló que “la Ley 25.880 establece el procedimiento por el cual los Estados Mayores y el Ministerio de Defensa informan las operaciones, ejercitaciones y programas de formación militar que se realizarán en el año legislativo, identificando con qué países, medios y tropas se realizarán”.
“Este informe, de acuerdo a la Constitución Nacional, debe ser aprobado por ambas cámaras y promulgado por el Poder Ejecutivo para que tenga fuerza de ley y eficacia”, remarcó.
Por último, planteó que, en consonancia con dicha presentación realizada ante la presidencia de Diputados por el bloque opositor, solicitaron también que se constituyan “a la brevedad las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores, para citar a los funcionarios de las áreas correspondientes”.
Los legisladores radicales Mario Negri y Karina Banfi presentaron un proyecto para conocer el accionar del embajador argentino en Nicaragua frente a la presencia de Mohsen Rezai, acusado de ser autor intelectual del atentado a la AMIA, en la jura de Daniel Ortega.
Los legisladores Mario Negri y Karina Banfi , presidente y vicepresidenta del bloque de diputados nacionales de la UCR respectivamente, elevaron un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer cuál fue el accionar del embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, ante la presencia de uno de los acusados por el atentado terrorista a la AMIA, Mohsen Rezai, en la asunción del dictador Daniel Ortega en Nicaragua.
“La presencia del iraní Mohsen Rezai en la ceremonia de toma de posesión de Daniel Ortega el pasado 10 de enero en Managua es una grave ofensa la República Argentina, a las víctimas fatales del atentado a la AMIA, a los cientos de heridos y a sus familiares. Pero más grave aún fue la silenciosa presencia del Embajador Argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, en ese acto”, señalaron los diputados radicales.
Por este motivo, fundamentaron que “el iraní Mohsen Rezai es acusado por el Estado argentino de ser autor intelectual del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) del lunes 18 de julio de 1994, que dejó 85 víctimas fatales y más de 300 heridos, constituyendo el mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país. Sobre él rige una alerta roja de Interpol”.
“La presencia de Mohsen Rezai como vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán y líder de la delegación oficial en Managua había sido informada días antes por la vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo. Por lo menos seis días previos al 10 de diciembre ya era de público conocimiento que Mohsen Rezai estaría presente en el país centroamericano”, denunciaron.
En suma, destacaron que “a través del presente pedido de informes buscamos esclarecer la situación y saber fehacientemente si el Gobierno argentino solicitó oportunamente el pedido formal de extradición de Mohsen Rezai y elevó la queja correspondiente por su presencia al gobierno de Nicaragua. Resulta indispensable saber si efectivamente se procedió de esa manera porque caso contrario estaríamos frente a una grave omisión por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores que lesiona nuestro interés nacional y la búsqueda de justicia en la causa AMIA”.
“Por su parte, que el embajador Daniel Capitanich haya compartido palco con el acusado iraní resulta extremadamente ofensivo para toda la ciudadanía argentina e improcedente por las responsabilidades que tiene al ser representante oficial de nuestro país en suelo nicaragüense. Si efectivamente no comunicó y accionó los mecanismos judiciales correspondientes estaríamos nuevamente frente a un claro incumplimiento de sus deberes de funcionario público que ameritarían una investigación correspondiente”, concluyeron los legisladores radicales.
Pedido-de-Informe_Negri_-Nicaragua