Claudia Neira (UP) volvió a presentar en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca crear “CannaBA”, la cuál se dedicaría a la producción de esos insumos con “fines científicos, medicinales, terapéuticos y/o industriales”.
Las legisladora de Unión por la Patria (UP) Claudia Neira y Maia Daer volvieron a presentar en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una iniciativa que busca crear la Sociedad del Estado “CannaBA“ (CannaBA S.E.), a fin de poder desarrollar productos derivados de la planta de cannabis con fines científicos, medicinales, terapéuticos y/o industriales.
A través de esa misma sociedad se buscará “promover la radicación de emprendedores y empresas que generen cultivos, producciones y comercialicen este tipo de productos”, “diseñar capacitaciones para el sistema de salud público y privado en el uso de productos derivados del cannabis”, “potenciar la actividad en todo el territorio nacional, fomentar sinergias y constituir redes público-privadas para lograr un ecosistema innovador” y, por último, “promover la vinculación del sector científico, el sector productivo y la sociedad”.
El proyecto de Neira establece que la empresa contará con un directorio conformado por cinco miembros, los cuales serán designados por la Legislatura porteña. El presidente será propuesto por el Ejecutivo mientras que los vocales por la mencionada Casa.
Para financiarse, “CannaBA” dispondrá, según consigna en el texto recientemente presentado, de los fondos que anualmente se le asignen por el Presupuesto General de la Ciudad; por los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que reciba; y la totalidad de los ingresos netos percibidos por la empresa producto de la venta de bienes y/o servicios.
El proyecto establece que la firma será radicada en la Comuna 8 y que se promoverá la participación de organizaciones sin fines de lucro con experiencia en la producción y utilización de productos derivados del cannabis.
La iniciativa ya había sido presentada en 2022, pero debido a que no fue tratada por la Legislatura, perdió estado parlamentario, por lo que las legisladoras volvieron a insistir con su tratamiento.
La diputada del FdT Claudia Neira volvió a pedir que la Ciudad ponga en funcionamiento una empresa con esas características y se cruzó con dureza con la presidenta del Consejo Social porteño, Cynthia Hotton.
La legisladora del Frente de Todos (FdT) e impulsora del proyecto “CannaBA”, Claudia Neira, mantuvo en las redes sociales un fuerte cruce con la presidenta del Consejo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cynthia Hotton, y volvió a insistir en la necesidad de crear una empresa estatal que produzca productos derivados del cannabis.
El cruce se dio después de que Hotton se hiciera eco de una noticia que aseguraba que “el Gobierno presentó la Agencia de Cannabis y anunció un alivio fiscal para los productores” y acusó al Ejecutivo Nacional de incentivar “el consumo de drogas para esconder su deuda social. Mientras unos trabajan para promover la producción de marihuana, nosotros trabajamos para mejorar la calidad de vida de aquellos que son víctimas de este flagelo”.
Atenta a sus dichos, Neira aseveró que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que debería estar a la vanguardia en una industria que crece en todo el mundo, está en este nivel de desconocimiento” y concluyó precisando que “los porteños nos merecemos avanzar y tener una empresa del estado como tienen otras provincias... Jujuy, por ejemplo”.
Cabe recordar que el proyecto presentado por la peronista en julio del año pasado busca crear la Sociedad del Estado “CannaBA“ (CannaBA S.E.), a fin de poder desarrollar productos derivados de la planta de cannabis con fines científicos, medicinales, terapéuticos y/o industriales.
A través de esa misma sociedad se buscará “promover la radicación de emprendedores y empresas que generen cultivos, producciones y comercialicen este tipo de productos”, “diseñar capacitaciones para el sistema de salud público y privado en el uso de productos derivados del cannabis”, “potenciar la actividad en todo el territorio nacional, fomentar sinergias y constituir redes público-privadas para lograr un ecosistema innovador” y, por último, “promover la vinculación del sector científico, el sector productivo y la sociedad”.
El proyecto de Neira establece que la empresa contará con un directorio conformado por cinco miembros, los cuales serán designados por la Legislatura porteña. El presidente será propuesto por el Ejecutivo mientras que los vocales por la mencionada Casa.
Para financiarse, “CannaBA” dispondrá, según consigna en el texto recientemente presentado, de los fondos que anualmente se le asignen por el Presupuesto General de la Ciudad; por los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que reciba; y la totalidad de los ingresos netos percibidos por la empresa producto de la venta de bienes y/o servicios.
El texto también establece que la firma será radicada en la Comuna 8 y que se promoverá la participación de organizaciones sin fines de lucro con experiencia en la producción y utilización de productos derivados del cannabis.
Se trata de una empresa de base tecnológica de la que trabajaron el CONICET, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el Hospital Néstor Kirchner de Florencio Varela.
La diputada nacional Carolina Gaillard (FdT) participó del lanzamiento de "Cannabis CONICET", empresa de base tecnológica en cannabis fruto del trabajo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y el Hospital "El Cruce Néstor Kirchner" de Florencio Varela.
Del lanzamiento en la UNAJ participaron Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación; la doctora Ana Franchi, presidenta del CONICET; el doctor Arnaldo Medina, rector de la UNAJ; y el doctor Ariel Sáez de Guinoa, director ejecutivo del Hospital “El Cruce Néstor Kirchner”.
"Esta empresa es un hecho significativo en el camino de construir soberanía tecnológica ya que es el Estado impulsando la investigación en cannabis a través de nuestros científicos y organismos de ciencia y técnica para desarrollar tecnologías y productos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad", señaló Gaillard y resaltó que "es fundamental que todo el sistema público esté al servicio de generar conocimiento que sirva para garantizar el acceso a más y mejores productos para la salud de toda la comunidad".
En este sentido, la diputada entrerriana agregó que "Argentina tiene un sistema científico tecnológico que es un orgullo en el mundo, y que esté al servicio de la comunidad para mejorar su calidad de vida es una decisión política estratégica de nuestro ministro Filmus y nuestro presidente Alberto Fernández".
Destacó que su provincia, Jujuy, ha liderado la producción y las investigaciones con fines medicinales de ese producto.
La senadora nacional Silvia Giacoppo (UCR/Jujuy) celebró la media sanción que el Senado de la Nación le dio al proyecto que regula el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, y destacó que “Jujuy ha liderado la producción y las investigaciones con fines medicinales del cannabis gracias a la invaluable gestión e iniciativa del Gobierno de Jujuy que se materializó con la creación de la Empresa Sociedad del Estado CANNAVA S.E., con el propósito de satisfacer demandas de salud pública y poner al alcance de la población los derivados de industria nacional de grado médico”.
“La provincia construyó y equipó el primer laboratorio piloto de producción de derivados medicinales de cannabis del país y se ha construido una planta farmacéutica (de 600 m2), dedicada pura y exclusivamente al procesamiento del cannabis para su transformación en aceites medicinales de grado farmacéutico”, agregó.
La senadora añadió que “la provincia está, también, incursionando en proyectos de investigación científica para la aplicación de los aceites de cannabis de grado médico producidos en Jujuy. Uno de estos proyectos de investigación, desarrollado junto a la Fundación de Lucha contra los Trastornos Neurológicos y Psiquiátricos en Minorías (FULTRA), consta del estudio clínico del tratamiento con CBD en personas de avanzada edad que padecieron COVID con el fin de tratar el deterioro cognitivo producido por este virus. Estos avances van a ser de vital utilidad”.
Giacoppo resaltó, en su discurso, la figura de Manuel Belgrano y dijo que al votar este proyecto “se está cumpliendo con una manda belgraniana” ya que Belgrano “hablaba de que el desarrollo de las provincias del país tenía que ser mirado con la producción del cáñamo, que tiene muchísimas propiedades”.
“Como verán, en Jujuy la industria del Cannabis Medicinal se ha convertido en una política de estado al igual que la producción de litio o fomentar e incentivar el turismo, o promover las Energías Renovables. Jujuy ha propuesto u cambio y en ese camino, el proyecto de cannabis medicinal es central”, concluyó Giacoppo.
Monotributo, Biocombustibles y Cannabis, figuran en el temario de la que será la última reunión del Cuerpo antes de entrar en “modo electoral”.
En la que seguramente será la última reunión del Cuerpo antes de que sus miembros se metan de lleno en la campaña electoral, la Cámara alta desarrolla una sesión con una serie de temas que concitan suma atención, entre los que se destacan Monotributo, Biocombustibles y Cannabis industrial y medicinal.
El temario contempla una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente Alberto Fernández, entre los que se encuentra el 431/21 que modificó la Ley de Vacunas contra el Covid-19, con el objetivo de firmar contratos con laboratorios que producen vacunas pediátricas.
Se prevé también la sanción del proyecto sobre “Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes”, por el cual se elimina el pago del retroactivo para los monotributistas, que no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante de lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la Ley 27.618.
La iniciativa también fija que en julio se pondrá en vigencia una nueva actualización de escalas con un criterio progresivo, que incrementa en un 77% respecto de diciembre de 2020 el tope para la categoría A, por ejemplo.
Entre otros puntos, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, y un interés de financiación no superior a 1,5% mensual para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.
En conjunto con este tema, se vota una iniciativa que modifica el impuesto a las Ganancias y el de Bienes Personales con el objetivo de “incentivar el ahorro en pesos”.
Otro proyecto destacado, que se encamina a convertirse en ley, se trata de la nueva ley de biocombustibles, un proyecto proveniente de la Cámara de Diputados. Se trata de una nueva iniciativa y no de la prórroga de la Ley 26.093, que precisamente el Senado había aprobado el año pasado por unanimidad.
La iniciativa establece un nuevo marco regulatorio del régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y fija en 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-, con un 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz.
En casi su totalidad -pues habrá que prestar atención al voto de los senadores opositores de Jujuy y Tucumán-, Juntos por el Cambio rechaza la reducción de los porcentajes de cortes obligatorios, pese a los argumentos del oficialismo de que son los mismos valores que contiene la ley actual, y también las facultades que tendrá la Secretaría de Energía.
El temario incluye el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para regular la industria y comercialización de cannabis para uso industrial y medicinal, y también del cáñamo. Con aval del oficialismo y la oposición -excepto el rionegrino Alberto Weretilneck-, la propuesta obtuvo dictamen favorable en comisiones y sufrió una serie de modificaciones en su redacción original, entre ellas la incorporación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal.
El temario se completa con un proyecto que autoriza la entrada y salida de tropas desde el 1ro. de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022; una iniciativa que crea un Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros; y otra sobre transferencia de un inmueble a la provincia de Catamarca.
Se realizó en el Senado un plenario para establecer el marco regulatorio para la producción, industrialización y comercialización de ese producto, sus semillas y derivados. Hubo una docena de expositores y continúan el lunes que viene.
Sigue en la Cámara alta el debate para establecer un marco regulatorio en torno a la producción, industrialización y comercialización de cannabis. Fue en el marco de un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico, que presidió el senador Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos – San Luis), en su condición de titular de la comisión cabecera (Agricultura).
En el mensaje del Poder Ejecutivo se destaca que "durante los últimos años, la industria del cannabis legal ha generado gran interés a nivel mundial. El avance gradual hacia la legalización del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis, como así también la reconsideración del potencial del cáñamo industrial (una variedad específica de cannabis con nulo o muy bajo contenido del cannabinoide psicoactivo THC y aplicaciones múltiples en la industria y la construcción) ha dado lugar al surgimiento de una industria naciente y muy dinámica que involucra iniciativas del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil".
También se resalta en el texto que "el primer objetivo del presente proyecto de ley consiste en establecer un marco legal que autorice, -a través de un fuerte esquema regulatorio-, las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica. Se busca impulsar una ley que posibilite y fomente los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal.
Entre otros, expusieron: Silvia Kochen- CONICET / (Red cannabis medicinal), quien destacó que "hay evidencia científica de la eficacia del Cannabis en la epilepsia refractaria y en el dolor crónico" y que "no existe dosis letal en su uso, ni que provoque adicción". Resaltó que "hay muchas cosas que no sabemos del cannabis y que por eso es necesario profundizar en la investigación". Propuso que es "necesario establecer la categoría de uso medicinal en humanos que no esté limitado al grado farmacéutico".
Pablo Fazzio de la Cámara Argentina del Cannabis manifestó que "los integrantes de la Cámara representan una realidad palpable y que hay una gran cantidad de proyectos prontos a ponerse en marcha". Opinó que "es necesario coordinar todos los organismos del Estado para trabajar en consonancia con lo que disponga la iniciativa". En ese punto, destacó "la importancia de crear un consejo consultivo federal ya que los desafíos son enormes y que la Argentina puede hacer de la regulación una ventaja competitiva".
Germán Herrera, docente e investigador de la Universidad de Quilmes, afirmó que "el proyecto promueve de manera integral el nacimiento de una industria promisoria a la vez que promueve la incorporación de productores medianos y pequeños". Resaltó que "promueve un aspecto regulatorio fuerte que potencia la seguridad en la cadena de producción". Destacó también que "es un acierto incluir al cáñamo en el proyecto de ley". Consideró que "es necesaria una regulación integral".
La iniciativa del PEN contempla "la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Tal como se establece en el artículo 4° del proyecto, la ARICCAME tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.
La ARICCAME tendrá como funciones centrales regular el funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinar las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes".
Las exposiciones continuarán el próximo lunes, fecha en la que los senadores integrantes del Plenario de comisiones tienen previsto debatir sobre el proyecto y, en caso de contar con los consensos necesarios, firmar el dictamen que habilite su tratamiento en el recinto del cuerpo.
El ministro de Desarrollo Productivo participará de un plenario de comisiones que se realizará este miércoles desde las 15. La iniciativa incluye la legalización de la industria del cáñamo.
Se largará este miércoles en el Senado el debate del proyecto de ley impulsado por el Gobierno para regular la industria y comercialización de cannabis -para uso industrial y medicinal-, con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
El encuentro se realizará desde las 15, en el marco de un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Presupuesto y Hacienda; Seguridad Interior y Narcotráfico; presididas por los senadores oficialistas Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Caserio y Dalmacio Mera, respectivamente.
El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones.
Consiste, principalmente, en establecer un marco legal que autorice -a través de un fuerte esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados.
Se busca impulsar una ley que posibilite y fomente los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal. Asimismo, incluye la legalización de los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo aclaró que el mismo "no incorpora definiciones referidas al uso o aplicación terapéutica del cannabis", cuestión que debe quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, sino que "está exclusivamente dirigido a promover y regular el desarrollo de la cadena productiva del cannabis de uso medicinal y el cáñamo".
En primer término, la iniciativa dirige el otorgamiento (y posterior control) de las licencias a una serie de eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica (empresas privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles, cooperativas, etc.).
Asimismo, se contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
La ARICCAME tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.
Entre sus funciones tendrá la de regular el funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinar las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes.
Su directorio estará constituido por representantes del sector público con rango y jerarquía de secretario o secretaria, y será el funcionario/a designado/a por la cartera que conduce Kulfas quien ejercerá la presidencia.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.
En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.
También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.
Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento a la inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa, la suspensión y la caducidad de la autorización.
El Gobierno argumentó que "durante los últimos años, la industria del cannabis legal ha generado gran interés a nivel mundial. El avance gradual hacia la legalización del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis, como así también la reconsideración del potencial del cáñamo industrial (una variedad específica de cannabis con nulo o muy bajo contenido del cannabinoide psicoactivo THC y aplicaciones múltiples en la industria y la construcción) ha dado lugar al surgimiento de una industria naciente y muy dinámica que involucra iniciativas del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil".
"En un marco internacional en el que las iniciativas productivas y marcos legales de promoción del sector florecen, nuestro país debe generar las condiciones para impulsar su propio desarrollo. Con el establecimiento de un marco legal e institucional apropiado, la República Argentina podrá entrar en un sendero de convergencia en materia de desarrollo de capacidades productivas y de generación de empleo y logrará ponerse rápidamente a la altura de sus competidores regionales inmediatos, los cuales ya cuentan con algunos años en el desarrollo del sector", agregó.
Con el impulso del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, la búsqueda de un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo llegará a las comisiones. El oficialismo apunta a lograr consensos con la oposición.
Ante la presentación del proyecto de ley oficialista sobre la regulación de la producción de cáñamo para cannabis medicinal, la diputada nacional y autora de una iniciativa similar el año pasado, Mara Brawer, sostuvo que “es un tema que venimos trabajando desde hace varios años y este proyecto impulsa el desarrollo nacional de la cadena productiva del cáñamo”.
Al respecto, la legisladora del Frente de Todos sostuvo que "este proyecto tiene firma de todos los bloques y habiendo tantos productores insistiendo para que se desarrolle, va a tener una discusión interesante, y no dudo que vaya a salir de forma positiva".
Sobre el proyecto, señaló que “crea una agencia que permite que la industria en Argentina sea legal para fines industriales y medicinales”.
“Esta ley tiene eje en economías regionales, cooperativas y pequeños productores”, agregó en diálogo con Radio Provincia.
Sobre el cáñamo dijo que “tiene 25 mil productividades diferentes” y “tiene el beneficio de ser una industria totalmente sustentable porque es un cultivo que requiere poca agua, bajas cosechas, necesita pocos fertilizantes y es un cultivo reparador del suelo".
“Es una industria nueva y con importantísimas posibilidades de venta e importación”, apuntó.
El diputado de Junto por el Cambio Emiliano Balbín, autor de un proyecto de "Ley de cannabis" , valoró positivamente el hecho de que el gobierno enviara uno propio para avanzar en la reglamentación de la cuestión.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió la semana pasada un proyecto de ley para la producción, desarrollo, investigación y comercialización del cannabis con fines medicinales. La iniciativa busca además crear la Agencia y el Registro Provincial de Cannabis como marco regulatorio para el cultivo y la compra de los productos con ayuda del Estado.
Al respecto, el diputado de Juntos por el Cambio Emiliano Balbín se mostró de acuerdo con la iniciativa: “estoy satisfecho con la decisión del Gobernador. Hace rato que venimos trabajando con diferentes actores y organizaciones vinculados al tema, lo que nos llevó a presentar a mediados del año pasado un proyecto que preveía la reglamentación la Ley 14.924, de adhesión a la Ley Nacional 27.350 de ‘Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados’, con el mismo espíritu de este proyecto oficial”, dijo.
“Nuestro proyecto -dijo- busca, entre otras cuestiones, que el cannabis medicinal esté contemplado en el sistema público de salud de la Provincia, y avanzar en un marco regulatorio integral propio, tanto en la etapa de la investigación, del desarrollo y de la producción del cannabis medicinal”.
“Pero más allá de las similitudes o diferencias que podamos tener entre nuestro proyecto y este del Gobierno, lo importante es que coincidimos en la intención de la ley, y seguramente vamos a lograr entre todos la mejor norma, para los bonaerense que están esperando una solución”, finalizó.
Ajustan detalles en el marco legal para el desarrollo productivo del Cannabis en el país.
La diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, la diputada Mara Brawer y la senadora Anabel Fernández Sagasti, para avanzar en el tratamiento legislativo de un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis en el país.
Gaillard, referente en la temática, realizó aportes al proyecto que autoridades nacionales enviarán al Congreso en los próximos días y resaltó la importancia de la decisión política del presidente Alberto Fernández y su gabinete y para generar acuerdos para el desarrollo productivo en el país de la industria del cannabis.
La diputada nacional destacó además que hay varias empresas que quieren invertir en el sector medicinal e industrial, para lo cual es preciso que exista un marco que establezca claramente las condiciones y marcos legales.
El cannabis es una de las industrias con gran crecimiento a nivel internacional, no sólo en su aspecto medicinal, sino también por el cáñamo que puede utilizarse de manera industrial en la generación de bioplásticos, fibras para la industria textil y también para la construcción, de allí la importancia que tiene regular el despliegue de un sector que podría generar importantes ingresos en un país como Argentina con un perfil agroproductor por excelencia.
Argumentan que el prohibicionismo ha sido “un fracaso” en materia de reducción de la oferta y el consumo, y que es una oportunidad histórica para avanzar en un marco regulatorio a cargo del Estado.
El diputado nacional del bloque socialista Enrique Estévez presentó en el Congreso su proyecto de ley de regulación integral del cannabis, de forma de establecer un marco regulatorio para el cultivo, producción, distribución, comercialización y adquisición del cannabis y sus derivados en todo el territorio nacional.
“A poco de la nueva reglamentación del cannabis medicinal, creemos que es una oportunidad histórica para avanzar en la legalización controlada del cannabis. Proponemos una regulación con un enfoque basado en la prevención, promoción de salud y acceso a abordajes integrales en consumos problemáticos”, explicó el secretario General del Partido Socialista de Santa Fe sobre esta propuesta que viene a completar una decena de proyectos de diferentes bloques.
El dirigente socialista explicó: “Para desplazar el mercado ilegal, buscamos que el Estado asuma en forma exclusiva el control y la regulación de las actividades asociadas al cannabis”. Dichas actividades serían las de importación, exportación, cultivo, producción, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y adquisición del cannabis, así como las semillas o los productos que los contengan.
En relación al consumo, hay evidencias que muestran que el mismo se incrementa, pese a que se fortalecen cada vez más las políticas represivas. Según un estudio de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) publicado en el 2018, el consumo de cannabis psicoactivo continúa en aumento a nivel país; la población consumidora creció de un 3,2% en el año 2010 a un 8,3% en el 2017.
“El sistema prohibicionista y el abordaje represivo con el objetivo de reducir la producción y el consumo de sustancias han demostrado ser un rotundo fracaso en el mundo entero”, señaló Enrique Estévez, y denunció: “Las prácticas de persecución, criminalización e inicio de causas penales se centraron en los usuarios de sustancias, generalmente de sectores vulnerados, y no en los sujetos y organizaciones encargados de la venta y el tráfico ilícito”.
En este contexto, el legislador nacional explicó que se deben diseñar estrategias alternativas para combatir el mercado ilícito en torno al cannabis y garantizar el acceso a las personas usuarias, tomando como ejemplos las regulaciones que ya funcionan, incluyendo el uso no médico, desarrolladas en Uruguay, Canadá o en algunos Estados de EE.UU.
Además, el diputado del Frente Progresista hizo mención al consumo problemático de sustancias y enfatizó: “La criminalización obstaculiza cualquier abordaje sanitario”.
Autocultivo y clubes
La iniciativa legislativa propone que se permita el autocultivo para personas mayores de edad con un límite por vivienda de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo en exterior o un espacio cultivable de dos metros cuadrados en interior. Con relación a las cantidades máximas admitidas, desde el Socialismo consideran “razonable” el parámetro adoptado por Uruguay de 480 gramos anuales por persona.
Asimismo, autoriza los clubes de cultivo de cannabis quienes podrán abastecer a sus miembros, que deberán constituirse como asociaciones civiles bajo el estricto control de Estado.
Productores de pequeña escala
El modelo de regulación controlada propuesto habilita un mercado de producción, distribución y comercialización bajo formas asociativas y cooperativas, sólo con emprendimientos de pequeña escala, de modo tal que se evite la concentración del mercado en corporaciones y que no sea el ánimo de lucro el que dicte las reglas del mercado sino un fuerte control estatal con eje en la salud pública.
¿Dónde y quiénes no?
El proyecto también deja bien claro que las personas menores de dieciocho años de edad no podrán acceder al cannabis, salvo para uso medicinal.
Y al igual que pasa con el cigarrillo de tabaco, la propuesta especifica que se prohíbe fumar o mantener encendidos productos de cannabis psicoactivo en espacios cerrados, áreas donde se desempeñan actividades laborales, centros de enseñanza, medios de transporte público, entre otros. Asimismo, la iniciativa del Bloque Socialista expresa que queda prohibido estar bajo los efectos del tetrahidrocannabinol (THC) para conducir cualquier categoría de vehículo, equipo o maquinaria peligrosa.
Un organismo para regular
Otra novedad que se propone es la creación del Instituto Nacional para la Regulación y Control del Cannabis (INARCCA), un organismo descentralizado y con plena autonomía funcional con el objetivo de regular las actividades de producción, distribución, comercialización y expendio de cannabis, desalentar las actividades ilegales en relación con dicha sustancia, y reducir los riesgos y daños asociados al consumo de la misma, además de prohibir de promociones, publicidad y patrocinio del cannabis, y asegurar estándares de calidad y seguridad del producto. A la par, la iniciativa también prevé conformar un Consejo Consultivo Honorario que actuará como órgano de consulta.
Asimismo, la autoridad de aplicación deberá controlar y equilibrar el precio de mercado y ofrecer precios accesibles para consumidores y consumidoras de distintos niveles socioeconómicos, con el fin de desincentivar la recurrencia al mercado ilegal.
