La diputada nacional Mercedes Llano (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley que propone prohibir que personas afiliadas a partidos políticos puedan ocupar puestos relevantes en distintas instituciones y organismos.

Bajo el título "carencia política", la iniciativa plantea que los cargos "no podrán ser ocupados por personas que dentro de los 10 años anteriores al pretendido nombramiento hubieran sido afiliados a partidos políticos; precandidatos; candidatos; ocupado efectivamente puestos electivos, de confianza política o de carrera, ya sean temporarios o permanentes; y/o contratados; en cualquiera de los tres poderes del Estado Nacional" y "siempre que no hayan sido obtenidos por concurso público de oposición y antecedentes".

La prohibición alcanzará a las magistraturas del Poder Judicial de la Nación, incluida la Corte Suprema de Justicia; las magistraturas del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Procurador General de la Nación y Defensor General de la Nación; Defensor del Pueblo de la Nación y sus adjuntos; presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación; el Síndico General de la Nación y los síndicos generales adjuntos; la Oficina Anticorrupción; autoridades superiores de los entes reguladores y de los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional y de los servicios públicos concesionados; y autoridades superiores de los organismos administrativos que ejerzan funciones jurisdiccionales.

El proyecto fue acompañado con las firmas de los oficialistas Lilia Lemoine, Lorena Villaverde, Alida Ferreyra, María Emilia Orozco, Carlos García y Julio Moreno Ovalle, además de la aliada Paula Omodeo, dentro del interbloque LLA-CREO.

Según el texto, las restricciones estarán exceptuadas "a aquellos individuos que puedan demostrar su idoneidad en la materia a través de certificaciones, credenciales académicas y/o experiencia profesional relevante, emitidas por instituciones reconocidas y válidas en el ámbito correspondiente".

"La evaluación de la idoneidad será realizada por un Comité Evaluador compuesto por expertos en la materia, quienes determinarán, en un plazo no mayor a 30 días a contar desde que el interesado afirme haber entregado todos sus antecedentes, si el postulante cumple con los requisitos necesarios para ocupar el cargo en cuestión. La labor de este Comité será ad honorem y quedará sujeta a la futura reglamentación", establece el texto.

Y agrega que "la decisión del Comité Evaluador será incuestionable y deberá ser publicada en el sitio oficial del organismo correspondiente, garantizando la transparencia del proceso".

En los fundamentos, Llano señaló que la "carencia política" se define como "la situación de exclusión que afectará a individuos con vínculos recientes a partidos políticos, candidaturas o desempeños en cargos públicos durante los últimos diez años, impidiendo su acceso a determinados puestos en el Estado Nacional, comprendido en sentido amplio".

"Este concepto implica una restricción que busca garantizar que quienes ocupen estas posiciones lo hagan sin influencias partidarias o compromisos políticos, promoviendo así un ejercicio más imparcial e íntegro del poder público. Se busca despolitizar las instituciones de nuestro sistema de gobierno", afirmó.

Según la libertaria, la propuesta "surge de la necesidad urgente de robustecer nuestras instituciones y recuperar la confianza ciudadana en la gestión pública, principalmente en el Poder Judicial de la Nación y en los órganos de control".

"La regulación del requisito de idoneidad es esencial para prevenir la politización de los organismos de control, entre otros, y asegurar que los designados mantengan un compromiso auténtico con el bien común, alejándose de intereses políticos personales", sumó.

Finalmente, la mendocina sostuvo: "Consideramos que la grave crisis moral que atravesamos los argentinos exige un compromiso renovado para combatirla mediante el restablecimiento de principios que conduzcan al orden justo. Lo que se propone es alcanzar cambios profundos, utilizando los medios disponibles, con el objetivo de lograr una reestructuración que tecnifique profesionalmente y despolitice nuestras instituciones".

El diputado nacional Hernán Pérez Araujo (FdT – La Pampa) presentó un proyecto de ley que establece la incorporación de los criterios de representación y perspectiva de género en los procesos de selección de personal de organismos centralizados y descentralizados del Estado nacional.

La iniciativa busca promover la incorporación de mujeres y personas con identidades de género no binarias en cargos jerárquicos en la Administración Pública Nacional como medida tendiente a "erradicar la reproducción de sesgos de género".

En los fundamentos del proyecto, el legislador oficialista sostuvo que “si bien la distribución por género del personal que no detenta funciones ejecutivas en el Sistema Nacional de Empleo Público es igualitaria, no ocurre lo mismo en los puestos de conducción”.

"Esa paridad desaparece a medida que se evalúa la composición en los cargos de mayor jerarquía. En los cargos de Alta Dirección Pública y Autoridades Superiores comienza a evidenciarse la mayor proporción de varones en desmedro de las mujeres y personas con identidades", aseveró Pérez Araujo.

Según un informe de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, las Autoridades Superiores, "tienen una presencia de varones preponderante en los cargos políticos del gabinete nacional como ministros/as, secretarios/as y subsecretarios/as de Estado". Además, la iniciativa plantea que, con respecto a los cargos de Alta Dirección Pública de la APN, en 2021 eran ocupados en un 36% por mujeres y el 64 % por varones.

De acuerdo con lo previsto en el proyecto, de aprobarse la norma, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad tendría que arbitrar los medios para promover el logro y continuidad de la paridad de género en los cargos de Alta Dirección Pública de la Administración Pública Nacional y formular sistemas de medición y rendición de cuentas en materia de representación de géneros en los organismos de la Administración Pública Nacional.

El proyecto también propone que las asociaciones sindicales participarán "para fiscalizar los procesos de selección, ingreso, evaluación de desempeño y promoción con el objeto de garantizar la perspectiva de género, la transparencia, la igualdad real de trato y oportunidades en dichos procesos".