La diputada radical Carla Carrizo, quien presentó la iniciativa, aseguró que el salario complementario es “un derecho que no puede ser vivido como un impuesto”.
La vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Carla Carrizo, presentó un proyecto de ley donde propone que empleadores y trabajadores del sector privado estén exceptuados del pago de aportes y contribuciones previstos en el aguinaldo 2020.
La legisladora plantea la suspensión del pago de aportes y contribuciones que integran la CUSS (Contribución Única de la Seguridad Social) y a las obras sociales en el sueldo anual complementario (SAC) correspondiente a 2020, tanto para empleadores como para trabajadores del sector MiPyME.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el país hay 1.066.351 MiPyME, las que constituyen sólo una parte de las 194.000 empresas que ingresaron al Programa de ATP (Asistencia al Trabajo y Producción), que prevé renegociar plazos y montos en las cargas y contribuciones para los meses de abril y mayo. Además, la porteña recordó que de acuerdo a datos de CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), sólo en la Ciudad de Buenos Aires 27.000 comercios han cerrado y 40.000 en el país.
“Si el Estado no puede pagar el aguinaldo en tiempo y forma, imaginemos el sector más pequeño y vulnerable de PyMEs que no ingresaron al ATP que dispuso el Gobierno. En este contexto de crisis, un derecho no puede ser vivido como un impuesto”, afirmó Carrizo.
La radical señaló que “para los comerciantes y las PyMEs esto pasa hoy con el pago del aguinaldo. Si realmente queremos proteger el empleo formal y evitar que el sector desaparezca no alcanza con renegociar deudas: hay que ayudar. Nuestra prioridad debe ser estar junto a los comerciantes y el sector emprendedor de la clase media que sostiene el 62% del empleo formal en el país”.
“Las obligaciones que buscamos suspender implican para empleadores poco más del 25% del salario anual complementario que paga y para los trabajadores una deducción del 17 %”, explicó.
La iniciativa fue acompañada por sus pares de la UCR Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez (Ciudad de Buenos Aires); Federico Zamarbide y Claudia Najul (Mendoza); Soledad Carrizo (Córdoba), Roxana Reyes (Santa Cruz), Gustavo Menna (Chubut), Gabriela Lena (Entre Ríos), Lidia Ascarate (Tucumán), Gerardo Cipollini (Chaco), Estela Regidor (Corrientes), Lorena Matzen (Río Negro), Luis Pastori (Misiones) y Ximena García (Santa Fe).
La oposición pide que el secretario de Derechos Humanos explique los abusos de las fuerzas de seguridad en cuarentena.
La vicepresidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Carla Carrizo, junto al presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, el vicepresidente tercero de la Cámara baja, Alfredo Cornejo, y otros 37 diputados de la oposición solicitaron que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, informe ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del cuerpo las medidas que se están llevando a cabo desde el Estado Nacional debido a los hechos de violencia institucional que concluyeron con 3 muertes sospechosas como consecuencia del accionar policial en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.
A través de un proyecto de resolución, 40 diputados nacionales de la oposición solicitan información sobre las muertes de Florencia Magalí Morales, detenida en la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis, quien fue encontrada ahorcada en su celda el 5 de abril; Franco Gastón Maranguello, de 16 años, también encontrado sin vida en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 24 de abril, horas después de su detención y Luis Armando Espinoza, sospechado de haber sido asesinado por miembros de la policía de la localidad de Monteagudo, Tucumán, cuyo cuerpo fue encontrado el 22 de mayo, una semana después de su desaparición, en el límite entre el departamento tucumano de Chicligasta y Las Estancias, provincia de Catamarca.
Además, los legisladores piden que se brinde información sobre los reiterados casos de violencia y abuso policial ocurridos en ocasión del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” registrados en las diferentes provincias del país, en base a los datos que están aportando dos organizaciones especializadas en el tema, como CORREPI y Amnistía Internacional.
“Como Estado debemos intervenir ante estos eventos de clara violación a los principios básicos de Derechos Humanos que tanto esfuerzo han demandado para su consagración en nuestro país”, dijo Carla Carrizo.
“Estos hechos nos hacen pensar que existe un dispositivo policial deficiente y contrario a los estándares mínimos de preservación de los derechos de las personas en el marco de la situación de excepción que implica el aislamiento”, agregó.
El pedido de citación se complementa con aquellos del mismo tenor que presentarán las diputadas Roxana Reyes y Claudia Najul en las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y Mujeres y Diversidad, respectivamente, con el objetivo de realizar una reunión conjunta.
El proyecto lleva las firmas de Carla Carrizo, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Emiliano Yacobitti, Sebastián Salvador, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Marcela Campagnoli, Claudia Najul, Graciela Ocaña, Roxana Reyes, José Cano, Adriana Cáceres, Mónica Frade, Lidia Ascarate, Soledad Carrizo, Lorena Matzen, Albor Ángel Cantard, Gabriela Lena, Dina Rezinovsky, Federico Zamarbide, José Luis Patiño, Ingrid Jetter, Luis Petri, Estela Regidor, Atilio Benedetti, Jorge Vara, Juan Aciega, Hernán Berisso, Juan Martín, Gonzalo del Cerro, Gerardo Cipolini, Fabio Quetglas, Diego Mestre, Jorge Enríquez, Ximena García, Brenda Austin, Natalia Villa, Camila Crescimbedi, y Karina Banfi.
Por otra parte, las diputadas Carla Carrizo -integrante de la Comisión Bicameral del Defensor del Niño- y Roxana Reyes -Presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes- piden informes al Ministerio de Seguridad sobre la implementación de la Ley 26.290 de “Capacitación de las Fuerzas que forman parte del sistema de Seguridad Interior en materia de Derechos Humanos reconocidos a niñas, niños y adolescentes” y solicitan al Poder Ejecutivo su reglamentación. La norma había sido sancionada el 7 de noviembre de 2007 y promulgada de hecho el 29 de noviembre del mismo año.
“Tolerar políticas de adoctrinamiento en el nivel primario es avalar la vulneración de derechos de la infancia”, dijo la vicepresidente del bloque UCR, Carla Carrizo, autora de la iniciativa.
El bloque de diputados nacionales de la UCR pidió explicaciones al Ministerio de Educación sobre la impresión de cuadernillos con propaganda del Gobierno nacional y sesgos partidarios para distribuir en las escuelas primarias en el marco de la emergencia por la pandemia Covid-19.
A través de un pedido de informes de la vicepresidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Carla Carrizo, junto a otros 17 diputados nacionales del radicalismo se solicita al Poder Ejecutivo que informe “cuál fue el criterio tomado por el Ministro de Educación para habilitar contenidos en estos Cuadernillos de la serie Seguimos Educando para el nivel primario (segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado) que, con sesgos partidarios, violan el principio de autonomía progresiva y los derechos de niñas y niños, distribuyendo materiales que adoctrinan en lugar de contribuir a la formación y desarrollo de capacidades para formar opinión en la edad de los alumnos y alumnas en cuestión”.
Asimismo, se solicita que informe los motivos de la selección de los contenidos de notas periodísticas anexadas y políticas gubernamentales, y cómo se garantiza la diversidad de miradas y ejemplos sobre los temas abarcados.
Además, que se informe acerca de la distribución de los cuadernillos, cuáles fueron los criterios para esa distribución y cómo se efectuó, discriminado por provincia y localidad.
También piden los legisladores radicales que se indique el costo total de los cuadernillos de distribución domiciliaria y si la realización incluyó algún tipo de donación o contribución de otros organismos, ONGs o asociaciones civiles.
“Tolerar políticas de adoctrinamiento en nivel primario e inicial es avalar la vulneración de derechos de la infancia. La educación pública debe construir ciudadanía, no militancia política”, dijo la Diputada Carla Carrizo, autora de la iniciativa.
“Es repudiable y de máxima preocupación que para el conjunto de niños, niñas y adolescentes que hoy ven cercenada la posibilidad y el derecho a acceder a la educación presencial, se le sume un intento de adoctrinamiento a través de materiales educativos desde el Ministerio de Educación”, “¿Educando al ministro?”, se preguntó con ironía la dirigente radical.
“Resulta necesario ejercer, desde este ámbito legislativo, un mayor control sobre las políticas públicas que se implementan para los niñas, niños y adolescentes vulnerables de este país, non se pueden aceptar políticas que violen los principios básicos del enfoque de derechos de la infancia y la adolescencia en el país”, finalizó Carrizo.
El proyecto es acompañado por 17 diputados nacionales de 13 provincias, el presidente de bloque Mario Negri; el presidente del partido, Alfredo Cornejo, la Presidente de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia de la Cámara de Diputados Roxana Reyes, y Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez, Soledad Carrizo, Ximena García, Claudia Najul, Federico Zamarbide, Lorena Matzen, Gonzalo del Cerro, Luis Pastori, Estela Regidor, Gabriela Lena, Juan Martin, Gabriela Burgos y Aída Ayala.
Para la diputada de la UCR, ambas figuras representan “un modelo de Estado que apuesta a la ciencia con equidad de género y sin sesgo partidario”.
La vicepresidente del bloque UCR en Diputados, Carla Carrizo, propuso que el nuevo billete de cinco mil pesos lleve las imágenes de la doctora Cecilia Grierson -primera médica graduada de nacionalidad argentina- y el doctor Bernardo Alberto Houssay -primer argentino Nobel en Ciencias-, con el objetivo de “representar un modelo de Estado que apuesta a la ciencia con equidad de género y sin sesgo partidario”.
“A 36 años de democracia, que es un enorme logro de los argentinos, un billete debe poder expresar lo que nos une y nos proyecta sin sesgos partidarios que dividan. Estamos convencidos de que las dos figuras encarnan el proyecto de país al que debemos aspirar como sociedad”, consideró la legisladora.
Para la radical, “las figuras de un varón y una mujer propenden a la reivindicación de la democracia paritaria que hoy es ley en nuestro país y marca el futuro de la política nacional y en las democracias del mundo”.
“Estas dos personalidades cobran relevancia en 2020 porque reivindican que la ciencia nacional es soberanía, representan la perseverancia personal y las trayectorias individuales como el modelo de un Estado que mira a la ciencia sin sesgos de género ni de origen. Es un norte que debe ser seguido por toda la política nacional”, argumentó Carrizo.
En los fundamentos de su iniciativa, la diputada recordó las trayectorias de ambos. En cuanto a Cecilia Grierson explicó que “fue la primer graduada mujer en medicina en el país -se recibió en 1889 en la Universidad de Buenos Aires- y creó la primera Escuela de Enfermeras de América Latina”, además de haber sido miembro de diferentes asociaciones médicas.
Por su parte, Bernardo Houssay “es acreedor de vasto reconocimiento por haber sido el primer argentino -y latinoamericano- en ser laureado con un premio Nobel en Ciencias. En 1947 recibió, junto al matrimonio Cori, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, por su descubrimiento del significado del metabolismo de los hidratos de carbono en relación con el lóbulo anterior de la hipófisis, estudio que permitiría avanzar mundialmente en la lucha contra la diabetes”.
También fue “el primer presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas (CONICET) por más de diez años (desde 1958 hasta el 1971). Asimismo, presidió la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Argentina de Biología y la Federación Internacional de Diabetes”.
El proyecto fue acompañado por sus pares Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Luis Petri, Lorena Matzen, Claudia Najul, Lidia Ascarate, Josefina Mendoza, Gerardo Cipollini, Estela Regidor, Roxana Reyes y José Cano.
Si bien coincidieron en la necesidad de sesionar, Carrizo, Yacobitti y Martínez sostuvieron que para hacerlo por videoconferencia, debe votarse presencialmente una reforma del reglamento.
Tras haber firmado el pedido de sesión especial de distintos bloques de la oposición para realizar una sesión especial esta semana, los representantes de la UCR-Evolución Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti y Dolores Martínez se diferenciaron de los fundamentos que acompañaron la solicitud.
Los diputados referenciados en el senador Martín Lousteau enviaron este lunes una nota al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para aclarar que “no coinciden” con la justificación planteada y que “ciertamente no la comparten”.
“Reafirmamos nuestra posición de que el Congreso sesione en forma urgente en este contexto de emergencia sanitaria y económica que atraviesa el país. También que la protección a todo el personal del sistema de salud en el país sea una prioridad en la primera sesión que realice este cuerpo. No coincidimos en los fundamentos que acompañan al pedido de sesión especial que fuera presentado, los que ciertamente no avalamos”, indicaron los diputados en la nota.
En el pedido de sesión realizado este domingo, encabezado por Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal), se indica que en relación al formato de la sesión en el contexto de la pandemia, y en función de la respuesta de la Corte Suprema de Justicia al planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, “se encuentran dadas las condiciones para que este Congreso y esta Cámara funcionen de forma telemática o bien combinada la presencia reducida de legisladores con votación electrónica remota asegurando que se cumplan los recaudos y el procedimiento de deliberación y sanción de leyes impuestos por la Constitución Nacional”.
Sin embargo, Carrizo, Yacobitti y Martínez sostuvieron que “es fundamental y urgente acordar, en una sesión presencial, las reglas que garanticen certeza en los procedimientos para avanzar en el funcionamiento virtual de esta Cámara”.
En ese sentido, Carrizo insistió a través de Twitter: “Los diputados de Evolución Radical siempre pedimos sesionar. Ayer y hoy exigimos reglas que den certeza. No puede haber sesión virtual sin votarlas primero en forma presencial”.
Es el pensamiento de la diputada radical Carla Carrizo, que destacó que debe hacerlo de manera digital o presencial, pero tiene que reunirse.
La diputada nacional Carla Carrizo no tiene dudas: “Acá no hay nada que debatir”, afirma, convencida de que “el Congreso tiene que sesionar”.
“Presencial o digital, hay que sesionar”, enfatizó.
Consultada por FM La Tribu, legisladora radical sostuvo que “la política tiene que salir del show”, y en ese sentido cuestionó el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la Corte Suprema, que el Tribunal terminó rechazando. “La política tiene que estar en un nivel de sensatez que no está demostrando. Da impotencia”, enfatizó.
Carrizo señaló que “la sociedad está siempre cinco pasos adelante, ha cumplido: la gente está en sus casas, o sea la ciudadanía cumple y la dirigencia genera un espectáculo de la impotencia”.
Para Carla Carrizo, “la política es una actividad esencial”, y como tal “nosotros tenemos que ir (al Congreso) como los enfermeros van, como los choferes van, como los cajeros van a trabajar; y sea presencial, o sea digital, tenemos que tener garantías, porque los votos no son nuestros, son del pueblo”.
A propósito del pedido de Cristina Kirchner hecho a la Corte Suprema, Carla Carrizo sostuvo que “no había necesidad de consultar nada a la Corte Suprema. Porque es como si la Corte le consultara al Congreso qué opina del contenido de una sentencia. Existe la división de poderes y está bien; son tres poderes distintos y están obligados a competir o cooperar, esa es la idea”.
“Da la sensación de que el Congreso es impotente y eso me parece que enoja, confunde y aísla un poco a la política”, remarcó la diputada.
Consultada respecto de si la oposición ponía reparos al tema porque se resistía a tratar el proyecto de impuesto a la riqueza, la diputada radical señaló que “hay que hablar en serio de la equidad, de qué están dispuestos a entregar empresarios, políticos y sindicalistas”, para admitir luego que a sui juicio “no fue claro el mensaje de Juntos por el Cambio”.
Con todo, aclaró que “no hay una lucha de clases, vamos a ver si hay equidad en la Argentina, qué están dispuestos a entregar los sindicatos, los empresarios y los políticos”.
“La grieta es la política del espectáculo, es trabajar para Twitter”, señaló en otro pasaje, mostrándose dispuesta a debatir el tema del impuesto a la riqueza.
Con vistas a la reunión que este lunes habrá con el presidente de la Cámara baja, sostuvo que desde la o posición “tenemos voluntad de sesionar; vamos a hacernos cargo de la institución”, aunque aclaró que “no de cualquier modo”.
“La democracia no se tiene que adaptar a la arbitrariedad para que la crisis nos represente mejor”, aclaró, destacando que deben encontrar “un espacio donde se pueda acordar que el Congreso funcione. Presencial o digital, hay que sesionar”.
Esas instituciones están pasando por serios problemas económicos debido a la cuarentena y la diputada Carla Carrizo pide incluirlas en las medidas de protección dispuestas.
La diputada nacional Carla Carrizo (UCR-CABA) pidió al Poder Ejecutivo nacional y a los gobernadores que intercedan para ayudar económicamente a los jardines maternales del país que se ocupan de la educación y el cuidado de la primera infancia. Es decir, de los niños y niñas desde los 45 días hasta 4 años.
“Proteger económica a los jardines maternales, como se protege a las Pymes o a los monotributistas en esta emergencia sanitaria, es clave porque en Argentina, la participación del sector privado en el nivel inicial es del 68% del espectro y la más alta dentro del sistema educativo argentino. Por lo tanto, necesitamos actuar urgente para proteger a estas instituciones en el contexto actual para evitar su desaparición”, indicó la diputada.
“Sin jardines maternales no hay salida posible para las familias que día a día salen a trabajar. Y la brecha de género se agrandará aún más si no los protegemos en Cuarentena. Si no los ayudamos ¿Cuántos quedarán?” Se preguntó la diputada, para concluir señalando que “en esta emergencia, corresponde que sostengamos a quienes nos sostienen todos los días en el cuidado de nuestros hijos y que el Estado entienda, en los tres niveles en que implementa políticas -Nación, provincias y municipios- que el cuidado es parte del sistema productivo de Argentina”.
El proyecto que acompañan 16 diputados radicales -Carla Carrizo, Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Claudia Najul, Lidia Inés Ascarate, Estela Regidor, Gabriela Lena, Soledad Carrizo, Lorena Mazten, Ximena García, Brenda Austin, Luis Pastori, Niky Cantard, José Cano, Sebastián Salvador y Hugo Romero- solicita al Poder Ejecutivo que se arbitren los medios para generar auxilio económico a las instituciones del sector privado -cualquiera sea su formato- que gestionan jardines maternales de la educación inicial en Argentina, de modo que les permita continuar ejerciendo su función, esencial en nuestra sociedad. Solicitan que se los incluya como actores del sistema productivo para que puedan acceder a los distintos beneficios que el Gobierno está implementando para varios sectores (línea de créditos blandos para el pago de los salarios, postergación o reducción del pago de las contribuciones patronales, acceso a los beneficios del “Programa de Asistencia de Emergencia para empleadores y trabajadores” y exención de Ingresos Brutos sin necesidad de acreditar inclusión a la enseñanza oficial, entre otros).
Diputados de la UCR liderados por Carla Carrizo quieren que el organismo monitoree las acciones del PEN. “Es justo en situaciones como esta donde todas las instituciones democráticas deben funcionar más y mejor”, dijeron.
Diputados de la UCR encabezados por Carla Carrizo, vicepresidenta del bloque, solicitaron que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice los controles a la gestión pública que la Constitución Nacional le encomienda durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
Carrizo presentó un proyecto para que el Congreso, a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, incorpore el “Programa Especial de Control Concomitante de Emergencia Sanitaria”, con el fin de que la AGN monitoree la gestión de todas las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para frenar la propagación del Covid-19.
La legisladora pidió que también se contemple en este control el destino de los fondos de emergencia específicos y las donaciones realizadas en este contexto.
“Celebramos que el presidente Alberto Fernández acepte las renuncias de funcionaros que no cuidaron el dinero público, porque la autoridad en democracia debe enseñar; y también que haya convocado a los líderes de la oposición para evitar que se reiteren problemas de sobreprecios en la Administración Pública Nacional. Pero ese control no debe ser ad hoc -por cada problema una solución- porque en este proceso, dada la velocidad decisional que requiere la emergencia, habrá mucho más que observar que en tiempos de normalidad”, razonó Carrizo.
El pasado 18 de marzo, el radical Jesús Rodríguez asumió la presidencia de la AGN, durante una reunión del Colegio de Auditores donde se tomaron medidas de prevención especiales por el coronavirus. Los restantes auditores son Graciela De la Rosa, Francisco Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón y Gabriel Mihura Estrada por el peronismo; y Alejandro Nieva por el radicalismo.
Para la diputada Carrizo, cercana a Martín Lousteau, “la AGN es el organismo nacional que tiene el mandato constitucional de controlar desde el Congreso Nacional, y es justo en situaciones como esta donde todas las instituciones democráticas deben funcionar más y mejor”.
“En la AGN están representados gobierno y oposición. La institución cuenta además con los recursos técnicos y económicos para hacerlo. De hecho, para este año tiene un presupuesto asignado de más de 2.500 millones de pesos. Ninguna comisión ad hoc podría hacerlo mejor. Para que así sea, necesitamos una decisión política del presidente y de los líderes de los partidos de la oposición en el Congreso”, consideró la autora del proyecto.
Finalmente, insistió en que “la emergencia es una oportunidad para que el Congreso esté a tono con lo que la ciudadanía espera: que los organismos de control funcionen en tiempo y forma en Argentina”.
El proyecto fue presentado junto a los diputados de la UCR Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Brenda Austin, Federico Zamarbide, Claudia Najul y Diego Mestre.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio dialogó con el presidente una hora antes de los anuncios.
Tal cual sucediera cuando se anunció el primer tramo de la cuarentena general obligatoria, el presidente del principal bloque opositor en la Cámara baja, Mario Negri, respaldó la extensión del aislamiento. “Si los profesionales consultados por el Gobierno aconsejan la extensión de la #cuarentena debemos acompañar”, expresó el diputado cordobés a través de Twitter.
Con todo, advirtió que “también hay que pensar ya entre todos cómo vamos a ir saliendo. Deben haber soluciones para la economía que preserven a las pymes, al empleo y protejan la informalidad”.
Cabe consignar que, según pudo saber parlamentario.com, Alberto Fernández le avisó a Negri a las 20 lo que iba a anunciar, a través de una breve comunicación telefónica que mantuvieron. El pasado lunes ya habían hablado por teléfono y quedaron en volver a hacerlo durante la semana-
Por su parte, el diputado radical Luis Petri habló específicamente de la cantidad de testeos, a propósito del hecho de que el presidente hizo hincapié en la comparación entre nuestro país y otros que están siendo afectados por el coronavirus. “Hay que hacer test presidente para aislar a los infectados y sus entornos”, sugirió, preguntándose “cómo comparar con otros países los niveles de contagio sin tener en cuenta la cantidad de testeos”.
“Para el Gobierno la única salida parece ser la cuarentena, pero sin testeos es un callejón sin salida”, concluyó el diputado mendocino.
Carla Carrizo, por su parte, celebró la decisión presidencial de ayudar “a sectores de la clase media: los monotributistas de las categorías C y D, que es lo que desde Diputados veníamos pidiendo”, dijo, advirtiendo que esperaban el decreto correspondiente.
La norma establece que los funcionarios de los tres poderes del Estado, no podrán percibir, por todo concepto, una remuneración mensual superior a diez salarios mínimos, vitales y móviles, por el término de tres meses.
Diputados del bloque de la Unión Cívica Radical convirtieron en iniciativas legislativas lo anunciado por el interbloque de Juntos por el Cambio el lunes, vinculado a la rebaja salarial del sector público. Las mismas apuntan a una medida general que incluye a los tres poderes del Estado, cuyo objetivo es que lo recaudado sea destinado a la adopción de medidas destinadas a enfrentar la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país por la pandemia del Covid-19.
Durante el mes de diciembre del año pasado, el diputado de la Nación Alejandro Cacace elaboró un proyecto sobre equidad salarial en todo el sector público. Actualmente, y debido a la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus, la iniciativa fue readaptada para que se pueda aplicar a las circunstancias actuales.
El proyecto de ley del diputado Cacace, establece que “los funcionarios de los tres poderes del Estado, no podrán percibir, por todo concepto, una remuneración mensual superior a diez salarios mínimos, vitales y móviles, por el término de tres meses”. De esta medida quedarían exceptuados “aquellos funcionarios y personal del Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Defensa afectados de manera directa a la emergencia sanitaria”.
En el mismo sentido, la diputada y vicepresidenta del bloque de la UCR, Carla Carrizo, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que, en el contexto de la emergencia sanitaria, “disponga en forma inmediata la creación de un Fondo de Emergencia Pública por el término de tres meses consecutivos, incluido el mes en curso, a través de la imposición de un monto máximo de haberes en funcionarios y funcionarias de alto rango del Sector Público Nacional”.
Ambas iniciativas fueron presentadas vía e-mail a la Cámara de Diputados, tal como establece el protocolo de presentación de proyectos, debido a que el funcionamiento de dicha cámara se encuentra limitado por la cuarentena obligatoria establecida por el Poder Ejecutivo Nacional.
Acompañaron las iniciativas los diputados Dolores Martínez (Buenos Aires), Federico Zamarbide (Mendoza) y Miguel Nanni (Salta).
Diputados de la oposición solicitaron a los gobernadores atender la situación de aquellos inscriptos en categorías intermedias del Régimen de Monotributo.
La diputada nacional Carla Carrizo (UCR-CABA), junto a otros 18 diputados nacionales, le solicitó al presidente Alberto Fernández que convoque a los gobernadores de las 24 provincias argentinas para encontrar una solución a los profesionales independientes inscriptos en categorías intermedias del Régimen de Monotributo que debido al aislamiento están sin ingresos y no pueden afrontar el pago de aportes previsionales, préstamos personales y además evitar el corte de servicios esenciales en sus oficinas.
A través de un proyecto de resolución, Carrizo solicita al Poder Ejecutivo Nacional que invite a los 23 hobernadores provinciales y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a iniciar los diálogos necesarios con las Cajas de Previsión y Seguridad Social de sus respectivos distritos para encontrar una solución a los profesionales independientes, inscriptos en categorías intermedias del Régimen de Monotributo, que deben realizar pagos mensuales (incluidos aportes previsionales, cuotas de préstamos personales, moratorias y demás prestaciones) y que por el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido, se encuentran sin ingresos por no ejercer su actividad laboral.
Además, la diputada radical pidió que, para estos profesionales independientes inscriptos en categorías intermedias del Régimen de Monotributo, se amplíe el decreto sobre la abstención de corte de servicios esenciales en caso de mora o falta de pago en sus oficinas particulares de trabajo.
“Muchos profesionales independientes prestan servicio en el ámbito privado, ejercen su profesión de forma autónoma y hoy se encuentran limitados porque atraviesan un período de incertidumbre y de serias dificultades económicas”, expresó la diputada Carrizo.
“El aislamiento repercute directamente en la merma de ingresos con la consecuente dificultad para cumplir los gastos propios. Por lo tanto, desde el Estado, debemos brindar soluciones razonables, ecuánimes y equitativas para afrontar esta situación”, añadió la legisladora radical.
La iniciativa lleva las firmas de los diputados Carla Carrizo, Dolores Martínez, Silvia Lospennato, Emiliano Yacobitti, Fabio Quetlaz, Lorena Matzen, Marcela Campagnoli, Federico Zamarbide, Estela Regidor, Gabriela Lena, Jimena Latorre, Claudia Najul, Miguel Nanni, Gustavo Mena, Alejandro Cacace, Roxana Reyes, Juan Martín y Jose Cano.
Es porque los depósitos por alimentos dispuestos por causas judiciales se cobran únicamente en los bancos, hoy cerrados por la pandemia.
La diputada Carla Carrizo (UCR), junto a una veintena de legisladores de Juntos por el Cambio, solicitó al Poder Ejecutivo que le pida al Poder Judicial la liberación y agilización del pago de depósitos alimentarios judicializados que se cobran únicamente en los bancos y que hoy se encuentran cerrados.
A través de un proyecto de resolución, se solicita al Poder Judicial de la Nación “que arbitre en forma urgente los medios necesarios para liberar y agilizar el cobro de los depósitos por alimentos dispuestos en el marco de procesos judiciales debido a que esa cuenta -a diferencia de otras- no permite operar por débito o realizar operaciones online”.
Los diputados piden que se disponga la misma medida en los Poderes Judiciales provinciales que cuenten con sistemas de cobro similar al que utiliza la Justicia Nacional.
En el proyecto, se indica que las restricciones de circulación actúan como obstáculo para el cobro de los fondos depositados en el marco de contiendas judiciales por alimentos.
En este sentido, las mujeres que tienen dispuesta por orden judicial una cuota alimentaria, encuentran impedido el cobro por no poder concurrir al banco; y no pueden disponer como cualquier otra persona de este dinero, porque la cuenta -a diferencia de otras- no permite operar por débito o realizar operaciones online, como compras en supermercados.
“Los depósitos por alimentos dispuestos por causas judiciales se cobran únicamente en los bancos, hoy cerrados. Esta situación debe ser atendida urgentemente, teniendo en cuenta que suspender el cobro de dichas sumas de dinero perjudica directamente el bienestar de los niños, siendo que el objetivo de estas cuotas está fijado en función de las necesidades de alimentación, vivienda, salud y educación de los mismos”, explicó la diputada Carrizo.
Y agregó: “Necesitamos actuar rápido y unificar procedimientos de cobro online en todas las provincias. La infancia no puede esperar”.
El proyecto lleva además las firmas de los diputados Emiliano Yacobitti, Dolores Martinez, José Riccardo, Lorena Matzen, Jimena Latorre, Federico Zamarbide, Soledad Carrizo, Brenda Austin, Gabriela Burgos, Roxana Reyes, Gonzalo del Cerro, Miguel Nanni, Gustavo Menna, Estela Regidor, Leonor Martínez, Francisco Sánchez, David Schlereth, Mercedes Joury, Claudia Najul y Camila Crescimbeni.
