El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR) presentó un proyecto de resolución por el cual se solicita “poner fin a la incertidumbre con acciones decididas en defensa de la soberanía nacional, creando si se estima necesario una Comisión Administradora como en otros ríos”, ante el irregular proceder de la Prefectura de la República del Paraguay el día 25 de junio pasado con los habitantes argentinos en Punta Ñaró, jurisdicción Ituzaingó, en la provincia de Corrientes.

El radical señaló que “el gobernador de la provincia de Corrientes (Eduardo Valdés) ha formulado un enérgico reclamo que debe ser acompañado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”, ya que “la situación no es nueva y debe concluir, para lo cual el canciller (Santiago Cafiero) debe tomar urgente intervención acordando con las autoridades del vecino país algún sistema de resolución práctica de controversias e imponiendo algún protocolo en la materia”.

En su iniciativa, el legislador de Juntos por el Cambio recordó que “el problema de la libre navegación de los ríos interiores no es reciente en la historia argentina, sino que forma parte de las luchas por la organización nacional durante el siglo XIX”. En ese sentido, mencionó las batallas de Vuelta de Obligado (1845) y Punta Quebracho (1846), que pusieron fin al bloqueo naval en el Río de la Plata impuesto por la armada anglo-francesa y obligaron a las dos potencias militares más importantes de aquella época a firmar la paz con el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Una declaración de “preocupación”

Por su parte, a través de un proyecto de declaración, la diputada Sofía Brambilla (Pro)expresó su “preocupación” por lo ocurrido el pasado domingo en el río Paraná, a la altura de Ituzaingó, entre la Armada paraguaya y unos pescadores correntinos.

Haciéndose eco de la denuncia presentada por el gobernador en conferencia de prensa y para ratificar la soberanía argentina, la legisladora solicitó repudiar las agresiones sufridas por los pescadores de parte de oficiales de la Prefectura General Naval del Paraguay. El hecho ocurrió en inmediaciones de las islas Apipé Grande, Apipé Chico y San Martín, en la zona de Punta Ñaró, donde efectivos de la fuerza paraguaya abordaron a una embarcación de pescadores correntinos con intención de detenerlos en aguas y territorio nacional.

“Como legisladora debo manifestar extrema preocupación ante un claro hecho de violación de la soberanía nacional poniendo en riesgo la seguridad y los derechos de los ciudadanos argentinos”, aseveró la macrista.

Y agregó: “Es mi tarea visibilizar estas cuestiones y llevarlas al recinto para que se tome conocimiento público y se arbitren los medios necesarios para que cese este avasallamiento, que si bien no es la primera vez que tenemos un conflicto jurisdiccional con el país vecino, sí es el caso de mayor gravedad e invasión de libre circulación”.

“Debemos actuar rápidamente y por ello elevamos formalmente ante la Nación y la Cancillería esta situación que estamos viviendo, donde vemos que nuestros derechos como argentinos se ven cercenados y se incumplen acuerdos internacionales”, resaltó.

Brambilla enfatizó que “es necesario que tanto el presidente (Alberto) Fernández como el canciller Santiago Cafiero actúen de inmediato ante la denuncia realizada por parte del gobernador Valdés”.

El proyecto de declaración fue acompañado por sus pares del interbloque Ricardo Buryaile, Marilú Quiroz, Alberto Asseff, Gustavo Hein, Jorge Vara, Gerardo Cipolini, Fabián Borda, Francisco Sánchez y Florencia Klipauka.

En conferencia de prensa, el gobernador Valdés aseguró que el hecho “se trata de una agresión a la soberanía argentina respecto a sus límites y también a la provincia de Corrientes, respecto a la jurisdicción a sus recursos naturales”.

Por eso, el mandatario le pidió a Cancillería que “tome dimensión del problema que está habiendo en ese lugar”, con el objetivo de garantizar “el cumplimiento de los tratados internacionales de la República Argentina que nos permiten navegar libremente el río Paraná”.

El senador nacional Pablo Blanco (UCR) exige la intervención del canciller, Santiago Cafiero, para que dé cuenta de la posición que tiene el Gobierno Nacional con respecto al Memorándum firmado entre el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la empresa estatal china Shaanxi Chemical Industry Group Co. Ltd.

“El gobernador @gustavomelella le debe a los fueguinos y a los argentinos una explicación pormenorizada de los alcances del memorándum que con tanto interés impulsa, así como sus implicaciones para nuestra soberanía”, sostuvo en redes el radical.

Además, alertó que “abrirle las puertas a una potencia totalitaria como China en el sur de nuestro país es facilitarle un enclave estratégico que puede llegar a vulnerar y comprometer nuestra soberanía”, y ratificó: “Es por ello que solicito que Cancillería se expida urgentemente al respecto”.

“No estoy dispuesto a permitir que mi provincia quede comprometida como prenda de negociaciones entre un gobierno nacional desesperado por fondos y el régimen de Xi Jinping que aprovecha este tipo de debilidades para afianzar su política expansionista”, planteó Blanco.

Melella ratificó mediante el decreto provincial 3312/22 autorizó la construcción de una base naval y dio giro a Mónica Urquiza, presidenta de la Legislatura de Tierra del Fuego, para que sea tratado por sus diputados.

El memorándum -escrito tanto en chino como en castellano- señala que el régimen asiático eligió a aquella provincia porque “está ubicada en el extremo sur de Sudamérica, es rica en recursos de gas natural y es una de las nuevas potencias industriales de Argentina”, en referencia al ensamble tecnológico que se desarrolla en Tierra del Fuego.

Una denuncia penal

La diputada nacional Mariana Zuvic (CC-ARI) quien días atrás ya alertó sobre la autorización de la construcción del puerto que “es estratégico porque van a tener una base logística extraordinaria”. Ahora, presentó una denuncia penal “contra los responsables de esta entrega histórica de nuestra soberanía”.

“9 meses ocultaron el Memorándum con China. Durante 9 meses en sendos pedidos de informe y accesos solicitamos a MRECIC, MINDEF, MECON, JGM el contenido del memorándum. El Memorando de Entendimiento de Melella con una empresa del Estado chino no respeta los dispuesto en el artículo 124 de la Constitución que exige sea conocido por el Congreso”, planteó Zuvic.

Y remarcó que “esto aborda facultades delegadas como las relaciones exteriores y la defensa nacional sin que dichas áreas hayan tomado la intervención de su competencia”.

“Massa lo anunció y hoy lo confirma, somos Argenchina”, alertó la diputada y planteó: “Debemos unirnos en defensa de esta entrega de nuestra soberanía”.

El senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) reiteró su pedido para que Cancillería, a cargo de Santiago Cafiero, y el Ministerio de Economía, presidido por Sergio Massa, intervengan de forma “inmediata” en un conflicto con la empresa chilena TABSA en el Estrecho de Magallanes.

“Preocupante, repudiable e inaceptable actitud comercial de la empresa chilena TABSA que decidió no aceptar más pesos argentinos para cruzar el estrecho de Magallanes con sus barcazas a partir de 16/6”, alertó Blanco en un posteo en sus redes sociales.

Así, explicó que “sólo aceptan dólares, pesos chilenos o tarjetas internacionales. Esto no hace más que ratificar que los pesos argentinos cada vez sirven para menos y que prácticamente queda clausurada la conexión terrestre entre la isla de Tierra del Fuego y el continente para los argentinos”.

“Nuestra Cancillería y el Ministerio de Economía deben intervenir de inmediato para encontrar una solución urgente a este problema que afecta gravemente a todos los fueguinos amenazando con asfixiar comercial, turística y humanitariamente a mi provincia”, exigió el fueguino.

Israel difundió este jueves un pronunciamiento muy crítico sobre un comunicado de la Cancillería argentina. Fue al expresar su “preocupación y tristeza por un mensaje que a su juicio “no expresa los muy buenos lazos de entendimiento mutuo” del vínculo bilateral.

¿Qué dijo la Cancillería? Condenó “la operación militar desplegada por la fuerza aérea de Israel en la Franja de Gaza, que provocó la muerte de civiles palestinos, incluyendo mujeres y niños”, e instó a las partes a “evitar un mayor nivel de confrontación que empeore la dramática situación humanitaria”.

“El comunicado de la Cancillería Argentina respecto a la escalada bélica en la Franja de Gaza es nuevamente sesgado y preocupante, ya que equipara al Estado de Israel con una organización terrorista reconocida como tal por nuestro país”, señalaron en este contexto los diputados de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Relaciones Exteriores.

Para los diputados opositores, “es momento de que la Argentina deje de tener posiciones ambivalentes que reflejan cierta amistad con regímenes que no respetan el derecho internacional y los derechos humanos”.

Agregaron que “como JxC concordamos que la vida de civiles en estos casos debe ser siempre protegida en el marco del derecho internacional humanitario. Asimismo, la Argentina reconoce el derecho de los palestinos a existir como estado independiente, pero por la vía del derecho internacional y la paz”.

Tras repudiar “de manera contundente el ataque de organizaciones terroristas que produce destrucción y la pérdida de vidas civiles”, expresaron que “la Argentina, por su histórica tradición diplomática, debería tener una posición más objetiva, tanto en función de normas internacionales, como de una evaluación menos ideologizada y sesgada de la realidad internacional”.

Al finalizar el temario propuesto para la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por el puntano Adolfo Rodríguez Saá, senadores solicitaron un encuentro con el canciller, Santiago Cafiero, con el fin de solicitarle la ayuda para la habilitación de los pasos fronterizos.

La legisladora rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) solicitó ayuda en la gestión para “la reapertura del paso Cardenal Samoré que es uno de los siete pasos habilitados con Chile. Por decisión del Gobierno nacional está habilitado para carga pesada y para personas que puedan demostrar, con una serie de papeleos que hoy resultan anacrónico en el estado de situación de la pandemia, para poder pasar”.

“Todas las autoridades regionales que atienden a las familias mixtas- compuestas por argentinos y chilenos- es muy numerosa y hemos presentado notas a las autoridades nacionales, pero hay un gran signo de interrogación respecto al por qué no se habilita el paso para el flujo y es uno de los más importantes de afluencia turística. Necesitamos tener certeza de la apertura del paso y simplificar el trámite que se exige del lado chileno”, precisó la senadora rionegrina.

Y cerró: “Es un problema de muchos meses y en el estado post pandemia no tiene sentido el cierre. Invitamos al canciller para que pueda ayudarnos a resolver esta difícil situación. No hay pasos habilitados para el turismo con Chile. No hay causas sanitarias que ameriten el cierre de los pasos”.

En el mismo sentido se pronunció el presidente del bloque Pro, Humberto Schiavoni (Misiones): “Sería muy meritoria la presencia del canciller para plantear la problemática de los pasos fronterizos en general en el país. En mi provincia hay dos pasos importantes uno une Paraguay y otro con Brasil donde después de la pandemia se habilitaron sólo un tercio y eso ocasiona una demora de casi de seis horas. La circulación social, turística, económica es muy fluida y eso ocasiona mucho malestar. No se justifican las medidas siendo que ya hay pasos, deberían incrementar y volver a la totalidad de las casillas a todo el tráfico fronterizo”.

“Está en deuda la Cancillería con la comisión porque habitualmente al comienzo el canciller asiste y da un informe sobre el estado en general. Sería oportuno para invitarlo al canciller para que tratemos estos temas y cumplimos con una cuestión importante. También que se mantenga un diálogo sobre temas tan importantes como las que se vive el mundo”, resalto Rodríguez Saá.

En esa línea, Martín Lousteau (UCR – CABA) expresó: “Reitero el repudio y condena a la injustificada invasión de la Rusia de Putin a Ucrania, pero además en el marco de ese conflicto con mucha fluidez y que esas repercusiones en el corto, mediano y largo plazo tiene un impacto para economías como la de Argentina”, y propuso dos actividades: “Recibí una oferta de una consultora especializada en riesgo geopolítico y ofrecieron hacer una actividad por zoom. Después valdría la pena hacer una con expertos locales enfocarnos en las características de nuestro país para ver los riesgos y oportunidades del contexto”.

El presidente del bloque Frente Pro en Diputados, Cristian Ritondo, presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que el Poder Ejecutivo explique acerca de una presunta “Cancillería paralela” direccionada desde el Instituto Patria que responde a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y que adquirió trascendencia pública por una investigación periodística.

“El Congreso y la sociedad merecen conocer los manejos de la política exterior. Es por esta razón que pedimos información detallada sobre las actividades del embajador argentino en Rusia y de los compromisos contraídos con el dictador Vladimir Putin, como así también de los manejos de la representante ante la ONU, embajadora María del Carmen Squeff”, aseveró Ritondo.

A su vez, remarcó que “al doble comando en la política del cuarto gobierno kirchnerista tenemos que sumarle este verdadero bochorno internacional de una presunta Cancillería paralela”.

En el pedido, los legisladores sostienen que “desde Febrero de 2021 ha sido perceptible que la señora vicepresidenta de la República y sus acólitos que integran el denominado ‘Instituto Patria’ vienen abogando en favor de los intereses de la Federación Rusa, ofreciéndole nuestro país como puerta de entrada a América Latina, mucho antes de que el señor presidente de la República (Alberto Fernández) hiciera suya esa expresión en un diálogo que mantuvo con el mandatario ruso Vladimir Putin, realizada unos días antes de la invasión a Ucrania”.

Asimismo, solicitan saber el grado de autenticidad del facsímil de un cable de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fechado 22 de marzo de 2022, en el que se “instruye a la señora embajadora María del Carmen Squeff, representante permanente de Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sentido opuesto a lo resuelto por las autoridades de nuestra Cancillería o sin la autorización del ministro de Relaciones Exteriores, licenciado Santiago Cafiero”.

“Recordemos que esta práctica repudiable ya tuvo vigencia en la anterior gestión kirchnerista, cuando el embajador en Venezuela Eduardo Sadous denunció la existencia de una Cancillería paralela que se manejaba directamente con Hugo Chávez para manipular negocios turbios”, argumentaron.

Acompañan a Ritondo en la iniciativa parlamentaria Ana Clara Romero, Dina Rezinovsky, Gerardo Milman, Federico Angelini, María Lujan Rey, Graciela Ocaña, Sofía Brambilla, Pablo Torello, Soher El Sukaria, Héctor Stefani, Florencia Klipauka Lewtak, Camila Crescimbeni, María Sotolano y Alejandro Finocchiaro.

El canciller Felipe Solá salió al cruce del comunicado de Relaciones Internacionales del Pro sobre la “apropiación” que hizo unilateralmente Chile a través de un decreto en el que actualizó su carta náutica e incluyó una parte de la plataforma marítima al sur del Mar de Drake y el Cabo de Hornos.

Tras el comunicado firmado por la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y el secretario de Relaciones Internacionales partidario, Fulvio Pompeo, Solá sentenció: “El Pro ha puesto en un plano de igualdad el reconocimiento de la ONU de los derechos argentinos sobre el mar austral con una decisión unilateral expresada en un decreto presidencial de Chile.”.

En ese sentido, fustigó: “(El Pro) Reniegan de nuestros derechos dejando de lado los intereses de la Patria. Sin palabras”, remató.

Jorge Taiana fue designado al Ministerio de Defensa y en su reemplazo asumió Adolfo Rodríguez Saá, la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

Ahora, en su primer acto como presidente de esa comisión, el senador del Frente de Todos contó que “el encuentro tuvo el objetivo de “avanzar en un trabajo conjunto y coordinadamente” con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante el encuentro protocolar que mantuvo en su despacho del Senado, Rodríguez Saá se reunió “con el subsecretario de Asuntos Nacionales, embajador Fernando Asencio; el Director de Asuntos Parlamentarios, Daniel Plaza y el Secretario del área, Nicolás Pascuchelli.

Entre otros planteos, el senador marcó la importancia de avanzar en “la reactivación económica post Pandemia” en el país, como así también el “acceso de la vacunación en la región” en el contexto sanitario por el Covid 19.

Además, destacó el rol de la comisión hacia el “acceso público a la conectividad para evitar la desigualdad”, y en la problemática del medio ambiente ante el impacto del cambio climático.

Rodriguez Saá, recibió la salutación de los funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores a cargo del canciller Felipe Solá, por su nueva gestión en reemplazo del ex senador Jorge Taiana, quien estuvo frente a la comisión hasta su designación como ministro de Defensa del gabinete nacional.

Durante el encuentro del que también participó la Secretaria de Diplomacia Parlamentaria del Senado, Soledad Magno, donde reiteró que está “muy honrado en presidir la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto” y enfatizó su decisión de trabajar “conjuntamente” con la cancillería.

La Comisión de Relaciones Exteriores, la integran además los senadores Julio Cobos, Lucila Crexell, Mariano Recalde, María Inés Pilatti de Vergara, María Duré, Nora Giménez; Cristina del Carmen Valverde, Alfredo Luenzo, Norma Durango, Inés Blas, Silvia Sapag, José Néder, Juan Carlos Marino, Martínez Losteau, Julio Martínez, Esteban Bullrich, Humberto Schiavoni y Juan Carlos Romero.

La diputada nacional Mariana Zuvic (CC-ARI), junto a legisladores de Juntos por el Cambio, solicitó a la Cancillería que tome medidas para impedir que continúe la pesca ilegal en el Mar Argentino. “La geopolítica de las vacunas significó la pérdida de miles de vidas y la entrega de soberanía tanto a Rusia como a China”, denunció la opositora.

En la iniciativa, se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Felipe Solá, que “adopte las medidas políticas y diplomáticas necesarias ante la grave situación que hoy afecta al Mar Argentino, ya que ha sido probado el uso inadecuado del sistema AIS (Sistema de Identificación Automática) en los buques de pabellón extranjero que se encuentran navegando próximos al borde del límite exterior de la Zona Económica Exclusiva, afectando esta situación la seguridad en el mar y avalando el encubrimiento de actividades ilícitas como la pesca ilegal, el tráfico de armas y/o drogas, y la trata de personas”.

“La geopolítica de las vacunas significó la pérdida de miles de vidas, y la entrega de soberanía tanto a Rusia como a China”, enfatizó Zuvic, que agregó: “No eran los glaciares, sino el Mar Argentino a China, y el futuro de la Nación a Rusia”.

Y acusó que “nos están vendiendo en el mercado negro de la geopolítica que dejará a la Argentina en el peor de los mundos”.

De acuerdo a un estudio de la organización Oceana, “se demuestra que las flotas extranjeras que operan en el Atlántico Sur, justo al borde de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, realizan prácticas regulares de interrupción de sus sistemas de identificación y localización”, lo que confirma lo denunciado hace meses por Zuvic.

También con esos datos se condicen los análisis realizados por las fuerzas de seguridad nacionales y otros investigadores locales que concluyen sobre la operación furtiva premeditada de buques extranjeros, con el objeto de encubrir actividades ilícitas como la pesca ilegal, el tráfico de armas y/o drogas, y la trata de personas.

“La alarmante situación en el Mar Argentino viene siendo alertada y denunciada ante el Ministerio y aún existe una ausencia de medidas con el fin de resguardar la seguridad y soberanía nacional, lo que deja desprotegidos nuestros recursos y además permite pérdidas económicas y que se afecte la seguridad alimentaria de nuestro país”, señaló la diputada.

En ese sentido, apuntó que “para entender la dimensión de esta falta de control es importante tener en cuenta que el monitoreo de la actividad pesquera a través del AIS permite a los estados el acceso rápido en tiempo real al estado de situación de la región a monitorear sin la necesidad, en muchos casos, de disponer de barcos o aeronaves permanentemente en la zona para la vigilancia, evitando así los riesgos que conlleva para las tripulaciones y los abultados costos económicos por lo tanto que hayan incurrido en ser apagados es un grave problema para el control y monitoreo del Mar Argentino”.

Además, recordó que “tan sólo en los últimos cinco años se han capturado diez embarcaciones pesqueras ilegales, subsidiadas y con transmisores de AIS desactivados de los siguientes países: seis chinas, una española, una coreana y una portuguesa, esto sin contar los casos en los que los pesqueros ilegales de estos países lograron escapar”. “Ningún país de Sudamérica sufre la pesca ilegal como Argentina. Para revertir un problema creciente es necesario que se ejerza soberanía y una política exterior activa”, resaltó la legisladora de la Coalición Cívica.

En el proyecto se solicitó también la citación a los representantes diplomáticos de los Estados del pabellón de los buques pesqueros involucrados en las acciones realizadas y denunciadas como sospechosas de presunta ilicitud, que testimonien ante la OMI (Organización Marítima Internacional) sobre la desconexión intencional del AIS (Sistema de Identificación Automática) de barcos pesqueros extranjeros (chinos, surcoreanos, españoles y taiwaneses), en un área de aguas internacionales comprendida desde la frontera de la Zona Económica Exclusiva de Argentina (200 millas) hasta 20 millas náuticas mar adentro (220 millas); y el apoyo del gobierno argentino a la celebración de un acuerdo internacional, en el marco de la OMC (Organización Mundial del Comercio), que se negociará durante la Reunión Ministerial Informal del mes de julio próximo, con vistas a cerrar el texto definitivo en la XII Conferencia Ministerial de la OMC, a llevarse a cabo en Ginebra (Suiza) del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.

“Hemos denunciado no sólo la depredación y la pesca ilegal, sino los vínculos directos con delitos complejos como el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de drogas y de armas”, concluyó Zuvic.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Roxana Reyes, titular de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, manifestaron su “profunda consternación” por el asesinato de dos niñas argentinas, de 11 años, en el marco de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra un campamento de la organización guerrillera Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en el distrito Yby Yaú, Departamento de Concepción, en Paraguay. 

Los diputados realizaron un pedido “expreso y urgente” de investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes y de la Justicia, para el esclarecimiento e identificación de los responsables de este trágico hecho. 

“El miércoles 2 de septiembre las FTC de Paraguay atacaron un campamento del EPP, en la zona de Yby Yaú, conocida como ‘Arroyito’, departamento de Concepción. La resultante de este operativo fue el asesinato de dos niñas argentinas de 11 años. Las autoridades paraguayas afirmaron que las niñas tenían 15 y 18 años y que estaban armadas. Sin embargo, Miriam Villalba, madre de una de las niñas, afirma que ambas fueron capturadas, torturadas y ejecutadas. Además, señaló que las niñas habían viajado a Paraguay para visitar a sus parientes y que no pudieron regresar a la Argentina a causa de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus. Lilian María y María Carmen nacieron en Clorinda, Formosa, y vivían en Puerto Rico, Misiones”, recordaron los legisladores. 

En este sentido, indicaron que “los procedimientos fueron confusos y dejaron muchas dudas. El resultado de semejante operativo fue la muerte de las dos niñas, el entierro de ambas en tumbas NN, la no realización de una autopsia con la debida diligencia y la destrucción de sus prendas, que según informó la fiscalía se realizó por el Covid 19”. La Cancillería argentina realizó un requerimiento a Paraguay para que se esclarezca el hecho. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que se investigue el operativo militar. También el representante de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, demandó al Estado paraguayo una investigación “sin demora y de forma imparcial”. 

“Es un hecho gravísimo que requiere de una profunda investigación. Los estados tienen la obligación de establecer mecanismos de prevención y protección hacia niñas, niños y adolescentes para evitar todo tipo de violencia o vulneración a sus derechos humanos”, remarcaron los legisladores. 

Acompañan el proyecto los diputados Mario Negri, Karina Banfi, Gustavo Menna, Lorena Matzen, Facundo Suarez Lastra, Miguel Bazze, Albor Cantard, Aida Ayala, Federico Zamarbide, Jorge Vara, Gabriela Lenna, Lidia Ascárate, Estela Regidor, Claudia Najul, Gonzalo del Cerro, Carla Carrizo, Sebastián Salvador, José Luis Riccardo, Josefina Mendoza, Gimena Latorre, Victoria Morales Gorleri, Hugo Romero, Ximena García, Diego Mestre y Dolores Martinez. 

El canciller Felipe Solá informó este jueves que en la segunda quincena de marzo fueron repatriados 151 mil argentinos varados en distintas partes del mundo, por vía aérea y terrestre, aunque aún hay 10 mil que no pudieron regresar, y destacó que “la Cancillería hizo un enorme esfuerzo por contener y humanizar la relación” con estos damnificados.

En la cuarta reunión informativa virtual de la semana, Solá expuso ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde respondió preguntas sobre la repatriación de argentinos en el marco de la pandemia del coronavirus.

“La pandemia se ocupa el 90% de nuestro tiempo”, arrancó el ministro, y explicó que en un principio se decidió que “todos los consulados de la Argentina en el mundo hicieran una lista de argentinos que querían volver”, priorizando a “quienes tenían pasaje de vuelta”, aunque el orden de urgencia “podía ser alterado” por los cónsules para atender en primer lugar a “los argentinos vulnerables, ya sea por edad, porque dependían de medicamentos o por otras razones”.

Solá indicó que “esa lista fue muy cambiante” y que si bien “se fue desagotando” a medida que se realizaban los vuelos de repatriación, a su vez “se fue incrementando por dos razones: turistas que se dieron cuenta tarde de que estaban en problemas para volver; y los argentinos que se quedaron sin trabajo por la pandemia”, puntualmente “los jóvenes que hacen Work and Travel y el turismo barato de América del Sur”.

Así las cosas, ante una pregunta de la fueguina Rosana Bertone (Frente de Todos), Solá especificó que hoy hay alrededor de 10 mil argentinos varados. Entre el 16 y el 31 de marzo regresaron en total 151 mil argentinos, sumando la vía aérea y la terrestre, informó.

El canciller recordó que en el caso de los argentinos que a mediados de marzo salían de viaje “sabiendo que se iba a cerrar Ezeiza”, esa decisión podía ser cuestionada desde lo “moral” pero no desde lo legal, ya que al inicio de la declaración de la pandemia “era legal irse”.

“Han vuelto al país entre 60 y 70 mil personas después del 17 de marzo con vuelos humanitarios. Al principio los vuelos humanitarios entraban a razón de 40 o 50 por día, casi parecido a un día regular en Ezeiza”, precisó el funcionario, y agregó que esa cantidad bajó cuando comenzó a intervenir el Ministerio de Salud, que “empezó a ajustar el modelo de seguridad sanitaria”, a lo que se sumaron “los procedimientos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la logística”. Como resultado, al día de hoy circulan alrededor de 300 personas por día en Ezeiza, puntualizó.

“Esta Cancillería hizo un enorme esfuerzo por contener y humanizar la relación” con los varados, destacó Solá, y comentó: “Tengo alrededor de 50 contactos de personas que se comunican directamente conmigo”.

Según el canciller, hasta el momento se gastaron 1.160.000 dólares en aviones de repatriación, y 342.000 dólares en “ayuda a los vulnerables”, según lo determinó el cónsul de cada país. “Todo avión que viene es un riesgo”, admitió en relación a las posibilidades de contagio de coronavirus, y aclaró que el protocolo fue acordado con los ministerios de Salud y de Transporte.  

“Lo gastado hasta ahora no nos asusta en relación a lo que esperábamos. La plata que no es usada a tiempo implica pérdidas”, indicó, y añadió: “No estamos limitándonos en cuanto al número de gente a asistir”. Sin embargo, omitió una pregunta de la diputada Lucila Lehmann (Coalición Cívica) sobre la aplicación del “Impuesto PAIS” para las compras en el exterior.

En respuesta a una inquietud de Karina Banfi (UCR), aclaró: “No podemos dar un cronograma (de vuelos) porque no manejamos los aviones, solo y parcialmente los de Aerolíneas”. Informó que “el gran problema” está en Europa y en Miami (Estados Unidos), mientras que en los demás puntos donde hay varados “va a ir fluyendo naturalmente”.

Solá también se refirió a los ingresos de argentinos por frontera terrestre, sobre todo por los pasos de Puerto Iguazú -donde se registraron dificultades- y Paso de los Libres. También habló de “problemas” con la decisión de los gobernadores Rodolfo Suárez y Gerardo Morales de cerrar las fronteras de Mendoza y Jujuy, respectivamente.

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que “el comercio internacional siempre fue abierto” ya que ningún DNU se opuso a ello. “Es fundamental que la Argentina siga exportando para garantizar el ingreso de divisas, por eso fuimos destrabando uno a uno los problemas que surgieron por el paso de camiones en algunos pueblos”, dijo.

Hacia el final de la reunión, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, destacó la participación del ministro y consideró que tras esta pandemia “vamos hacia un mundo distinto”. “Nosotros nos adelantamos en aislarnos. En otros países de la región menospreciaron el coronavirus y algunos lo caracterizaron ideológicamente”, advirtió.