Los diputados nacionales Carlos Heller y Leopoldo Moreau fueron los encargados de disertar en la sesión de Diputados de este miércoles en representación del dictamen de minoría presentado por el bloque de Unión por la Patria y denunciaron que con el proyecto de la ley ómnibus “se pretende beneficiar a las grandes corporaciones” y lo calificaron de “ensalada normativa inconcebible”.

El primero en hablar fue Heller quien, anticipadamente, pidió disculpas porque “con todos estos cambios quizás me refiera a alguna cosa que se sacó, pero uno prepara una intervención con las herramientas que tiene”.

Seguidamente, el economista denominó al proyecto “4M” en alusión a “Martínez de Hoz-Menem-Macri y Milei”, y explicó que “un denominador común es que todos propiciaron lo mismo”, y explicó que el lema de Martínez de Hoz y la dictatura fue “achicar el Estado y agrandar la Nación”, para Menem “todo lo que sea estatal será privatizado”.

“Macri dijo lo mismo y agregó que ‘Menem fue un gran reconstructor del país’ elogiando todas sus políticas de privatizaciones’. Milei dijo exactamente lo mismo y en una entrevista hace unos días dijo que ‘todo lo que podamos pasar al sector privado lo vamos a hacer. No sé si genera ganancia o valor’”, explayó.

Heller retomó los dichos de Milei durante su conferencia en Davos donde expresó que “el problema es que la justicia social no es justa porque no aporta el bienestar general. Es una idea intrínsicamente injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos que se cobran de manera coercitiva”.

Al respecto, el diputado de UP remarcó: “Quiero decir que la justicia social está incluida en la Constitución Nacional, por lo tanto, renegar de la justicia social es de alguna manera estar diciendo que se desconoce la Constitución”.

“Milei dijo que los fallos de mercado no existen y terminó haciendo un elogio a las grandes corporaciones. Se refiere al mundo diciendo que las estructuras concentradas de la economía son las que explicaron el crecimiento económico desde 1800 hasta hoy”, criticó el economista.

En tanto, manifestó: “Hay que decirle al presidente que en el 1800 ya estaba en desarrollo la revolución industrial, justamente con el nacimiento de las luchas populares, algunas de las cuales terminaron en las jornadas de ocho horas que sirvió para equilibrar y distribuir mejor los recursos que generaba esa revolución haciendo que no todo quedara en beneficio de los dueños de las empresas, sino que también los trabajadores recibieran la parte que les correspondía”.

“Entre 1800 y hoy hubo dos guerras mundiales, tuvimos la gran depresión del 30’ donde se inició el Estado de Bienestar que duró más de 40 años donde se desarrollaron un montón de políticas que están en las antípodas de esto que están planteando en este proyecto y que generaron un enorme crecimiento de la economía mundial, pero acompañada de una mejor distribución de los ingresos que ese crecimiento generaba”, informó.

“El presidente niega eso, y le dice a los grandes representantes en Davos ‘ustedes son benefactores sociales, son héroes, son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás se haya vivido’. Este pensamiento del presidente no es nuevo, ya que en una nota de hace unos meses dijo ‘lo que hace el contrabando es evitar el fisco, los contrabandistas para mi son héroes. Uno de mis grandes héroes’”, disparó Heller.

Así, denunció: “Queda claro entonces a quién se pretende beneficiar, según estos ideales a las grandes corporaciones. Ese es el espíritu que atraviesa a lo largo tanto del DNU como al proyecto Bases que estamos considerando”.

“Esto es contrario al interés y conveniencia de la sociedad. En un reciente informe del FMI el regreso de la política industrial dice que los países desarrollados contabilizan en conjunto 788 políticas de subsidios domésticos para impulsar el desarrollo de industrias, Estados Unidos es un ejemplo. 148 políticas de subsidios a las exportaciones, 111 barreras a la importación, 124 políticas de localización, 242 subsidios domésticos entre todos los países emergentes del mundo y 146 trabas a las importaciones”, precisó con datos el opositor.

En tanto, apuntó: “Es una falsedad esto de que eliminando las restricciones y abriendo los mercados va a venir la prosperidad, lo que va a venir es la ganancia para un grupo reducido de corporaciones de acá y del exterior que vienen por todas las riquezas que el país tiene. Esto de la libertad que se plantea es una puerta para que efectivamente eso suceda”.

“Respecto de la búsqueda del déficit cero” que plantea el gobierno nacional, el diputado subrayó: “al anunciar el retiro del paquete fiscal, el ministro Caputo dijo que el objetivo era poder aprobar el resto de la norma ya que lo más importante es la parte estructural de la ley ‛para cumplir con el déficit cero’ y dijo que ya que las medidas no se podían tomar por la vía de los ingresos se iban a tomar vía los recortes de los gastos”.

Heller detalló que “el déficit financiero de 2023 finalizó en el 6,1% del PBI, incidido con un 3,2% de intereses de la deuda, deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri”. “3,2% del 6,1% son principalmente intereses de la deuda”, puntualizó. Y en ese mismo sentido añadió: “El FMI estima una caída del 2,8% del PBI para este año. Si el PBI cae 2,8%, y teniendo en cuenta que la producción agropecuaria que había caído un 22% en el 2023 se va a recuperar, ¿cuánto va a tener que caer la industria? ¿Cuánto van a tener que caer la construcción, los servicios, para que se cierre con un 2,8% de caída del PBI?”.

“No se puede aprobar esto. De ninguna manera. Si las empresas de servicios públicos se privatizan y ponen precios de mercado, las tarifas van a ser inaccesibles y mucha gente no va a poder tener luz, agua, gas, ni ninguno de los servicios esenciales”, enfatizó el legislador.

En lo referido al traspaso de facultades que persigue el gobierno para poder endeudarse sin pasar por el Congreso, Heller señaló: “la eliminación de las condiciones que se habían puesto para que se pueda acceder a una refinanciación me parecen lesivas para el interés nacional”.

En el cierre de su intervención, el diputado de Unión por la Patria manifestó: “Esto no se puede aprobar, por eso nuestro bloque ha decidido el rechazo total en general y en particular, porque no hay cosas rescatables, porque el contenido a lo largo y a lo ancho de todo este proyecto es contrario al interés de las y los argentinos”.

También se expresó el diputado Leopoldo Moreau quien planteó que “es una irresponsabilidad estar tachando frenéticamente artículos”. “El gobierno está fabricando una crisis, provocando deliberadamente una hiperinflación para desvalorizar el peso. Con una inflación del 25% a desregulado todos los precios de la económica usando a la Argentina como un conejito de indias provocando un desastre social”, alertó.

Moreau enfatizó que “la responsabilidad del Congreso no es solo darle gobernabilidad al Gobierno, es darle gobernabilidad a la sociedad antes de que esto se transforme en tragedia. Nunca el Gobierno fue desafiado a la estabilidad democrática a renunciar expresamente a sus facultades como se pretende en la ley, aun poniendo a los diputados a incurrir en violar el artículo 29 de la Constitución Nacional”.

“Para justificar esta desmesura el Gobierno dice ‘tenemos el 54% de los votos’, una verdad incontratable. El Congreso tiene el 100% de los votos, no es cuestión de confrontar legitimidad, sino sentido común”, le enrostró el diputado de UP a los libertarios y señaló: “El presidente no puede ser rey de una colonia, tiene que ser presidente de una república y está representada en este parlamente le guste o no, lo dice la Constitución”.

En tanto, cuestionó que “se reclama una declaración de emergencia que abarca todas las temáticas, ahora no sé cuáles quedan estamos trabajando a ciegas. Esto se impuso mediante un trámite oscuro, desprolijo, se constituyeron solo tres comisiones que tuvieron que abarcar temas de diversa índole, fue una ensalada normativa inconcebible en un debate restringido”.

“Querían reformar todos los temas, Código Penal, Comercial, leyes ambientales, un delirio de alguien que  se encerró en estudios privados y empezó a decirles ‘trae lo que te interesa desregular que yo tengo los números para hacerlo ley’”, chicaneó Moreau y sumó: “A esto le agregan el DNU, no se conforma con facultades extraordinarias dadas por ley sino que suma un DNU, que ya tiene efectos, que tiene las viejas aspiraciones de los grupos más concentrados arrasar con los derechos de los trabajadores, con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.

Moreau alertó que “estamos en presencia de una regresión enorme. Parece que Milei quiere volver a 1910 con un modelo agroexportador extractivista que enriquecía a una minoría y empobrecía a los demás. Ese es el país al que se quiere volver”.

“Son libertarios, pero no creen en la democracia. Restringen la libertad a un solo aspecto que es el papel que el dan al Estado para reprimir. Este proyecto no tiene aspectos como desarrollo, progreso, inclusión social, fortalecimiento democrático, promoción del consumo. Resucitan la vieja consigna de la dictadura de achicar al Estado”.

Y remató: “Cuando agarramos este mamotreto que se parece al libro gordo de Petete encontramos una reforma al Código Penal dirigida a perseguir opositores”.

Las comisiones de Energía y Combustible, a cargo de Santiago Igón (FdT), y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller, realizarán a un plenario este lunes a las 15.30 en la Sala de Reuniones del 2º piso del Edificio Anexo “C” para dictaminar el proyecto de ley que crea un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL).

Esta iniciativa fue impulsada en mayo de este año y, además, está incluida en el temario de la sesión de la Cámara de Diputados para este martes.

El oficialismo, al igual que con el dictamen de la modificación del Impuesto a las Ganancias, volverá a tratar un proyecto en comisiones un lunes para poder votarla en la sesión del día siguiente.

El Régimen de Promoción del GNL

El proyecto de ley para la creación del Régimen de Promoción del GNL propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

El diputado nacional Carlos Heller (FdT) respondió a los pronósticos de la oposición, sobre que el 2024 no será un buen año y dijo: “El año que viene va a ser un mal año si ganan ellos. Si tenemos un gobierno con Sergio Massa presidente va a ser un buen año”.

“El año que viene va a ser un año normal del sector agropecuario y eso supone 20 y tanto mil millones más como mínimo de ingreso por ese rubro; y los 7 mil millones que este año teníamos de déficit energético lo vamos a dejar de tener”, señaló.

En diálogo con AM750, el oficialista aseguró que “el riesgo es el resultado electoral” ya que “si se hacen políticas que destruyen esto que trabajosamente se está tratando de encarrilar, es probable que el año que viene sea malo. Si ellos quieren resolver el problema con un plan antiinflacionario recesivo van a generar conflictividad”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda defendió que “el Gobierno viene tratando de contener los impactos negativos de algunas medidas que el propio Gobierno tomó en el marco de las exigencias del Fondo” como la devaluación del 22% que tuvo “un traslado a precios fenomenal, que inclusive no tiene nada que ver” con ese porcentaje.

Sobre las críticas de la oposición a las medidas tomadas por el Gobierno, Heller enfatizó: “¿Qué quiere decir ‘plan platita’? ¿Qué le estamos dando dinero a la gente? Y está bien, si es de lo que se trata. Te lo vulgarizan, lo ponen en un punto despectivo, cuando es tratar de darle más a la gente que necesita ganar más plata. ¿Cómo se le mejoran los ingresos a la gente si no le das más plata?”.

Respecto de los recientes dichos del expresidente Mauricio Macri sobre un eventual gobierno de Javier Milei, y el apoyo parlamentario que espera de Juntos por el Cambio le aporte, el legislador recordó que “las coincidencias entre Macri y Milei no son la primera vez que se expresan”.

“Infinitas veces Macri ha dicho que, más allá de los estilos, coincidía con Milei. Y Milei ha dicho que el único que rescataba de Juntos por el Cambio es Macri. Allí hay una potencial alianza en ciernes, que (Patricia) Bullrich sale a patear porque le juega en contra”, agregó.

Consiguió dictamen y quedó listo para ser debatido en el recinto de la Cámara baja el proyecto que crea el programa Compra sin IVA, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 22 de septiembre pasado. Desde el oficialismo se anticipó la intención de que el proyecto sea incluido en la próxima sesión de la Cámara baja y dejaron abierta la posibilidad de introducirle modificaciones “para mejorarlo”.

Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría que contiene una serie de correcciones que incluían una fecha de vencimiento para el presente año, a los efectos de no condicionar la política tributaria del próximo gobierno.

Todo sucedió en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se reunió este miércoles por la mañana y cuyo presidente, Carlos Heller, detalló inicialmente los alcances del programa, precisando cuáles son los beneficiarios que tendría el proyecto, y en qué casos se producen exclusiones.

Planteó cómo se hará el reintegro, cuál es la autoridad de aplicación y dejó abierta la posibilidad para que “de acá a la sesión sigamos trabajando y algunas cosas se resuelvan en el campo de la reglamentación”.

Concluido el detalle de los alcances de la propuesta, Heller sostuvo que el objeto de la propuesta “está claro y tiene que ver con toda una propuesta que intenta compensar el deterioro del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”. Recordó que ya había el Gobierno avanzado con un proyecto que alcanzaba a otro sector de la sociedad, como es el alcanzado por el impuesto a las Ganancias, y “en este caso se plantea la devolución para otro segmento que no está alcanzado por aquel beneficio, el sector de menores ingresos”.

En ese sentido aportó un dato clave: al 30 de septiembre ya habían accedido al beneficio 16.008.231 personas, por un monto de 25.300 millones de pesos de devolución. Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto sostuvo que el método de devolución aplicado “parece ser el método más indicado, porque permite segmentar y determinar a qué sector se beneficia y sobre qué tipo de bienes se aplica.

“Ha habido otros intentos en que el beneficio ha quedado en los tramos de la  intermediación y no le han llegado al consumidor”, agregó para terminar.

El dictamen de minoría

Al anticipar la presentación de un dictamen alternativo, el diputado nacional de Evolución Radical Alejandro Cacace contó que JxC había estado analizando la propuesta y coincidían en la aplicación de una medida que atendiera la “profunda crisis económica” y los efectos de “la fuerte aceleración inflacionaria en nuestro país y su perjuicio”. Pero más allá de coincidir en la necesidad de hacer una devolución, dijo, hay una serie de cuestiones que les preocupan del texto original.

Habló entonces de la necesidad de compensar la pérdida de  recursos que la aplicación de esta norma provoca. “Lo que termina pasando es que se profundiza la emisión monetaria para financiar el gasto público”, advirtió, por lo que dijo que “nos parece fundamental que haya una restricción sobre la capacidad del Tesoro de financiarse a partir de la emisión monetaria y la asistencia del Banco Central”.

“En el dictamen alternativo que estamos proponiendo vamos a incluir un artículo que dice: ‘Se suspenden las disposiciones contenidas en los artículos 20°, adelantos transitorios, y 38°, que el giro de utilidades de la Carta Orgánica del Banco Central y todo mecanismo de financiamiento del Banco Central al Tesoro’. No sigamos financiando el gasto público, demandamos una fuerte contención sobre esa capacidad de financiamiento del gasto del Tesoro. Esto es central dentro de la propuesta que estamos haciendo”, resumió.

En segundo lugar, sostuvo Cacace que en el contexto de emergencia vigente “entendemos que hagamos esta devolución a los sectores postergados”, pero aclaró que desde JxC no creen que sea responsabilidad del actual Gobierno fijar la política tributaria del próximo. El diputado puntano remarcó que el oficialismo había salido “tercero” en las elecciones PASO, “después de haber hecho más de 20 aumentos de impuestos” y que ahora pretendía fijar la política tributaria futura con leyes como esta.

Por eso propuso que “las disposiciones de la presente ley tengan efecto con las compras efectuadas hasta el 9 de diciembre de 2023 inclusive. En el mismo plazo disponemos la suspensión de las disposiciones de la Carta Orgánica a través de las cuales se financia el Tesoro Nacional”.

El tercer punto señalado por Cacace tenía que ver con los beneficiarios. “Nos encontramos con que la curiosidad es que haya personas que no son pobres y están beneficiadas; y que haya personas que son pobres y no están beneficiadas”, señaló, por lo que propuso incluir en el artículo 1° la situación de los informales. Tras remarcar que se pretendía mejorar la propuesta, el legislador de Evolución dijo que en el dictamen alternativo incluían a los trabajadores informales que serían determinados con el mismo criterio con el que el Gobierno los ha ubicado a través del pago de un bono.

“No tiene sentido que hagamos una ley para ayudar a los pobres y no incluyamos a los que sí lo son”, sintetizó.

Cuarto punto. “Cuando se hizo la resolución general 458, el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que ‘vamos a hacer la devolución a cargo del Tesoro y esto no va a afectar a las provincias. Todos los gobernadores se quedaron tranquilos entonces, pero cuando llegó el proyecto no decía nada”. Agregó que luego llegó el i nforme de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estableció un costo fiscal de 1,29 del PBI ya asumido por el Estado y se encontraron con que cambiaba la distribución del impacto fiscal, marcando que el mismo quedaba a cargo de las provincias. Cacace recordó que se lo había preguntado a Carlos Castagneto cuando concurrió a la comisión, y éste le dijo que “lo hacemos por ley para que las provincias paguen su parte”.

“No estamos de acuerdo”, enfatizó el diputado opositor, que reclamó “que se cumpla lo que dijo Massa y que esté a cargo del Tesoro”.

El quinto punto tiene que ver con “las facultades del Ejecutivo”. Sobre el tema, Cacace dijo que “no las compartimos así de amplias” y recordó que “los tributos son responsabilidad de este Congreso: modificarlos, eliminarlos, determinar las alícuotas”.

“Le han impuesto una facultad muy curiosa: fijar la magnitud del reintegro en hasta un 21%. Perfecto, pero cuando dicen ‘hasta’, le dan la facultad al Ejecutivo de que mañana pueda decir del 15%, 10%, 5%, o cero… ¿Vamos a aprobar una ley para que mañana el Ejecutivo diga no hay más ley, se terminó? Esa facultad de ningún modo puede estar. En nuestra propuesta la removemos”, explicó Cacace, que sí se mostró dispuesto a que se amplíen los medios de pago, incluyendo a las billeteras virtuales.

Intervino a continuación el preside Carlos Heller, para hacer una serie de observaciones. Dijo al respecto que ya hay  más de 16 millones de personas que usaron el beneficio “y supongo que es un número que es creciente y es  probable que queden sectores menores que tengamos que corregir y emprolijar, pero está claro el espíritu de este proyecto, que es absolutamente inclusivo”.

Respecto del primer punto, la ampliación del alcance del beneficio, el diputado del Frente de Todos dijo que tratarían de encontrar la manera de resolver el tema, pues “no hay una idea de excluir a ningún sector”.

A continuación, salió al cruce de la advertencia opositora sobre la emisión, vieja discusión en este Congreso sobre el origen de la inflación. Heller llamó a “terminar con un mito” y explicó que “en los primeros ocho meses (del año) la base monetaria cayó un 25,5% en términos reales”, por lo que “de ninguna manera la emisión ha sido generadora de la inflación, ha ido por detrás de la inflación”.

“No es en este caso la emisión monetaria la causa; es en todo caso una consecuencia”, remarcó, agregando que a él le gusta decir que la emisión “no es locomotora, es vagón; la inflación se produce por otros factores, discutámosla. Y los que quieren discutirla son los que generaron problemas como la convertibilidad. Tenemos que discutir por qué aumentan los precios, que aumentan como si fuera un fenómeno meteorológico independiente de la economía real”.

Otros cambios

La diputada del Pro Victoria Morales Gorleri pidió incluir en la norma a niños, niñas y adolescentes, no contemplados en ese proyecto. “Hemos recibido de Juan Facundo Hernández, el defensor adjunto de la Defensoría (del Niña, Niño y Adolescente) un alerta de que no estuvieran incluidos los programas de acompañamiento de jóvenes”, y citó casos como la reparación económica para víctimas de femicidios, entre otros. El dictamen de minoría los incluye.

También habló sobre el tema la diputada Carla Carrizo, que le puso cifras a esos programas, para dejar claro que no incluyen un universo tan amplio, y precisó que el programa SOS alcanza a 3.483 personas; la Ley Brisa a 1.048 y el programa Aunar a 150.

Desde el oficialismo, Itai Hagman aclaró que “es el Congreso el que fija la política tributaria, no el Gobierno”. Y advirtió que si desde la oposición presentaban un dictamen de minoría poniéndole fecha de vencimiento a diciembre de este año con el argumento de que “es un problema que sancionemos una ley que fija un programa para el año que viene. Tengo derecho a interpretar que ‘si ganamos las elecciones, este programa no lo vamos a implementar’… Las leyes no se hacen con fecha de vencimiento”.

El sanjuanino José Luis Gioja señaló por su parte que las provincias van a recaudar más, porque “al lado del IVA viene Ingresos Brutos”, y destacó que “la mejor compensación que tienen las provincias es que haya más justicia social reformando un tributo absolutamente regresivo, haciéndolo más progresivo”, en tanto que Juan Marino sostuvo que ese era un proyecto que debía salir “por unanimidad”, y pudiera establecerse un compromiso que dijera que se mantendría “gobierne quien gobierne”. De paso, manifestó su acuerdo para que se incluyera la propuesta de los beneficios para minos, niñas y adolescentes.

A su turno, Martín Tetaz no dejó pasar la oportunidad de contestarle a Heller sobre la emisión monetaria. Según el economista radical, si eso no tuviera ningún efecto, entonces “eliminemos el IVA directamente y ya está”. Luego advirtió sobre la desmonetización de la economía. “¿Sabe por qué cae la economía? Porque la gente está tratando de protegerse de ese signo monetario que está perdiendo valor. Pregúntele a (el diputado Sergio) Palazzo cómo evolucionaron los depósitos. Lo espoileo: solo 2% en términos nominales, contra una inflación de 12%. Se está hundiendo la demanda de dinero, pero se agrega la demanda de dinero para fines transaccionales”.

Agregó Tetaz que “muchos alquileres ya comienzan a fijarse en dólares” y en ese sentido dijo que “cada transacción que deja de hacerse en pesos y comienza a hacerse en dólares hace que sobren más pesos. Si se empieza a utilizar cada vez más dólares, le van a sobrar más pesos, aunque no los emita. Si la gente empieza a gastar, le van a sobrar, por eso la cuenta que le da”.

Y cerró el tema: “Si no tiene un Banco Central fuerte que retire los pesos, le pasa lo que está pasando ahora, que se acelera la inflación”.

Volviendo al proyecto, Tetaz justificó la intención de ponerle fecha de vencimiento a la ley en el hecho de que a partir del próximo gobierno –y dando por sentado que ese sería Juntos por el Cambio- anticipó que “vamos a cambiar toda la estructura monetaria de la Argentina a partir del 10 de diciembre, y va a estar regido a partir de los criterios que establece la ciencia económica. Y va a estar regido esencialmente porque se rompa lo menos posible la economía. No es bueno utilizar el sistema impositivo para hacer políticas públicas”.

Cerró el debate el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, quien valoró “la decisión política de nuestro Gobierno y nuestro ministro de Economía, instrumentada por la AFIP”. Que se traduce en que más de 16 millones de personas estuvieran teniendo reintegro del IVA. “Y más allá de todos os debates, esa es una cosa para reivindicar”, dijo, resaltando “el impacto no solamente en el bolsillo de los argentinos, sino también en los niveles de movimiento económico y facturación de los negocios que venden esos bienes a los que se aplican esos criterios”.

Con referencia al financiamiento de la ley, recordó que hay un “debate abierto” en torno al Presupuesto 2024 y en ese sentido aclaró que “el ámbito para que podamos profundizar ese debate es la discusión del Presupuesto”.

Mostró también disposición a incorporar determinados colectivos, pero aclaró que había que ver bien cómo instrumentarlo, para no terminar haciendo un artículo 1° amplio e inocuo.

Por último, se refirió al artículo 1°, inciso a, del proyecto, que incluye a “quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados a que se refiere el artículo 125 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones”. “No hay ninguna negación a jubilados de cajas provinciales no transferidas a la Nación; vamos a pedir que se explicite claramente para que llegue tranquilidad a todos los que nos preguntaron estos días”, concluyó Martínez.

Cerró la reunión Carlos Heller, quien se refirió puntualmente a ese último punto, anunciando que lo incorporarían con un texto que dice: “quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, nacional o de cajas provinciales no transferidasa a la Nación en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados a que se refiere el artículo 125 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones”.

“Es decir, estamos incorporando, para que no haya dudas, la interpretación del Ejecutivo, que no hacía falta, porque al no haber ninguna mención, estaban incluidos todos, pero ante la existencia de la duda, vamos a cambiar el texto del dictamen y vamos a ponerlo de esta manera”, aceptó Heller.

También mostró disposición a considerar en el transcurso de la semana los planteos referidos a “zona desfavorable”. “Hay razonabilidad en el planteo, vamos a analizar cómo debería redactarse, igual que otras cuestiones, como la de (Carla) Carrizo, y vamos a trabajar en esos temas tratando de consensuar”.

Antes de concluir, el presidente de la comisión destacó la presencia de los 49 integrantes de la comisión, lo que indicaba que la misma había “funcionado a pleno, 100%”, lo que daba cuenta de la importancia del tema.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, a cargo de Carlos Heller (FdT), y la de Legislación General, presidida por Lucas Godoy (FdT), convocaron a un plenario para este miércoles 4 de octubre a las 12.30 para tratar la modificación de la Ley de Alquileres que vuelve del Senado con cambios.

El 23 de agosto pasado, la oposición unida -excepto la izquierda y los libertarios- obtuvo la media sanción de la reforma de la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados.

En sus puntos centrales, las modificaciones a la media sanción que había salido de la Cámara baja consistían en: mantener el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establecer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización de los alquileres, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Lo que se mantuvo sin cambios fue la parte que prevé beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades.

La iniciativa aprobada establecía que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”.

En tanto, “para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

Además, el proyecto volvía a dos años el plazo mínimo legal de los contratos e incorpora una serie de incentivos para promover la oferta de viviendas en el mercado.

Sin embargo, el jueves pasado en la sesión especial del Senado, el Frente de Todos, aliados con Clara Vega, Alberto Weretilneck y 4 senadores de Unidad Federal, impuso su dictamen de mayoría con modificaciones y el proyecto vuelve a la Cámara baja.

Puntos centrales del proyecto que vuelve a Diputados

La modificación que el oficialismo impuso mantiene un plazo mínimo de locación de inmueble de 3 años; y para los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a seis meses.

En cuanto al índice de actualización, en vez de aplicar por partes iguales el índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), dispone que se aplicará el coeficiente Casa Propia, publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Las publicidades, a través de cualquier medio o plataforma, que incluya precios de locaciones de inmuebles deben realizarse en moneda nacional y para el cálculo de las indemnizaciones deberá tomarse como base el valor del mes de alquiler en el momento en que se entrega el inmueble. También, en la parte que expresa que no corresponde indemnización si la notificación al locador se hace con un mínimo de tres meses de anticipación, añade que el preaviso debe operar sus efectos luego de haberse cumplido seis meses de contrato.

Del mismo modo, la Secretaría de la Vivienda para garantizar el “Programa Nacional de Alquiler Social” deberá relevar y difundir información estadística sobre la situación de las locaciones con fin habitacional en la Argentina, identificando demanda locativa y cantidad de hogares inquilinos, y, sobre la demanda habitacional de alquiler social, beneficiarios alcanzados y las medidas adoptadas para su cumplimiento.

Sobre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes sostiene que la actividad de locación de inmuebles mediante contratos debidamente registrados se considera una sola unidad de explotación. También agrega que los ingresos provenientes de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo.

Establece las exenciones del gravamen sobre los créditos y los débitos en cajas de ahorro o cuentas corrientes utilizadas exclusivamente para operaciones relacionadas con locaciones de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos estén debidamente registrados.

Dispone que las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10 % del monto anual del contrato de locación.

Con la intención de avanzar con el dictamen sobre este tema -otro de los impulsados por el ministro/candidato Sergio Massa– fue convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda para el martes que viene a las 11 de la mañana. El proyecto a debatir es el enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 22 de septiembre, por el cual se crea el Programa Compra sin IVA.

El tema comenzó a ser debatido este jueves 28 de septiembre, con la presencia del titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el de Aduanas, Guillermo Michel, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, quienes dieron detalles del proyecto que busca r educir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria que adquieran las personas contempladas en la medida.

En ocasión de realizarse esa reunión informativa, el oficialismo se mostró dispuesto a escuchar sugerencias para hacer modificaciones, pero tal cual adelantó Germán Martínez, titular del bloque oficialista, era intención de ellos armar una nueva reunión para la próxima semana y, de ser posible, dictaminar ese día.

La idea del oficialismo sería incluir el tema en una próxima sesión, para la cual se está trabajando con fecha probable 10 de octubre.

El programa previsto en este proyecto está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

El programa dispone el reintegro de una proporción del monto de las operaciones que en carácter de consumidores finales abonen los sujetos definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR). También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

Uno de los objetivos prioritarios del Estado Nacional es la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con el fin de lograr una reducción sostenida de la pobreza.

Con el objeto de explicar otra de las medidas impulsadas en las últimas semanas por el ministro de Economía, Sergio Massa, se presentaron este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja nuevamente tres funcionarios: el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini y el director general de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Guillermo Michel. Los tres expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se crea el “Programa Compra sin IVA”.

Al cabo de la reunión, que se prolongó cerca de dos horas, y sobre el final el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, esbozó la posibilidad de tener una nueva reunión la próxima semana, “para dictaminar este tema”.

Poco antes había intervenido el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien habló del Presupuesto 2024, advirtiendo sobre las “separatas” del mismo y se quejó porque el ministro de Economía y el diputado Javier Milei “acordaron tratarlo después de las elecciones”. Carlos Heller negó que se tratara de “un acuerdo”, pero al respecto, Germán Martínez propuso ir avanzando con reuniones informales en las que se pudiera analizar el tema.

Asimismo se mostró disposición de parte del oficialismo para hacer las modificaciones que los diputados crean pertinentes sobre el proyecto Compra IVA.

La voz de los funcionarios

En el inicio de la reunión, el presidente de la comisión, Carlos Heller, destacó que acababan de recibir un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, con el cálculo del costo fiscal del proyecto. El mismo establece que el monto del reintegro será de 1,29% para el año 2024.

En su intervención, el titular de la AFIP recordó que este beneficio ya está en marcha y al día de ayer ya 10.700.000 personas habían recibido el mismo. “Esto significa que la medida ha sido correcta, con aceptación de la población -resaltó Castagneto-. Además de que a nosotros nos sirve que pidan el ticket. ES fundamental que utilicen el ticket porque nos da una trazabilidad de la comercialización”.

El funcionario recordó que los beneficiarios tienen que utilizar tarjeta de débito o código QR y al respecto pidió que carguen a través de la página de la AFIP un CBU, y que especialmente utilicen la cuenta sueldo y dio detalles de la manera como se va a instrumentar el beneficio a través de sus tarjetas.

Recordó que para los trabajadores formalizados, aquellos alcanzados por el beneficio son los que perciban no más de 6 salarios mínimo, vital y móvil.

A su turno, el titular de la Aduana dijo que el sistema elegido es el que en el mundo se denominan “IVA personalizado”. “Ya funcionó en nuestro país antes”, recordó, remarcando entonces que eso demuestra que se trata de “una política de Estado”, por cuanto en 2002 se probó un esquema para de alguna manera reducir el costo fiscal del IVA sobre la canasta básica alimentaria. Fue “con un esquema más simple, pero que no funcionó, que era la reducción de la alícuota”. Fue en tiempos en que Roberto Lavagna era ministro de Economía y “claramente no funcionó porque la baja de alícuota no se materializó por una reducción del costo impusitivo”.

En enero de 2003 se instrumentó un reintegro de 5 puntos del IVA para todas las compras con tarjeta de débito, menos combustible. “Funcionó muy bien hasta diciembre de 2016, cuando (el ministro de Economía Nicolás) Dujovne decidió cortar ese beneficio, que se reintegró en 2019”, recordó.

Michel sostuvo que el IVA es “un impuesto bastante sencillo de recaudar, pero tiene la dificultad de que es regresivo, porque no es como Ganancias: afecta tanto a las personas de bajo poder adquisitivo, como a las de alto poder adquisitivo”.

Informó entonces que la experiencia del IVA personalizado se ha realizado en el mundo y dio datos: “En Uruguay el IVA es del 22% y funciona allí la tarjeta Uruguay Social, que existe para los sectores vulnerables y el reintegro es automático. En Ecuador hay un reintegro para los discapacitados: se les devuelve el IVA automáticamente. En Canadá es muy parecido el sistema, es trimestral, contra la presentación de comprobantes. En Costa Rica es similar, y en Colombia, el último país que lo implementó, en 2020, alcanza a  un millón de hogares de menores recursos”.

Tras reiterar que el sistema hoy está funcionando “muy bien”, advirtió que están trabajando con aquellas provincias que no transfirieron las cajas a la Nación. “Muchas no están cumpliendo con la obligación de informar sobre los usuarios y por eso les estamos pidiendo que nos faciliten la lista de jubilados y empleados, para poder cumplir con el reintegro. No es cuestión nuestra, sino que los ministros de Economía (de las provincias) no nos han aportado la información”.

A su turno, la subsecretaria Claudia Balestrini destacó el objetivo de la medida, que “tiene que ver justamente con eliminar este impacto que puede tener la carga tributaria sobre el ingreso disponible, y permitir así aumentar la capacidad de consumo de determinados sectores. Por eso nos enfocamos en lo que es la canasta básica alimentaria”.

“El impuesto al consumo en cualquier lugar del mundo tiene una característica regresiva, y consideramos que si bien en los últimos años se fueron instrumentando distintos regímenes, este proyecto pretende que se instale como una verdadera política pública que atienda a los sectores cuyos ingresos son más dedicados al consumo”, agregó Balestrini, quien enfatizó que “este reintegro lo que soluciona es un problema de regresividad, como cualquier impuesto al consumo”.

La funcionaria remarcó que se trata de “un proyecto muy simple, con instrumentación transparente”, y detalló los sectores alcanzados: jubilados y pensionados que perciban como mínimo seis haberes mínimos. “Hoy estamos con un valor actual de 524 mil pesos”, precisó.

También alcanza a empleados en relación de dependencia, que perciban hasta seis haberes mínimos vitales y móviles, que a valor actual sería 704 mil pesos. Además perciben el beneficio quienes perciban AUH, asignación por maternidad y quienes estén como empleados de casas particulares.

Asimismo los que cuenten con Tarjeta Alimentar y Potenciar; también los monotributistas, sin importar la categoría. Hay excepciones, aclaró, como aquellos que se desempeñan con cargos públicos o sean directores de sociedades. También hay otras exclusiones que son generales: aquellos contribuyentes que perciban ganancias que estén sujetas a impuestos o aquellos que aporten al SIPA.

Balestrini destacó también que hay una facultad de ampliar el universo de contribuyentes.

Por último, precisó que el reintegro es hasta un 21%, siendo el límite actualmente de 18.800 pesos, aunque aclaró que en el proyecto de ley es del 21% de lo que sería la canasta básica alimentaria, con un valor actual de 23.000 pesos. Además, planteó que en el proyecto se incluyen las tarjetas de débito y también las de débito.

Ante la consulta de diputados de la oposición, Carlos Castagneto destacó las medidas tomadas por el Ministerio de Economía en los últimos tiempos, asegurando que a partir de ellas “la recaudación ha aumentado considerablemente, en función de que a partir de la aplicación de este sistema “Compra sin IVA” los supermercados o comercios de cercanía van a facturar mucho más.

Asimismo tiende esto a evitar la economía informal, e hizo votos porque en algún momento futuro todas las transacciones se hagan vía tarjeta. Aseguró que se están haciendo negociaciones para que las billeteras virtuales también se adapten al sistema y adelantó que se está trabajando en un proyecto de ley que alcanzará a aquellos monotributistas que al pasar de la última categoría caen en autónomos.

Por su parte, Claudia Balestrini informó que el costo fiscal determinado por la Oficina de Presupuesto del Congreso “es un cálculo de máxima, teniendo en cuenta el uso pleno del beneficio de todos los alcanzados. Siempre es importante en estos casos analizar el supuesto teórico, considerando el uso pleno. Ojalá se utilice cada vez más el beneficio”. Y concluyó: “Este punto del PIB va a ser menor por la compensación por la mayor venta que se va a registrar”.

Desde la oposición, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) expresó su coincidencia con Guillermo Michel respecto de que “cuando uno reduce la alícuota lo hace para todos los sectores, por lo cual terminan dando un beneficio para los que no lo necesitan”, y en ese sentido propuso focalizarlo en quienes más lo necesitan. Por ejemplo, “devolverle el IVA entero” a esos sectores, cosa en la que coincidió sobre el final el diputado oficialista Juan Marino (Bloque Piquetero).

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Heller (FdT), convocó a una reunión informativa para este jueves 28 de septiembre a las 11 y así dar inicio al debate del proyecto enviado por el ministro/candidato Sergio Massa sobre la creación del Programa “Compra Sin IVA”.

Fueron invitados el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Ballestrini y el director general de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Guillermo Michel.

El proyecto beneficiará a quienes  perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

El programa dispone el reintegro de una proporción del monto de las operaciones que en carácter de consumidores finales abonen los sujetos definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR). También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

Uno de los objetivos prioritarios del Estado Nacional es la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con el fin de lograr una reducción sostenida de la pobreza.

El proyecto establece como finalidad la de mejorar el ingreso disponible y consecuentemente la capacidad de compra de los sectores más vulnerables, quienes destinan al consumo de bienes de primera necesidad la totalidad o gran parte de sus ingresos.

El proyecto lleva las firmas del ministro Massa, como así también las del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y considera que los impuestos indirectos tienen un alto impacto en quienes destinan al consumo la mayor proporción de su ingreso. De ahí que la propuesta busque disminuir ese efecto, teniendo en cuenta que se trata de sectores de menores ingresos, atenuando claramente la regresividad del sistema.

“Es esencial que esta medida se complemente con una mayor transparencia y formalidad del sistema, previendo entonces la utilización de medios de pago como tarjetas de débito o crédito, así como la posibilidad de incorporar otras formas de pago”, señala el proyecto, que invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables.

El proyecto consta de 9 artículos y prevé como exclusiones para aquellas personas que estarían alcanzadas por el beneficio cuando se verifique que perciben otros ingresos que estén gravados en el impuesto a las Ganancias, o estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual previsto en el programa no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria.

La AFIP establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario y/o su grupo familiar.

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Tras la aprobación del proyecto sobre Ganancias, la Cámara baja avanzó en la sesión de este martes con otra iniciativa enviada por Sergio Massa, referida en este caso al “Empleo PyME”, que plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales para nuevos puestos de trabajo y beneficios para las empresas que blanqueen a sus empleados.

La iniciativa cosechó 130 votos afirmativos, 3 negativos -correspondientes a los diputados de izquierda Myriam Bregman, Romina del Pla y Alejandro Vilca- y 63 abstenciones. Juntos por el Cambio, tal cual solicitó Cristian Ritondo antes de la votación, se abstuvo.

Como miembro informante, el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, abrió la ronda de debate al precisar los objetivos del programa de fortalecimiento de empleo mi pyme: “Fomentar la contratación formal de trabajadores, es decir lograr un nivel de crecimiento y actividad privada, en particular jóvenes; formalizar el trabajo que no está registrado; impulsar la transformación de los que hoy son beneficiarios de programas sociales en trabajo formal, registrado y privado”.

“La informalidad se concentra principalmente en las micro empresas. De acuerdo a la información que se nos presentó hoy en día en las empresas de hasta 5 trabajadores hay algo menos de 75% de informalidad. En las de entre 6 y 40, hay un 35%. Entre las de 41 y 100 hay un 15%, y en las de más de 100 un 12%”, precisó Heller y señaló que el proyecto hace foco en las unidades productivas de hasta 5 trabajadores principalmente, pero indicó que “también alcanza a las medianas y grandes empresas cuando se trata de la contratación de nuevos empleados que poseen planes sociales”.

En ese sentido, Heller sostuvo que hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla el proyecto porque “estamos apuntando a incorporar, y solo tiene el régimen valor, cuando se trata de incrementar la cantidad de trabajadores”.

Entre los beneficios de contratación de empleo incremental, los empleadores como condición no tendrán que registrar obligaciones previsionales que sean líquidas y exigibles pendientes de pago, el plazo de la reducción de las cargas patronales se extendería a 24 meses y alcanza al sistema integrado de previsión argentina, al Fondo Nacional de Empleo, al PAMI, al Régimen de Asignaciones Familiares.

“Esta reducción de las cargas no incluye ni la obra social ni la ART son dos obligaciones que se mantienen vigentes. Las micro, pequeñas o medianas o entidades sin fines de lucro cuyos objetivos sean la prestación de servicios sociales gratuitos recibirán hasta un 100% de reducción por 24 meses”, agregó Heller.

Además, señaló que para acogerse a los beneficios de la norma, la regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley. “Cuando se regularicen hasta 10 trabajadores inclusive el beneficio para los empleadores significa la extinción de acción penal relativa a la Ley Penal Tributaria, la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), la condonación de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios que tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social”.

“Estos beneficios por incorporar hasta 10 trabajadores los recibe las micro, mediana y pequeña empresa en un 100%. La mediana en un tramo 1 en 80% y tramo 2 en un 60%. A partir del trabajador 11 las micros y pequeñas empresas y sin fines de lucro siguen teniendo el 100% de los beneficios de regularización. La mediana tramo 1 y 2 solo el 100% en los intereses, multas y punitorios excluyendo la condonación de capitales para estas últimas”, agregó el diputado.

El beneficio para trabajadores regularizados contó que es la computación a los fines de la seguridad social hasta 60 meses de servicio previo, el decaimiento de los beneficios se producirá en los casos de que en la unidad emperadora reincida en tener personal no registrado y no declarado, tener obligaciones previsionales liquidas y exigibles pendientes, estar sujeto de sanciones, incurrir en prácticas laborales indebidas o reducir la nómina laboral.

“Este proyecto apunta a la reducción del trabajo informal uno de los problemas más graves, fomentar la contratación formal para aumentar el empleo en la actividad privada es el objetivo principal, formalizar el trabajo que hoy no está registrado, impulsar la transformación de los que son beneficiarios de planes sociales en trabajo formal registrado, contribuye a atender a los sectores más débiles de la sociedad a través de medidas”, cerró.

A continuación, el mendocino Lisandro Nieri cuestionó el “trámite exprés” que había tenido el proyecto, “sin considerar numerosos proyectos que tenemos de nuestro bloque”. En ese sentido consideró que el dictamen de minoría representa “una propuesta superadora que apunta a una mayor registración de empleo formal”, que permitiría “aumentar la competitividad entre las pequeñas y medianas empresa y tiene un cálculo fiscal, está valorizado y es factible”.

A juicio del diputado radical, el proyecto de JxC mejoraría también la posición de nuestras empresas en comparación con otros países de la región. En ese sentido comentó que “el esquema fiscal impacta sobre las posibilidades que tienen las PyMEs para generar empleo registrado”. Al respecto expresó que la informalidad en las empresas de menos de 5 empleados es de 59%; en establecimientos de entre 6 y 15 empleados, se reduce a 31%; y pasa a la mitad, 15%, cuando se trata de establecimientos de entre 16 y 40 ocupados. “Después, baja sensiblemente a niveles de 10%”, aseguró.

Nieri precisó a continuación que “en los últimos diez años la Argentina no ha logrado reducir la informalidad, comparando con los mismos países de la región que en el mismo período han bajado sustancialmente la informalidad. Argentina mantiene el mismo nivel de informalidad que hace 9 años”.

Al detallar el dictamen de minoría, Nieri dijo que con el mismo “logramos una detracción de un salario mínimo para los primeros 25 empleados a partir del empleado 26, esa detracción es de un cuarto de un salario mínimo vital y móvil, y el costo pasa a ser de un 0,3% del producto”.

“Si lográramos con esta medida 7 puntos de formalidad, parecido a lo que sucede en la región, el costo fiscal desaparece”, aseguró. Así las cosas, el diputado radical dijo que “proponemos una modificación de las sanciones judiciales por trabajo no registrado; el sistema de sanciones fracasó, no ha logrado mayor registración”.

Por último, dijo que el proyecto opositor establece un incentivo laboral para el empleo joven, según el cual las contribuciones a pagar por los empleadores de estos jóvenes tendrán beneficios para los dos primeros años y se extienden a 4 cada vez que el empleador acompaña al joven en sus distintos niveles de formación educativa”.

El economista Ricardo López Murphy planteó que “el problema del empleo informal es de una extraordinaria gravedad en Argentina como el problema de la baja empresarialidad”. Así, alertó que el problema de la informalidad es “permanente” debido a “malas leyes organizativas del mercado de trabajo y en materia impositiva”.

En ese sentido, opinó: “Lo que debemos hacer es una reforma de carácter más amplio que la que propone el oficialismo y debe tener carácter permanente”. López Murphy recordó que hizo una presentación al respecto que propone una serie de modificaciones que “serían pertinentes para logar esa finalidad de la permanencia, la eliminación de las multas, un régimen distinto del periodo de prueba, un régimen distinto de gravamen a la nómina salarial”.

A su turno, Alejandro “Topo” Rodríguez cuestionó al Gobierno por no haber tenido durante los primeros cien días una política industrial. Según el diputado de Identidad Bonaerense, primero el Gobierno se dedicó a arreglar las deudas, lo cual “le hizo regalar al Gobierno los primeros 100 días, porque el 102 se empezaron a aplicar las medidas de la pandemia. Ningún gobierno debe regalarle a nadie los primeros cien días”, se quejó, y enfatizó: “Nunca el Gobierno tuvo una política industrial sólida, vigorosa”.

Según OCDE, detalló “Topo” Rodríguez, la Argentina tiene el 45% de sus trabajadores en la informalidad: más de 8 millones de personas. Tiene además 1.700.000 MiPyMEs certificadas oficialmente, que a juicioi de Rodríguez explica más del 40% de la producción nacional, y entre el 75 y 80% del empleo. “En la Argentina, el empleo lo generan las PyMEs, no la inversión extranjera directa”, explicó Rodríguez, quien admitió que “mejorar los incentivos va en la buena dirección”.

“Pero hace falta un componente fundamental, una gran cruzada nacional de formación o recalificación laboral para que se encuentren los incentivos tributarios con las capacidades demandadas por las MiPyMEs en la Argentina”.

Asimismo sostuvo que al proyecto le falta una orientación a la inversión, que también se explica por la decisión que toman quienes invierten para producir en las PyMEs.

Qué prevé el proyecto

El proyecto del Poder Ejecutivo plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por dos años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años.

El programa contempla dos beneficios. El primero, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la ley, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador.

Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan, de manera gradual, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal que respeten un criterio de representatividad federal, o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los jóvenes que ingresen por primera vez.

Se contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% para PyMEs en los casos de contratar a alguien que no percibe planes sociales, a alguien que sí y a un joven entre 18 y 25 años.

Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

Pero además de la reducción total de las cargas sociales para las nuevas relaciones laborales, la iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales.

En este sentido, por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART.

El trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo a esto, la empresa “podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

A su vez, el trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

Miembro informante del proyecto que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias, Carlos Heller tomó la palabra a las 14.10 de este martes y durante 20 minutos expuso los beneficios de esa iniciativa, el impacto fiscal que se espera vaya a tener y los elementos que tiene el Estado para aplicar este beneficio sin desfinanciar ni ajustar.

“Este proyecto debe ser evaluado dentro del conjunto de solicitudes que la sociedad nos viene haciendo, que ha reclamado insistentemente alrededor de este tema; que incluso ha motivado que existan unos 30 diputados y diputadas del oficialismo y la oposición”, señaló el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Recordó una vez más por parte del oficialismo -aunque sin nombrarlo- la promesa hecha por Mauricio Macri en campaña para “su eliminación lisa y llana”, y remarcar que la misma no solo no se concretó, sino que la gente terminó pagando más: del 10% de la población que pagaba ese impuesto en 2015, pasó a hacerlo a fines de 2019 casi un 30% de los empleados registrados.

Y agregó que “lo más notable es que en ese mismo período las mismas informaciones oficiales hablan de que el salario tuvo una pérdida del 20%”.

Contó Heller que en la actualidad lo pagan “unas 880 mil personas, algo así como el 7% del total de los trabajadores”.

“Hemos escuchado en el debate y a través de los medios que esta era una medida electoralista -apuntó a continuación-. Y yo me pregunto qué quiere decir eso. ¿Qué es buena para la gente? Enhorabuena. ¿Se trata de eso, no? ¿Qué quiere decir electoralista? ¿Qué quienes gobernamos no tenemos que tomar medidas que beneficien a la gente?”.

Continuó Heller señalando que ese análisis había que hacerlo con un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno, que debían ser adoptadas a partir de una situación derivada de “un brutal, absurdo e innecesario endeudamiento al que fue llevado el país en la gestión anterior”. Habló de negociaciones llevadas adelante “en el marco de las limitaciones que proponen los programas a los que estamos sometidos en virtud del endeudamiento, que no fue hecho para hacer casas, caminos o escuelas, sino para facilitar la fuga”.

Recordó que en ese marco fue que el Gobierno debió aplicar una devaluación, ante la cual se adoptan “un conjunto de medidas para paliar los efectos en los más castigados de la sociedad. No es un dato menor”. Y agregó: “En Argentina hay elecciones cada dos años, por lo tanto siempre vamos a estar cerca de elecciones; siempre hay que tomar medidas que están a favor de la mayoría. No puedo dejar de mencionar que como esta medida que estamos planteando apunta a un segmento de los trabajadores de la Argentina que ganan hasta $1.770.000, se adoptaron otras medidas destinadas a aliviar a otros sectores, como la devolución del IVA a jubilados, que empezamos ayer”.

Habló también de los bonos a jubilados, la universalización de la canasta alimentaria del PAMI que beneficia a casi 3 millones de jubilados, y la puesta en marcha de un régimen simple de alivio fiscal para autónomos, que beneficiará a un millón de personas.

“Para dar una respuesta inmediata a los autónomos, se prevé una serie de medidas que en el transcurso de la semana serán informadas”, adelantó.

El costo fiscal de la medida

Heller reiteró que en este proyecto el Gobierno dispuso además elevar al partir del 1 de octubre el piso de Ganancias hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy equivalen a $1.770.000. Detalló luego las excepciones, para referirse luego al costo fiscal de la medida.

Según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se establece un costo total de 0,67% del PIB; 0,24 adjudicables al Tesoro; 0,29% de lo que corresponde a las provincias; 0,01 a la AFIP; 0,02 al Poder Judicial y 0,01 a los fondos de Aportes del Tesoro Nacional.

Respecto de que esta medida pueda repercutir en el déficit fiscal, Heller sostuvo que el Gobierno cuenta con “cantidad de herramientas para que esto suceda sin ajuste, donde hay posibilidad de generar ingresos que compensen ese gasto”.

“No somos enemigos del déficit fiscal, sí del ajuste”, aseguró el diputado oficialista, para recordar luego que en el Presupuesto 2024 hay una separata relacionada al gasto tributario que apunta a que las grandes empresas y multinacionales estén sujetas a un tipo de tasa mínima del 15%. “Según dijo la secretaria de Ingresos Públicos en la comisión, este gravamen generaría un recurso superior al que se dejaría de percibir por la reducción de Ganancias”.

Por último citó un proyecto que ya tiene dictamen y espera ser tratado en el recinto: el de exteriorización del ahorro argentino. Heller recordó que el ministro de Economía dijo que con el mismo se podría llegar a recaudar alrededor de 5.000 millones de dólares anuales solo por ese rubro. Por eso pidió al Congreso avanzar con el tratamiento de ese proyecto.

Heller finalizó asegurando que “hay muchas herramientas a mano que permiten resolver el problema del gasto fiscal y mejorarle la situación a la gente”.

Presidida por Carlos Heller (FdT), la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja cumplió en reunirse este lunes para cumplir con la formalidad de avanzar con el dictamen de la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa, la cual será el plato fuerte a tratar en la sesión de este martes.

La iniciativa apunta a que únicamente los mayores ingresos queden alcanzados por el tributo, los que representan a un 0,88% de los trabajadores registrados. A su vez, la oposición presentó un dictamen de rechazo.

El debate

En el principio, el titular de la comisión Carlos Heller leyó el informe de presentación del proyecto y sintetizó los aspectos centrales: “Estaríamos estableciendo que comenzarán a pagar aquellos ingresos superiores a 15 salarios mínimos o 180 anuales”, dijo, y amplió que “el actual proyecto deja sin efecto el Impuesto a las Ganancias al trabajo personal, en relación de dependencia y a jubilados y pensionados”.

Del mismo modo, aseguró que “quedarán exceptuados de toda carga impositiva los magistrados y empleados del Poder Judicial. “Esta modificación tiene un costo del 0,24 del PBI costo del Tesoro Nacional y a las provincias 0,67 y tendrá dos ajustes anuales en enero y julio”, señaló.

Por otro lado, expresó que esta iniciativa “ingresa en el marco de las medidas que se vienen planteando”, y anunció que “la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado) será para aquellos que ganan menos”, y añadió: “Eleva el monto a devolver hasta los 18.800 pesos mensuales en un universo de 18 millones de personas”.

Abrió la ronda de expositores la diputada de izquierda Romina del Plá, quien recordó que uno de los primeros proyectos presentados por los bloques de izquierda “fue la anulación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias”, y lo calificó como un impuesto “confiscatorio del salario”, porque “el salario no es ganancia”.

“Que el salario no es ganancia y esta fase del impuesto es enormemente regresiva no era patrimonio de muchos que ahora parece ser que lo descubrieron. Esto es importante. Cuando presentaron el proyecto pensé que había una suerte de amnesia colectiva temporal porque escuché funcionarios hablar de la injusticia del impuesto y demás cuando, durante muchos gobiernos del kirchnerismo, fue defendido a capa y espada la mantención de este impuesto”, apuntó Del Plá.

Tampoco se olvidó de la promesa de Mauricio Macri en su campaña electoral “hablando de eliminar el impuesto que luego no solo no cumplió, sino que agudizó. De uno y otro lado el criterio de mal utilizar este impuesto que se convirtió en uno de los instrumentos de mayor recaudación. Es un impuesto regresivo sobre trabajadores y jubilados”.

En ese punto, señaló que muchos aspectos de los proyectos que vienen impulsando hace tiempo “aparecen ahora en el proyecto del oficialismo. Nosotros también incluimos algo que es incorrecto que no esté: tomar en cuenta también para dejarlos sin gravar a los monotributistas y autónomos. Es un problema porque agudiza un desequilibrio, porque el monotributo en su mayor parte es un encubrimiento de relación de trabajo de dependencia oculto bajo este formato. Esto es un tema que debería ser considerado”.

También señaló que deben ser incluidos a todos los jueces y fiscales y no solo a los designados a los posterior del 2017 “al conjunto del magistrado del Poder Judicial”.

“¿Cuál es la progresividad de cobrarle un impuesto a las ganancias a quienes no tienen ganancias sino un salario que tiene carácter alimentario? Progresivo es que paguen quienes tiene ganancias por actividades que se basan en la explotación del trabajo ajeno. Eliminar la cuarta categoría va a pasar a ser completamente progresivo”, expresó y cerró: “Estas medidas tomadas a nadie se les puede escapar que tienen una intención electoral. También es electoral la postura de la oposición, que se llenaron la boca hablando y ahora dicen que no van a votarlo. De uno y otro lado solo le allanan el camino a los fachos libertarios”.

A su turno y de forma extensa, el diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical) manifestó: “Lo nuestro es una crítica a esto que se ha dictaminado porque primero debemos poner en contexto la discusión”. “Es como si de repente discutiéramos la reforma tributaria y desde que el FdT es gobierno, hubo más de 20 impuestos”, señaló.

“Ahora bien, después de salir tercero, de repente aparecen con una reforma, que es una evidente respuesta electoralista porque durante la gestión de Cristina Kirchner hubo récord absoluto con más de 2 millones de trabajadores que pagaban ganancias”, agregó el radical.

Del mismo modo, aseveró: “No vale esto de tener una estructura de alto impuesto y cuando pierdo las elecciones determino la política tributaria del que viene”, y añadió que estas medidas “tienen un evitable costo fiscal que despues no tenemos como financiarlo”.

Asimismo, sostuvo que “el Gobierno termina emitiendo dinero para afrontar ese gasto público y la gente lo entiende muy bien”. También afirmó que “hay una dinámica con la inflación y la emisión del gasto y evidencian que se profundiza el déficit fiscal”.

“Coincido de fondo con Del Plá. Un trabajador que gana más va a pagar menos y uno que gana poco paga lo mismo. Es una reforma regresiva”, afirmó Cacace, y añadió: “Agrava al 15 por ciento de la población que más tiene y el impuesto tiene que tener una base amplia con alícuota progresiva”.

Para concluir, el diputado de Evolución Radical expresó: “Esta modificación genera una pérdida de casi un punto del PBI (0,83 por ciento) entre la pérdida del Tesoro, AFIP, Fondos ATNS, Poder Judicial y provincias”. “No vamos a acompañar el dictamen de mayoría”, remarcó.

Entre los presentes, estuvo el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad), quien dijo estar convencido de que “no estaríamos discutiendo esto si no hubiera ocurrido el fracaso absoluto de este gobierno con la inflación”, y agregó: “Hay registros similares a la hiperinflación y el primer impuesto que hay que bajar es la inflación”.

En esa línea, planteó que “el Gobierno ha tomado un montón de medidas parciales y sectoriales que agravan”, y amplió: “Pocos gobiernos se acuerdan de los autónomos y monotributistas y se comete un verdadero abuso de derecho, pero la Constitución Nacional dice que los impuestos los recaudan las provincias”.

Además, agregó: “El impuesto directo lo recauda el Gobierno federal hace un siglo violando de manera grosera la CN”. En este caso, refirió: “Son bajas sin baja de gasto público y por beneficiar a pocos se perjudican muchos más”.

“Este Gobierno recurre a las medidas más nefastas de las viejas políticas y estamos en un momento donde cualquier mala movida puede derivar en una crisis económica inimaginable”, cerró.

A su turno, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) cargó contra JxC: “Mauricio Macri prometió en campaña eliminar Ganancias, no cumplió, y cuando llegó, pagaban un millón de trabajadores y cuando se fue pagaban 2.400.000”.

En tal sentido, acusó a los actuales diputados de la oposición por “no decírselo a Macri cuando eran parte de esas listas en 2015”. “Algunos diputados creen que la película empieza cuando ellos ingresan, la película empezó antes. Dejaron 2.400.000 pagando Ganancias y ahora hay 800.000”, lanzó.

A su vez, criticó a la candidata a presidenta, Patricia Bullrich, y al jefe de bancada del Pro, Cristian Ritondo: “Hace diez días dijeron que Massa mande el proyecto y que lo votaban, pero me llamó la atención que ahora JxC no quiere dar quórum y votará en contra”.

“Quiero pensar que lo dicen de burro, pero lo hacen por pensamiento político, dicen que se va a generar inflación bajando impuestos y eso es falso”, enfatizó Casaretto. “La baja de los impuestos de los trabajadores no es la causante de la inflación”, remarcó.

Para terminar, expresó: “Sergio Tomás Massa va a ser el próximo presidente de la Argentina, no se prueben el saco antes de tiempo porque vamos a seguir conduciendo la Argentina”.

En una breve intervención, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) sostuvo que “debemos reflexionar que los 1.600.000.000 no generen problemas en las provincias por encontrar el equilibrio fiscal”. “Massa está haciendo lo mismo que hizo Macri al perder las PASO”, señaló.

Tambien, el neuquino Guillermo Carnaghi (FdT) manifestó que “negarse a esta modificación es una excusa para negarse sobre la creación de universidades”. “Buscan argumentos para negar a tantos argentinos porque el salario no es ganancia”, indicó.

En contraposición, el diputado nacional Víctor Hugo Romero (UCR) aseveró: “La mala implementación termina siendo un castigo a los trabajadores porque estamos en una emergencia económica e inflación del 137 por ciento”, y agregó: “Plantear esta discusión sin razonamiento lógico no lo entiendo y menos en este contexto del pais porque esto genera endeudamiento y emisión monetaria”.

Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, sostuvo que “la idea de que es una cuestión electoralista esconde que alguien puede modificar el voto, este es un tema de justicia tributaria”. “Estamos dando un muy buen paso y esperemos que mañana lo podamos consolidar”, afirmó.

“Para algunos ampliar derechos o redistribuir mejor el ingreso es una estafa y no nos cabe duda de que vamos a seguir mejorando la vida a los argentinos”, arengó Martínez.

Luego, el diputado nacional Luciano Laspina (Pro) -referente económico de Patricia Bullrich- anticipó que “esta sesión queda en el récord Guinness de la demagogia y va a quedar en la historia porque van a mostrar las caritas en los videos de los que defienden lo indefendible”.

“Hay un Estado fundido y quebrado, el BCRA emitió el equivalente a 20 puntos del PBI, la inflación es el impuesto más regresivo y la medida le va a costar al Estado un 0,8 del PBI”, señaló, y cerró: “El kirchnerismo hizo pelota al peronismo”.

Por último, Agustín Domingo (JSRN) propuso una serie de modificaciones al proyecto de la modificación del Impuesto a las Ganancias: “Queremos un mecanismo para actualizar el mínimo no imponible porque los contribuyentes pasan a tributar por un aumento nominal”. “El Salario Mínimo Vital y Móvil que sea el mecanismo de ajuste y en escala”, agregó.

Para concluir la reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda, el presidente Heller confirmó que hubo un dictamen de mayoría y uno de rechazo de JxC con 12 firmantes. El proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias será tratado en la sesión de este martes.

La modificación

Desde el Ministerio de Economía confirmaron que el costo fiscal de la medida es de un billón de pesos anuales. Uno de los ejes de la discusión radica en que Ganancias es un impuesto coparticipable. Según se anticipa, hay legisladores de bloques federales que apoyarán el proyecto, pero reclamarán que se prevea una compensación a las provincias.

Con el objeto de gravar a los mayores ingresos, se impone un “impuesto cedular” (esto es, separado de la determinación de la escala progresiva actual), entendiendo como tales a los que superen el equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles mensuales -en la actualidad, equivale a $1.770.000-, actuando dicho importe como un mínimo no imponible.

Asimismo, se incorpora una escala progresiva para estos mayores ingresos, cuyas alícuotas oscilan entre el 27% y el 35%.

“De esta forma solo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, quedando así alcanzados únicamente los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones de privilegio”, planteó el Ejecutivo en el proyecto.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), se reunió este miércoles para avanzar con el proyecto que impulsó el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que busca la creación del Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino “Empleo Mipyme”. Juntos por el Cambio tiene hasta el lunes a las 11 para presentar el dictamen de minoría con 17 iniciativas unificadas.

La reunión contó con la presencia y las exposiciones de Raquel “Kelly” Olmos, ministra de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social; Mara Ruíz Malec, directora general de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; y José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo.

En el inicio de la reunión, el diputado nacional Sergio Palazzo fue ratificado como vicepresidente de la comisión tras una licencia. Además, fueron aprobados dos proyectos más respecto a la creación del Programa Argentina Inclusiva para la formación permanente de los empleados y funcionarios públicos en el trato adecuado a personas con discapacidad; y la transferencia a título gratuito de una chacra del Estado nacional a la Municipalidad de Viedma en Rio Negro que llegó con media sanción del Senado.

En el medio de la reunión, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, le confirmó a la diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro) que JxC obtuvo una prórroga hasta el lunes 18 a las 11.00 para presentar el dictamen de minoría con la unificación de los 17 proyectos presentados por la oposición durante los últimos 4 años.

Las exposiciones

La primera expositora y quien se encargó de disipar las dudas respecto a la iniciativa -mayoritariamente de los diputados de la oposición- fue la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, quien afirmó que “tiene 3 objetivos que son fomentar la contratación formal de jóvenes, formalizar el trabajo en negro y contratar a beneficiarios de planes sociales”.

“En los últimos 3 años, el sistema laboral en relación de dependencia lleva 35 meses consecutivos de creación de empleos formal en el sector privado y más 590.000 personas accedieron a un trabajo asalariado en empresas privadas, pero la tasa de empleo no registrado sigue siendo muy elevada”, advirtió la funcionaria.

Del mismo modo, informó: “Hay un 32 por ciento de informalidad en el empleo privado que tiene a las microempresas de hasta cinco trabajadores con un 75 por ciento de informalidad; las de 6 a 40 empleados, un 35 por ciento; las de 41 y 100, la informalidad asciende solo a 15; y donde hay más de 100, solo el 12 por ciento”.

Del mismo modo, planteó que hay una antigüedad en la informalidad de esas empresas ya consagrada: “en empresas de hasta 5 trabajadores, con un año de antigüedad hay un 63 por ciento de trabajadores no registrados; las de 6 a 40, el 58 por ciento; y las de más de 50 trabajadores, en un 55 por ciento”.

A su vez, recordó que con la Ley de Blanqueo del 2008 se redujeron las cargas patronales e impactó en la eficacia del ingreso al trabajo. En consecuente, explicó que “hubo más de 97.000 fiscalizaciones y 193.000 empleados analizados. 69.000 trabajadores estaban no registrados. Más del 40 por ciento no declarados”. “llevamos un registro de empleadores sancionados”, agregó.

En el final de su intervención, además de remarcar los beneficios que los empleadores recibirán en caso de cumplir con la incorporación de trabajadores jóvenes y beneficiarios de planes sociales, aclaró que “esos beneficios se extinguirán cuando reincida en tener personal no declarado o no registrado”.

A su turno, Claudia Balestrini expresó que “el objetivo claro está asociado a una política pública de incorporar trabajadores, debe tener un gradualismo y controlar el impacto”, pero agregó que “origina un gasto tributario que sea controlado para la efectividad de la política implementada”.

En relación al régimen de contrataciones vinculadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), detalló: “El universo de las Micro, Medianas y Pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro tendrán 100% de reducción en las cargas patronales, mientras que las demás empresas, un 50 los primeros 12 meses, y un 25 los 12 restantes”.

“Todos los universos que contraten personal que sea beneficiario de planes sociales tendrá un 100 por ciento en las reducciones, pero deberán ser capacitados para que accedan a puestos de trabajo más calificados”, aseveró.

Luego, Mara Ruíz Malec repasó que “tenemos antecedentes de programas similares” y que “no se va a dejar de lado la fiscalización”. “Realizamos un trabajo integrado con AFIP porque la informalidad laboral se encuentra concentrada”.

Tras un retraso del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, los diputados nacionales Martín Tetaz (Evolución Radical) y Lisandro Nieri (UCR) consultaron sobre “la evidencia científica que hay de que esto funcione” y respecto a “la diferenciación sobre quienes cobran planes sociales”.

Rápidamente, la ministra Olmos respondió que “mostramos como en el 2008 la reducción de cargas, en ese caso, duplicó el efecto que se tiene cuando no hay beneficios”, y agregó: “Promovemos un puente para beneficiarios de programas sociales para que se reconviertan en trabajadores”.

Entre risas e ironías, José Ignacio de Mendiguren se hizo presente en la reunión y expresó que “esta medida que estamos debatiendo es porque queremos mantener el nivel de actividad y poner a la pequeña y mediana empresas con instrumentos para actuar en situaciones difíciles”.

“Este proyecto tiene la finalidad de llegar de forma rápida a la pequeña y mediana empresa para que siga manteniendo el nivel de empleo y el gobierno siga recaudando”, señaló el funcionario y exdiputado nacional.

Del lado de la oposición, la diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro) manifestó: “Me interesó lo del estudio del 2023 y quiero saber el motivo de porque la gente no regulariza porque nos está sonando una alarma por el crecimiento de la informalidad”

Mara Ruíz Malec contestó: “La tasa de no registro había aumentado y comenzó a reducirse desde las medidas a favor de proteger al trabajador”, y Olmos añadió: “Tenemos evidencia empírica de que este mecanismo favorece las nuevas contrataciones”.

Antes del final, la diputada nacional María Dolores Martínez (Evolución Radical) cuestionó que “hace cuatro años que venimos presentando este tipo de proyectos”. “La generación de empleo registrado es uno de los problemas mas graves de la Argentina”, enfatizó.

“Hay más de 17 proyectos que nunca se quisieron tratar y se acordaron repentinamente sobre el empleo registrado, pero nunca tuvieron en cuenta los proyectos que planteó Juntos por el Cambio”, criticó la legisladora radical quien añadió que “lamento que sea en un contexto electoral, pero vamos a impulsar en un dictamen de minoría todos los demás proyectos”.

El titular de la reunión Carlos Heller le contestó a Martínez: “Usted dice que yo ignoraba, pero después viene y me agradece por el plazo que puse para unificar los proyectos”. “No corresponde su reproche”, resolvió el diputado del FdT.

Finalmente, Heller dio por terminada la reunión, anunció los tres dictámenes sobre las iniciativas tratadas y anunció que JxC tiene hasta el lunes a las 11 para presentar el dictamen de minoría sobre el empleo pyme. Asimismo, recordó que esta comisión se reúne este jueves para empezar el debate sobre la eliminación del Impuesto a las Ganancias impulsado por Sergio Massa.

El proyecto

La iniciativa contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100 por ciento para PyMEs en los casos de contratar a una persona que no cobre planes sociales, a alguien que sí y a un joven entre 18 y 25 años que acceda al mercado laboral por primera vez.

Tiene dos beneficios: el primero, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia del presente, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador.

Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan, de manera gradual, a los Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en trabajo formal que respeten un criterio de representatividad federal, o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los y las jóvenes que ingresen a este por primera vez.

Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

El proyecto contempla también un esquema de regularización de situaciones laborales no registradas. Por ejemplo, se permite el goce de ciertos beneficios para regularizar relaciones laborales iniciadas con anterioridad al día de publicación de esta norma.

De esta manera, el régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.

La iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales. Por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART. Asimismo, el trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios).

También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone “un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias”, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo con esto, la empresa podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberada de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

El régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.

La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la presente ley.

El trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

Con la presencia de funcionarios y la intención oficial de proceder a la firma del dictamen ese mismo día, fue convocada una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja para el próximo miércoles, que contará con la presencia de numerosos funcionarios invitados, para tratar el proyecto de Sergio Massa conocido como “Emplea PyME”.

Será este miércoles 13 de septiembre a partir de las 15.30, con la presencia de la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos; el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini.

El dato saliente es que, según adelantó este viernes el titular de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, por Diputados TV, la intención es dictaminar ese mismo día.

La intención es dejar listo el proyecto para ser tratado en el recinto; la pregunta es si podrán incluirlo para la sesión que se prepara para el 19 de septiembre.

El proyecto del ministro de Economía viene teniendo un raudo trámite, con tono de campaña. Fue anunciado el lunes pasado por Sergio Massa durante la reunión para juntar fondos para la campaña; detallado el miércoles durante una entrevista que concedió a C5N, y presentado formalmente al día siguiente.

Qué dice el proyecto

La iniciativa contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% para PyMEs en los casos de contratar a alguien que no percibe planes sociales, a alguien que sí y a un joven entre 18 y 25 años que acceda al mercado laboral por primera vez.

Tiene dos beneficios: el primero, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia del presente, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador. Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan, de manera gradual, a los Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en trabajo formal que respeten un criterio de representatividad federal, o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los y las jóvenes que ingresen a este por primera vez.

Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

El proyecto contempla también un esquema de regularización de situaciones laborales no registradas. Por ejemplo, se permite el goce de ciertos beneficios para regularizar relaciones laborales iniciadas con anterioridad al día de publicación de esta norma.

De esta manera, el régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.

La iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales. Por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART. Asimismo, el trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios).

También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone “un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias”, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo con esto, la empresa podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberada de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

El régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.

La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la presente ley.

El trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del diputado nacional Carlos Heller (FdT), se reunió este martes para avanzar con el dictamen del proyecto de ley que establece un régimen de “exteriorización del ahorro argentino”. A su vez, los diputados de Juntos por el Cambio redactaron un “dictamen de rechazo”.

Esta reunión quedó establecida la semana pasada, cuando la comisión debatió la iniciativa en presencia del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director de Aduanas, Guillermo Michel. Allí, los cuatro diputados de la oposición que estuvieron presentes cuestionaron que se hubiera querido dictaminar cuando se suponía que era una reunión informativa.

Este proyecto tiene por objetivo fomentar que las personas declaren voluntariamente los bienes en el país y en el exterior, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. El proyecto estipula un plazo de 360 días corridos desde la entrada en vigor de la ley para acceder al blanqueo.

“La exención de determinados impuestos y la liberación de acciones judiciales y administrativas”, serán los beneficios que tendrán aquellas personas que blanqueen. Además, el proyecto manifiesta que “los declarantes tributarán un impuesto especial cuya alícuota es sustancialmente inferior a aquella que resulta de aplicación en comparación con el régimen general”, detalla el texto.

Del mismo modo, se buscará con esta iniciativa que las personas declaren la tenencia de moneda nacional y extranjera en el país, tenencia de moneda extranjera en el exterior, activos financieros del país o del exterior (acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales), criptoactivos (criptomonedas, monedas digitales o instrumentos similares, títulos, bonos), -inmuebles en el país o en el exterior y demás bienes tanto en el país como en el extranjero, incluyendo créditos.

De estos beneficios mencionados en la redacción del proyecto de ley de exteriorización del ahorro argentino quedarán excluidos los miembros del Poder Ejecutivo, los integrantes del Poder Legislativo y los magistrados del Poder Judicial a nivel nacional, provincial y en la Ciudad de Buenos Aires en funciones desde el 2010 y la actualidad.

JxC presentó un dictamen de rechazo

En contraposición con el dictamen del oficialismo, la diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro) presentó un “dictamen de minoría” y explicó: “En nuestro país hay un 45 por ciento de la economía que está por fuera de la formalidad y hoy nos enfrentamos al desafío de formalizar esa economía”.

En esa línea, agregó: “Es difícil que alguien ingrese a este blanqueo porque si queremos dar formalidad a ese 45 por ciento, debemos cambiar las condiciones y se transforma en un blanqueo para unos pocos”.

“Para aquel que tiene todo en regla, en vez de darle un beneficio, le delegamos a AFIP su situación y cuando uno analiza este proyecto, se encuentra con un parche”, señaló Figueroa Casas. Del mismo modo, mencionó que “hubo blanqueos en el 1987, 1992, 2008, 2015, 2016 y en este gobierno ya vamos por tres. Hasta metimos un blanqueo en una ley de presupuesto”.

Para cerrar su idea, cuestionó: “¿Qué mensaje estamos dando al contribuyente? Faltaría una moratoria, incentivo a inversiones y es absurdo que el que tenga ingresos declarados tenga un tope y que no lo tenga el que nunca declaró”. “Vamos a emitir un dictamen de rechazo”, concluyó.

Por otro lado, el diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) destacó que “es importante avanzar con el intercambio de información con la principal potencia (Estados Unidos)”, y añadió que “este proyecto da la posibilidad de que el que no tiene activos declarados pueda hacerlo”.

“Quienes accedan al régimen, van a pagar un impuesto especial del 5 por ciento en los primeros 120 días, 10 por ciento después de los 120 y 20 por ciento pasados los 150”, explicó. De ese modo, enfatizó que “buscamos ampliar la base tributaria”.

Por último, advirtió que “quienes tengan activos en el exterior podrán declarar de forma voluntaria o a través del intercambio de información nos llevara unos meses más”. “El acuerdo con EE. UU. se viene trabajando y ahora se concreta y los fondos obtenidos serán dirigidos al Tesoro Nacional y otra parte al régimen de viviendas”, concluyó.

Antes de dar por terminada la reunión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, aclaró que “vamos a sugerir cambios en el recinto, porque se omitió a los hermanos (de los que tengan activos en el exterior) en el escrito”.

Finalmente, explicó que “la información indica que habría 435 mil millones de dólares no declarados y el Estado, a través de la información, perseguirá penalmente a aquellos que no entren en el régimen”. “No podemos tener el orgullo de decir que somos el país que más evasión tiene y si lo aprobamos va a quedar vigente por un año”, cerró.

El diputado nacional Carlos Heller (FdT) opinó que, de cara a las elecciones de octubre, “estamos frente a un panorama electoral abierto”. “Hay una manera exagerada de ponderar el resultado (de las PASO), yo creo que tuvimos un virtual triple empate en una elección donde se elegían candidatos”, señaló.

Al respecto, el oficialista dijo que “el propio (Javier) Milei lo instala, y algunos le siguen la corriente, como si él hubiera ganado la elección” pero “Milei compitió contra él mismo, porque las PASO son para dirimir candidaturas”. Además, resaltó: “En las PASO la gente no siempre vota de la misma manera” que en octubre.

“Estamos siendo competitivos y tratando de morigerar los efectos de las políticas neoliberales para atender a parte del enojo que tiene la población por las consecuencias de esas políticas. Lo que hay que explicarle a la gente es que lo que la enoja, de ninguna manera lo va a resolver con las otras opciones. El único futuro que le puede resolver las cosas por las que se angustian con razón es por acá, no por allá”, sostuvo.

En diálogo con AM750, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja pronosticó que “si el Gobierno tiene continuidad (el 2024) va a ser un año muy bueno”.

Sobre las recientes medidas económicas anunciadas, Heller explicó que éstas se dan “en el marco de las negociaciones con el Fondo, donde las mejores negociaciones siempre son malas”.

Asimismo, destacó que “el ajuste del tipo de cambio de 22% es fijo hasta el 15 de noviembre, lo que es una medida muy importante en el ámbito de incertidumbre permanente que se instala en Argentina. Eso aleja el famoso ‘tengo que aumentar por las dudas'”.

“Siempre que hay una devaluación hay un cambio de precios relativos, que afecta a los sectores más débiles y de ingresos fijos, y eso es lo que este conjunto de medidas intenta resolver, y lo hace con un gran esfuerzo por parte del Estado”, completó.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado nacional Carlos Heller, convocó a una reunión para este martes 29 de agosto a las 18 en la sala del 2º piso del Anexo C, para abordar el proyecto de ley sobre la exteriorización del ahorro argentino, conocida como blanqueo de capitales.

Esta segunda reunión quedó prevista desde este jueves cuando el oficialismo buscó avanzar con el dictamen durante el encuentro del que participaron el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director de Aduanas, Guillermo Michel. En esa oportunidad, los cuatro diputados de la oposición presentes cuestionaron el accionar del Frente de Todos, teniendo en cuenta que originalmente era una reunión “informativa” y finalmente el oficialismo pospuso el despacho para la siguiente convocatoria de la comisión.

Así las cosas, la reunión de este martes será para avanzar con el dictamen de una iniciativa qu tiene por objetivo fomentar que las personas declaren voluntariamente los bienes en el país y en el exterior, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. El proyecto estipula un plazo de 360 días corridos desde la entrada en vigor de la ley para acceder al blanqueo.

Según detalla el texto, “la exención de determinados impuestos y la liberación de acciones judiciales y administrativas”, serán los beneficios que tendrán aquellas personas que blanqueen. Además, el proyecto manifiesta que “los declarantes tributarán un impuesto especial cuya alícuota es sustancialmente inferior a aquella que resulta de aplicación en comparación con el régimen general”.

Del mismo modo, se buscará con esta iniciativa que las personas declaren la tenencia de moneda nacional y extranjera en el país, tenencia de moneda extranjera en el exterior, activos financieros del país o del exterior (acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales), criptoactivos (criptomonedas, monedas digitales o instrumentos similares, títulos, bonos), -inmuebles en el país o en el exterior y demás bienes tanto en el país como en el extranjero, incluyendo créditos.

De estos beneficios mencionados en la redacción del proyecto de ley de exteriorización del ahorro argentino quedarán excluidos los miembros del Poder Ejecutivo, los integrantes del Poder Legislativo y los magistrados del Poder Judicial a nivel nacional, provincial y en la Ciudad de Buenos Aires en funciones desde el 2010 y la actualidad.

Palabra autorizada para hablar de economía en su carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado oficialista Carlos Heller volvió a respaldar la figura del ministro de Economía y precandidato presidencial de UP, Sergio Massa, y le hizo un particular pedido a las PyMes.

En diálogo por Radio Nacional, Heller convocó a las Pequeñas y Medianas Empresas a apoyar la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi porque es la única que asegura la “protección y ampliación del mercado interno”.

“Las Pymes deben seguir apoyando este rumbo, lo del otro lado es tremendo para ese sector. La inmensa mayoría vive del mercado interno, se nutre de él, depende de la gente y de los ingresos de la gente. Y Sergio Massa es el único que ha dicho que va a apostar al mercado interno”, expresó el legislador que, días atrás, respaldó el acuerdo que hizo el tigrense con Qatar.

En ese marco, Heller comparó: “En las etapas que las políticas públicas han estado a favor de un mercado interno a las pymes le ha ido bien. Hay que recordar que en la época de Macri han cerrado 25 mil pymes. Cuando hablan de ultraactividad significa que cuando un convenio no está, queda el convenio que está en contra del trabajador”.

“Ellos hablan de la eliminación de Ministerios y de que este es un país detestable. La verdad tenemos el mejor país del mundo”, cerró.

El diputado nacional Carlos Heller (FdT- CABA) celebró el acuerdo alcanzado por el ministro de Economía, Sergio Massa, con Qatar para pagarle al Fondo Monetario Internacional con un préstamo de Derechos Especiales de Giro (DEG) por 580 millones, equivalente a 775 millones de dólares.

“El acuerdo con Qatar significa que Sergio Massa busca mecanismos diversos para pagarle al FMI sin tener que tocar un solo dólar de las reservas. Pagó usando yuanes, acuerdo que firmó (Mauricio) Macri en 2018, cumpliste los plazos y no sumaste deuda. Qatar nos dio DEG para pagarle al Fondo, el costo es cero”, señaló Heller.

En declaraciones a AM530, agregó que “desde Unión por la Patria, con Massa lo que se discute es con la idea de que -como dicen ellos- el país es un desastre. Esto no es así”. “Ellos han llegado a decir que este país es una mierda. Todo el día dicen eso”, aseveró.

Finalmente, sostuvo que “no nos debería poder gobernar alguien que no nos quiere, que nos desprecia. La Argentina está en vías de desarrollo y tiene enormes potencialidades”. “Ellos se la pasan hablando de cómo van a reprimir porque asumen que su propio gobierno va a ser un desastre y la gente va a protestar”, cerró.

Más de 2.000 empresarios PyME de los más diversos rubros se reunieron en Parque Norte para escuchar a la fórmula presidencial de Unión por la Patria integrada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

En la cena, que fue convocada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), también estuvieron presentes el diputado nacional y referente del movimiento cooperativo, Carlos Heller, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

“La responsabilidad que tenemos, y la primera gran tarea para recuperar nuestra autonomía y nuestra soberanía, es decidir llevar adelante un modelo de desarrollo exportador con valor agregado argentino, que nos dé la acumulación de reservas y la autonomía para dejar de ser mendigos y vivir de lo que nosotros somos capaces de producir. Y en eso las PyMEs son un jugador central”, sostuvo Massa frente a los referentes del sector.

El precandidato a presidente afirmó que “para adelante lo que está es el deseo de que este modelo, que ha sido de movilidad social ascendente para la Argentina y que ha transformado a miles de argentinos en emprendedores, se consolide. Es el modelo de pequeña y mediana empresa que ha hecho grande a la Argentina”, añadió.

Por su parte, Rossi destacó el rol del Estado en la defensa de los pequeños y medianos empresarios: “Cuando decimos que no queremos volver al pasado hablamos de esto. Estamos orgullosos de vivir en un país donde se privilegie el incentivo, al que invierte, que se lo proteja, que tenga un sentido colectivo de hacia dónde va el conjunto de la Argentina”. “Somos emprendedores, luchadores. A veces nos caemos y nos levantamos para seguir adelante”, continuó el santafesino.

Además, el precandidato a vice elogió a su compañero al decir que “algunos pueden decir que Sergio Massa es un muy buen candidato a presidente. Les quiero decir que no hay nadie más preparado para ser presidente de los argentinos que Sergio Massa. Es el que conoce los problemas, es el que está demostrando que sabe cómo se resuelven esos problemas. Es el que habla poco y hace mucho, y no tiene miedo a los desafíos”.

El encargado de dar la bienvenida a los empresarios reunidos Heller, quien contó que la actividad generó una “enorme expectativa”. Acerca de las propuestas de Juntos por el Cambio y de los candidatos libertarios, el referente nacional del movimiento cooperativo enfatizó que “las leyes desregulatorias que ellos quieren poner en marcha son todas de pérdida de derechos de nuestra ciudadanía, de los sectores más vulnerables, de nuestras economías regionales, de nuestras PyMEs”.

Frente a las ideas de la oposición, el oficialista aseguró que “la alternativa es la que representan Sergio y Agustín, que es la alternativa de la unidad de nuestro proyecto, que reúne a los que soñamos con un país más justo, más inclusivo, con más derechos”.

“Sigamos trabajando. Sergio dice, porque somos futboleros, que el primer tiempo se juega dentro de unos días. Ese primer tiempo siempre es importante, pero inmediatamente hay que seguir trabajando para ganar el partido. Nosotros tenemos la íntima convicción de que ese partido se puede ganar y que lo vamos a ganar”, auguró de cara a las elecciones.

El diputado nacional Carlos Heller (FdT – CABA) fue uno de los oradores del Frente de Todos en la sesión informativa que tuvo la presencia del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y desmintió que “la inflación sea por la excesiva emisión monetaria”.

Heller consideró a Rossi como “amigo y compañero” y expresó que desde los medios de comunicación quieren “instalar la idea del super endeudamiento”. “Cuando finalizó el mandato de Cristina Kirchner (diciembre de 2015) la deuda era poco más del 53 de PBI y a fines del 2019 pasó a 90 por ciento del PBI”.

“Hablar de deuda como valor absoluto es un error y hay que medirla en relación a algo, en este caso al Producto Bruto”, afirmó. Del mismo modo, relató que “a diciembre del 2022 bajó a 85 por ciento”.

También, explicó que, del total de cada deuda, la de 2015 “tenía una composición del 66 por ciento en dólares”, mientras que la que dejó Mauricio Macri “era de 77 por ciento”, agregó. A su vez, afirmó que actualmente “bajó al 66 por ciento”.

Por último, manifestó que la inflación actual no tiene relación con la emisión de billetes: “La emisión monetaria se mide por la base monetaria y la base monetaria actual es menor a la de la gestión de Macri”. “Actualmente, la base marca el 46 por ciento, que es mucho menos que la inflación”, cerró.

El diputado nacional del Frente de Todos Carlos Heller y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, encabezarán este jueves -desde las 18- un encuentro en el que se debatirá como “fortalecer la unidad del movimiento nacional y popular, acordar un programa de gobierno que garantice este año el triunfo electoral y permita avanzar hacia una Argentina con más desarrollo, más justa y soberana”.

Además, durante la actividad abierta a la ciudadanía que tendrá lugar en el Teatro IFT, ubicado en Boulogne Sur Mer 549, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se entregarán distinciones a Taty Almeida, de la asociación Madres de Plaza de Mayo, y a Estela de Carlotto y Buscarita Roa, de Abuelas de Plaza de Mayo “no solo por su incansable búsqueda pacífica de memoria, verdad y justicia, sino también porque ellas fueron imprescindibles en la recuperación de la democracia argentina hace ya 40 años”, detallaron en la convocatoria.

De la actividad participarán la diputada nacional Mara Brawer (FdT), de la Corriente Nacional de la Militancia; el secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Juan Carlos Junio; el legislador porteño Juan Pablo O’ Dezaille (CNM-MP); los dirigentes del Partido Solidario Natalia Stoppani y Ernesto Giacomini; y el secretario general de Fedum, Daniel Ricci, junto a militantes de estos espacios políticos.

El diputado nacional Carlos Heller (FdT – CABA) habló este martes de las posibilidades del Frente de Todos en las próximas elecciones presidenciales y afirmó que “nos tiene que unir la propuesta, qué cambiar y cómo queremos vivir”.

Además, recordó que con Daniel Filmus, actual ministro de Ciencia y Tecnología, fueron los primeros en enfrentar a Mauricio Macri -con Gabriela Michetti– en las elecciones porteñas del 2007. “Me atribuyo que fui uno de los primeros que advirtió lo que Macri quería hacer. Él tenía un claro objetivo político que finalmente logró y lo avisé en 1995 en Boca”.

En declaraciones a AM 750, criticó al precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta por su plan de “emisión cero, déficit cero y tipo de cambio unificado”, y le respondió: “Cada una de esas palabrejas significan un montón de cosas y ese déficit cero implica recortar el gasto público, social y previsional”.

Del mismo modo, Heller manifestó que “cuando dicen emisión cero hablan de algo parecido a la convertibilidad. Hay que hacerle acordar a la gente”. “Cuando ellos dicen tipo de cambio único, significa que van a devaluar y en el ellos incluyo al poder mediático y al partido judicial”, indicó.

Consultado por la frase de la vicepresidenta Cristina Kirchner respecto a la Argentina circular, explicó que “refiere al pasado que se hace presente y amenaza al futuro”. En el final, habló sobre el plan del Frente de Todos y expresó: “El programa está, no es tan difícil, y tiene un eje central mercado o estado. El mercado asigna los recursos según mérito y te dice quien está bien y quien está mal”, y cerró: “Nunca teníamos que haber entrado con el Fondo Monetario Internacional, pero ya que estamos adentro debemos pelear”.

En medio de la suba récord del dólar, el diputado nacional del Frente de Todos Carlos Heller denunció que hay sectores “tratando de generar la mayor incertidumbre e inestabilidad política” en la antesala de las elecciones.

Al referirse al concepto “golpe de mercado”, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda explicó: “Es la instalación de expectativas que no se condicen con la realidad pero que vos tenés capacidad y fuerzas para instalarla, y genera que los distintos agentes económicos se muevan de distinta manera”.

“Diciéndolo al revés, si la Argentina estuviera holgada con dólares disponibles, para que cualquiera pudiera comprar, guardar y atesorar, no se puede hacer un golpe especulativo. Pero si sabés que hay una debilidad en la situación de reservas, podés generar esa situación”, señaló.

En declaraciones a Radio 10, el oficialista hizo alusión a las distintas versiones de devaluación que hubo en los últimos días y acusó que hay quienes “están apostando desde junio del año pasado a la desestabilización política. En junio del año pasado se hablaba de convocar a la Asamblea Legislativa”, recordó.

“Son operaciones una atrás de otra instalando un clima de caos, que es el propicio para especular”, enfatizó el porteño, que habló de que esta semana había “noticias positivas” hasta que se disparó el dólar.

Esto, en el sentido de que “en la negociación con el Fondo se observan gestos de flexibilidad respecto a las exigencias; el ministro de Economía vino con compromisos de crédito por 2.500 millones de dólares de distintos organismo multilaterales; se comenzó a liquidar el nuevo dólar de incentivo agroexportador, que arrancó bien, pero se interrumpió cuando apareció el rumor de la devaluación”, enumeró.

Si bien reconoció que “Argentina no es un paraíso y efectivamente hay problemas”, Heller opinó que “se estaban tomando medidas correctas y la situación era manejable y tendiente a mejorar”. Pero, “aparecen estas cosas que a toda costa quieren desestabilizar y no se puede dejar de vincular con la política”.

“Te presentan todas las cosas siempre desde el punto de vista más dramático…la historia que hicieron con los bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, diciendo ‘le están robando la plata a los jubilados’, y así vienen instalando mentiras tras mentiras, creando ese clima y tratando de generar la mayor incertidumbre e inestabilidad política posible porque estamos llegando a los tiempos electorales”, observó.

En cuanto a la rediscusión del acuerdo con el FMI, el legislador señaló que “Argentina ha planteado que necesita rediscutir las metas para que sean cumplibles, no a costa de tener que hacer políticas de ajuste, que signifiquen agravar la situación de los argentinos y argentinas que ya tienen demasiados problemas”.

“Eso es lo que se plantea en la flexibilización: que no se nos impongan planes con metas que impliquen ajuste, hasta acá el Gobierno no ha tenido que hacer ninguna política que implique tener que hacer ajuste”, agregó.

Finalmente, en tono electoral, concluyó: “El país no necesita un cambio de rumbo, en todo caso necesita profundizar este rumbo, mejorar aquellas cosas que todavía no se han podido mejorar, pero la salida es por acá. Si cometemos el error de que, por insatisfacción, elegimos por un cambio de rumbo, creo que la vamos a pasar muy mal”.

Fue el diputado nacional Carlos Heller (FdT) el encargado de abrir la ronda de preguntas de su bloque hacia el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en el informe de gestión que presentó en la sesión de este miércoles en la Cámara baja. En su intervención, respaldó el canje de deuda al plantear que “no se cambian dólares por pesos, se cambian bonos emitidos por el Tesoro Nacional, es un canje de moneda”.

Al arrancar su disertación, Heller se diferenció de una parte del discurso de Rossi respecto a los discursos del odio: “No estoy de acuerdo con usted de que el discurso del odio empezó en el 2008. Yo por edad me acuerdo de ‘viva el cáncer’. Vi en el colegio secundario al que iba cuando vinieron y tiraron abajo el busto de Evita. Hablando de discurso del odio no me puedo olvidar del bombardeo a la plaza. No me puedo olvidar de la Triple A, hagamos memoria. El discurso del odio viene de lejos, tiene muchos antecedentes y todos forman parte de la misma cuestión de una pelea de fondo entre dos modelos, de derechos, de sociedades”.

Antes de pasar a hablar de los aspectos económicos y de explicar las causas de la inflación, chicaneó contra la oposición: “Somos poquitos ¿no? Que poquitos que quedamos”.

Hecha esa acotación, prosiguió: “La emisión monetaria entre febrero de este año y del año pasado fue 39,76. Bastante menos que la mitad de la inflación. El tipo de cambio que se utiliza para las operaciones de tipo de comercio exterior, el oficial se incrementó el 80,5 interanual por detrás de la inflación y el ilegal, porque eso del blue yo no lo uso porque es un esfuerzo que hacen los que generan los mercados ilegales porque dicen que el azul es el color de la libertad, 78,6 menos que el oficial a pesar de todas las cosas que salen en los diarios. Lamentablemente los salarios tampoco le pudieron ganar a la inflación así que tampoco fue la causa”.

“No fue la emisión, no fue el tipo de cambio, no fueron los salarios, no fueron las tarifas que también atrás que es otra de las cosas que se suele hablar. Entonces van quedando pocas dentro de esa multicausalidad, una de ellas es la puja distributiva en una economía que crece dos años seguidos”, planteó Heller.

Y sostuvo que “evidentemente hay una torta más grande y la pelea por las porciones se hace a través de los precios, del trabajo y de los bienes. Como herramienta de esa puja distributiva aplican especulación y construcción de incertidumbre”.

“No hay muchas otras para que explicar que en la Argentina en un proceso de una economía que crece, cuyo dato en enero fue del 2,9% contra enero del año pasado mucho más del presupuesto previsto que están en 2%, los que hablan de que hay ajuste pueden revisar porque por ahora los datos parecen que no le estén dando la razón”, aportó.

Por último, se refirió al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del que explicó que “más del 50% del costo previsional es cubierto con impuestos, es decir, con la solidaridad social que hace que de todo lo que la ciudadanía aporta se destina una parte para sostener un sistema previsional que no es sustentable en sí mismo. La mayor sustentabilidad que tiene el sistema previsional es que el país siga funcionando, siga generando impuestos e ingresos fiscales porque si no el sistema colapsa, no por el canje de bonos”.

“Los que están probándose el traje, hablan incansablemente de que van a meterse con el sistema previsional para recortar el gasto previsional para poder compensarlo con la baja de impuestos que quieren impulsar dentro de su política, no se puede bajar impuestos sin recortar gastos, no se puede recortar gastos sin afectar el sistema previsional”, apuntó contra JxC.

Y cerró: “No se cambian dólares por pesos, se cambian bonos emitidos por el Tesoro Nacional por bonos emitidos por el Tesoro Nacional, hay un canje de moneda. En ambos casos la sustentabilidad está en que la economía funcione. El canje de moneda no afecta la sustentabilidad”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del diputado oficialista Carlos Heller (CABA), se reunió este miércoles para emitir dictamen favorable del proyecto de ley que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.

Tras el aval que recibió hace dos semanas en las comisiones de Justicia y Legislación Penal, los diputados recibieron el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal del proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer la justicia federal de Santa Fe. Al respecto, Heller explicó en el inicio de la reunión, los costos que informó la OPC respecto a la iniciativa: “Tomando los salarios de los 50 cargos, se generaría un costo de 1.564 millones anuales de pesos y las contribuciones al Estado serían de 456 millones”.

En esa línea, agregó: “Cubrir los 50 cargos serían un total de  1.108 millones de pesos, es decir un 0,006 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y 0,2 del crédito asignado al Presupuesto 2023 para el Poder Judicial en su conjunto”. Además, consideró que “cerca del 95 por ciento de los cargos adicionales son de personal”.

Del mismo modo, amplió: “El resto del personal que acompañaría, generaría un costo adicional neto de 6.000 millones de pesos anuales que desde luego, son estimaciones”. Así también, añadió: “Se tomarán como referencia las estructuras similares en demás provincias, y el gasto final se estima entre 7.000 y 7.500 millones de pesos anuales”.

En primera instancia, el diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) consideró “imprescindible” poner en marcha el nuevo Código Penal procesal en Santa Fe. “Solo 17 de 23 provincias lo tienen, pero solo aplica en Salta y Jujuy”, indicó.

Además, Mirabella pidió que “no se cajoneen las causas narcos” porque “el Tribunal Oral de Rosario está vacío”. “Luego de la aprobación en el Senado, se llamará a concurso para definir los cargos”, anunció.

Con más fervor, el diputado radical Juan Martín (Santa Fe) desarrolló: “2022 fue el récord de homicidios dolosos y en 2023 tenemos la misma cantidad de homicidios que días transcurridos”, y agregó: “Debemos tratar este tema con responsabilidad”.

“Es un proyecto que busca corregir desfasajes históricos, pero en el corto plazo hay cosas que se pueden hacer. Tenemos pendiente de conformación la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal en Santa Fe, que se lo pedí a la vicepresidenta Cristina Kirchner y no hubo novedades”, señaló.

A su vez, aseveró: “Esperamos que haya marco en el Senado de la Nación para intervenir hoy mismo”. En esa línea, manifestó: “Necesitábamos cuanto antes dictaminar, pero no puede quedar únicamente acá, debe haber una intervención política y que empecemos a dar gestos manifiestos”.

Brevemente, Heller respondió: “Este tema excede el funcionamiento de la Justica y está muy bien que los aprobemos”, y aclaró: “Los negocios del narcotráfico los vamos a atender cuando detectemos la plata porque el gran tema del mundo es como se impide que el dinero ilegal se vuelva blanco”.

Con criticas el Gobierno nacional, el diputado nacional Mario Barletta (UCR – Santa Fe) sostuvo que “no hay preocupación desde el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación”. “Este problema en Buenos Aires es diez veces peor en términos de negocios del narcotráfico, consumo y lavado de dinero”, enfatizó.

“En Buenos Aires no hay carteles que ordenen el negocio o ¿será que la policía es el cartel en Buenos Aires y sus conexiones con la política?”, condicionó el radical. Del mismo modo, criticó que este proyecto no haya sido agregado al temario de las sesiones extraordinarias del último período. “Después se enojan que no damos quórum. Al Gobierno Nacional no le preocupa lo de Rosario”, indicó.

En referencia a los repudios en contra de CFK, el diputado Marcos Cleri (FdT – Santa Fe) advirtió: “Lo del Código Procesal Penal fue aprobado solo por el Frente para la Victoria”, criticó al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti: “No le paga a los juzgados federales de Venado Tuerto”.

“Conociendo que en es un tema de largo plazo, hubo gobiernos en Santa Fe de más de cuarenta años y que gobernaron los últimos 12 con políticas neoliberales para que el Estado se vaya liberando de ciudades como Rosario y allí creció el crimen organizado”, siguió Cleri.

Asimismo, agregó: “Dejaron abandonados los barrios, y el crimen organizado se instaló, y eso que gobernaron Rosario y manejaban la Policía”. Del mismo modo, indicó: “Hay que marcar unidad contra el crimen organizado a niveles municipales y provinciales”- En el cierre, criticó al gobierno de Cambiemos: “Tiene que haber una política integral para prevenir las adicciones, pero de 2016 a 2019 los Centros Primarios de las Adicciones (CEPLA) se discontinuaron con ajustes”. “La respuesta debe ser con Estado presente y no con políticas de ajuste”, cerró.

El diputado socialista Enrique Estévez (Santa Fe) le contestó a Cleri: “Es difícil hablar después de un provocador y un cínico, nos reunimos los 19 diputados de Santa Fe para tratar este proyecto y la única responsable es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.

Entre más críticas al oficialismo, Estévez expresó: “La primera condición de un estado democrático es que las instituciones sean trasparentes, pero no dan explicaciones de poque no convocan a esa comisión bicameral”. “No tenemos procurado general de la nación por la CFK no quiere”, señaló.

“Tenemos un Código Procesal Penal hace diez años y la vicepresidenta no lo aplica”, consideró el socialista. A su vez, aseveró: “Rindan cuenta de algo, den explicaciones de algo”.

Por último, afirmó: “Dejen de estigmatizar con la ciudad de Rosario, ustedes son irresponsables, pocos serios y fachos, ustedes deben rendir cuenta de cómo controlan las fronteras”.

De forma breve, Cleri contestó y sostuvo que “la coherencia me avala”.

“La tarea habitual del Partido Socialista es el abandono de los barrios, pero si para vos la única que pude resolver los problemas de la Argentina es Cristina Kirchner, para nosotros tambien y ojalá vuelva a ser presidenta”, manifestó.

La diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) pidió que “analicemos en que gasta el Estado y en seguridad”, y agregó: “Tomemos conciencia de lo que realmente pasa en Rosario porque necesitamos saber que toda la Nación se va a ocupar de Rosario”.

El último alocutor fue el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, quien sostuvo que “hay elementos que obturan el debate a fondo”. “No reconocer estar acá para trabajar el tema impide ver que se está haciendo algo”, indicó.

Tras varias discusiones entre oficialistas y opositores, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, anunció que el proyecto de ley sobre que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe obtuvo el dictamen favorable por mayoría y será tratado en el recinto en la próxima sesión.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Heller (FdT), opinó este miércoles sobre la cifra de 6,6% de inflación del mes de febrero y sostuvo: “Es un golpe duro porque efectivamente marca el no cumplimiento de los acuerdos (de precios)”.

“Hay políticas basadas en acuerdos y actitudes que no se corresponden con esas políticas”, agregó y adjudicó la suba a los empresarios porque “las causas de la inflación no son para nada las que históricamente se han esgrimido para explicarlo”.

En ese sentido, el oficialista apuntó que “la emisión monetaria está contenida. El tipo de cambio se ajustó por debajo de la inflación. Los salarios registrados lograron empatarle y los otros perdieron con la inflación. Las tarifas vienen por detrás. Entonces, ¿cuáles son las causas que generan esa inflación más allá de la especulación y las expectativas?”.

En diálogo con Radio 10, el legislador señaló que hay pensamientos que “se instalan como irremediables, irreversibles e inevitables y que hacen que todo el mundo actúe preventivamente”, tales como “seguro que va a haber una devaluación y me cubro; o cuando tenga que reponer seguro que me van a cobrar más caro, entonces aumento”.

Y en esa línea “colaboran desde luego las consultoras y los analistas tirando todo el tiempo nafta en el fuego”, consideró y continuó: “Ya están diciendo que marzo va a ser peor que febrero”.

Heller enfatizó que “una empresa puede no aceptar entrar al acuerdo, pero cuando entra es para cumplir no para la foto”, por eso reclamó que “el Gobierno tiene que actuar con mayor energía en el no cumplimiento” y “aplicar multas, clausurar y todas las medidas que sean sanciones a cualquier incumplimiento”.

Para el diputado del FdT, “hay que evitar lo que nos quieren presentar como inevitable que es el shock antinflacionario”. “Si metes una gran devaluación y de hecho devalúas el valor del salario, claro que vas a frenar la inflación, porque va a bajar el consumo de una manera drástica, pero eso es recesivo”.

“Estos muchachos están anunciando que si ganan van a aplicar toda la mano dura para poder cumplir con lo que saben que inevitablemente generaría reacciones sociales”, expresó sobre la oposición.

Respecto de la flexibilización de las metas con el FMI, el porteño subrayó que “no hay acuerdos buenos con el FMI, lo que no hay que hacer es entrar con el FMI. Acá el pecado, el crimen, son los 45 mil millones de dólares que se tomaron”.

“Nuestro Gobierno tiene que pelear por lograr el acuerdo lo menos malo posible. Y yo creo que en eso se trabaja bien”, manifestó y opinó que hay que “trabajar en la renegociación del costo del financiamiento”.

La defensa del plan de pago de deudas previsionales estuvo a cargo de los diputados oficialistas Carlos Heller y Marisa Uceda, a la sazón presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social, respectivamente, en las que se debatió el tema.

Allí la cuestión tuvo dos dictámenes y para defender el de mayoría, Heller se refirió inicialmente al debate intenso que acababa de tener lugar, referido al juicio político a los miembros de la Corte Suprema. “Esta Cámara viene padeciendo esta situación que ha hecho que el principal bloque de la oposición ha impedido o se ha opuesto al tratamiento de otras leyes que no tienen nada que ver con el juicio político, y que en definitiva lo que hacen es quitarle derechos a personas”, señaló el diputado porteño.

Dijo Heller haber escuchado el argumento de que “se trata de temas que no le interesan a la gente, pero la inmensa mayoría de los proyectos incluidos en extraordinarias eran temas que le interesan a la gente. Como este, el plan de pago de deuda previsional que intenta permitir y posibilitar que muchísima gente –se habla de 800 mil personas- que han quedado fuera de la posibilidad de acceder a la jubilación, puedan hacerlo”.

Heller observó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% tienen que ver con las moratorias. “Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo”, agregó, atribuyendo la situación a un “gravísimo problema” que tiene nuestro país en materia de informalidad laboral, que provoca que “muchísimas personas lleguen a la edad de jubilarse sin los aportes suficientes”.

De esta cantidad, “una inmensa mayoría son mujeres”, apuntó. Y de ellas, “una inmensa mayoría que ha trabajado en casas particulares”, agregó, advirtiendo que “decir que no tienen aportes porque no quisieron es por lo menos referencia de un nivel de desinformación alarmante”.

“En la Argentina todos sabemos que hay un tercio de la población con problemas de informalidad laboral, pero mientras tanto transcurre el tiempo y esas personas no tienen cómo jubilarse”, señaló a continuación, admitiendo de paso que se trata de “un parche, porque mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son los mecanismos adecuados para salir de la situación”.

Ante el pedido de algunos opositores sobre mecanismos alternativos, Heller dijo que “ni siquiera alcanzan para que esa gente pueda acceder a la jubilación mínima, que son bajas y deberían mejorarse, como ofrecerles un beneficio proporcional a los años que aportaron”.

Heller destacó que por el proyecto puesto a debatir los beneficiarios “van a pagar en años sucesivos lo que no pagaron sus empleadores”, y agregó que “este sistema tampoco es gravoso, o significativamente gravoso, como algunos lo quieren presentar”. En ese sentido se apoyó en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que indicaron que el costo fiscal en los dos primeros años es de 0,42 puntos de PBI. “Es muy poquito”, aseguró Heller, que recordó que el rubro Seguridad Social tiene un gasto de 9,5 del PBI.

Siguió rechazando propuestas opositoras, como la que “afectarían Rentas Generales”, dijo. En cambio, aclaró, “esto no va a Rentas Generales, sino al sistema previsional; es mucho más conveniente desde el manejo de políticas públicas”. Y concluyó considerando que “como no son significativos” los gastos, a su juicio resulta “absolutamente razonable” ocuparse de esas 800 mil personas.

“Repiten permanentemente una serie de mitos”

Compartió el tiempo dedicado al dictamen de minoría la mendocina Marisa Uceda, que arrancó remarcando el hecho de que un Gobierno nacional volvía a “elegir un instrumento solidario para responder a necesidades que nos aquejan”. En este caso, dijo, “le va a permitir a hombres y mujeres con la edad de acceder a un beneficio previsional y sin los aportes necesarios a acceder a una moratoria, pero trae una novedad como es la cancelación anticipada de aportes que se deben”.

“De esto no habla nadie -se quejó-. Porque además de ser novedoso, es altamente eficiente”.

La diputada camporista cuestionó a la  oposición porque “repiten permanentemente una serie de mitos que es importante derribar. Pero hoy estamos tratando un proyecto que recupera ese espíritu solidario con una lógica eficiente que viene de la mano de dos senadores”, dijo en referencia a Anabel Fernández Sagasti y Héctor Recalde, a quienes reivindicó por haber impulsado esa iniciativa.

La titular de la Comisión de Previsión dijo que el hecho de que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no puedan acceder al sistema jubilatorio “es un problema que debe resolver el Estado, porque hemos sido responsables de esas crisis”.

“Se nos exige todo el tiempo ser creativos; bueno, estamos siéndolo. Le estamos dando un instrumento a la ANSeS para robustecer el sistema”.

Luego volvió sobre los mitos que según ella habían lanzado desde la oposición. Como el de que se está jubilando a quienes nunca han trabajado. “Trabajar, trabajan las mujeres en su casa todos los días, en tareas de cuidado”, aclaró, y recordó la instauración durante la gestión de Cristina Kirchner de la jubilación a las amas de casa.

También dijo que existe el mito de que “le van a dar un beneficio previsional a las personas que nunca aportaron”, advirtiendo que “eso ya está pasando a través de la PUAN”, que impulsó la gestión de Mauricio Macri y que ella citó en tono crítico. Porque sus beneficiarios “están sometidos a cobrar el 80% de una jubilación mínima. Además no es contributiva, no es heredable… Fue una excelente política del macrismo –ironizó-. Reflexionen, porque por ahí hay cosas que se equivocaron”.

Sobre el final, Marisa Uceda rechazó que este proyecto desfinancie el sistema. “Todos sabemos que las jubilaciones no se componen además de los aportes de los activos, sino también a través del IVA. ¿Y saben cuál es la clase social que vuelca todos sus aportes al consumo? Los jubilados, ese es el círculo virtuoso”, enfatizó.

El diputado nacional Carlos Heller (FdT – CABA) le respondió a la oposición este jueves tras sus críticas al Gobierno nacional en la reunión de Juntos por el Cambio. “Le dejaron un muerto al Gobierno y ahora hablan de una bomba”

Además, el diputado oficialista explicó: “La deuda pública total cuando termino el mandato de Cristina Kirchner era de 52,6 del Producto Bruto Interno, cuando se fue Mauricio Macri era de 89,8 y en septiembre del año pasado era 78. Hablan de bomba en JxC y la dejaron ellos con la mecha prendida”.

En declaraciones a Radio 10, el legislador acusó a la oposición de “hacer terrorismo” en base a sus declaraciones respecto a la situación económica de la Argentina. “Cuando fuimos a negociar con el Fondo Monetario Internacional, algunos se movieron para ir a decir que no aceptaran las negociaciones”, señaló.

Del mismo modo, afirmó: “Tenemos indicadores en crecimiento y venimos ordenando nuestra economía”, y añadió: “Crean desestabilización y no dejan llevar adelante el programa Precios Justos, tratan de crear pánico y no dejar llevar el crecimiento de estas posibilidades”.

Así también, Heller manifestó que “la deuda la incrementaron ellos dejando una situación insostenible que este gobierno ha tenido que renegociar”. “Dejaron una deuda de 45.000 millones de dólares a pagar en tres años”, enfatizó.

Con más énfasis, expresó: “Son unos mentirosos seriales y tienen una corporación mediática que sale a defenderlos. Tratan de generar pánico e impiden que la Argentina y nos quieren generar terrorismo todos los días”.

Por otro lado, ironizó sobre la presencia de JxC en las elecciones generales: “Son una fuerza que pretende gobernar desde diciembre y te dicen que les explotará una bomba. Eso es porque te están adelantando lo que van a hacer”.

En el final, lanzó criticas las consultoras y la catalogó como “generadores de expectativa”, con relación a que “informan que la inflación del 2023 será de 97 puntos”. “Ellos hacen eso porque les conviene que sea alta la inflación y así las cosas aumentan por el miedo que generan”, cerró.

El oficialismo se alzó con el dictamen del proyecto que busca establecer un “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, más conocido como “Mono-Tech”, en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Heller, que se realizó este martes en el Anexo “C”.

El debate tuvo dos jornadas nada más. En un primer encuentro, la iniciativa fue defendida por el subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Edgardo Rubén Kutner; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el subdirector general de Recaudación, José Bianchi.

Allí, desde Juntos por el Cambio solicitaron invitar a más especialistas, entre ellos abogados representantes de emprendedores, pero el oficialismo no aceptó, lo que derivó a que la principal bancada opositora no acompañe el texto con su firma.

Previo al debate, Heller recordó que el objetivo de la reunión es “producir dictamen” del proyecto entendiendo que “la información que fue suministrada y dada en el desarrollo de la reunión informativa y enviada a todos los diputados con los informes que presentaron los funcionarios del Poder Ejecutivo, entendemos que están dados los elementos informativos suficientes como para poder avanzar en el debate y cumplir con el objetivo de la comisión que es generar el dictamen”.

A su vez, informó que la presidencia les hizo llegar una nota que envió la presidencia de la Cámara del Software que “había pedido concurrir a la reunión y expliqué que la reunión ya había sucedido y no había voluntad de otra informativa y que íbamos a avanzar en el tratamiento del tema y, por consiguiente, les ofrecí que nos hagan llegar sus consideraciones para poder hacerles llegar a todos los integrantes”.

El primero en hacer uso de la palabra fue el secretario de la comisión, el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT), quien explicó que el “Mono-Tech” es un monotributo tecnológico, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que ingresó con la firma del presidente de la Nación, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía.

“En la reunión informativa tuvimos la posibilidad de escuchar a funcionarios que brindaron detalles del proyecto de ley que tiene dos partes. Por un lado, un cambio en las condiciones impositivas y, por otro lado, un cambio en el régimen cambiario relacionado con los exportadores de servicios al exterior por hasta 30 mil dólares anuales”, explicó el entrerriano.

En esa línea, remarcó que “lo que plantea es una carga de un monotributo por lo que es la exportación de servicios hasta este nivel que le da la opción al contribuyente de coexistir con el actual régimen del monotributo con lo que es el actual régimen de pago tanto en su obligación impositiva previsional y de obra social como un régimen cambiario especial”.

“Básicamente estimularía la exportación de servicios tanto de empresas tecnológicas como de personas físicas que se ocupan de este tipo de servicios como en general fuera de lo que es el concepto de economía del conocimiento, la exportación de servicios de carácter general. Eso le permitirá abrir una cuenta en dólares donde se acreditarán los dólares provenientes de esa exportación de servicios y esos dólares serán de libre disponibilidad para operar tanto en el país o extraerlo”, explayó Casaretto.

A su vez, estimó que generará “mayor venta de servicios del país al estimular los pequeños emprendimientos que se hacen de carácter general y esto va a permitir aportar dólares que Argentina necesita. Todas las leyes en esta materia apuntan a exportar servicios, exportar conocimientos, trabajo calificado y que ingresen divisas”.

A su turno, el santafecino Marcos Cleri (FdT) remarcó que “es importante la incorporación de los gamers o ciber atletas donde, en el caso de los menores, los responsables del monotributo son los padres”.

“Esto tiene que ver con la mirada integral de las nuevas relaciones de construcción de comunidad en donde la Argentina está dando un paso muy importante en ese sentido reconociendo que la revolución tecnológica 4.0 es lo que viene para lo cual tenemos que tener leyes que acompañen este desarrollo que permitan ser un polo de exportación de conocimiento, que ponga en valor todos los profesionales que ha formado la universidad pública y, principalmente también, el resto de las políticas que siguen sumando con esta mirada integral para tener un modelo de desarrollo donde todos los argentinos podamos tener el bienestar general de la comunidad”, sostuvo el santafecino.

Cleri calificó el proyecto como “excelente” que en un fututo puede ser “perfectible” y propuso tratar en paralelo un proyecto que contemple el “derecho de formación” que está solicitando la Cámara de Software y pidió a la oposición que “acompañen una mirada de futuro de la Argentina y dejen de poner palos en la rueda”.

De la vereda de enfrente, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) consultó por las modificaciones al proyecto, a lo que Heller respondió de forma breve con un “no” y lanzó: “El Ejecutivo quiere legislar sobre situaciones excepcionales e ir manejando diferentes categorías de beneficiados de este problema económico que ha generado en el país. Este proyecto, entiendo que, para muchos, pueda o no llegar a ser beneficioso, pero gestiona los desequilibrios existentes en la Argentina producto de la brecha cambiaria”.

“En vez de mirar los motivos de esa brecha, va beneficiando de acuerdo a su propio criterio, porque no se discute el texto, no nos permitieron traer oradores de distintos sectores de la economía para hablar, hemos propuestos la presencia de instituciones y ha sido rechazada la participación, sin embargo, el Ejecutivo dice que a cada sector le da un beneficio distinto para que, de esa manera, tratar de equilibrar de una forma desequilibrada el gran problema cambiario”, enfatizó la cordobesa.

“Esto es una forma de gestionar el fracaso económico de este gobierno. No hubo posibilidad de escuchar a miembros de organizaciones del espacio, no voy a firmar el despacho”, adelantó con fuertes críticas la diputada del Pro.

En el mismo sentido se pronunció el economista Martín Tetaz (Evolución Radical) manifestó su “disconformidad” de estar debatiendo en extraordinarias un proyecto particular de monotributo habiendo presentado varios proyectos de monotributo para reformas integrales que deberían beneficiar a todos los trabajadores y deberían estabilizar el funcionamiento del sistema de monotributo”.

En esa línea, Tetaz comparó: “Los proyectos que nosotros presentamos apuntan a una resolución integral del monotributo sin discriminaciones de ningún tipo. Todos los trabajadores tienen el mismo derecho. Presentamos los proyectos durante el año, hicimos pedidos a la comisión, nos dijeron que cuando dispusieran lo iban a tratar. Ahora el Ejecutivo envía este proyecto parcial porque es un parche a la problemática puntual”, y solicitó que corrija o mande un proyecto que incluya los expedientes presentados para dar un debate integral.

En el uso de la palabra, el radical Víctor Hugo Romero (Corrientes) subrayó que “se profundizó la desigualdad de distribución de los ingresos”, e informó que de los argentinos que trabajan e 75% perciben salario, el resto es informal y de ese 25% que no percibe sueldo “hay 2,3 millones de monotributistas, pero el monotributo no es empleo de calidad”.

“Este proyecto pretende corregir una situación de informalidad que hay en un sector de la economía donde tenemos argentinos con talento, exportamos servicios y que hoy están en una situación informal porque hay un achatamiento de las escalas en el monotributo y dar más derechos”, planteó Romero.

A su vez, opinó que si el proyecto se aprueba “va a haber una nueva inequidad en el sistema de recaudación tributaria que va a tener un límite de 30 mil dólares”.

A su turno el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez (Santa Fe) le contestó a la oposición y sostuvo que “no podemos invalidar una herramienta que, a nuestro criterio puede ser muy útil, porque falte alguna reforma integral”.

“El monotributo ha sido una herramienta muy útil para no estar fuera del sistema en épocas muy difíciles con políticas económicas lesivas para los trabajadores”, respaldó el santafecino e insistió: “No nos invalidemos este esfuerzo porque estamos dando un paso importante”.

Y remató: “Abrir este debate no genera la posibilidad de que salgamos de esta situación a la que nos lleva JxC de que no podamos tener ni comisiones ni recinto. Es una muy buena iniciativa del Ministerio de Economía”.

Al cierre, Heller informó: “De 39 diputados presentes, el dictamen tiene 24 firmas con eso estaría consagrado que se ha generado ese dictamen que estará en condiciones de ser tratado en el recinto”.

El proyecto

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de enero, se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline, “contemplando así el tratamiento tributario integral de dichas prestaciones de vanguardia en nuestro país y en el mundo”, rezan los fundamentos del proyecto.

Serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.

De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.

El texto establece la compatibilización con el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y un Régimen Cambiario que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Carlos Heller, tuvo una reunión informativa este miércoles para presentar el proyecto de ley sobre “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, más conocido como “Mono-Tech”, que apunta a “freelancers” con ingresos anuales de hasta 30 mil dólares.

Al cabo de la exposición de todos los funcionarios, el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, aclaró que no emitirían dictamen, sino que por el contrario, como muestra de buena voluntad, la próxima semana habría una nueva reunión a la que invitarán a Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento, y en cuyo marco se anunciarían los cambios a implementar en el texto original según las recomendaciones de los diputados.

La reunión contó con la presencia del subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Edgardo Rubén Kutner; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el subdirector general de recaudación, José Bianchi.

Esta iniciativa fue incluida por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el 20 de enero pasado, por pedido del ministro de Economía, Sergio Massa. Recién este miércoles se conocieron detalles del mismo.

El debate de la comisión más numerosa de la Cámara baja -49 diputados-, comenzó con la palabra del subsecretario Kutner, quien explicó que la iniciativa es parte de ampliar la economía del conocimiento: “Este proyecto forma parte de una serie de medidas para generar empleos e ingresos de divisas al país. Es un ecosistema que crece”.

En tal sentido, el funcionario del Ministerio de Economía agregó: “Este desarrollo ha incrementado el cupo fiscal para los beneficios de la ley de la Economía del Conocimiento llevando el número a 70.000 millones de pesos, en el último presupuesto”.

“Este año buscamos lograr la formación de 70.000 programadores para generar empleos con salarios de calidad. Hay programas de apoyo con altísimo potencial”, detalló.

Asimismo, manifestó que hay una convocatoria para las industrias aeroespaciales con una inversión de “950 millones de pesos” para promover la actividad. “En 2022 hubo un crecimiento del 8,1 interanual con la ganancia de 600.000 puestos de trabajo de calidad”, amplió.

En el cierre del relato de los logros de la gestión del ministerio, Kutner afirmó que Argentina “es el segundo país exportador de software y servicios informáticos de la Sudamérica y el número 32 en el ranking mundial”, y añadió: “Argentina es uno de los ocho países autorizados por la NASA para enviar satélites”.

Con relación al monotributo tecnológico, detalló que “es un nuevo esquema tributario para que los profesionales puedan facturar en dólares e incorporar al mercado formal a muchos más”. Del mismo modo, consideró: “La iniciativa genera una política general para los que los beneficiarios tengan ingresos justificados”.

En ese sentido, Kutner explicó que “no tiene costo fiscal, amplía la base de contribuyentes y es un incentivo para adquirir bienes con ingresos percibidos en el exterior”. “Los informales tendrán acceso a tarjetas de crédito y está hecho con una perspectiva federal, ya que hay 13 provincias que accedieron al monotributo unificado para ampliar registro de bases tributarios”, amplió.

Respecto al universo comprendido, explicó: “se incluyen a sujetos humanos, que residan en Argentina y en los últimos 12 meses hayan logrado ingresos desde el exterior no mayores a 30.000 dólares”, y desarrolló: “También comprende a periodistas que trabajen para un medio extranjero. Ellos podrán inscribirse en el Mono – Tech”.

En referencia a las cuestiones técnicas del proyecto de ley sobre “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, la contadora Claudia Balestrini indicó: “Están los aspectos tributarios y los aspectos cambiarios”.

“En cuanto al IVA y las Ganancias, cada contribuyente que este en condiciones de anotarse en ‘Mono – Tech’ puede compatibilizarlo con otras actividades, es decir el monotributo general”, señaló. Al igual que Kutner, afirmó que está dirigido a los sujetos residentes en Argentina, y agregó que “es optativo (no obligatorio)”.

Luego dividió al objeto en dos: sujetos que exportan servicios y competidores de deportes electrónicos (eSports) -denominados gamers-. “El nuevo contribuyente estará dentro de la economía formal”, afirmó Balestrini.

Otra condición que remarcó fue que “los ingresos provengan desde el exterior, dentro de los últimos 12 meses y que no superen los 30.000 dólares”. “Son actividades sin fronteras y transnacionalizadas, y el dólar es la medida en caso de cobrar en otra moneda proveniente del extranjero”, detalló.

Además, Balestrini explicó los pagos a realizar por las tres categorías (1, 2 y 3): “Los exportadores de servicios tienen que evaluar en que categoría van a estar. La primera -comprendida hasta los 10 mil dólares, abona 9.247 pesos; la segunda -de 10.000 a 20.000 dólares- 15.712; y la tres – entre 20.000 y 30.000-abona cerca de 31.000”.

En el caso de los ‘eSports’, Balestrini explicó que “no aportan seguridad social u obra social”, y agregó que “los montos quedan en: 2.965 para la categoría 1; 7.036 para la categoría 2; y 20.460 para la categoría 3”.

En el final, explicó que las recategorizaciones son “semestrales”, y quienes accedan al “Mono – Tech” queda “exceptuado” de liquidar las divisas obligatoriamente – a pesos- en el Banco Central”.

En tercera instancia, José Bianchi -funcionario de la AFIP- afirmó que “los trámites son a través de la web -durante julio y enero-, al igual que la recategorización y la variabilidad en la categoría”, aunque aclaró que “a excepción de la inscripción, los demás tramites pueden ser en cualquier momento”.

Respecto a la información del BCRA, Bianchi confirmó que “habrá una automaticidad hacia el Banco Central a los efectos de los temas cambiarios”. En esa línea definió que la entidad bancaria tendrá la información al día sobre quienes estén inscriptos en el Mono – Tech.

Las consultas de los legisladores

El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) fue el primero en consultar dudas cuando planteó la diferencia de ingresos por “género”, respecto al pago del monotributo y se basó en un censo virtual de ‘eGamers’ que arrojó que “el 92 por ciento son hombres y el ocho mujeres”.

La diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) cuestionó que esta ley se da por las restricciones cambiarias que existen. “Generamos restricciones, pero después creamos ventanitas de estas restricciones”, señaló.

Además, consultó si menores de 16 años podrían inscribirse en el ‘Monotributo Tech’, tras el caso de un joven de 13 años que obtuvo ganancias en dólares por deportes electrónicos. En la misma línea, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical – Buenos Aires) opinó respecto al proyecto.

Del mismo modo, el diputado Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) solicitó estimaciones de la cantidad de personas que realizan estas actividades.

El diputado Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) sostuvo que el proyecto “es bienvenido”. Sin embargo, planteó que relación existe entre el desarrollo de juegos electrónicos y la económica del conocimiento. Por otro lado, el diputado Lisandro Nieri (UCR – Mendoza) preguntó sobre la existencia de estudios de competitividad.

La contadora Balestrini respondió las dudas de los diputados y aclaró que trabajan con el Ministerio de Género y Diversidad para atraer al mercado laboral -generando políticas y medidas- para que se “valore” a las mujeres en cuanto a ingresos, en alusión a la consulta del diputado Cacace. Del mismo modo, José Bianchi aclaró que menores que no estén emancipados “podrán acceder al Mono – Tech” .

El diputado nacional Carlos Heller (FdT – CABA) opinó este martes sobre el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y afirmó que “es un disparate presentarlo como un ataque a la democracia”.

En tal sentido, el legislador expresó: “El paso del tiempo genera deterioros. Un juez de cualquier instancia es nombrado y se queda de por vida”. Sin embargo, aclaró: “Presidentes, vicepresidentes, gobernadores, diputados y senadores son elegidos cada tantos años y puestos en juicio de valor de la sociedad que los vota, en cambio los miembros del Poder judicial, no tienen un organismo donde sean revisadas sus aptitudes”.

En declaraciones a AM 530, Heller afirmó que el juicio político es “la única instancia que tiene prevista la Constitución junto al Consejo de la Magistratura para analizar el funcionamiento del organismo”.

Por otro lado, el diputado oficialista se mostró realista y manifestó que “es muy poco probable que puedan reunirse los dos tercios en el recinto” para avanzar con el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, puntualmente contra el presidente Horacio Rosatti.

Consultado por las movilizaciones que se realizarán los próximos días en favor del avance del juicio político, Heller consideró: “Para que se conmuevan estos muchachos (miembros de la CSJN) debemos salir como cuando salimos a festejar el mundial”, y agregó: “Ellos tienen el respaldo de la corporación mediática y los poderes facticos. Uno ve la tele y observa que hay una batalla desigual”.

“Me parece bien la movilización exigiendo el debate público”, señaló Heller quien, además, cuestionó a los medios de comunicación: “Se muestran las cosas al revés de cómo son y la gente se confunde. Es un desafío grande que debemos intentar y transitar”.

En el cierre, el diputado sostuvo que el Poder Judicial “no declaró inconstitucional a los decretos del expresidente Mauricio Macri”, en alusión a la derogación de la Ley de Medios Audiovisuales.

En esa línea, remarcó cuando en 2020 la Justicia derogó el decreto que designaba a los servicios de telecomunicaciones como “esenciales” y cerró: “La Corte Suprema está diseñada para ser garante de los que tienen intereses económicos grandes”.

El diputado nacional Carlos Heller (FdT – Buenos Aires) habló este jueves y criticó a la oposición por su postura respecto a las sesiones extraordinarias. “Usan de excusa lo del juicio político para no dejar funcionar al parlamento”.

En diálogo por Radio 10, el diputado oficialista expresó: “El Congreso no funciona porque hay leyes que, cuando las tratamos en comisiones, JxC te demuestra que no quiere que haya más universidades y no quiere que la gente que no tiene aportes se jubile”.

“Castigan a la gente y usan como excusa el pedido de juicio político contra la Corte Suprema para no darle más derechos a la sociedad”, señaló Heller. Del mismo modo, le atribuyó a ese bloqueo a los discursos de la diputada María Eugenia Vidal, al expresidente Mauricio Macri y a la presidenta del Pro, Patricia Bullrich.

Por otro lado, el diputado kirchnerista hizo mención de la compra de deuda argentina por mil millones de dólares que llevó a cabo el ministro de Economía, Sergio Massa, y explicó: “Recomprar deuda propia genera que, si hace un mes vos comprabas al 20 por ciento de tu valor, hoy los bonos argentinos valen más que ayer y bastante más de lo que valían hace un mes”.

En esa línea, advirtió: “Esto generó que el ‘riesgo país’ baje de 3.000 puntos a menos de 1.800 que, sigue siendo muy alto, pero en tendencia a la baja y se acerca a la normalidad”. Del mismo modo, señaló: “En este contexto el Gobierno compró, con mil millones de dólares, un valor de tres mil millones de deuda”.

Consultado por las críticas de algunos medios por la medida tomada por el Ministerio de Economía, Heller sostuvo que “no es sorpresa”, y agregó: “Desacreditan cualquier medida, aun cuando traerá beneficios para el crecimiento económico del país. Los títulos de Argentina subieron mucho con esta acción del Gobierno”.

“Las medidas hay que ponerlas en contexto. El Gobierno tiene como uno de sus objetivos principales bajar la inflación, la cual es complicada hasta de explicar, ya que los niveles de inflación son intolerables y eso distorsiona todo”, indicó.

En tal sentido, remarcó que en la Ley de Presupuesto se fijó con una meta del 60 por ciento de inflación anual y explicó: “Eso representa un cuatro por ciento mensual con tendencia a la baja”.

De tal manera, el diputado afirmó que la Argentina “se encuentra en crecida, tras seis años difíciles, cuatro de macrismo y dos de pandemia”. “Es una pulseada contra la inflación y contra los problemas que dejaron”, sentenció.

“El Ministerio de Economía cerró un buen 2022, creció más de lo previsto y cumplió con las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el déficit fiscal”, manifestó Heller.

En el final, el diputado oficialista consideró: “Si Argentina logra bajar la inflación, haciendo crecer el poder adquisitivo de los salarios, el Gobierno tiene grandes chances de lograr la reelección”.

En la sesión del 15 de junio del año pasado se hizo una apuesta singular en el recinto de la Cámara baja: un lechón, propuso el diputado del Pro Luciano Laspina, apostando a que la inflación anual sería de tres dígitos.

Recogió el guante el diputado Carlos Heller, y luego de que se difundiera el 5,1% de diciembre, que marcó una inflación anual de 94,8%, el diputado oficialista salió a cobrar la apuesta. Este viernes tuiteó: “Yo le tome la apuesta en medio de la sesión; ni bien cumpla con la apuesta, lo comeremos, celebrando que las políticas públicas aplicadas, impidieron un desborde que hubiera terminado en una gran devaluación y más sufrimiento para los que menos tienen”.

Y luego agregó: “Ahora vamos por el objetivo  de 60% aprobado en la ley de Presupuesto, a través de la implantación de las políticas que impulsa el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía; doy revancha”.

Pero Luciano Laspina no se dio por derrotado. Por la misma vía contestó: “Carlos. Era por la inflación de 2023. Pero aun así no veo nada para festejar en 2022. Es una tragedia social y económica lo que está pasando en el país”.

Y la verdad sea dicha, Laspina no falta a la verdad. En esa sesión de junio del año pasado él venía hablando de la inflación y expresó en ese contexto: “Ahora la inflación es del orden del 100 por ciento, ya roza los tres dígitos, y me arriesgo a decir que el año que viene vamos a tener una inflación de tres dígitos, y le juego un lechón a más de uno. Ojalá me equivoque y que el gobierno logre bajar la inflación. Ojalá puedan bajar de los tres dígitos, pero lamentablemente lo veo difícil”.

Como se ve, tal cual aclaró el santafesino este viernes, hablaba de 2023. Así que la apuesta aún no se ha definido.

“Ojalá todas las reuniones fueran así”. Esas fueron las palabras del diputado Carlos Heller (FdT), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando este miércoles transitaba una reunión por aguas calmas, que terminó con cruces picantes entre Martín Tetaz (Evolución Radical) y Marcelo Casaretto (FdT).

Fue precisamente durante el tratamiento del último punto del temario, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para aprobar el Convenio Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los Tratados Fiscales para prevenir la erosión de las Bases Imponibles y el traslado de beneficiarios. 

Encargado de explicarlo, Casaretto dijo que “lo que busca el G-20, y luego la OCDE, es tratar de generar el intercambio de información para evitar la erosión de las bases imponibles y que los impuestos se paguen función de donde se genera la actividad económica y donde están radicados efectivamente los domicilios de las personas”. “Es en contra de los paraísos fiscales que permiten la evasión impositiva”, sumó. 

No conforme con la explicación, Tetaz pidió aclaraciones, a lo que Heller le contestó que “no es un proyecto de ley para discutir. Es la ratificación o no de un convenio vigente, que fue firmado por el gobierno anterior y ratificado por éste, que entiende que hay que seguir adelante en el marco de los convenios internacionales. No caben modificaciones ni debate”. 

Pero Tetaz no la cortó y reclamó que Casaretto “habló sobre evasión y no es sobre evasión el convenio, es sobre elusión, que no tiene nada que ver con la evasión”. 

“Algo tiene que ver, las dos tratan de no pagar impuestos”, expresó Heller, a lo que el radical retrucó: “No, son dos bichos distintos”. 

Retomó entonces la palabra Casaretto, quien señaló que “estamos hablando de un tratado multilateral a nivel internacional; estamos hablando de que la evasión tiene que ver con el incumplimiento de una ley nacional”. “Lo que se discute a nivel internacional es cuando a la caracterización del organismo de recaudación de cada país hay una empresa o una persona que evade pagar el impuesto en virtud de una elusión que pretende hacer trasladando la base imponible a otro lugar”, agregó. “¡Marcelo está mal lo que estás diciendo, es un disparate!”, intentó exponerlo una vez más Tetaz, y Casaretto lo desafió a que si no le parecía “razonable” lo podían discutir “en La Nación o TN cuando vos quieras, yo voy a cualquier lugar”. 

Más tarde habló la diputada Germana Figueroa Casas (Pro) para tratar de profundizar en la explicación del convenio, pero Tetaz siguió: “Es insólito que están aprobando algo que ni siquiera han leído”. 

“Diputado sea un poquito más respetuoso”, le pidió Heller, pero el porteño insistía en que Casaretto “no sabe de qué es”. “Creo que es otra vez un exceso de su parte, pero voy a pedirle al diputado Casaretto que no conteste”, intentaba cerrar Heller. 

Desde el oficialismo salió a hablar la diputada Carolina Moisés (FdT), quien resaltó que “más allá de los miembros informantes todos tenemos acceso a los expedientes, a los proyectos, tenemos un equipo de asesores, por lo tanto no es necesario que cada miembro informante sepa hasta el último detalle” sino que “cada diputado con su responsabilidad lo conozca”.

“La próxima vez vamos a proponer que sea Figueroa Casas quien explique los proyectos”, tiró Tetaz y Heller, ya visiblemente molesto, lo retó: “Diputado usted habla cuando le da la gana, hay que pedir la palabra, le pido que no sea mal educado. ¡Cómo no me voy a enojar si insistentemente usted viola todas las reglas de funcionamiento!”. 

Fuera de micrófono, pero ya casi gritando, Casaretto lanzó: “Tetaz vaya a la escuela a estudiar tributación. Maestro ciruela te venís a hacer acá, burro, sos burro vos. Sos solamente parecido a la televisión. No te hagas el canchero acá, burro”. 

La Oficina de Presupuesto del Congreso organizó este martes el “Encuentro de Oficinas de Presupuesto del Congreso: logros y desafíos de las oficinas técnicas de presupuesto”, una jornada que puso en valor el papel de esa institución creada en 2017 y cuya tarea cobra cada vez más valor para el Parlamento.

En la apertura de la jornada, el titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón, señaló que este evento “tiene características muy particulares porque se da en el contexto de un proceso de culminación de una etapa de la OPC, su primera etapa de funcionamiento, y por lo tanto es un momento para hacer una reflexión y balance de lo realizado”.

El contador explicó que con el primer panel tendrían “la oportunidad de analizar la experiencia que han desarrollado Oficinas de Presupuesto de Estados Unidos, la primera creada en 1970; de Canadá, creada en la década del 80; de Chile, de reciente creación; y las experiencias en Europa y Latinoamérica”.

Mientras que el segundo panel estaría integrado por “legisladores actuales y con mandato cumplido que participaron en la creación de la Oficina y en el diseño de la Ley 23.343”, además de los presidentes de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras con quienes “la OPC tiene relación permanente”.

Makón expresó que la necesidad de la actividad consiste en que “para hacer una evaluación no solo es importante la opinión propia, sino tener visiones de contexto”.

Un sueño hecho realidad

“¿Cuál es el rol de la OPC en la labor parlamentaria argentina? Repaso por la experiencia de la gestión 2018-2022. Logros y el camino por recorrer”. Ese era el título del segundo panel de la jornada, que contó con la presencia de los titulares actuales de las comisiones de Presupuesto, Carlos Heller y Ricardo Guerra, el diputado del Pro Luciano Laspina, y dos actores centrales de este tema en tiempos cercanos: Marco Lavagna, actual titular del INDEC, y el senador nacional (MC) Juan Manuel Abal Medina.

Ofició como moderador del mismo, el jefe del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, quien recordó que cuando se reintegró junto a Agustín Rossi, como parte de su equipo, a la Cámara baja en diciembre de 2017, “la Oficina estaba dando sus primeros pasos”. “Tanto como asesor, y ahora como diputado, puedo visualizar cómo se está trabajando y cómo va creciendo la capacidad de interlocución de quienes desarrollamos tareas parlamentarias con la Oficina”, destacó.

Primer orador de la mesa, Marco Lavagna confesó que la creación de la OPC fue “a nivel personal uno de esos lindos sabores que me dejó el paso por la Cámara de Diputados”. “Era una deuda que existía, había proyectos hace muchísimos años”, recordó y consideró que se trata de “uno de esos organismos que nos terminan mejorando la institucionalidad de nuestro país”.

La Oficina tiene el objetivo de “dotar a los legisladores de mayores herramientas a la hora de la discusión, desde ya del Presupuesto, pero de todas las normas y leyes que pasan por el Parlamento”, señaló el exdiputado, quien expresó que “no todos tienen que ser especialistas”, pero sí “todos los legisladores tienen que tener la obligación de saber cómo es un Presupuesto, de leerlo, de interpretarlo, y a la hora de votar la ‘ley de leyes’ tener las herramientas necesarias”. “Y la Oficina de Presupuesto viene a cumplir ese rol de asistencia, análisis y acompañamiento”, agregó, para remarcar luego que se trata de “un análisis independiente, apolítico y bien objetivo”.

“Hay que continuarla y fortalecerla”

El exdiputado observó que a la OPC “hay que pensarla en el largo plazo, porque oficinas como estas tienen que tener un tiempo de maduración”. En ese sentido, dijo que si bien la OPC “ha dado grandes pasos” aún “es una Oficina joven” y “el crecimiento tiene que darse en el tiempo”. “El equilibrio que ha tenido hasta ahora es lo que permite pensar en el largo plazo, cómo se va metiendo en la actividad parlamentaria cada vez más”, sostuvo.

Lavagna enumeró que entre sus funciones la OPC no solo tiene el análisis de la Ley de Presupuesto, sino la cuestión de la sostenibilidad de la deuda y la asistencia a legisladores para un proyecto particular, porque “en definitiva, al final del día, la mayoría de los proyectos terminan en algún recurso necesario”. Por eso es necesario “ayudar a la priorización de los distintos proyectos, dónde se destinan los recursos”.

También opinó que se debe “seguir trabajando en capacitación, no solo a los cuerpos asesores sino mismo a los legisladores” y “hacer cursos, manuales”, al tiempo de avanzar con “los concursos para ocupar los cargos vacantes”.

Al mencionar la aprobación de la ley, ponderó la “decisión muy fuerte” que existió por parte “de tres o cuatro partidos políticos que estábamos involucrados en llevar adelante este proyecto”, el cual “nos encontró en una mesa”. “Es uno de los mejores ejemplos que podemos dar en cuanto a trabajo consensuado”, valoró y cerró: “Hay que continuarla, hay que fortalecerla, darle más vuelo y permitir que cada vez se meta más en la vida cotidiana”.

Un acuerdo político transversal

A su turno, el diputado del Pro Luciano Laspina recordó que la creación de la OPC “surgió después de muchos años de idas y vueltas en las cuales no avanzaba la idea” y, durante el gobierno anterior, “avanzó con un acuerdo político transversal” y fue “aprobada por una abrumadora mayoría”. En ese momento él ocupaba la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y relató que había quienes le decían “estás loco”, al advertirle que no iba a “favorecer al oficialismo” porque “le quita poder al presidente de la comisión”, le argumentaban en contra.

“Cuando pensamos esta Oficina con Marco, con Juan Manuel y con Diego Bossio, que estaba también detrás del proyecto, la idea era tener una asistencia de racionalidad fiscal en las discusiones del Congreso”, explicó, dado que “los problemas fiscales son la raíz de todos nuestros dramas, y eso iba a ayudar al oficialismo y la oposición, y efectivamente así fue”, manifestó.

Además, el santafesino elogió a su titular, al opinar que “la llegada de Makón fue muy importante”. “La ley es de las mejores que existe, la más ambiciosa cuando uno compara con la de otros países”, apuntó, pero resaltó que “a las instituciones también las hacen las personas” y, en esa línea, destacó que Makón “fue tan independientemente que ha logrado enojarme a mí, a (Carlos) Heller y a todos por igual, diciéndonos que no cuando tenía que decir que no, diciéndonos que sí cuando tenía que decir que sí, y cumpliendo el reglamento a raja tabla”.

Laspina subrayó la “cantidad de informes y de recursos que a veces cuesta absorber” elaborados por la OPC, la cual “se ha ganado un espacio”. “Muchas veces los tiempos de la política no son los tiempos de la OPC, porque tiene que hacer análisis minucioso de leyes que llegan y se enteran en el momento”, expresó, por lo que pidió “pensar a futuro dar algunas reglas” de modo que “los proyectos requieran para ser aprobados de un dictamen previo de la Oficina de Presupuesto, como pasa en otros lugares del mundo”.

“De alguna forma tiene que incorporarse a la cultura presupuestaria de este Parlamento, y eso va a llevar un tiempo, por empezar requiere educar sobre todo a los legisladores”, continuó. Tras ello hizo hincapié en la dirección que se dedica al “análisis costo-beneficio del impacto de las políticas, que creo es el gran desafío de la gestión del Estado en los próximos años”. “En Argentina hay muy poca cultura del análisis costo-beneficio. Eso falta en todas las discusiones”, observó.

Finalmente, habló de que “el desafío para adelante” es “seguir incorporando a la Oficina de Presupuesto en la cultura legislativa, darle más participación en el debate, incorporar el debate costo-beneficio” y “en algún momento, aspiracionalmente, debe ser el organismo técnico que asista en la redefinición de los Presupuestos en el Congreso, eso le daría mucho más poder al Congreso”.

El último empujón para su creación

En la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso fue clave el papel del entonces senador Juan Manuel Abal Medina, autor del proyecto para crearla. “Crear instituciones en nuestro país es algo muy, muy difícil. Por eso hoy estar acá, viéndola trabajar, creciendo, nos muestra que algunas cosas se pueden construir en la Argentina”, resaltó el hoy funcionario nacional, que recordó que le tocó ser parte de la Comisión de Presupuesto siendo otro el Gobierno.

Cosa excepcional, porque en general las comisiones de Presupuesto están a cargo del oficialismo. Pero ante la mayoría peronista en el Senado entonces, esa presidencia quedó en manos suyas, un representante opositor, que se preguntaba entonces cómo debían ser sus decisiones, a quién consultar ante cada presupuesto. “En ese interregno hubo una oportunidad que no había habido antes en la historia argentina, porque por una cuestión de juego político, obviamente el oficialismo de turno no quiere que esto esté, porque quiere el monopolio de la información. Ahí se abrió una ventana que podía haber prosperado o no; tuve que encontrar a un interlocutor como Luciano (Laspina), que tenía (a su vez) que convencer al Gobierno”, evocó Abal Medina.

Agregó el exsenador que “se sobreentiende que el juego es ese y no se entendía que es una mejora para todos. Que estábamos generando un cambio que nos convenía a todos”.

“Lo pudimos construir”, resaltó Abal Medina, que sin embargo reconoció que “hay instituciones creadas por la Constitución que se construyeron y hoy están vacantes desde hace 15 años. Ahí la apuesta fue muy fuerte: saber que teníamos que construir una Oficina que tuviese la credibilidad que permitiese ser aceptada por todos los sectores políticos”, destacó. En ese marco, precisó que los concursos para elegir a todos sus integrantes fueron uno de los aciertos. “Fue un diferencial en el que empezamos a mostrar una cuestión distinta”, dijo.

Ahí fue que debían conseguir a alguien con la legitimidad y capacidad para poder llevar adelante la Oficina de Presupuesto del Congreso, por lo cual “fue central conseguir a alguien que aceptase y Marcos Makón fue central para nosotros, porque es la persona que más sabe de presupuestos. Había distintos postulantes, pero cuando hablábamos con Luciano, decíamos que era él”.

Reconocido hincha riverplatense, Abal Medina se permitió una humorada al observar respecto de Marcos Makón que más allá de “su bosterismo enfermo, en todo lo demás es una persona honorable… No parece de Boca”. Hubo risas en el panel, pero la previsible reacción de Carlos Heller, que lo cruzó, ante lo cual entre risas el ex jefe de Gabinete replicó y repitió: “el dolor de Madrid”.

Tras ese momento de humor, que tuvo su correlato más tarde, cuando el propio Marcos Makón le contestó riendo desde el auditorio, Abal Medina señaló que “Marcos y todo el equipo se tomaron esa tarea con mucha fuerza y muchas ganas; les explicaron a los presidentes de las comisiones de Presupuesto cuál era su tarea y así empezaron”. En ese sentido destacó que “insertar una institución no es sencillo. Lo que requiere es ir insertando este organismo”, y concluyó felicitando a la Oficina de Presupuesto del Congreso expresando su deseo de que “sigan construyendo el mismo camino”.

Un organismo técnico apartidario

Concluidas las exposiciones de lo que Germán Martínez definió como “la línea fundadora” de la OPC, expuso el actual presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller, quien consideró que “efectivamente la Oficina del Congreso es, ha sido y debe continuar siendo un organismo técnico apartidario, responsable de analizar temas fiscales y cuyo objetivo es brindar apoyo técnico a los legisladores de ambas cámaras”.

Heller aclaró que “el Presupuesto no es un balance, no es una cuestión eminentemente técnica. Marca el pulso económico, los objetivos del Gobierno de turno. No son todos iguales, ni son sumatorias de partidas; contienen profundas definiciones políticas”.

“Por eso, siendo apartidario, requiere también la comprensión de los objetivos para los que se está trabajando; entender cuál es el programa del Gobierno, y a partir de allí y de la comprensión de ese objetivo, analizar las distintas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de cumplir o no esos objetivos políticos”, planteó el legislador oficialista.

Para Heller, el gran desafío de la OPC  “es mantener su apartidismo, pero al mismo tiempo comprender el objetivo político que cada gobierno intenta llevar adelante”. Al respecto, el diputado del Frente de Todos enfatizó que “la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social”, y al respecto destacó que “existen distintas matrices de pensamiento. No hay pensamiento único, y mucho menos en economía”.

“La Oficina de Presupuesto tiene que estar interpelada por estos conceptos de la economía como concepto social, y no ser un mero elaborador de cálculos matemáticos. Debe interpretar la política”, remarcó.

En otro pasaje, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados contó en base a esa experiencia que “he recibido decenas de diputados que vienen con planteos, todos justos… los sumás y no dan. Entonces aparece la política, hay que establecer prioridades. La política tiene subjetividad, no es matemática, y ahí es donde deben estar las prioridades, en función de la política que lleva adelante el gobierno de turno”.

Lo cual, aclaró, “no quiere decir que (los informes) no tengan que ser análisis precisos, porque la política desprovista de la ciencia del análisis termina siendo un dibujo”. Luego sostuvo que “hay mucho que aportar desde la Oficina de Presupuesto” y reiteró que “deben estar orientados a que el proceso funcione adecuadamente”.

A continuación, advirtió sobre otra de las funciones que a su vez tiene la OPC: las estimaciones del impacto fiscal de proyectos de ley. Ahí se diferenció de Laspina, que a su turno había expresado lo contrario. “Se está haciendo una costumbre que todos los temas requieran el dictamen de la Oficina; no lo creo factible. La Oficina de Presupuesto no está en condiciones de dar ese tipo de respuestas. Si ese fuera el objetivo que decidiéramos, deberíamos decidir primero qué recursos le damos, qué estructura”, señaló, remarcando que “esta Oficina no está pensada para eso ni tiene estructura, ni recursos” para tal fin.

“Hay que priorizar en función  de la importancia de las leyes”, aclaró Heller, para quien “someter la decisión de una ley a una opinión de una oficina técnica es subordinar la política. Hay cosas que tenemos que hacer y luego discutir de dónde se generan los recursos, y eso es función del Ejecutivo”.

Por último, sugirió que una cosa que podría pedírsele a la OPC es elaborar un informe sobre los costos de la política: que tomara a su cargo establecer cuál es en realidad el costo de la misma. “Mucha gente se sorprendería y le haría muy bien a la política que esto se conociera -aventuró-. Bajaríamos varios tabúes y revalorizaría algo: no hay sociedad sin política. Creer que la vida se va a arreglar suprimiendo la política está en las antípodas de lo que yo pienso”.

El costo de la política

El último expositor fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Ricardo Guerra, quien valoró la tarea de la OPC como “un caso de éxito”. Recordó que la misma comenzó a operar en marzo de 2017, y como los concursos se extienden por 5 años, contó que “estamos en la etapa que recibimos a los interesados en participar del concurso. Y sin embargo, en el corto período que lleva esta institución se consolidó y sus requerimientos son necesarios, muy convenientes los informes que emite”.

Por último, Guerra coincidió con Heller en cuanto a que “el Presupuesto es una síntesis de lo técnico y lo político”. Recordó que como ministro de Hacienda de su provincia, le tocó participar del armado de casi once presupuestos, “y es una tarea muy valorable, pero refleja lo político, la gestión, el plan de un gobierno, la decisión de asignar recursos a una política y no a otra. Los recursos son limitados, las necesidades infinitas”.

“Muchas veces entre la política con lo técnico existe una suerte de matrimonio por conveniencia, para que no se generen situaciones no deseadas”, dijo, y respecto del costo de la política aportó porcentuales: “En el Presupuesto 2023, que vamos a tratar mañana en el Senado, la distribución del gasto legislativo es del 5% de todo el Presupuesto. Si hacemos una rápida evaluación, podemos decir que el costo de la política es algo así como el 5 o 6%, no es tan gravoso”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado oficialista Carlos Heller realizó este martes una dinámica reunión en la que avanzó con el dictamen de numerosos proyectos que quedaron listos para llegar al recinto.

Entre ellos el de capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Esa iniciativa, conocida popularmente como la ley Lucio, recibió el dictamen correspondiente para que este miércoles pueda ser tratada en el recinto.

Este proyecto conjuga tres proyectos, suscriptos por Martín Maquieyra (Pro), Roxana Reyes (UCR) y Paola Vessvessian (FdT), quienes hicieron uso de la palabra durante esta reunión. El primero recordó que la iniciativa fue inspirada entre otros casos por la desgraciada muerte del pequeño Lucio Dupuy, de apenas 5 años. “Venimos trabajando hace tiempo en la comisión de Familias y logramos unificar con proyectos como la ley Abigail, de Roxana Reyes y la diputada Paola Vessvessian, y terminamos creando un plan federal para la capacitación de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, señaló el diputado pampeano. Agregó que la iniciativa “plantea tres herramientas para prevenir la violencia, abusos, aberraciones por las que pasaron Lucio y tantos niños en nuestro país”.

Comentó que se trata de “la capacitación para todo el personal que está trabajando el tema de la niñez, no porque no estén capacitados, sino porque están para educar, sanar, no para prevenir y saber cuáles son las alertas tempranas que nos pueden indicar que un niño está siendo víctima de un abuso. Por eso es que la capacitación es tan importante”. Asimismo contó que el proyecto establece la realización de campañas de concientización y en redes para que “todos los ciudadanos estemos al tanto de saber cuáles son las alertas tempranas, e instar a que las provincias mantener la protección del denunciante. Pasó en este caso y muchos otros, los docentes nos dicen que hay miedo a denunciar, a que luego un padre o madre tenga una represalia porque un docente denunció. Por eso se pide a las provincias que adhieran al protocolo para mantener en reserva las identidades”.

A continuación, la santacruceña Roxana Reyes valoró el trabajo realizado en la Comisión de Familias, que ella preside, donde se alcanzó el consenso y los acuerdos para llegar a un dictamen común. Recordó también que “Abigail fue una nena de 7 meses, que sufrió 5 días por su vida y que soportaba maltratos, abusos… Estaba en el sistema de Protección de Niñez, estaba judicializada. Había adultos responsables que estaban avisados”, pese a lo cual tuvo un desenlace fatal. Por eso consideró la diputada que eso fue producto de la falta de perspectiva de los derechos que hay que proteger.

“Esto nos convence de que tenemos que capacitar a quienes reciben alertas, para que no haya más Lucios o Abigail”, resumió, celebrando la unanimidad conseguida y agradeció al presidente de la Comisión de Presupuesto haber puesto el tema en el temario.

Por último, Paola Vessvessian reconoció que al principio no se alcanzaban a poner de acuerdo. Había divergencias que lograron sortearse, pero finalmente lograron armar una norma y puntualizó que “no solo vamos a capacitar, también esto viene a fortalecer el trabajo que ya está haciendo el Ejecutivo”.

A continuación, pasó a la firma el  proyecto de ley que viene del Senado por el cual se aprueba la adhesión de la República Argentina al Fondo Multilateral de Inversiones III (Fomin III) del Banco Interamericano de Desarrollo, tras lo cual se avanzó con la transferencia a título gratuito de una serie de inmuebles de parte del Estado nacional a distintas provincias argentinas.

Entre esas transferencias, la diputada Blanca Osuna (FdT-Entre Ríos) defendió su proyecto por el cual se transfiere a la Municipalidad de Paraná el puerto de esa ciudad. La legisladora explicó que el puerto dejó de ser comercial hace muchos años, función que siguen desarrollando otros, como los ubicados en Diamante, Concepción de Uruguay e Ibicuy. El puerto de Paraná quedó limitado al tema turístico y aclaró que ese traspaso no sería para desarrollar un negocio inmobiliario. “Es importante que quede claro que estamos hablando de un espacio para el acceso público, disfrute, contacto al río e interacción y desarrollo para que los propios trabajadores de la zona puedan continuar desarrollando su labor.

Otro de los inmuebles transferidos, es uno a la municipalidad de Concordia, para destinarlo a la construcción de la terminal de ómnibus de la municipalidad de esa ciudad, según detalló el diputado Marcelo Casaretto.

Otra cesión es la que el Estado nacional realizará a la provincia del Chaco para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna. Al respecto, la diputada radical Lidia Ascárate felicitó la creación de un nuevo parque nacional, pero advirtió sobre los giros, pues faltaba que pasara por Recursos Naturales, no obstante lo cual aclaró que era solo una observación pues no objetaban que pasara a la firma. Ante ello, Carlos Heller admitió que tenía razón, pero dedujo que se había buscado aprovechar la reunión, tratándose de que eran todos “proyectos de consenso”.

Por otra parte, suscribieron un proyecto impulsado en su momento por el senador Edgardo Kueider, para transferir un inmueble del Estado a la Municipalidad de Larroque. Casaretto explicó que se trata de un terreno baldío que había sido destinado a un edificio del Correo que terminó construyéndose en otra parte, y ahora servirá para edificar un anexo de la municipalidad.

Entre los predios transferidos por parte del Estado, simbólicamente el más importante fue seguramente aquel donde funcionó el campo de concentración La Perla y ahora edificarán un espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos. Se trata de un proyecto de los cordobeses Carlos Mario Gutiérrez y la actual senadora Alejandra Vigo. El primero expresó su beneplácito porque estuviera dándose ese traspaso a la jurisdicción provincial, y recordó que esa medida había sido impulsada originalmente un 24 de marzo de 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Desde entonces, dijo, “hemos sorteado numerosas situaciones, planteos racionales de adecuación, y me parece que es una gran noticia para seguir cultivando esa memoria que es patrimonio de todos.

Luego el diputado oficialista Eduardo Fernández dijo que “para los cordobeses, los que hemos defendido la democracia, este predio fue el que vio desaparecer a cientos y cientos de cordobeses en la tortura y asesinados (…) Que hoy la provincia sea cultora de ese espacio es una reivindicación”.

Desde el Pro, Laura Rodríguez Machado, adelantó el acompañamiento de Juntos por el Cambio a ese despacho.

También se avanzó por unanimidad con la firma del proyecto que crea el Programa Nacional Unico de Informatización y Digitalización de historias clínicas de la República Argentina, como así también un proyecto que crea un programa de prevención de discapacidades en el recién nacido, incorporando la detección de cardiopatías congénitas sintomáticas detectables por oximetría de pulso.

También se avanzó con el proyecto impulsado por la exdiputada María Cristina Alvarez Rodríguez, que establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. La diputada Vessvessian valoró que se llegara a dictaminar y destacó “el fuerte trabajo que hicieron Cristina Alvarez Rodríguez y Pablo Yedlin. Esperemos que sea ley; el año pasado se trató, pero no se pudo llevar al recinto, y es un pedido que nos hacen las madres”.

Los diputados firmaron también un proyecto sobre reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, por el cual se capacitará de manera obligatoria a la comunidad educativa para “prevenir muertes evitables”.

Ya sobre el final de la reunión se trató un proyecto que crea un régimen de Patrimonio Cultural Inmaterial, y fue defendido por uno de los autores de la iniciativa, el titular de la Comisión de Cultura Hernán Lombardi, quien puntualizó que se trata de una iniciativa que “tiene en cuenta algo que era necesario normalizar, que es el patrimonio cultural inmaterial”.

“Habitualmente uno habla del patrimonio tangible, pero también está el intangible”, arrancó Lombardi, que citó como tales estos ejemplos: el tango, el chamamé y el filete porteño, que integran la lista representativa de la Unesco. “Pero hay un montón de proyectos que ingresan y no hay una ley que los regule. Es un patrimonio extraordinariamente frágil, porque estamos hablando de costumbres, músicas, gastronomía, y a su vez hay muchas iniciativas que no tienen bien definidas las capacidades técnicas”, explicó.

“Llegamos a un acuerdo en Cultura y firmamos un dictamen que nos parece muy importante a los efectos de preservar el patrimonio inmaterial”, agregó Lombardi, que aclaró que habían acordado “restricciones presupuestarias” según la cual la norma que impulsaban no incluiría la incorporación de personal, ni nuevas partidas presupuestarias para llevarla adelante, cuestión de no aumentar la carga fiscal sobre el Estado.

Le falta ahora a ese proyecto un giro a Legislación General.

Por otra parte se avanzó con el régimen para la detección, atención temprana y cobertura integral de la pubertad precoz.

Miembro informante del oficialismo, el diputado Carlos Heller abrió este martes el debate por el proyecto de Presupuesto 2023 y advirtió, en virtud de lo ocurrido el año pasado, que “no se puede volver dejar al país, no al Gobierno, sin esa herramienta que es el Presupuesto”. 

En esa línea, el porteño consideró que esta iniciativa, que recibió 30 modificaciones, es “realista” y “de cumplimiento posible”. “No es cierto que este sea un Presupuesto de ajuste”, enfatizó en tres oportunidades, al tiempo que resaltó que “está orientado en cinco pilares”: infraestructura, salud, educación, ciencia e innovación, e inclusión social activa con perspectiva de género. 

Además, precisó que “se incorporaron 95.166 millones de pesos al Ministerio de Educación, esencialmente en lo que tiene que ver con las becas y el Fondo de Incentivo Docente” y unos 322.575 millones de pesos para distintas áreas sensibles, como políticas alimentarias, asignaciones familiares, becas, integración socio-urbana, entre otros sectores. 

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda valoró que el proyecto “es el producto de sostenidos debates, es una versión mejorada de la enviada por el Poder Ejecutivo”. 

En el arranque de su discurso, Heller analizó la situación internacional y dijo que, en ese marco, el proyecto contiene “un conjunto de supuestos sobre la evolución de las variables volátiles de la economía y las finanzas”. 

“Necesariamente hay que ponerlo en el contexto global de lo que está sucediendo en el mundo”, insistió, y agregó que “el Presupuesto es una herramienta de gestión, es un Estado que va a ejecutar sus políticas, es el plan de gobierno”. 

Al enumerar distintos pronósticos de recesión que hay para los próximos años, el oficialista subrayó que “los organismos multilaterales siguen diciendo que Argentina va a crecer en 2022 un 4%”, que era la “proyección del Presupuesto que no se aprobó”, mientras que en 2023 crecerá un 2%, también la cifra que contiene la iniciativa, por encima de las proyecciones que hay para Brasil (1%), México (1,2%) y Chile (1%).

Pero además, el legislador se refirió a “la herencia”, para recordar que durante los años del gobierno de Cambiemos hubo una pérdida del PBI de 3,9% y “los salarios reales de los trabajadores cayeron 18,5%”. También, “hubo que enfrentar una renegociación de deuda por 100 mil millones con privados” y el “acuerdo con el Fondo, que fue el menos malo de los acuerdos posibles”, sostuvo y completó: “Nuestro Gobierno no tuvo otro camino que el de la renegociación”. 

Luego, Heller aportó índices de recuperación de la economía tras la caída por la pandemia y remarcó: “Está claro que con crecer no alcanza y hace falta un Estado activo que además actúe en la regulación de la puja en favor de los que menos tienen y más necesitan”. 

“Somos absolutamente conscientes de que es muy grande el vaso vacío, que son muchísimas las cosas que tenemos por delante y es necesario resolver, y que por eso hay que trabajar mucho para ir avanzando en esa dirección, y entendemos que el proyecto de Presupuesto va en esa dirección”, afirmó. 

El diputado señaló que de acuerdo a este Presupuesto, “los salarios crecerán un 2% en términos reales en 2023”. Y, en cuanto a la cifra de inflación del 60%, la calificó como “una meta alcanzable”. “Frente a todos los desafíos que plantea el flagelo inflacionario, la búsqueda de un camino de descenso gradual, sin recurrir al shock antiinflacionario es lo aconsejable en un escenario como este”, argumentó y habló de un objetivo del 44% en 2024 y del 33% en 2025. 

El oficialista expresó que “si bien se elabora en un contexto cargado de incertidumbres y amenazas recesivas, este proyecto propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo, los ingresos de la población, y al fortalecimiento del mercado interno”. 

“Se pasará de un déficit primario de 2,5 en 2022 a 1,9 en 2023”, detalló y dijo que se hará con “reordenamiento de gastos, con reducciones a los subsidios a las empresas, especialmente a las de energía, y un aumento en el gasto de las partidas sociales”. En ese sentido, apuntó que “las prestaciones de la seguridad social crecerán 81,1%; los gastos en salud crecerán 85,9%; en educación y cultura 76,5%; y en ciencia y tecnología 128,6%”. 

La polémica generada en torno al Régimen de Promoción Económica y Fiscal concluyó este jueves por la tarde en el marco de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se anunció la decisión de no tocar el mismo y aplicar una suba de impuestos compensatoria.

La cuestión había cobrado renovado interés los últimos días, a partir del pedido de la Coalición Cívica de derogar la Ley 19.640, cosa que provocó la reacción de los legisladores fueguinos, incluidos -y sobre todo- los de los otros partidos integrantes de Juntos por el Cambio, que reprocharon a sus socios por esa medida “inconsulta”.

La discusión subió un escalón más al trascender las fronteras fueguinas y pronunciarse el Comité Nacional de la UCR, que rechazó “de forma tajante” el proyecto de ley presentado por los legisladores de la Coalición Cívica.

En este marco es que trascendió que el ministro de Economía, no vería con malos ojos esa medida, al punto tal que el senador nacional Pablo Daniel Blanco llegó a hablar de “una intromisión nefasta que no hace más que agredir a los habitantes de nuestra provincia y poner en marcha la maquinaria de recortes y trabajo sucio que impulsa el ministro de Economía Sergio Massa”.

La realidad es que desde Economía plantearon la posibilidad de compensar la erogación de ese fondo aplicando un aumento de impuestos, que fue confirmado este jueves durante el debate en comisión del Presupuesto 2023.

Fue ahí donde el presidente del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, preguntó sobre el tema. Atento a lo que había trascendido en medios periodísticos, el legislador observó que “estaba la posibilidad de que el oficialismo incorpore el aumento a los impuestos internos sobre bienes electrónicos, que están en el 6,5% y que según la información periodística pasaría al 10%”, ante lo cual advirtió que “esto sería un aumento de impuestos internos que a nuestro modo de ver, con el casi monopolio, duopolio, o como quieran llamar a ese mercado concentrado y con la alícuota diferencial de impuestos internos del 17% para bienes importados, más las restricciones que hay para que entren productos importados en esta materia, lo único que va a hacer que aumentar el precio de los productos electrónicos”. Por eso preguntó si ese aumento estaba en evaluación.

El presidente de la comisión, Carlos Heller, le dio la palabra a la diputada oficialista fueguina Rosana Bertone, quien aclaró que ella junto a los diputados del Pro Héctor “Tito” Stefani y Federico Frigerio, más la oficialista Mabel Caparrós y ella misma habían propuesto subir el impuesto interno a los productos elaborados en su provincia, pero también el impuesto interno para el importado. Y rechazó de paso el término “oligopolio” expresado por su par de la Coalición Cívica: “Son 23 industrias, 8.075 trabajadores directos, 6.900 trabajadores indirectos, con una situación geopolítica que creo que es bastante más complicada que la de 1970 cuando se dictó el régimen federal”.

Más tarde Heller detalló la modificación impositiva: el impuesto a los productos nacionales creado en 2009 fue elevado del 6,5 al 10%, mientras que el impuesto al importado se eleva del 17 al 19%.

“Es mantener todo tal cual está, lo que impacta en el precio de los productos”, señaló a parlamentario.com el diputado Juan Manuel López, que por si hacía falta aclaró que no estaban “en nada de acuerdo” con esa decisión.

¿Qué harán a la hora de votar el proyecto? “Lo vamos a decidir después de que podamos estudiar el dictamen”, fue la respuesta del jefe del bloque CC-ARI.

Así quedó el artículo

IMPUESTOS INTERNOS

Artículo XXX.- Sustitúyese, para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de enero de 2023, inclusive, el artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones – manteniéndose vigente su planilla anexa, aprobada por el artículo 123 de la ley 27.430 y sus modificaciones- por el siguiente:

Artículo 70: Están alcanzados con la tasa del DIECINUEVE NUEVE POR CIENTO (19%) los bienes que se clasifican en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que se indican en la planilla anexa a este artículo, con las observaciones que en cada caso se formulan.

Cuando los referidos bienes sean fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la ley 19.640, siempre que acrediten origen en el Área Aduanera Especial creada por esta última ley, la alícuota será equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la alícuota general, con excepción de los productos definidos como “Aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles”, que se clasifican en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8527.21.00 y 8527.29.00, cuya alícuota aplicable será del CERO POR CIENTO (0%). Los fabricantes de los productos comprendidos en las posiciones arancelarias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, que utilicen en sus actividades alcanzadas por el impuesto productos también gravados por esta norma, podrán computar como pago a cuenta del impuesto que deba ingresar, el importe correspondiente al tributo abonado o que debió abonarse por esos productos con motivo de su anterior expendio, en la forma que establezca la reglamentación. El impuesto interno a que se refiere el presente artículo, con el diferencial de alícuotas aquí establecido, forman parte de los beneficios y franquicias promocionales y mantendrán su vigencia, en los mismos términos y condiciones, que los demás beneficios y franquicias al amparo de la Ley N° 19.640 y normas complementarias.

En el arranque de una nueva jornada de debate del proyecto de ley de Presupuesto 2023, los diputados Ricardo López Murphy (RU-JxC) y Carlos Heller (FdT) protagonizaron un contrapunto en torno a las Leliq y el funcionamiento del Banco Central.

Primer orador de la reunión, el exministro de Economía remarcó que “el área donde están los mayores déficits del sector público es el Banco Central de la República Argentina“, el cual consideró cuenta con “una mal formación crónica”.

“Concentra los déficit en un lugar que no debe hacerlo, no tiene control parlamentario”, analizó y admitió que ese “es un vicio que no es de este Gobierno, viene de muchos años pero ha distorsionado las cuentas públicas”.

Al enfatizar que el Banco Central “actúa de una manera” que le resulta “inconcebible con la función del Congreso”, López Murphy indicó: “Toma a tasas carísimas y presta a tasas baratas, es decir, hace subsidios sin ningún control; compra dólares a precios extravagantes y los vende baratos. Actúa como un Papá Noel sin autorización del Congreso”.

“Hay un error de institucionalidad”, subrayó, y cuestionó “tener una tasa de inflación extravagante, haberle quitado 13 ceros a la moneda y probablemente le quitemos 3 más. Cada cero es 1.000% de devaluación”. “Este diseño institucional es nocivo para el crecimiento del país, la desigualdad, la pobreza y es un estigma para el crecimiento”, continuó.

Para el liberal, “no plantearse este tema desde una reforma estructural” sino, por el contrario, “sentar y profundizar estas distorsiones, como se hace en el Presupuesto, le hace muy mal a la Argentina”.

“Hay poco crédito al sector productivo porque se lo chupa todo el Gobierno con una monstruosa colocación de títulos públicos y letras de liquidez, que han llegado a un nivel y magnitud que es muy peligrosa para nuestra estabilidad como país”, alertó.

El legislador opositor precisó que “el crecimiento de la deuda por este concepto es esta gestión ha sido más de 60 mil millones de dólares”, bajo el argumento de que “las Leliq se renuevan y no va a haber inconvenientes”, pero eso “es completamente erróneo”, dijo.

“¿Con qué va a pagar las Leliq el Banco Central, cuál es el recurso que tiene? El único recurso que tiene es emitir dinero. ¡Nosotros tenemos un diseño institucional que nos lleva a una inflación permanente! Las Leliq hoy duplican la base monetaria y el argumento es que se van a renovar”, enfatizó.

Además, López Murphy aseguró que “teníamos 5% de Leliq en el PBI y ahora tenemos 12%”. “El balance del Banco Central se ha estado volviendo enormemente peligroso para esta administración y la futura”, agregó.

Continuando con sus críticas a la macro, el diputado sostuvo: “El programa macroeconómico que subyace a este Presupuesto es un programa equivocado, no solo por su impacto inflacionario, sino por el impacto macroeconómico para el empleo, el crecimiento”. Y subrayó que trae “un ajuste fuerte, no nos engañemos. Para los que le gusta historia, el doble de marzo de 2001”.

Al responderle, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, consideró que su par había incurrido en “una cantidad de omisiones y hubo errores”, como “no haber recordado que cuando asumió el Gobierno anterior se habilitó que las Lebac, que eran el instrumento de regulación monetaria preexistente, pudieran ser utilizadas por inversores privados y eso generó lo que luego hemos conocido como el carry trade”. Estrategia consistente en que “la plata que entraba al sistema financiero, esperaba y jugaba en la ecuación tasas de interés y tipos de cambio, y llegado el momento se iban haciendo pingüe ganancias a costas de las finanzas del Banco Central”, explicó.

El oficialista defendió que las Leliq se instauraron desde diciembre de 2019, y “no es un bono trazable, no es una cosa de la que se puede entrar y salir, sino que es una cuestión que se da en función del volumen de depósitos que tiene cada entidad financiera que no logra colocar en las otras alternativas que podrían tener para utilizar”.

“No es cierto que ha crecido de manera exponencial volumen. La inflación genera a veces confusiones. El stock de Leliqs a julio de 2022 es un 23% inferior al que había en marzo de 2018. En marzo de 2018 equivalían a 10,5% del PBI, y en julio de 2022 equivalen a 8,3% del PBI, es decir 2,2% menos”, detalló al exhibir un gráfico.

El porteño sostuvo además que “no existe la posibilidad preexistente que los bancos puedan hacer con esas Leliq ninguna otra cosa que tener Leliq. Si dejaran de tener Leliq tendrían que pedirle a los depositantes que se lleven los depósitos”, al tiempo que “no pueden comprar dólares, porque hay una regulación que establece cuál es la proporción de dólares del patrimonio de cada entidad financiera”.

“Los problemas que tenemos son otros”, opinó Heller, tales como “un déficit fiscal que hay que resolver” y “un Presupuesto que tiene más demandas que recursos”. “Sobre esto (las Leliq) se hace mucha política discursiva pero creo que con una carencia importante de información objetiva”, cerró.

Nuevamente tomó la palabra López Murphy y le respondió: “La prueba del pastel la vamos a ver cuándo lo comamos”. “El cambio de Lebac a Leliq ocurrió en el segundo trimestre del 2018, cuando asume en el Banco Central (Luis) Caputo y se retira (Federico) Sturzenegger, no en diciembre del 2019″, apuntó y reafirmó que desde diciembre de 2019 “ha venido creciendo sistemáticamente” el nivel de Leliq.

Heller recogió el guante y argumentó: “Fue un año donde no hubo actividad económica, hubo emisión muchísima, y al crecer los activos monetarios de la manera en que crecieron, inevitablemente en el 2020 hay un crecimiento de las Leliq que se corresponden con el crecimiento de la emisión monetaria, porque con emisión monetaria se financió todo lo que hubo que financiar para que el país no se cayera a pedazos por la pandemia, estimado”.

“En realidad la explosión de Leliqs a la que me refiero ocurrió este año y usted lo sabe”, retrucó el legislador de JxC, para cuestionar que “los inmensos déficit que tenemos se financian y se esterilizan en un crecimiento espectacular de las Leliq”.

En el tramo final de su intervención, manifestó: “Me parece bien este debate, me parece que no podíamos dejar pasar este tema. Yo creo que es inviable, usted cree que es viable, lo veremos en el curso de los meses que vienen”.

Pero también, cuando criticó que se “subsidian” dólares, López Murphy lanzó: “Si a mí me dejaran ingresar esos dólares también compraría un montón de fierros”. “Tiene muchos dólares afuera usted”, lo chicaneó Heller, generando risas, a lo que el liberal cerró: “Lo que tengo lo tengo bien declarado, no se preocupe”.

La diputada nacional Agustina Propato (FdT) acompañó a representantes del sector cooperativo de electricidad de la provincia de Buenos Aires, a un encuentro con Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación.

De la reunión también participó el presidente de la Cooperativa de Electricidad de Zárate, José Luis Mangini, quien, al término de la misma, se mostró satisfecho con los resultados obtenidos.

Por su parte, al ser consultada por medios de prensa, la legisladora señaló que “el encuentro sirvió para acercar una serie de preocupaciones y necesidades en el marco de la discusión del proyecto del presupuesto nacional 2023”.

En línea con la misma tarea, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llevó a cabo la suscripción de un convenio que le transfiere 5.000 millones de pesos “destinados al fortalecimiento y acompañamiento en las inversiones de infraestructura necesaria”, y señaló que “de esta manera, nuestro gobierno ratifica el apoyo permanente que, sin dudas, repercutirá en un mayor crecimiento para el sector”.

“El camino es el diálogo: no a la estigmatización ni a la violencia”, expresó este sábado el Partido Solidario que preside el diputado nacional Carlos Heller, al analizar lo sucedido esta semana en Villa Mascardi, donde el Gobierno nacional intervino a través de sus fuerzas de seguridad para desalojar a una comunidad mapuche de tierras usurpadas.

Para el PSol, “la defensa irrestricta de los Derechos Humanos es una tradición social y política que nos constituye. Es parte irrenunciable de nuestra identidad”.

Por eso, señala el partido de Heller a través de un comunicado, “la represión a los pueblos originarios en Villa Mascardi, en Río Negro, es un hecho que reprobamos y que no se debiera naturalizar”.

“Impulsamos el rápido esclarecimiento de las situaciones donde hubo vulneración de los derechos de niños y mujeres”, expresa el PSOL, que proclama de manera enfática: “No a los desalojos violentos promovidos por sectores económicos especulativos”.

Asimismo consideran “imprescindible generar canales institucionales de diálogo donde estén representados los gobiernos nacionales y provinciales junto a representantes de los pueblos originarios, entre otros actores involucrados en el conflicto”.

El comunicado, que también lleva la firma de Juan Carlos Junio, secretario general del PSol, concluye expresando que “el camino no es el de la estigmatización, la violencia y la marginación. El camino es el diálogo y los acuerdos”.

La diputada nacional Estela Hernández (FdT) presentó una lista de obras públicas para ser revisadas o incorporadas a la Ley de Presupuesto 2023 en beneficio de la provincia de Chubut, y se la hizo llegar al titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.

En el marco del debate de la “ley de leyes”, la oficialista reclamó que se contemplen los recursos para obras en las localidades de Trelew, Rawson, El Hoyo y Lago Puelo, que no han sido incorporadas.

“Somos conscientes de que el país está atravesando una dura crisis y que debemos ser austeros a la hora de delinear el presupuesto. Es el deseo de todos que esta ley de leyes sea algo real, algo factible de concretar y no un listado de posibles cosas que, debido a la inestabilidad en el contexto económico producto de la pandemia y ahora de lo que está provocando la guerra, luego se torne algo imposible, pero también hay obras que por su urgencia no pueden seguir esperando y que son muy relevantes como las de pavimentación”, subrayó Hernández.

En relación a la propuesta elevada a Heller, señaló que “el pedido es el que le hicieron los intendentes” con quienes se comunicó personalmente para conocer de cerca el estado de las obras anteriormente comprometidas o aquellas que deseaban sumar a lo que previamente ya se acordó entre el gobernador Mariano Arcioni y el equipo del Ministerio de Economía de la Nación.

Se acercaba el tramo final de la exposición del ministro de Defensa, Jorge Taiana, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda este miércoles, cuando tomó la palabra el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez. 

El santafesino, que tiene afición por la temática, arrancó destacando como “un paso muy importante” la visita de Taiana, ya que “nunca se convocó en los debates de Presupuesto a los ministros de Defensa”. 

“Pídale el tiempo, presidente”, reprochó enseguida el macrista Francisco Sánchez, quien había sido interrumpido por el presidente de la comisión, Carlos Heller, cuando anteriormente había preguntado por la compensación económica para las víctimas del ataque al Regimiento de Monte 29 en Formosa, en 1975, por parte de Montoneros.

Visiblemente molesto por los gritos de Sánchez, Martínez le reprochó: “Todavía estamos esperando tus disculpas por la pena de muerte (para la vicepresidenta Cristina Kirchner). Demasiado respetuosos somos, demasiado respetuosos somos”. 

“Todavía ni empezó a hablar, no sea represor. Siga Martínez”, lanzó luego Heller contra el neuquino, y el presidente del Frente de Todos remató: “Lo tiene en el ADN, ¿viste?”. 

El secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, cerró la larguísima tanda de exposiciones sobre el Presupuesto 2023 que se desarrolló a lo largo de este martes reivindicando que el actual gobierno habrá crecido al final de su gestión 3 de sus 4 años. “En este despelote mundial que me pasó, me parece que no es una mala performance”, estimó.

El que le toca manejar hoy, dijo, “es un sector que a pesar de todas las dificultades ha tenido una reacción importante. La crisis fue muy complicada; fue muy grave de donde veníamos: un 54% de inflación que pudimos el primer año llevarla al 37%”.

Recordó que después vino la pandemia y la guerra, y señaló que “hasta las sociedades más desarrolladas decidieron en la crisis no dejar caer la actividad y tomaron decisiones durísimas”. En ese sentido citó por ejemplo a Estados Unidos, que llegó a tener una inflación del 13%.

“La Argentina hizo para mí lo que había que hacer para que ese nivel de actividad no peligrara”, resumió el funcionario, que detalló luego las medidas adoptadas en pandemia y cerró: “Nunca se nos hubiera ocurrido pedir que nos ayudada para pagar los sueldos, pero nos ayudaron… Por supuesto que esto no es gratis”. Y graficó: “Nosotros entramos a esa pista con un Renault 12, con gomas lisas y sin frenos…”.

“Y sin papeles”, sumó el presidente de la comisión, Carlos Heller.

De Mendiguren agregó que “hoy no podemos desentendernos, decir ‘qué calamidad la inflación’ y ver que la contracara son 40.000 PyMEs vivas… Gracias a que estuvieron vivas, pudimos crecer el año pasado el 10,5%, y este año estamos en la industria un 11% arriba de la prepandemia. Y el índice de desempleo es 6,9%”.

Empero, reconoció que “al que trabaja la plata no le alcanza”, pero resaltó de todos modos que “la industria hace 28 meses consecutivos que genera empleo”, como así también enfatizó un dato destacable: “El índice de cheques rechazados es el menor de los últimos 20 años”.

Tras ello De Mendiguren sostuvo que “si la Argentina no cambia su matriz productiva, no hay salida”.

“Queremos ese plan de estabilización, pero juntos preservar el poder adquisitivo del salario”, dijo el secretario de Producción en otro pasaje, y agregó: “Todos los procesos que en la Argentina tenemos memoria que empezaron con planes de estabilización, la primer variable fue el salario. Y no nos fue bien. Está demostrado que eso no funciona, así que entre todos debemos ver la manera de salir. Buscando leyes que aumenten la facturación del país. En eso creo que estamos hoy la mayoría de los que estamos preocupados por la Argentina”.

Sobre el final de su exposición, De Mendiguren destacó que las circunstancias mundiales le han dado a la Argentina una nueva oportunidad, pero que dependerá de nosotros ver cómo actuar, y advirtió que si no lo aprovechamos, “en vez de ser propietarios de nuestro destino vamos a ser inquilinos”, por lo que puede pasarnos como país en crisis.

Finalmente exhibió los números del Presupuesto del área, destacando que el total asignado es de 163.435 millones. De ellos, 142.326 millones tienen que ver con el Tesoro Nacional y crédito externo. 21.109 millones son para organismos como el INTI y el INPI, en tanto que para el sector PyMEs y emprendedores hay asignados 114.649 millones, y 14.381 millones para el área industrial.

“Tenemos un gran apoyo a las PyMEs, debemos reconocer la reacción que tuvieron a las medidas y créditos que se otorgaron subsidiados”, destacó De Mendiguren, que resaltó además la reacción exportadora que tuvo el sector: 10.600 millones el año pasado, en tanto que este año llevan 6.700 millones exportados.

Para cerrar, recordó que el Gobierno anterior, de sus cuatro años creció uno solo. “Nosotros, de cuatro, podemos crecer en tres. En este despelote mundial que pasó, me parece que no es una mala performance”, concluyó.

Sobre el final de las preguntas, ante la que le formuló el radical cordobés Víctor Hugo Romero, referida al 2% de crecimiento estimado, De Mendiguren se animó a asegurar que “vamos a crecer más que el 2%, estoy seguro”.

Y Heller intervino para apuntar: “Yo le aseguro que vamos a crecer este año más del 4%”.

Los diputados nacionales Carlos Heller y Germán Martínez encabezaron este sábado junto a Agustín Rossi un encuentro junto a más de 1000 militantes en la ciudad de Rosario, donde se expresó el “pleno apoyo al Frente de Todos y total defensa a la democracia argentina”.

Heller se refirió a los discursos de odio y afirmó que “repetidos muchas veces, pueden generar las condiciones para los actos de violencia”.

“El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner debe trazar una raya definitiva que marque un antes y un después en la política argentina”, enfatizó Heller al tiempo que resaltó: “nuestro país debe volver a la cultura del debate y del intercambio de ideas. Con el adversario se discute y se polemiza, pero nunca se lo debe considerar un enemigo a eliminar. La cultura de la muerte nunca es compatible con la cultura democrática”.

Asimismo, el referente del PSOL dijo que “los y las referentes del Frente de Todos proponemos y ejercemos permanentemente el diálogo y el debate público. En el caso de la vicepresidenta, ejerce además su propia defensa judicial en un marco donde los discursos dominantes intentan culpabilizarla a través de un gran show mediático, sin pruebas”.

“El Gobierno nacional viene insistiendo en distintos llamados al diálogo y a la discusión pública. Más allá de las grandes diferencias ideológicas que existen entre los distintos sectores políticos, lo que el Frente de Todos propone es que esas controversias se resuelvan a través del debate político y la búsqueda de acuerdos posibles, dejando atrás la cultura de la eliminación del adversario. La salida es con más y mejor democracia”, finalizó Heller.

A continuación, Germán Martínez recordó: “Hace más de 15 años venimos trabajando junto con el Partido Solidario y La Corriente Nacional de la Militancia compartiendo ámbitos de trabajo en la provincia de Santa Fe, en los momentos muy difíciles, en los gobiernos de Néstor y Cristina estuvimos juntos y también en este momento con tantos desafíos”.

“Queremos poner en debate los temas que tenemos que debatir para que los 40 años de  democracia en la Argentina los celebremos el 10 de diciembre de 2023 con un gobierno popular conduciendo los destinos de la patria”, arengó el actual presidente de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.

“Necesitamos una fuerte unidad de cara al 2023 y no hay que dejarse correr por la derecha, que tan mal le ha hecho al pueblo argentino cuando gobernaron entre 2015 y 2019”, aseguró Rossi ante la militancia presente.

“Tenemos el problema de la inflación, pero tenemos desocupación hacia la baja, crecimiento económico y hemos ordenado el frente externo. Sin dudas el gobierno del Frente de Todos es infinitamente mejor que los cuatro años de Mauricio Macri“, sentenció.

Además, el actual interventor de AFI se refirió al intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner y criticó a Patricia Bullrich: “es canallesca su actitud. La presidenta del principal partido de la oposición (Pro) no repudió el hecho, no apareció”.

Durante más de dos horas reflexionaron y debatieron sobre “Democracia en Argentina, superando desafíos. Construyendo el futuro”. Estuvieron presentes en el club Banco de Santa Fe, el jefe de bloque de Diputados y Diputadas Nacionales por el Frente de Todos Germán Martínez, la concejala por Rosario Norma López, el secretario de bloque del FDT en el concejo municipal, Luciano Arancho, la secretaria provincial del PSOL Eloisa Ruiz Carriedo y Agustín Ferrer del PSOL Venado Tuerto, entre otros.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja -presididas por los oficialistas Hernán Pérez Araujo, Lucas Godoy y Carlos Heller, respectivamente-, se reunieron este miércoles para emitir el dictamen por mayoría del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La reforma en cuestión corresponde a la Ley 27.453, a partir de una iniciativa del Gobierno nacional, apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.

Actualmente, y en base a los datos recopilados por el ReNaBaP, hay 656 proyectos de integración socio urbana en marcha en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo. Muchas de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado por el Estado en concepto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por el impuesto PAIS (que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal).

Se calcula que cerca de un millón doscientas mil familias viven en barrios populares en Argentina, lo que representa a unas cinco millones de personas, más del diez por ciento de la población total del país. Los asentamientos ocupan una superficie total de 590 kilómetros cuadrados, tres veces el tamaño de la ciudad de Rosario.

La reunión para continuar con el tratamiento de modificación al régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, y su posterior dictamen por mayoría, tuvo una aprobación unánime por parte de los legisladores de los diferentes espacios políticos que estuvieron presentes en el “Anexo C”.

La iniciativa fue celebrada por el diputado nacional Federico Fagioli (FdT), quien mencionó que “la Ley 27.453 es popularmente llamada como ‘Ley de Barrios Populares’ y es una de las mejores políticas de los últimos tiempos”. También afirmó que “la Mesa Nacional de Barrios Populares tuvo un rol activo para el pedido de la modificación de la normativa”.

Al respecto, explicó que el proyecto se afianza en dos ejes: la ampliación del registro nacional de barrios populares y el freno a los desalojos por diez años. “Desde 2017 hasta estos tiempos, los barrios populares pasaron de 4.416 a más de 5.500, y dentro de poco vencía el plazo, que pasaría de cuatro a diez años para frenar los desalojos territoriales”, explicó el diputado.

“Esto es para que como Estado planifiquemos y mejoremos la calidad de vida de cada una de los vecinos y vecinas de los barrios populares”, argumentó Fagioli, quien además mencionó que “tratarán una proyección plurianual para agregar al presupuesto especifico para atender necesidades socio urbanas de barrios populares”.

Del mismo modo, la diputada Natalia Zaracho (FdT) expuso que “el Certificado de Vivienda Familiar implicó el acceso al DNI, al correo, que las compañeras que sufren violencia de genero puedan llamar a un patrullero y que la ambulancia ingrese a los barrios para que el Estado esté presente”.

La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño manifestó que “la iniciativa es ratificar una política de Estado que empezó con el Gobierno anterior”, y añadió: “Entendemos que puede ser fructífero para los más desposeídos de nuestra patria. Felicitó a ambos bloques por ponerse de acuerdo rápido y por el avance con una redacción común”.

Consecuentemente, la diputada opositora Silvia Lospenatto expresó que “estamos por construir una política de Estado que nace con un Gobierno, es continuada, ampliada y mejorada por el que sigue, e implica un seguimiento a futuro por el que venga”.

Debido al tema, la diputada sostuvo que “la urbanización de barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires debe ser tomada como modelo porque se basa en tres ejes: la integración habitacional a través de la creación del Certificado de Vivienda Familiar; la integración urbana que acerca servicios públicos, bancos públicos y empresas privadas a los barrios; y el avance en integración económica porque hay un mundo productivo que se debe ser reconocido”.

Por otro lado, explicó: “La urbanización de los barrios populares llevará, como mínimo, 20 años, por eso pedimos que esta iniciativa pueda sobrevivir durante todos los gobiernos. Legislamos para que la política de barrios populares continue en el tiempo”.

En esa línea, Victoria Morales Gorleri (Pro – JxC) consideró que “los barrios populares son los ‘depósitos de esperanza’ que durante décadas sus familias habían sido olvidadas. Los procesos de urbanización son la defensa de los derechos fundamentales porque cada año más familias recurren a estos lugares”.

El oficialista Eduardo Toniolli celebró que el dictamen salga por unanimidad y destacó la idea de tratar al proyecto como política de Estado y su continuidad a futuro. “Todas estas iniciativas nacen con la movilización popular en las calles. Los distintos actores que intervinieron no se quedaron en el lamento, sino que plantearon propuestas para salir adelante”, enfatizó el legislador.

En el cierre, recalcó que “la economía popular es trabajo genuino y, en Argentina, en determinados momentos, falta empleo, pero sobra trabajo por la necesidad de millones de argentinos y argentinas. El Estado debe unir estos dos factores a través de estas políticas”.

Al final de las exposiciones, los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, Hernán Pérez Araujo y Carlos Heller anunciaron que “se logró el dictamen de mayoría de forma unánime del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda inició su jornada de mucha actividad y protagonismo poco después de las 10.30, con una reunión para tratar cuatro expedientes, que se inició con la reincorporación del diputado Marcelo Casaretto (FdT-Entre Ríos) como secretario de la misma.

En primer lugar se abordó un proyecto que modifica el artículo 20 bis del impuesto a las Ganancias (Ley 20.628), modificación del artículo 20 bis, referido a las exenciones a trabajadores de la Salud por los ingresos que excedan las cuatro guardias mensuales en servicios de emergencia.

La iniciativa fue defendida por su autor, el  oficialista Daniel Gollan, quien agradeció en primer lugar la rapidez con la que fue abordado ese proyecto que “intenta resolver  un problema serio”. Planteó en ese sentido que “en la Argentina tenemos 4.600 centros de salud, que tienen internación” y advirtió que las guardias “no se están cubriendo, y es un problema sanitario de salud pública serio, que afecta a todos los sectores. Sobre todo las instituciones pequeñas y medianas. Todas las obras sociales son afectadas”.

Al respecto precisó que profesionales y técnicos, al cubrir más de cuatro guardias comienzan a pagar impuesto a las Ganancias, o bien cambian de categoría. “Entonces no las quieren hacer y no se pueden cubrir las guardias”, explicó. Recordó que esta situación se subsanó durante la pandemia, cuando se eximió de pagar impuestos a ese personal.

Ahora, “hay ausentismo; los directores de los hospitales se quedan sin cubrir las guardias, nadie quiere reemplazar; aparecen prácticas de pagar en negro, algo que tampoco es nada sano, pero a veces no queda otra alternativa”.

Gollan aclaró también que el proyecto “prácticamente no tiene ningún impacto, porque hoy no se están haciendo esas guardias”. Y concluyó: “Este proyecto es un pedido y una demanda que hemos recibido en todo el país”.

El diputado de Evolución Radical Martín Tetaz celebró que el diputado Gollán hubiera descubierto “cómo funcionan los impuestos, que desalientan la actividad profesional. Ese efecto que está denunciando particularmente para el caso de los médicos se verifica en todas las actividades, las fábricas donde los trabajadores no quieren hacer horas extras porque empiezan a pagar ganancias; algunos docentes que no quieren tomar una hora adicional… En todas las actividades económicas se verifica esa misma situación: el impuesto desalienta la actividad”.

Tetaz agregó lo que definió como “un problema adicional”, el del monotributo. Y precisó que “muchos de los médicos que están haciendo guardia, son monotributistas: no quieren hacer guardia porque al facturar un poco más se pasan del mínimo y automáticamente se van a Ganancias. Razón por la cual nosotros presentamos un proyecto hace varios meses para modificar el monotributo”.

En ese sentido, el diputado Tetaz expresó su sospecha respecto de que “son más los monotributistas que hacen guardias que los que pagan Ganancias”. Y en ese marco le expresó su reproche al presidente de la comisión, Carlos Heller, por no haber querido tratar el proyecto de JxC sobre monotributo.

Propuso entonces en lugar de hacer un dictamen en ese momento, traer también “el proyecto nuestro del monotributo y hagamos algo más general”.

El tema se llevó buena parte de la discusión, en cuyo marco Gollan defendió primero su propuesta original diciendo que alcanzaba un tema de “salud pública que afecta a todos”. Y ejemplificó: “En una fábrica puede conseguir un reemplazo si no se hacen horas extras, pero acá es muy limitado, y cuando no hay (personal), no hay. Por otro lado también lo hemos conversado con los gremios que tienen obras sociales: no puede ser que después todos salgan a pedir lo mismo”, dijo, y aclaró que el tema estaba saldado.

El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, aclaró que estaba “fuera de discusión la pertinencia y justicia del proyecto que se plantea. Ha quedado claro, incluso aun desde una mirada distinta como es la del diputado Tetaz, que no ponía en discusión”. Y agregó que “estamos trabajando acotadamente sobre trabajadores vinculados a la salud, no sobre otras actividades, pero me parece que tenemos que ser un poco prácticos: si tenemos un proyecto que aborda un tema específico, avanzar y que no nos impida discutir otros temas en particular”.

Más adelante intervino la diputada del Pro Germana Figueroa Casas advirtió un cambio en la redacción original del artículo 27, que disparó una gran polémica. Es que originalmente se hablaba de “zonas desfavorables” y luego se agregaba “para todo el país” a partir de la quinta guardia. “Las primeras cuatro guardias quedarán exentas, yo pensé que eran para todos los casos”, advirtió la diputada santafesina, ante lo cual Heller planteó que si era un tema de redacción se ajustaría en el camino al recinto.

Lo cual no fue aceptado y finalmente varios legisladores se apartaron para darle precisión a la redacción, antes de pasar a la firma el dictamen.

Mientras tanto, Martín Tetaz siguió insistiendo en la necesidad de incluir la cuestión de los monotributistas, y ante el rechazo oficial, advirtió que analizaría la posibilidad de presentar un dictamen de minoría.

Otros temas

Luego se avanzó con los proyectos de ley por los cuales se transfiere a título gratuito diversos inmuebles propiedad del Estado nacional a la municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.

A continuación, también se pasó a la firma el proyecto que declara  Monumento Histórico nacional, a la reserva natural El Destino de la provincia de Buenos Aires.

Y por último también pasó a la firma el proyecto venido en remisión por el cual se acepta la cesión de jurisdicción de diversos inmuebles efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para integrar el Parque nacional Aconquija.

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Ciencia Y tecnología de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller y del radical Facundo Manes respectivamente, se reunió este martes en el Anexo “C”, durante el que se arribó a un dictamen único sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a la Ley 23.877, de Promoción y Fomento de la Innovación Productiva. 

Manes celebró haber podido trabajar ambas comisiones en conjunto, y “haber llegado a un acuerdo, a un dictamen de consenso”. 

“Es muy importante que, más allá de nuestras diferencias entendemos que el desafío que tenemos para que la Argentina entre en el sendero de desarrollo al cual le venimos escapando hace mucho tiempo por no invertir lo suficiente en I+D y de vincularlo con el sector productivo”, manifestó en este sentido el legislador radical, y agregó: “La Ley 23.877 es uno de los pilares de nuestro sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y las modificaciones que hoy vamos a dictaminar la actualizan, y le brindan un marco de trabajo que esperamos que sea más ágil y más poderosos para fomentar la actividad científico-tecnológica en el sector productivo”. 

Asimismo, indicó que “uno de los problemas que tenemos en la Argentina es que el conocimiento que se genera en las Universidades, en el CONICET, muchas veces no se transfiere al sector productivo, y los países que se desarrollan o que quieren desarrollarse tienen como política de Estado invertir en conocimiento, que es la economía del Siglo XXI”. 

Seguidamente, tomó la palabra la diputada del Frente de Todos y vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología Mara Brawer, que se expresó “contenta de estar hoy acá modificando esta Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Productiva, una ley de 1990, que luego sufrió modificaciones en el 2017, y que ahora con un importante trabajo hecho desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, más el enorme aporte que han hecho los asesores y los diputados de todos los bloques, creo que ha quedado una ley muy buena”. 

Respecto a las modificaciones previstas, la diputada explicó esta última versión “vuelve a que el crédito fiscal sea del 50%, se vuelve a que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se amplían los impuestos nacionales que pueden ser usados para el crédito fiscal, se incorpora la segmentación por empresas, y se amplían los potenciales beneficiaros y perfiles de utilización del crédito”. 

A continuación, se expresó la diputada por Evolución Radical Danya Tavela, que celebró el trabajo que se llevó a cabo desde el grupo de asesores de los distintos diputados, “que nos permite avanzar en una ley de consenso, que era necesaria para volver a poner en funcionamiento y revitalizar esta ley, aggiornandola a las nuevas realidades que atraviesan nuestras empresas”. 

“Fundamentalmente creíamos que era importante definir con claridad la autoridad de aplicaciones, esto fue claramente receptado por el oficialismo, por el Gobierno. También lo fue la necesidad de poner en la agencia las funciones operativas y de ejecución de este instrumento, que históricamente así lo ha sido, y que además ha demostrado ser un órgano sumamente competente, eficaz y eficiente para la gestión de estas acciones”, agregó. 

Además, agregó que otro concepto que agregaron es el de la posibilidad de incorporar el escalamiento al nuevo producto o servicio, y sea incorporado a la hora de ser considerado como objeto del crédito fiscal: “Porque muchas veces este tipo de leyes divorcia la cuestión de la producción y el desarrollo de la primera instancia de producción, y para nosotros era importante en términos de garantizar aquellos emprendedores que están haciendo una apuesta al desarrollo, que significa agregar valor, tener la posibilidad de este empujón adicional”. 

Finalmente, manifestó que, “sin ser la panacea, ni ser la solución a todos los problemas que sabemos que tiene el sector productivo en nuestro país, al que no escapamos a la hora de debatir, la inflación, la inseguridad jurídica, la burocracia estatal que venimos acumulando después de tantos años, creemos que esto es un aliciente y una posible mejora, tanto para la investigación y el desarrollo, como para la sinergia de los organismos de ciencia y tecnología de nuestro país con las pequeñas, medianas y grandes empresas productivas”. 

Cerca de las 22 de este jueves comenzó en la Cámara de Diputados el debate del proyecto para prorrogar por cinco años seis impuestos nacionales. Miembro informante del oficialismo, el diputado Carlos Heller anunció que en la votación en particular se accederá a realizar cambios en el dictamen, de modo de lograr los apoyos necesarios.

El reclamo de un sector de radicales era que se desdoblara el artículo del proyecto, de modo de diferenciar lo que es la prórroga de los impuestos de la  prórroga de las asignaciones específicas. 

En defensa de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda resaltó que “lo que está en juego en la aprobación de este proyecto es ni más ni menos que la solvencia del Estado” ya que estos gravámenes son “fundamentales en los números de la recaudación de nuestro sistema tributario; además la mayoría son coparticipables o se distribuyen sobre la misma base de coparticipación”.

En esa línea, el porteño mencionó que el impuesto a las Ganancias, el impuesto sobre los Bienes Personales y el impuesto al cheque “significan el 54% total de lo recaudado por la DGI en 2021”. “No creo que haya que ser demasiado amplio sobre qué pasaría si esto no se prorrogara y tuviéramos que enfrentar un cese absoluto”, señaló. 

“Los impactos serían terribles no solo sobre las finanzas nacionales, sino de las provincias y los municipios”, advirtió, e insistió que “sería frenar la acción de los Estados” con “un altísimo costo que esto tendría para la población en las condiciones de vida de nuestra gente”. 

Al detallar la importancia de estos tributos, el oficialista precisó que “Ganancias es uno de los pilares del sistema tributario argentino” que “tiene un neto carácter progresivo” y “representa 5 puntos del PBI”. 

En tanto, Bienes Personales tiene “una primera detracción destinada al INCUCAI”, mientras que “93,73% se distribuye por la Ley de Coparticipación y el 6,27% restante va a las provincias con cajas previsionales no transferidas a la Nación”. 

Lo recaudado por el impuesto al cheque “tiene un destino específico, va todo al ANSeS”, con lo cual no prorrogarlo sería estar “desfinanciando el sistema previsional”, dijo el legislador. Y mencionó que lo obtenido a partir del impuesto a la venta final de cigarrillos también va a la seguridad social.

Sobre el impuesto al capital de cooperativas, “tiene un destino del 50% coparticipable, y el otro 50% va al Fondo de Promoción de Educación Cooperativa”. 

El diputado agregó que “el IVA representó el 35% de lo recaudado por la DGI en 2021 y el 44% de lo recaudado por la Dirección General de Aduanas”. De este impuesto, el 11% va a la ANSeS y el 89% restante a la coparticipación. “Esta distribución se hace así desde 1991”, subrayó. 

“No estamos proponiendo nada novedoso, ningún cambio, sino mantener la situación como está, no complicar a los estados”, sostuvo y cerró: “Consideramos imprescindible para el buen funcionamiento de la Nación, las provincias y los municipios que esta prórroga sea concedida por este Congreso Nacional”.

Al abrir el debate sobre el proyecto de Consenso Fiscal 2021, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Heller, aseguró que “de ninguna manera” este pacto tiene “el objetivo de subir impuestos”.

Para el oficialista, “es necesario tener en cuenta todo lo que viene sucediendo en nuestro país en los últimos años” con “las fuertes caídas del PBI y de la actividad industrial ocurridas entre 2016 y 2019; a la pandemia posterior, con todas sus consecuencias; y al agravamiento de la situación internacional producto, entre otras cosas, de la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Al destacar que en su informe de gestión, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, exhibió números sobre la recuperación económica, el legislador del Frente de Todos señaló que “para que continúe, para que tenga sustento ese crecimiento que se está dando, para que puedan profundizarse las políticas que apuntan a fortalecer la inclusión social, es a través de procesos de mejora en la distribución de la renta, imprescindible, porque no se puede hablar de inclusión si no se habla de distribución”.

En ese marco, “resulta necesario redefinir los términos del Consenso Fiscal”, dijo el porteño y afirmó: “De ninguna manera el objetivo de este Consenso es subir impuestos”.

Incluso, recordó que cuando se suscribió, en diciembre pasado, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sostuvo que los gobernadores se estaban “autolimitando en la suba de impuestos”, mientras que aquella jurisdicción que no firmaba podía aumentar los impuestos “incluso más” que las que suscribieron.

“Se requiere la instrumentación de una política y una administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones”, expresó el miembro informante del oficialismo, y agregó que “la idea del Consenso es establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico”.

Asimismo, apunta al “objetivo de poder seguir avanzando en forma gradual y sostenida en recortar las diferencias de desarrollo” que existen entre las provincias del país.

Nuevamente al hacer referencia a Manzur, quien manifestó que “para contar con un Estado inteligente, fuerte y cada vez más presente, necesitamos un Estado solvente”, Heller defendió que “esa es la orientación de este Consenso que estamos discutiendo: un Estado solvente que pueda avanzar en la realización de las políticas públicas que lleve a los objetivos planteados”.

“(El Consenso Fiscal) no está atravesado por la idea de aumentar impuestos, sino de implementar instrumentos que procuren que la distribución de la carga impositiva, para lo cual se prevé que tenga mayor incidencia en los impuestos patrimoniales, históricamente débiles en muchas provincias, y de esa forma poder compensar la eventual reducción en la recaudación de impuestos sobre las actividades productivas y el consumo”, ahondó.

También, el diputado dijo que va en línea con “la necesidad de evitar la aparición de desequilibrios fiscales” y que se “reduzca o elimine la necesidad de tomar deuda por parte de las provincias”, o de “mejorar la composición de ese endeudamiento al que fueron llevadas, casi obligadamente, en algún momento”, en referencia a la gestión anterior.

Heller resaltó que este Consenso “es un acto absolutamente federal, no es una cosa discrecional del presidente de la Nación con los gobernadores” ya que “para ser efectivo y aplicable requiere que este Parlamento lo sancione y que cada Legislatura provincial haga lo mismo”. “Se trata de un acto de absoluto funcionamiento del sistema federal en la toma de decisiones”, finalizó.

El diputado nacional Carlos Heller (FdT – CABA) ponderó en la sesión informativa de este miércoles de la Cámara de Diputados el informe de gestión que brindó el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, y lanzó críticas a la oposición.

En su intervención, Heller agradeció al funcionario por su “completo informe”, y se diferenció en una cuestión: “Con un sentido político generoso usted ha omitido, aunque al final tuvo que recurrir a partir de las preguntas que le hicieron, a hacer comparaciones entre la situación actual y las existente a fines del 2019 y lo dijo enfáticamente ‘comparo con nuestra propia gestión’”.

“Creo que no se puede. Necesitamos tener permanentemente presente y el último diálogo que tuvo con el diputado (Mario) Negri así lo demuestra, porque el problema de fondo es con qué facilidad se olvidan de dónde nos dejaron a fines del 2019, cuál era la Argentina a fines del 2019”, cuestionó.

En esa línea, Heller retomó: “Yo he escuchado acá de que hicimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en realidad nosotros fuimos a negociar la mejor negociación posible, el acuerdo menos malo posible, de lo que nos dejaron”, y remarcó: “Hubo que recuperarse de las dos pandemias: de la que nos dejó la gestión de Mauricio Macri y la que nos generó la pandemia sanitaria”.

A su vez, comparó el nivel de actividad económica: “En 2022 tenemos un 7,1 por encima del recibido de la gestión anterior en comparación de junio de este año con diciembre del 2019. No hay como objetarlo. Acá escuché que hace no sé cuánto que no crecíamos, un dato es que hay que ir 51 meses atrás para encontrar un valor equivalente al del 2019”.

“La industria, tema clave fundamental, dato del INDEC 13,6% de crecimiento de la industria manufacturera julio de 2022 versus diciembre del 2019”, agregó y precisó: “Es tan grande el agujero del que veníamos que a la gente le llega poco y es tanto lo que falta para que podamos generar el bienestar que la gente merece que a veces el vaso medio vacío opaca los éxitos que se han logrado y que están reflejados en todos estos datos”.

Y siguió: “El nivel de producción promedio de los primeros 7 meses de 2022 se posiciona como el más alto comparado con todos los años previos. El 2022 desde que se miden estos datos es el mejor año para la industria”.

Sobre el empleo en Argentina, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda manifestó que “en junio existe 12,7 millones de trabajadores registrados récord histórico para la serie disponible de 2012 esto implica 600 mil puestos de trabajo por encima de lo que recibimos de la gestión anterior”.

“El 7% de la desocupación hay que ponerlo en un contexto de que la gente ha recuperado la posibilidad y la voluntad de conseguir empleo. Está cayendo el índice de desempleo y creciendo el índice de empleo”, informó y agregó: “Un dato que hemos escuchado y nos taladra los oídos es que en Argentina no hay inversión: durante el segundo trimestre del 2022 la inversión promedió 21% del PBI es el resultado más alto en 16 trimestres”.

Por otro lado, sobre la producción petrolera “gracias a Vaca Muerta” comentó que “marcan en el segundo trimestre del 2022 el máximo para la década no solamente hicimos el cambio de nombre 13% más que respecto a 2019. Se duplicó el valor extraído de petróleo”.

“Dejaron un país recontra endeudado y tenemos un compromiso de tener un déficit fiscal de 2.5% de este año y 1.9 el año que viene. Tratamos de hacerlo con la menor emisión posible”, cerró Heller.

Las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, presididas por los legisladores Alicia Aparicio y Carlos Heller (FdT), mantuvieron una reunión conjunta informativa para tratar la situación de los créditos hipotecarios UVA. Fueron invitados autoridades de entidades y asociaciones bancarias. 

La reunión informativa dio continuidad al trabajo iniciado el 29 de junio, cuando tomadores de créditos UVA expusieron las dificultades para afrontar las cuotas requeridas, y se da en el marco del pedido del pasado 11 de agosto de Julio Cobos, junto a Mario Negri, de reanudar en comisiones el debate, enfatizando el “contexto inflacionario actual y el vencimiento el día 31 de julio pasado del Decreto 767, mediante el cual se congelaron las cuotas de aquellos que accedieron a un crédito UVA, vuelve más apremiante e incierta la situación de los beneficiarios”. 

Aparicio abrió el debate expresando el deseo de poder arribar en la próxima reunión a un dictamen de consenso “para aliviar la situación de quienes han tomado crédito en este sistema y ven peligrar la posibilidad de tener su casa propia”. 

A continuación, la primera expositora fue la presidenta del Banco Nación Silvina Batakis, que realizó una síntesis respecto a la situación hoy en día: “En el sistema hay una totalidad de 105 mil deudores UVA, de los cuales el 70% pertenecen a la banca pública. En el Banco de la Nación Argentina teníamos 48 mil créditos, de los cuales hoy están vigente 45 mil, y lo que tenemos que analizar es que el valor del UVA creció 919% desde la creación a la actualidad mientras que el UVI pasó de 846%”. 

Además, explicó que, del total del sistema de créditos otorgados, “menos del 2% están en situación de morosidad, y en el Banco Nación 0,98%. De la demanda que hacen cada una de las personas, es que detectamos 4 o 5 temas problemáticos: que son la aceleración de la actualización de la cuota, en relación a la actualización del salario; los problemas en el repago de la deuda; el incremento del capital adeudado en pesos; y el aumento de los años de plazo por topeo de cuotas en relación al ingreso”. 

Luego fue el turno de Mariano Beltrami, gerente de Estudios Económicos Banco Provincia, que brindó detalles respecto a los créditos otorgados por su institución: “En la actualidad el Banco Provincia tiene cerca de 15.600 créditos activos hipotecarios UVA, que totaliza un saldo actualizado por inflación de 102 mil 900 millones de pesos. Desde fines del 2019, el banco viene mostrando una caída importante en los saldos, y la cantidad de créditos otorgados”. 

Además, señaló las medidas que tomó el Gobierno para paliar la crisis derivada de la pandemia: “En marzo dictó un decreto para congelar las cuotas por un periodo de seis meses, a su vez restableció la posibilidad de reprogramar las cuotas, de modo tal de enviarlas al final del crédito”, y respecto a las medidas que tomó el banco en este sentido, explicó que “el directorio del Banco Provincia dispuso un esquema por medio del cual, se estableció una afectación máxima de los ingresos demostrables del 35%, quedando la diferencia a cargo del banco. Es importante resaltarlo, porque me parece que es una singularidad respecto de otros bancos”. 

A su turno, el director del Banco Ciudad, Gastón Rossi, explicó que el 98,3% de los deudores UVA se encuentran en situación regular: “Hay solo 204 préstamos que están en situación regular. Esta mora es extraordinariamente baja. A nuestro juicio, se estaría planteando una solución de carácter general, para un problema que tiene eminentemente un carácter individual. El abordaje caso a caso permiten encontrar alternativas de refinanciación a medida de cada deudor”.

Respecto a los mecanismos de alivio vigentes, señaló que el primer era “contemplado para todos los prestamos UVA, que preveía en el caso de que el salario real cayera un 10%, preveía una extensión del privilegio del préstamo, hasta un 25% del plazo original. En el caso del Banco Ciudad solo el 6,3% de los deudores hizo uso de este mecanismo de alivio”. 

Y que en segundo lugar “se exigió al sistema financiero un tratamiento especial en aquellos casos particulares en los cuales se acreditara que la cuota al 35% de los ingresos y en ese caso el banco estaba obligado a ofrecer una alternativa de financiación. En el caso del Banco Ciudad, se presentaron 686 deudores, de los cuales solo 4 efectivamente se acreditó que excedían el tope del 35%”. 

“Si uno piensa en el déficit habitacional que tiene la república argentina, probablemente sea indispensable consolidar un mecanismo de hipotecas que sea generalizado, de fácil acceso para precisamente cerrar esa brecha en materia de déficit habitacional”, concluyó Rossi. 

A continuación, fue el turno del gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) Alejandro Pérez, que advirtió la necesidad de buscar una solución para los deudores, que “no afecte a las más de tres millones de familias que tienen problemas habitacionales, y deberían poder acceder a un crédito hipotecario para la vivienda en los próximos años”. 

Y agregó: “La solución habitacional de este colectivo solo podrá surgir con el desarrollo constante de un mercado de créditos robusto. Durante los años 2016 a 2019 se dieron tan solo 105 mil créditos. El crédito hipotecario en nuestro país en relación al PBI alcanza un valor del 0,7%, en Chile esta ratio llega a más del 27%. El crédito hipotecario potencia las virtudes de la industria de la construcción, con sus efectos multiplicadores de la economía, de forma directa o indirecta. Consolidar este mercado es el gran desafío que tenemos por delante en los próximos años”. 

Claudio Cesario, presidente de ABA, consideró que es importante destacar se reunieron para analizar “uno de los temas más sensibles para la población”, que es el acceso a la vivienda, “posiblemente una de las mayores deudas que tenemos como sociedad y como Estado, que como garante y articulador de políticas de desarrollo habitacional, debe comprometerse en brindar las condiciones básicas e indispensables para posibilitar su acceso y financiamiento a largo plazo, eso sí, sin generar inflación. Y la inflación es la principal preocupación de todos los argentinos”. 

Por esto, para el expositor, “lograr la estabilidad macroeconómica y luchar para bajar la inflación son responsabilidad del Estado, y es responsabilidad de este Congreso, y de ustedes como diputados de hacerse cargo de esa responsabilidad”. 

“Fuimos convocados para abordar una problemática que afecta a un sector de la población, a menos del 2% de las 105 mil familias que 5 años atrás reunieron los requisitos necesarios para acceder a los créditos UVA. Familias con salarios o ingresos registrados y en blanco”, agregó. 

Y finalmente, señaló que “la mora de los créditos UVA son similares a los de otros países, porque los salarios, aun con algún rezago temporal, siempre se fueron ajustando. Ahora bien, contra la pérdida total o significativa de los ingresos no hay solución posible. La coyuntura o situaciones particulares de unos pocos, no pueden ser utilizadas para modificar contratos pactados de conformidad con la ley”. 

Cerrando la lista de expositores, tomó la palabra el presidente del Banco Central Miguel Ángel Pesce que coincidió en que toca tratar un tema complejo, que “concierne a uno de los temas de fondo que tiene nuestra sociedad que es la necesidad cultural y social de que los argentinos tengan acceso a su vivienda”. 

“Tenemos que encontrar un mecanismo permanente que permita salvar estas situaciones excepcionales y críticas cuando el salario real cae abruptamente y los procesos de negociación paritaria no pueden compensar esta situación con la velocidad que necesitan las familias para poder atender la cuota de un crédito que se ajusta por inflación”, indicó, al tiempo que advirtió que “hay que ser cuidadosos mirando la banca privada, que la solución que se busque no signifique la ruptura de contratos y que tampoco signifique la pérdida patrimonial de los bancos públicos”. 

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller señaló que el “problema de los tres millones de familias que no tienen acceso a la vivienda es uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina”, pero no es el motivo de este tratamiento: “Nosotros estamos reunidos en torno a un proyecto, que tiende a analizar cómo resolvemos la situación de los 90 mil deudores que tiene el sistema financiero a través del mecanismo UVA, y cómo hacemos que ese sistema pueda ser potable hacia adelante”, aclaró. 

“Estamos tratando proyectos concretos que estamos tratando de mejorar y enriquecer. Teniendo en cuenta las variables que señaló el presidente del Banco Central, el tema de la no ruptura del contrato, y la posibilidad de los deudores de acceder a los deudores”, apuntó el legislador. 

A su turno el diputado Julio Cobos cuestionó que “si todo andaría fenómeno, como surgen de las estadísticas que uno escucha de los bancos privados y públicos, veríamos que se siguen otorgando más créditos, sin embargo, son en la mínima la expresión”, y que por eso se debe “encontrar una solución que sirva para adelante, para ver cómo retomamos conviviendo con una inflación que a lo mejor llegue al 100 por 100”. 

“Todos los contratos de largo plazo siempre las cláusulas están establecidas para mantener la equidad contractual. Acá la relación ingresos e inflación, que era la relación de qeuidad que había que mantener se vino abajo, explotó”, indicó el legislador. 

La diputada Victoria Tolosa Paz consideró que la propuesta que se ha elaborado respecto a la creación de un fondo compensador “puede ser una buena medida que no perjudica a la banca pública, que es la que tiene mayor cuantía de esos créditos otorgados”, y advirtió que “no todo tomador de crédito UVA tiene características para que el Estado salga a socorrer esa situación. Me sumo a que podamos elaborar en la comisión conjunta un perfil, a partir del cual tengamos más certezas”. 

Dieciocho invitados del sector tecnológico del país tomaron parte este martes de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara baja, convocadas para analizar un proyecto de ley por el cual se introducen modificaciones a la Ley 23.877, de promoción y fomento de la innovación productiva, como así también la creación de un programa de incentivos para las investigaciones y desarrollos tecnológicos en el ámbito productivo.

En el inicio de la reunión, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), Fernando Peirano, agradeció a los presidentes de las comisiones y afirmó: “Es un gusto contribuir a la construcción de políticas de Estado en conjunto del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, para nosotros es una enorme satisfacción presentar la reforma a Ley 23.877 con áreas pertinentes del Estado, que además es acompañada con la firma de personas importantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Además explicó que “las modificaciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Productiva se vienen elaborando desde hace 18 meses y contará con aportes en becas y créditos para el desarrollo tecnológico e innovador. No vamos a malgastar ni un solo peso del país para administrarlo de manera correcta”, enfatizó Peirano.

La primera legisladora en preguntar fue Susana Landriscini (FdT – Río Negro), quien pidió por el “reconocimiento del espacio para discutir este recurso, crédito fiscal”, y planteó: “¿Cuánto avance hay en los acuerdos interjurisdiccionales entre provincias para acompañar desarrollo?”

Peirano le explicó que junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Daniel Filmus quieren que se reconozcan “avances en federalización, con una estrategia como prioridad política”.

“Federalizar es descubrir y potenciar en cada lugar, lo mejor que se está haciendo. Hacemos evaluaciones locales con 17 provincias que dialogamos en Ciencia y Tecnología. Si una provincia pone 100 millones, nosotros acompañamos con 200 millones para avanzar con compromiso. En este 2022, hay 40 eventos de acciones, cada buena idea es escuchada y presentada”, relató Peirano.

Luego, el diputado nacional Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) consultó acerca de las modificaciones de personal con respecto a la ley, por lo que Peirano le respondió que “la agencia tuvo jerarquización en febrero 2020, más de la mitad de los vocales son del interior, mitad hombre y mitad mujeres, buscando saldar la deuda que había con la perspectiva de género”.

Cuando fue el turno de la intervención de los invitados, el primero fue Pablo Giannavola referente de Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), quien manifestó que “las PyMEs que representa crearon 300.000 puestos de trabajo y 600.000 puestos indirectos con impronta federal”. Además añadió: “La industria metalúrgica tiene complejidad y heterogeneidad con alto desarrollo federal. Celebramos que somos de los pocos países con políticas tecnológicas”.

Luego fue el turno de Carlos Pallotti, de la Fundación Clementina, quien mencionó que “Argentina debe impulsar estas cosas, salir adelante a través de la producción de bienes y servicios tecnológicos que tenemos e abundancia en el país”.

“La industria tecnológica a partir de leyes, está generando un empleo nuevo cada 10 minutos registrados, y personas que contratan del exterior con el formato ‘freelance’ de lo cual no tenemos cifras. Esto está pasando; estos instrumentos vienen a potenciar el desarrollo científico y tecnológico”, señaló Pallotti.

En representación de la Unión Industrial Argentina (UIA) estuvo Graciela Ciccia, quien afirmó: “Apoyamos proyectos de Peirano y (Facundo) Manes porque modernizar la Ley 23.877 es muy importante sobre todo porque beneficia a grandes empresas con el incentivo del crédito fiscal y para las pymes hay upgrade del 65 por ciento que es muy importante.”

Respecto del proyecto de Manes, sostuvo que “es una muy buena conformación de proyecto porque es buen elemento perfectible y gran ayuda Para todas las empresas que deseen invertir en desarrollo nanobiotecnológico”.

Sin embargo, Ciccia pidió que “se revea el tema rembolsos”, donde argumentó que “debe haber mayor coordinación con AFIP a la hora de devolución de reembolsos por la tardanza y la inflación que disminuye los valores”.

El presidente de Argencon Luis Galeazzi apoyó a ambas iniciativas y explicó:  “La economía del conocimiento tiene motor en Innovación más Desarrollo en valores exportables”. Además pidió que “las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) por la Ley 23.877 porque da la sensación que administran más de lo que gestionan”.

“Llevar a UVT a su máxima expresión, es un recurso esencial en el desarrollo productivo. Queremos que las UVT participen de resultados de innovaciones productivas con premiación económica, y así estarán mejor remuneradas para generar actividad mucho mayor con enfoque productivo”, explicó Galeazzi.

Gustavo Barragán, representante de la Federación Industrial de Santa FE (FISFE) agradeció la invitación e informó que “desde Santa Fe, aplauden que todo el arco político este pensando en innovación de PyMEs porque generará más políticas de desarrollo para la Nación potenciando las capacidades tecnológicas del interior”.

En tal sentido, el santafesino explicó que “Santa Fe tiene 5.600 PyMEs, 300.000 empelados, es decir 1.200.000 de familias beneficiadas, lo que da un 30 por ciento de la sociedad santafesina que obtiene medio de vida con estas normativas. No es un gasto es una inversión”.

En modalidad virtual, Rolando Pomar de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) fue el primero en cuestionar los proyectos cuando argumentó que “tener crédito fiscal en un país con exceso de impuestos es contraproducente”, y agregó: “La ciencia y la tecnología son parte de la infraestructura de los países, pero se va aplicar en un país con una economía fallida, así lo observó como ciudadano que hace ciencia”.

“Las PyMEs apenas sobreviven con el agua en la nariz, esto es un banquito, hay que analizar los costos laborales restringen la creación y además la dependencia directa con importaciones”, consideró Pomar.

Javier Viqueira de ADIMRA, José Lousau de la Cámara de la Industria Argentina del Software de Argentina (CESSI), Agustín Campero de la Fundación Alem y Luciano Galfione de la Fundación Pro Tejer coincidieron en que “estos proyectos son muy importantes para ampliar a todas las industrias, y que el corazón de la industria es la innovación. El mundo se dividirá a futuro entre productores y usuarios de tecnología, si queremos tener destino como país debemos invertir en desarrollo científico, tecnológico e innovador”, señalaron los representantes.

Por último Sergio Drucaroff, de la Cámara Argentina de Biotecnología, y José Tamborenea, de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), señalaron que “el acceso del crédito fiscal a empresas jóvenes y combinarlo con diferentes institucionalidades es muy importante”, además afirmaron: “Queremos ser de los países que producen y ganan”.

Una vez finalizada la exposición de cada uno de los invitados, el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical – CABA) manifestó su preocupación sobre los costos de estos créditos fiscales, y explicó: “El dinero es fungible, pero se podría usar para pagar deudas, no solo como crédito de inversión”.

Además cuestionó que el crédito fiscal solo se use por dos años, por lo que expresó que “no tiene sentido limitarlo”. Para cerrar concluyó: “¿Queremos favorecer a las PyMES o a la innovación tecnológica?”, dando por aludido que ambas ideas, según su parecer, van por caminos separados.

Peirano aclaró las dudas de Tetaz: “Ampliamos soluciones para que más empresas operen en Argentina y brindamos herramientas para que esto se vea en la práctica”, respondió brevemente el titular de ANPCyT.

Presente en el encuentro, el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, recordó que “la Ley 23.877 avanzó sobre una hiperinflación en el año 1990 durante el menemismo arrastrando los problemas de Alfonsín”, y agregó: “Este escenario actual es mucho más favorable que aquel de hace 32 añós”, refutando las ideas de Pomar y Tetaz.

Para finalizar, Peirano advirtió: “Trabajamos un fondo de inversión para Desarrollo científico, innovador y tecnológico, pero no somos un banco”.

La reuniónfinalizó con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, agradeciendo a los presentes y despidiéndolos hasta la próxima reunión.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el oficialista Carlos Heller, finalmente emitió dictamen favorable al proyecto de Consenso Fiscal, que ya cuenta con la media sanción en el Senado, y quedó listo para ser debatido en el recinto. El oficialismo buscará convertirlo en ley en la próxima sesión que, a priori, será el 31 de agosto.

El despacho contó con 24 firmas a favor y 20 en contra, que fueron de los bloques Pro, Evolución Radical, Coalición Cívica, mientras que los diputados de la UCR se dividieron a la hora de firmar.

El acuerdo fue firmado entre las provincias y el Gobierno nacional el 27 de diciembre del año pasado y, desde entonces, espera su rúbrica no solo en las legislaturas provinciales, sino también en el Congreso. Las jurisdicciones que no se plegaron al acuerdo tributario son San Luis, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires.

La reunión fue encabezada por Heller, pero a la hora de explicar los lineamientos del acuerdo le cedió la palabra al miembro informante por el oficialismo Marcelo Casaretto quien describió las “seis partes” del proyecto: compromisos en materia tributaria; en materia de endeudamiento responsable; en materia de responsabilidad fiscal; en materia de procesos judiciales; compromisos de Gobierno nacional; y compromisos comunes. 

En materia tributaria, el legislador explicó que “hay un compromiso muy fuerte de intercambio de información entre el Estado nacional y los Estados provinciales, avanzando en la simplificación y la coordinación tributaria federal”, y “un intercambio de información en cuanto a los titulares de los inmuebles y otros bienes registrables y la valuación”. Además, señaló la elaboración de un padrón federal de registro único, y la “coordinación en materia de Ingreso Bruto en convenio multilateral”; así como “la devolución automática de los saldos a favor por retenciones en materia de Ingresos Brutos. La organización del organismo federal de valuación de inmuebles. El fortalecimiento y la modernización de los organismos de catastro y registro de la propiedad inmueble, rentas, agencia de recaudación en las provincias, tratando de aumentar la cobrabilidad de esos impuestos”. 

Mientras que, en materia de endeudamiento responsable, señaló que el proyecto dice que “durante un año las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera cuando se trata de financiamiento en materia de organismos bilaterales o desembolsos pendientes de créditos acordadas anteriormente, o canjes de pasivos o reestructuraciones de deudas anteriores. De la misma manera a fondos destinados a ciertas obras de infraestructura disputas con anterioridad al 31 de diciembre”. 

“El capítulo 3 es en materia de responsabilidad fiscal, se establece una regla límite de crecimiento del gasto, vinculada con el crecimiento del producto bruto interno de cada provincia. El año 2022 era un proceso de transición en la salida de la pandemia. Y que el producido del endeudamiento de los gobiernos provinciales no pueda destinarse a los gastos corrientes”, agregó Casaretto. 

En tanto, explicó que “el capítulo 4 trata de compromisos en materia de procesos judiciales: las provincias se comprometen a abstenerse de iniciar procesos judiciales durante un año, y suspender por igual termino los ya iniciados”. Mientras que el quinto es respecto a los compromisos del Gobierno nacional que se compromete a cancelar las deudas pendientes, “básicamente a caja de jubilaciones no transferidas por las provincias. Y a compensar deudas y créditos recíprocos”. 

Y, finalmente, el capítulo seis sobre los compromisos comunes, señala que las partes “acuerdan dejar sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial, a traes de los consensos 2017, 2018, 2019, 2020. En consecuencia, se deja sin efecto los compromisos de bajar los impuestos provinciales sin financiamiento, a efecto de no endeudar más a las provincias”. 

La primera en tomar la palabra por parte de la oposición fue Germana Figueroa Casas, del bloque Pro, que retomó inmediatamente las palabras del diputado preopinante: “Acabo de escuchar que no es vía libre para aumentar tributos, y es lo primero que está haciendo. Claro no es vía libre porque tiene topes, pero algunos llegan a casi duplicar lo que estaba, o actividades que antes estaban exentas ahora están gravadas”, expresó. 

En este sentido, indicó que, por ejemplo, “estamos sin poder tratar la Ley de Alquileres, planteando disminuir impuestos a eso, y la actividad que tiene que ver con la inmobiliaria, de un 4% podría pasar a un 5. La gente no puede acceder al crédito, y el aumenta a la actividad financiera puede llegar a un 9%. Sí hay vía, no libre, para aumentar impuestos, y bastante”. 

Por otra parte, la legisladora advirtió la necesidad de sancionar una nueva Ley de Coparticipación: “Es importante pensar que esta es una ley que tiene que ver con el federalismo de concertación, pero hay una ley que está por encima de eso y es la Ley de Coparticipación Federal; y parte de este federalismo de concertación tiene que ver con la falta de cumplimiento a la obligación constitucional, que era dictar una nueva Ley de Coparticipación, y esto son acuerdos que se van dando, pero nunca pueden pasar por encima de lo que dice la ley. Y hay algunos puntos donde podrían tacharse de inconstitucionales, por ejemplo, afectado el hecho imponible de Ingresos Brutos”. 

Respecto a Ingresos Bruto, señaló que “hay estudios sobre la carga tributaria que lo plantean como uno de los impuestos que más carga por el procedimiento de cascada que tiene. Y, sin embargo, lo ponemos como la columna vertebral para las provincias en la recaudación”. 

“Por otro lado, -consideró- invita a las provincias, en un país que ya tiene una presión tributaria enorme, las invita a otro impuesto que, combinado, con el impuesto a los Bienes Personales con estas alícuotas tan altas que tienen, realmente estaría presionando sobre los constituyentes, desincentivando el ahorro, que es plantear que las provincias tengan que dictar leyes al impuesto a la herencia. Que es una facultad que ya tienen, de hecho, hay una provincia que lo tiene, y hubo una provincia, que tuvo que volver atrás, Entre Ríos, porque se declaró inconstitucional”.  

“Creo que estamos dando vuelta el camino que habíamos planteado con el consenso fiscal 2017, un camino de empezar a beneficiar a la inversión, a la producción y esto conspira en contra de lo que dice que va a beneficiar”, concluyó la legisladora. 

A continuación, se manifestó la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien coincidió con la legisladora preopinante, respecto a que debe discutirse si es constitucional “permitir, a través de este acuerdo, que Ingresos Brutos en las provincias también grave actividades no lucrativas”. 

“Todos sabemos que este falso consenso fiscal su objetivo es tirar por la borda para atrás los acuerdos logrados en el 2017. En ese momento todos destacaron versiones exactamente opuestas a lo que ahora dicen que son las motivaciones ara firmar el presente mal llamado consenso fiscal”, manifestó. 

En este sentido, reprochó que “la reforma tributaria de 2017 está siendo eliminada, cuando era una reforma que tendía a bajar impuestos. Si hoy mantuviéramos esta reforma fiscal de 2017 tendríamos un esquema sin impuesto al cheque, con retenciones muy bajas, con contribuciones patronales cero para sueldos inferiores a 54 mil pesos, o con un impuesto a las ganancias con el 25% y sin impuestos al sello en muchas de las provincias”.  

“El Gobierno lo que hace con este mal llamado consenso fiscal, está claro que los gobernadores y sus legisladores, porque están ahorcados presupuestariamente, lo que quieren hacer es financiar las cajas de jubilaciones no transferidas, y aquellas deudas recíprocas que también se solucionan. Básicamente se está permitiendo a los gobernadores que se logren soluciones financieras a costa de los ciudadanos particulares”, agregó.  

“¿Todo esto qué significa? El Estado nacional no puede solamente financiar su excesivo gasto pública con Emisión, inflación y deuda, y como tampoco puede transferir los recursos necesario a las provincias lo que hace es permitir que las provincias se las arreglen solas tal cual hace el Estado nacional. Esto es arréglensela cómo puedan total el ciudadano siempre paga, y la presión tributaria siempre es la moneda de cambio”, indicó Rodríguez Machado. 

Y concluyó: “Estos son los motivos por los que no vamos a firmar, y lo que sí quería es saber si existe en las autoridades de la Comisión que nos pueda alcanzar al bloque opositor la presión fiscal final que va a haber sobre las alícuotas de los ingresos brutos en las provincias”. 

Quien recogió el guante por parte del oficialismo fue el diputado cordobés Eduardo Fernández, que recordó que es potestad de las provincias aumentar impustos o no: “Los pactos fiscales siempre se han firmado y comienzan casi siempre igual. Este se firmó en diciembre de 2021, y aclara que son acciones colectivas que generan condiciones básicas para su logro, a la vez que conservan las autonomías y potestades. El consenso fiscal no obliga a las provincias”. 

Y agregó: “Es un acuerdo que viene el Congreso nacional para que se ratifique, ya el Senado, donde están los representantes de las provincias lo han hecho”. 

En este sentido, concluyó que “este consenso fiscal es federal, respeta la autonomía y me parece que tratar de atribuirle direccionalidad fiscal habla por lo menos peyorativamente de las autonomías provinciales de sus legislaturas y sus gobernadores”. 

Seguidamente tomó la palabra el diputado radical formoseño Fernando Carbajal, quien coincidió con el legislador preopinante: “Me voy a permitir controvertir la afirmación de que este convenio fiscal implica la suba de impuestos. Lo cierto es que este convenio, en todo caso, desde el punto de vista técnico lo que hace es remover obstáculos que tienen las provincias para subir impuestos”, inició. 

Y señaló que “la eventual responsabilidad política de los aumentos de impuestos yo no lo acepto, ni creo que caiga en manos de este Congreso. Será en todo caso de los gobernadores y las Legislaturas provinciales que en medio de esta crisis les suban los impuestos a los ciudadanos y asumirán los costos. No me gustan ponerme sacos que no me quedan”. 

De todas formas, manifestó dudas respecto al artículo 7: “Donde desde el Congreso de la Nación nos permitimos indicarles caminos o políticas tributarias a las provincias me parece que no corresponde desde el punto de vista Constitucional”. 

A su turno, el legislador por Evolución Radical por la CABA Martín Tetaz se manifestó contra la idea de incrementar el impuesto sobre los Ingresos Brutos: “Quiero ser muy claro con todos, el impuesto sobre los Ingresos Brutos es el impuesto de los brutos. Es un impuesto que promueve el subdesarrollo. Y si nosotros nos alejamos del camino de la reducción de ese impuesto, vamos a aumentar la brecha de desarrollo con las provincias que tienen menor nivel de desarrollo. Y más tarde o más temprano nos vamos a ver con la necesidad de compensar el menor desarrollo de aquellas zonas”. 

“Por esta razón alcanza y sobra para oponernos tajantemente a cualquier alejamiento del consenso fiscal 2017, es un consenso que implicaba la mitad de impuestos a los ingresos brutos que el que permite esta nueva ley”, agregó. 

En este sentido, manifestó “no entender” por qué razón “nos alejamos de esa senda, y le permitimos a algunas provincias, cuyo único objetivo es de corte fiscalista, y de corto plazo que aumenten un impuesto que todos reconocemos que genera subdesarrollo”. 

Por otro lado, consideró que “es una barbaridad que las provincias que no tienen nada que ver con la actividad económica, porque el hecho imponible no se genera en las fronteras de esas provincias, efectúan retenciones sobre por ejemplo los ingresos brutos. Esto es una aberración que tenemos que terminar, no tenemos que legislar sobre cómo podemos recuperar esas retenciones, tenemos que prohibirlas enfáticamente. Cada provincia tiene que remitirse a cobrar los impuestos de los hechos imponibles que se generan en su provincia, y no puede cobrar impuestos sobre hechos imponibles que se generan en otras provincias”. 

Quien respondió las manifestaciones de Tetaz fue el exgobernador sanjuanino José Luis Gioja, que abrió el diccionario para buscar la definición de ‘bruto’: “Quiere decir que hace uso excesivo de la fuerza, la emplea sin control, o se comporta de manera mal educada, o desconsiderada con los demás. Mi provincia ni ninguna provincia argentina se la puede equiparar de esa forma. Creo que se le escapó al diputado. Me parece que hay que retractarse de eso, porque quienes vivimos en las provincias no nos sentimos brutos, nos sentimos bien argentinos”, replicó. 

Y recordó que la constitución reformada de 1994 “mandó a hacer una nueva Ley de Coparticipación que tenía que estar vigente dos años después. En esa época conformamos la comisión de coparticipación en el Senado para tratar exclusivamente este tema. Y fue imposible ponerse de acuerdo, porque se habla de recursos para las provincias. Y la misma constitución reformada decía que ninguna provincia podía recibir menos de lo que estaba recibiendo”. 

“La Nación empezó a hacer estos consensos fiscales, que tienen que ver con acuerdos de quienes democráticamente gobiernan las provincias, provincias que están antes que la Nación, y que conformaron la Nación, tienen todo el derecho a firmar convencidos, porque, además, son las Legislaturas de esas provincias que deben aprobar el consenso. Así que no es un hecho autoritario de gobernador que viene y firma lo que quiere, si no que tiene validez cuando el Parlamento de la provincia le aprueba el consenso fiscal”, señaló. 

“Estamos discutiendo en demasía cosas que son muy claras, y quiero ratificar mi preocupación de bruto por ser del interior. Orgullosamente soy del interior, levantamos la celeste y blanca, que es la bandera de todos los argentinos, y la queremos levantar bien alta”, cerró Gioja. 

A continuación, tomó la palabra el presidente del bloque del Frente de Todos Germán Martínez que señaló la necesidad de “recuperar la secuencia” para entender qué es lo que pasó: “16 de noviembre del 2017, Mauricio Macri presidente, Frigerio como ministro del interior, y García de Luca uno de los principales negociadores. Venían ustedes de ganar una elección intermedia, con un porcentaje importante. Y fue el momento donde se aceleran algunos procesos de toma de definiciones en el Gobierno, entre ellos se va al consenso fiscal. Acuerdo que se firma el 16 de noviembre de 2017 que estipulaba un plan plurianual, de cinco años. Buscar un consenso fiscal de 5 años presumía el espíritu optimista de ese momento, y el vínculo que después de las elecciones tuvieron a la hora de plantear el consenso fiscal”. 

“Bueno, ganamos las elecciones en el 2019, y ni bien ganamos los gobernadores se reúnen en diciembre, y dice que los topes de las alícuotas del 2018 y 2019 ya pasaron, y las alícuotas vigentes para el 2020, 2021 y 2022 no las aplicamos. Entonces los topes en cada uno de los rubros, quedó como la del año 2019. La planilla que hoy nosotros estamos viendo es exactamente igual a los topes establecido en las alícuotas en las grillas 2019, el último año que ustedes gobernaron, bajo un pacto fiscal impulsado por ustedes”, prosiguió el legislador. 

“En síntesis, excepto en tres rubros, no se está aumentando el tope de ingresos brutos, y los topes establecidos son los topes que los propios gobernadores de las provincias y de la CABA decidieron dejar fijados en diciembre de 2019”, concluyó Martínez. 

Finalmente, tomó la palabra el diputado del Pro por la provincia de Santa Fe Luciano Laspina que advirtió que “si seguimos insistiendo con las mismas recetas, vamos a perder el partido. Si seguimos provocando aumento de salarios públicos, de gasto público, aumentos de impuestos vamos a terminar peor de lo que ya estamos”. 

En este sentido, sostuvo que “la mayoría de los gobernadores, lamentablemente, utilizan los impuestos brutos que cargan de manera brutal, yo no sé si son brutos como dijo el diputado Tetaz, pero sí es un impuesto brutal. En la definición de brutal encontré violento, cruel e inhumano. No sé si es inhumano, pero sí que es violento y cruel, porque carga sobre los sectores más vulnerables, porque pega en la góndola como ningún otro, en cascada y se va acumulando, porque genera un efecto distorsivo en las inversiones, en la producción y sobre todo en las exportaciones”. 

“Evidentemente tenemos un empecinamiento terapéutico que yo creo que no es porque la política no tenga un diagnóstico claro, es porque se salva la política, los gobernadores, los intendentes a costa del pueblo argentino, esta es la verdad. Me salvo yo, total no se dan cuenta”. 

Seguidamente, el diputado citó a Perón y dejó un augurio para los próximos comicios: “Cómo decía Perón, va a tronar el escarmiento en las elecciones. Porque obviamente la Argentina tiene una inflación monetaria y una inflación impositiva. Porque este Gobierno no ha parado de aumentar impuestos, y ustedes creen que en una economía cerrada como es la Argentina, que es una de las más cerradas del mundo, esos impuestos ¿los pagan los empresarios? Los pagan los consumidores. Están en las góndolas, cada 100 pesos que pagamos 40 son impuestos”. 

Por otra parte, señaló que “el consenso suspende, en medio de una crisis fiscal fenomenal, las restricciones que había para la expansión del gasto público y empleo público. Lo que está diciendo, es que yo voy a seguir con la fiesta del sector público, total esto me lo pagan los giles de las provincias. Esto es lo que está diciendo el consenso fiscal pasado por el filtro”. 

En tercer punto, reiteró la preocupación del bloque un convalidar una Ley que devenga en inconstitucional: “Este consenso fiscal modifica el hecho imponible que establece la Ley de Coparticipación, al establecer el alcance de Ingresos Brutos a actividades no lucrativas, o sea acaba de cambiar la Ley de Coparticipación. Y al respecto hay dos fallos llamativos, en contra de estos. De la posibilidad de las provincias de aplicar ingresos brutos a actividades no lucrativas, uno es justamente una cooperativa, y la segunda es asociación bancaria”. 

“Es obvio que estamos en crisis, es un sálvese quien pueda, y este consenso fiscal es la expresión más cabal, absoluta y clara del sálvese quien pueda de la política, hundiendo a los contribuyentes. Todo esto conforma una verdadera tragedia en materia tributaria y fiscal, lo que nos lleva a nosotros rechazar de plano esto consenso fiscal. Me parece que es, otra vez, la política del sálvese quien puedo, o el sálvese quien pueda de la política en detrimento de los contribuyentes”, concluyó Laspina. 

Finalmente, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados le dio dictamen de mayoría al proyecto de ley por el cual se aprueba el Consenso Fiscal con 24 firmas a favor y 20 en contra.

Al cierre de la reunión, también se aprobó un proyecto de ley por el cual se sustituye el artículo 1° de la Ley 27.047, sobre declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble de la localidad de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, conocido como “Casa Mazzolari-Cerutti” o “Casa Grande”.

Principal referente económico en la Cámara de Diputados, Carlos Heller, aclaró este jueves que el sistema financiero “tiene récord de depósitos, y este mes en particular -y lo digo desde la experiencia, de los datos que manejo todos los días-, los depósitos no han dejado de subir desde el primer día del mes”.

Así las cosas, sostuvo que “el problema del sistema financiero es el exceso de liquidez que tiene, porque la demanda de créditos no está a la altura de los depósitos que hoy tiene el sistema”. Entre otras cosas, señaló que eso tiene que ver con la emisión, con “todo un problema de cómo funciona la economía”, y sintetizó: “El sistema financiero tiene los niveles de mora más bajos de la historia. No solo tiene el nivel más bajo de la historia, sino que también tiene el nivel de cheques rechazados más bajo de la historia”.

Entrevistado en radio Mitre, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja salió al cruce de títulos de los diarios tales como que la deuda pública total de la Argentina es récord. Aclaró que había analizado en términos reales la deuda pública total en pesos y dólares medida contra el producto, en valores absolutos, y explicó: “La deuda total pública de la Argentina pasó del 89,8% del PBI en diciembre de 2019, al 80,1% en marzo de 2022; pero además, en diciembre de 2019, el 70% era en moneda extranjera y en marzo de 2022, 55%. Además no hay vencimientos de deuda hasta el segundo semestre de 2025”.

Heller recordó que el presidente de la Cámara de Exportadores de Granos y Oleaginosas expresó esta semana que la Argentina tiene 25 millones de toneladas de soja no comercializadas: 15 mil millones de dólares. “Por dicha importación le ingresarían al Estado 3.675 millones de dólares, por retenciones; convertidas a pesos. 475.500 millones de pesos, algo así como el 6% de la recaudación total del primer semestre de 2022”, detalló, puntualizando además que la diferencia entre las importaciones de combustibles entre el primer semestre de 2022 y 2021 asciende a 4.329 millones de pesos”.

Heller agregó que cualquier integrante de la cadena agrícola puede constituir un plazo fijo con un seguro contra devaluación. “Por lo tanto, ese chacarero o acopiador que hoy tiene soja guardada, para mí está haciendo un mal negocio”, advirtió, explicando que “el Estado le está diciendo: ‘Liquide y yo le garantizo que al vencimiento del plazo fijo se lo liquido al valor que existe en ese momento del dólar’”.

Empero, admitió que el sistema no está funcionando: hay muy pocos plazos fijos de ese tipo, “porque hay una apuesta a la devaluación”, aseguró, considerando que “no se conforman con un seguro de que no se devalúa porque apuestan a la devaluación”.

El legislador oficialista puntualizó que “el Estado apunta a que no va a devaluar; es como cuando se hacen contratos de dólar futuro: el Banco Central le dice a alguien que es un importador que el tipo de cambio va a estar a tanto, y si está a más, le pago más, y si está a menos, usted me paga. Y funciona”.

Ante una pregunta sobre cuánto le queda a los productores por los granos que venden, aclaró que no tenía el detalle, pero enfatizó que “pareciera que el negocio no está mal, porque tenemos récord de venta de maquinaria agrícola”.

La falta de diálogo en el Gobierno

¿Por qué Cristina Kirchner no respalda a la ministra Silvina Batakis?, le preguntaron a lo que Heller respondió: “Hace 15 días el problema era que no dialogaban, y ahora que ella no explica… El sistema de gobierno de la Argentina es unipersonal, no nos engañemos”, aunque admitió que no se puede “dejar de reconocer el peso que tiene Cristina en las decisiones que se toman en todos los órdenes”.

Con todo, sostuvo que a su juicio “la unidad del espacio Frente de Todos es fundamental para que este proceso pueda salir adelante”. Y confesó que a su juicio “es una buena noticia que no trascienda lo que hablan” el presidente y su vice, aunque admitió que “sé que para ustedes no”.

El diputado porteño aclaró que no compartía el discurso de Juan Grabois, que habló de “sangre en las calles”, aunque dijo entender “la presión que debe tener de los que él representa”, que son “los que peor la están pasando”.

“Pero efectivamente el Frente de Todos es una coalición que está llena de matices y que no van a dejar de existir nunca, porque cuando dejan de existir, deja de ser una coalición”.

Ejemplificó con lo sucedido en España, donde Podemos hizo hace pocos días una manifestación en contra del incremento de la participación de España en la OTAN, lo cual no se contradice a su juicio con los altísimos cargos en el gabinete de España que ese partido tiene. “Y no se rompió la coalición por eso”, destacó, sintetizando que “más que no haya diferencias, hay que tratar que exista una instancia donde las diferencias se administren”.

La brecha cambiaria

Consultado sobre la brecha en el tipo de cambio, Heller expresó que “hay un indicador que históricamente lleva el Banco Central, denominado “tipo de cambio real competitivo, el cual a su juicio “está en un nivel estable hace mucho tiempo. Es decir que la Argentina no necesita devaluar para que sus productos sean competitivos en ámbitos internacionales”.

El acuerdo con el Fondo dice que el dólar tiene que seguir a la inflación, y eso no está ocurriendo, le advirtieron en el programa Lanata sin filtro, a lo que Heller respondió: “Por suerte”.

“Históricamente en la Argentina cuando se explicaba por qué subían los precios, nos decían que era por los salarios. Ahora sabemos que se van recomponiendo atrás de los precios; decían que era por el tipo de cambio, está atrasado; nos decían que era por las tarifas, están atrasadas; nos decían que era por la emisión, y en el último año la base monetaria está por debajo de la inflación. En todos los casos la inflación parece tener un comportamiento autónomo de los factores que siempre explicaron el fenómeno de la inflación”.

De tal manera, atribuyó la suba de precios a “puja distributiva e instalación de expectativas”. “Cuando alguien se estoquea y se sienta sobre el producto está haciendo eso: eso se llama expectativa”.

Consultado sobre si se va a cumplir el acuerdo con el Fondo, Heller repuso: “Con el Fondo lo que no hay que tener es deuda. Primero, no habría que haber tomado el crédito con el Fondo; segundo, los acuerdos nunca son buenos; tercero, este acuerdo es el acuerdo menos malo posible, no tiene exigencia de ajuste. Es perfectamente cumplible sin tener que ajustar”.

A continuación advirtió que “si tenés más gastos que ingresos, tenés cuatro posibilidades: aumentar ingresos, tomar deuda, emitir, o achicar gastos”. En ese sentido aseguró que la oposición quiere achicar el déficit, bajar ingresos recortando impuestos, no emitir… Entonces quiere que lo haya en la otra punta es un gran ajuste del gasto”.

El SBU y la reducción horaria laboral

Al ser consultado en otro pasaje sobre el Salario Básico Universal, Heller dijo tener “una visión de fondo, de que como solución de fondo, el SBU es una mala solución. Tiende a estratificar la división de ricos y pobres en el mundo. Está pasando en el mundo lo que pasó en la Revolución Industrial; de entrada rompían las máquinas hasta que cambió y empezó a pelear por la jornada de 8 horas”.

“Creo que hoy la enorme influencia de la tecnología en todos los procesos hace imprescindible discutir la jornada de trabajo sin reducción del trabajo y crear nuevos puestos para que la gente tenga trabajo. Mientras tanto, crear mecanismos de contención social es imprescindible para el Estado, que debe controlar, porque son recursos públicos”.

Si bien en la Cámara de Diputados se está analizando el tema en base a proyectos ya presentados, ante la consulta de si el Poder Ejecutivo maneja alguna iniciativa en ese sentido, Heller se remontó a 1992, cuando el entonces diputado Floreal Gorini presentó un proyecto sobre el tema, y anticipó que “lo estoy tomando como referencia para trabajar en esa idea”.

Con todo, aclaró que no se puede hacer solo en un país, “porque te saca de competencia en los costos. Francia lo intentó, pero quedó en desproporción con Alemania. Además, no es un problema de la Argentina, sino global”.

El diputado nacional Carlos Heller (Frente de Todos) consideró este lunes que “el déficit se resuelve con aumento de ingresos producto de mayor actividad económica y mejores políticas impositivas”. Además, destacó: “La Argentina, en términos económicos, ha recuperado lo que perdió en el primer año de pandemia”.

Así lo manifestó en diálogo con Radio Con Vos, donde se le consultó acerca de la situación económica actual. “Hay una crisis global que agarra a la Argentina en la peor de las situaciones, hiperendeudada, como le pasa al mundo entero por la pandemia y la guerra”, argumentó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

Por otra parte, el legislador oficialista sostuvo que “hay que avanzar con la ley que le pague al Fondo Monetario Internacional, buscando a los fugadores”, aunque admitió que “se necesita mayoría parlamentaria para aprobarla”.

“Argentina no puede seguir teniendo déficit fiscal”, afirmó el porteño, pero destacó: “El país sigue creciendo”.

En otro tramo de la entrevista, el diputado observó que “es terrible la cantidad de trabajo en negro”, y agregó que “hay muchas cosas por hacer para mejorar los ingresos fiscales”, en alusión a las 120.000 notificaciones que AFIP envió por irregularidades laborales este año.

Para finalizar, Heller dijo que “los sectores individuales y todas las empresas tienen índices favorables con respecto al último año”. “Hubo crecimiento del consumo porque la gente tiene trabajo y tiene mejores salarios”, opinó.

Hubo fumata blanca en el debate del proyecto del Poder Ejecutivo de promoción para la industria automotriz, con lo cual no solo se habilitó un dictamen único para llevar al recinto, sino también se garantizó la aprobación del mismo la próxima semana.

El plenario de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Marcelo Casaretto y Carlos Heller, respectivamente, se inició este jueves a las 12.41 y de entrada el legislador entrerriano anunció el consenso alcanzado en torno al proyecto, anunciando que los distintos bloques les habían hecho llegar sus objeciones, “algunas de las cuales hemos podido contemplar en la redacción final de este dictamen; otras las vamos a seguir analizando desde la firma del dictamen, hasta el momento que se realice la sesión”.

A continuación dio la palabra al diputado radical Víctor Hugo Romero, quien confirmó que “vamos a acompañar este proyecto y tenemos algunas disidencias”. Apuntó que “en términos generales compartimos la visión de este proyecto”, pero aclaró que tenían una serie de objeciones que iba a detallar junto a su correligionario Alejandro Cacace. Puntualmente citó el artículo 6, insistiendo en una propuesta que habían hecho respecto de las inversiones destinadas a motores de combustión interna, más allá de aclarar que compartían el espíritu del inciso.

Otro planteo suyo tenía que ver con el tema de la devolución del IVAde los saldos a favor que tienen hoy las terminales. “Proponemos reducir el tiempo a tres períodos fiscales, siempre que esos fondos sean destinados a desarrollos de proveedores”, puntualizó, y agregó: “Que las terminales reciban recursos del Estado, en la medida que esos fondos vayan a fomentar mejores tecnologías, mayor valor agregado y toda la cadena de valor”.

A continuación, Alejandro Cacace (Evolución Radical) le aclaró al presidente del plenario, Marcelo Casaretto, que “todos los bloques de Juntos por el Cambio van a acompañar el dictamen sobre la ley de promoción de inversiones”. El comentario venía a cuento porque existían versiones referidas a que el Pro no lo  haría.

“Es una buena noticia”, repuso Casaretto, y agregó: “Para la Argentina”.

“Lo veo contento por sus buenos oficios, presidente”, completó el diputado puntano.

El diputado Cacace expresó a continuación que además de los puntos referidos a los artículos 6° y 12° que había citado Romero, agregó un planteo hecho por su par del Pro Germana Casas Figueroa referido al artículo 13 sobre los derechos de exportación. “Tal como está, implica una alícuota cero”, planteó, recordando que la diputada santafesina había hecho notar que hoy rige también una alícuota cero para las cantidades adicionales exportadas, que eso está vigente bajo el decreto 150, pero vence el 31 de diciembre de este año”, señaló Cacace.

“En consecuencia lo que pedimos es que se incluya dentro de ese artículo 13 esa alícuota 0 para las exportaciones incrementales, así como para lo que establece el artículo”, agregó.

Luego señaló Cacace que el otro punto de discordancia tenía que ver el Instituto de Movilidad, en cuanto a las erogaciones o gastos que implique su funcionamiento. “Es verdad que se planteó en el artículo 26° que los integrantes del directorio desempeñarán su función ad honorem, pero no es el caso para el Consejo Consultivo, y la intención acá es que no implique mayores erogaciones al Estado, y en particular a los consumidores”, planteó, recordando que por eso cuestionaban el mecanismo de financiamiento, que básicamente implica que cuando un consumidor inscribe su dominio, parte de eso va al Instituto de Movilidad.

“Si uno ve en la estructura de la ley, en el artículo 16° hay un criterio superador, que habla de las auditorías hechas sobre las autoridades de aplicaciones. Todo el costo originado por las entidades de verificación corre a cargo de los propios beneficiarios; deben pagar una tasa que no puede exceder del 1% de los montos de los beneficios usufructuados y esa tasa se destina al financiamiento del propio régimen”, señaló, proponiendo hacer lo mismo para el Instituto de Movilidad: que se tome de esa misma tasa y de ahí se destinen los fondos para financiarlo.

A continuación y en nombre de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez hizo un planteo referido a la jerarquización de los biocombustibles, que fue atendido por las autoridades de la comisión, mientras que el oficialista Carlos Ponce volvió sobre el Instituto de la Movilidad, pero en referencia a su composición. Dijo estar de acuerdo con la presencia de un representante de la UOM y otro del SMATA, pero planteó incorporar a un integrante más del gremio del plástico. Y como el dictamen ya estaba, sugirió incorporar el tema si se podía durante la sesión.

Presentes en la reunión, estuvieron el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau. Para responder los planteos hechos desde la oposición, el primero señaló que las objeciones planteadas por el diputado Romero las tenían que analizar. “No puedo dar una respuesta inmediata”, aclaró, dando una extensa respuesta referida a la devolución de IVA en saldos de capital y créditos fiscales. “Tendríamos que ver si se puede resolver de alguna forma”, admitió, precisando que “estamos aprovechando acá hacer unas adecuaciones al artículo 24°, que tendrían que hacerlas también para el régimen general, porque sino a las automotrices se les complica bastante”.

Sobre el artículo 13° referido a los derechos de exportación, dijo que “estamos de acuerdo, nos parece muy atinado el comentario del diputado Cacace”, y planteó que habían hecho una modificación acorde al pedido de la oposición.

Por su parte, Loustau aclaró que en el fondo estaban contmeplados los aportes privados en el artículo 16°, y dio luz verde al pedido de los cordobeses sobre biodiesel. “Estamos de acuerdo en incorporarlo en el punto 6° del artículo 2°, como los objetivos del proyecto de ley”, cerró.

La reunión fue cerrada por Marcelo Casaretto que contó que el dictamen ya estaba circulando. “Hasta el momento tenemos la firma del 17 diputados de Industria y 30 de Presupuesto, son 47 firmas, algunas de ellos con disidencias que han sido planteadas aquí”, detalló.

“Quiero resaltar que el dictamen tiene dos capítulos, uno el Fomento de Nuevas Inversiones. Que quede claro, el artículo 2° habla de inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura conforme el alcance realizado por empresas industriales radicadas en la República Argentina. Para inversiones nuevas a partir de la sanción de la ley en adelante”, precisó.

Casaretto reseñó entonces que “en relación al texto original, se cambió el artículo 12° en relación con la redacción técnica del tema del IVA. En relación a los otros temas planteados, el 6, el 13, el 27 y el 2, los vamos a considerar en los próximos días entre la firma de este dictamen hasta el momento del tratamiento en el recinto”.

Y repitió, antes de dar por concluida la reunión, que “de la redacción original, en el dictamen cambió solo el artículo 12°, por recomendación del Ministerio de Desarrollo Productivo y sobre todo el de Economía”.

Más de diez meses después de que el Ejecutivo enviara el proyecto al Parlamento, comienza su debate en la Cámara de Diputados. Será en el marco de un plenario de las comisiones de Industria, que encabeza el entrerriano Marcelo Casaretto, y de Presupuesto y Hacienda, del porteño Carlos Heller.

La convocatoria es para este martes a las 13 y han sido convocados a exponer funcionarios del Poder Ejecutivo, cámaras y empresarios del sector, como así también dirigentes sindicales.

La ley se denomina Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz, Autopartista y su Cadena de Valor y el proyecto fue presentado el 18 de agosto de 2021, pero nunca alcanzó a iniciarse su tratamiento.

Tiene por objeto promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales (forja, fundición, mecanizado, pintura, estampado, entre otros).

En los considerandos de la iniciativa, se destaca que “la cadena de valor automotriz es central para la estructura y la dinámica productiva del país”, ya que se trata de una actividad “con gran peso relativo en la producción -10% del PBI industrial-, en las exportaciones -primer exportador de manufacturas de origen industrial (MOI)- y en el empleo del país -6% del empleo industrial registrado-”.

✅ AGENDA DE LA SEMANA. En #Diputados tratamos el Martes a las 13 la #LeyAutomotriz, para movilizar inversiones en el sector. Expositores: las empresas y los sindicatos del sector. Plenario de Industria y Presupuesto.
@Diputados_Todos @Adefa_Prensa @SindicatoSMATA pic.twitter.com/up1IwvXmf4

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) June 27, 2022

Uno de los objetivos del Gobierno nacional es potenciar el crecimiento de la cadena de valor de manera sustentable, incentivando las inversiones en plataformas de producción eficientes, exclusivas a nivel regional y con escala internacional, que permita tener una alta inserción exportadora y altos niveles de integración nacional de autopartes”, sostienen los fundamentos.

Por tal motivo, los proyectos de inversión alcanzados por los beneficios de este proyecto de ley serán aquellos que incluyan plataformas exclusivas regionalmente (para autos y utilitarios) y niveles mínimos de contenido nacional.

Asimismo, el proyecto apunta, por un lado, a facilitar desde lo fiscal a la formación de capital en el sector, bajo instrumentos orientados a mejorar la performance financiera de los proyectos de inversión, como la amortización acelerada y el tratamiento previsto a los saldos generados por créditos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, por otro, potenciar las exportaciones.

“En ese sentido, la devolución anticipada del IVA, permitiendo ser utilizado para el pago de otros impuestos nacionales, viene a reducir ese costo y a hacer viables más inversiones. Asimismo, el beneficio no implica un costo fiscal neto para el Estado Nacional, dado que lo que se devuelve de IVA en un momento implica un mayor pago de IVA en el futuro, aunque sí el Estado Nacional absorbe el costo financiero que se ahorra la empresa”, argumenta la iniciativa.

En cuanto a permitir la amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura, se señaló que “también mejora el resultado financiero de la inversión, debido a que les reduce el monto a pagar por el Impuesto a las Ganancias en los primeros años, desde la puesta en marcha del proyecto”.

Por otra parte, se establece que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

El proyecto declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los proyectos de inversión deberán necesariamente involucrar la producción de: nuevas autopartes o autopartes ya producidas al momento de la inscripción al régimen, que involucren una mejora sustantiva en la capacidad de producción.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión aprobados deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

Además, se establecen cuáles serán las faltas leves y graves, al tiempo de una serie de sanciones a quienes no cumplan con la ley, tales como “la suspensión en el goce del beneficio por el período que dure el incumplimiento; la revocación total o parcial del beneficio usufructuado con su correspondiente restitución al fisco de los créditos fiscales oportunamente acreditados o devueltos o, en su caso, del impuesto a las Ganancias ingresado en defecto; ingreso de los derechos de exportación no abonados, con más los respectivos intereses resarcitorios; multas, cuyos montos no podrán exceder del 50% de los beneficios usufructuados; e inhabilitación para volver a gozar de los beneficios del régimen por el mismo u otro proyecto.

En otro artículo del proyecto, se dispone la creación del Instituto de la Movilidad “como ente de derecho público no estatal que tendrá por objeto fomentar la consolidación de un ecosistema productivo sustentable a través de la coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, el Estado Nacional, el colectivo de los trabajadores y las trabajadoras y las instituciones de apoyo científico y tecnológico”.

La iniciativa determina que el gobierno y la administración del Instituto de la Movilidad estarán a cargo de un directorio integrado por 8 vocales, que se desempeñarán con carácter “ad honorem”. De ellos, dos serán designados por la autoridad de aplicación; uno por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; tres por las asociaciones empresarias representativas del sector automotriz (AFAC y ADIMRA) dos por los sindicatos SMATA y UOM. Asimismo, cada entidad deberá designar a su respectivo o respectiva suplente.

Una semana después de que la Comisión de Salud de la Cámara baja emitiera despacho sobre ese tema, este martes fue debatido en Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), y por unanimidad quedó listo para llegar al recinto para ser convertido en ley.

El proyecto asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.

EL DEBATE

Sin ser miembro de la comisión, el diputado Daniel Gollan estuvo presente a pedido de Heller para que explique el contenido del proyecto. En ese sentido, en su carácter de médico definió al proyecto como “anti grieta” porque salió con el aval de todos bloques “sin ningún tipo de modificación” porque “viene a dar respuesta a una situación de vacancia dentro de la salud”.

“Es un tema que se extiende en escala mundial”, señaló y relató que “en la década del 80’ en Gran Bretaña aparece la idea de cómo contener y dar respuesta en un sistema de salud robusto cómo dar respuesta a esa situación a aquellos pacientes que entran en un tramo de su vida con esta enfermedad que es invalidante, que tienen un sin números de problemas para la calidad de vida para él y su entorno familiar, no tenían respuesta adecuada, integral interdisciplinaria”.

Y siguió: “Es así que empezaron a surgir en el mundo hace 25 años ha ido tomando cada vez más fuerza en particular en nuestro país”, y remarcó que aparecieron muchas asociaciones de médicos que “tomaron este problema y fueron realizando asociaciones de profesionales que tendían a resolver este tema”.

“Las respuestas del Estado quedan cortas respecto a las necesidades. Es así que salió este proyecto de ley”, señaló Gollan e indicó que la idea es dar una respuesta integral, interdisciplinaria en “todos los órdenes, no solamente en la parte medica y provisión de medicamentos, sino también habla a nivel psíquico social-espiritual para la persona y su entorno familiar”. De esta manera, consideró que “es difícil manejar esa situación por ejemplo de una persona con un cáncer terminal, y todo lo que eso genera”.

En ese sentido aclaró que “no solo es el tratamiento paliativo del dolor que por supuesto constituye uno de los principales objetivos de esta ley que es garantizar que toda persona pueda transitar esos momentos difíciles sin padecer de forma continua el dolor”.

Por otro lado, Gollan advirtió que “hay deficiencia a escala mundial de datos sobre cuántos pacientes en total son, qué necesitarían, qué les faltan”, pero destacó un informe realizado por la Asociación Latinoamericano de Cuidados Paliativos, la Asociación Universal y la Universidad Navarra: “Si tomamos nuestro país, vemos que el 14% de las personas que necesitarían tratamientos paliativos lo tienen, pero en Bolivia es el 1,1%; en Brasil es el 7%, los mejores países son Colombia y Chile”.

“En el sector privado que pagan una cuota, hay un déficit importante en este sector”, denunció el diputado bonaerense porque “no se trata solamente de dar una medicación sino dar una contención general y saber que en el país podemos tener una respuesta que llegue a mucha mas gente, pero ver qué calidad de respuesta se dan, tener datos, un registro, porque sin eso no se puede gestionar”.

Y cerró que este proyecto de ley “da posibilidades a desarrollar una serie de acciones que tienen que ver con dar una respuesta integral y que salga más barato de lo que hoy sale porque se ponen en terapias intensivas a dichas personas, y la idea es dar múltiples opciones”.

En el uso de la palabra, el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) ponderó el informe de su predecesor y destacó que el proyecto en el Senado tuvo un “altísimo grado de consenso con 70 votos a favor”.

“Hay una necesidad de que el país regule esto, si bien no es exclusivo de las personas mayores por lo que dice el artículo 6, la Convención Interamericana establece el derecho a los cuidados paliativos y pide a los Estados medidas para garantizarlo por lo cual sancionar una ley en esa dirección lleva a cumplir la misión para la Convención”, indicó y cerró: “Todo lo que ha dicho el diputado es suficiente para llevar nuestro acompañamiento”.

A su turno, el diputado neuquino Guillermo Carnaghi (FdT) resaltó que el proyecto es muy “esperado” desde el sector de cuidados paliativos “con ansiedad” y contó que en su provincia hay dos hospitales nada más con dicho servicio y destacó que esta ley “viene a generar una herramienta para todos los médicos que están llevando adelante a pulmón un sistema que no tienen en lo público y en privado y se viene a cubrir eso”.

“Esta ley se tiene que adherir las provincias, pero por lo que me dicen que la ley es imperiosa en lo que va a generar en capacitación y en el marco normativo. No solo sirve para pacientes, sino también son servicios para todas las familias y el entorno. No alcanza con un médico, se requiere servicios interdisciplinarios”, cerró y celebró la unanimidad que se logró para emitir dictamen.

Por último, Heller expresó: “Nos sentimos reconfortados de sacar por unanimidad el dictamen”, y bregó para que “sea un germen que prospere”.

EL PROYECTO

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado en octubre de 2020, define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.

En el caso de cuidados paliativos, el proyecto tiene como objetivo “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes”.

También se busca “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa”, e impulsar “la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos”.

El texto con media sanción ordena a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos, aunque estos tratamientos ya están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Los principios establecidos son los del respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.

Además, se crea un Observatorio Nacional de Evaluación de Cuidados Paliativos, de carácter interdisciplinario y multisectorial.

Hablaba de la inflación en su discurso el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, cuando advirtió que está hoy rozando los tres dígitos. “Y yo me arriesgo a decir que el año que viene vamos a tener una inflación de tres dígitos. Y le juego un lechón a más de uno”, se animó a desafiar.

El primero en tomar la apuesta fue Carlos Heller, y Laspina ahí cerró su oferta: no tomaría más de una “porque no tengo tanto patrimonio”, dijo.

“Le acepto la apuesta, ojalá me equivoque y va a ser el lechón que con más ganas pagaré si el Gobierno logra bajar la inflación, que ya navega los 3 dígitos… Pero no lo veo posible”, advirtió.

Después de muchas dilaciones, finalmente la Cámara de Diputados comenzará a debatir en comisión el proyecto de ley de Compre Argentino, una iniciativa que fue enviada por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado y que busca mejorar los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas.

El proyecto de Compre Argentino y Desarrollo para proveedores será discutido a partir de este martes a las 13 por las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda, que conducen Marcelo Casaretto y Carlos Heller, respectivamente. La reunión será presencial en la sala del 2° piso del Anexo C de la Cámara baja.

El proyecto contempla la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional que se excede en los precios ofertados por multinacionales. Con su implementación, el Gobierno estima que podría ahorrar 500 millones de dólares por dejar de contratar proveedores extranjeros.

El proyecto eleva las preferencias de las MiPymes nacionales de un 15% a un 20%. Y las demás pasan del 8% al 15%.

Las empresas extranjeras podrán ser beneficiadas con hasta un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales. También habrá un 3% de beneficio para las empresas con composición mayoritaria de mujeres, ya sea en capital social, puestos jerárquicos y plantel general.

Se estima que el 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y 97% son MiPyMES.

Un tema importante que contempla esta iniciativa es que amplía el alcance al PAMI, para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico.

Desarrolla el programa de compras públicas para que el Estado financie investigaciones sobre el desarrollo de productos que necesitan.

La ley instaura el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores para desarrollar sectores estratégicos, como así también crea el Fondo Fiduciario Público para el Compre argentino, para financiar en mejores condiciones el acceso a las compras públicas.

Comenzó agitada la jornada de reuniones de la Cámara de Diputados este martes, cuando en el primer encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) cuestionó la agenda y denunció que no había sido acordada con la oposición.

El temario de la convocatoria incluía un proyecto referido a las industrias culturales y otro sobre beneficios impositivos para la flota de taxis, pero en el arranque de la reunión, el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), informó que se había recibido “un pedido de inclusión en un orden del día que fue acordado entre los distintos espacios políticos” para tratar la modificación del régimen de monotributo, con lo cual se iban a tratar solamente los temas que ya habían sido acordados.

“No participó nadie del acuerdo, ¿con quién acordó?”, interrumpió Tetaz, a lo que Heller le devolvió: “Yo le estoy diciendo lo que me han notificado, yo no estoy en todas las reuniones y usted tampoco”.

Sobre el proyecto relacionado a monotributo, el oficialista señaló que no cuenta “con algo que habitualmente desde la oposición se reclama, la opinión de la Oficina de Presupuesto respecto del impacto fiscal que una medida de estas características tendría” ni tampoco un informe de la AFIP. “Esta presidencia considera que esto debe ir a estudio, a fines de obtener los elementos suficientes para su oportuna consideración”, sostuvo y afirmó que no se iba a incluir al debate “en uso de las facultades que son propias de la presidencia de la comisión”.

Al tomar la palabra, Tetaz denunció que su bloque no había participado de ningún acuerdo y que la agenda “fue impuesta”, además de que los proyectos a considerar “no tienen que ver con los problemas de la gente”, opinó. “¿Cuál es el artículo del reglamento que le confiere a usted la facultad de no tratar un tema?”, interrogó a Heller, y reclamó que el artículo 109 del reglamento establece que “deben ser incluidos en el orden del día los temas que cuentan con el pedido de tres firmas de los miembros de la comisión”.

Heller reiteró que “un tema que entró de ayer para hoy, esta presidencia considera que no está en condiciones”. “El 109 lo que dice es que debe ser puesto en consideración, en ningún lado dice que debe ser puesto en la primera reunión”, agregó para darle luego la palabra al jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, que pidió pasar a tratar las iniciativas.

Pero la discusión no se saldó, porque después Tetaz leyó el artículo 109 y pidió que se ponga a votación “si la comisión quiere o no quiere considerar el tema”, porque “usted no tiene ninguna atribución para considerarlo”, le apuntó a Heller.

Entonces, el presidente de la comisión le salió a responder que de esa misma forma actuaba Luciano Laspina durante la gestión anterior, cuando presidía esa comisión. “Su capacidad interpretativa excede los límites de esta comisión”, le dijo el oficialista a Tetaz, y añadió que “el 109 establece que en una próxima reunión, no dice en la primera reunión”.

Fuera de micrófono y a los gritos, el radical advirtió: “Si usted va a violar el reglamento abiertamente, me retiro y le voy a hacer una denuncia penal”. “Señor presidente, yo me retiro si no van a respetar mi derecho como legislador. Usted no puede pasarse el reglamento por donde se lo está pasando. Hay un reglamento, lo tiene que respetar, no puede hacer con el reglamento lo que usted quiere”, reclamó.

La situación se cerró con la intervención del puntano Alejandro Cacace, compañero de bancada del propio Tetaz, quien admitió que “con este tema del 109 hemos tenido discrepancias en la interpretación”, pero en esta oportunidad “aceptamos que no sea tratado en esta instancia”, pero le solicitó a Heller que le pida a la Oficina de Presupuesto que dé un informe sobre el proyecto.

“Me comprometo a pedirle a la Oficina de Presupuesto que nos dé su opinión sobre el costo fiscal y también a la AFIP”, cerró Heller.

“En los tiempos que corren una de las tareas más necesarias pasa por diferenciar la realidad de la posverdad que los grandes sectores concentrados intentan instalar, por fuera de la veracidad de los argumentos”, sostuvo este sábado el diputado nacional Carlos Heller. La cita viene a cuento del proyecto impulsado por el kirchnerismo para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con “plata fugada”, como así también el impuesto a la “renta inesperada”.

En ese sentido Heller puso como ejemplo de su comentario “la campaña para tergiversar iniciativas de corte progresivo, como el proyecto para la creación de un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”.

Según el proyecto, el “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” se constituirá con lo recaudado de los pagos de quienes fugaron activos al exterior sin cumplir con las obligaciones tributarias de nuestro país, recordó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, que puntualizó que “en el listado se incluye también la propuesta de cobrar un gravamen excepcional sobre la ‘renta inesperada’ de las empresas que se están viendo ampliamente beneficiadas por el incremento de precios internacionales, a raíz del conflicto bélico”.

“De acuerdo al conjunto de parámetros que enunció el Gobierno, las firmas alcanzadas no llegarían al 1% del total, es decir, una minoría.

En este último caso, es una clara medida de redistribución que servirá para apuntalar la situación fiscal y no tener que afectar el gasto social que se precisa en el actual contexto, más aún cuando desde antes de la guerra había en Argentina un 37% de personas bajo la línea de pobreza”, afirmó.

A pesar de eso, Heller sostuvo que “algunos sectores rechazan el rol del Estado y dicen que es dinero que se ‘despilfarra’ y que le ‘sacan a los argentinos’, algo totalmente opuesto a la realidad”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, se manifestó este lunes a favor de la “renta inesperada”, gravamen que el Gobierno analiza aplicar a aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias a partir del aumento de los precios internacionales, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“El mundo actual está afectado por distintos eventos disruptivos que exceden la dinámica de las economías locales y se expanden a todos los rincones del planeta. Hace un par de años nos sorprendió la pandemia, con todas sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas, un evento que aún no ha terminado”, expresó el oficialista en un hilo de tuits.

En esa línea, señaló que “ahora nos encontramos además ante un escenario bélico cuyos efectos e implicancias de ninguna manera se restringen a los territorios que sufren el conflicto”.
“Una de las aristas más significativas de esta situación es el incremento en el precio de las principales materias primas: energía y productos primarios, especialmente granos, oleaginosas y sus derivados”, explicó.

El porteño graficó que “sin ir más lejos, la semana pasada el valor de la tonelada de soja se ubicaba en los 641,9 dólares, tocando así su máximo desde septiembre de 2012”. “En este contexto, el gobierno argentino anunció hace pocos días el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para gravar la ‘renta inesperada'”, dijo.

Heller aclaró que “si bien aún quedan por conocerse los alcances de la norma, se plantea gravar con una alícuota el componente del beneficio extraordinario que obtuvieron algunas empresas por el alza significativa de los precios internacionales”.

“El universo alcanzaría sólo a aquellas con ganancias netas imponibles superiores a los 1.000 millones de pesos, que en 2021 fueron el 3,2% del total”, detalló y continuó: “Se agrega además la condición de que ‘el margen de ganancia también tiene que ser anormalmente alto en 2022 y se establecerá un criterio que, si la renta extraordinaria se canaliza hacia la inversión, la contribución será menor'”.

El diputado del Frente de Todos añadió que “se trata de un pequeño número de empresas, cuando la oposición intenta instalar la idea de un gravamen que afectaría a amplios sectores de la producción”.

“Los recursos fiscales derivados de esta iniciativa se canalizarían, en parte, a financiar un refuerzo de ingresos para los sectores más vulnerables y a quienes más les aquejan los efectos inflacionarios”, completó.

El Partido Solidario expresa su más enérgico repudio a la sucesión de actos de violencia que han tenido como destinataria a la vicepresidenta de la Nación.

Por un lado, un grupo de militantes de la agrupación Franja Morada de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) entonaron consignas en las que deseaban la muerte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y mencionaban el fallecimiento de Néstor Kirchner.

No fue la única expresión de violencia contra la vicepresidenta. A lo anterior se sumaron los ataques con piedras a su despacho en el Senado de la Nación y los afiches difamatorios contra su figura. Además, hubo hechos de vandalismo contra las estatuas de ambos expresidentes, entre otros ataques y agravios.

Llama la atención que sectores políticos que insisten en el cultivo de la moderación, el diálogo y el fin de la polarización desarrollen en simultáneo acciones que ponen de manifiesto todo lo contrario: el odio, el desprecio y la intolerancia hacia otros que piensan distinto o expresan puntos de vista alternativos.

Las diferencias nunca se resuelven con el recurso a la violencia: se lo hace siempre con más y mejor democracia. Lo hemos aprendido tras atravesar los largos años del terror durante la última dictadura cívico-militar. Como sociedad no podemos retroceder a la peor oscuridad de nuestro pasado.

El Partido Solidario, como integrante de una coalición política nacional, popular, democrática y feminista, llama, como siempre, a la reflexión y al diálogo democrático.

La muerte no se celebra y el adversario no se aniquila.

Los diputados Carlos Heller (Frente de Todos) y Ricardo López Murphy (JxC-Republicanos Unidos) protagonizaron un picante debate sobre economía en el programa “A dos voces”, que se emite por TN.

Con la inflación como un punto principal, el legislador opositor sostuvo que “el gran problema es el déficit fiscal que mantiene el Gobierno y la cantidad de dinero que emitimos. La inflación es un tremendo castigo a los sectores más vulnerables de la sociedad”. “Algo muy negativo de este Gobierno es su decisión de utilizar a la inflación como el principal mecanismo de recaudación y de ajuste”, cuestionó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja argumentó que “la inflación no es por la emisión monetaria, y en este sentido el Fondo Monetario acaba de decir que la suba de precios en la Argentina es un fenómeno multicausal. Y dentro de estas causas yo distingo a dos: las expectativas del mercado y la puja distributiva, que está protagonizada por sectores empresarios concentrados”.

En relación a su afirmación sobre que “las grandes firmas que monopolizan el 70% de la producción”, Heller fue consultado sobre las expresiones del presidente Alberto Fernández, quien dijo que “hay diablos que aumentan los precios”.

“Son cosas que el presidente puede utilizar para explicar determinadas situaciones”, consideró el oficialista, que remarcó que “este Gobierno tiene dos años de pandemia y ahora también una guerra. Entonces hay que meter un poco el término de ‘diablo’ en esa línea”.

Sobre este punto, López Murphy respondió que “las expectativas en realidad se forman a partir de una descomposición del Gobierno, de una incapacidad de poner bajo control tanto la emisión como la situación fiscal”.

“Todas estas explicaciones esotéricas, tipo Rasputín, de que el diablo está metido, hablan de un extravío muy grande, de una enajenación, una alienación de los problemas que tenemos. En ningún otro país uno ve que el presidente aluda a fenómenos diabólicos. Es para terapia”, lanzó el economista liberal, a lo que Heller le enrostró: “Yo no voy a entrar en el juego de las chicanas que propone López Murphy, pero si quiere le puedo leer las cosas que propuso cuando duró 15 días como ministro para resolver los problemas que tenía el país y tuvo que salir corriendo porque se armó un lío bárbaro y casi explota la Argentina”.

En otro tramo del debate, el diputado de Juntos por el Cambio criticó el proyecto presentado por senadores del Frente de Todos para gravar los bienes en el exterior no declarados, con el objetivo de pagar al FMI, y sacó una nota de la revista Noticias en la que Néstor Kirchner había reconocido que tenía “plata afuera”.

“El principal fugador (de capitales) de la historia argentina ha sido Néstor Kirchner. Los principales fugadores de capitales son ellos”, enfatizó el referente de Republicanos Unidos. “Ese título…Habría que leer toda la nota. Esa es una chicana más. El problema no es tener plata afuera, es evadir. Eso no es fuga de capitales, es una nota periodística. A Kirchner de lo que lo acusan es de los fondos de la provincia, que los puso a resguardo”, respondió Heller.

“No, no, no, los fondos de él y de ella”, aseguró López Murphy en relación a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a lo que el oficialista defendió que “no hay una sola cuestión donde esté planteado que Néstor y Cristina hayan dejado de pagar sus impuestos. Esa chicana no va”.

El diputado nacional Carlos Heller (FdT) consideró este miércoles que el Estado “debe estar interviniendo, fijando las reglas y controlando que se cumplan” y no dejando que “sea el mercado el que determine” los precios, porque eso siempre va “en contra de los sectores mas débiles de la población”.

En alusión a la fuerte suba de la inflación, y el anuncio del presidente Alberto Fernández de declararle “la guerra” a esta cuestión, el legislador expresó: “Estamos todos preocupados por la inflación y está bien que estemos muy inquietos, porque el tema está más al rojo vivo que nunca, con estos datos que conocimos”.

“La inflación fue 4,7% (en febrero), pero en alimentos fue el 7,5% y en el Gran Buenos Aires fue ocho y pico. Justamente donde están los que tienen menos poder adquisitivo las cosas aumentan más, es una cosa demencial”, agregó.

En declaraciones a Radio 10, el oficialista dijo que espera el “paquete de medidas que pongan freno y reviertan esta situación”. “Hacen falta medidas, porque mucha gente cree que los precios aumentan porque aumentan, como que los precios suben por qué si”, continuó.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja observó además que “la guerra, el aumento internacional de los commodities, la suba de los combustibles, la incertidumbre local por el eventual riesgo de default, todo mezclado, pero todo luego va a parar a los precios que paga la gente”.

En otro tramo, Heller afirmó que se debe “intervenir en las cadenas de valor” y conocer “todos los valores de la cadena las intermediaciones” para determinar “si todas son necesarias y los márgenes de ganancias”. “Hay que lograr que los productores tengan una compensación adecuada, pero que los consumidores puedan pagar”, resaltó.

“Estoy a favor de mayor intervención”, aseguró, pero reparó que tiene “en cuenta las dificultades reales que hay”, en referencia a que, por ejemplo, cuando el Gobierno quiso avanzar la Justicia frenó la intervención de Vicentin o hizo lugar a un amparo de las telefónicas en el caso de la declaración de internet como servicio público esencial.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), abrió este jueves el debate sobre el proyecto del acuerdo con el FMI y, a favor de su aprobación, afirmó: “Tenemos la convicción de que un default sería muchísimo más grave”.

Al señalar que esta es la primera vez que un acuerdo con el Fondo se trata en el Parlamento, el oficialista consideró sentirse “profundamente honrado de ser el primer legislador en la historia parlamentaria que va a ser miembro informante”.

Recordó que el acuerdo “llevó extensas y profundas negociaciones” de “más de dos años” y enfatizó que “se da hoy una extraña paradoja de que hay un Gobierno que por sus principios jamás hubiera recurrido al FMI, pero que recibió una auténtica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar con el organismo para lograr una refinanciación”.

El porteño remarcó entonces que “se trata de encontrar la mejor salida a una situación que tal cual estaba planteada era de absoluta inviabilidad”.

“Por eso hemos dicho una y otra vez que no tenemos motivos para festejar, pero sí tenemos motivos para valorar que se esté logrando refinanciar los compromisos que contenían el anterior programa, concentrados en los años 2022 y 2023 sin poner en riesgo la recuperación de la economía, las políticas de crecimiento y desarrollo, evitando tener que caer en un acuerdo que contenga las tradicionales políticas de ajuste y reformas que caracterizan y han caracterizado la historia de todos los acuerdos que Argentina ha firmado con este organismo, que quitan derechos laborales, previsionales y que tanto daño le han hecho a nuestro país y los ciudadanos y ciudadanas”, explicó.

En ese sentido, el diputado apuntó que en este acuerdo “no se respetan los típicos aspectos de la ortodoxia que han prevalecido a través de la historia” en los acuerdos anteriores. “Nosotros no somos los que creemos que el FMI se volvió más bueno al firmar este acuerdo, sino que la firmeza con la que ha sido llevada la negociación desde la parte de Argentina es lo que ha posibilitado que lleguemos a esto que estamos considerando”, continuó.

Al citar textuales de la auditoría del FMI sobre el préstamo otorgado al gobierno de Mauricio Macri en 2018, Heller leyó: “El programa no alcanzó los objetivos a pesar de las significativas correcciones de las políticas económicas, los crecientes pagos netos de deuda privada, sumados a la fuga de capitales de residentes, sometieron al tipo de cambio a una presión considerable”. “No lo digo yo, no lo dice nuestro espacio político, lo dice la auditoría del FMI”, destacó.

Al repasar algunos de los puntos centrales del acuerdo, el legislador mencionó que “se van a recibir desembolsos para poder ir cancelando cada uno de los vencimientos” y “cada uno de esos desembolsos se comienza a pagar cuatro años y medio después de que ocurra en 12 cuotas equivalentes semestrales”. El primero será en el segundo semestre de 2026 y el último a mediados de 2034, indicó.

Esto, afirmó, “hará posible la idea de que primero hay que crecer para después pagar”. “En el primer desembolso se podrán incrementar las reservas en 600 millones, con todo lo que eso significa”, añadió.

En otro tramo, Heller enumeró que los objetivos consisten en “mantener la recuperación social y económica en curso, reforzar la estabilidad y continuar abordando los desafíos para sostener un crecimiento a largo plazo”.

“No habrá reforma previsional”, subrayó el presidente de la Comisión de Presupuesto y valoró también que “se seguirá incrementando la inversión en infraestructura”.

Respecto a la “segmentación de subsidios para usuarios residenciales”, el oficialista señaló que “para el 90% de los usuarios de los servicios los aumentos que se establecen serán siempre inferiores al coeficiente de variación salarial”. “La disminución o el aumento de los subsidios tendrá que ver con la variación que tengan los costos y precios de los servicios y no las tarifas que van a pagar los usuarios”, agregó.

Previo a la ronda de oradores en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas para analizar el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Carlos Heller se tomó unos minutos para hacer un recorrido histórico de cómo se contrajo la deuda externa.

“Hay un debate recurrente de quién contrajo la deuda, cómo se generó. Traté de armar un breve resumen de la historia de la deuda externa Argentina porque me parece un buen pilar para comenzar a debatir. Me fui a un punto que es la dictadura militar cuando interrumpe el proceso constitucional la deuda externa no alcanzaba los 5 mil millones de dólares era irrelevante”, relató Heller.

Y continuó: “Cuando se fue la dictadura la deuda había crecido y se acercaba a 40 mil millones, de los cuales 23 mil millones provinieron de la estatización de la deuda externa privada. Efectivamente en una decisión política de la dictadura por las cuales deudas que las empresas tenían con el exterior, en dólares, el Banco Central se hizo cargo y esas empresas quedaron con deudas en pesos a bajas tasas de interés reguladas, que significó una importante licuación de esas deudas”.

En tanto procedió a leer quiénes se beneficiaron: “COGASCO S.A 1.348 millones de dólares, Autopistas Urbanas 950 millones, Celulosa Argentina 836 millones, Banco Rio 520 millones, Alto Paraná 450 millones, entre otros. Fueron 70 empresas que tuvieron el beneficio de esa estatización que fue asumida por el conjunto de la sociedad porque se convirtió en deuda pública”.

“En octubre de 1983 el FMI suspendió el crédito stand by que le había dado al momento que asumió el gobierno de Raúl Alfonsín que tuvo que asumir una herencia pesada de esa deuda que había sido contraída por la dictadura. El gobierno obtuvo algunas refinanciaciones hasta 1988 no pudo pagar los intereses, entro en mora lo cual se mantuvo y tuvo que adelantar el traspaso presidencial en el marco de un proceso hiperinflacionario que vivía la Argentina”, detalló el diputado.

Em ese marco, prosiguió: “Asumió Carlos Menem que llevó adelante el Plan Brady por el cual, la deuda con los bancos que tenia el Estado, pasó a ser deudas públicas que se atomizaron en el mercado y eso generó un proceso de altísima volatilidad y por aquella época apareció el riesgo país”.

En tanto, contó que “toda la deuda comenzó a emitirse en títulos públicos, esos bonos fueron la incubadora que luego finalizó con el proceso de los denominados fondos buitres que, como todos sabemos, no son tenedores originales de bonos de los países, sino que son comprados de bonos en situaciones de default”.

“Hubo en esa época durante ese gobierno un proceso de gran endeudamiento y ahí la deuda externa ascendió a los 85 mil millones de dólares. Luego el gobierno de la alianza también recurrió a diversos procedimientos de ajuste con el estado nacional y las provincias, el blindaje, el mega canje, aparecieron las cuasi monedas, la deuda externa se incrementó y llego a los casi 90 mil millones de dólares”, sumó Heller.

En otro tramo, precisó que “el gobierno de la alianza, de De La Rúa tuvo que implantar el corralito producto de la corrida del sistema financiero, producto de la anormalidad de la dolarización difícil de soportar. Al corralito, le siguió el corralón, vino la devaluación, vino una enorme caída del PBI y entonces el indicador pasó al 139%”.

“Asume el gobierno de Néstor Kirchner que inicia una política de desendeudamiento que incluye un canje agresivo en el 2005 que incluye quitas del 66, 6% del valor nominal, aceptado por el 76,15 de los montos elegibles y también el pago anticipado con el Fondo anunciado en diciembre del 2005 en torno a los 10 mil millones de dólares que se cancelaron”, expresó.

A su vez, relató que “el gobierno posterior de Cristina Fernández de Kirchner reabrió el canje en el 2010 llevando la aceptación del 76, 15 que se había logrado al 92,4 del monto impago del 2002, es decir concretando esa quita del 66 % del valor nominal. Encaró un proceso de regularización de la deuda con el Club de París y quedó un 7% con los Fondos Buitres, resuelto en el inicio del gobierno de Mauricio Macri en el 2016”.

“Los indicadores de la deuda externa se habían revertido a fines de 2015 representaban alrededor del 15 % del PBI. El gobierno que presidió al de Macri, inició un nuevo proceso de endeudamiento para que los números queden de la siguiente manera: al cuarto trimestre del 2015 la deuda estaba en el 15 y pasó al 42, 8 % a fines del 2019, estos datos son oficiales”, señaló el presidente del plenario.

Acto seguido, retomó las declaraciones de Nicolás Dujovne cuando aún no era ministro donde dijo: “Dentro de este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, se refería al gobierno de Cristina, también nos dejó una bendición porque el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo que nadie le prestaba plata. Entonces la argentina tiene niveles de endeudamiento bajísimos”.

Y cerró: “No podemos entrar en el análisis sin mirar un poquito de dónde venimos”.

En el inicio del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de la Cámara baja para el análisis del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Carlos Heller anunció que se realizaron “pequeñas modificaciones” al texto original.

“La inclusión de dos fe de erratas por modificaciones o errores que habían sido señalados por el diputado nacional Ricardo López Murphy el día de la reunión con le ministro de economía, Martín Guzmán, donde se reemplazaron los anexos IF2022 por los del Poder Ejecutivo 002 y 003 que son las fe de erratas que ya fueron repartidos a los diputados”, comunicó Heller.

Y remarcó que “son pequeñísimas correcciones en los textos por algunas diferencias en las traducciones por la importancia del tema y la exactitud que implica, para así evitar complicaciones posteriores”.

La reunión del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de la Cámara baja, presidida por Carlos Heller, se desarrollaba en un clima calmo hasta que le tocó la palabra al diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical -CABA) quien le manifestó una treintena de preguntas al ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Entre los temas que sobresalieron en medio de esa catarata de interrogantes, resaltaron el “Vacunatorio Vip, el aporte Maradona y la designación del instructor de Dylan al Ministerio de Seguridad”, lo cual condujo a un cruce de palabras con Heller.

“¿Qué parte del memorando de Políticas Económicas y Financieras que elevaron a Congreso podríamos eliminar o borrar directamente, sin que corra la aprobación por parte del Fondo monetario?, por ejemplo: todos los adjetivos, todas las referencias al pasado, que además nos pone en una situación compleja porque tenemos una profunda diferencia con la política económica del Gobierno”, comenzó Tetaz y advirtió: “Lo cual nos empuja a tener que votar negativamente si es que no cambian la actitud y retiran del cuerpo del proyecto que tiene que ver con su política económica y la parte del análisis”.

Y agregó: “¿Con qué indicador ustedes consideran favorable la reestructuración de la deuda privada que hizo la Argentina si tenemos 1.900 puntos de riesgo país y los bonos tienen una taza de retorno cercana al 30 %?”.

A su vez pidió que las respuestas sean contestadas antes de la sesión, aunque sea por escrito, para poder debatir el voto y reclamó que “pasó lo mismo cuando se debatió la Ley de Presupuesto que contestaron las que quisieron ustedes y se comprometieron a mandar la información después y no mandaron nada”.

Acto seguido, el legislador de JxC le recordó el escándalo del Vacunatorio Vip y consultó: “¿Con qué indicador juzgan que la distribución de vacunas fue eficaz ha habido cuenta de los escándalos a los Vacunados Vip y ha habida cuenta que tuvimos 25 mil muertos más que Chile en la segunda ola por haber vacunado tarde y mal?”, y señaló: “ Nos invitan a dar una opinión, porque si votamos esto como dicen ustedes que ‘fue muy eficaz el proceso de vacunación’, cuando todo el mundo sabe que fue una vergüenza en el mejor de los casos”.

“¿Cuánto dinero se necesita para pagar los vencimientos restantes y cuánto dinero de más está solicitando al Fondo? porque si el Fondo pone tantas condiciones y es tan malo como prestamista este Gobierno no se circunscribe y se limita a solicitar el dinero que necesita para pagar la deuda tremenda y contraída por Mauricio Macri que es imposible de pagar aparentemente. ¿Por qué se aprovechan y piden 4.600 mil millones de más?”, agregó en un tono irónico.

En ese momento y por lo bajo, Heller comentó: “Muy bien”, por el comentario de Tetaz sobre la deuda contraída por el expresidente.

Y siguió con las preguntas: “¿Qué pasa si votamos en general, pero no el programa económico del artículo 2? Porque el proyecto además limita en un montón de cosas al Congreso, hay referencias en este memorándum al Presupuesto 2023. ¿Qué pasa si no lo aprobamos o ahora estamos atados de manos y tenemos que aprobarlo sí o sí al Presupuesto 2023? ¿Por qué lo ponen acá en el cuerpo del programa? ¿Qué pasa si no se aprueban en su debido momento? ¿Cuáles serán las variables que determinarán que se aprueben las revisiones trimestrales y que ponderaciones finales tendrán?”.

Y continuó lanzando interrogantes: “¿Van a mirar la inflación? ¿Es parte de la decisión final de aprobar la evaluación final del Fondo que vayan cumpliendo con alguna meta de inflación? ¿Cuál es el punto de partido de déficit fiscal teniendo en cuenta que en el 2021 cerró con 3 puntos, pero con ingresos extraordinarios con impuestos a las riquezas que por ejemplo no van a estar presumiblemente?”.

En ese instante, Heller inmediatamente lo corrigió y le dijo “aporte solidario”, en tanto Tetaz respondió: “Mire usted le puede llamar como quiera, si lo quiere llamar Diego Maradona aporte le digo Maradona, la verdad es que es un impuesto. Usted llámelo como quiera”.

“Es una ley”, le retrucó Heller, pero el diputado radical no se quedó ahí y le reformuló la pregunta: “¿Cuál es el punto de partido de déficit fiscal teniendo en cuenta que en el 2021 cerró con 3 puntos, pero con ingresos extraordinarios por el recurso Diego Maradona por ejemplo del 0,4%?”.

Asimismo, Tetaz le respondió al presidente de la Comisión: “Cuando yo necesite un sommelier de preguntas le doy la palabra y usted me hace las aclaraciones que quiera. El único que puede autorizar interrupciones soy yo, estoy en el uso de mi palabra”, y lo mandó a leer el reglamento.

“Usted no puede dar la palabra, usted no puede autorizar nada. Yo soy el presidente, circunscríbase a utilizar su palabra y nada más”, volvió a responderle Heller, pero el legislador de JxC le pidió: “Por favor no me interrumpa porque tengo que hacer preguntas”.

“¿Por qué el acuerdo no contempla reducción del gasto público y sobre todo reducción del gasto político? ¿Por qué el esfuerzo siempre recae en la gente? Es un insulto a la gente que en medio de tanto esfuerzo que tiene que hacer nombren al adiestrador de Dylan en un cargo en el Ministerio de Seguridad”, cuestionó Tetaz y les solicitó: “¿Pueden comprometerse a nombrar a ninguna persona más? ¿pueden hacer ese compromiso?”.

“Vaya cerrando”, acotó Heller, a lo que Tetaz le contestó irónicamente: “Tengo 30 peguntas más todavía”. Pero el asunto no quedó ahí, minutos más tarde volvieron a cruzar palabras mientras Guzmán respondía las preguntas.

En ese contexto, Tetaz lo interrumpió con una queja: “De las 40 preguntas no me estas respondiendo nada”, ante lo que Heller le pidió que respete a los demás o se vería obligado a cortarle el micrófono y apuntó: “No es un diálogo, ya le respondió. Esto no es un set de televisión, no pude monopolizar el debate ya está, usted está preparado para el show y esto no es show”.

“Quiero que cada diputado y diputada tenga toda la información para que no haya dudas”, expresó este domingo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sentado a la derecha del ministro de Economía, Martín Guzmán, durante una reunión mantenida con diputados del oficialismo.

Participaron de ese encuentro presencial los integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, que fueron convocados temprano por Carlos Heller para organizar las preguntas que se harán este lunes y la estrategia a desarrollar durante la presentación de los funcionarios para exponer sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Junto a Massa y Guzmán estuvieron Carlos Heller, quien como titular de Presupuesto presidirá el plenario a lo largo de esta semana, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, y la diputada bonaerense Alicia Aparicio, quien encabezaría la Comisión de Finanzas, que deberá constituirse este lunes a partir de las 13, para integrarse luego al plenario que se propone emitir dictamen entre miércoles y jueves de esta semana.

De hecho, así lo confirmó Germán Martínez durante un diálogo que mantuvo con los periodistas en el que señaló que Aparicio será quien el oficialismo proponga para presidir Finanzas.

El titular del bloque oficialista calificó como “una muy buena reunión de trabajo” la mantenida con el ministro de Economía y su equipo económico. “Estuvo intercambiando información con los integrantes de nuestro bloque, de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, que son las que van a arrancar con el debate en el plenario”, contó Martínez, que agregó: “Nosotros aprovechamos y abrimos a compañeros y compañeras del interior del país que ya estaban en Buenos Aires y pudieron acercarse para también hacer sus preguntas al ministro”.

En efecto, numerosos legisladores respondieron a la convocatoria de la conducción del bloque formulada a fines de la semana anterior para que los diputados del oficialismo estuvieran este domingo en Buenos Aires.

Más de un centenar de preguntas fueron respondidas por el ministro de Economía, informó el presidente del bloque, que calificó al encuentro como “muy valioso” para ratificar que “estamos ante un acuerdo donde no hay ajuste, no hay tarifazo, no hay reforma previsional, no hay cambios en la edad jubilatoria”, tal cual lo anunciado originalmente por el presidente el 28 de enero, y también en su discurso del 1° de marzo.

Martínez admitió que puede llegar a haber cambios en la conformación de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas, que consideró “normales” en función de la logística  propia de las mismas. “Iremos haciendo los ajustes en función de eso, atendiendo a la participación de un montón de diputados que quieren colaborar para que este proyecto salga, pero  no tiene que ver con una orientación política”.

De cara al tratamiento del proyecto, Germán Martínez se manifestó “moderadamente optimista”, y puntualizó que “vamos a trabajar para que este proyecto salga. El compromiso del Frente de Todos que presido es acompañar al presidente de la Nación. Sabemos que hay miradas distintas, pero priorizamos la unidad, convencidos de que el proceso de reflexión política que se dio al interior del bloque va a ser una experiencia muy valiosa para poder fortalecer la unidad no solamente en el Congreso, sino en todo el espacio político”.

Por último, consideró que este es “un acuerdo que nos permite tener la ventana de tiempo necesaria para consolidar la recuperación económica que ya se está evidenciando en la Argentina”.

Conforme había trascendido el viernes pasado, los diputados nacionales del oficialismo se reunirán este domingo a partir de las 18. Al menos los que integran las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara baja, convocados por Carlos Heller, quien presidirá el plenario de las comisiones a lo largo de esta semana.

La idea de la convocatoria es definir el cuestionario y la estrategia de cara a la presentación que realizará este lunes el ministro Martín Guzmán.

La idea es coordinar el trabajo de antemano, de manera tal de agilizar la actividad prevista para este lunes. Recordemos que para una hora antes de las 14 ha sido convocada la Comisión de Finanzas para su reunión constitutiva, de manera tal de que después pueda funcionar de manera conjunta con Presupuesto y Hacienda.

Cabe recordar que la consigna remitida a todos los diputados oficialistas el viernes pasado es que estén en Buenos Aires este mismo domingo para ir preparándose para la sesión prevista para la presente semana.

A continuación, detallamos quiénes son los integrantes del oficialismo que tienen ambas comisiones:

Presupuesto y Hacienda

Frente de Todos (24):

Alicia Aparicio, Rosana Bertone, Daniel Brue, Guillermo Carnaghi, Marcelo Casaretto, Sergio Casas, Marcos Cleri, Emiliano Estrada, Eduardo Fernández, Silvana Ginocchio, José Luis Gioja, Itai Hagman, Carlos Heller, Susana Landriscini, Mario Leito, Germán Martínez, Roberto Mirabella, Blanca Osuna, Sergio Palazzo, María Graciela Parola, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Carlos Ybrhain Ponce y Jorge Antonio Romero.

Finanzas

Frente de Todos (15):

Walberto Allende, Alicia Aparicio, Tanya Bertoldi, Rosana Bertone, Eduardo Fernández, Silvana Ginocchio, Carlos Heller, Bernardo Herrera, Varinia Marín, Germán Martínez, Gabriela Pedrali, Julio Pereyra, Leandro Santoro, Carlos Selva y Victoria Tolosa Paz.

El presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, Carlos Heller, se refirió al tratamiento del Memorándum de Entendimiento con el FMI y señaló que “el Gobierno no busca un acuerdo con el Fondo, sino que busca refinanciar el Acuerdo que dejó Mauricio Macri”, y consideró que “el resultado debe considerarse bueno, lo menos malo posible dentro de un escenario que es malo”.

En diálogo con El Destape Radio, el legislador señaló: “El Gobierno no busca un acuerdo con el Fondo, sino que busca refinanciar el Acuerdo que dejó Mauricio Macri. Si el Gobierno estuviera buscando un acuerdo con el Fondo para tomar un crédito, yo estaría en contra porque creo que nunca ha sido un buen camino para la Argentina y la situación lo demuestra”

“Lo que está haciendo el Gobierno es una trabajosa negociación para convertir una situación inviable, por la forma en la que fue concedido el crédito y por los condicionantes que genera, en un camino que tiene viabilidad, que es posible es decir un sendero de salida del infierno”, precisó el diputado del FdT.

Y apuntó: “Nos dejaron una situación tremenda de inviabilidad que era una trampa. Macri dijo que si ganaban eran 5 minutos. La intención de ellos era que, si perdían, el que asuma esté lleno de condicionamientos para que no pueda desarrollar su propia política. El resultado debe considerarse bueno, lo menos malo posible dentro de un escenario que es malo, dentro de situaciones que uno no quiere tener”.

“El resultado de la negociación debe considerarse como bueno teniendo en cuenta que bueno es lo menos malo de las situaciones. En este caso, desaparecen los condicionamientos estructurales de cualquier acuerdo con el Fondo, no aparecen las privatizaciones, no aparece la palabra ajuste, que figuraba un montón de veces en el acuerdo de Macri”, resaltó el dirigente.

Además, destacó: “Se habla de un programa de crecimiento inclusivo. Se pone énfasis en la progresividad, eficiencia y el cumplimiento tributario. Nunca el Fondo ha hablado de progresividad en los Acuerdos. Esa progresividad es la que venimos insistiendo nosotros, que paguen más impuestos los que más tienen y menos los que menos tienen”.

“La salida de este proceso inflacionario debe ser atacada con múltiples cuestiones y no solamente con un tema fiscal o emisión monetaria”, indicó Heller y agregó: “El tiempo es un factor determinante. Pasamos de un crédito que había que pagar la mitad este año y la otra mitad el año que viene a un crédito que va a empezar a pagarse en la segunda mitad del 2026. El Gobierno que venga después del de Alberto Fernández recién va a tener su primer vencimiento después de la mitad de su mandato”.

A su vez, preguntó: “¿Cuánto hace que la Argentina no tiene cuatro años de crecimiento sostenido?”, y precisó que “el programa que se plantea parte, además de un año que crecimos 10,3 y recuperamos lo que se perdió en pandemia, una evolución que tendríamos hasta el 2024 corrido de crecimiento y sería un éxito si se logra”.

“No soy hincha del déficit fiscal, soy enemigo del ajuste para resolverlo. El déficit fiscal es un problema, es una manera de enfrentar la crisis, pero no es una política buena. El déficit fiscal es porque hay más gasto que ingresos y tiene cuatro soluciones: tomar deuda externa, emitir, la tercera es crecer y por último achicar el gasto”, cerró Heller.