Tras identificar una organización delictiva que operaba desde el interior del sistema penitenciario bonaerense, reimpulsan la regulación de las comunicaciones desde las cárceles.
Suplantación, estafas y cárceles sin control: la trama detrás del uso de la imagen de un senador provincial y el origen de un proyecto de ley que debate el Senado.
El senador provincial Pablo Petrecca realizó el pasado 12 de marzo de 2026 una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) tras detectar que personas desconocidas utilizaban su imagen en perfiles falsos de WhatsApp para engañar a comerciantes de la ciudad de Junín y apropiarse de bienes de manera ilícita.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, esa denuncia permitió destapar una modalidad delictiva en expansión: la suplantación de identidad con fines de estafa, basada en el uso de tecnología, manipulación psicológica y estructuras organizadas.
A partir de la investigación llevada adelante por la DDI Junín, con tareas de inteligencia criminal e intervención telefónica, se logró identificar una organización delictiva que operaba desde el interior del sistema penitenciario bonaerense, específicamente desde las Unidades Penales N° 13 y N° 16 de Junín, con ramificaciones en Pergamino.
Como resultado, la Justicia ordenó allanamientos, detenciones y secuestro de elementos vinculados a la causa, confirmando la existencia de una red organizada que utilizaba dispositivos móviles para cometer estafas desde el encierro.
Este caso expone con claridad un problema estructural: las cárceles, en muchos casos, han dejado de ser únicamente espacios de cumplimiento de pena para transformarse en plataformas desde donde se coordinan delitos hacia el exterior.
Fue precisamente esta experiencia -directa, concreta y documentada- la que llevó al senador Petrecca a dar un paso más: transformar un hecho delictivo en una iniciativa legislativa orientada a cerrar esa brecha.
En ese contexto, el senador presentó un proyecto de ley que propone prohibir el uso de celulares en cárceles bonaerenses y reemplazar el actual esquema por un sistema legal, controlado y transparente de comunicaciones.
La iniciativa surge como respuesta directa a lo evidenciado en la investigación: la ausencia de reglas claras y de control efectivo sobre las comunicaciones intramuros.
Actualmente, el uso de dispositivos móviles en el sistema penitenciario se rige por un protocolo excepcional dictado durante la pandemia en 2020, que continúa vigente sin respaldo legal ni supervisión legislativa.
Frente a esto, el proyecto propone pasar de la improvisación a una política pública estructurada.
El eje central de la iniciativa es la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma institucional que reemplaza el uso de celulares personales.
El sistema funcionará bajo una red cerrada, sin acceso a internet abierto ni redes sociales, permitiendo únicamente comunicaciones con contactos previamente autorizados, con trazabilidad y supervisión Estatal.
A partir de su implementación, se prohibirá la tenencia de celulares privados dentro de las unidades penitenciarias, su incumplimiento será considerado falta grave y tendrá impacto en beneficios penitenciarios como salidas transitorias.
“Esto no es un hecho aislado”, dijo el legislador respecto de la estafa y denuncia que protagonizó. “Es una modalidad que crece, se perfecciona y necesita una respuesta institucional clara; no se trata de eliminar la comunicación, sino de ordenarla y ponerla bajo control del Estado. Las cárceles no pueden funcionar como plataformas para delinquir”, agregó el senador.
“La evidencia es clara: sin control, sin trazabilidad y sin regulación legal, las comunicaciones intramuros pueden convertirse en herramientas para delinquir”, se consideró.
La denuncia inicial no solo permitió desarticular una organización criminal. También puso en evidencia una falla del sistema.
A partir de ese hecho, el senador Petrecca impulsó una propuesta legislativa que apunta a una respuesta de fondo: terminar con la improvisación, recuperar el control del Estado y cerrar las grietas por donde hoy el delito se organiza, opera y avanza desde adentro del sistema.
La Cámara alta sancionó cuatro proyectos de ley que declararon de utilidad pública lotes destinado a la construcción de unidades carcelarias.
El Senado de la provincia de Buenos Aires, que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, sancionó una serie de proyectos enviados por el gobierno de Axel Kicillof para expropiar terrenos y avanzar en la construcción de unidades carcelarias en territorio bonaerense.
Así, el Senado bonaerense sancionó cuatro leyes reclamadas para la construcción de cárceles y alcaidías en los municipios de Morón, Lanús, Tres de Febrero y Ezeiza.
Los proyectos tuvieron un tratamiento sin sobresaltos en la legislatura, donde el oficialismo, el Frente de Todos, y la principal fuerza de oposición, Juntos por el Cambio, acordaron avanzan en los cuatro proyectos al mismo tiempo.
Se entiende que, en el marco de la actual emergencia, sobresale la crisis en materia de infraestructura penitenciaria, en razón de la sobrepoblación existente en los establecimientos destinados al alojamiento de personas privadas de la libertad.
Se trata de una problemática estructural que desde hace tiempo azota a la provincia, e incide directamente en las condiciones de detención dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en alcaidías departamentales, como así también, en comisarías.
Además, en los fundamentos de los proyectos de ley de expropiación, se hace referencia a un incremento extraordinario en el número de personas privadas de la libertad entre los años 2016 a 2019.
Según las estadísticas oficiales se pasó de 35 mil encarcelados, con una tasa de prisionalización de 240 por cada 100 mil en 2015; llegando a finales de 2019 a una tasa de 308 cada 100 mil habitantes y 49 mil presos.
“En la actualidad, el Servicio Penitenciario Bonaerense afronta la sobrepoblación más alta de su historia, cuyo registro se ubica por encima del 100%, de acuerdo a la capacidad de alojamiento de las 58 unidades penitenciarias y 10 alcaldías departamentales existentes”, según se consigna en los fundamentos de la mencionada normativa.
Según explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, la decisión de que las cárceles se concentren en el conurbano, en un corredor entre la General Paz y Ruta 6, responde a que cerca del 70% de los detenidos son residentes de esa región.
Los senadores bonaerenses realizarían una sesión donde evitarían las posibles polémicas que allí subyacen en temas significativos.
El Senado de la provincia de Buenos Aires realizará este miércoles su tercera sesión legislativa, donde se daría el paso final para avanzar en expropiaciones de terrenos para la construcción de nuevas cárceles en el conurbano.
El acuerdo parlamentario para que la sesión avance implica limpiar el temario de temas polémicos que enfrentan al oficialismo con la oposición, que cuenta con la amplia mayoría en el recinto.
Así la sesión prevista serviría para sancionar proyectos de ley para expropiar inmuebles en distritos del conurbano provincial para la construcción de cárceles o alcaidías, que ya fueron aprobados por los diputados en su última sesión el pasado 17.
Todos los proyectos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo, donde se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en el partido de Lanús, Morón, Ezeiza y Tres de Febrero con cargo a la construcción de establecimientos penitenciarios y alcaidías departamentales.
Se entiende que, en el marco de la actual emergencia, sobresale la crisis en materia de infraestructura penitenciaria, en razón de la sobrepoblación existente en los establecimientos destinados al alojamiento de personas privadas de la libertad, como fundamento de las iniciativas.