El proyecto fue aprobado por unanimidad y establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
Tras una larga lucha de reclamos constantes y con los abuelos de Lucio Dupuy observando y escuchando desde los palcos, el Senado aprobó este jueves por unanimidad -65 votos afirmativos- el proyecto por el cual se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa fue impulsada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años de La Pampa que murió tras ser golpeado en reiteradas ocasiones por parte de su madre y la pareja de la misma. El proyecto, denominado originalmente como “Ley Lucio”, no se llamará así pues los legisladores acordaron que la iniciativa no llevará el nombre del niño.
El proyecto había recibido la media sanción el 9 de noviembre de 2023 y rápidamente tuvo tratamiento en la Cámara alta, pero no llegó nunca a tratarse hasta el día de hoy. Incluso, tras el pedido de familiares del niño, legisladores y hasta la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el presidente de la Nación incluyó el texto al temario de extraordinarias durante el mes de febrero.
Abrió la ronda de debate el pampeano oficialista Daniel Bensusán quien explicó que el proyecto que “puede convertirse en una herramienta que se sume a la lucha para la protección de nuestras infancias y adolescencias y evitar la vulneración de sus derechos”.
“Este proyecto se genera a través de un crimen aberrante producido en mi provincia, el crimen de Lucio Dupuy en manos de dos personas adultas con las cuales convivía”, relató y siguió: “A fines del mes pasado finalizó el juicio penal que determinó la condena a prisión perpetua a ambas homicidas”.
Bensusán remarcó que “la violencia y la vulneración de los derechos de las infancias atraviesa a toda la sociedad y nos interpela a todos los que tenemos responsabilidades políticas institucionales”. Al respecto, sostuvo que la violencia que “se ejerció sobre Lucio no fue un hecho aislado. Estamos seguros que la importancia de legislar sobre estos temas para evitar hechos como el que ocurrió”.
En esa línea, recordó que en el trámite del dictamen en comisión “fueron muchos los legisladores de muchas provincias que relataron hechos, no de la gravedad de Lucio, pero sí similares en cuanto a la vulneración de los derechos de las infancias y adolescencias en diferentes provincias”.
“Hechos tan aberrantes como este nos deben interpelar para seguir legislando de esta manera para evitar esto”, planteó Bensusán.
Sobre el proyecto, mencionó que el plan de capacitación “es de carácter continuo, permanente y obligatorio para cada uno de los agentes de los tres poderes del Estado Nacional que formen parte corresponsable del sistema integral de protección y promoción de los derechos de niños y adolescentes”.
También informó que, posteriormente, podrán sumarse a la capacitación los agentes de los estados municipales, provinciales, de organizaciones sociales, deportivas, culturales a través de diferentes convenios que puedan firmar con la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia que será la autoridad de aplicación.
En ese sentido, precisó que la Secretaría elaborará los contenidos del plan federal de capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. “El proyecto establece la posibilidad de convenios con universidades nacionales, entidades de la sociedad civil, organizaciones de la comunidad para que de forma conjunta puedan asistir al diseño del plan, a la homologación y el monitoreo de las distintas instancias”, explicó.
Además, contó que “la autoridad de aplicación llevará a cabo campañas de concientización para la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La revisión periódica del contenido del plan y su eficacia en la implementación de la ley”.
“No tengo dudas que esta ley se convertirá en una importante herramienta, pero no podemos dejar de reconocer que Argentina es un país de avanzada en la legislación de la protección de las infancias y adolescencias”, destacó el pampeano y agregó: “El andamiaje legal e institucional existe, pero obviamente podemos mejorarlo, modificarlo y fortalecerlo. Es evidente que con las leyes solas no alcanzan no con la voluntad de los Estados”.
“Ese es un tema que nos atraviesa a todos y tenemos que tener en claro un actor fundamental que sin la participación de él todo lo otro no sirve que es el compromiso social que necesitamos en contra de la violencia de las infancias. Hay que hablar de un nuevo pacto social, lo charlé con los abuelos de Lucio, porque no podemos naturalizar estos hechos y que solo ocurren adentro de los hogares y muchas veces se mira hacia el costado”, reclamó.
En ese marco, destacó la reserva de identidad que plantea el proyecto para aquellas personas que denuncian situaciones de violencia y vulneración de derechos de infancias.
“En ese pacto social hay muchos actores que tienen que rever esas prácticas porque mientras existan medios de comunicación que utilicen los homicidios de niños para sumar audiencia, mientras exista el uso de estos hechos aberrantes para intereses electorales, mientras se siga escondiendo bajo la alfombra estas cuestiones y se mire hacia otro lado, no estaremos respondiendo en forma madura como sociedad”, denunció y pidió no “revictimizar a los niños”.
Por último, planteó que parte de la solución “es hacer lo que estamos haciendo hoy, legislando en el Congreso. Dando herramientas para que el Estado y los agentes del Estado puedan actuar y tengan mejor y mayor información para advertir situaciones como le ha pasado a Lucio y como les pasa a muchos niños”. Y destacó que, desde que ingresó al Senado, tan solo se tardó una semana en sacar dictamen con dos proyectos, al tiempo que ponderó la “voluntad del interbloque FdT para tratar todos estos temas que son trascendentes para la sociedad”.
“Tenemos que seguir encontrando los consensos necesarios para avanzar con los temas que requiere la sociedad y son herramientas que el Estado necesita para seguir avanzado y mejorarle la calidad de vida a los argentinos. Que esta iniciativa fortalezca los canales institucionales de denuncia y comunicación para garantizar una intervención inmediata para que cesen cualquier vulneración o violencia de derechos de niños”, cerró Bensusán.
Al finalizar expresó su solidaridad con la familia de Lucio Dupuy -presente en los palcos- y le habló al abuelo del pequeño: “Su lucha y perseverancia es algo que debemos utilizar para que de una vez por todas dejen de suceder hechos que le pasó a Lucio y que Argentina pueda avanzar en la protección y promoción de los derechos de las infancias”.
La senadora María Belén Tapia disintió con Bensusán respecto de la celeridad con la que habían tratado el tema en esa Cámara. Si bien aclaró que, una vez aprobado el tema en Diputados, no dudaron un segundo en convocar a una reunión plenaria para avanzar hacia el dictamen y dieron “un respaldo contundente en que estábamos todos de acuerdo en que esta ley se debía tratar”, recordó que eso no sucedió y ni siquiera había sido incluido originalmente en el temario de extraordinarias.
Más allá de eso, la santacruceña recordó que la senadora pampeana María Victoria Huala, autora de una iniciativa que va en el mismo sentido que la ley aprobada en Diputados, convocó a una reunión a la que asistió el abuelo de Lucio, Ramón, a quien definió como “un ejemplo”. Dijo que él “pedía justicia para su nieto y que nosotros hiciéramos algo más”.
Al respecto, Tapia aclaró que “tenemos en ambas cámaras iniciativas de todos los espacios, con lo cual es una gran muestra de que teníamos intención de legislar” sobre el tema. Precisó en ese sentido que en Diputados se unificó un texto de los diputados Martín Maquieyra y Roxana Reyes, también de Paola Vessvessian y otros; y en el Senado había uno de María Inés Pilatti Vergara y otro de la senadora (MC) María de los Ángeles Sacnun, además del de la senadora Huala.
No obstante, consideró que “es insuficiente” lo que se ha legislado sobre el tema y citó a especialistas que advierten que por ejemplo no hay una ley de protección integral contra el maltrato infantil. “Me parece que la sociedad está demandando que tratemos urgentes herramientas para tratar este flagelo”, señaló, para plantear luego iniciativas en ese sentido que han perdido estado parlamentario.
Se quejó también de la mediatización de casos de abuso infantil y citó al colectivo #NoMatarás, consideró “preocupante el mensaje que quieren instalar algunos medios, periodistas y artistas. La pedofilia no es una orientación sexual; el abuso sexual es un caso de poder y no se necesita ser psicópata o mentalmente enfermo para llevarlo a cabo”.
“Nunca es ‘una calentura momentánea’, como dijo Roberto Piazza; nunca es ‘un tema que pertenece a la vida privada’, como dijo Robertito Funes Ugarte… El abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes, es un delito y debe ser tomado como tal”, cerró, citando el documento del colectivo “NoMatarás. Tapia cerró aclarando que “estamos dando un paso importante, no suficiente”.
Autora de una de las iniciativas, la senadora María Victoria Huala (Pro - La Pampa) expresó: “Como pampeana es un día muy importante porque en medio de este contento de tratar esta ley tan importante, quiero no dejar pasar algunas como las que ocurrieron cuando un exfuncionario de mi provincia dijo que JxC utilizaba esta causa por una cuestión electoral”.
En esa línea, amplió: “Celebro que, aunque sea para pegarnos, hable de Lucio Dupuy”, y agregó: “Las familias como la de Lucio luchan en soledad y silencio porque en La Pampa las cosas se tapan por debajo de la alfombra”.
Además, mencionó la desaparición de un joven de 24 años -que luego fue encontrado muerto- en La Pampa y aseveró que “ocurrió mientras salían datos de un Indec paralelo”. “Parece más fácil mirar para otro lado que ocuparse de los problemas”, señaló.
“Estamos sentados para legislar y esta ley comenzó su recorrido hace un año y medio con el asesinato de un nene de cinco años. No voy a nombrar lo que Lucio tuvo que sufrir, pero si voy a recordar que cinco veces Lucio debió ser atendido por golpes y quemaduras, y nadie hizo nada”, relató.
Del mismo modo, responsabilizó al gobierno provincial de La Pampa y a la justicia por “no ver las alarmas”. Así también, relató que el médico forense que recibió el cuerpo de Lucio Dupuy afirmó que “en 30 años jamás vio algo así”.
En el final, detalló cuestiones del proyecto que consideró “lo más importantes”, respecto a capacitaciones en niñez y adolescencia para personas en las funciones públicas de los tres poderes, y los protocolos para las fuerzas de seguridad para la intervención de la justicia.
“Hace más de un año la familia Dupuy lucha para que ningún niño sufra lo que le pasó a Lucio. No le tengamos miedo al no te metas”, finalizó.
Cerró la ronda de oradores la vicejefa del interbloque FdT, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien amplió que el proyecto de ley Lucio “va más allá de una cuestión partidaria e ideológica”, y añadió que “llega tarde porque Lucio, ni Zoe no están. Muchos niños y niñas son víctimas de abuso y precariedad”.
En esa idea, expresó que “lo importante es que se aplique rápido y bien”, y lo explicó con datos de UNICEF Argentina: “En nuestro país, más de un millón de niños se privan de una comida diaria, más del 14 por ciento tiene sobrepeso, solo el 58 de adolescentes termina el secundario, un 24 padeció Bulliyng y el 4 personalmente, lasa de suicidios es de 6 por ciento por 100.000 habitantes, 6 de cada 10 hogares usa métodos violentos y el 35 castigo físico, el 80 por ciento de mujeres es víctima de violencia sexual y el 60 en menores de 18 años”.
“Debemos atacar desde lo Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero necesitamos una aplicación rápida y bien”, indicó Sagasti. Del mismo modo, relató que cuando se recibió y era voluntaria de la Casa Cuna de Mendoza, en la Ley 26.061 de Protección Integral “veía la diferencia de los postulados de la ley con la aplicación en la provincia de Mendoza”.
Para cerrar, manifestó que “hay que alamar a niños, niñas y adolescentes sobre los temas de abuso y maltrato en el ámbito familiar”, y concluyó: “Ojalá que este compromiso no se termine en este recinto y que nos comprometamos en nuestras provincias adhieran a esta ley”.
La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes
Podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
Entre aplausos y lágrimas, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (228 votos afirmativos) en la sesión de este miércoles el proyecto por la cual se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa fue impulsada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años de La Pampa que murió por golpes cuyas acusadas por el crimen son su madre y la pareja de la misma. El proyecto, denominado originalmente como “Ley Lucio”, no se llamará así pues los legisladores acordaron que la iniciativa no llevará el nombre del niño.
Tras la media sanción, todo el recinto se puso de pie para aplaudir a los familiares de la víctima que se encontraban presente en el mismo. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, bajó del estrado para darles un fuerte abrazo.
Autor del proyecto inspirado en el caso de Lucio, el pampeano Martín Maquieyra (Pro) arrancó su discurso: “Abigail era una beba de Santa Cruz que murió luego de varios días de estar internada. Estaba institucionalizada, había un seguimiento por parte de funcionarios que sabían de su situación, nada de esto sirvió y nadie vio nada. Salomón era un niño de apenas dos años cuando su padrastro lo mató. Hubo varias alertas, hubo llamados de los vecinos, incluso ingresó varias veces a la guardia, pero nadie hizo nada. Tahiel era un niño de Entre Ríos, fue varias veces con golpes al centro de integración comunitaria en Gualeguaychú. Los vecinos también escucharon y denunciaron, pero nadie hizo nada en el Estado para evitar este asesinato. La madre de Sebastián y Valentina, de Mar del Plata, denunció seis veces a su expareja por acosos y maltratos. La Justicia archivó la causa las seis veces y las víctimas fueron sus hijos. Una vez más nadie hizo nada”.
“Lucio Abel Dupuy asistía a un jardín en Santa Rosa, entró cinco veces a una guardia durante tres meses. Era un niño dentro del sistema institucionalizado, el Estado lo tendría que haber tenido en cuenta. En esas cinco veces que entró con traumatismos nunca se dio una alerta, nunca se hizo una denuncia. El gobierno y la Justicia nuevamente no hicieron nada”, reclamó.
Luego de contar que ocurrido el caso se reunió con los familiares de Lucio, el legislador reveló: “Me encontré con una familia con una actitud que quiero resaltar, la de querer hacer algo; de transformar el horror que habían vivido en acción”. Fue así que presentó el proyecto, que, durante este año, gracias a las consultas con especialistas y funcionarios, se alcanzó un texto de consenso con otros que había presentados.
“No es un proyecto de un legislador o un partido, sino es el proyecto de una familia que quiere que esto no vuelva a pasar”, remarcó Maquieyra y sostuvo que se trata de una ley que busca ayudar “a que ningún chico tenga que sufrir y sus derechos no sean vulnerados”. Asimismo, explicó que se trata de que todos los funcionarios que trabajan en niñez, docentes, médicos, entre otros, no solo estén capacitados en los derechos y la legislación vigente, “sino también en las alarmas y alertas tempranas”. “La importancia de la obligatoriedad implica que nadie pueda no ver lo que está pasando”, agregó.
Finalmente, hablándole al abuelo de Lucio, presente en el recinto, el diputado dijo que no solo se estaba “cumpliendo con la palabra”, sino “sobre todo, llevando un poco de alivio a una familia que ha pasado por tanto dolor”.
A su turno, la santacruceña Paola Vessvessian (FdT) hizo extensiva el agradecimiento a la familia del niño y la presencia del secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que “ha ayudado mucho en la conformación de la ley”.
“Esta ley se trata a pocos días a que se cumplan los 33 años de la Convención de los Derechos de los Niños. Un tratado que es el de mayor vigencia a nivel mundial y es también a 17 años de la Ley 26.061 que fue producto de una fuerte lucha y desafío de nuestro expresidente Néstor Kirchner, es una ley que estuvo 10 años parada en el Congreso que cambió significativamente el paradigma de los derechos de los niños”, contó.
Además, remarcó que “necesitamos que sea una sociedad más justa, más equitativa y de mejor redistribución”. Retomando la Ley 26.061 sostuvo que “cambió un andamiaje, cambió una realidad y una transformación institucional clave en la mirada de las infancias que dio institucionalización y jerarquía a un organismo rector en políticas públicas de infancia. A su vez, nos permite constituir un Concejo Federal de Niñez donde se discuten los protocolos, las acciones y las políticas que se llevan a cabo en el tema de infancias”.
“Es importante esto porque parecía que tenemos un vacío legal, y tenemos distintas leyes porque un proyecto de ley de capacitación si no tiene un Estado que sea rector y no tiene una buena plataforma de política pública, no basta con una capacitación porque el cuidado y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, implica un trabajo mancomunado de los estados provinciales, organizaciones sociales, organismos de protección de derechos, etc.”, remarcó la oficialista.
Y cerró: “Tenemos que mejorar, fortalecer la familia y generar procesos que nos permitan la restitución de los derechos porque no queremos más vulneración de los derechos. Esta ley, no solamente va a trabajar la vulneración de derechos, sino también, la política de infancia en general a lo largo y ancho del país. Va a fortalecer los sistemas de protección de derechos y necesitamos que la justicia de familia llegue más rápida y sea más eficaz”.
A su turno, su coterránea Roxana Reyes (UCR) advirtió que “estamos viviendo un momento de emergencia en cuanto a los derechos de la niñez. Es una emergencia económica con los niveles de pobreza infantil, indigencia y es una emergencia social”.
“Esta va a ser una ley que no tiene nombre en particular, porque son muchísimos los casos y variados los niños vulnerados, violados, maltratados, ultrajados. Los más vulnerables. ¿Imagínense lo que significa para un niño o una niña decir ‘me están tocando’, ‘me están abusando’, ‘me están golpeando’? y todos los tipos de maltratos que puede sufrir un niño. La violencia física, emocional, económica”, agregó Reyes.
Y siguió: “Acá se mencionó el caso Lucio, y realmente fue inspirador. Fue un antes y un después. Nosotros recibimos al abuelo que nos pidió que nos ocupáramos y nos preocupáramos del tema”. Al igual que el miembro informante, la radical se refirió al caso Abigail que “era una beba de 7 meses, solo 7 meses cuando falleció en Rio Gallegos en 2014. Los médicos del hospital regional fueron alertados por el progenitor de un supuesto accidente hogareño. La beba se había caído y estaba sin signos vitales. Fue trasladada de urgencia y en el camino se trató de reanimarla. Al día siguiente el nosocomio determina que había sido brutalmente golpeada”.
“No había sido un accidente. Se ordeno la detención de los progenitores y un allanamiento en la dirección de Niñez y Adolescencia donde secuestraron el expediente de Abigail que estaba guardado en un cajón”, continuó el relato y explicó: “Digo esto porque estamos tratando la capacitación en materia de derechos de niñez. Nosotros necesitamos gente capacitada abordando este tipo de temas. Abigail estaba judicializada. Imagínense que la beba, que estaba siendo abordada por una situación de violencia, no pudimos salvarle la vida, lo que puede llegar a pasar con los niños que no llegan al sistema de protección”.
“Necesitamos imperiosamente, no solamente tener esta perspectiva, sino que desde los organismos estén trabajando en que haya presupuesto para esto a una capacitación obligatoria no podemos tener un niño que no esté abordado en todas las problemáticas que lo atraviesan”, insistió Reyes y enumeró: “Estas capacitaciones tienen que ser en el sistema del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los jueces tienen que tener esa mirada transversal de niñez rapidez, celeridad, vocación, trabajo, conciencia, capacitación de que los más vulnerables no pueden ir a ejercer sus derechos por si solos, necesitan que nosotros seamos su voz”.
En el uso de la palabra, la diputada Myriam Bregman (PTS/FIT-U) señaló que “el Estado es responsable”, y remarcó que “ya hay leyes que defienden los derechos de las infancias y los casos que se relatan conmueven”, al tiempo que preguntó: “¿Por qué esas leyes siguen ahí y la realidad sigue siendo tan diferente? ¿con una capacitación eso se va a modificar?”.
“El Estado es responsable y tiene que adoptar un tratamiento integral preventivo cuando hay señales, signos que requieren atención. Esta discusión se da en el marco de un país que tiene la mitad de los niños menores de 14 años en la pobreza, con cifras alarmantes”, advirtió y pidió que “se trate en serio la situación de las infancias en el país”.
Por La Pampa, la radical Marcela Coli expresó: “Vamos a dar un paso importante y sumamente necesario. Aprobar los proyectos que nacieron desde el dolor, desde la pérdida, en este caso de Abigail y de Lucio bajo un contexto de violencia”.
“En ambos casos se hicieron llamadas, alarmas, pero no lo vimos, no lo escuchamos. El Estado falló. El sistema falló. Fallamos todos. El Estado le corresponde promocionar, prevenir y garantizar los derechos humanos”, cuestionó Coli y agregó: “Es fundamental, velar cuando ocurren estos contextos de violencia a quien denuncia, cuidarlos para poder llegar a tiempo donde la violencia avanza”.
Y cerró: “Soy de La Pampa, igual que Lucio y hasta hoy seguimos estremecidos. Nos duele mucho. Como Lucio seguramente en al país hay casos iguales o peores. Ya nada nos devolverá la vida de cualquier niño que se fue en contexto de violencia, pero con esta ley podremos salvar vidas, pero sobre todo vamos a poder prevenir situaciones y acompañar y sostener”.
A su turno, el liberal José Luis Espert (Avanza Libertad) remarcó que “la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 19 obliga a los Estados partes a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente o malos tratos, explotación o el abuso sexual”.
“Esta nueva ley viene a reforzar esa deuda con los chicos que sufren violencia, abusos. Cuando lo vemos a Lucio, y está bien ponerle cara a esta ley, con esa sonrisa que esconde atrás una vida de maltrato, cuando uno se entera de las denuncias de los familiares y decenas de signos que fueron pasados por alto por tantas instituciones y personas que podían haber salvado su vida”, denunció Espert y detalló: “Cuando uno piensa que 5 de cada 10 niños sufren pobreza y víctimas de castigo físico, y el 73% son víctimas de cualquier otra práctica violencia infantil, se acuerda de Lucio”.
Además, informó que en cuanto al abuso sexual infantil según Naciones Unidas “a de cada 5 mujeres, y 1 de cada 3 varones, han sufrido abusos sexuales en la infancia”, y añadió: “Seguimos sumando leyes que no se cumplen. Que no haya más Lucios ni niños que sufran violencia ni abusos”.
Luego, Gabriela Lena dijo que “las diferentes formas de violencia contra niños y niñas representan un problema grave, frecuente y multidimensional. Y el sistema actual es errático y descoordinado, y no garantiza el pleno de derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia”.
“Sabemos que solo con un cambio de ley no vamos a erradicar la violencia o el abuso de niños y niñas – continuó Lena-, pero debemos empezar a capacitar a todos los actores involucrados en su defensa, otorgarles un marco legal, proteger la identidad del denunciante y garantizar que sus derechos se cumplan, algo en lo que el Estado no puede seguir mirando para el costado cuando hay cualquier tipo de violencia”.
La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes
Podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
