La presidenta de la cámara, Cecilia Moreau, firmó un convenio con la Fundación Cardiológica Argentina y la Federación Argentina de Cardiología, por el que se implementará en el ámbito legislativo un Plan de Desfibrilación, a través de un programa de cardio protección integral.
La Cámara de Diputados de la Nación firmó un acuerdo con la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) y la Federación Argentina de Cardiología (FAC) con el objetivo de capacitar al personal legislativo en reanimación cardiopulmonar (RCP), a través de simulacros de emergencia.
El encuentro fue encabezado por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, junto a los titulares de la FCA, la FAC y los secretarios generales de los gremios de la Asociación del Personal Legislativo (APL); de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE).
Al respecto, la presidenta de la cámara señaló que “es un orgullo firmar este convenio con dos organismos destacados en la materia porque es una necesidad para la comunidad legislativa y la sociedad toda capacitarse en prevención y RCP para contar con una respuesta rápida”.
Asimismo, de la reunión participaron el impulsor del convenio, el director Médico de la Cámara de Diputados, Dr. Marcelo Halac; el secretario general, Franco Mollo y el secretario Administrativo, Rodrigo Rodríguez.
En tanto, Halac expresó que “no hay acto más solidario que el RCP para que la salud de los trabajadores esté en menos riesgo”, mientras que la presidenta de FCA, Ana Salvati, dijo que “mucha gente que aprendió a hacer reanimación hoy puede decir que salvó una vida, saber RCP nos hace mejores personas”.
De esta manera, se implementará en el ámbito legislativo un Plan de Desfibrilación, a través de un programa de cardio protección integral, con la utilización de equipos Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), para alcanzar la desfibrilación ante una inminente muerte súbita dentro de toda el área en un tiempo no mayor a 3 minutos.
Este acuerdo con las dos entidades rectoras a nivel nacional de los consensos en Cardiología permitirá contar con personal capacitado en reanimación cardiopulmonar (RCP), una herramienta clave para salvaguardar la salud y seguridad dentro del espacio laboral.
La iniciativa fue presentada por el diputado santafecino Juan Martín y cuenta con el aval de 10 bloques de la Cámara. También propone capacitar a los encargados de los servicios sociales, de salud y personal encargado de la atención y cuidado de personas mayores.
El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) presentó un proyecto para la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito del Sector Público Nacional sobre la promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores.
“Las personas mayores, aunque a veces no nos demos cuenta, sufren viejismo. Ese destrato injustificado, sólo por pertenecer a un determinado rango etario, no puede tener lugar en la sociedad que queremos. Por eso, queremos avanzar con esta iniciativa”, planteó Marín en un video que subió a sus redes.
Además, contó que “esta iniciativa es fruto del programa institucional políticas y derechos para un buen envejecer de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, nuestra casa de estudios. Lo presentamos como propuesta que fue enriquecida por la facultad y, a partir de ahí, empezamos a conversar con colegas de todas las fuerzas políticas”.
“Junto a la decana Claudia Levin nos reunimos con muchos de ellos y con satisfacción podemos decir hoy que esta iniciativa cuenta con el aval de 10 bloques parlamentarios de la Cámara”, destacó y cerró: “Las personas mayores, aunque a veces no nos demos cuenta sufren viejismo, ese destrato injustificado solo por pertenecer a un determinado rango etario no puede tener lugar en la sociedad que queremos. Ahora a trabajar con fuerza para que se haga realidad y contemos pronto con una vergüenza menos”.
En la iniciativa, también propone articular acciones para capacitar a los encargados de los servicios sociales y de salud, personal encargado de la atención, personal de cuidado de personas mayores en los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios y a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario.
En esa línea, explica que la capacitación tiene como objetivo central que las personas participantes conozcan los aspectos conceptuales básicos y la estandarización normativa de los derechos humanos de las personas mayores que tienen jerarquía constitucional, para identificarlos, concientizar sobre su existencia y contenido, como asimismo promoverlos y protegerlos en la práctica.
La misma, deberá respetar y difundir los principios, deberes y derechos reconocidos por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, entre ellos: la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades de la persona mayor; su va valorización, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo; la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona; la igualdad y no discriminación; la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad; el buen trato y la atención preferencial.
Por otro lado, plantea que la autoridad de aplicación será responsable de garantizar la implementación de las capacitaciones por profesionales de la abogacía que comenzarán a implementarse dentro de los 180 días de entrada en vigencia la ley. A su vez, el Ejecutivo deberá implementar campañas de concientización en medios de comunicación, plataformas digitales, redes sociales, etc.
2945-D-2023La iniciativa “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad” de la diputada Soher El Sukaria propone unificar todos los planes sociales y que los beneficiarios trabajen y se capaciten. “Mientras el beneficiario trabaje, seguirá cobrando el plan social”, explicó.
La diputada nacional Soher El Sukaria (Pro – Córdoba) junto a sus pares José Núñez (Santa Fe), Gustavo Hein (Entre Ríos) y Pablo Torello (Buenos Aires), presentaron un proyecto de ley “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad” en el que se unifican todos los planes sociales y se condiciona la continuidad de los mismos al cumplimiento de trabajo y capacitaciones; además, establece un plazo máximo de 12 y 24 meses para percibir el beneficio.
“Hay reformas que no pueden esperar más. Claro que el Estado tiene que estar con aquellos que más lo necesitan, pero de ahí a hacer de los planes un modo de vida existe una gran diferencia. Vincular los planes con el trabajo y la educación es el primer paso para que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades”, señaló El Sukaria.
El fin es “promover y posibilitar la inserción laboral de aquellas personas que no se encuentran en el mercado formal del trabajo, mientras perciban una prestación social por parte del estado Nacional”, puntualizó la diputada cordobesa y aclaró: “Mientras el beneficiario trabaje seguirá cobrando el plan social”.
“Las empresas tienen un 100% de bonificación en las contribuciones patronales sobre esos nuevos empleos por dos años”, contó la vicepresidente del Pro cordobés.
“Debemos inculcar el estudio y el esfuerzo como pilares básicos que cualquier sociedad debe tener para desarrollarse. Queremos que vuelva el mérito, todo lo contrario, a lo que predica el gobierno Nacional”, concluyó la referente amarilla.
Por su parte, Núñez expresó: “Desde el PRO queremos generar una herramienta para que los planes sociales se conviertan en empleo genuino otorgándole condiciones a los trabajadores y empleadores. Definitivamente estamos en contra de la intermediación que politiza el acceso a los ingresos de emergencia. Transformar los planes sociales en empleo genuino permitirá que Argentina ingrese en una senda de desarrollo”.
El proyecto:
Según el proyecto -que ingresó este lunes a Diputados- para que los beneficiarios de planes puedan acceder al mercado laboral se conformará un programa de pasantías en distintas empresas inscriptas en un registro, es decir, apunta a transformar los planes sociales en empleo genuino a través de un puente de inclusión laboral que propicia el Estado.
En caso de formalizarse el empleo, el Estado continuará pagando el plan por el lapso de un año mientras que el empleador deberá cubrir (durante ese periodo) la diferencia entre lo percibido por el plan y el salario establecido por convenio colectivo.
El programa propuesto absorbe todos los planes sociales y obliga a todas aquellas personas beneficiarias a anotarse en un mínimo de dos capacitaciones anuales, que le demandarán un máximo de 20 horas semanales (y un tope de cuatro horas por día). Este es el requisito que le prevé para seguir percibiendo el monto equivalente al plan social. El incumplimiento de este punto generará como consecuencia la baja automática del beneficio. Concluida la capacitación, el beneficiario quedará automáticamente inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas que suscriban.
La iniciativa también incorpora una segunda línea de acción que comprende beneficios para las empresas que tomen primero como pasantes y luego como empleados efectivos a personas que estén registradas en este “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad”.
No obstante, la ley aclara que, una vez transcurridos los 24 meses, el plan social percibido dejará de tener efecto y será dado de baja, porque ya se supone que la persona está preparada para insertarse en el mercado de trabajo formal.
Se propone como autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete, quien dispondrá de los mecanismos necesarios para la creación del Registro de Empresas Productivas (REP), a fin que las empresas interesadas en gozar del beneficio puedan inscribirse, así como también las cámaras sectoriales y uniones de empresas.
“Concluida la capacitación, el beneficiario automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del REP, pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses la denominada pasantía laboral”, señala el proyecto en su articulado.
La otra pata del proyecto tiene que ver con los beneficios para las empresas que contraten personas que participan en este plan de capacitaciones. En este sentido se establece que las empresas que contraten a las personas que perciben prestaciones sociales tendrán como única obligación mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil. El ingreso del pasante seguirá a cargo del Estado nacional, que abonará el equivalente a la prestación social.
Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonará por el termino de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.
Por otra parte, el proyecto establece que “si un beneficiario de planes es detenido infraganti provocando daños a bienes de terceros o del Estado Nacional o cortando el libre tránsito sin autorización previa, será suspendido del beneficio social por 6 meses, y en caso de reincidencia será dado de baja de manera definitiva”.
La propuesta también lleva las firmas de los diputados nacionales Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Sofía Brambilla, Gustavo Santos, Adriana Ruarte, María Sotolano, Karina Bachey, Héctor Stefani, Federico Angelini, Aníbal Tortorielo y Rogelio Frigerio.
Sergio Massa firmó un convenio de cooperación internacional legislativa con una ONG estadounidense.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió en el Salón de Honor a una comitiva del Instituto Republicano Internacional (IRI), liderada por el vicepresidente de programas, Scott Mastic, con el objetivo de firmar un nuevo convenio de cooperación en materia de capacitación legislativa.
A partir del nuevo acuerdo, la Cámara de Diputados y el IRI, continuarán trabajando en conjunto para promover el flujo de ideas, información y experiencias en áreas clave como buenas prácticas institucionales, defensa de los valores democráticos, empoderamiento femenino y capacitación del personal parlamentario, entre otras. Para ello, el nuevo instrumento genera el marco propicio para la elaboración de proyectos concretos que incluyan intercambios académicos y culturales, programas de becas para capacitación, publicaciones, asistencia mutua en áreas de educación, investigación y desarrollo, así como también misiones recíprocas de legisladores y funcionarios de ambos países.
Al comenzar el encuentro, el presidente Massa realizó la firma del nuevo convenio al tiempo que destacó la importancia de la Diplomacia Parlamentaria como herramienta para vincular al Congreso Argentino con el mundo. En este sentido, si bien tanto el presidente de la Cámara como la máxima autoridad del IRI resaltaron el trabajo desarrollado en los últimos dos años, en especial en capacitaciones vinculadas a la temática de género y juventudes, comprometieron a las áreas técnicas de ambas instituciones a avanzar con una nueva hoja de ruta para los próximos meses.
Fueron parte también del encuentro de trabajo Antonio Garrastazu, director Regional, América Latina y el Caribe del IRI; Jorge Ceballos, director de Programas, y Jennifer Schreider, gerente de programas para América Latina y el Caribe. La delegación argentina, por su parte, la completaron la diputada nacional, Mónica Litza; el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Isaurralde; el presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez; el director General de Diplomacia Parlamentaria de Diputados, Ariel Sotelo; y el director General del Instituto de Capacitación Parlamentaria, Carlos Lazzarini.
El Instituto Republicano Internacional (IRI) es una organización no gubernamental de EE.UU, sin fines de lucro y no partidista. Fue fundado en 1983 como parte del programa de Apoyo Internacional a la Democracia del Congreso de Estados Unidos.
El Senado aprobó la iniciativa que tiene como objetivo capacitar al personal que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles sobre la causa Islas Malvinas. Giró a Diputados.
Antes del recambio legislativo en la sesión de este jueves la Cámara de Senadores dio media sanción por 54 votos afirmativos al proyecto de ley que establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La iniciativa de la senadora fueguina Eugenia Duré (FdT) define como “la cuestión de las Islas Malvinas a la situación colonial en la que se encuentran las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, parte integrante del territorio argentino, que desde 1833 son objeto de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
En ese sentido propone:
