Un momento de alta tensión se vivió cerca de la 1 de la madrugada, cuando el plenario de comisiones que analiza la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos llevaba ya 16 horas y el secretario de Finanzas se trenzó con diputados de Unión por la Patria, particularmente Carlos Castagneto, quien le gritaba desde el otro extremo de la sala.

“La inflación es en todo momento un fenómeno fiscal, sin déficit fiscal no hay deuda”, señaló el funcionario, que agregó: “Partimos de una estructura financiera económica monetaria que se traslada a un marco normativo. Justamente los problemas que tenemos desde hace tantas décadas son por no entender este principio básico”.

A continuación señaló Quirno que “el plan del presidente Milei busca erradicar el déficit financiero durante el 2024: eso exige esfuerzos de la sociedad, por años de malos manejos de gobiernos que lo han precedido. Tenemos que tener este concepto muy claro para entender el rumbo al que vamos”.

“A este espacio no le hace ninguna gracia tener que subir retenciones. Pero otra cosa que nos hemos olvidado en este discurso de hoy, donde parece que estamos en Disneylandia, es que parece que empezamos a actuar el 11 de diciembre en un contexto donde no pasaba nada”, planteó el secretario de Finanzas, visiblemente molesto.

Luego señaló que “el candidato opositor que perdió en el balotaje fue caracterizado como la persona que se tiró arriba de la bomba cuando el ministro anterior ‘salió corriendo’ del Ministerio de Economía oculto en el asiento de atrás de un auto”.

Insistió: “Ese señor renunció por Twitter y se fue del misterio en un auto. Ese candidato fue el que dijo que se había tirado arriba de la bomba”.

Cada vez con más dificultades para avanzar en su argumentación ante los gritos provenientes de los diputados de UP, Quirno dijo que “el candidato del espacio opositor, su fortaleza fue tener la valentía de tirarse sobre la bomba que había dejado su propio gobierno. Les voy a recordar: la inflación en el mes de julio del 2022 era del 71%; al 22 de noviembre del 2023 era del 160,9%; el tipo de cambio nominal oficial en julio del 2022, era $131,2; el cambio nominal era $364,4; el tipo de cambio nominal contado con liquidación era 286,60, cuando se retiró el ministro que se tiró arriba de la bomba estaba en $1001,60… La brecha cambiaria era de 118,4% al momento de la renuncia del ministro Guzmán y era de 174,9% a noviembre de 2023, antes de la asunción del presidente Milei”.

“Las reservas netas en julio de 2022 eran de 412 millones de dólares; en noviembre de 2023 eran de 10.545 millones negativas”, señaló Quirno, cada vez más exaltado. Y continuó: “Vamos a hablar de la deuda, porque parece que la deuda…”, y ante los gritos, el funcionario lanzó: “Hace tres horas  y media hoy, y 7 horas de ayer que estuvimos escuchando todas sus preguntas y alocuciones… Ahora nos escuchan a nosotros”.

Continuó: “La deuda el 30 de noviembre de 2015 era de 245 mil millones de dólares; al 30 de noviembre de 2019, la deuda era de 312 mil millones de dólares, un aumento del 67 mil millones de dólares; al  30 de noviembre de 2023, 112 mil millones de dólares… Cuando hablan de endeudamiento tienen que darse cuenta de que el Gobierno del presidente Fernández casi duplicó la deuda del gobierno anterior”. Fuera de sí, parado y a los gritos estaba el diputado kirchnerista Carlos Castagneto.

“Diputado, ¿qué le pasa?”, trataba de calmarlo el diputado Gabriel Bornoroni, que presidía el plenario. E insistía: “Diputado, ¿qué le pasa? No le queda bien… ¿Por qué se para y grita? Lo está viendo el pueblo argentino”.

Cuando Pablo Quirno pudo continuar, dijo: “Para brindar el contexto de la cantidad de números equivocados. El Gobierno de Milei recibió una herencia de 11 mil millones de reservas negativas; 50 a 60 mil millones de dólares de deuda comercial; 18 tipos de cambio: 15% de déficit y al borde de una hiperinflación”.

Luego dijo que “a partir de la llegada del presidente Milei al Gobierno, no había un dólar ni para hacer frente al pago con el FMI del 21 de diciembre, porque el programa que firmaron en el Gobierno de Alberto Fernández no pudo cumplir con ninguna de las metas que allí se contenían. No teníamos un dólar para pagarle. Gracias a la colaboración de países amigos pertenecientes a la CAF, pudimos hacer frente a ese pago y no dejar a la sociedad argentina en default una vez más. ¿Todo esto para qué? Para explicar que las razones de las cosas que estamos diciendo son para cambiar de cuajo las condiciones argentinas”.

Con el objeto de explicar otra de las medidas impulsadas en las últimas semanas por el ministro de Economía, Sergio Massa, se presentaron este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja nuevamente tres funcionarios: el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini y el director general de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Guillermo Michel. Los tres expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se crea el “Programa Compra sin IVA”.

Al cabo de la reunión, que se prolongó cerca de dos horas, y sobre el final el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, esbozó la posibilidad de tener una nueva reunión la próxima semana, “para dictaminar este tema”.

Poco antes había intervenido el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien habló del Presupuesto 2024, advirtiendo sobre las “separatas” del mismo y se quejó porque el ministro de Economía y el diputado Javier Milei “acordaron tratarlo después de las elecciones”. Carlos Heller negó que se tratara de “un acuerdo”, pero al respecto, Germán Martínez propuso ir avanzando con reuniones informales en las que se pudiera analizar el tema.

Asimismo se mostró disposición de parte del oficialismo para hacer las modificaciones que los diputados crean pertinentes sobre el proyecto Compra IVA.

La voz de los funcionarios

En el inicio de la reunión, el presidente de la comisión, Carlos Heller, destacó que acababan de recibir un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, con el cálculo del costo fiscal del proyecto. El mismo establece que el monto del reintegro será de 1,29% para el año 2024.

En su intervención, el titular de la AFIP recordó que este beneficio ya está en marcha y al día de ayer ya 10.700.000 personas habían recibido el mismo. “Esto significa que la medida ha sido correcta, con aceptación de la población -resaltó Castagneto-. Además de que a nosotros nos sirve que pidan el ticket. ES fundamental que utilicen el ticket porque nos da una trazabilidad de la comercialización”.

El funcionario recordó que los beneficiarios tienen que utilizar tarjeta de débito o código QR y al respecto pidió que carguen a través de la página de la AFIP un CBU, y que especialmente utilicen la cuenta sueldo y dio detalles de la manera como se va a instrumentar el beneficio a través de sus tarjetas.

Recordó que para los trabajadores formalizados, aquellos alcanzados por el beneficio son los que perciban no más de 6 salarios mínimo, vital y móvil.

A su turno, el titular de la Aduana dijo que el sistema elegido es el que en el mundo se denominan “IVA personalizado”. “Ya funcionó en nuestro país antes”, recordó, remarcando entonces que eso demuestra que se trata de “una política de Estado”, por cuanto en 2002 se probó un esquema para de alguna manera reducir el costo fiscal del IVA sobre la canasta básica alimentaria. Fue “con un esquema más simple, pero que no funcionó, que era la reducción de la alícuota”. Fue en tiempos en que Roberto Lavagna era ministro de Economía y “claramente no funcionó porque la baja de alícuota no se materializó por una reducción del costo impusitivo”.

En enero de 2003 se instrumentó un reintegro de 5 puntos del IVA para todas las compras con tarjeta de débito, menos combustible. “Funcionó muy bien hasta diciembre de 2016, cuando (el ministro de Economía Nicolás) Dujovne decidió cortar ese beneficio, que se reintegró en 2019”, recordó.

Michel sostuvo que el IVA es “un impuesto bastante sencillo de recaudar, pero tiene la dificultad de que es regresivo, porque no es como Ganancias: afecta tanto a las personas de bajo poder adquisitivo, como a las de alto poder adquisitivo”.

Informó entonces que la experiencia del IVA personalizado se ha realizado en el mundo y dio datos: “En Uruguay el IVA es del 22% y funciona allí la tarjeta Uruguay Social, que existe para los sectores vulnerables y el reintegro es automático. En Ecuador hay un reintegro para los discapacitados: se les devuelve el IVA automáticamente. En Canadá es muy parecido el sistema, es trimestral, contra la presentación de comprobantes. En Costa Rica es similar, y en Colombia, el último país que lo implementó, en 2020, alcanza a  un millón de hogares de menores recursos”.

Tras reiterar que el sistema hoy está funcionando “muy bien”, advirtió que están trabajando con aquellas provincias que no transfirieron las cajas a la Nación. “Muchas no están cumpliendo con la obligación de informar sobre los usuarios y por eso les estamos pidiendo que nos faciliten la lista de jubilados y empleados, para poder cumplir con el reintegro. No es cuestión nuestra, sino que los ministros de Economía (de las provincias) no nos han aportado la información”.

A su turno, la subsecretaria Claudia Balestrini destacó el objetivo de la medida, que “tiene que ver justamente con eliminar este impacto que puede tener la carga tributaria sobre el ingreso disponible, y permitir así aumentar la capacidad de consumo de determinados sectores. Por eso nos enfocamos en lo que es la canasta básica alimentaria”.

“El impuesto al consumo en cualquier lugar del mundo tiene una característica regresiva, y consideramos que si bien en los últimos años se fueron instrumentando distintos regímenes, este proyecto pretende que se instale como una verdadera política pública que atienda a los sectores cuyos ingresos son más dedicados al consumo”, agregó Balestrini, quien enfatizó que “este reintegro lo que soluciona es un problema de regresividad, como cualquier impuesto al consumo”.

La funcionaria remarcó que se trata de “un proyecto muy simple, con instrumentación transparente”, y detalló los sectores alcanzados: jubilados y pensionados que perciban como mínimo seis haberes mínimos. “Hoy estamos con un valor actual de 524 mil pesos”, precisó.

También alcanza a empleados en relación de dependencia, que perciban hasta seis haberes mínimos vitales y móviles, que a valor actual sería 704 mil pesos. Además perciben el beneficio quienes perciban AUH, asignación por maternidad y quienes estén como empleados de casas particulares.

Asimismo los que cuenten con Tarjeta Alimentar y Potenciar; también los monotributistas, sin importar la categoría. Hay excepciones, aclaró, como aquellos que se desempeñan con cargos públicos o sean directores de sociedades. También hay otras exclusiones que son generales: aquellos contribuyentes que perciban ganancias que estén sujetas a impuestos o aquellos que aporten al SIPA.

Balestrini destacó también que hay una facultad de ampliar el universo de contribuyentes.

Por último, precisó que el reintegro es hasta un 21%, siendo el límite actualmente de 18.800 pesos, aunque aclaró que en el proyecto de ley es del 21% de lo que sería la canasta básica alimentaria, con un valor actual de 23.000 pesos. Además, planteó que en el proyecto se incluyen las tarjetas de débito y también las de débito.

Ante la consulta de diputados de la oposición, Carlos Castagneto destacó las medidas tomadas por el Ministerio de Economía en los últimos tiempos, asegurando que a partir de ellas “la recaudación ha aumentado considerablemente, en función de que a partir de la aplicación de este sistema “Compra sin IVA” los supermercados o comercios de cercanía van a facturar mucho más.

Asimismo tiende esto a evitar la economía informal, e hizo votos porque en algún momento futuro todas las transacciones se hagan vía tarjeta. Aseguró que se están haciendo negociaciones para que las billeteras virtuales también se adapten al sistema y adelantó que se está trabajando en un proyecto de ley que alcanzará a aquellos monotributistas que al pasar de la última categoría caen en autónomos.

Por su parte, Claudia Balestrini informó que el costo fiscal determinado por la Oficina de Presupuesto del Congreso “es un cálculo de máxima, teniendo en cuenta el uso pleno del beneficio de todos los alcanzados. Siempre es importante en estos casos analizar el supuesto teórico, considerando el uso pleno. Ojalá se utilice cada vez más el beneficio”. Y concluyó: “Este punto del PIB va a ser menor por la compensación por la mayor venta que se va a registrar”.

Desde la oposición, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) expresó su coincidencia con Guillermo Michel respecto de que “cuando uno reduce la alícuota lo hace para todos los sectores, por lo cual terminan dando un beneficio para los que no lo necesitan”, y en ese sentido propuso focalizarlo en quienes más lo necesitan. Por ejemplo, “devolverle el IVA entero” a esos sectores, cosa en la que coincidió sobre el final el diputado oficialista Juan Marino (Bloque Piquetero).

Otra de las iniciativas promovidas los últimos días por el ministro/candidato Sergio Massa comenzará a debatirse en Diputados este jueves, con la presencia de tres funcionarios nacionales.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Heller (FdT), da inicio así a partir de las 11 de la mañana al debate del proyecto que crea el Programa “Compra Sin IVA”.

Fueron invitados el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini y el director general de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Guillermo Michel.

El proyecto propicia reducir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria que adquieran las personas contempladas en la medida.

¿Quiénes son estas personas alcanzadas por el beneficio? Aquellos que  perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

El programa dispone el reintegro de una proporción del monto de las operaciones que en carácter de consumidores finales abonen los sujetos definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR). También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

El proyecto establece como finalidad la de mejorar el ingreso disponible y consecuentemente la capacidad de compra de los sectores más vulnerables, quienes destinan al consumo de bienes de primera necesidad la totalidad o gran parte de sus ingresos.

El proyecto lleva las firmas del ministro Massa, como así también las del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y considera que los impuestos indirectos tienen un alto impacto en quienes destinan al consumo la mayor proporción de su ingreso. De ahí que la propuesta busque disminuir ese efecto, teniendo en cuenta que se trata de sectores de menores ingresos, atenuando claramente la regresividad del sistema.

“Es esencial que esta medida se complemente con una mayor transparencia y formalidad del sistema, previendo entonces la utilización de medios de pago como tarjetas de débito o crédito, así como la posibilidad de incorporar otras formas de pago”, señala el proyecto, que invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables.

El proyecto consta de 9 artículos y prevé como exclusiones para aquellas personas que estarían alcanzadas por el beneficio cuando se verifique que perciben otros ingresos que estén gravados en el impuesto a las Ganancias, o estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual previsto en el programa no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria.

La AFIP establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario y/o su grupo familiar.

Luego de conocerse el índice de inflación del mes de agosto (12,4%) publicado por el Indec, el diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) consideró que “es real el peligro de hiperinflación porque la interanual está en 3 dígitos”.

“Estamos de acuerdo que debe haber una actualización de ganancias, pero lo que hace el Gobierno es cambiar la estructura del impuesto”, señaló con relación a la modificación del Impuesto a las Ganancias.

En declaraciones a Radio Perfil, sostuvo que “acá se está destruyendo y perjudicando la recaudación tributaria”, y agregó que “Cuando se baja el impuesto sin bajar gasto, el Estado debe emitir mas dinero y eso genera inflación”.

Por otro lado, Cacace consideró que “es real el peligro de hiperinflación porque la interanual está en 3 dígitos”. “Es claro que hay una aceleración de la inflación muy profunda y agosto ha sido el registro más alto desde 1991”, indicó.

Consultado por el cruce que tuvo con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, durante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del jueves afirmó que “es un desubicado”. “Él escondía la información porque creemos que es improvisado que se apruebe una ley sin un calculo sobre el impacto fiscal”.

Del mismo modo, cuestionó que “hicieron el adelanto de ciertas normas tributarias en el Presupuesto 2024”. A su vez, enfatizó que “Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, dio a entender que van a crear nuevos impuestos”.

“Rodríguez Saá creo caos político”

En los últimos días, trascendió que los legisladores de Juntos por el Cambio “quedaron encerrados con candados” en la Legislatura de San Luis tras no aprobar un proyecto del gobernador Alberto Rodríguez Saá que proponía convertir en contratos de trabajos a los beneficiarios de planes sociales.

Tras ello, muchas personas se autoconvocaron a la entrada de la Legislatura y bloquearon la salida. “Rodríguez Saá enfrentó a beneficiarios con legisladores”, señaló Cacace, y agregó que “rompieron ventanas y prendieron fuego la entrada de la Legislatura”.

“Los legisladores quedaron encerrados con candados por horas porque la policía no desalojo de inmediato a los manifestantes, tuvimos que presentar un habeas corpus y la justicia ordenó el desalojo”, relató el diputado.

Para finalizar, aseveró que “ha sido un acto de enorme irresponsabilidad del gobernador porque no lleva la transición como debe ser”, y concluyó: “Creó caos político porque vivimos una situación muy complicada”.

A pocas horas de su ingreso a la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda realizó este jueves la reunión informativa sobre el proyecto de ley enviado por el ministro/candidato Sergio Massa para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, permitiendo que sólo lo paguen los mayores ingresos. 

En un tratamiento exprés, el oficialismo buscará firmar el dictamen el próximo lunes a las 16 y llevar el tema al recinto un día después. Desde Juntos por el Cambio ya anticiparon que irán con un dictamen de rechazo, por lo cual será clave la definición de los otros bloques de la oposición.

En la reunión, en primer lugar, los funcionarios del Poder Ejecutivo defendieron el proyecto, al considerarlo un paso de “justicia tributaria” y “justicia social”, además de elogiar la postura histórica sobre este tributo que siempre mostró Massa. 

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, que un día antes estuvo defendiendo la iniciativa sobre “Empleo PyME”, resaltó que “el salario no es ganancia” y “si hay alguien que ha sido consecuente con este concepto es nuestro ministro de Economía, Sergio Massa. Es lo que él siempre ha pensado y expuesto respecto a esto”. 

Tras agradecer los “esfuerzos” de la dirigencia gremial por “explicarnos, convencernos y persuadirnos sobre esta necesidad”, la funcionaria dijo que para la propuesta se tuvieron en cuenta los “antecedentes legislativos”, como un proyecto presentado por Sergio Palazzo.

Olmos señaló que la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias “es como ir a cazar en el zoológico, es imposible para el trabajador eludirlo o excluirse de esa exposición”. 

“De 2015 a 2019 la participación de las y los trabajadores del sector privado en el producto bruto en Argentina cayó cinco puntos. Sin embargo, la población de trabajadores que estuvieron expuestos al impuesto a las Ganancias creció en dos veces y medio”, apuntó al recordar el incremento de quienes comenzaron a pagarlo durante la gestión de Mauricio Macri. 

“Este impuesto ha actuado de manera de desestimular el incremento de la productividad”, expresó la ministra y le pidió a los legisladores que “revaloricen lo que significa la negociación tripartita entre Estado, trabajadores organizados y cámaras empresarias como una columna central de la democracia argentina y de la paz social”. 

Agregó que los trabajadores “recibieron con alegría la posibilidad de sepultar definitivamente la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que ha sido un instrumento de la injusticia social”. 

Por su parte, el titular de AFIP,  Carlos Castagneto, recordó que “desde la salida de la denominada tablita de Machinea hasta el año 2011, aproximadamente el 10% del total de los empleados de este país, en relación de dependencia, llámese sector público y privado, pagaban impuesto a las Ganancias”. “En el año 2019 se incrementó a 2.500.000, esto es un 30% de los empleados registrados en todo el país”, indicó. 

“Es objetivo del Gobierno nacional trabajar en medidas que tiendan a asegurar la progresividad de los impuestos”, afirmó y detalló que, a partir de las distintas actualizaciones que se han hecho desde 2020, “se ha reducido en 700 mil contribuyentes” la cantidad de personas que pagan el impuesto. 

Sobre esto, precisó que en 2003 eran 496.331 los trabajadores alcanzados (9%); en 2015, 1.194.149 (12%); en 2020, 2.425.880 (30%); en 2021, 730.024 (8%); y en lo que va de este año, son 701.998 (7%). 

“Con esta propuesta solo pagarán 90 mil contribuyentes, que representan 0,88% de los empleos registrados en el país”, aclaró y enumeró que estarán excluidos del beneficio “los CEO’s, gerentes, directores de sociedades, puestos calificados, jubilados de privilegio y cargos políticos”. 

Sin mayores precisiones sobre cómo se compensará lo que se dejará de recaudar con este cambio, Castagneto expresó que “el Estado hace un esfuerzo importante en pérdida de recaudación, pero se ve compensada con el impuesto PAIS y con otras medidas que vamos a tomar con respecto a Ganancias, que van a ser presentadas en la próxima ley de Presupuesto”. En ese sentido, anunció que la “ley de leyes” vendrá con “una separata”. 

En otro momento de su exposición, resaltó que “en el último mes la recaudación superó holgadamente la inflación interanual. Hemos tomado mecanismos dentro de la AFIP donde hemos mejorado la recaudación de IVA y estamos mejorando mucho la recaudación del impuesto PAIS”.

“Consideramos muy importante un debate rápido; es un reconocimiento muy importante para los trabajadores”, afirmó el funcionario, que pidió “ser justos y equitativos, que paguen los que tengan que pagar. Con este proyecto estamos haciendo una justicia tributaria y justicia social para los trabajadores”. Además, sumó que “en las grandes empresas también debemos analizar cómo se debe pagar el impuesto a las Ganancias”. 

A su turno, Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, quien hizo un repaso técnico de la iniciativa y remarcó “la objetividad de esta gestión y del ministro que, no solo en esta ocasión, sino que ya lo ha manifestado en distintas oportunidades de que el salario no es ganancia”.

A continuación, enfatizó que esta es una medida que viene en estudio “hace meses” en distintas reuniones con los gremios: “Estuvimos trabajando para atender las necesidades de cada sector, no hicimos ninguna diferencia”.

Respecto del proyecto, hizo eje en el impuesto cedular y explicó que “no es ningún impuesto nuevo, estamos dentro del impuesto a las Ganancias, pero lo que hacemos es otorgar un tratamiento diferente a rentas que son diferentes a las que son originadas en salarios”. “Este esquema cedular consiste en establecer un mínimo no imponible específico de 180 salarios mínimos, vitales y móviles”, apuntó y añadió que “tenemos que ir por un tratamiento aún más equitativo e igualitario que respete la capacidad contributiva y por eso vamos por un mínimo no imponible que significa que hasta 180 salarios mínimos, vitales y móviles ningún trabajador en relación de dependencia va a tener que pagar el impuesto”.

“Superado ese importe solamente va a tributar por la diferencia por el excedente y ese excedente va a ser sometido a una tabla específica del impuesto a las Ganancias expresadas en salarios mínimos, vitales y móviles que tienen alícuotas desde el 27% hasta el 35%. Son 1.770.000 pesos por mes, aquellos que superen el importe van a tributar por la diferencia, el impacto del impuesto a las Ganancias va a ser inferior al 4%”, amplió.

Balestrini remarcó que “quienes están excluidos de este tratamiento justo para trabajadores en relación de dependencia son de secretarios de Estado en adelante, legisladores que van a seguir tributando por el régimen general, todo lo que es el Poder Judicial y directores de sociedades anónimas y socios gerentes de SRL”.

“No es un capricho ni una discriminación, el tema es que en este caso tienen distintos tipos de ingresos, al menos tres, por un lado; tienen, si son socios, un beneficio de distribución y utilidades; también tienen o no horarios por la tarea que realizan y sueldos, y casualmente del recuento que hicimos con AFIP esos sueldos están topeados con el mínimo exento y no se sabe si están vinculados a una tarea desarrollada o un reparto de utilidades encubiertas. Entendemos que tiene otro tipo de sentido esta retribución, que puede ser a través de honorarios y entendemos que es una renta que no puede tener un tratamiento específico y privilegiado”, aseveró la subsecretaria.

Sobre las adecuaciones que tiene que ver con el bono por productividad y la exención en el aguinaldo, la funcionaria afirmó que “eso no tiene modificación, y para evitar que exista un perjuicio en cuanto al impacto tributario, lo que hicimos es adecuar la legislación para que la compensación en alguna categoría que, puede tener quebrantos, y como la ley permite la compensación de quebrantos lo que hacemos es aislar este esquema cedular para que no haya afectación de quebrantos al esquema”. 

“Estamos eliminando los mínimos exentos que ya no tienen sentido y dejan de tener justificación porque las rentas ya tributarían por el esquema cedular. Este esquema cedular, cuando hablamos de determinar estos 180 salarios, y los determinamos en función al salario bruto gravado porque hoy tenemos exenciones vigentes que tienen que ver con la productividad y las horas extras, y por lo cual si son exenciones no forman parte de la base cuando se calculan el tope de 180 salarios mínimos, vitales y móviles”, ahondó.

Por último, Balestrini defendió: “Este proyecto no es un trabajo de un mes, es algo que viene hace tiempo porque hay un objetivo y un justificativo de que el salario no es ganancia”.

Con la presencia de funcionarios y la intención oficial de proceder a la firma del dictamen ese mismo día, se reúne este miércoles a partir de las 15.30 la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja para tratar el proyecto de Sergio Massa conocido como “Emplea PyME”.

Se harán presentes la presencia de la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos; el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini.

La intención es dejar listo el proyecto para ser tratado en el recinto en una próxima sesión, cuya fecha aún no ha sido definida.

El proyecto del ministro de Economía viene teniendo un raudo trámite, con tono de campaña. Fue anunciado el lunes 4 de septiembre por Sergio Massa durante la reunión para juntar fondos para la campaña; detallado dos días después durante una entrevista que concedió a C5N, y presentado formalmente al día siguiente.

Qué dice el proyecto

La iniciativa contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% para PyMEs en los casos de contratar a alguien que no percibe planes sociales, a alguien que sí y a un joven entre 18 y 25 años que acceda al mercado laboral por primera vez.

Tiene dos beneficios: el primero, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia del presente, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador. Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan, de manera gradual, a los Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en trabajo formal que respeten un criterio de representatividad federal, o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los y las jóvenes que ingresen a este por primera vez.

Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

El proyecto contempla también un esquema de regularización de situaciones laborales no registradas. Por ejemplo, se permite el goce de ciertos beneficios para regularizar relaciones laborales iniciadas con anterioridad al día de publicación de esta norma.

De esta manera, el régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.

La iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales. Por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART. Asimismo, el trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios).

También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone “un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias”, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo con esto, la empresa podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberada de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

El régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.

La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la presente ley.

El trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

Funcionarios del Poder Ejecutivo defendieron este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de ley enviado por el Gobierno sobre blanqueo de capitales, en el marco del acuerdo de intercambio de información financiera firmado con Estados Unidos el año pasado. 

La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda arrancó solamente con la presencia de legisladores oficialistas. Luego se sumaron solo cuatro miembros de Juntos por el Cambio. Más temprano, los opositores habían participado de un encuentro con Patricia Bullrich. 

Durante las exposiciones del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director de Aduanas, Guillermo Michel, se hizo circular el proyecto para su dictamen, pero cuando la oposición llegó se cuestionó ese accionar y, explicación mediante, el presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció que la semana próxima se convocará a una nueva reunión para sacar despacho. 

La palabra de los funcionarios

Al exponer sobre la iniciativa, Castagneto señaló que “la herramienta que presentamos, de carácter voluntario y excepcional, habilita por 360 días la declaración de tenencia de moneda nacional e internacional, que esté en el país o en el exterior, además de activos financieros, bienes muebles e inmuebles”. 

El responsable del ente recaudador consideró que esta es una norma que “el momento institucional y político requiere”, y mencionó que “quienes declaren podrán acceder a una alícuota impositiva especial que va modificándose a medida que vayan ingresando a través del tiempo”, mientras que a quienes no lo hagan “se les van a aplicar las normas vigentes” de sanción. 

Además, resaltó que lo obtenido por el blanqueo será “destinado a la realización de viviendas y obras públicas en todo el país, como así también para fortalecer el Tesoro Nacional”. “Las grandes maniobras de evasión fiscal atentan contra la gobernabilidad y democracia”, subrayó y observó que “la democracia que está cumpliendo con 40 años se enfrenta con intentos desestabilizadores y de recetas que nos llevaron a un pasado muy oscuro de nuestra historia”. 

“Desde todos los sectores del Estado debemos dar la discusión de lo que hay que hacer: trabajar para una Argentina mejor, defendiendo los derechos de los sectores mayoritarios de nuestro país, de los trabajadores”, dijo en tono electoral Castagneto, quien es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. 

En su alocución, el funcionario detalló que, a través de la OCDE, “Argentina mantiene intercambio de información con más de 108 países, que aportan a la AFIP la base de datos de argentinos que mantienen cuentas en esas jurisdicciones”. De esos informes se desprende que “un 45% de los casos resultan con desvíos significativos o inconsistencias”. “Argentina es tomada como ejemplo por el resto de los países de la OCDE en el uso del cruce de las cuentas y las bases de datos”, indicó. También informó que solo en julio de este año se han detectado “222 casos con desvíos e inconsistencias que alcanzan la suma de 116 mil millones de pesos”. 

A su turno, Michel ponderó que “la política de transparencia fiscal internacional ha atravesado a todos los gobiernos y es algo que debemos seguir sosteniendo entre todo”. “Es una política de Estado y la AFIP lo tomó como una cuestión de suma importancia a partir del año 2008, con la crisis de Lehman Brothers, que cambió el mundo financiero”, insistió. 

Sobre el acuerdo que se firmó el año pasado con Estados Unidos, remarcó que “es una política que se inició en 2016, (Alfonso) Prat-Gay era ministro de Economía”. Pero lo que se busca ahora es “hacer el intercambio a nivel masivo” para que “se pueda obtener por grupos de contribuyentes”. “De muchos argentinos que comparten una cuenta bancaria como apoderados o una sociedad como accionistas, esa información ya se está obteniendo”, precisó. 

El director general de Aduanas anticipó que a partir de septiembre se va a “obtener de manera masiva el paquete de datos de cuentas en el exterior” y, en ese marco, defendió: “Esta ley no la necesita esta administración, este Gobierno, sino como política de Estado la necesita la Argentina”. 

“Lo que presentó el Poder Ejecutivo no es algo nuevo ni novedoso”, sostuvo y recordó que hubo leyes de blanqueo en 1987, 1992, 2008, 2013 y la más reciente en 2016, bajo la gestión de Cambiemos. Sobre este último, apuntó que fue “la ley que más se discutió y que mejor esquema de recaudación tuvo, gracias a que Argentina comenzó a contar a partir del año de 2011 con todos los acuerdos de información que entraron en vigencia de manera plena y efectiva, y en el año 2015 es que se pudo obtener esta información”. 

Michel agregó que en 2021, en la ley de incentivo a la construcción, también se contempló en un capítulo un blanqueo “de similar naturaleza”. 

Además, el funcionario expresó que “después de la pandemia se han impulsado en muchos países estos regímenes de exteriorización”. “No es un régimen novedoso, pero esto tiene una particularidad y una razón de ser. El acuerdo con Estados Unidos va a cambiar la matriz tributaria de nuestro país, va a generar una expansión de la base imponible para Bienes Personales y Ganancias muy importante, estimamos en no menos de 90 mil millones de dólares para el año que viene, que va a ser de cuentas de argentinos que están en el exterior”, resumió. 

Al momento de las preguntas, la diputada del Pro Germana Figueroa Casas dijo que le “llamó la atención que no esté incluida la posibilidad de una moratoria” como en otros casos, y cuestionó que “cuando se habla de beneficios para los cumplidores se delegan (en el Poder Ejecutivo) los beneficios, y eso es una potestad nuestra”. “No me parece que el Ejecutivo pueda decidir perdonar deuda o bajar en materia tributaria. Pero además creo que nuevamente un blanqueo, dando beneficios a los que están fuera de la ley, va a perjudicar a los que pagan”, enfatizó.

Castagneto le respondió que en los blanqueos “siempre se permitió al Poder Ejecutivo reglamentarlo” y así se vio en el gobierno de Mauricio Macri, cuando “tomó más atribuciones de las que correspondían, porque en ninguna parte se permitía a familiares”, algo que se judicializó luego. 

“Nosotros respetamos mucho a los cumplidores. Se ha firmado otro plan de pago de 84 cuotas para deudas impositivas y en el tema de seguridad social, un plan de 48 cuotas”, sumó el titular de la AFIP. 

En tanto, Michel contestó: “Entiendo su punto y es atendible, pero entendemos que cumple con el artículo 76 de la Constitución”. 

Discusión sobre la firma del dictamen 

Luego de las exposiciones de los funcionarios, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, aclaró que se había convocado a una “reunión informativa” y, ante el anuncio de Heller de que ya “25 diputados” habían firmado el dictamen, el opositor se quejó: “No es una manera correcta y adecuada de trabajar”. 

“Un dictamen es una previa y siempre hay posibilidades de seguir discutiendo, y hasta el tratamiento en el recinto, lo hemos hecho infinidad de veces que se han incorporado cambios o modificaciones. No implica que no se pueda seguir trabajando”, argumentó Heller, a lo que López contestó que esperaban al menos otra reunión. 

Luego el presidente de la comisión admitió un “error administrativo” en la convocatoria y le dijo a los legisladores de Juntos por el Cambio que como “no hay una inminencia de tratamiento” podían presentar un dictamen de minoría hasta el miércoles que viene. 

Sin embargo, más tarde, ante un nuevo intercambio, Heller anunció que la semana próxima se citará nuevamente para dictaminar. “Pese a tener el número y el dictamen, esta Presidencia va a volver a convocar a una nueva reunión, porque este es un tema de enorme importancia y por lo tanto no queremos que haya ningún resquicio para que nadie pueda decir que alguna cosa no se cumplió”, cerró. 

Puntos principales del proyecto

El proyecto, enviado el pasado 5 de junio, titulado “exteriorización del ahorro argentino”, permite la declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros (incluye criptomonedas), bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes, incluyendo créditos.

La alícuota que se aplicará cuando exista repatriación será -sobre el monto exteriorizado- de un 5%, desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos; de un 10%, hasta 240 días después; y de un 20% para los declarados entre los 240 y 360 días desde que se haya puesto en marcha.

“Si el o la declarante de los fondos efectuara la repatriación de activos financieros del exterior, se los someterá a igual alícuota a la que se encuentran alcanzados los bienes del país, en tanto si no verificara dicha repatriación quedarán alcanzados por una alícuota diferencial incrementada”, aclara el proyecto. De esta manera, en caso que los bienes no se repatrien, las alícuotas irán del 7,5% al 22,5%.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de declaración”, con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta USD50 mil.

Para acceder al régimen simplificado, la declaración voluntaria de la tenencia requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado. De esto quedarán excluidos aquellos contribuyentes que fueron alcanzados por el Aporte Extraordinario.

Quienes ingresen al blanqueo quedarán liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar: impuesto a las Ganancias, impuestos internos y al Valor Agregado, impuesto sobre los Bienes Personales y de la contribución especial de cooperativas.

En cuanto a las exclusiones, no podrán blanquear aquellos que desde el 1ro. de enero de 2010 se hayan desempeñado en la función pública, como tampoco cónyuges, convivientes, padres e hijos de ex y actuales funcionarios.

El proyecto de ley sobre exteriorización del ahorro argentino finalmente comienza a ser tratado en Diputados. Será en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, convocada para este jueves a las 12 en el Anexo C de la Cámara baja.

Fueron invitados Claudia Fabiana Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos y Guillermo Michel, director general de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Se trata de un blanqueo de capitales que viene de la mano del acuerdo con Estados Unidos para revelar información sobre depósitos argentinos en ese país.

El proyecto siempre figuró en la grilla de las expectativas del ministro de Economía, Sergio Massa. Lo admitió él mismo, cuando dijo a fines del año pasado que esperaba su tratamiento en extraordinarias. En rigor, él hubiera querido/necesitado que saliera en diciembre, pues el texto en cuestión incluía fechas de vencimientos como si se tratara de una ley ya vigente a partir del 1° de enero. Sus primeros vencimientos operaban a fines de marzo pasado.

Pasaron extraordinarias y el proyecto no fue presentado sino hasta el 5 de junio de 2023.

El 8 de agosto, durante una entrevista, Sergio Massa responsabilizó a la oposición por frenar la norma que compensaría en términos de recaudación, según dijo, lo que se perdió con la sequía. “En la Argentina hace 8 meses que duerme en el Congreso una ley que compensaría en términos de recaudación todo lo que perdimos de la sequía, que es la ley de blanqueo, con suministro de información de quienes tienen cuentas en Estados Unidos, por parte del Gobierno de Estados Unidos”, aseguró.

Massa añadió esa vez que “tenemos el acuerdo firmado, pero vaya a saber uno por qué razón la oposición no quiere votar esa ley que es la que nos daría en detalle con nombre y apellido quiénes tienen cuentas en Estados Unidos. Eso no solamente es malo porque hace sentir un tonto al que paga impuestos todos los días, sino que además es malo porque le quita al Estado argentino casi 5.000 millones de dólares por año”.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre blanqueo de capitales está dirigido a personas físicas, sucesiones indivisas y empresas. Quienes se acojan al régimen tendrán alícuotas de pago de un impuesto especial de entre 5% y 20%, y será mayor en caso de que los bienes declarados no se repatrien.

La iniciativa, titulada “Exteriorización del ahorro argentino” se enmarca en el acuerdo entre el ministro de Economía, Sergio Massa, el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, sobre intercambio de información financiera.

En el texto final se eliminó el capítulo referido a la figura del colaborador.

De acuerdo con el proyecto, que ya recibió numerosas críticas por parte de la oposición, se permite exteriorizar tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros (incluye criptomonedas), bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior, incluyendo créditos.

El senador nacional Daniel Bensusán (FdT) estuvo reunido con el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, con motivo de dialogar sobre el proyecto de ley presentado por el pampeano que propone modificaciones que alivien la situación de entidades sin fines de lucro, MiPyMEs y pequeños contribuyentes que afrontan moratorias.

“Fue un encuentro muy positivo, porque se pudo acceder a la máxima autoridad en cuestiones impositivas para presentarle la iniciativa en beneficio de pequeños contribuyentes que pagan moratorias y que a partir del 30 de abril vieron aumentados, hasta en tres veces, el monto de las cuotas que venían pagando”, señaló el legislador.

El proyecto busca reformar la Ley N° 27.653 de Alivio Fiscal, que fue votada durante la pandemia, estableciendo medidas para acompañar a los pequeños contribuyentes a través de moratorias a intereses accesibles, pero con vencimiento en marzo del corriente año. Quienes tienen cuotas que pasen del 1ro. de abril, vieron notablemente incrementado el monto de esos intereses.

“Lo que en un momento fue una medida paliativa no puede transformarse en un castigo. Menos aún cuando hablamos de pequeños contribuyentes, MiPyMEs y entidades sin fines de lucro. Por eso nuestra preocupación, que se la planteamos al administrador Castagneto”, agregó el senador.

Bensusán resaltó: “Todos los días tomamos contacto con personas que están identificadas en estas categorías, con emprendedores, titulares de empresas familiares pequeñas, y con las entidades sin fines de lucro, que encima realizan acciones solidarias y llegan a lugares donde a veces tiene dificultades de acceder el Estado”.

“Desde el Congreso de la Nación se puede hacer un aporte importante para garantizar que este motor productivo y social de tanta importancia para Argentina pueda seguir desarrollando sus tareas, por eso somos optimistas en que se podrá llegar a lograr alguna medida que contemple la situación”, finalizó.

Pasadas las 21 de este miércoles, la extensa jornada de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja entró en su parte final, decidiéndose que las exposiciones de los últimos dos funcionarios se hiciera de manera conjunta, sobre todo teniendo en cuenta que AFIP y Aduana son dependencias afines. Así, Carlos Castagneto y Guillermo Michel, titulares de esos organismos, respectivamente, expusieron juntos y luego los diputados formularon las preguntas.

Arrancó el exdiputado nacional Castagneto, quien planteó la importancia del sistema tributario para promover las políticas públicas. “La AFIP se encuentra ante un gran desafío: asegurar un desempeño recaudatorio que contribuya a cumplir con la reducción del déficit fiscal”.

El funcionario planteó estimaciones de recaudación que prevén un crecimiento del 78,8% en términos nominales, 35 billones de pesos, con una presión tributaria que se mantiene estable. “Hoy estamos en el 23,95%, pensando en una estimación para el año que viene en el 23,77%”, señaló y agregó que “los tributos que aumentarán levemente son aportes y contribuciones, ya que se prevé un aumento en los puestos de trabajo formales, y un aumento en la masa salarial en las distintas paritarias que se están trabajando, como así también una ascendente registración laboral a partir de la salida de la pandemia”.

Destacó que esa mayor recaudación se logrará a partir de la reducción de la evasión; en el impuesto a combustibles al corregir el atraso de las sumas fijas, con estimación de mayores litros vendidos. También con créditos y débitos por el aumento de las transacciones grabadas.

Asimismo se espera un aumento de la recaudación del impuesto a las ganancias.

Castagneto agregó que “aportes y contribuciones de la seguridad social”, se estima que se incrementarán en 2023 por la mejora en niveles de empleo y acciones que lleva adelante la AFIP.

El titular de ese organismo habló en un pasaje sobre la omisión detectada de personal laboral. Con el pago de la ATP, contó que vieron que los aportes que hacían los empleadores no coincidían con las declaraciones que hacían en el libro de sueldo manual. “Por eso es tan importante el libro de sueldo digital; cuando ponemos el libro de sueldo digital no se puede omitir”, expresó.

En ese sentido señaló que muchas veces quien se jubila después de 30 años de aportes, los mismos no coinciden con los aportes declarados por los empleadores. Por eso se está tratando de incorporar esos datos en la aplicación Mi Argentina, de modo tal que allí puedan estar los últimos 30 años de aportes y uno no tenga que hacer trámites engorrosos cuando llega el momento de jubilarse. “Cosa que pueda verlo ahí y sea de mucha agilidad para iniciar su jubilación”, planteó Castagneto.

Al referirse a las irregularidades detectadas con fondos en el exterior, destacó el intercambio que se hace con otros países. “Pasamos de 38 países en 2016 a más de 100 en 2022. Esto es más y mejor información de argentinos que ocultan los bienes que poseen en el exterior”, advirtió Castagneto, que contó que “firmamos acuerdos con más de 119 países. El acuerdo nos va a permitir conocer en detalle las cuentas de argentinos en Estados Unidos. Estimamos como mínimo 100 mil millones de dólares sin declarar, entre cuentas financieras y propiedades”.

A continuación, el titular de Aduana, Guillermo Michel, habló sobre los casos de sobre y subfacturación en los que está trabajando ese organismo. Ya había adelantado algo Castagneto sobre la detección de operaciones de subfacturación, y en ese sentido mencionó las 28.000 operaciones de cerca de 715 empresas por 650 millones de dólares, “donde hemos detectado sobrefacturación en mercaderías tan disímiles que van desde máquinas de minar cripto, hasta guantes de látex, barbijos, bienes de capital, bienes de uso… o casos burdos, como chatarra, o plaquetas quemadas de video cuyo valor real era irrisorio, de 20 mil dólares, porque era basura, y se lo trató de girar a un millón y medio de dólares al exterior”.

“Más allá de la denuncia de la Argentina en sede penal, se pone a consideración del GAFI esa información, para la justicia norteamericana, para que avance sobre los accionistas en Estados Unidos. Porque la mayoría de las sociedades que se utilizan para triangular ese tipo de operaciones están ahí, que es uno de los pocos países con los cuales Argentina no tiene un intercambio de información masivo”, comentó Michel, que destacó la detección y denuncia también de operaciones de subfacturación de exportaciones cerealeras y oleaginosas.

“Pero también minerales”, comentó el titular de Aduana como hecho “novedoso para Argentina”. Citó el caso del litio. “Hemos aplicado una multa de más de 7 mil millones de pesos a una empresa que subfacturó la exportación de litio a su casa matriz del exterior”, comentó.

Michel agregó que “estamos reforzando el análisis de empresas que se crean para exportar, sobre todo productos derivados del agro, cerealeras, oleaginosas, y no liquidan las divisas. ¿Por qué lo hacemos? Porque evitan ingresarlas al país y liquidarlas al tipo de cambio oficial, y las traen por afuera del circuito y las liquidan en cripto o al valor del contado con liquidación. Hemos presentado varias denuncias”.

Se refirió también al caso de las cautelares que han presentado empresas y en las que esta administración pone especial interés. “En la Aduana tenemos recopiladas 4.495 cautelares con valores originales de mil millones de dólares”, advirtió el funcionario, que destacó que están haciendo un trabajo que requiere un análisis “paso a paso”.

Al respecto precisó que “hemos destacado en la mayoría de las cautelares que el elemento sustancial, que es el peligro de la demora que habilita al juez a otorgar la cautelar, no se verifica, porque toda la mercadería que se pidió importar vía cautelar está en stock desde hace un año o dos”.

Puso el caso de una empresa textil que había obtenido una cautelar por 128 millones de dólares, tras lo cual la empresa desistió de la cautelar. Detectaron también empresas que habían obtenido cautelares para importar neumáticos por 70 millones de dólares, que también desistieron.

“No ponemos en tela de juicio el accionar judicial -aclaró-. En todos los expedientes nos presentamos argumentando que hubo una estafa procesal por parte de las personas que accionan con la cautelar, que han engañado al juez, y que solicitamos que se revea la situación”.

A la hora de las preguntas, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntó si dado que la mayoría de las cautelares se presentan siempre ante los mismos juzgados, pensaban denunciar a esos jueces, pero Michel insistió en que “entendemos que hubo casos de estafa procesal, que el juez fue engañado”, pero se mostró dispuesto a aportar ante los legisladores datos por juzgado y secretarías. “Si están de acuerdo, los vamos a aportar”, cerró.

Y pasadas las 22, se dio por concluida la extensa jornada de exposiciones.

Las restricciones firmadas por el administrador de AFIP, Carlos Castagneto, que limitan en el servicio “puerta a puerta” hasta USD 1.000 y 3 unidades de cada categoría, niegan el potencial que la Economía del Conocimiento le ofrece a nuestra Industria Nacional. 

La industria 4.0 es el tercer sector exportador y genera miles de empleos y divisas para la Argentina. Es un dinamizador de la economía que crea empresas con nuevos e innovadores productos y servicios.  

El courrier, llamado “puerta a puerta”, es un modo de abastecimiento rápido, un mecanismo de importación simplificado, sin intervención de un despachante de aduanas que hasta ayer tenía un límite de 50 kg por envío y de hasta USD 3.000.  

Esta es una herramienta imprescindible para quienes hacemos desarrollos de prototipos de nuevos productos y producciones de baja escala. También lo es para los que necesitan un repuesto o parte en carácter de urgente.   

A tal punto es importante esta modalidad de abastecimiento que el CONICET puso en marcha una tarjeta de crédito de Banco Nación, para que los y las investigadores no deban hacer frente al costo del dólar turista cuando importan materiales. 

Hace no menos de 3 años que en distintos ámbitos vengo planteado la necesidad de segmentar el courrier entre bienes destinados a consumo (que afectan la industria nacional en el comercio local) y bienes destinados a producción (intermedios o materias primas). 

También planteo la necesidad de crear un registro de importadores que utilizan el sistema courrier de abastecimiento y que pertenecen al sector de la economía del conocimiento. 

Todo el sector espera la revisión inmediata de esta medida absurda. Quizás el pasado de Castagneto como arquero le permita recordar que los goles en contra te hacen perder el partido. 

En nombre de la agrupación kirchnerista Kolina Nacional, el diputado nacional (MC) Carlos Castagneto condenó las protestas de la Policía Bonaerense, reclamando que las mismas se realicen dentro de “los canales correspondientes”.

A través de un comunicado, advirtió que “la Policía Bonaerense rodeó a la medianoche, armada y rompiendo la cadena de mando, la residencia del gobernador Axel Kicillof, como forma de protesta y pedido de aumento salarial. Y agregó que este miércoles en varios distritos continúan acuartelados y descuidando sus funciones.

“Desde Kolina Nacional creemos fundamental que este pedido se realice por los canales correspondientes sin descuidar el protocolo de aislamiento actual, para no poner en riesgo la salud de lxs ciudadanxs”, señaló, para agregar luego: “Es necesario mencionar que esta situación se da luego de varias semanas en las cuales la institucionalidad está siendo cuestionada por quienes no aceptan la derrota electoral ni las decisiones de quienes gobiernan por mandato popular”.

El comunicado concluye adhiriendo a las palabras del presidente Alberto Fernández respecto de que “este conflicto no se resuelve andando en patrullas y tocando sirenas”, sino “con diálogo que es como nuestro espacio político lo hizo sostenidamente durante tantos años”.