En el marco del juicio por la causa “Vialidad”, la vicepresidenta participará del cierre de los alegatos, a partir de un artículo del Código Procesal Penal que se lo permite.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no encabezó este jueves la sesión del Senado en la que se debatió la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto estaba al frente del Poder Ejecutivo por encontrarse el presidente Alberto Fernández en el exterior.
Así las cosas, la titular del Senado pudo ocuparse de preparar el alegato que expondrá este viernes ante el Tribunal Oral en el que se desarrolla el juicio por la causa conocida como “Vialidad”.
Ella misma se encargó este jueves de confirmarlo a través de un tuit en el que contó que “a partir de las 9.30hs, el doctor Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11hs ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del CPPN”.
En efecto, el artículo 104 del Código Procesal Penal establece que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.
Volvió a reproducir pasajes del alegato de su abogado Carlos Beraldi, en este caso para negar presiones para votar los presupuestos.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue apuntalando desde sus redes sociales el alegato que viene expresando esta semana su abogado defensor Carlos Beraldi. Es así que este miércoles volvió a cargar contra las “mentiras” de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Esta vez se pidió atender un fragmento de la exposición del letrado, según sus palabras sobre “la fantasía de presiones y amedrentamientos para votar el Presupuesto”.
“Mirá este fragmento del alegato del Dr. Beraldi, donde demuestra las mentiras de Luciani y Mola sobre la fantasía de presiones y amedrentamientos para votar el presupuesto”, plantea la vicepresidenta, y en ese pasaje hay un video que dura más de tres minutos, en el que Beraldi habla también de “fantasía de amedrentamientos”.
Según el abogado defensor, el mismo “se construyó fuera del ámbito judicial, pero cuando viene al ámbito judicial, hay que probar estas cosas y hay que preguntarles y probar esto a los (legisladores) que tuvieron en ese momento. No podemos probarlo con los que están con una filiación con el Gobierno y entonces le preguntamos a los otros” en referencia a la oposición.
Agrega allí que “le vamos a preguntar a personas que han impulsado muchas denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner. Le preguntamos a Margarita Stolbizer: ¿usted sabe o conoce si algún legislador fue presionado por el Ejecutivo para que vote las leyes de Presupuesto?”.
A continuación presenta declaraciones de diputados consultados sobre las supuestas presiones. “No, nunca. No, para nada”, aclara Stolbizer, mientras que Fernando Sánchez (Coalición Cívica) contesta ante la pregunta de si los legisladores que votaron de manera afirmativa podían haber sido presionados para votar de manera afirmativa: “Que yo sepa, no”, respondió. Desde el kirchnerismo, Ariel Pasini dice que no hubo ningún tipo de presión y habla de “toda la libertad del mundo para votar con libertad de conciencia. Así que me hago cargo en términos políticos de cada una de las veces que ha votado en la Cámara de Diputados”.
Según Beraldi, todo eso “demuestra la fantasía de la acusación”.
La vicepresidenta volvió a embestir contra Diego Luciani y Sergio Mola, a los que dedicó una frase aún más cruda, que atribuyó a Perón.
Al cabo de una nueva jornada de exposición de su defensor Carlos Beraldi, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a postear un mensaje en sus redes sociales sobre el juicio por la causa “Vialidad”, con críticas hacia sus acusadores.
“Comparto con ustedes estos imperdibles 9 minutos de la audiencia del día de hoy, donde el Dr. Beraldi -tal cual se los adelanté ayer- demolió las mentiras y fake news de Luciani y Mola. Más que fiscales, parecen trolls”, señaló, para concluir: “‘Se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo’. J.D.P.”.
En esos nueve minutos de alegato de su defensor Carlos Beraldi, el abogado rechaza el tono en el que Diego Luciani planteó el denominado “Plan Limpiemos Todo”, sobre una supuesta reunión entre la entonces presidenta de la Nación y Lázaro Báez en Santa Cruz.
En ese pasaje Beraldi dice: “Hay algo que la fiscalía nos quiso hacer creer a partir de esos mensajes que aparecían en el teléfono del señor (José) López: que a partir del día 28 de noviembre de 2015, Cristina Fernández de Kirchner delineó el plan ‘limpiar todo’. A partir de la base de un simple mensaje”.
Beraldi sostiene que los fiscales “fracasan” con esta acusación “porque ese día en horas de la tarde la presidenta había viajado a la ciudad de Bariloche, donde llevó a cabo una serie de actos oficiales, que concluyó con un acto público”.
Para el abogado, eso deja a los fiscales “en una posición vergonzosa. De esto no se vuelve. La verdad tarde o temprano sale a la luz. Esta acusación calumniosa fracasó de una manera terminante”.
Eso expresó la vicepresidenta de la Nación a través de sus redes tras el arranque de los alegatos de la defensa en el juicio de la causa “Vialidad” en la que está acusada.
La vicepresidenta de la Nación destacó la exposición de su abogado Carlos Beraldi en la primera audiencia de alegatos de la defensa que se realizó este lunes ante el Tribunal Oral Federal sobre el juicio de la causa “Vialidad” en la que está acusada y señaló que “probó en forma documentada” que los fiscales “mintieron descaradamente”.
En su alocución, el letrado señaló que a lo largo de las audiencias del juicio “quedó demostrado que lo que se decía, respecto a las acusaciones, era falso. Lo sucedido en el juicio destruyó las acusaciones”, y denunció que “se trata de una acusación falsa y sin fundamentos” la que se hizo por parte de la Fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, y apuntó que “incurrió en mala praxis”.
En ese contexto, Cristina Fernández de Kirchner recordó: “Vieron lo que les dije ayer, ¿no? que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola”, y destacó: “Fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente”. A su vez, ponderó: “Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”.
Este domingo la titular del Senado había anticipado: “Mañana, a partir de las 8hs, el Dr. Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como ‘Vialidad’. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”.
Por la noche, la vicepresidenta volvió a plantear la estrategia de expectativas del día anterior, convocando por Twitter a partir de las 9 de este martes a seguir “mirando y escuchando cómo el Dr. Beraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola. Algo nunca visto! Va a demostrar la farsa de los fiscales y el “plan limpien todo”. No te lo pierdas: descubrí cómo te han mentido”.
En el arranque del alegato de la defensa de la vicepresidenta, su abogado denunció una “mala praxis” por parte de la Fiscalía y comparó la causa con una que en su momento le hicieron a Perón.
En el arranque de los alegatos de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, su abogado, el doctor Carlos Beraldi, aseguró este lunes que a lo largo de las audiencias del juicio por la causa Vialidad “quedó demostrado que lo que se decía, respecto a las acusaciones, era falso. Lo sucedido en el juicio destruyó las acusaciones”.
Para el letrado se trata de una acusación “falsa y sin fundamentos” la que se hizo por parte de la Fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, quienes el pasado 22 de agosto pidieron 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para la presidenta del Senado, señalada como la “jefa” de una asociación ilícita que se dedicó a favorecer con contratos millonarios en obra pública al empresario Lázaro Báez entre los años 2003-2015.
“En esa tarea que fue muy ardua, empezó hace seis años, no bajamos los brazos en ningún momento”, aun “cuando tuvimos que soportar y no consentir distintas arbitrariedades insólitas que no tienen antecedentes en nuestro país, ni creo que en el mundo”, subrayó Beraldi.
En esa línea, insistió que “la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio” porque “quedó demostrado” que la acusación “carecía de verosimilitud”.
En su alegato final, que continuará esta semana, el abogado planteó ante el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, que “después de casi tres años de audiencia se recogieron múltiples evidencias y quedó demostrado que lo que se decía allá por 2006, e incluso de mucho antes, carecía de verosimilitud”.
“Pese a ello escuchamos durante nueve jornadas que se repitieron las mismas acusaciones de 2017 y 2018 como si no hubiera pasado nada en el juicio”, cuestionó, y recordó que en el pasado, cuando ya se había denunciado este tema, “los jueces consideraron que no existía delito”. “Se formularon y sustanciaron las mismas acusaciones que se venían mencionando desde 2008 y luego desde 2016. Como si el juicio no hubiese existido”, añadió.
En crítica al TOF2, el defensor de CFK sostuvo: “Queríamos buscar la verdad y pedimos medidas de prueba para los extremos fácticos de la acusación. Queríamos ver si las 51 obras exhibían irregularidades, pedimos que se periten todas. Se rechazó, seguramente con una diferencia de criterio con lo propuesto, se rechazaron la mayoría de las medidas de prueba, se rechazaron las excepciones como las cosas ya juzgadas en Santa Cruz”.
Sobre uno de los argumentos de la Fiscalía referido a que durante esos años los presupuestos fueron manejados discrecionalmente y el Congreso no pudo tener control, el otro abogado de la defensa de la vicepresidenta, Ary Llernovoy, habló sobre la “imposibilidad de que la Ley de Presupuesto sea un vehículo para el delito”.
Al apuntar que la Fiscalía “incurrió en mala praxis”, Beraldi enfatizó: “La Fiscalía no buscó nunca la verdad, porque no solicitó ninguna medida de prueba dirigida a demostrar que hubiese habido algún tipo de presión, coacción o amedrentamiento desde la Presidencia de la Nación. ¿Por qué sino de dónde sale que la intervención era marginal? ¿Qué eran, tontos los legisladores? ¿Por qué iban a levantar la mano?”. Y sumó que no se pidió ninguna medida de prueba para ver cómo se devengaron los gastos autorizados por el Congreso.
En otro tramo de su exposición, el letrado recordó que en 1956 a Juan Domingo Perón también se lo acuso de traición a la Patria y asociación ilícita. “En este proceso, jueces, está bien, de una época de facto, pero jueces al fin, hicieron una acusación igual”, expresó y al leer fragmentos, lanzó: “Parece que estuviésemos escuchando a la Fiscalía de hoy”.
“Estas épocas fueron vergonzosas y no pueden volverse a repetir, cuando los jueces permiten ser utilizados por finalidades subalternas. Eso es lo que no puede pasar nunca más. Y es lo que yo espero, lo que nosotros esperamos y lo que miles de millones esperan que pase en este juicio: que se defina conforma a la ley“, aseveró.
El abogado Carlos Beraldi presentó el planteo contra Jorge Gorini, a quien apuntó por haber mantenido reuniones con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Tras la recusación al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner recusó este viernes al presidente del Tribunal Oral Federal N°2, Jorge Gorini, que lleva adelante el juicio oral y público por la causa “Vialidad”.
El abogado Carlos Beraldi aseguró que las acusaciones contra la titular del Senado, a quien se la apunta como “jefa” de una asociación ilícita destinada a favorecer con contratos de obra pública por 46 mil millones de pesos al empresario Lázaro Báez, “no son ciertas”.
El letrado señaló que las recusaciones presentadas contra los tres funcionarios buscan “garantizar que el juicio se desarrolle conforme a las reglas del debido proceso legal”. “No hay otro propósito”, agregó.
“Es falso absolutamente decir que con una recusación uno no quiere contestar los cargos. Ya vamos a demostrar en el alegato que las imputaciones que se están efectuando en esta causa con tanto énfasis, no son ciertas”, sostuvo Beraldi.
El nuevo planteo de la defensa de CFK se origina a raíz de una nueva publicación del diario Página/12 en la cual se reveló que existieron encuentros del juez con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, durante el gobierno anterior, a los que también asistió Giménez Uriburu.
Beraldi amplió la recusación a Giménez Uriburu y Gorini por estas reuniones en el Ministerio de Seguridad y Gorini respondió de inmediato en la audiencia, al sostener que uno de esos encuentros tuvo que ver con la difusión de fotos “en pijama” del exvicepresidente Amado Boudou el día de su detención.
Gorini explicó que tenía a cargo la causa por la Tragedia de Once, en la cual se ordenarían detenciones de exfuncionarios con condena firme y pidió la reunión para garantizar que se evitaran situaciones como ésta.
“Esto no figura en la publicación”, señaló el presidente del TOF 2, quien además informó que el segundo encuentro fue por una cuestión de seguridad personal.
La semana pasada, la vicepresidenta recusó a Luciani y Giménez Uriburu por haber participado de partidos de fútbol que se jugaron en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri, al poner bajo manto de sospecha la imparcialidad de ambos funcionarios judiciales.
Tras los descargos de Luciani y Giménez Uriburu, los pedidos de apartamiento serán resueltos por los otros dos jueces del TOF2, Jorge Gorini y Andrés Basso, y su decisión será apelable ante la Cámara Federal de Casación.
La fiscalía lleva adelante el alegato final en el juicio que se sigue a la vicepresidenta, exfuncionarios nacionales y de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, y a Báez por el supuesto direccionamiento de la obra pública en esa provincia a favor de empresas de este último entre 2003 y 2015.
El Tribunal resolvió que los reclamos de apartamiento de los fiscales y el juez se tramiten de manera paralela al desarrollo de las audiencias de debate.
El juicio está en etapa de alegatos finales y la fiscalía expone su acusación desde hace diez días.
Para Carlos Beraldi, la resolución adoptada por el Tribunal Oral que debía juzgar a la vicepresidenta es “jurídicamente inobjetable”.
El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, ponderó el fallo del Tribunal Oral Federal N° 5 que sobreseyó a los implicados en las causas Hotesur y Los Sauces, considerando que es “conforme a derecho”.
Para el letrado, siempre se trató de una causa armada y la representó como “una clara muestra de cómo se ha hecho política en Argentina en los últimos años”.
Entrevistado por Radio 10, Beraldi afirmó que “hay un modus operandi de denuncias que se hacen primero a través de los medios de comunicación y con jueces que servían a ese poder mediático”.
“No hay aquí un problema jurídico, sino político. Nunca hubo nada, era una causa armada con muy buena difusión”, afirmó el abogado de Cristina.
En ese sentido cargó contra los medios que cuestionaron el dictamen: “Los títulos de algunos diarios dicen que ‘los sobreseyeron sin juicio’. La causa tiene 7 años, ¿cómo no va a haber un juicio?”.
Consultado sobre los dichos de la diputada nacional electa Margarita Stolbizer, respecto de que “no hay muchos otros casos de un sistema de corrupción tan perfectamente comprobado y tan sencillo” de demostrar, Beraldi sostuvo que “la hipótesis que denuncia Stolbizer es la teoría del absurdo”.
Y sintetizó: “La resolución es jurídicamente inobjetable”.
“El fallo salió ayer a las 19hs y a las 19:05 ya había gente criticándolo sin leerlo”, se quejó respecto de las reacciones contrarias a lo dispuesto por el TOF 5.
A través de su abogado, Carlos Beraldi, la vicepresidenta solicitó que las causas sigan en manos de la Justicia Federal de Lomas de Zamora.
La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió este miércoles que la Corte Suprema de Justicia resuelva que las causas por supuesto espionaje durante el macrismo sigan siendo investigadas por la Justicia Federal de Lomas de Zamora y no en los Tribunales de Comodoro Py.
Lo hizo a través de su abogado Carlos Beraldi, luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal determinara que el expediente pase de manos del juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé a los Tribunales del barrio porteño de Retiro.
“La resolución en crisis resultante es equiparable a una sentencia definitiva, toda vez que irroga gravámenes de imposible o insuficiente reparación ulterior”, según el escrito del letrado, al que accedió la agencia Noticias Argentinas.
Además, el abogado dijo que “resultaría un verdadero escándalo jurídico -uno más- si en esta oportunidad se le denegara” a la titular del Senado o al resto de los litigantes “la existencia del presupuesto aquí analizado, estableciéndose criterios jurídicos diferenciales según la afinidad política de quien recurre”.
“La decisión adoptada determina el entorpecimiento de una investigación de una gravedad inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socaban la vigencia misma del sistema democrático pueden quedar en la impunidad”, disparó en dura crítica a los jueces de Casación.
Para el abogado de la vicepresidenta, el caso debe seguir en la Justicia de Lomas de Zamora “teniendo en cuenta el significativo y profuso avance del proceso penal que se viene desarrollando”.
Las dos causas en cuestión que ahora tramitarán en Comodoro Py son por espionaje ilegal hacia Cristina en su departamento de Recoleta y en el Instituto Patria; y por espionaje tanto a dirigentes kirchneristas como de Cambiemos, así como dirigentes sociales y sindicalistas.
Muchos de los imputados están procesados, entre los que se destacan el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y la exsubdirectora Silvia Majdalani.
Mientras avanza en el Congreso y con polémica el proyecto oficial de reforma judicial, por carriles separados avanza una movida para ampliar el número de integrantes de la Corte. Movida que tiene en uno de sus exmiembros, Raúl Zaffaroni, un entusiasta e influyente apoyo.
Por José Angel Di Mauro
Cincuenta y cinco veces pronunció Alberto Fernández la palabra “justicia” en el discurso con el que el 10 de diciembre pasado inauguró su presidencia. En este párrafo de ese mensaje anunció por primera vez la reforma judicial que se proponía impulsar: “Para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”.
Diecisiete veces repitió esa palabra en la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo. “Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, dijo entonces.
Entre uno y otro discurso varias veces dio por seguro el inminente envío al Congreso de esa reforma, incluyéndolo en el temario de sesiones extraordinarias, algo desaconsejado por cuanto semejante cuestión exige un tratamiento intenso en comisión que no se corresponde con la urgencia que se supone acompaña a los proyectos tratados en verano.
Pero durante lo que lleva Alberto Fernández de gestión, fue una constante el anuncio del inminente envío al Congreso de iniciativas que luego no mandó. Siempre se dijo que estaban listas y próximas a remitir, pero no. Desde el Consejo Económico y Social, al proyecto para la legalización del aborto. Pasando también por el impuesto a las grandes fortunas…
La pandemia fue la justificación adecuada para la lógica postergación, en casos como el aborto (una cuestión que muchos se preguntaban cómo implementaría el Gobierno sin resentir el sólido vínculo que mantiene con Francisco). Tampoco resultaba lógico que en el período de la cuarentena más estricta y la lucha contra el Covid-19, con el Parlamento parado durante meses y luego funcionando con una agenda condicionada por la virtualidad, se tratara una ambiciosa modificación del sistema judicial.
Pero el Parlamento le tomó la mano a las reuniones de comisión y las sesiones, aunque el debate de temas ríspidos sigue generando suspicacias. Muchos se preguntan sin embargo si transitando el pico de la enfermedad y con un escenario económico devastado como amenaza ser el post pandemia, resulta conveniente enfrascarse en una reforma judicial como la que propone el Gobierno.
Previsiblemente para la oposición no correspondía, y sí para el presidente Alberto Fernández, que finalmente mandó su proyecto. Porque más allá de las dilaciones, para el presidente ese ha sido siempre un objetivo firme de su gestión. Profesor de Derecho Penal en la UBA, el mandatario tiene especial interés en implementar la reforma que ideó junto a su socia y amiga Marcela Losardo, la ministra de Justicia; Gustavo Beliz, hoy secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia; y Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia.
¿Cuánto de la letra original de ese proyecto es lo que entró finalmente por el Senado?, es la pregunta del millón. Está claro que allí radicó el meollo de la demora original. La necesidad de conformar a las distintas tribus que componen el heterogéneo Frente de Todos, pero fundamentalmente a la que lidera la vicepresidenta. Especialmente interesada en la reforma judicial en lo que tiene que ver con las causas que comprometen a la exmandataria y su familia, y -no menos importante- sentar en el banquillo a la mayor cantidad de integrantes del Gobierno de Cambiemos.
La conformación del consejo asesor fue desafiante. Sin poder vinculante, resultó curioso que estuviera lleno de peronistas (solo tres no lo son) y ya se sabe de antemano que terminará sugiriendo una ampliación de la Corte.
El proceso ya está en marcha y cuenta con un activo fundamental del que goza esta administración en general y el kirchnerismo en particular: que maneja el Senado, donde tiene una mayoría capaz de designar jueces y fiscales, que serán clave -estos últimos- en el futuro esquema judicial. Por eso también es muy importante quién vaya a ser el procurador general de la Nación, a la sazón jefe de los fiscales.
Y ese es justamente un punto débil de esta administración, que hoy no cuenta con los dos tercios en el Senado para designar a Daniel Rafecas, cuyo pliego el Poder Ejecutivo ya mandó a esa Cámara. En ese sentido es que hay que contabilizar la movida puesta en marcha en el seno de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Presidida por el diputado de La Cámpora Martín Doñate (todas las comisiones de esas características fueron monopolizadas por referentes del cristinismo) activaron allí una serie de pedidos de informes dirigidos al procurador general actual, Eduardo Casal, que fue el que quedó a cargo de manera interina cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Mauricio Macri quiso designar a Inés Weinberg de Roca, pero nunca tuvo el número para aprobar su pliego.
El kirchnerismo busca impulsar el juicio político contra Casal, de modo tal de desplazarlo. De producirse esa vacante, la primera en la línea sucesoria sería Laura Monti, procuradora fiscal, quien debería dar un paso al costado -voces interesadas han hecho circular que no le interesaría ocupar ese cargo- para que en lugar de Casal pudiera asumir Víctor Abramovich. También procurador fiscal, fue director ejecutivo del CELS y es el preferido del Instituto Patria.
La movida, que sorprendió a la oposición, es agitada como para permear la resistencia de la oposición que tiene el número exacto para obturar la convalidación de Rafecas. No vaya a ser cosa que les pase como cuando a Cristina Kirchner le voltearon a Daniel Reposo, la primera opción, y terminó designando a Gils Carbó. Peor el remedio… pensó la oposición de entonces.
Pero la reforma judicial no llegó sola al Congreso. Paralelamente, en vísperas del envío del proyecto trascendió la idea de crear un consejo consultivo para analizar temas anexos que originalmente no tenía en mente el presidente, como ampliar la Corte Suprema de Justicia. Vieja sugerencia de Eugenio Zaffaroni, en ese detalle se ve también la mano del kirchnerismo en la reforma judicial que avanzó sin inconvenientes en el Senado, con destino un poco más incierto en Diputados.
Lo de ampliar la cantidad de miembros del Tribunal Supremo no es cosa nueva. A fines de abril de 2013, Raúl Zaffaroni habló de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte.
La conformación del consejo asesor fue desafiante. Sin poder vinculante, resultó curioso que estuviera lleno de peronistas (solo tres no lo son) y ya se sabe de antemano que terminará sugiriendo una ampliación de la Corte. Porque aun antes de escogerlos se sabía qué pensaba al respecto la mayoría de sus miembros. ¿Era necesaria la presencia de Carlos Beraldi, un especialista reconocido, pero en definitiva el abogado defensor de la vicepresidenta? No, pero ese es evidentemente un gesto que se pretendió dar hacia la Justicia en general, concluyen los que interpretan estas actitudes.
En tren de interpretaciones, cómo debería tomarse que en la presentación del proyecto de reforma judicial, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente apareciera rodeado por el consejo asesor elegido por él para asesorarlo en los futuros cambios en la Justicia. Estuvieron además, por parte del Ejecutivo, el jefe de Gabinete, a la derecha de Fernández, y la ministra de Justicia, a su izquierda. En la imagen se veía al mandatario en un escenario cuidadosamente armado, rodeado por doce personas, todas sentadas y respetando la distancia social. Si el consejo asesor es de 11 miembros, y había dos funcionarios del Ejecutivo, ¿quién faltaba? Beraldi, quien había sido puesto justo detrás del presidente, para que no saliera en la foto…
Está claro que la modificación de la estructura de la Corte Suprema de Justicia es el elemento central de las recomendaciones que surgirán de ese consejo de notables. Nadie tiene dudas de que le recomendarán ampliarla, porque eso surge hasta de Alejandro Gil Domínguez, uno de los juristas convocados para integrar el consejo asesor, y tal vez el más alejado de las ideas kirchneristas, quien no solo criticó a la oposición por “no dar el debate”, sino que también sugirió que “hay que cambiar un montón de cosas para que la Corte funcione mejor”, y respecto de la cantidad de miembros, deslizó que “9 es un buen número, da más circulación, más necesidad de consensos”.
Lo de ampliar la cantidad de miembros del Tribunal Supremo no es cosa nueva. A fines de abril de 2013, Raúl Zaffaroni habló de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte. Fue en el marco de una charla académica en la Facultad de Derecho de la UBA que Zaffaroni recomendó la ampliación del tribunal que por entonces él integraba, aunque admitió que era “políticamente incorrecto” hablar de eso en ese momento.
El entonces ministro de la Corte argumentó esa vez que según la estructura de ese organismo, la misma debía asumir el doble rol de revisora de la constitucionalidad de las leyes y actuar a su vez como tribunal casación. La mayoría de los casos que llegan a manos de sus miembros corresponde a presentaciones contra sentencias arbitrarias, un mecanismo procesal que debiera ser excepcional que se ha transformado en la regla. Con ello, la concentración de casos era elevada y complicaba el trabajo de los siete miembros del Tribunal. Es que por entonces eran siete los integrantes de la Corte y estaba determinado por ley que fuera a reducirse a cinco.
Sin necesidad de modificar la Constitución, para Zaffaroni se podía ampliar la cantidad de integrantes y diversificar sus actividades. El jurista fue concreto al hablar de sumar una docena de miembros que se dividirían en cuatro salas especializadas que harían las tareas de casación: Penal; Laboral y Previsional; Contencioso Administrativo y Civil.
Zaffaroni citó el caso de Costa Rica, y aclaró luego que no estaba sugiriendo implementar semejante cambio de un día para otro, admitiendo de paso que “hablar de esto en este momento es políticamente incorrecto”. No obstante, recomendó a los alumnos que lo escuchaban que “cuando en el futuro tengan poder decisorio se acuerden de esto”.
En el futuro, el jurista insistiría con el tema cada vez que le preguntaron.
El máximo número que la Corte Suprema de Justicia llegó a registrar en la historia fue 9, cuando en los 90 Carlos Menem amplió el tribunal a través de la Ley N° 23.774, pasando de 5 a 9 integrantes. El propio mandatario riojano se encargó de elegir a los nuevos miembros. Ante esa decisión, Jorge Bacqué, renunció en oposición a la medida, igual que el titular del Tribunal, José Severo Caballero.
Continuaron en sus sillones Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio. Menem sumó a Julio Oyhanarte, Ricardo Levene (h), Julio Nazareno, Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra y Eduardo Moliné O’Connor.
Bien se sabe que la intención de Menem de ampliar el tribunal fue recrear lo que se dio en llamar “la mayoría automática”, que fue precisamente lo primero que Néstor Kirchner se abocó a desarmar a poco de asumir. En el marco de la primera cadena nacional que convocó durante su mandato, el santacruceño anunció la decisión de terminar con esa mayoría menemista en el Tribunal y de impulsar el juicio político de su titular, Julio Nazareno, quien renunciaría poco después.
En rigor, la embestida contra los miembros de la Corte se había iniciado durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando la Comisión de Juicio Político que entonces presidía el santacruceño Sergio Acevedo, inició procesos contra los nueve miembros del Tribunal, objetando sus conductas en las sentencias del corralito, el tráfico de armas, la habilitación de la candidatura a gobernador de Raúl Romero Feris, el rebalanceo telefónico y por la investigación del ataque a la Embajada de Israel. Además, se los juzgaba por declarar inconstitucional el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución nacional, que obligaba a los jueces mayores de 75 años a pedir autorización al Senado para seguir en el cargo, por la no aplicación de la Ley de Etica Pública en cuanto a la difusión de sus declaraciones juradas, y el manejo administrativo del tribunal, conocido como superintendencia. En la mayoría de los informes, los cargos eran por “mal desempeño”, aunque también por “prevaricato”, y estaban dirigidos en su mayoría a los cinco jueces que formaron la denominada mayoría automática: Julio Nazareno, Guillermo López, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano.
Siete meses después, en octubre de 2002, el oficialismo logró imponer su decisión de evitar el enjuiciamiento contra la Corte Suprema de Justicia, al rechazar esa medida impulsada por buena parte de la oposición y tropa propia contra los nueve miembros del Alto Tribunal.
El dictamen acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia concluyó con el rechazo en el marco de un debate signado por las enfáticas exposiciones de los impulsores de la acusación y por la férrea defensa de los ministros, sostenida por los diputados menemistas. Julio Nazareno fue en quien se concentró el debate por ser el juez sobre el que pesaba la mayor cantidad de cargos. Fue quien más votos cosechó a favor de su enjuiciamiento: 143, que no alcanzaron para permitir el proceso, ya que 89 votaron en contra y hubo dos abstenciones, lo que resultó suficiente para evitar el juicio.
Segundo en esta suerte de ranking negativo resultó Adolfo Vázquez, quien cosechó 140 votos por el enjuiciamiento, 93 en contra y 3 abstenciones; luego figuraron Eduardo Moliné O’Connor (139-95-2), Antonio Boggiano (131-97-8) y Augusto Belluscio (122-109-5). Detrás figuraron Julio Petracchi (72 a favor del juicio, 158 en contra) y Carlos Fayt (85-135). Gustavo Bossert (63 por el juicio y 168 en contra) fue el que menos votos por el juicio cosechó. Aun así, renunció poco después, argumentando que el inconsistente cuestionamiento formulado en su contra por la Comisión de Juicio Político lo había dejado sin “ánimo” ni el “entusiasmo” que el ejercicio de la función judicial requiere.
Para destituir a cualquier miembro de la Corte hacen falta dos tercios del Cuerpo y ni siquiera lo alcanzaron con Nazareno.
Como dijimos, la embestida contra el Tribunal Supremo se reanudó en tiempos de Néstor Kirchner. Tras la salida de Nazareno, el Parlamento fue contra Moliné O’Connor, quien fue destituido en diciembre de 2003. Luego se iniciaron procesos contra Adolfo Vázquez y Guillermo López, que renunciaron, y a continuación fue el turno de Antonio Boggiano, destituido en septiembre de 2005. Una sexta vacante se abrió con la renuncia de Augusto Belluscio, uno de los jueces originales de la Corte de 1983, quien se fue por estar próximo a cumplir 75 años. Al dimitir, Belluscio dijo que por haber firmado la sentencia dictada por la Corte el 19 de agosto de 1999 en la causa “Fayt, Carlos Santiago c/Estado Nacional s/ proceso de conocimiento”, mediante la cual se declaró la nulidad de la cláusula que establecía la caducidad de la designación de los jueces nacionales al llegar a los 75 años, no consideraba ético permanecer en el cargo.
El 19 de junio de 2003, el presidente Kirchner firmó el decreto 222 que impulsaba un nuevo método para la selección de miembros del Alto Tribunal y el Ministerio Público. “No nos interesa conformar una Corte adicta y no nos sirven las viejas prácticas, porque la Corte Suprema necesita ganarse la confianza de la sociedad para dar solidez a sus decisiones”, señaló Kirchner ese día.
Pese a las seis vacantes generadas, sólo fueron cubiertos cuatro cargos. Eugenio Zaffaroni asumió tras la renuncia de Nazareno y luego llegaron Elena Inés Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, en ese orden.
El 19 de junio de 2003, el presidente Kirchner firmó el decreto 222 que impulsaba un nuevo método para la selección de miembros del Alto Tribunal y el Ministerio Público.
Tiempo después, el Gobierno kirchnerista dio un nuevo golpe de efecto en el área judicial, al anunciar la decisión de reducir a cinco el número de miembros de la Corte. El proyecto fue presentado el 9 de noviembre de 2006 por la entonces senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner y fue recibido con beneplácito por parte de la oposición y los propios miembros de la Corte, algunos de los cuales reclamaban la reducción de miembros ya que se les hacía complicado conformar mayorías para sacar los fallos. Lorenzetti y Argibay reclamaban una reducción formal, aunque no a 5, sino a los 7 entonces vigentes.
El proyecto de Cristina derogaba la Ley 23.774 que impulsó el menemismo aumentando la Corte a nueve, fijándola en cinco. Como “disposición transitoria” se aclaraba que los siete integrantes de entonces permanecerían en sus cargos, salvo renuncia o fallecimiento, y establecía que a partir de entonces la mayoría sería alcanzada con cuatro firmas. Lo mismo sucedería cuando quedaran seis jueces y, cuando en el futuro fueran cinco, la mayoría sería suficiente con tres votos.
Durante la primera década de su trayectoria en la política grande, el periodismo estaba acostumbrado a contar con Cristina Kirchner como fuente de información. Contrariamente a lo que sucedió con los Kirchner en el poder, ella siempre acudía a las invitaciones para participar en los programas periodísticos, o cualquier requerimiento de entrevistas. Con su esposo en la presidencia, bajó su perfil. Pero para la presentación de su proyecto para reducir la Corte, convocó a un grupo de periodistas a su despacho, a quienes se los detalló y les entregó el texto antes de depositarlo en Mesa de Entrada. Eso sí, fue selectiva: solo convocó a cuatro representantes de medios: los editorialistas de los grandes diarios, y no a los periodistas parlamentarios.
Esa iniciativa mostraba un rasgo del kirchnerismo inicial, aquel que ante situaciones adversas acostumbraba a dar golpes de efecto que resultaran inobjetables para propios y extraños. Recordemos en qué contexto se daba: el entonces gobernador de Misiones, Carlos Rovira, acababa de fracasar en el intento de reelección al ser derrotado por el obispo Joaquín Piña, y con ello todos los proyectos reeleccionistas se derrumbaron como un castillo de naipes. Atento al humor social que el efecto Misiones había generado, Néstor Kirchner no redobló la apuesta, sino que ordenó arriar todas las reelecciones en marcha. Eduardo Fellner en Jujuy y Felipe Solá en Buenos Aires debieron cambiar sus gobernaciones por bancas de diputados. El primero terminó presidiendo la Cámara, postergando al segundo, que poco tiempo después se alejaría del kirchnerismo.
La iniciativa K buscaba desplazar de la atención pública el tema de las reelecciones, retomando el camino de la búsqueda de una mejor institucionalidad.
Predicando con el ejemplo, Néstor Kirchner daba señales de dejar de lado su propia reelección para la cual estaba habilitado, y comenzaba a tomar vuelo la posible candidatura presidencial de su esposa. La presentación de un proyecto auspiciando la reducción de la Corte contribuía a elevar el perfil de ella. Recordemos que el primer proyecto que CFK presentó tras asumir como senadora por la provincia de Buenos Aires fue el que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura.
Otras iniciativas de fuerte importancia impulsadas por CFK fueron la que formalizaba el control de los DNU y la reglamentación del juicio por jurados, una asignatura pendiente de la Constitución, que pese a la firma de Cristina no fue puesta en práctica y en la actualidad vuelve a estar en carpeta.
Al defender en el recinto su iniciativa para reducir la Corte, la entonces primera dama sostuvo que con ello se cerraba un ciclo “sobre cómo se deben manejar las instituciones”. En su discurso en el recinto del Senado hizo un repaso histórico sobre los cambios en la Corte, destacó las medidas tomadas por el gobierno de su esposo para designar a sus integrantes y criticó a los sectores de la oposición que lo acusaban de “populistas” y a su juicio hablaban con “hipocresía sobre calidad institucional”.
Asimismo contó que el Gobierno había decidido iniciar su ofensiva contra los jueces de la denominada “mayoría automática” de la Corte luego de recibir “una amenaza de dolarizar” la economía si no se les otorgaban “cosas” a cambio. Así fue que en medio del debate en el Senado del proyecto para reducir el Alto Tribunal, la primera dama dijo que apenas diez días después de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia “un excolaborador había recibido de su contacto en la Corte, (el juez Adolfo) Vázquez”, la “amenaza de dolarizar” la economía a través de un fallo, y que “a cambio” de no hacerlo pedían “cosas” que no precisó.
“Creo que, con este volver a cinco miembros de la Corte se cierra un ciclo, para este Gobierno y para los que vengan, sobre cómo se deben manejar las instituciones”, sostuvo la entonces legisladora, quien tuvo a su cargo los discursos inicial y de cierre en el debate de la sesión que aprobó el proyecto.
La iniciativa fue sancionada por 57 votos a favor y las abstenciones de los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso.
Por ese entonces la Corte Suprema estaba integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Enrique Petracchi. En 2014 quedaron vacantes por fallecimiento los cargos de Argibay y Petracchi, y por jubilación el de Zaffaroni. Fayt se jubiló en noviembre de 2015,
Mauricio Macridesignó en 2016 a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti, quedando el Alto Tribunal con la conformación de cinco actual.
Un número exiguo para algunos, suficiente para muchos. Inconveniente de alterar en esta coyuntura, según coincide la mayoría. Porque en rigor de verdad hay quienes consideran desde la oposición que la Corte Suprema debería ser ampliada. Miguel Angel Pichetto, por ejemplo.
En 2016, cuando la Cámara alta dio su aval a los candidatos propuestos por Macri para el Alto Tribunal, el entonces presidente del bloque PJ-FpV dejó abierta la puerta a una reforma de la Corte, porque una de cinco miembros “ya no se ajusta a la realidad político-institucional de Argentina”.
En rigor, la posibilidad de ampliar el Alto Tribunal sonó fuerte promediando el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero esa posibilidad nunca pudo prosperar, aunque la expresidenta se quedó con las ganas.
Como quedó claro cuando en 2016, ya fuera del poder, volvió a Buenos Aires por los requerimientos judiciales que comenzaron a asecharla. El 21 de abril de ese año, convocó a los senadores nacionales al Instituto Patria. Oscar Parrilli y las senadoras camporistas se ocuparon de cursar las invitaciones, omitiendo deliberadamente invitar a Miguel Pichetto. Asistieron a ese encuentro los senadores Juan Manuel Abal Medina, María Laura Leguizamón, Ana Almirón, Inés Blas, María Inés Pilatti Vergara, Nancy González, Mario Pais, Sigrid Kunath, Liliana Fellner, Hilda Aguirre, Teresita Luna, Anabel Fernández Sagasti, Sandra Giménez, Juan Manuel Irrazábal, Marcelo Fuentes, María de los Angeles Sacnun, Marina Riofrío, Ruperto Godoy, Silvina García Larraburu, Daniel Pérsico, Carlos “Camau” Espínola y las santacruceñas María Ester Labado y Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner y la primera en llegar. Desde la cabecera de la mesa, flanqueada por los senadores Fuentes e Irrazábal, Cristina criticó en ese encuentro puntualmente la designación en comisión de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar la Corte, refiriéndose a eso como “un pecado de origen” del Gobierno de Macri. Y esa charla devino entonces en la necesidad de ampliar la cantidad de miembros del Máximo Tribunal, cosa en la que coincidió Cristina. La expresidenta hizo allí su primera autocrítica: por haber impulsado en 2006 la reducción del número de integrantes del tribunal de 9 a 5. Debió haber hecho lo contrario, dijo, y sugirió la idea de dividir a la Corte en salas especializadas, tal cual la había convencido Zaffaroni.
Habrá que ver si, como todo indica, el consejo asesor termina recomendando su ampliación. Ello puede hacerse a través de una ley aprobada por mayoría simple que retrotraiga lo dispuesto en 2006 a instancias del propio kirchnerismo. Y en ese caso, la oposición ya ha hecho saber que si el Gobierno de Alberto Fernández decide avanzar en ese sentido, no le dará los dos tercios para ninguna designación. Sea quien sea.
Contó que es amigo de Carlos Beraldi, de quien da por descontado que cualquier aporte que vaya a hacer “será jurídicamente interesante”.
El fiscal federal Guillermo Marijuan se mostró a favor del proyecto de la reforma judicial, por cuanto entiende que va a ayudar a “avanzar hacia un sistema acusatorio”.
En el marco del debate de la reforma judicial que volverá a analizarse esta semana de forma virtual en el Senado, Marijuan explicó: “Estoy a favor de una reforma, todo lo que sea avanzar hacia un sistema acusatorio a mí me parece que está bien”.
Y agregó: “Creo que la crítica debe hacerse una vez que se proyecte, porque todavía no se sabe qué se va a proyectar, no voy a hacer una crítica de algo que todavía no se conoce”.
Entrevistado en el programa “De lejos no se ve”, el fiscal destacó que “todavía no evaluamos dónde va a funcionar, es prácticamente imposible porque no hay lugar. En el cuarto piso (de Comodoro Py) no entra ni un lápiz”.
Respecto a las ausencias en la presentación del proyecto, el fiscal federal sostuvo que no conoce a los ministros de la Corte, por lo que no puede precisar “si estuvo bien o mal que no hayan ido”. En aquella presentación estuvieron integrantes del denominado Consejo de Mejoramiento de la Calidad Institucional, entre ellos el abogado del vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, a quien, sostuvo, le tiene “la mayor consideración y respeto”.
“Fue él quien me hizo entrar en tribunales, fue profesor mío en la facultad, es mi amigo y sé que cualquier aporte que pueda hacer él será jurídicamente interesante”, comentó.
Por otro lado, sobre los costos de la reforma que planteó la oposición, Marijuan afirmó que “nosotros tenemos jubilaciones muy elevadas, pero también tenemos aportes jubilatorios muy elevados”.
“Todo lo que sea una locura de incorporación de gente, el día de mañana es un pago importantísimo de jubilaciones que se va a tener que hacer”, añadió.
Con una pandemia que está lejos de alejarse de nuestras vidas, la política decidió que es tiempo de avanzar sobre temas postergados. Y así es que mientras se anticipa un plan de 60 medidas que se verá cuándo se anuncian, se avanza sobre cuestiones postergadas que pasaron a ser prioritarias, como la reforma judicial.
Por José Angel Di Mauro
Si bien hubo hechos concretos y notorios, fue una semana de gestos y señales. Son días en los que el coronavirus sigue omnipresente -tal cual lo certifica una cuarentena que al concluir esta nueva etapa anunciada habrá cumplido cinco meses-, pero la marea va bajando -mas no los casos y las muertes- y permite observar otras cuestiones notorias como una crisis económica sin precedentes que sucederá a la pandemia aun antes de que la misma haya pasado, o cuestiones que la política decidió dejar de postergar, a riesgo de ser considerados inoportunas. El riesgo es menor, consideran los que se animan a echar a rodar esas movidas: con la sociedad atenta a otros temas, el ruido que generan es menor, razonan.
Tal vez una muestra la haya dado Mario Ishii. Pasó porque todo se graba y las redes se ocupan del resto, y son implacables. Pero lo que en otras circunstancias o en otros países hubiera sido un escándalo, se apagó sin mayor revuelo. El intendente de José C. Paz no representa un peligro para políticos con aspiraciones, pero puede ser un aliado importante. De ahí que lejos de condenarlo, terminaron saliendo a respaldarlo, aun con argumentos insólitos. De eso hablamos también cuando hablamos de gestos. Tampoco la oposición aprovechó para hacer leña de ese árbol a derribar. Debe haber pesado la cercanía que en su momento existió entre el gobierno de Vidal y ese intendente.
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A propósito, los que han hablado con ella en este tiempo sugieren que no tiene intenciones de ser candidata a gobernadora. Sí lo será el año que viene a diputada nacional. Esa elección es clave, mucho más de lo que podría llegar a pensarse, pues Juntos por el Cambio pondrá en juego demasiadas bancas, producto de la elección ganada en 2017. Mujer de partido y consciente de que debe revalidar títulos, Vidal será candidata entonces. ¿Y en 2023? A la oposición no le faltan aspirantes bonaerenses, y hay quienes imaginan a la exgobernadora candidata para suceder a Rodríguez Larreta. Ella lo negará si le consultan. ¿Y si termina integrando el binomio con Larreta en 2023?
En todo caso se definirá en internas. Para entonces se supone que habrá vacuna, pero es improbable que eso suceda para la tercera semana de junio 2021, fecha del próximo cierre de listas. La oposición tiene la certeza de que con el argumento de que para entonces seguirá el riesgo, suspenderán las PASO el próximo año. Alcanza con un decreto. Muy pendientes a los ejemplos que le sirven desde el exterior, en el Frente de Todos vieron atentos el gesto de Donald Trump de sugerir la posibilidad de postergar las elecciones en Estados Unidos, con la excusa de la pandemia. El candidato demócrata lo aventaja en las encuestas y esa parece ser la verdadera razón.
La insólita sugerencia de Trump sería muy viable en nuestro país, no así la posibilidad de que esa movida prospere en el Congreso norteamericano. Aquí sí todo es posible, en un Parlamento donde el oficialismo no ha sufrido aún ningún traspié. Lo volvió a corroborar esta semana, cuando aprobó sin cambios la regulación del teletrabajo. En el mismo seno del oficialismo admitían que el proyecto proveniente de Diputados tenía falencias e iban a revisarlas -hay una tradición a la que el peronismo del Senado es muy afecto, a hacer valer su potestad de imponer sus propios criterios, sin suscribir siempre lo que viene de Diputados-, pero el deseo revisionista se apagó cuando desde lo más alto de esa Cámara llegó la orden de aprobarlo como estaba. Uno de los más enfáticos en celebrarlo fue el líder de la CTA, Hugo Yasky -muy cercano al Instituto Patria-, dejando claro el sesgo de esa imposición.
Yasky había sido ninguneado el 9 de Julio en ese acto al que no fue invitado y cuyas presencias Cristina criticó, vía el columnista de Página 12 Alfredo Zaiat. El lunes pasado Alberto Fernández recompuso el desaire al participar de forma remota del plenario de la CTA. Allí el Presidente sostuvo que “fuimos víctimas de un capitalismo que le dio prioridad a lo financiero sobre lo productivo”.
El que sí estuvo en el acto del 9 de Julio fue Héctor Daer, quien fue “atendido” por Máximo Kirchner al cerrar en Diputados el debate sobre la ampliación de la moratoria. El del hijo de los Kirchner fue un discurso inusualmente duro, el más severo de los que ha pronunciado en el Congreso desde que es legislador. En un pasaje hizo alusión a una reunión de la que tomaron parte AEA y la CGT. “Vi que hicieron todos zoom desde sus casas… mientras les piden a los trabajadores y a las trabajadoras que vayan a producir, a riesgo de enfermarse, algunos se quedan en sus casas… lo cual me parece bien, aparte, por la edad que tienen”, deslizó con ironía. Pero cambió el tono cuando comentó el comunicado final suscripto por ambas entidades, en el que afirman que “Argentina viene de muchas décadas de un mal desempeño económico”. Ahí Máximo hizo un gesto muy notorio de fastidio y le preguntó a Héctor Daer cuántos afiliados tenía el 25 de mayo de 2003, cuántos en 2015 y cuántos en 2019. “O a los otros gremios, también”, agregó. De esa reunión tomaron parte además Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Gerardo Martínez y Antonio Caló.
El kirchnerismo no digiere a la Asociación Empresaria Argentina, como quedó claro cuando CFK mandó a leer el artículo de Alfredo Zaiat sobre el 9 de Julio. Tomó nota el empresario textil Teddy Karagozian, un encendido crítico del macrismo, que la última semana dejó AEA.
En esa sesión que cerró Máximo Kirchner hubo un gesto notorio hacia otro empresario: Cristóbal López, el dueño de Oil Combustibles, que será beneficiado por el artículo 11 de la ley de moratoria que le permite acogerse a las empresas en procedimiento de quiebra. El debate sobre una ley en la que oficialismo y oposición aparecían a priori de acuerdo, estuvo cruzado por ese polémico artículo. Los votos estuvieron ajustados con ese artículo, pero no lo suficiente como para que estuviera en riesgo: 130 a 121, se impuso el oficialismo. Son los números que marcan la realidad hoy imperante en la cámara donde el gobierno está más estrecho: es el techo que Juntos por el Cambio no logra perforar y la cifra que al Frente de Todos le alcanza para ganar todas las votaciones que no requieran 2/3. Demasiado ajustado, eso sí, pero aún pueden darse el lujo de tener a José De Mendiguren en el BICE y dejar vacante su banca.
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Son señales que da el gobierno en el Congreso, para los debates por venir. Como el de la reforma judicial, cuyo texto fue finalmente presentado, junto con un consejo asesor lleno de peronistas (solo tres no lo son), que ya se sabe de antemano que terminará sugiriendo una ampliación de la Corte. Porque aun antes de escogerlos se sabía qué pensaba al respecto la mayoría de sus miembros. ¿Era necesaria la presencia de Carlos Beraldi, un especialista reconocido, pero en definitiva el abogado defensor de la vicepresidenta? No, pero ese es otro gesto que se pretendió dar hacia la Justicia en general, coinciden en concluir.
En líneas generales, la oposición no está en desacuerdo con la reforma judicial; el tema es que ello conlleva una renovación de jueces cuya llave tiene el Senado, dominado por el kirchnerismo duro. La reforma se aprueba con mayoría simple, y el oficialismo tiene los votos para hacerlo. Lo mismo que para ampliar el Tribunal Superior. La mayoría del Senado le alcanzará para nombrar los nuevos jueces, o imponer los subrogantes que ocupen las vacantes del principio. No tiene, eso sí, los dos tercios que necesitará cada nuevo integrante de la Corte ampliada. Para eso falta.
El narcomenudeo se reinventó y le ganó a la policía. Así seguiremos durante lo que resta del año”.
Jorge Luis Vidal
Experto en Gestión Pública de la Seguridad
Propios y extraños coinciden en que la Justicia debe ser reformada. No pareciera en cambio ser prioridad para una sociedad atemorizada por el crecimiento de la inseguridad, que se prevé mayor en el pospandemia. Lo anticipa Jorge Luis Vidal, experto en Gestión Pública de la Seguridad, que advirtió para este medio que la inseguridad en la provincia de Buenos Aires tendrá una “curva ascendente” como la del Covid. “Especialmente en el GBA, va a seguir aumentando en el segundo semestre -anticipa-, inclusive con delitos menores en los que se ejerza una violencia inusitada e innecesaria”.
“La delincuencia está tomando impulso y recuperando el tiempo perdido que tuvieron de inacción entre marzo, abril y parte de mayo. Aquellos que viven de las rentas ilegales, no dejarán de hacerlo. Nada indica que esto vaya a ceder, y nada tiene que ver el nivel mayor de pobreza de la población”, alerta Vidal. Y cierra: “En estos meses se perdió lo poco que se venía haciendo en la lucha contra el narcotráfico, que ya era poco y malo en la provincia de Buenos Aires. No hubo secuestros de estupefacientes de relevancia. El narcomenudeo se reinventó y le ganó a la policía. Así seguiremos durante lo que resta del año”.
Varios diputados cuestionaron que el abogado de Cristina Fernández de Kirchner tome parte de la comisión que analizará la eventual ampliación de la Corte.
El jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y el diputado Facundo Suárez Lastra expresaron su rechazo a la incorporación del abogado Carlos Beraldi en la comisión que asesorará al Gobierno en la ampliación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su cuenta de Twitter, Negri (UCR-Córdoba) afirmó que “poner en la comisión que debe analizar la ampliación de la Corte al defensor de la vicepresidenta en las causas de corrupción sólo provoca que la comisión nazca muerta en términos de confianza pública”.
Y agregó: “La vicepresidenta tiene muchas causas en la Justicia y precisa sacárselas de encima”.
Por su parte, Suárez Lastra (UCR-CABA) afirmó: “Es pésima señal que el abogado de Cristina Fernández de Kirchner con varias causas en trámite que podrían llegar a la Corte Suprema esté en la comisión que estudiará su composición. El ansia de impunidad y ostentación de poder de la vicepresidente degrada la democracia argentina”.
Asimismo, Luis Petri sostuvo: “Han gobernado el país 25 de los 37 años de democracia, desde el ‘83 tuvieron siempre mayoría en el Senado que nombra los jueces federales, pero la justicia es una cloaca de la democracia por culpa de la oposición”, en referencia al paquete de reforma judicial que el oficialismo enviará al Congreso.
