Luego de que el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires revelara el proyecto de construir una alcaidía en la zona de Dique Luján, partido de Tigre, los vecinos se alzaron en forma de protesta por considerar que la obra afectaría la zona de humedales.

Tras reunirse y visitar varias veces el área mencionada, el presidente del Concejo Deliberante, Segundo Cernadas (Juntos por el Cambio), presentó sus argumentos con un escrito en los tribunales de San Isidro, en el que aseguró que se “degrada uno de los lugares más importantes de Tigre”.

“No se puede avanzar en contra de normas que el mismo municipio de Tigre sostiene en sus ordenanzas de protección ambiental, y por eso Dique Luján no es el lugar para construir la cárcel que necesitamos, hay  antecedentes judiciales y mucha evidencia que indica que en ese lugar una alcaidía no puede ir”, explicó.

Asimismo, indicó que quienes llevan adelante el proyecto “se equivocan o no les importan las normas de Tigre. La necesidad de cárceles es evidente pero estamos frente a una pésima gestión que ‘resuelve’ problemas creando otros más graves”.

Y agregó: “La gestión de Axel Kicillof es pésima. Si contrató especialistas nos hizo perder dinero a todos los bonaerenses porque es obvio que allí no se puede realizar la obra. Esperamos frenar judicialmente esta medida porque a nivel local ya agotamos todos los recursos para evitar este ataque al patrimonio. Desde la Provincia no dan señales de buscar una solución alternativa con otro destino y, mientras tanto, el problema es cada vez más grave”.

Por último, sostuvo que “el objetivo de la obra no se discute, aunque nunca nos hayan consultado. Queremos a la policía metiendo presos en las cárceles y no cuidándolos en comisarías. Si a la justicia que libera chorros le sumamos el argumento de que no hay donde encerrarlos, le estamos dando de comer a los que liberan a los delincuentes como hizo este gobierno”.

El bloque de diputados del Pro, que preside Cristian Ritondo, dio a conocer este jueves una carta abierta dirigida a funcionarios y magistrados, en la que expresó su preocupación por la excarcelación de personas privadas de su libertad debido a la posible propagación de Covid-19 en las cárceles.

“Les solicitamos a los funcionarios y magistrados que piensen primero en los inocentes, que han sufrido el arrebato de sus Derechos Humanos cuando se convirtieron en víctimas. Y también tengan en cuenta que el conjunto de la sociedad mira absorto semejante atropello a las instituciones de la democracia”, pidieron.

La carta fue firmada por los legisladores del Pro Cristian Ritondo, Marcelo Orrego, Gustavo Hein, Sebastián García de Luca, Carmen Polledo, Gabriel Frizza, David Schlereth, Martín Grande, Omar De Marchi, Eduardo Cáceres, Juan Aicega, Federico Frigerio, Julio Sahad, Domingo Amaya, Hernan Berisso, Felipe Alvarez, Alberto Asseff , Jorge Enríquez, Pablo Torello, Graciela Ocaña, Ingrid Jetter y Francisco Sánchez.

A continuación, el texto completo:

Como representantes del pueblo de la nación, manifestamos, por la presente, nuestra profunda y extrema preocupación ante la liberación de centenares de presos, en plena emergencia sanitaria y económica. Cuando la sociedad cumple con el aislamiento obligatorio, observamos que este tipo de medidas debilitan la confianza en el servicio de Justicia y generan intranquilidad donde debería haber paz y concordia.

La Justicia se basa por definición en el “principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde o pertenece”.

Entonces nos preguntamos: ¿Corresponde la liberación de los presos porque la pandemia podría afectarlos, o simplemente se les está otorgando el beneficio de la impunidad?

Es cierto que las prisiones fueron el centro de atención en diferentes partes del mundo ante el miedo a una ola de contagios, pero las estadísticas arrojan una realidad completamente diferente. Más del 50 % de los enfermos por coronavirus en Europa ocurrieron en residencias de ancianos, y acá ya registramos un 15% de contagios entre profesionales de la salud a nivel nacional, que asciende a un 20% en la provincia de Buenos Aires. Ahí tendrían que estar enfocados nuestros mayores esfuerzos profesionales y presupuestarios.

Mientras tanto, el máximo tribunal penal del país ha aconsejado “morigerar” la mayor cantidad de reclusos posibles. Y seducidos, ante  semejante consejo, llueven los pedidos de liberación, con una Justicia en cuarentena, que les da lugar en nombre de los “Derechos Humanos” (término utilizado desde hace tiempo por diversas organizaciones para tratar de instalar la idea de que el victimario es en realidad la víctima).

E incluso los magistrados fueron aún más condescendientes: les concedieron celulares a los reclusos, una fenomenal idea para que estén comunicados con sus familiares por la restricción de visitas, lo que facilitó el contacto entre delincuentes y otros penales, dotándolos del recurso para emprender un sistema de inteligencia, compartiendo de este modo información a la que nunca deberían haber accedido: fotos de guardias, datos de las cárceles y, por supuesto, la iniciativa para organizar motines.

Entendemos que en las cárceles hay embarazadas, mayores de 70 años y grupos vulnerables con diversas patologías, pero recordemos también que ninguno es inocente (el primer caso que dio positivo fue en la Unidad 23 de Florencio Varela, un hombre de 49 años condenado a perpetua por matar a su hija de 8 años), ni alcanzan los recursos para hacer un seguimiento eficaz.

Sólo habría tobilleras electrónicas para unos pocos y falta personal para asegurar semejante “misión imposible” de control a distancia. Tampoco se podría garantizar que los condenados no se contagien en sus domicilios.

Frente a este panorama consideramos que puede haber otras alternativas, con protocolos sanitarios más rígidos y nueva redistribución de grupos, campamentos especiales en destacamentos,  cuarteles o en los mismos patios de penales para generar aislamientos, entre otras medidas.

Por lo expuesto, les solicitamos a los funcionarios y magistrados que piensen primero en los inocentes, que han sufrido el arrebato de sus Derechos Humanos cuando se convirtieron en víctimas. Y también tengan en cuenta que el conjunto de la sociedad mira absorto semejante atropello a las instituciones de la democracia. En este sentido, nos parece escandaloso que existan sectores que encuentren en la pandemia la más preciada y soñada llave para abrir las celdas de los delincuentes, mientras quienes hasta hoy podían dormir en paz bajo el consuelo de la Justicia empiezan a padecer nuevamente la pesadilla del pasado.