“El Gobierno nacional avanza en la negociación de un acuerdo con el FMI que en lo esencial le permita al país que se siga recuperando, evitando varios de los condicionamientos usuales que están asociados a los préstamos del organismo”, expresó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, que afirmó que “se trabaja en encontrar una forma de darle a la Argentina un camino factible de transitar, lo cual no significa que sea fácil y que haya algo para festejar. Ningún país que le adeude dinero al FMI puede hacerlo”.

A través de una columna publicada por el diario Página 12, Heller citó al Financial Times, que dijo que “el gobierno peronista heredó un desastre cuando asumió el cargo en 2019. La economía estaba sumida en la recesión y la montaña de deuda externa acumulada por el anterior presidente, Mauricio Macri, era impagable”. Ante ello, concluye que “las responsabilidades por lo ocurrido están más que claras”.

“Acto seguido, el tradicional periódico británico se lamentó al señalar que el acuerdo necesita ‘condiciones más estrictas’. Considerando la fuente, representante del establishment financiero internacional, no deja de ser un reconocimiento de que en las negociaciones viene ganando espacio la postura de poder continuar con el crecimiento inclusivo, condición que en todo momento defendieron las autoridades argentinas”, agrega Heller en su columna en la que aclara que “entre las condiciones que se discuten, se refinanciarían todos los desembolsos recibidos por el gobierno de Macri, tanto los que se adeudan (la mayor parte), como los que ya se cancelaron al FMI. Esta refinanciación comenzará a pagarse a los cuatro años y medio del acuerdo (es decir, en el segundo semestre de 2026), y terminará diez años después del último desembolso. Con este esquema, se le daría más holgura a las cuentas externas del país”.

“Pero la deuda con el FMI sigue estando allí y no es otra que lo recibido por el gobierno de Macri. Más de la mitad de ese préstamo récord financió la salida de capitales y el resto se utilizó para pagar deuda insostenible contraída poco tiempo atrás”, puntualizó Heller.

Puntualmente sobre el acuerdo señala que “la meta de déficit fiscal primario sería del 2,5 por ciento en 2022, una baja de medio punto porcentual respecto al resultado de 2021, pasible de alcanzar con una economía en crecimiento, más las mejoras que se esperan realizar en la administración tributaria, entre las que cuales, se podría pensar, en seguir incorporando modificaciones progresivas en impuestos que gravan las grades rentas y patrimonios”.

En otro pasaje de su columna resalta que “no habría saltos devaluatorios, otra gran diferencia con el acuerdo de 2018, que dejaba que ‘el tipo de cambio flote para que se ajuste plenamente a las condiciones del mercado’, como figuraba en el stand by original. También se mantienen las regulaciones sobre la cuenta financiera, lo cual implica que el canal de la especulación y de la salida de capitales siga estrictamente restringido”.

Respecto de las reformas estructurales, Heller destaca que “si bien para el anterior gobierno estas jamás fueron vistas como un problema, dada la confluencia de intereses, no es menor que se haya logrado quitar de la agenda la reforma laboral o la de las jubilaciones, o las privatizaciones. Al mismo tiempo habría incrementos en la inversión y la protección de los programas sociales”.

“A mediados de 2018 señalé que el gobierno de Mauricio Macri recurría al FMI en busca de la reelección o que, de no suceder tal anhelo, buscaba dejar sumamente condicionado a un gobierno de distinto signo político. Esto es con lo que se ha tenido que lidiar todo este tiempo, con el agravante de que a poco de empezar a transitar se disparó la pandemia de Covid-19”, puntualiza Heller, para agregar que “por eso una de las primeras decisiones que se tomaron fue declarar (Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva) que entre las nueve emergencias estaba la financiera, y que se debían ‘crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos’”.

Aclara Heller que no debe sorprender que al interior de la coalición gubernamental surjan diferencias de opinión y matices respecto del acuerdo con el FMI. “Si ello ocurre es porque ninguno de los caminos posibles se hubiera elegido a priori en el seno de nuestro espacio, ya que no forma parte de nuestra visión. Son, en cambio, discusiones sobre cómo dar respuesta a las consecuencias de las decisiones de quienes en su momento no tuvieron reparos en hipotecar al país y en volver al FMI. No hay que perder de vista dónde radica el verdadero problema”, apunta el legislador oficialista.  

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, se refirió al primer entendimiento al que arribó el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional que tanta incertidumbre generó, respecto de lo cual aseguró que “prevé sostener la recuperación económica ya iniciada” y apuntó contra la gestión anterior porque “el Gobierno heredó una situación de endeudamiento insostenible e inviable”.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador del Frente de Todos escribió: “El Gobierno heredó una situación de endeudamiento insostenible e inviable”, en ese marco consideró que el “acuerdo con el FMI que se ha conocido puede considerarse aceptable”. Sin embargo, remarcó que “no hay nada para festejar, excepto que se explicita un camino para comenzar a salir del atolladero en que nos metió el gobierno de Cambiemos”.

“Es un programa a 2 años y medio, y se refinanciarán todos los vencimientos, más los pagos ya realizados al FMI. Y esta refinanciación se comenzará a pagar a los cuatro años y medio del acuerdo, y termina diez años después del último desembolso”, precisó.

Y agregó: “Hay definiciones importantes: la meta de déficit fiscal para 2022 bajaría un 0,5% del PIB respecto a 2021 (muy lejos de la reducción del 3% del PIB en un año que propuso al FMI el gobierno de Cambiemos)”, y comparó: “Con una diferencia fundamental con la política macrista: no habrá reducción del gasto real, y sí un incremento en obra pública y en ciencia y tecnología. No habrá saltos devaluatorios, una definición esencial para tranquilizar la economía”.

“Se reconoce que la inflación es un fenómeno multicausal y, por lo tanto, como expresó el ministro Martín Guzmán, las políticas de precios van a tener un rol principal, trabajando con el sector privado, y de forma tal que redunden en un aumento en el salario real”, agregó Heller y aseguró que “se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados y jubiladas, no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna privatización de empresas públicas”.

Y cerró: “Tal como lo manifestó Alberto Fernández ‘este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral’. El entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada”.

Es un programa a 2 años y medio, y se refinanciarán todos los vencimientos, más los pagos ya realizados al FMI. Y esta refinanciación se comenzará a pagar a los cuatro años y medio del acuerdo, y termina diez años después del último desembolso.

— Carlos Heller (@CarlosHeller) January 28, 2022

No habrá reducción del gasto real, y sí un incremento en obra pública y en ciencia y tecnología. Lo expresó claramente @alferdez, y también está explícito en el comunicado del FMI.

— Carlos Heller (@CarlosHeller) January 28, 2022

Se reconoce que la inflación es un fenómeno multicausal y, por lo tanto, como expresó el ministro @Martin_M_Guzman, las políticas de precios van a tener un rol principal, trabajando con el sector privado, y de forma tal que redunden en un aumento en el salario real.

— Carlos Heller (@CarlosHeller) January 28, 2022

Tal como lo manifestó Alberto Fernández: “este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral”.

— Carlos Heller (@CarlosHeller) January 28, 2022

Entrevistado en Diputados TV manifestó: “Hace una semana estábamos discutiendo si la Argentina entraba en default o no y cuáles eran las consecuencias si el país entraba en esa situación”.

“No hay cosas para festejar, pero sin dudas la Argentina da un paso importante iniciando un proceso de acuerdo que le permita tratar de resolver uno de los problemas más graves que tiene la Nación como consecuencia del endeudamiento contraído del período anterior”, reiteró el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, y precisó: “Son 45 mil millones que había que pagar entre este año y el año que viene lo convertía en algo imposible de pagar. Comienzan a tener un trayecto en el que uno puede ver que hay una solución factible”.

A su vez, opinó que “es la primera vez en la historia un principio de acuerdo que no implica una política de ajuste que es lo que ha pasado siempre en los acuerdos con el Fondo”, y ratificó que “se logró un acuerdo que tiene que ver con un derrotero de disminución del déficit fiscal compatible con las posibilidades de crecimiento de ingresos producto de mayor actividad económica, no se han planteado ni privatizaciones ni reformas laborales ni ninguna de las cuestiones que históricamente han caracterizado este tipo de acuerdos”.

A su vez, aclaró algunos comentarios en torno a cómo sería el crédito: “La Argentina está accediendo a un crédito de facilidades ampliadas: a cada vencimiento del crédito anterior el país recibiría un monto equivalente del FMI para aplicar a la cancelación del crédito preexistente. Ese nuevo crédito tiene 4 años de pedido de gracia y luego se amortiza en un proceso de 10 años”.

“Es un camino transitable que no pasa por ajustes tradicionales y permitirá que Argentina vaya recuperando su senda de crecimiento y vaya resolviendo problemas pendientes como desempleo, insuficientes en infraestructuras, etc.”, manifestó el diputado oficialista.

En tanto, ponderó que “hemos logrado un acuerdo que no nos somete a un programa de ajuste, ni nos piden que destruyamos el aparato productivo, ni que afectemos a los jubilados ni trabajadores. Mirando los antecedentes hay que valorar el acuerdo que ha hecho el Gobierno nacional”.

“Es un acuerdo logrado con mucha firmeza y perseverancia que se comprendan muchas de las particularidades del país y sean aceptadas hizo que se llegue a este tipo de acuerdo. Argentina no está en condiciones para ser sometida a un ajuste y el Gobierno logró que eso se entienda”, subrayó Heller y cerró: “El Fondo debe tener una política que este vinculada a su aspiración de que Argentina pueda devolverle el crédito y eso parece que es efectivamente posible sobre la base de que el país crezca. Hay que crecer para poder pagar”.

Además, el diputado señaló que “la Argentina ha tenido un año de excelente desempeño en cuanto a lo económico porque ha recuperado los niveles pre pandémicos en 2021. Si continúa con esta política de fortalecer el mercado interno, la demanda, se le da prioridad a la producción nacional nos pondrá en el sendero correcto para salir de esta trampa mortal que nos metió este endeudamiento sin sentido”.

“Esto Gobierno no fue que se endeudó y ahora no sabe cómo pagar; este Gobierno asumió y se encontró con la deuda y la pandemia y esta tratando de llevar adelante un proceso virtuoso que nos permita salir de esa situación con la gente adentro y no a costa de la gente. Cuidando a la gente, generando trabajo registrado de calidad”, precisó Heller.

Por último, resaltó que “el propio Fondo reconoció que el crédito otorgado no se utilizó para lo que estaba previsto y no hizo las supervisiones que tenía que hacer. Reconoció que no se controló la fuga de capitales. Hay una responsabilidad política de una mala gestión”.

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller (FdT) afirmó que “Argentina quiere pagar” la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por la administración de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero “en condiciones que no impliquen un ajuste en la vida de los argentinos”.

“Estamos convencidos que un mal arreglo es peor que un no arreglo. En ese marco hay que ver la reunión del canciller argentino (Santiago Cafiero) en Estados Unidos”, indicó el diputado en declaraciones a el Destape Radio.

Cabe mencionar que Cafiero se reunió este martes con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en un encuentro en el que el funcionario de la administración de Joe Biden expresó “firme apoyo” de la Casa Blanca a las “negociaciones de Argentina” ante el FMI.

En esta línea, Heller opinó que “debemos crecer para tener más recursos para poder pagar la totalidad de la deuda con el organismo internacional de crédito”, y consideró que “en el marco de las negociaciones la Argentina no trabaja con la alternativa de no pagar, sino con la alternativa de no ajustar”.

A su vez, sostuvo que “nuestro país viene de crecer un 10% en 2021 y el Presupuesto prevé que el crecimiento siga aumentando para enfrentar los pagos”.

“Las discusiones se dan en dos cuestiones, una tiene que ver con la celeridad de la eliminación del déficit fiscal y la otra tiene que ver con las sobretasas”, señaló el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

Asimismo, cuestionó las condiciones en las cuales el FMI prestó el dinero a la gestión de Macri en abril de 2018 porque “a la Argentina le deberían haber dado un crédito chico y le otorgaron una cifra increíble, fue un crédito dado fuera de las normas”.

El mal clima reinante entre el Gobierno y la principal oposición es creciente y la relación está lejos de mostrar atisbos del consenso que esperan en el Fondo Monetario para vislumbrar un acercamiento concreto en las negociaciones por la deuda.

Ya las cosas se habían tensionado al inicio de la semana cuando la conducción de Juntos por el Cambio dispuso que los gobernadores de ese espacio no participaran de la reunión convocada por el Gobierno para que el ministro de Economía les diera información sobre el estado de la negociación con el FMI. Luego el presidente logró meter una cuña en el seno de JxC al convencer a los gobernadores Gerardo Morales y Gustavo Valdés para asistir o al menos mandar enviados a la reunión convocada en el Museo del Bicentenario. Y trascartón, el gobernador jujeño lanzó aquella frase que detonó sobre todo en el interior del Pro, respecto de que “esta deuda la contrajimos nosotros y lo menos que tenemos que hacer es ir”.

Como sea, tras la exposición de Guzmán, las reacciones de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio fueron muy duras para con el ministro Guzmán. Sobre todo las de Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y el comunicado de Juntos por el Cambio posterior a una nueva reunión de su mesa de conducción, terminó detonando la relación. Si bien dejó firme un compromiso por “la colaboración con el futuro del país”, remarcaba la necesidad de contar con “un plan de desarrollo a largo plazo” que no vislumbraban y que esperaban conocer el próximo lunes cuando los recibiera el ministro de Economía. En efecto, consideraban “indispensable” que las autoridades llevaran “información concreta sobre cuáles son los pasos a seguir para que la Argentina retome este camino de crecimiento”.

Lo cierto es que la oposición ponía como fecha para el encuentro el lunes, pero en rigor de verdad el Gobierno nunca había hablado de fechas. Y este viernes las fuentes consultadas por parlamentario.com negaban que estuviera prevista para el lunes y, lo que es más, relativizaban la posibilidad de que fuera a realizarse.

El elemento que causó el enojo oficial fue expuesto por diputados del oficialismo en las redes sociales, donde por ejemplo el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller, advirtió que “durante la presidencia de Mauricio Macri se endeudaron con el FMI en 44 mil millones de dólares y se comprometieron a devolver esos préstamos en plazos imposibles. No consultaron al Congreso. No lo discutieron con nadie”. Y agregó: “Ahora, convocados por el Gobierno a una reunión informativa en el camino de ir resolviendo el desastre que dejaron, ponen un pliego de condiciones para asistir”.

Durante la Presidencia de Mauricio Macri, se endeudaron con el FMI en 44 mil millones de dólares y se comprometieron a devolver esos préstamos en plazos imposibles. No consultaron al Congreso. No lo discutieron con nadie.

— Carlos Heller (@CarlosHeller) January 6, 2022

“Son dos veces irresponsables: antes, cuando contrajeron la deuda; y ahora, cuando no se involucran en la solución”, agregó el habitualmente moderado Heller, que habló de “chantaje” y reclamó: “Lo mínimo que deben hacer es brindar su apoyo para que la Argentina salga del descalabro donde la metieron”.

“Ya bastante nos condicionaron como país al tomar semejante deuda, como para venir ahora a condicionar una reunión que busca solucionar el período de mayor endeudamiento de la historia”, disparó por su parte Victoria Tolosa Paz, que reclamó: “Por una vez en la vida piensen en las familias argentinas por favor”.

Por su parte, la vicepresidenta del bloque oficialista en Diputados, Cecilia Moreau, se pronunció tras las declaraciones de Rodríguez Larreta: “Lo escucho y no puedo creer lo cínico que es; dice que la solución a la deuda que tomaron con el Fondo debe discutirse en el Congreso. La decisión del endeudamiento histórico al que nos llevaron Macri y Vidal la tomaron solos. No consultaron ni a sus  ‘aliados’”.

Lo escucho y no puedo creer lo cínico que es , dice que la solución a la deuda que tomaron con el fondo debe discutirse en el congreso.

La decisión del endeudamiento histórico al que nos llevaron Macri , 👇🏻 y Vidal , la tomaron solos.

No consultaron ni a sus “aliados “

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— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) January 6, 2022

En el mismo sentido se pronunció el diputado entrerriano Marcelo Casaretto: “Tomaron la deuda. Dejaron a los argentinos endeudados. Ahora piden alfombra roja y café. ¿Por qué no piensan más en colaborar que en destruir? ¿Por qué no piensan más en el país que en su show?”, reclamó.

Así las cosas y con ese clima imperante, referentes de Juntos por el Cambio consultados por parlamentario.com admitieron que no habían recibido aún ninguna citación para la próxima semana, en tanto que una alta fuente de la Cámara baja fue contundente al revelar a este medio que tras la postura expuesta desde la oposición, no hay clima para una reunión, que de momento descartó.

Desde la Casa Rosada algunos sugirieron que un eventual encuentro podría postergarse hasta el mes de febrero.

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, defendió en la sesión de este martes los cambios que el oficialismo impulsa sobre el proyecto que modifica el impuesto sobre los Bienes Personales, con media sanción del Senado. “Le aumentamos al 1,5 en beneficio de medio millón”, destacó el porteño, único orador del Frente de Todos en el debate.

En el comienzo de su discurso, el legislador dijo que el tema tiene “muchos puntos en común” con “el debate del proyecto del aporte solidario” a las grandes fortunas. Recordó entonces que Juntos por el Cambio pronosticó que “solo iba a generar una catarata de acciones judiciales”. “Me alegro de decirles que se equivocaron, no fue así”, expresó.
Sobre ello, detalló que “se concretó el aporte en las estimaciones nuestras, alrededor de 10 mil contribuyentes llevan aportados más de 247 mil millones de pesos” y según un informe del Ministerio de Economía hay un “alto nivel de ejecución” de los fondos.

Al referirse al proyecto de Bienes Personales, Heller remarcó que “tiene iniciativa en nuestro espacio político y algunos se lo quieren apropiar”.

Al argumentar los cambios que se propician, aseguró que los mismos “respetan el sentido de la iniciativa, pero atienden a una cuestión que la iniciativa no tuvo en cuenta, que es el tema fiscal”.

“Tiene como objeto aliviar la carga tributaria de los sectores de menos recursos y, al mismo tiempo, generar los ingresos para no acrecentar el déficit fiscal”, señaló el oficialista, que agregó que “es la manera responsable en que tiene que actuar este Parlamento”.

Además, Heller respondió a las críticas al Gobierno sobre la presión impositiva. “Puedo llenarlos de datos donde se demuestra que eso es una falacia”, desafió, y sostuvo que la presión tributaria “está en promedio por debajo de los países de la OCDE, de los países desarrollados”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto aportó que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un costo de 31.600 millones de pesos por la medida. A continuación, recordó que “el 60,2 de ese importe es de las provincias”, por lo que “si se deja de percibir, se deja de distribuir y se afecta a la economía de las provincias”.

“Lo correcto, lo justo y lo que es más conveniente es que tomáramos del proyecto que viene en revisión aquellas cuestiones que favorecen a amplios sectores de nuestra población”, explicó, y se refirió a los puntos que se mantienen igual, como la suba del mínimo no imponible a 6 millones de pesos (hoy es de 2 millones) y que en concepto de casa-habitación no abonarán el tributo aquellos inferiores a 30 millones de pesos (actualmente es de 18 millones).

El porteño resaltó que el proyecto “va a beneficiar alrededor de medio millón de contribuyentes que dejarán de pagar el impuesto o verán su pago significativamente reducidos”. “Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos es enemigos del ajuste”, disparó.

Al explicar los cambios en las alícuotas para los patrimonios más altos, el diputado precisó: “La alícuota para aquellos patrimonios que superen los 100 millones de pesos y hasta 300 millones pasa de 1,25 al 1,5; y los de más de 300 millones vean incrementada su cuota al 1,75”.

“Como nos muestra el aporte solidario, estamos estimando percibirán aumento de alícuota algo menos de 16 mil contribuyentes, es decir, el 1,5 del total de los sujetos que presentan declaración de Bienes Personales. Le aumentamos al 1,5 en beneficio de medio millón, 16 mil contra medio millón”, defendió.

Y siguió: “Los contribuyentes que tienen entre 18 millones, descontando el mínimo no imponible, y 100 millones, no van a tener ningún cambio en la alícuota actual del 1,25, como tampoco se verían afectados el resto de los contribuyentes con menores patrimonios”.

También, Heller añadió que “16 mil contribuyentes que tendrán un incremento en un 0,25 o en otros casos un 0,50 para compensar el beneficio que este proyecto le va a dar a medio millón de contribuyentes, esa es la ecuación”.

Sobre las alícuotas a los bienes en el exterior, “a medida que repatrien esos bienes pagarán la alícuota general”, indicó; y agregó que se mantiene el “incremento anual automático para el mínimo no imponible, para la casa-habitación y para el tramo de las alícuotas, de manera que los efectos de la inflación no tornen estériles estos cambios y alícuotas”.

“Tenemos el compromiso de los senadores y senadoras de convocar a una reunión para el día 29 de este mes, de manera que esta modificación se convierta en ley antes de fin de año”, manifestó sobre el cierre Heller, y aseguró que el proyecto es “virtuoso” y “merece la aprobación de esta Cámara”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja se reunió este martes a partir de las 13.29 para emitir dictamen respecto del proyecto a llevar al recinto y en ese marco el oficialismo no presentó un nuevo proyecto sino que anunció el deseo de modificar el proyecto proveniente del Senado sobre Bienes Personales.

Al cabo de la reunión, el oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría, con 25 firmas correspondientes a los 24 diputados del FdT y la del misionero Diego Sartori, del interbloque Provincias Unidas.

“Nosotros hemos estado trabajando en el contenido de ese proyecto y nuestro bloque va a emitir un dictamen con el proyecto del Senado, introduciéndole algunas modificaciones”, arrancó el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, que detalló que a juicio del oficialismo el problema del proyecto venido en revisión desde el Senado “tiene un problema que es el elevado costo fiscal y no tiene herramientas para intentar corregirlas”.

En ese sentido señaló que el proyecto del Senado incrementa el déficit por la disminución de las percepciones al subir de 2 a 6 millones el mínimo no imponible, y también para la viviendas de casas particulares (vivienda única) de 18 a 30 millones”.

“En lo esencial estamos manteniendo esos dos valores: 6 millones para las personas y 30 para los inmuebles, y la suba de 18 a 30 millones”, agregó Heller, quien precisó que el beneficio alcanza a alrededor de medio millón de personas.

Para morigerar el impacto de ese mayor costo fiscal, o menor percepción para las arcas del Estado, Heller anticipó que propondrían aumentar la alícuota para aquellos patrimonios que superan los 100 millones, que alcanzaría a unos 16 mil contribuyentes, calculó. “Son los que tienen declaraciones superiores a los 100 millones, que pasarían a pagar una alícuota de 1,5 y no 1,25%, como es en la actualidad”, señaló Heller.

Entre los bienes excluidos se encuentran títulos, bonos y demás títulos emitidos por la Nación, las provincias, municipios y Ciudad de Buenos Aires. También depósitos en moneda argentina y extranjera en las instituciones bancarias, a plazo fijo, caja de ahorro y cuentas especiales.

El titular de la comisión señaló que estaban incorporando una cláusula que mantiene el 2,25% sobre los bienes en el exterior; esto es, no estaban aumentando nada, sino que estaban incorporando la misma porque al caerse el Presupuesto, necesitaban incorporar esa situación a las normas vigentes.

“Estaríamos manteniendo también el ajuste por índice de precios al consumidor”, señaló respecto de los temas que ya incluye el proyecto del Senado, y enfatizó que esencialmente lo que estaban introduciendo son esos dos cambios: subir de 1,25 a 1,50% la alícuota para las propiedades y reestableciendo lo de los fondos en el exterior.

“Nuestro cálculo es que el impacto de estas medidas si no se tomaran estas modificaciones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, sería de 31.600 millones de pesos, de los cuales el 54% corresponde a las provincias (17 mil millones), más las cajas provinciales, que son otros 1.959 millones de pesos, lo cual eleva al 60% lo que las provincias perderían de percibir si esto se aprobara como vino del Senado”.

Por último, Heller aclaró que hay un compromiso del Senado para sesionar el 29 de diciembre, para el caso de que el proyecto que se apruebe sea el que tiene modificaciones, y así permitir que se convierta en ley este año.

Desde la oposición el primero en hablar fue el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis), quien sostuvo su rechazo enfatizando que “vinimos a bajar impuestos, no a subirlos. Nuestro compromiso fue para subir el mínimo no imponible y evitar que 445 mil contribuyentes pasen a ser sujetos de este impuesto. Pero no estamos dispuestos a convalidar las subas de impuestos, y aquí veo que estamos haciendo exactamente eso”.

Cacace señaló que estaban aumentando la alícuota al 1,5% y además introduciendo a una ley ahora en discusión el artículo 82 del Presupuesto que habían rechazado el viernes pasado, donde se establecía la prórroga de la facultad para alícuotas diferenciales para bienes situados en el exterior. “Veo que lo están buscando restablecer en el artículo 4 de esta ley”, apuntó Cacace, concluyendo que “fuimos claros y explícitos en que no compartimos esas facultades. Solo el Congreso de la Nación impone contribuciones en el territorio de la Nación, no el Poder Ejecutivo. No compartimos su delegación”.

A continuación, su compañero de bancada Martín Tetaz advirtió que desconocía si existe algún antecedente respecto de un Congreso cuyo Senado aprueba y un mes después de las elecciones el propio oficialismo quiere introducirle modificaciones a lo que ya venía con unanimidad del Senado.

En el marco de una serie de consideraciones, Tetaz sostuvo que había dos discusiones distintas: uno sobre aumentos de impuestos por inflación y otra sobre cuál es el nivel de impuestos que debe tener la Argentina. “El problema es que lo que hizo el Senado es esencialmente devolverle a la gente lo que corresponde, lo que no debió haberle sacado nunca”, señaló y agregó que “en la discusión de fondo sobre el nivel de la alícuota tampoco estamos de acuerdo con que los impuestos de características patrimoniales sean recaudados por el Estado nacional, porque son potestad de las provincias. Es una base tributaria de las provincias, devolvámosle a las provincias toda la base imponible de impuestos”.

Por su parte, Heller le aclaró que el oficialismo proponía reducirle la imposición a esos 440 mil contribuyentes y aumentarle a solo 16 mil, “para que quede constancia de lo que estamos hablando”, agregó. Y precisó que “la facultad que da al Ejecutivo sobre bienes del exterior es para reducir, no para aumentar. La cuota la fija el proyecto y la facultad del Ejecutivo es la de reducir esas alícuotas”.

“Nosotros estamos restaurándola porque entendemos que los que tienen dinero en el exterior paguen más que los que la tienen en el exterior, es lógico, queremos que la traigan. Del mismo modo que queremos que los que tienen dinero en el exterior paguen más que los que la tienen acá. Es lógico, queremos que la traigan, del mismo modo que queremos que la traigan los que la tienen en paraísos fiscales. Ustedes tienen todo el derecho de defenderlos y nosotros el de pedirles que la traigan”.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina anticipó la postura de insistir con la media sanción proveniente del Senado. Primero, por razones de urgencia, dijo, y aclaró que relegaban a un segundo plano el debate sobre cuál debía ser la cámara de origen de un proyecto de esas características, “porque creemos que las urgencias lo ameritan”. Y en segundo lugar, continuó, “porque el dictamen del oficialismo implica aumento de impuestos; me retrotrae al debate de las grandes fortunas. Ya dimos ese debate, que generó una estampida de contribuyentes”.

Destacó que hay gente que tiene patrimonios importantes, pero bajos ingresos, y ejemplificó: una casa bien valuada de quien trabajó en puestos importantes toda la vida, pero ahora vive de su jubilación, y probablemente no pueda pagar el impuesto que buscan imponerle. “Por eso en el mundo los impuestos patrimoniales han ido desapareciendo”, agregó, concluyendo que el Senado representa a las provincias, mientras que los diputados lo hacen al pueblo argentino. Y “la Cámara alta se ha expresado por unanimidad; no representemos ahora a las provincias, ya dictaminaron ellos. Las provincias ya dijeron que están dispuestas a ceder esos recursos”.

Fue luego el turno de Laura Rodríguez Machado, quien justamente votó el 28 de octubre pasado la media sanción del Senado. Recordó que se trata de un proyecto que impulsó un comprovinciano del oficialismo, Carlos Caserio, y que los miembros del Frente de Todos hablaron esa vez y votaron a favor del proyecto. “Si ustedes son del mismo partido que los senadores que yo escuché el mes pasado en el Senado, no queda otra que no dilaten más y le den una sanción completa al proyecto que viene del Senado”, concluyó.

Luego de que el diputado Gerardo Milman leyera para argumentar lo expuesto desde el oficialismo en el Senado sobre esa misma ley, habló por el oficialismo el diputado Itai Hagman, quien se manifestó convencido de que estaban discutiendo uno de los impuestos más progresivos que hay en la Argentina y el mundo.

Y cargó contra la oposición diciendo que para ellos vale más “defender a 16 mil grandes patrimonios que a medio millón; no me sorprende, porque lo que ordena a algunos bloques es defender a los grandes patrimonios y encima a los que tienen patrimonios afuera”.

A continuación propuso una modificación “para mejorar la progresividad de este impuesto”. Y sugirió incorporar a los que tienen patrimonios por encima de los 300 millones de pesos una alícuota de 1,75%. “Estamos hablando de un universo mucho más chico, equivalente a las grandes fortunas, lo cual permitiría mejorar la recaudación del Estado, mejorar el problema del déficit fiscal y quiero decirles que sin no acompañan este dictamen va a aumentar el déficit fiscal, no bajar”.

Una sesión maratónica se desarrolla en la Cámara de Diputados, para tratar nada menos que el Presupuesto 2022. Con el detalle saliente de tratarse de la primera sesión con la nueva conformación del Cuerpo, y así el debut de muchos de los diputados elegidos el 14 de noviembre como oradores en un tema clave como el que se debate.

La sesión se desarrolla con las dudas abiertas por un final para el cual nada está definido. Y en rigor, el Frente de Todos no tendría los votos suficientes para lograr la aprobación del proyecto, ni tampoco la certeza de la abstención de un número importante de diputados de la oposición que le permitieran al oficialismo alzarse con la media sanción.

Según la extensa lista de oradores -más de 170-, la sesión se extendería hasta pasadas las 8 de la mañana y cerraría el debate Victoria Tolosa Paz, en lugar del presidente del bloque oficialista Máximo Kirchner. El presidente del Frente Pro, Cristian Ritondo cerrará por el interbloque JxC, antecedido por Mario Negri.

Luego del cuarto intermedio, solicitado por el radical Mario Negri, en el que los presidentes de bloques y autoridades de la Cámara baja estuvieron reunidos, Diputados retomó la sesión pasadas las 18 y dio por iniciado el debate del Presupuesto 2022.

En el encuentro que se realizó en el Salón Delia Parodi, no hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Según revelaron fuentes que participaron de la cumbre, el Gobierno ofreció rever el Presupuesto en junio de 2022, ya que aceptó que la inflación será superior a la estimada y habrá más ingresos vía recaudación (IVA).

Sin embargo, para Juntos por el Cambio esa propuesta no era suficiente. La principal bancada opositora reclama que se cambien los artículos que permiten al Poder Ejecutivo aumentar tributos, retenciones y prorrogar impuestos.

Mientras las negociaciones continúan -una señal en ese sentido la dio el hecho de que el presidente de la Cámara, Sergio Massa estuviera ausente buena parte de la sesión-, el debate de la iniciativa se inició con la exposición del miembro informante del oficialismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.

El legislador del Frente de Todos defendió la meta inflacionaria del 33% para el año próximo que se prevé en la iniciativa -uno de los datos que más críticas recibió desde la oposición-. “No es ningún objetivo inalcanzable”, consideró.

Desde la otra vereda, Luciano Laspina (Pro-Santa Fe) sostuvo que “la principal discrepancia que tenemos con el oficialismo respecto a este Presupuesto tiene que ver con el contexto macroeconómico en el que se encuentra la Argentina”.

Durante el debate se produjeron los debuts de dos economistas que tuvieron una gran performance electoral este año: José Luis Espert y Javier Milei. El primero atribuyó las crisis recurrentes de nuestro país al déficit fiscal y afirmó que “Alberto Fernández está endeudando al país a una velocidad nunca vista desde la vuelta de la democracia: 20 mil millones de dólares crece la deuda pública con este Gobierno. Y ese mismo Gobierno ha presentado un presupuesto irresponsable que no va a déficit cero ya, para evitar que continúe el déficit y el endeudamiento”.

Milei por su parte aclaró que “los libertarios nunca vamos a apoyar  un presupuesto que tenga déficit fiscal, porque hay que financiarlo y es inmoral”.

De madrugada se endurecían algunos discursos. En su primer discurso ante el cuerpo, Eduardo Toniolli (FdT-SantaFe) alertó sobre “los cantos de sirena de quienes como única respuesta a la crisis que generaron promueven el ajuste. Acá hay algunos que sueñan con una Argentina para 15 millones de argentinos, y todos sabemos cómo se sostiene eso: aumentando el presupuesto en cachiporras. Por eso no me extraña el maridaje que vemos consumado en este cuerpo entre algunos defensores del liberalismo más extremo y los nostálgicos del terrorismo de Estado”.

Poco antes y pasadas las 5, el expiquetero hoy diputado Juan Carlos Alderete hablaba de “lógica destituyente” de la oposición y dijo que trabajan para voltear el Presupuesto. “Dejaron un país arruinado”, resume, y concluye: “No vamos a ser funcionales con los que trajeron al Fondo”.

Desde la vereda de enfrente, el flamante diputado santafesino de Junto spor el Cambio Gabriel Chumpitaz advertía que “estamos ante la cuarta generación que no trabaja, que vive de un plan. Si seguimos en esta travesía de simulación soviética, no solo vamos al desastre, sino a la decadencia absoluta”.

La sesión de este jueves arrancó a las 13.15 con homenajes, cuestiones de privilegio y apartamientos del reglamento. Luego, en el debut de la nueva conformación, la oposición dio su primera demostración de fuerza al imponerse en una moción referida al proyecto para actualizar el mínimo no imponible del impuesto sobre los Bienes Personales.

El Frente de Todos llegó a la sesión conociendo el rechazo al proyecto de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, la izquierda, los liberales y el bloque Ser, que todos juntos, con asistencia perfecta, podrían sumar más votos para no aprobar el proyecto.

El oficialismo solo cuenta hasta ahora con el apoyo del interbloque Provincias Unidas, que conduce el rionegrino Luis Di Giacomo. Precisamente este diputado, en su intervención ante el pleno, justificó su voto positivo en la necesidad de “dar un apoyo de tipo institucional, porque somos Gobierno y en general los gobiernos provinciales, el de la Ciudad de Buenos Aires, el nacional, pretenden tener un presupuesto”.

En nombre del Poder Ejecutivo, al comienzo de la sesión llegó al Congreso el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que más temprano estuvo reunido con un grupo de gobernadores oficialistas, que se manifestaron a favor del avance del proyecto.

El oficialismo impulsó un tratamiento exprés del Presupuesto 2022 -enviado en septiembre pasado-, en tan solo tres días, que se inició el lunes con la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán, y continuó el martes con los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Alexis Guerrera (Transporte), además de funcionarios de la cartera de Salud.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, abrió el debate sobre el proyecto de Presupuesto 2022 en la sesión de este jueves y, en su discurso, defendió la meta inflacionaria del 33% para el año próximo que se prevé en la iniciativa. “No es ningún objetivo inalcanzable”, consideró.

En el arranque de su intervención, el oficialista repasó cifras positivas de crecimiento económico durante 2021 y señaló que “cerca del final del año, en general, la mayoría de aquellas metas se han superado”, en alusión al Presupuesto para este ejercicio.

Sin embargo, el legislador reconoció: “Claramente hubo una meta que no se cumplió, y es la de la inflación, que estuvo por arriba, bastante por arriba, de lo que estaba previsto o era el objetivo del Presupuesto”.

Sobre la cifra que se estima para el año que viene, sostuvo: “He escuchado innumerables intervenciones diciendo que la meta prevista del 33% para el año 2022 era un disparate y que ya estaba incumplida. Quiero decirles que multipliquen simplemente 2,5 y lo proyecten por un año, y quiero decirles que si logramos mantener los niveles inflacionarios de noviembre, los niveles inflacionarios de 2022 darían 34%. Es decir que no estamos hablando de ningún objetivo inalcanzable, no estamos hablando de ningún dibujo, ni nada que no se pueda alcanzar”.

Al defender la iniciativa del Poder Ejecutivo, el porteño resaltó que tiene como “primer principio” que “no hay estabilidad macroeconómica que no sea posible si no hay una recuperación de la actividad económica”; y, en segundo lugar, que “la sostenibilidad fiscal requerirá de un camino consistente, con un sendero de crecimiento que además deberá ser inclusivo”.

“No es posible enfrentar los vencimientos de deuda insostenible acordado por la administración anterior, y por eso el Presupuesto no contempla desembolsos para el pago de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional”, apuntó.

Heller, que en varios tramos citó al ministro de Economía, Martín Guzmán, pronosticó que “este año 2021 va a terminar con un crecimiento superior al que está considerado en el Presupuesto”.

Durante un repaso por los puntos centrales del proyecto, el diputado destacó “la incorporación de una enorme cantidad de obras que han sido pedidas por los diputados y las diputadas”. Y, entre los ejes principales, se refirió a infraestructura, salud, educación, ciencia e innovación y políticas de inclusión social con perspectiva de género.

“Estamos hablando de un Presupuesto para seguir creciendo, con una mejora en la distribución del ingreso y con un fuerte foco en lo social”, expresó.

Sobre cambios que se hicieron al texto original, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda mencionó el aumento de 46.000 millones de pesos para el Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior; y un incremento de 32.946 millones de pesos para la partida destinada a las universidades nacionales, que quedará en$368.697.259.998, más $14.100 millones para la promoción de carreras estratégicas.

Otro punto es la suba de 6.600 millones de pesos para el Ministerio de Ambiente, “prácticamente todo dirigido a equipamiento, autobombas y aviones hidrantes”, detalló, y agregó que “se faculta al jefe de Gabinete a incrementar en 23.000 millones de pesos los fondos para ciencia, técnica e innovación”.

“Hay una cantidad de cambios más que los vamos a tratar en el tratamiento en particular”, adelantó.

En el tramo final, el diputado del Frente de Todos ratificó: “Estamos pensando en un PBI que de piso crezca un 4% en el año 2022, con un crecimiento superior del 4,6% del consumo privado, con un crecimiento de la inversión del 6,6%, con un crecimiento de las exportaciones del 7,5% y de las importaciones del 9,4%. Con un tipo de cambio que a nuestro entender estará en $131”.

“Trabajamos con una expectativa de construir un escenario inflacionario descendente, que nos permita que a fin de año estemos hablando de un 33%. Es desde luego un objetivo ambicioso, que requiere esfuerzos de todo tipo, y requiere políticas para que eso sea posible. Pero en cualquier escenario estamos planteando que el salario real tendrá que estar un 4% por encima de la evolución que tengan los precios de la economía”, sumó.

Y, en un mensaje a la oposición, manifestó que “más allá de todas las discusiones que tengamos necesitamos tener un Presupuesto aprobado”. “Sería un grave problema que tuviéramos una situación donde la controversia nos impidiera tener un Presupuesto. Y eso sería no una victoria para la oposición, sino una derrota para el país”, concluyó.

En el marco de las cuestiones de privilegio, diputados de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se tiraron reproches por el tratamiento en comisión del Presupuesto 2022.

Precisamente, los opositores Waldo Wolff y Martín Tetaz apuntaron contra el rol del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, y los oficialistas Itaí Hagman y Germán Martínez salieron en su defensa.

Arrancó el macrista Waldo Wolff, quien planteó una cuestión de privilegio contra Heller “en nombre de todo el interbloque”. “El 13 de diciembre le apagó el micrófono al diputado (Gerardo) Milman porque no le gustaba lo que el diputado Milman estaba diciendo. El 15 de diciembre el diputado Heller, presidente de la comisión que convocaba, le cortó el micrófono a la diputada (Ingrid) Jetter porque no le gustaba lo que estaba diciendo”, reclamó.

Y le enrostró: “Yo cuando se metieron con su vida privada me solidaricé con usted, el día 6 de octubre del año 2020, ¿recuerda? Que querían meterse en su actividad privada y yo me solidaricé con usted”.

Entonces, le pidió al oficialista que “tome conciencia que la democracia se practica, no se declama” y “cuando usted le corta el micrófono a cualquiera de los diputados de la Cámara, le está cercenando la voz a los votantes”. “Yo no recuerdo en mis seis años de diputado en esta Cámara que se le corte el micrófono a un diputado porque no le gusta lo que dice, eso es antidemocrático”, completó.

Inmediatamente le presentó una cuestión de privilegio Hagman, quien enfatizó que “es un agravio a la Cámara mentir descaradamente como lo acaba de hacer”. Y señaló que Heller “es ampliamente reconocido por todos los bloques de esta Cámara como una persona que conduce con mucho respeto, que es absolutamente receptivo a los planteos, a las críticas, a las opiniones que se vierten en las discusiones”.

Además, el diputado del Frente de Todos defendió que su par “ordena el debate para que se encauce razonablemente” y “para que cuando viene un funcionario se aproveche el tiempo para saldar dudas y no para insultar o agraviar”.

“Es una absoluta falta de respeto, un agravio a todos los diputados”, consideró sobre la intervención de Wolff, y agregó que Heller “es un orgullo para toda esta Cámara, lo ha hecho muy bien estos días y nos ha permitido que la Comisión de Presupuesto funcione de una manera ejemplar estos dos años”.

Más tarde fue el turno del diputado de UCR Evolución Martín Tetaz, quien cargó contra Heller porque “nos negó el derecho, el privilegio que tenemos como legisladores, de invocar el artículo 109 del reglamento”, que permite a los legisladores -al menos tres- pedir la incorporación de un tema al temario de la comisión.

Ese tema que querían debatir es el proyecto con media sanción del Senado en materia de actualización del mínimo no imponible de Bienes Personales. “(El Poder Ejecutivo) no puede atribuirse la facultad de aumentar impuestos por inflación”, advirtió y pidió: “Respetemos ese derecho (el artículo 109) de acá en adelante”.

Por último fue el turno del oficialista Germán Martínez, que planteó su cuestión de privilegio contra Tetaz, quien durante la comisión “dio a entender que nuestro bloque estaba en una especie de compra de voluntades para firmar el dictamen”.

“Yo no sé dónde se desenvolvió el diputado Tetaz antes de venir acá, donde trabajó, pero acá las cosas no se compran ni se venden”, subrayó el santafesino y continuó: “Cualquier tipo de situación de frase de estas características, que dé a entender este tipo de conductas, merece el repudio absoluto”.

Martínez sumó también que Tetaz “no contento con eso, a la noche fue a un programa de televisión donde dijo ‘estamos a un paso de la mayoría que necesitamos para voltear el Presupuesto’. El Presupuesto es un proyecto de ley que se puede aprobar o no aprobar, las cosas que se voltean son otras. En algún momento se hablaba de voltear gobiernos. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de expresiones”.

Luego de un extenso cuarto intermedio que se dio en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, el legislador Martín Tetaz (Evolución Radical – CABA) comentó lo que habló en “off” con Heller sobre los costos que implicarían las modificaciones en el Presupuesto 2022. El presidente de la comisión se molestó y le respondió.

“Usted recién me comentaba en el off que el Presupuesto por todas estas modificaciones se incrementaría por 180 mil millones de pesos más y no están modificando ni el artículo 1 ni el 2, estamos aprobando planillas que sumadas no van a coincidir. No va a coincidir por la agregación con la realidad. ¿De dónde va a salir la plata para financiarlo, dado el déficit fiscal que hay?”.

Tras lo cual, Heller le respondió: “Con todo respeto, no quiero discutir, pero debería decirle y disculpe que lo haga al aire, que las conversaciones en off no se utilizan como argumento cuando se pide la palabra”, y le advirtió que “es la última vez que acepto hablar con usted porque se ve que no tiene claro cómo funciona el off. Es una de confidencia en la que no se usa tres minutos después como argumento en medio de un debate”.

Inmediatamente, el diputado de Evolución Radical le pidió disculpas por “hacer pública una conversación, entendí mal yo”, ante lo que Heller le agradeció y aceptó la disculpa.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presida por Carlos Heller, el diputado nacional Martín Tetaz (UCR Evolución-CABA) cuestionó la veintena de modificaciones introducidas al Presupuesto 2022 y tildó de “vergüenza” el tratamiento exprés de la iniciativa. En suma, denunció que “están comprando el quórum” de legisladores.

“Me parece una vergüenza que un Presupuesto tenga tratamiento exprés”, expresó el economista y le preguntó al presidente de la comisión: “Usted que está hace muchos años ¿hay antecedentes de un Presupuesto que se haya tratado en menos de una semana?”.

Por otro lado, consultó sobre los costos totales de las modificaciones que previamente Heller leyó y consultó: “¿Cómo se financian? ¿Está la determinación? ¿Puede proporcionarme un número? ¿Lo tiene?”.

En ese momento, el titular de la comisión recogió rápidamente el guante y le respondió en un tono elevado y con chicana de por medio: “No, pero usted tiene que intervenir, no forma parte de una comisión investigadora. Hace sus intervenciones todo el tiempo y actúa como si fuese de una comisión investigadora en este Parlamento o con algún poder superior”. “Usted es uno de los diputados que integra el cuerpo, tiene derecho a hacer uso de la palabra no de interpelar e interrumpir no investigar”, advirtió.

Inmediatamente, el diputado de Evolución le agradeció “su juicio de valor”, y le remarcó que “hasta mi lectura del reglamento tengo derecho a hacer las preguntas que quiera y usted debería responderlas”, y denunció: “Usted está metiendo por la venta una serie de modificaciones que usted no sabe, le acabo de preguntar y no sabe, es un dato de la realidad”.

“Está comentando que reparten 20 mil millones de compensación automotor, no sabemos por qué aparece eso y quién lo negoció; tira 25 mil millones para La Rioja, 20 % de educación, tira un régimen de regulación tributaria nuevo, tira una eximición de combustibles, no se sabe de dónde va a salir el dinero, y más grave aún no se sabe por qué esas cosas entraron y cuando preguntamos nos dijeron que el presupuesto no estaba desactualizado”, detalló Tetaz.

Y siguió: “El segundo problema es que ya sabemos que no se cumplen las estimaciones del año 2021 porque apareció el dato oficial de la inflación es el 45,4%, es el dato de la realidad de los primeros 11 meses, no se cumple lo estimado para el 2021”.

En ese preciso momento, Heller lo interrumpió: “Me extraña diputado usted es economista, no es cierto”.

Sin quedarse callado, el legislador opositor siguió: “Todos los legisladores de su partido le han dicho que los datos no reflejan la realidad en algunos casos los han incorporado ahora”, y denunció: “Evidentemente están comprando quórum con provincias y están comprando el quórum de las provincias repartiendo dinero que no sabemos cómo van a financiar porque tenemos déficit”.

“Hicimos un papelón cuando vino el ministro de Economía (Martín Guzmán) porque en las fuentes financieras figuraban 12 mil millones de organismos internacionales, mintió cuando dijo que había enviado una nota al Congreso oportunamente y comprobamos que no fue enviada. Lo corrigieron entre gallos y medianoche y apareció una fuente de financiamiento del propio intrasector que nadie sabe muy bien cómo salió”, acusó Tetaz.

En suma, señaló que “el Presupuesto tiene un montón de problemas, por un lado, el de Bienes Personales. Es muy importante y no tiene sentido discutirla el año que viene, la modificación tiene que ser sí o sí antes del 31”. Y le apuntó a Heller: “Usted se niega y está aumentando los impuestos por inflación y no tiene atribución ahora hacerlo estamos pidiendo una solución”.

Por último, solicitó que se retiren los artículos que les “confieren atribuciones y facultades extraordinarias por cuatro años al Poder Ejecutivo”, y cerró: “Esos artículos es todo lo que está mal”.

Previsiblemente el debate del proyecto de Presupuesto 2022 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 15 de septiembre pasado, pero que recién se puso a consideración de los diputados el lunes pasado, terminará teniendo un debate exprés, pues es decisión del oficialismo llevarlo al recinto este mismo jueves. Así lo pidió el bloque que conduce Máximo Kirchner, y las autoridades de la Cámara dispusieron que este jueves a partir de las 12 el pleno del Cuerpo se aboque al debate de un dictamen que debería alcanzarse este miércoles.

Esto es, apenas dos días después del inicio del análisis en comisión. Debate que entre los diputados propiamente dicho se dará recién este miércoles a partir de las 14, hora a la que convocaron las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, luego de que lunes y martes se hubieran abocado a escuchar las exposiciones de los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Transporte, Alexis Guerrera, como así también autoridades del Ministerio de Salud, ya que la titular del área, Carla Vizzotti, se ausentó de la reunión.

Al cabo de la exposición del titular de la cartera de Transporte, Carlos Heller anunció un pase a cuarto intermedio hasta este miércoles a las 11, pero luego el encuentro se postergó hasta las 14. Y se anunció esta mañana que la reunión se realizará directamente en el recinto de la Cámara de Diputados, con lo cual lo que se verá a partir de esta tarde será un adelanto de lo que sucederá un día después en el mismo sitio.

Como se recordará, durante las dos reuniones que se realizaron en la comisión que conduce Carlos Heller, este diputado solicitó a sus miembros que evitaran confrontar, o polemizar, delante de los funcionarios que visitaron Presupuesto y Hacienda, reservando esas discusiones para cuando estuvieran ellos solos. Eso sucederá entonces a partir de las 14, aguardándose una reunión extensa que deberá concluir con la emisión de uno o más dictámenes.

Recordemos que en el inicio del debate, el lunes pasado, desde Juntos por el Cambio, pero también el interbloque Federal, solicitaron una semana más de tiempo para debatir el proyecto, teniendo en cuenta que muchos de los miembros de esa comisión son nuevos en el Congreso. Obviamente el pedido fue desestimado, atento a la premura del oficialismo por contar con la ley de leyes.

La idea es que el lunes que viene el Senado se aboque a debatir el texto que llegue desde la Cámara baja, con la intención -complicada- de llevarlo al recinto esa misma semana.

Un cruce de ironías se dio este lunes entre el flamante diputado Gerardo Milman y el presidente de la Comisión de Presupuesto, cuando al intervenir para formularle preguntas al secretario de Hacienda, Raúl Rigo. “No me gustó que le haya ofrecido la candidatura a diputado al secretario Rigo -arrancó diciéndole a Carlos Heller-. Lo puso en un aprieto…”.

– Podría ser un buen diputado, quédese tranquilo –repuso el legislador del Frente de Todos.

– …Porque es un gran técnico, pero le va a costar elegir un partido –continuó Milman.

– Más o menos como usted, más o menos como usted –cerró Heller levantando los brazos.

– Ni hablar de  usted… -replicó Milman, que supo pasar por la UCR y el GEN, aunque ahora es diputado del Pro.

Venía embalado Martín Tetaz a la hora de plantearle preguntas al ministro Martín Guzmán, pero también matizó con planteos puntuales, como pedir el retiro de “todas las excepcionalidades por las cuales el Ejecutivo se arroga facultades que no le corresponden”.

Pidió también tratar este miércoles el aumento del mínimo no imponible; advirtió contra quienes levanten la mano para aumentar impuestos y preguntó “por qué no ajustan el déficit destinado a empresas públicas”.

“Diputado, por favor, vaya terminando”, le pidió Carlos Heller, pero Tetaz no se amilanó: “Tengo varias preguntas más, estoy con las preguntas…”, dijo.

“Parece que trajo la Biblia”, replicó el presidente de la comisión sonriendo, dándole pie al economista a responder: “Me preparo bastante, como usted ya sabe muy bien… -y siguió-: ¿Cuántas son las jubilaciones de privilegio?”.

“¿No vino con ninguna camiseta hoy?”, le preguntó Heller.

“No, no se preocupe”, repuso Tetaz, y continuó con su listado de inquietudes.

Previo a la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, la Comisión de Presupuesto y Hacienda realizó este lunes la elección de autoridades y el oficialista Carlos Heller, quien inicia un nuevo mandato como diputado, fue ratificado presidente.

El sanjuanino José Luis Gioja fue el encargado de proponer como presidente a Heller, recordando que la “tradición” es que “la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por su importancia y por su trascendencia es de la primera minoría”. “Nos satisface a todos de proponer a un compañero, a un hombre que ya ha presidió esta comisión”, expresó.

El oficialista destacó que entre sus “virtudes”, Heller “es un político de raza, que reivindica siempre la política porque le gusta dialogar y el diálogo con soluciones” que “genere los consensos necesarios para poder avanzar en esas soluciones”.

Tras ser avalado por sus pares, Heller agradeció “a los compañeros de mi bloque, al conjunto de diputados y diputadas que han acompañado la propuesta. Es desde luego un honor y una responsabilidad muy grande. Tenemos enormes desafíos por delante y vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias”. “La vocación de diálogo será la herramienta para tratar de construir los mayores consensos posibles”, aseguró.

En nombre de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato propuso para la vicepresidencia a Luciano Laspina, quien “durante muchos años la presidió y los años que no la presidió lo acompañó al diputado Heller en la vicepresidencia”. “Sus méritos son sobrados, es un macroeconomista que tiene antecedentes”, lo elogió y agregó que “toma con una enorme responsabilidad un cargo tan importante”.

Luego que fuera ratificado, Heller bromeó: “Seguiremos peleándonos amigablemente con el diputado Laspina como corresponde”.

En el resto de los cargos, fue designado como vicepresidente segundo Sergio Palazzo (FdT); mientras que el radicalismo eligió como secretario a Víctor Hugo Romero (UCR). Como secretario segundo continuará Marcelo Casaretto (FdT) y como secretaria tercera Paula Oliveto (CC-ARI). Otra de las secretarías quedó vacante.

En el total de la composición, el Frente de Todos cuenta con 24 miembros; Juntos por el Cambio con 23; y los interbloques Federal y Provincias Unidas, uno cada uno.

Así, por el oficialismo integran la comisión Alicia Aparicio, Rosana Bertone, Daniel Brue, Guillermo Carnaghi, Marcelo Casaretto, Sergio Casas, Marcos Cleri, Emiliano Estrada, Eduardo Fernández, Silvana Ginocchio, José Luis Gioja, Itaí Hagman, Carlos Heller, Susana Landriscini, Mario Leito, Germán Martínez, Roberto Mirabella, Blanca Osuna, Sergio Palazzo, María Graciela Parola, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Carlos Ponce y Jorge Antonio Romero.

Por Juntos por el Cambio los miembros son Federico Angelini, Lidia Ascárate, Miguel Bazze, Sofía Brambilla, Ricardo Buryaile, Alejandro Cacace, Germana Figueroa Casas, Pedro Galimberti, Gustavo Hein, Ingrid Jetter, María de las Mercedes Joury, Luciano Laspina, Hernán Lombardi, Juan Manuel López, Juan Martín, Gerardo Milman, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Jorge Rizzotti, Laura Rodríguez Machado, Víctor Hugo Romero, Martín Tetaz y Pablo Torello.

En tanto, la lista se completa con el cordobés Ignacio García Aresca (Interbloque Federal) y el misionero Diego Sartori (interbloque Provincias Unidas).

Propuesto para seguir como secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos – Entre Ríos) confirmó que el plan de trabajo para el Presupuesto es escuchar al ministro Martín Guzmán este lunes, convocar a comisiones martes y miércoles, para debatir y sancionar el proyecto entre jueves y viernes próximo.

En diálogo con El Destape Radio, Casaretto criticó a la oposición señalando que “tiene una crisis de liderazgo muy grande. ¿Qué receta nos pueden dar? Si entre ellos no se ponen de acuerdo”. Y agregó: “Se representan a sí mismo, representan a los sectores de poder de los  grandes multimedios y ni siquiera así se ponen de acuerdo”.

“Más allá de la pirotecnia verbal, creo que va a primar la racionalidad, cordura y responsabilidad, vamos a tener sanción de la ley de presupuesto en el curso de esta semana entrante”, puntualizó el legislador entrerriano.

A partir de las 11, la Comisión de Presupuesto hará este lunes su reunión constitutiva. Al respecto contó que “en lo personal, coincido en que Carlos Heller siga presidiendo la comisión de presupuesto. Me han propuesto que siga como secretario de la comisión”, dijo;  y agregó que: “Vamos a conducir nosotros las principales comisiones”.

“El presidente y su ministro de Economía están negociando (con el FMI) en defensa del interés nacional, queremos que nos permitan seguir creciendo y pagar con el fruto del crecimiento a lo largo de los años”, agregó el legislador oficialista.

Igual que en 2020, en el segundo año de la pandemia de coronavirus el senador nacional José Mayans y el diputado nacional Cristian Ritondo fueron los legisladores más votados en el marco de la encuesta anual para elegir los Premios Parlamentario 2021.

En efecto, de esta manera y por primera vez en sus 29 ediciones, se repiten los principales ganadores en dos años consecutivos.

Las principales distinciones que anualmente elabora la revista especializada en temas legislativos Parlamentario se distribuyeron así entre un oficialista y un opositor, pero también abarcaron a un amplio espectro de legisladores de ambas cámaras, distinguidos por el trabajo llevado a cabo en el marco de un año que ya no estuvo como el anterior tan signado por la pandemia, pero también -como todos los años impares- estuvo marcado por la campaña electoral.

En la Cámara alta, como dijimos, el ganador es el senador formoseño del Frente de Todos José Mayans, quien tuvo 134 votos en el marco de la encuesta de Parlamentario, de la que tomaron parte los propios legisladores, asesores y periodismo especializado. Igual que el año pasado, también con motivo de la pandemia, la encuesta se realizó enteramente por vía online.

El jefe del bloque oficialista del Senado se destacó como de costumbre por su laboriosidad extrema y no estuvo solo presente en todas las sesiones, cerrando siempre los principales debates, sino también en muchas reuniones de comisión.

Detrás de Mayans se ubicó el senador nacional bonaerense Esteban Bullrich, quien cosechó 121 puntos. El senador con mandato hasta 2023 fue un verdadero ejemplo de entereza, responsabilidad y trabajo a pesar de la seria enfermedad que atraviesa. Precisamente a pesar de esa afección, que se acentuó a lo largo del año, Bullrich estuvo presente en la mayoría de las sesiones, incluso participando activamente de las mismas, como así también de las reuniones de comisión.

Completa el podio el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, que reunió 118 votos, y fue como siempre una de las figuras más destacadas de la oposición en la Cámara alta.

A continuación tenemos a la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti (107 votos), ganadora del máximo Premio Parlamentario en 2019, quien tuvo un año muy intenso en el que sin desatender la tarea legislativa participó activamente de la campaña electoral, encabezando en su provincia la lista del Frente de Todos.

En el quinto lugar se ubicó la senadora nacional del Pro Guadalupe Tagliaferri (103 puntos), una figura en ascenso dentro de la oposición que por primera vez se ubica en el top ten de los Premios Parlamentario.

En su último año en la Cámara alta, el mendocino Julio Cobos se ubicó en el sexto lugar, con 92 puntos, en tanto que en el séptimo aparece el chubutense del Frente de Todos Juan Pais (88), quien también deja la Cámara alta este año luego de una destacada trayectoria en la que le tocó ser además uno de los representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura.

Vicepresidente del Senado, en el octavo lugar se ubicó el senador nacional misionero Maurice Closs (75 puntos), que por segunda vez aparece entre los diez primeros lugares de esta encuesta.

También en su último año de mandato, el noveno lugar correspondió a la senadora pampeana Norma Durango (68 votos), titular de la Banca de la Mujer, en tanto que cierra este cuadro el senador nacional rionegrino Alberto Weretilneck (61), un hombre clave en la Cámara alta y sobre todo lo será en la próxima conformación del cuerpo.

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Cámara de Diputados

Cruzando a la Cámara baja, el primer lugar lo volvió a ocupar el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, que reunió 147 votos. Figura clave de la oposición y llamado a tener aun un mayor protagonismo con la nueva conformación de la Cámara, el exministro de Seguridad bonaerense desarrolló una importante tarea legislativa que fue reconocida por sus pares.

En el segundo lugar se ubicó el diputado oficialista Carlos Heller, que reunió 132 votos, a partir del desempeño muy activo que tuvo al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por donde pasaron los principales proyectos. Además, fue reelecto este año para un nuevo mandato en la Cámara.

El tercer lugar fue ocupado por la diputada del Pro Silvia Lospennato, secretaria Parlamentaria de Juntos por el Cambio, que obtuvo 125 votos. Es el tercer año consecutivo en el que esta diputada se encuentra entre los primeros lugares.

La que por segundo año consecutivo aparece entre los primeros lugares es la oficialista Cecilia Moreau (117). La vicepresidenta del bloque oficialista de la Cámara baja ocupó el cuarto lugar este año.

El quinto lugar fue este año para el titular del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, que reunió 109 votos. El cordobés, que este año se postuló sin éxito para ser senador nacional, fue ganador del premio principal en los años 2015, 2017 y 2018.

El sexto lugar fue para otra figura clave de estos años de pandemia, el tucumano Pablo Yedlin (103 puntos reunió), que nuevamente tuvo una gestión vital al frente de la Comisión de Salud de la Cámara baja.

En el séptimo lugar quedó una ganadora múltiple del principal Premio Parlamentario (6 veces se alzó con el mismo), Graciela Camaño. Toda una institución para la Cámara baja, la legisladora que cuenta con un gran reconocimiento entre sus pares obtuvo este año 97 puntos.

El octavo lugar lo ocupó el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo (91 votos), quien este año encabezó la lista de Juntos por el Cambio para el Senado y ganó con amplitud la elección, con lo que pasará a cumplir funciones en una Cámara alta bien distinta a partir de este 10 de diciembre.

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El noveno puesto lo ocupó el diputado santafesino del Pro Luciano Laspina (86), una figura siempre destacada cuya presencia también se ha hecho habitual en la entrega de estas distinciones. También resultó reelecto este año para otro mandato.

Cierra el cuadro de los diez diputados más destacados de 2021 otro legislador opositor, el mendocino Omar De Marchi, que reunió 83 votos, y que cumplió un importante desempeño a lo largo del año como vicepresidente primero de la Cámara.

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Cómo se vota

Participan de esta encuesta los propios diputados y senadores nacionales, como así también los asesores y periodistas especializados, quienes llenan planillas con los nombres de los elegidos.

La elección no es solo cuantitativa, sino también cualitativa. Esto es porque se pone en consideración el orden de importancia de la votación. Así, el primero de los cinco elegidos en cada cámara por el participante de la encuesta recibe 5 puntos; el segundo 4; el tercero 3; el cuarto 2 y el quinto 1 punto.

Medios premiados

Como todos los años, Parlamentario distingue el trabajo que cada año los medios de comunicación realizan cubriendo la actividad legislativa.

Este año el diario Clarín aventajó a La Nación en el rubro Medios Gráficos, con lo que se alzó con esta distinción por segunda vez en la historia de estos premios. La primera vez que lo había ganado fue en el año 1999. La Nación, que ganaba de manera consecutiva desde el año 2001, esta vez quedó en segundo lugar. El tercer lugar fue para El Cronista.

En el rubro Mejor Cobertura Radial, el primer puesto fue por primera vez para CNN Radio, que le ganó por dos votos a Radio Mitre. El tercer escalón fue para Radio Nacional.

En Televisión, se impuso este año por segunda vez consecutiva Diputados TV, la señal que transmite a diario toda la actividad que sucede en la Cámara baja. El segundo lugar fue para Senado TV, y tercera quedó la señal de noticias TN.

No solo los medios son premiados por Parlamentario. También los trabajadores de prensa reciben distinciones, y en este caso la principal en cuanto a Mejor Cobertura Gráfica tuvo este año también una ganadora inédita. Es Déborah de Urieta, de El Cronista, que aventajó a sus colegas Laura Serra y Martín Bravo.

En el rubro Mejor Cobertura Radial, el primer lugar fue para el periodista de radio Mitre Rodrigo Jorge, que se alzó así con esta distinción por segundo año consecutivo. Aventajó a Silvina Brandimarte y Amanda Alma.

Por Mejor Cobertura Televisiva, tenemos también otra cara nueva como ganadora: Daniela Mozetic, quien se desempeña en la señal Diputados TV. Aventajó en este caso a sus colegas del mismo canal Fernando Fraquelli y Eduardo Serenellini.

En cuanto a los medios del interior, el ganador fue Sergio Gutiérrez, que desempeña tareas de corresponsal entre otros medios para Radio Ciudad, Antena 8, Belgrano y Metropolitana de Tucumán. Este periodista ya había alcanzado la máxima distinción en 2007.

En tanto que en el rubro de agencias de noticias y portales de Internet ganó este año la agencia Noticias Argentinas, ganadora por tercera vez de la máxima distinción en este rubro. Ya se había impuesto en los años 2011 y 2018.

Una vez más vale destacar que tanto la revista Parlamentario como parlamentario.com alcanzaron lugares sobresalientes en los rubros gráfico y portales de internet, pero por razones obvias estamos fuera de concurso.

Por último, en el rubro Asesores de Prensa, se impuso este año Mariano Arroquigaray, quien trabaja en Prensa del bloque de senadores del Frente de Todos. Aventajó en este caso a sus colegas Mario Fiore y Hernán Bertolini.

CUADRO DE HONOR

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

1°) Cristian Ritondo	147	1°) José Mayans	134
2°) Carlos Heller	132	2°) Esteban Bullrich	121
3°) Silvia Lospennato ……………………	125	3°) Luis Naidenoff	118
4°) Cecilia Moreau	117	4°) Anabel Fernández Sagasti	107
5°) Mario Negri	109	5°) Guadalupe Tagliaferri	103
6°) Pablo Yedlin	103	6°) Julio Cobos	92
7°) Graciela Camaño	97	7°) Juan Mario Pais	88
8°) Alfredo Cornejo	91	8°) Maurice Closs	75
9°) Luciano Laspina	86	9°) Norma Durango	68
10°) Omar De Marchi	83	10°) Alberto Weretilneck	61
11°) Leonardo Grosso	78	11°) Mariano Recalde	55
12°) Carmen Polledo	75	12°) Humberto Schiavoni	51
13°) Marcelo Casaretto	70	13°) María de los Angeles Sacnun	48
14°) Luis Petri	67	14°) Gladys González	43
15°) Brenda Austin	63	15°) Alfredo Luenzo	38

A cuatro días del vencimiento de la Ley de Tierras Indígenas, el Poder Ejecutivo volvió a extenderla hasta 2025. Así lo dispuso el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de un decreto de necesidad y urgencia que lleva el número 805/2021 y que fue publicado este jueves.

El DNU prorroga los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley 26.160, prorrogados por las leyes N° 26.554, 26.894 y 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2025.

Por ese lapso se suspenden la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1° del decreto en cuestión. “La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”, señala el artículo 2° del DNU.

Precisamente un proyecto en el mismo sentido avanza en el Congreso de la Nación y seguirá hasta ser convertido en ley seguramente en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. El Senado le dio media sanción el pasado 28 de octubre.

Por lo pronto, este miércoles había obtenido dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, cuyo presidente, Carlos Heller, aclaró durante el debate que más allá del tratamiento del tema el Poder Ejecutivo emitiría en breve un DNU para extender la norma, por cuanto faltan tan pocos días para que caiga la ley que no era prácticamente imposible que se aprobara antes la misma. Ese fue el motivo de las críticas de Juntos por el Cambio, que acusó al Gobierno de manejarse a puro decreto.

Incluso desde el oficialismo, la salteña Alcira Figueroa reclamó la aprobación de una ley para dar seguridad a los pueblos originarios interesados en el tema. “Es una ley urgente y necesaria”, dijo, mientras que desde la izquierda Juan Carlos Giordano se quejó de que la prórroga no hubiera sido votada antes.

“¡Se la han pasado gobernando por decreto!”, bramó indignado el radical chubutense Gustavo Menna, en tanto que Carlos Heller insistió en afirmar que “nadie está diciendo que vamos a reemplazar la ley con un decreto”.

Así las cosas y tal cual el propio Heller reiteró varias veces, el DNU correspondiente salió y tiene fortaleza de ley. Pero el proyecto que ya tiene media sanción será convertido en ley en cuanto la Cámara baja vuelva a reunirse.

DECRE-2021-0805-APN-PTE

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, pasó a la firma el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo -tuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano-, el cual contó con el aval de 27 legisladores oficialistas, mientras que la oposición presentó un dictamen de minoría y cuestionaron puntualmente “la tasa porque es un impuestazo”.

Itaí Hagman (FdT – CABA) fue el primer orador quien expresó: “Este proyecto es importante que da cuenta de un problema que tiene la Argentina y que también es un problema a nivel global que tiene que ver con la gestión de los residuos en una sociedad en donde los patrones de consumo se han modificada mucho”, y agregó: “Donde sobre todo las tendencias y formas de consumo que hay en el mundo generan un gran descarte, lo que trajo obviamente un problema ambiental que es hora que empecemos a trabajar y a tratar con un marco normativo que permita resolver”.

“Es un proyecto que incorpora conceptos e instituciones. El primero es el de responsabilidad extendida del productor, es decir establecer una responsabilidad por parte de aquellos que introducen envases en el mercado y crea un sistema integral de gestión de residuos asumiendo que es un problema que los sistemas de recolección tienen una competencia municipal, es un problema de orden nacional”, precisó.

“Argentina tiene hoy según el Ministerio de Ambiente 5.000 mil basurales a cielo abierto que expresan las tendencias que venimos teniendo como sociedad a la acumulación y al mal uso de residuos. Esta ley que incorpora y crea estas instituciones es una manera de complementar todos los trabajos y políticas medioambientales”, señaló Hagman.

En suma, destacó que “tiene un doble objetivo, por un lado, desincentivar el uso de envases sobre todos los más contaminantes, y por el otro lado, una forma de compensar el daño ambiental que produce la utilización de estos envases. Se hace a través de una tasa ambiental variable que puede ser cero si los productores establecen un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización de los residuos o puede llegar hasta un 3% como máximo de precio mayorista con un criterio de variabilidad que está definido con distintos criterios que establecen el tipo de material, el impacto ambiental, etc”.

“También establece la promoción de puestos de trabajos o la formalización de puestos de trabajos a través de un sistema integral de reciclados. Lo hace coordinando desde el Estado con las provincias y municipios. Es una ley desde el punto de vista ambiental y del trabajo es importante. Además, tiene componentes económicos porque ayuda a la sustitución de importaciones porque en argentina tenemos basura que se acumula en cielos abiertos y por el otro lado las industrias demandan insumos que el mercado no satisface y hoy se importa basura de otros países para la producción”, concluyó su argumentación el diputado oficialista.

Sin embargo, Luciano Laspina (Pro – Santa Fe) criticó fuertemente la iniciativa: “Tenemos algunas objeciones de fondo respecto al proyecto, primero porque lo consideramos un impuestazo encubierto con una alícuota que pude llegar hasta el 3% de precios mayoristas de los alimentos según el caso. Sumar una carga adicional que recaerá sobre los pobres consumidores cuando la canasta alimentaria está por las nubes”.

“Es un momento sumamente desacertado, no es chicana, pero legislamos aislados de la realidad, afrontamos temas con herramientas y soluciones alejados de la emergencia que estamos viviendo en la Argentina”, cuestionó.

En esa misma línea, continuó: “Este Parlamente por momentos se encierra en su propio microclima y vive en una realidad paralela. Subir el precio de las bebidas, alimentos, en medio de un país pauperizado con niveles de pobreza nunca vistos salvo en la hiperinflación, con inflación galopante, sumarle un sobre costo a los alimentos es una desproporción peligrosa”.

“Es un impuesto en una tasa porque se aplica con una fórmula sin establecer una contraprestación, sin una estimación de los costos de los servicios que va a prestar que generalmente se prevén. No hay plan de gestión, no hay costos, no hay contraprestación que va a pagar el productor y el servicio que va a recibir”, remarcó el diputado del Pro.

“Esto es un impuesto, no es una tasa. Es un impuesto de asignación específica que se hace para montar un sistema de supuesto reciclado a nivel nacional que va centralizar el Gobierno nacional a espaldas de las provincias casi sin participación que van a tener que ir mendigar recursos al Gobierno para que les apruebe el plan de gestión y que no sea en función del color político. Muy pocos países utilizan una tasa como quieren poner acá”, enfatizó Laspina y comunicó: “Vamos a presentar un dictamen de minoría onde establecemos en principio un marco regulatorio para el manejo de los residuos, reciclado y economía circular”.

“El Parlamento podría establecer un objetivo menos ambicioso y oneroso como por ejemplo establecer que las ciudades mayores en habitantes provean un sistema de separación de residuos al momento de desecharlos como tiene la Ciudad de Buenos Aires”, propuso el diputado santafecino y finalizó: “Es un muy mal proyecto que recaerá en los más humildes”.

En tanto, Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) salió al cruce: “Sin ánimos de polemizar, hago un llamado para que lo lean porque no son envases de alimentos sino de todo tipo. El artículo 19 dice que las autoridades locales conforman sistemas locales de gestión integral de envases y ahí se van a canalizar los fondos”, y reiteró: “recomiendo que lean el proyecto, porque tiene en cuenta el ambiente y el aspecto humano”.

“Es una tasa porque va graduada según la empresa, no va a pagar ningún impuesto”, aclaró y reiteró: “El envase en general las empresas lo han tomado y han trasladado el costo de los envases a la ciudadanía y fue el Estado el encargado de sanear el ambiente. Es un sistema mixto, es un proyecto virtuoso y llamo a leerlo detalladamente y con espíritu amplio”.

Por último, Luis Mario Pastori (UCR – Misiones) hizo hincapié en la tasa porque “hay que tratarlo en su integralidad, pero hay una incongruencia porque el punto cinco hace referencia a una tabla del punto cuatro que no existe en el texto que estamos tratando”. Además, señaló que “hay una delegación impropia que no corresponde. ¿Por qué la tasa del 3%? Estamos en contra de seguir generando nuevos tributos, es un tributo porque es obligatorio”.

¿Qué dice el proyecto?

El mismo contempla la creación de una tasa ambiental a ser abonada por las y los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.

A partir de esa tasa se creará un fideicomiso, que será administrado por la banca pública, y servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros. Asimismo, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización, según informó en un comunicado el Ministerio de Ambiente.

El proyecto de ley regulará todos los envases introducidos en el mercado nacional, lo que permitirá desarrollar una política integral para la problemática de los residuos sólidos urbanos ya que promueve la reducción de la cantidad de envases generados, fomenta el reciclado y genera obligaciones a las y los productores para su tratamiento.

Más allá del resultado de las elecciones de este domingo, en el oficialismo ya se piensa en el día después, y para dar una señal de acción es que buscarán mostrarse dueños de la situación y marcando la agenda. Por eso es que pasados los comicios quieren que vuelva la actividad pronto en un Congreso que sin duda cambiará bastante a partir del 10 de diciembre, y ya fue convocada una reunión nada menos que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado Carlos Heller.

No será para comenzar a tratar finalmente el proyecto de Presupuesto 2022, un tema que sigue demorado y que no se ha movido desde el ingreso del texto el 15 de septiembre pasado, sino para analizar una serie de iniciativas que entre otros temas incluye un proyecto que crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial; la prórroga de los plazos de la ley de emergencia de tierras indígenas y el proyecto para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo.

Según el temario al que accedió parlamentario.com, en la reunión prevista para el miércoles próximo a las 13 también se abordará la prórroga hasta fin del año que viene de las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales previstas en el artículo 4° de la Ley 27.432 sobre impuestos.

También se abordará un dictamen unificado de proyectos que declaran de interés público la respuesta integral a la infección del VIH, las hepatitis virales y las infecciones de transmisión sexual, que contempla iniciativas de los diputados Lucila Masin, Carolina Gaillard, Leonardo Grosso, Cecilia Moreau, Mara Brawer, Mónica Macha, Brenda Austin, Carla Carrizo, Itai Hagman, Ayelén Spósito, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospennato y Romina del Plá.

Otro proyecto contemplado es el que crea un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, y el proyecto sobre Régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de taxis.

El diputado nacional Carlos Heller (Frente de Todos) se refirió a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri sobre el destino de la deuda contraída con el FMI y apuntó que “Macri es un mentiroso serial. Estaban abiertos todos los canales para la fuga”.

Entrevistado por Marcelo Longobardi en CNN, el exmandatario reveló: “La plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”.

“Los que vinieron a hacer bicicleta financiera se querían ir porque se dieron cuenta que Argentina no iba a poder pagar, entonces Macri fue a pedir al FMI. Cuando dice que él arreglaba esto en cinco minutos…es como cuando arregló en cinco minutos con los fondos buitres”, remarcó el legislador oficialista.

Durante una entrevista en el canal C5N, el legislador porteño, candidato a renovar su banca en las elecciones del próximo domingo, dijo que “Macri cada vez que habla deja al descubierto quién es”, para luego agregar que “ellos vinculan la libertad con la ilegalidad”.

En referencia a la situación económica de la Argentina, Heller pronosticó que “este año vamos a terminar con un crecimiento del PBI cercano al 10%. Se han recuperado algo así como 350 mil puestos de trabajo”.

El congelamiento de precios que busca apaciguar el proceso inflacionario, no congela las opiniones a favor ni en contra de los referentes políticos. En ese sentido el diputado nacional y candidato a renovar su banca Carlos Heller por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos se expresó sobre el tema y aseguró que “el Gobierno no tiene otro camino que ponerle freno y empieza por lo más sensible que son los alimentos”, pero remarcó que “no es una medida final, hay que discutir y trabajar en la cadena de valor”. Por otro lado, mostró una visión optimista sobre las elecciones generales.

“Veo bien lo que está haciendo Roberto Feletti, es uno de los problemas fundamentales pensando en cómo mejorarle la vida a la gente. Vengo insistiendo hace tiempo en que hay una clara situación en la que se intenta mejorar el ingreso a la población, mejorando salarios, jubilaciones y demás, pero remarcan los precios y se apropian de esos ingresos y distribución”, puntualizó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en diálogo con El Destape Radio.

Asimismo, denunció que “cuando el referente de la cámara de la carne dijo ‘si le ponemos más platita a la gente en el bolsillo, el precio de la carne aumenta’, confiesa que si la gente gana más suben los precios porque la gente puede pagar más y eso es una locura”, motivo por el cual señaló que “así que el Gobierno no tiene otro camino que ponerle freno y empieza por lo más sensible que son los alimentos, artículos de limpieza”.

“Son unos caraduras los que dicen que esto nunca funcionó. Hay que preguntarles cuándo funcionó el ajuste”, remarcó Heller e indicó: “En 2019 hubo una contracción monetaria, Dujovne dijo que la inflación para 2019 era del 5% y fue 55% con una gran contracción monetaria y gran ajuste fiscal, con todo el recetario neoliberal”.

En ese sentido, enumeró: “Con eso generaron pobreza, exclusión, cierre de empresas, desempleo, destrucción de aparato productivo, nivel más bajo de la capacidad instalada”, y cuestionó: “El día que me den un dato bueno lo voy a dudar porque no hay uno. Todos los indicadores que tiene que ver cómo vive la ciudadanía empeoraron todos. Deberían ser más prudentes y no hablar como hablan y dar cátedra cuando son altamente responsables de la situación que viven los argentinos”.

“El congelamiento de precios no es una medida final, hay que discutir y trabajar en la cadena de valor“, remarcó el diputado del FdT. Asimismo, planteó: “Hay muchas dificultades, llevamos mucho tiempo tratando de aplicar la ley de góndolas que punta a que el consumidor pueda tener diversidad de oferta y salir del esquema monopólico”.

A su vez, el candidato aseguró: “El concepto del achique del gasto público es desarmar todas las estructuras de control, cuando llega un Gobierno que quiere controlar tiene que poder hacerlo”.

Del mismo modo planteó: “Todo eso está desmantelado porque la mentalidad anterior era no controlar era la famosa libertad para todo el mundo de hacer lo que se les den la gana y la reducción del gasto público”, y señaló que “el macrismo desmanteló las áreas de control y cuesta mucho rearmarlas”.

“Con los números de las PASO estamos cerca de que ingrese la 4ta diputada. Ponemos en juego 3 bancas en la ciudad y el número de las PASO podemos ganar una, tengo una visión optimista”, resaltó el presidente de la Comisión de Presupuesto y puntualizó que “el salario real creció un 4% y eso no se dice”.

Por último, destacó que “hay muchas cosas que faltan, no es que todo está bien, pero hay muchas que van mejorando. Hay comercios que hoy están trabajando a full, trabajadores gastronómicos, espectáculos están trabajando a pleno y es doble alegría de poder disfrutar de esos servicios”.

“Tengo una visión optimista del resultado que vamos a tener en las elecciones a pesar del machaque encuestador que trata de generar desaliento y creo que va a ir más gente a votar y hay un reservorio de votos ahí”, concluyó Heller.

Con 198 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que comprende deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000.

Se trata de un alivio fiscal para impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.

Miembro informante del mismo fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, quien consideró que se trata de “un proyecto de gran importancia por la cantidad de personas que van a obtener un beneficio concreto”. “La idea es que los contribuyentes tengan los mecanismos necesarios para regularizar deudas que se han acumulado por la pandemia”, agregó.

El proyecto obtuvo dictamen el lunes durante una reunión de la Comisión de Presupuesto a la que concurrió el subdirector general de Recaudación de la AFIP, José Bianchi. A partir de los datos aportados por ese funcionario, Heller transmitió al recinto dicha información, abrumando con cifras que leyó durante su extenso y acelerado informe.

Habló de tres títulos comprendidos en la ley en marcha, puntualizando que en primer lugar se habla de condonación de deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2021. Son 6727 contribuyentes y entidades agrupadas en todos los títulos, con obligaciones adeudadas por un monto de 2.175 millones de pesos.

Citó puntualmente a 641 clubes de barrio, 43 bibliotecas, 84 cooperativas efectoras y 28 entidades de bomberos voluntarios, entre otros, señaló Heller. Asimismo condonan deudas a micro y pequeñas empresas que deban menos de 100 mil pesos. En comisión fueron incluidos en este rubro monotributistas. Heller cuantificó en 1.527 millones de pesos distribuidos entre micro y pequeñas empresas, que significan el 95,7% de microempresas y micro contribuyentes.

Habló luego de 1.035.600 contribuyentes, con un promedio de 16.887 pesos. “Esto da una idea de la necesidad de la normativa que estamos tratando -señaló el diputado Heller-. La deuda total es de 17.500 millones de pesos. Los monotributistas son el 70% de los beneficiados por este punto”.

Heller dijo que se acordó el lunes con la oposición que el alivio fiscal alcance a todas las deudas y no limitarlas solo a deudas posteriores al 1 de agosto, como decía el proyecto original. “Para atrás no tiene fecha de vencimiento entonces”, dejó claro Heller.

Este capítulo permitirá la rehabilitación de moratorias caducas y alcanzará a contribuyentes que entraron a la última moratoria pero que no pudieron hacer frente a los pagos y perdieron el beneficio. “Se les permitirá rehabilitar el plan con similares beneficios a la moratoria original”, agregó.

Heller detalló que al 31 de agosto de este año se registraban 105.901 contribuyentes, el 15,7% del total que presentaron moratoria, de los cuales el 60,2 son microempresas y el 1,5 pequeñas y empresas.

Luego habló de la ampliación de la moratoria par adeudas posteriores y deudas no regularizadas. “Se amplía la moratoria para los contribuyentes que acumularon deuda líquida posterior al 1 de agosto de 2020, pero también anteriores a la fecha y que no fue regularizada. También alcanza infracciones relacionadas con dichas obligaciones. “Este capítulo alcanza el 85% de los contribuyentes que no cayeron en caducidad, y a otros que no tenían deudas regularizadas”, puntualizó el legislador kirchnerista.

En este conjunto, dijo Heller, la deuda incluida es de 564 mil millones de pesos. También se establece la condonación total de los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre multas y tributos aduaneros.

Dejó claro el legislador que no se aplicarán los beneficios para el caso de ajustes derivados de exclusiones o incumplimientos en anteriores blanqueos, entendiendo la lógica de que alguien que ya accedió al blanqueo ya fue beneficiado por una amnistía, no tendría lógica volver a beneficiarlos.

Asimismo, Heller dejó claro que quedan excluidas las deudas originadas en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario, por cuanto esa era una ley que se aplicaba solo a las grandes fortunas, “y acá estamos hablando de pequeños contribuyentes”.

Finalmente, a instancias de un pedido de la oposición se incluyeron beneficios a contribuyentes cumplidores, alcanzando por ejemplo en el caso de los monotributistas a 571.390 de ellos.

Carlos Heller reiteró que le parecía una ley “de enorme importancia, pero esencialmente se trata de un esfuerzo fiscal importante que permitirá a una enorme cantidad de contribuyentes y entidades regularizar su situación impositiva evidentemente afectada por la reducción de la actividad durante la pandemia”.

Desde la oposición, el diputado Luis Pastori (UCR – Misiones) arrancó reclamando el pronto inicio del debate del Presupuesto 2022. Pidió la presencia del ministro Martín Guzmán en el Congreso para explicar su proyecto, pero él mismo atribuyó su ausencia a la situación imperante dentro de la coalición gobernante. “Seguramente vendrá cuando el oficialismo se ponga de acuerdo. Mientras tanto, Guzmán está esquivando venir a exponer”, estimó.

Más allá de ese reclamo, el legislador de Juntos por el Cambio ponderó el proyecto impulsado por el presidente de la Cámara baja: “Este proyecto tiene evidentemente las bondades que hacen que explique por qué tan rápido nos hemos puesto de acuerdo el lunes en la comisión”, señaló, ponderando también el informe brindado por el funcionario de la AFIP que los visitó ese día y que “aclaró muchos conceptos”.

Resaltó además la receptividad oficialista respecto de los cambios solicitados en el proyecto, “que fueron aceptados e incorporados al dictamen”.

Tras enumerar las modificaciones solicitadas, Pastori contó que “habíamos pedido también que se tenga en cuenta a los contribuyentes cumplidores, porque siempre está la injusticia, la inequidad con aquel contribuyente que fue cumpliendo mes a mes”.

“Todo esto ha sido contemplado, reconozco esta tarea rápida, eficiente que se ha hecho en una que consideramos absolutamente necesaria, imprescindible para que el contribuyente argentino tan castigado comience el 2022 sin esa pesada mochila que significa la deuda con la AFIP. Por eso adelanto el voto afirmativo del interbloque.

Al concluir el debate, el autor de la iniciativa, Sergio Massa, aclaró que no bajaría a una banca para dar un discurso, pero agradeció  tanto el apoyo del bloque oficialista y el respaldo también de la oposición. Extendió también el agradecimiento del presidente Alberto Fernández “y de cada uno de nosotros. Gracias a todos los que trabajaron para darle rápida media sanción al proyecto”.

Qué dice el proyecto

La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a 100.000 pesos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.

Además, se propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.

También señala que “la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos: aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.

Además, se amplía la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.

En los fundamentos se afirma que “hay 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP (es decir, deuda que está en condiciones de ser ejecutada) y, entre ellos, 600.000 tienen obligaciones inferiores a $ 100.000 y acumulan una deuda total de $ 13.000 millones”.

Con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes (un promedio de $ 21 mil por contribuyente) por lo cual “es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”, y no se incluyen a los monotributistas que “fueron beneficiados con la reciente ley para el sector”, resaltaron.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, confirmó este martes el congelamiento de precios para artículos de la canasta básica, puntualizando que “está vigente una resolución que contiene casi 1.500 productos en todo el país”. Tras reunirse con empresarios, el secretario de Comercio Interior justificó la decisión en que los últimos datos oficiales difundidos respecto de la canasta básica alimentaria “avalan” la postura del Gobierno.

Consultado al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, expresó: “La concentración económica es uno de los problemas a resolver y requiere de leyes para que se pueda cambiar. La ley de góndolas es una herramienta, también las políticas de control de precios”.

“En el 2014 sancionamos 3 leyes que permitían el análisis de la cadena de valor”, agregó en diálogo con C5N.

Heller sostuvo que “los empresarios dicen que pierden plata y los consumidores no pueden pagar el valor de los productos. Argentina debe resolver este problema”.

Sobre los dichos de la oposición al respecto de responsabilizar al gobierno y la emisión de la inflación el diputado del Frente de Todos apuntó: “En la gestión anterior llegaron a emisión cero y tuvieron récord de inflación”.

El candidato a diputado nacional Javier Milei anunció este sábado que si es elegido el 14 de noviembre “va a renunciar a la dieta” cuando asuma. Consultado sobre si eso no podía ser contraproducente, ante la posibilidad de que pudiera ser permeable a quienes pudieran financiarlo, el economista aclaró que él vive de las conferencias que da. “Son sobre liberalismo, capitalismo y libertad. No hay conflicto alguno” con un eventual proceder en la función pública, manifestó.

“No estoy dispuesto a cambiar mi forma de ser: me generaría un costo económico enorme. Como voy a renunciar a la dieta, estoy obligado a dar conferencias”, dijo el candidato de La Libertad Avanza, que ante otra consulta aclaró que empresas como Télam, Aerolíneas Argentinas o Canal 7 “deberían ser privatizadas. Soy partidario de que el Estado reduzca su participación a lo mínimo indispensable”.

Entrevistado por CNN Radio, Milei afirmó que su objetivo para el 14 de noviembre “es lograr que (Leandro) Santoro sea al kirchnerismo lo que Martha Mercader al radicalismo, que fue el inicio de la debacle” del partido centenario.

“Queremos dejar tercero al kirchnerismo para que sea el inicio del fin. Y dejaríamos afuera al comunista de Carlos Heller. Sería genial”.

“Vamos a dar la batalla por la causa de la manera correcta”, explicó, al mismo tiempo que remarcó: “Los planes sociales no deberían ser eliminados sino que las personas deberían abandonarlos. La reforma del Estado se puede hacer bajando el gasto público en zonas improductivas. Después hay que liberar el mercado laboral hacia adelante y con apertura vamos a tener 15 años de crecimiento económico que permitan básicamente ir avanzando sobre las reformas de segunda generación”.

Al unísono, varios diputados del Frente de Todos sumaron críticas al expresidente Mauricio Macri porque el hermano de Macri declaró como propio un “trust” cercano a los 25 millones de dólares; cuyo titular era su madre, Alicia Blanco Villegas, que en 2020 -cuatro años después- lo re introdujo en su patrimonio, a pesar de que la ley sancionada en 2016 impedía en su artículo 83 que accediera al beneficio.

Para el diputado Carlos Heller, la maniobra realizada por Gianfranco Macri, hermano del expresidente, quien declaró como propio en 2016 un “trust” que alcanzaría los 25 millones de dólares, cuando su verdadera titular era Alicia Blanco Villegas, “confirma que Mauricio Macri hizo trampa”.

“Se trata de una clara trampa a la ley que ellos mismos sacaron con ciertas particularidades. Recordemos que pusieron la cláusula que prohibía accedieran al beneficio los familiares del presidente para que se la voten, porque si no, no se aprobaba el blanqueo. Luego la vetaron para poder facilitar esta operación y aun así hicieron trampa”, explicó Heller.

“El veto parcial permitió que el hermano pueda, pero los padres no podían”, dijo Heller, quien agregó: “Aparentemente había una plata de la mamá de Macri, unos 25 millones de dólares declarados como de uno de los hermanos (Gianfranco) y ahora aparecen en la declaración de la mamá nuevamente”.

Según el artículo 83 de la Ley sancionada mientras Macri era presidente, quedaban expresamente excluidos de los beneficios los “cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de los funcionarios.

“Esto es grave. Me parece que hay un montón de cuestiones más allá de lo ético que debemos poner en debate, pero de esto no hablan los medios. Es una vergüenza, es grosero. Estamos hablando del 60 por ciento de lo que blanqueó el hermano de Macri y el tema no aparece en los medios”, dijo el diputado porteño.

Para el diputado bonaerense Rodolfo Taihlade se trata de “una familia dedicada al delito. Los 25 millones de dólares que la madre de Mauricio Macri tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado. Por eso vamos a impulsar una denuncia contra Alicia Blanco Villegas y sus hijos Mauricio y Gianfranco. Los tres deberían estar presos”, remarcó.

En tanto, la legisladora porteña Gabriela Cerruti consideró que “les molesta la plata en los bolsillos de la gente, porque la quieren toda en sus bolsillos”.

“Cada día queda más claro que Macri gobernó para él, para sus amigos ricos y para su familia”, ya que “la ley de blanqueo de capitales impedía que la madre de Macri pudiera blanquear las cuentas que tenía en el extranjero y lo que hicieron fue una maniobra para hacerlo a través de su hermano (Gianfranco) luego de que el ex presidente pidiera que se excluyeran a sus hermanos de la norma”, explicó la legisladora nacional.

Cerruti además indicó que “hicieron una ley a su medida, se llevaron la plata afuera para hacer negocios en el extranjero con plata que habían ganado en Argentina y después la trajeron sin pagar impuestos y con eso siguieron haciendo la bicicleta financiera”.

Para la diputada porteña, “lo mismo que hicieron con al mayor parte de la deuda que tomaron perjudicando a los argentinos y argentinas que la usaron para especulación financiera y que se fugó en dólares”.

“La familia Macri, al igual que (Horacio Rodríguez) Larreta, que (María Eugenia) Vidal y todo el grupo que lo secunda solo quiere regresar al gobierno para seguir haciendo negocios personales y para incrementar su fortuna, ellos y sus amigos a expensas de la enorme mayoría del pueblo argentino”, concluyó.

Al igual que Carlos Heller y Gabriela Cerruti, la legisladora Mara Brawer criticó la maniobra realizada por la familia Macri para blanquear capitales incumpliendo lo establecido por la Ley sancionada en el gobierno de Cambiemos.

“Durante la gestión de Mauricio Macri como presidente, su hermano blanqueó 35 millones de dólares. La ley no permitía el blanqueo de familiares de un funcionario público”, expresó Mara Brawer.

“Pudimos conocer lo que fue un verdadero blanqueo trucho. El hermano de Macri presentó como propio un fideicomiso de la madre de ambos por 25 millones de dólares. Un verdadero escándalo, se llenaron la boca hablando de la transparencia mientras movían millones de dólares sin declarar y mintiendo sobre su titularidad”, agregó la legisladora nacional.

Para Paula Penacca, “con esta noticia se confirma lo que todos sospechábamos: Macri impulsó el blanqueo de capitales para el beneficio de los negocios familiares”.

 “Siempre corriendo los límites de lo legal, Gianfranco Macri blanqueó como si fuera propio un fideicomiso de la madre del expresidente, algo que la ley de blanqueo expresamente impedía”, indicó Penacca.

El diputado Rodolfo Tailhade indicó: “Una familia dedicada al delito. Los 25 millones de dólares que la madre de Mauricio Macri tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado. Por eso vamos a impulsar una denuncia contra Alicia Blanco Villegas y sus hijos Mauricio y Gianfranco. Los tres deberían estar presos”.

La diputada bonaerense, Daniela Vilar, cuestionó la maniobra de blanqueo de la familia del ex presidente. “Macri ya dijo en televisión que la única forma que conoce de hacer plata es evadiendo impuestos”.

“Ahora sabemos también que lo otro que necesitaba era un gobierno que les permitiera blanquear ese dinero. El suyo”, agregó Vilar.

Por su parte el diputado porteño, Itaí Hagman, expresó: “Gianfranco, que es Macri, no pudo con su genio y la costumbre familiar: hicieron trampa incluso al blanqueo que armaron para sus amigos y parientes”; y advirtió “esta gente quiere volver a gobernar el país”.

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto Carlos Heller (FdT – Ciudad de Buenos Aires) se refirió al tratamiento parlamentario del proyecto presupuestario del 2022 del cual aseguró que “prevé un déficit total de 4.9 por ciento que es muy similar al de este año”, y señaló que Argentina tiene que “desendeudarse”.

En diálogo por la 107.3 AM, el legislador oficialista se refirió al proyecto de presupuesto del año siguiente y analizó que “en los próximos días vendrá el ministro y hará una presentación y responderá preguntas a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y a otros invitados que habrá. Luego lo trataremos en la Comisión de Presupuesto. Esto es un proceso lento porque es complejo 4.800 páginas tiene y tratan de cosas que son importantes para alguna actividad, para algún lugar, alguna provincia”, y ratificó que “es un tema arduo el análisis presupuestario”.

“A pesar de que es un envío del Poder Ejecutivo, es habitual que los ministerios pidan ampliaciones por determinadas cuestiones. Ahora mismo no descartaría que en función de las medidas económicas que se anunciaran, algunas tengan repercusión en los números que mando el Ejecutivo. No me extrañaría que antes de tratarlo haya correcciones en algunas proyecciones de las medidas que se planteen”, avizoró Heller.

A su vez, manifestó: “Estamos hablando del presupuesto del año que viene y el objetivo es que esté terminado antes que finalice el período parlamentario ordinario que es el 30 de noviembre. Después de que lo trate Diputados lo tiene que tratar el Senado por eso hay que dejar un tiempo”. No obstante, remarcó que “el año pasado venimos trabajando con la Comisión de Presupuesto del Senado, estuvimos trabajado en paralelo y coordinados, es decir cuando les llegó a ellos ya habían avanzado y era más sencillo el tratamiento en la cámara revisora”.

“Ha habido años en donde se tuvo que extender el período y se convocó a extraordinarias”, recordó el diputado del FdT, aunque se mostró optimista porque “creo que vamos a terminar en tiempos normales, pero no es que dentro de dos semanas va a estar aprobado. El año pasado hicimos 8 reuniones de la Comisión de Presupuesto antes de emitir dictamen y mandarlo al recinto”.

Por otro lado, en relación a la carta que publicó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, aclaró que “no habló de déficit, habló del ritmo de ejecución de este año de presupuesto de la aplicación de los recursos”. En suma, señaló que “el proyecto de presupuesto prevé un déficit total de 4.9 que es muy similar al de este año”, por lo que consideró que “trataremos de trabajar dentro de esos parámetros”.

“Argentina tiene que desendeudase”, enfatizó Heller y cuestionó: “En el presupuesto se detalla que si hubiera que pagar los 19 mil millones del Gobierno anterior se deben suprimir partidas”. Por último, opinó que “si la actividad económica sigue recuperándose y aumentan los ingresos fiscales, hay más margen para gastar porque tenes ingresos, sino tenes que emitir o endeudarte, que esta descartado porque tenemos que desendeudarnos”.

El diputado oficialista Carlos Heller y el precandidato a diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz protagonizaron un caliente debate, durante el que se cruzaron con datos sobre la pandemia y la economía, entre chicanas y acusaciones.

El economista, que secunda en la lista a María Eugenia Vidal, consideró que en estas elecciones “están en juego dos modelos de país: el que le gusta a Heller, que simpatiza con la revolución cubana, que festeja el triunfo de (Nicolás) Maduro en Venezuela, y se plebiscita la peor gestión de la pandemia en el mundo”. “Por eso es tan importante para nosotros que la derrota del oficialismo sea lo suficientemente contundente en las urnas”, señaló.

“Con lo único que estoy de acuerdo de todo eso que dijo es que efectivamente es un debate de dos modelos de país, que están muy claros: hay uno que cree en un Estado presente que tiene que regular la economía, poner límite a la acumulación en un extremo, un debate que se da en el mundo”, contestó Heller, agregando que “Tetaz atrasa”, ya que “no tiene en cuenta que hay un cambio de época en el mundo, o no leyó o quiere provocarme llevando la discusión para otro lado”. “Discutamos sobre economía y las políticas económicas”, retrucó el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

Mientras Tetaz mostraba datos en su computadora y criticaba al Gobierno, Heller le lanzó: “Si querés chicanear, chicaneá toda la noche, es una chicaneada barata”. “Los datos son la kriptonita de los kirchneristas”, enfatizó el precandidato de la oposición.

En otro tramo de discusión, Tetaz preguntó: “¿Sabés por qué está estancada la economía argentina? Porque el Estado argentino es inútil para la gente. La legislación argentina atrasa. El problema de este Gobierno es que todos sus resultados de gestión son pésimos”. “Por eso no les gustan los datos y cuando no les gustan y tienen la posibilidad incluso los adulteran, como hacían con el Indec en tu gobierno”, añadió.

“Yo te voy a decir una cosa Tetaz, y pensalo bien en serio, alguna vez pensá un poquito”, recalentó Heller, para referirse después al Presupuesto Nacional y asegurar que “se cumplió en todos los parámetros”. “¡Es mentira!”, repetía Tetaz.

Además, el legislador del Frente de Todos -también precandidato a renovar su banca- destacó que “el Gobierno lleva gastados 6 mil millones para mejorar el poder adquisitivo de la gente”.

“No cumplieron el Presupuesto y terminaste la vuelta diciendo que no lo cumplieron”, subrayó Tetaz, al tiempo que Heller defendió el gasto público en relación a los subsidios otorgados por el Gobierno en el último tiempo: “Estoy orgulloso de haber gastado, todo fue a favor del bolsillo de la gente”.

“Sí, pero con la plata que no tienen, están repartiendo con la maquinita”, refutó Tetaz y apuntó que “eso genera un problema dramático en la Argentina” y que, en cambio, “le están metiendo la mano en el bolsillo a la gente”. “Mentiroso, sos un mentiroso”, exclamaba Heller y sumó: “No sabe nada”.

El periodista le respondió: “¡No te voy a aceptar que me digas mentiroso!”. Y en el tramo final se sacó su saco negro para mostrar una remera con la frase “Ah pero Macri…”, en referencia a los argumentos del oficialismo sobre los problemas acarreados de la gestión anterior.

“Sin ese argumento no podés defender el desastre de la gestión que hicieron ni de hacer campaña. Después te regalo una remera, tengo un talle para vos”, lanzó Tetaz, a lo que Heller le devolvió: “No hablemos de talles porque no te quiero ofender”. “Al contrario, soy orgulloso de mi tamaño y forma física”, completó el opositor.

La polémica generada en torno al aplauso pedido hace dos semanas por el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados al conmemorarse el 35° aniversario del gol de Maradona a los ingleses en el Mundial 86, sigue dando tela para cortar. En esa oportunidad el protagonista de esa escena, el diputado Carlos Heller, fue criticado por los medios, pero ese mismo día había sido increpado por su par del Pro Jorge Enríquez. Ahora contra él Heller pidió una cuestión de privilegio sobre el final de la maratónica sesión de la Cámara baja.

Fue la primera de más de una decena de cuestiones de privilegio presentadas cuando ya se habían votado todos los proyectos de la jornada, tal cual lo acordado en Labor Parlamentaria. Y al iniciar su exposición, Heller aclaró que nunca había hecho una cuestión de privilegio, pero ahora sí iba a hacerlo contra el diputado Enríquez.

Detalló entonces cómo se había dado esa situación en la que terminó pidiendo ese polémico aplauso en plena reunión de comisión. Contó que había sido su par José Luis Gioja el de la idea de evocar lo de Diego, a las 16.09. “Yo le dije que me parecía que podíamos interrumpir unos minutos, aplaudimos y seguimos. Nadie se opuso, todo lo tengo documentado”, recordó. Y así fue como algunos segundos después de las 16.09, luego de la intervención del santafesino Luis Contigiani, Heller pidió el aplauso acordado y luego la reunión continuó “con absoluta normalidad”.

Heller detalló entonces que a las 16.50 pidió la palabra Jorge Enríquez, quien “durante 8 minutos habló de todo lo que se le ocurrió; tiene derecho, pero no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando”, señaló Heller, para referenciar entonces que luego Enríquez lo criticó duramente por haber pedido ese aplauso. Aclaró que no le había dado importancia entonces, pero sí lo hizo más tarde cuando a los pocos días Enríquez publicó una nota en el diario Clarín, donde “no solo me agrede a mí, sino también a usted, presidente”. Hacía referencia a Sergio Massa, de quien dijo que había mentido al señalar que no había votado una ley por estar mirando un partido de River. Según Heller, Enríquez “falsea la realidad”, porque en realidad votó, sí, pero porque Massa se lo había pedido.

Y entonces Heller detalló minuto a minuto cómo había sido la participación de Enríquez en esa reunión de comisión. Según el presidente de la Comisión de Presupuesto, Enríquez se había comunicado por el sistema Webex recién a las 16.13, o sea después del aplauso. “El no lo presenció, no sufrió ninguna amargura, es un invento total… -aseguró-. Se logueó a las 16.38 para pasar a dar quórum. Ha mentido, no estaba presente cuando sucedió esto”, afirmó respecto del aplauso en cuestión.

Previsiblemente Enríquez pidió luego una interrupción por haber sido tratado de “mentiroso” y presentó entonces su propia cuestión de privilegio contra Heller señalando que sí había presenciado la situación que había cuestionado, mas no integrando la reunión de la comisión, sino que la vio por Diputados TV. Así que “claramente es una mentira de él”, aseguró.

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes y giró al Senado dos proyectos de ley de perfil económico con el objetivo de “generar un alivio fiscal para los monotributistas” con la reforma de la ley del Monotributo y con una inicaitiva que modifica el impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para “incentivar el ahorro en pesos”.

A las 3 am, luego de más de 2 horas de un debate signado por las diferencias de los modelos económicos antagónicos que representan el oficialismo y la oposición, Diputados votó en forma separado cada iniciativa a pesar de que se debatieron juntos.

Con 233 votos a favor y 2 abstenciones en general, la Cámara baja aprobó la modificación de la norma de Monotributo con el proyecto de ley denominado “Fortalecimiento fiscal para pequeños contribuyentes” con el apoyo del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

Las 2 abstenciones fueron de los diputados del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer.

En tanto, cerca de las 3.30, la modificación de la ley de Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales obtuvo 227 votos a favor y 3 votos negativos.

Al inicio el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller, argumentó que este proyecto de ley “viene a complementar a la ley 27.618, generar un mayor alivio fiscal para los monotributistas y previsibilidad a la actividad económica de 4.080.151”.

Heller marcó cuatro puntos de la iniciativa al señalar que “el proyecto busca mantener las cuotas del monotributo a su valor de diciembre de 2020; financiar las deudas con planes de hasta 60 meses a un interés del 1,5% mensual; modificar las categorías ampliando las más bajas facilitando la recategorización a menor costo; y eliminar todos los intereses, cargos o multas por las deudas acumuladas al 30 de junio 2021”.

“Lo que buscamos es asistir a los 4 millones de monotributistas facilitándoles al máximo las condiciones para que, con un aporte mínimo, continúen teniendo cobertura previsional y de riesgo del trabajo, obra social y resuelta su situación impositiva”, agregó el legislador porteño.

Respecto a la segunda iniciativa basada en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo enviado el año pasado, Heller resumió estos cambios a Bienes Personales y Ganancias como “una herramienta para generar incentivos al ahorro en moneda nacional para corregir un problema que tenemos en nuestra economía con el bimonetarismo”, en referencia al ahorro y la inversión financiera en dólares.

Por su parte, el diputado santafesino Luciano Laspina (Juntos por el Cambio) adelantó que ese sector de la oposición apoyará a ambos proyectos, pero realizó varias criticas a la política económica del Gobierno del Frente de Todos porque “bajo ningun sentido es un alivio fiscal sino que viene a corregir una dilación del Ministerio de Hacienda que tuvo un error de gestión y por eso se acumuló una deuda retroactiva a los millones de monotributistas que se sorprendieron y no podían pagar”.

Al igual que el diputado de Juntos por el Cambio, el legislador del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano sostuvo que el cambio al régimen de Monotributo, “no es un alivio fiscal porque mantiene un aumento del 35 por ciento de la cuota para los monotributistas que están precarizados y la están pasando mal con la pandemia”.

Asimismo, Giordano sostuvo que “la ampliación de la exención impositiva a la patria financiera en pesos repite el modelo al mejor estilo (Mauricio) Macri, pero ahora lo manda el presidente Fernández”.

A su turno, la diputada bonaerense Alicia Aparicio (FdT) afirmó que “este proyecto no solo busca asistir a los sectores golpeados, también puede inscribirse en un programa mayor que tiene como objetivo lograr el crecimiento mejorando la equidad del sistema”.

En tanto, el diputado misionero Luis Pastori (JxC) afirmó: “Lamentamos que una vez más los grandes olvidados de los proyectos del gobierno sean los autónomos, que sufren las mismas vicisitudes que los monotributistas”.

Beatriz Ávila, legisladora tucumana del Partido por la Justicia Social, señaló que “el propio articulado de la norma es una gran contradicción porque el artículo 1 dice que el objetivo principal es dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas, y hablar de esto hoy es insólito”.

En tanto, el diputado cordobés Víctor Hugo Romero (JxC) aseveró que “esta ley que estamos tratando hoy no genera alivio para las y los monotributistas porque posterga el debate profundo que tenemos que tener, y porque seguimos sosteniendo la incertidumbre”.

Asimismo, el diputado bonaerense y líder de la CTA, Hugo Yasky (FdT), sostuvo que “este proyecto está enmarcado en la lógica del Gobierno de que el salario le gane a la inflación este año” que “va a beneficiar al sector más vulnerable de los monotributistas”.

El anuncio de Massa

Horas antes de que inicie el tratamiento en la Cámara baja de ambos proyectos de ley de perfil económico, el presidente del cuerpo Sergio Massa aseguró que “habrá un alivio fiscal para millones de monotributistas” con la aprobación del proyecto de programa fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes.

Por otra parte, el titular de Diputados adelantó que en el debate en el recinto se iba a eliminar el artículo 3 del proyecto de ley de modificaciones de la ley de Impuestos a las Ganancias y de Bienes Personales para “evitar que se generen suspicacias”

Massa confirmó la decisión de sacar el artículo 3 tras un amplio acuerdo con los presidentes de bloques y consultas con el Ministerio de Economía, del proyecto que buscaba aplicar un requisito temporal para mantener la exención: no pagarían el impuesto únicamente los plazos fijos que se mantuvieran como mínimo un 75 por ciento del año, es decir 274 días.

Con lo dispuesto por Massa, los plazos fijos seguirán exentos en el impuesto sobre los bienes personales sin ningún tipo de limitación.

El resto de los alivios fiscales que se incorporan con este proyecto sí se mantienen: la exención en el impuesto a las ganancias para los intereses de plazos fijos UVA y la exención en bienes personales para las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional y en otros instrumentos destinados a fomentar la inversión productiva, incluidos fondos comunes de inversión.

Ahorrar en pesos

El proyecto de ley apunta a ampliar las exenciones en Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para activos de inversiones financieras en moneda nacional.

El objetivo del proyecto es establecer medidas de incentivo de carácter tributario, a los fines de fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en moneda nacional.

En el articulado se exime del pago de Ganancias a los intereses originados en los depósitos concretados en instituciones financieras en moneda nacional, así como para los intereses y rendimientos producto de la colocación de capital en instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva.

La iniciativa del Monotributo

El proyecto retrotrae el pago del retroactivo con lo cual los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.

La iniciativa también fija que en julio también se pondrá en vigencia una nueva actualización de escalas con un criterio progresivo, que incrementa en un 77% respecto de diciembre de 2020 el tope para la categoría A, por ejemplo.

A lo largo de la iniciativa se fija los incrementos que tendrás escalas en las cuales las más bajas podrán duplicar los montos de facturación.

Otro punto central es que aquellos que se excedieron de la facturación prevista en su categoría podrán permanecer en el régimen siempre que no superen la facturación de5,55 millones anuales y un patrimonio de hasta 6,5 millones de pesos.

Asimismo, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual, para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.

Para el caso de las categorías más altas de la E a la K, deberán pagar una “cuota especial” por única vez.

Asimismo, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.

Con este proyecto se busca dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas que suman un total de 4.080.151 contribuyentes; de los cuales 1.592.466 (39%) se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y 2.487.685 (61%) en el resto del país.

Como suele suceder periódicamente, los sueldos de diputados y senadores volvieron a quedar los últimos días enmarcados en una polémica a partir del aumento acordado por las autoridades de la Cámara con los gremios legislativos, que se trasladará a los legisladores. Las críticas estuvieron a la orden del día, y este martes, en el marco de una reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas -que integran diputados y senadores de todos los sectores-, el tema quedó expuesto. Primero en tono de broma, y luego un diputado anticipó un pedido a la Oficina de Presupuesto del Congreso para poner blanco sobre negro en esa cuestión.

Venía hablando el diputado del Pro Alvaro González, quien antes de liberar al diputado Carlos Heller y el senador Carlos Caserio valoró el trabajo hecho por ambos a lo largo del último año y medio y deslizó: “Tendrían que aumentarle el sueldo -dijo sonriendo, en referencia al primero-. Lo han hecho trabajar como nunca al presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados”.

“Hemos trabajado bien”, reconoció Heller, riendo.

“Y por ende al presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado”, acotó González, que agregó que “si estamos todos de acuerdo, avancemos” con la reunión.

Pero el presidente del bloque de senadores del oficialismo, José Mayans, siguió con el tema salarial, apuntando: “Hemos aprobado pliegos de jueces, embajadores… y ganamos menos que los pliegos que estamos aprobando”.

“Ganamos menos que un prosecretario de Diputados”, sumó el senador Mario Pais (Frente de Todos – Chubut).

Todo eso se dio en un contexto de sonrisas, y entonces Alvaro González se puso serio para anunciar que estaba mandando una nota a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación “para que nos hagan un exhaustivo análisis de los salarios del sector público. En todas sus dimensiones: Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, empresas descentralizadas, bancos y demás yerbas, para tener una visión del contexto general, y no que estos animalitos, que son los diputados y los senadores, sean los que les quedan bien todas las pulgas… Pero cuando tenga toda la información se la voy a hacer llegar, senador”.

El cordobés Carlos Caserio dijo estar de acuerdo con el diputado del Pro, y Pais se sumó también: “Estamos de acuerdo, y es más: una de las tareas pendientes que tiene la AGN es coordinar la auditoria del Poder Judicial de la Nación, con las especificaciones que prevé la Ley de Administración Financiera y la propia Constitución que esto es un tema… El sector nacional tiene que estar controlado todo, no puede haber sectores no controlados. Hasta el propio Congreso tiene controles por parte de la misma AGN, y por supuesto el Poder Ejecutivo. Pero todos los poderes del Estado, las empresas del Estado y todos aquellos que operen con fondos públicos”.

“Coincido con usted, senador Pais, cien por ciento”, se sumó la diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica – CABA), y contó: “Cuando yo era auditora general de la Ciudad tuvimos esa discusión y finalmente la Auditoria General de la Ciudad puede auditar al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires”.

Entonces Pais apuntó: “Yo le voy a pedir diputada que tal vez hagamos una suerte de subcomisión, usted, otro miembro que quiera y el suscripto, para ver cómo podemos avanzar para hacer una propuesta junto con las autoridades de la AGN, en un marco donde estandaricemos un marco que permita justamente la transparencia y el control de las cuentas públicas”.

Ya promediando la extensa jornada de debates en la Cámara de Diputados el presidente del Cuerpo, Sergio Massa, había advertido que numerosos legisladores tenían que viajar a sus provincias durante la mañana del jueves, por lo que sugería no extenderse en los discursos. Cosa que obviamente no sucedió. Así, pasadas las 4 de la mañana, cuando la sesión llevaba casi 14 horas, se decidió un aplazamiento del temario, con lo que todo lo que no alcanzó a ser tratado en esta sesión quedará para la próxima.

Sucedió cuando promediaba el debate del proyecto que ratifica el Consenso Fiscal 2021, firmado entre el Gobierno nacional y 21 de las 24 provincias. Cuando arrancó el tratamiento de ese tema estaba previsto que se votara a las 4.05. Pero conforme fueron exponiendo los diputados anotados para hablar se advirtió que eso no sería posible. Atentos a ello, previamente se había votado una alteración en el orden de tratamiento de los temas, y así fue que alcanzó a aprobarse antes del tratamiento del Consenso Fiscal el proyecto para garantizar asistencia a los transportistas escolares en el AMBA. Se votó la moción y luego sin debate se votó ese proyecto.

Cerca de las 3 de la mañana comenzó el tratamiento del proyecto con la palabra del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, quien planteó que “hay hasta el momento 16 provincias cuyas legislaturas han aprobado el consenso, y dos que lo tienen en tratamiento”.

“El consenso fiscal es una extensión de la misma situación preexistente y en sus consideraciones principales, plantea que ante la situación de la pandemia, se evaluó conveniente suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas, contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el impuesto de ingresos brutos y las disposiciones de los impuestos inmobiliarios y a los sellos: aquellos que graban las nóminas salariales y a los tributos específicos”, expresó el legislador oficialista.

Heller detalló puntillosamente los aspectos centrales del proyecto proveniente del Senado, en tanto que el radical Luis Pastori (Misiones) planteó luego su rechazo al dictamen de mayoría por considerarlo “lesivo a los intereses de los contribuyentes de los impuestos provinciales, en particular del impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos”, a los que consideró “dos de los tributos más regresivos en términos económicos que integran el sistema tributario argentino”.

Para Pastori se debería “tomar conciencia desde el Poder Legislativo en poner todo el esfuerzo en disminuir y no aumentar los tributos. Y más tratándose de tributos tan regresivos en términos económicos como los que estamos tratando en este proyecto. Al menos hasta que no haya una reducción sustancial del gasto público haciendo foco en ello”.

El oficialista Ariel Rauschenberger (La Pampa) valoró que su provincia no hubiera firmado el Pacto Fiscal en 2017 para no renunciar a los juicios contra el Estado nacional por las deudas, y además porque “esta es una provincia que desde que la gobierna el justicialismo no tenemos déficit fiscal, tenemos equilibrio presupuestario; tampoco tenemos deuda pública, la provincia siempre se ha manejado con austeridad. Y además no hemos recurrido al endeudamiento”.

En cambio ahora La Pampa firma, dijo, pero aclaró que con Alberto Fernández se acordó “suspender por un año los procesos judiciales, suspender los procesos judiciales, no renunciar a los procesos judiciales de las provincias”.

“Esto es un consenso de apriete al contribuyente”, denunció por su parte el radical Ricardo Buryaile (Formosa), quien recordó que “la Argentina hace 10 años que no genera empleo privado y hace 10 años que estamos estancados”. Recordó que entre otras cosas las provincias se habían comprometido en 2017 a converger en las alícuotas de impuestos distorsivos hacia cero. El sistema implementado ahora, dijo, “consolida un sistema regresivo al empleo y la inversión y consolida los impuestos distorsivos”.

Hubo más oradores, pero pasadas las 4 de la mañana, el presidente del bloque Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez planteó la disposición de los diputados a quedarse el tiempo que hiciese falta para tratar un tema importante como era el que estaban debatiendo, aunque advirtió que por la hora avanzada, estaba claro que ni ese, ni los temas restantes no recibirían la atención merecida. Por eso sugirió un aplazamiento del temario de la sesión y su moción encontró aceptación en la secretaria Parlamentaria de JxC, Silvia Lospennato, primero, y luego en la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau. Luego se votó la moción y el proyecto de Consenso Fiscal, y las cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento, que por un acuerdo en Labor Parlamentaria se habían dispuesto para el final de la sesión, quedaron para la próxima.

“Se trabajó mucho desde ciertos sectores para que esto fracasara y sin embargo los datos son muy buenos”, sostuvo este lunes el diputado Carlos Heller luego de que se conociera que el Aporte solidario y extraordinario generó ingresos por más de 223.000 millones de pesos. Solo un grupo minoritario se presentó ante la Justicia para no cumplir con la ley, precisó.

“La gran mayoría va a pagar, me cansé de decirlo durante el debate parlamentario donde uno de los argumentos usado por legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio era que esto no lo iba a pagar nadie y que iba a ser un gran negocio para los abogados por la gran judicialización que iba a generar”, manifestó el legislador del Frente de Todos en la AM990.

Según la información dada a conocer por la AFIP, los datos preliminares muestran que 10.000 personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos cumplieron con las obligaciones previstas por la ley.

“Que hayan ya pagado el 80% del universo potencial de contribuyentes es un buen dato sobre todo porque como recordaremos esto tiene destinos de gran importancia en medio de la pandemia”, indicó Carlos Heller.

En relación a las fiscalizaciones integrales sobre un conjunto de contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones que no presentaron sus declaraciones juradas al momento, el diputado destacó que “la ley faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos para ello, fue algo previsto en la norma”.

“Es una muy buena noticia que estos ingresos ya se encuentren en las arcas públicas y que sean específicamente distribuido de acuerdo a los porcentajes fijados por ley a los destinos que tenían estos recursos en un contexto como el actual. Tiene un gran valor y sentido de la oportunidad”, agregó Heller.

Recordemos que el Congreso estableció que los recursos extraordinarios serán destinados en un 20% a financiar la política sanitaria, igual porcentaje a subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo, un 20% se inyectará en las becas Progresar, un 15% para mejorar las condiciones habitacionales de los barrios populares y un 25% será destinado al apuntalamiento de la inversión energética.

“Mas allá de la coautoría del proyecto, se trata de una construcción colectiva”, manifestó Carlos Heller; quien valoró además, el hecho de que el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, “pidió que lo trabaje desde el primer día y me dio ese mandato de llevar adelante el proyecto hasta que diputados le dio media sanción y hoy se refleja el valor de la iniciativa en estos resultados”.

El proyecto de ley que establece nuevas alícuotas escalonadas del impuesto a las Ganancias para las empresas recibió dictamen favorable este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a aprobarlo en la próxima sesión con apoyo de aliados.

El dictamen de mayoría, del Frente de Todos, recibió 26 firmas -con la disidencia del cordobés Paulo Cassinerio-, mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de rechazo que reunió 19 adhesiones.

El proyecto del Poder Ejecutivo establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.

Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.

En el dictamen final se introdujeron dos modificaciones: en primer lugar, se incluyeron incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de las empresas; y en segundo término, se aclaró en la redacción -tal como pedía el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini- que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.

El presidente de la comisión, Carlos Heller, destacó que el proyecto “implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas”, y por ende solo el 10% restante “tendrá una alícuota más elevada que la que estuvo vigente en años anteriores, que fue del 30% para todas las empresas”.

Respecto del costo fiscal, el legislador respondió a la inquietud generada la semana pasada por el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calculó un impacto fiscal de 320.000 millones de pesos, mucho mayor al estimado por la AFIP.

Según Heller, este cálculo se hizo “a partir del supuesto teórico de que en 2021 estaría vigente una tasa del 25%, ya que la prórroga dispuesta por el gobierno actual era hasta el 31 de diciembre, y no consideraba la pérdida generada por pasar de una tasa del 30% a una eventual del 25%”.

El oficialista explicó que el nuevo costo estimado por la OPC es de 133.124 millones de pesos, repartidos en 57.840 millones en 2021 y 74.218 millones en 2022, con un remanente de 1.065 millones en 2023.

Lo cierto es que con una “estimación optimista”, señaló Heller, los ingresos reales por esta ley alcanzarán para compensar en 2021 la pérdida de recaudación generada por las últimas modificaciones en el impuesto a las Ganancias para más de 1.200.000 trabajadores y jubilados.

“Es un esquema virtuoso: las empresas que han tenido más ganancias aportarán a favor de las familias y de las empresas con menores ganancias”, analizó el titular de la comisión.

Jorge Sarghini adelantó el rechazo de su bloque al proyecto debido a “una combinación de dos indicadores que son los que determinan que no hay más margen para aumentar impuestos en Argentina: el nivel de presión tributaria y el nivel de inversión, que apenas supera el 13% del PBI”.

Desde Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace advirtió que “buscan presentar esta reforma como que logra todos los objetivos posibles: que las empresas grandes tienen que pagar más, que nueve de cada diez empresas van a pagar menos, que es un alivio fiscal… hay una respuesta para todos, para los que quieren bajar impuestos y para los que quieren subirlos, y eso no puede ser simultáneamente”.

Cacace observó que “es falso” que se beneficien nueve de cada diez empresas “porque todas las empresas hoy pagarían el 25%. El efecto de la reforma tributaria de 2017 es que a partir de 2020 todas paguen el 25%; el Gobierno lo suspendió por un año, pero ya está vigente la alícuota del 25%, y la OPC ha confirmado que esa suspensión regia por un año”.

Otro radical, Luis Pastori, coincidió: “La proyección que efectuó la OPC es correcta porque tomó como base el 25%, que es la alícuota vigente. Las empresas que continúen con el 25% no van tener impacto; las que pasen al 30% tendrán un pequeño impacto; y el 98% del impacto lo van a sufrir las empresas que superen los 20 millones de pesos, entre las cuales habrá una gran cantidad de medianas empresas. Ese último tramo del 35% va a impactar en 17.127 casos”.

El misionero consideró que el proyecto tiene “un claro objetivo recaudatorio” y que según el oficialismo se busca “favorecer a las pymes, pero la progresividad que se plantea es  muy poco representativa de la realidad económica”.

A su turno, Luciano Laspina (Pro) cuestionó que se busque desarmar la reforma de 2017 y advirtió que “Argentina tiene una presión tributaria récord, pero no solo eso: en 2015 la presión tributaria era del 33,8%; en 2019 bajó al 30,9%; y en en 2020 aumentó al 32,4%. En medio de una recesión violenta, el Estado sube impuestos, como si el consumidor fuera un marciano”.

El Frente de Todos buscará firmar dictamen este miércoles sobre el proyecto de ley que modifica la reforma tributaria aprobada en 2017 para establecer nuevas alícuotas escalonadas del impuesto a las Ganancias para sociedades.

La iniciativa, que es rechazada por Juntos por el Cambio, será debatida desde las 15 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el oficialista Carlos Heller.

El oficialismo pretendía alzarse con el dictamen la semana pasada, pero algunas inquietudes que generó el proyecto obligaron a pasar a un cuarto intermedio para postergar el tratamiento.

Uno de los motivos por los cuales se pospuso el dictamen fue la duda respecto del costo fiscal de la futura ley: mientras que la AFIP estimaba un costo de 160.000 millones de pesos, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un monto mucho mayor, de 320.000 millones.

El proyecto del Poder Ejecutivo establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.

Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.

Se propone una actualización anual de los tramos de las escalas en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sobre la distribución de dividendos, en tanto, todas las empresas pagarán una alícuota del 7%.

El proyecto de ley que ratifica el Consenso Fiscal 2020, firmado entre el Gobierno nacional y 21 de las 24 provincias, obtuvo dictamen favorable este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El dictamen recibió 26 firmas y quedó en condiciones de ser votado en el recinto en la próxima sesión, que aun no tiene fecha confirmada.

Con 18 firmas, el grueso de Juntos por el Cambio rechazó el proyecto a pesar de que los gobernadores de esa alianza (el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suárez) adhirieron al pacto.

Pero hubo una excepción, la del radical jujeño Jorge “Colo” Rizotti, quien anunció que votará a favor del proyecto en función del acompañamiento de Morales. “Nos pone a las provincias en condiciones de aumentar las alícuotas de Ingresos Brutos. En Jujuy seguimos por debajo de algunas provincias”, argumentó.

El debate

El vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (Pro) fue el encargado de fundamentar el rechazo de la mayoría de su interbloque.

“Nuestra posición como interbloque es la de rechazar la aprobación del pacto. Entendemos las necesidades de muchas provincias en el marco de la pandemia, pero por una cuestión de coherencia debemos rechazar la aprobación de este nuevo Consenso Fiscal, que pone en suspenso, o elimina, o retrotrae muchos de los avances logrados en 2017”, aseguró.

Laspina recordó que aquel acuerdo “se firmó bajo un ánimo muy positivo, que era la reducción gradual y paulatina de impuestos regresivos como Ingresos Brutos y Sellos”.

Por el contrario, advirtió el santafesino, ahora se aprobará “una contrarreforma tributaria en las provincias que va en la dirección contraria a la que establecía el pacto de 2017 y a los intereses de los consumidores y pequeñas y medianas empresas”.

“Lamentamos que en el marco de la pandemia el único recurso al que las provincias y la Nación pueden echar mano es a la suba sistemática de impuestos”, expresó.

Por el oficialismo, el exgobernador riojano Sergio Casas señaló que el Consenso Fiscal “es el marco de la convivencia democrática entre el Estado Nacional y el conjunto de los gobernadores”.

“A nadie le gusta perjudicar a la gente, ni al presidente, ni a los gobernadores, ni a los intendentes; el fin último es trabajar para la gente, pero acá pareciera ser que cuando se está participando del gobierno se ven las cosas de una manera, y cuando se está en la oposición es más fácil ver la paja en el ojo ajeno”, cuestionó.

Otra exmandataria, la catamarqueña Lucía Corpacci, aclaró que “no es que ahora estamos aumentando los impuestos. La situación económica es espantosa, el Estado Nacional no puede sostener más aportes a las provincias, y las provincias tienen que generar sus propios recursos”.

La diputada del Frente de Todos recordó la firma del pacto durante la gestión de Mauricio Macri: “Sucedió en una época donde no había pandemia, pero lo que sí teníamos era una crisis económica enorme y falta de credibilidad en nuestro país, donde nadie nos iba a prestar absolutamente nada”.

Desde la UCR, Luis Pastori alertó que “Argentina es uno de los países más gravosos del mundo. No lo digo yo ni la oposición, lo dice el Banco Mundial en un estudio del año 2020 sobre 190 países somos el número 189. Solamente nos supera en ese ranking de países más gravosa las Islas Comoras del África”.

El misionero consideró que “subsistir para una empresa y para una pyme es un acto heroico. Hay que ser un héroe para mantener hoy una pyme, y este tipo de leyes va en sentido contrario de lo que la economía demanda y de lo que se aprobó en la gestión de Cambiemos”.

“Más allá de que gobernadores de nuestro propio espacio político lo han firmado, Argentina es un país federal en los papeles, pero en la práctica es absolutamente unitario, y muy especialmente en el orden fiscal debemos ser uno de los países más unitarios de todos”, lamentó.

El puntano Carlos Ponce recordó que en 2017 San Luis no adhirió al acuerdo porque significaba “quitarle autonomía a las provincias” y además “nada de lo que decía el oficialismo iba a pasar”.

San Luis también se negó a firmar porque “había que renunciar a los reclamos que las provincias tenían con la Nación” y en ese momento su distrito “tenía dos juicios con sentencia firme”, y además el Consenso Fiscal de ese año “obedecía a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional”.

El Consenso Fiscal 2020

La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde febrero pasado y busca ratificar el acuerdo suscripto el 4 de diciembre de 2020, que modifica el Consenso Fiscal 2017 y sus adendas de 2018 y 2019.

En esos acuerdos se fijaron exenciones y reducciones impositivas, pero la pandemia, la crisis sanitaria y la necesidad de fondos hicieron necesario rever los compromisos asumidos, que ahora se suspenderán hasta el 31 de diciembre de este año.

Además, se permite a las provincias tomar deuda en pesos y se limita el endeudamiento en dólares; se suspenden las demandas judiciales contra el Estado Nacional por un año; y se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias no será a través de la coparticipación.

Debido a esos dos últimos puntos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se rehusó a firmar el Consenso Fiscal en esta oportunidad. Tampoco adhirieron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de La Pampa, Sergio Ziliotto, por no haber firmado el documento original en 2017.

El oficialismo en la Cámara de Diputados postergó para el próximo martes a las 15 la firma del dictamen sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las sociedades.

Así lo anunció el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, al abrir la reunión virtual de este jueves, donde el Frente de Todos tenía previsto avanzar con la iniciativa.

Heller explicó que el dictamen se postergará “en función de una serie de inquietudes que estamos trabajando y que no hemos terminado de congeniar como para convertirlas en parte del proyecto”.

La iniciativa fue defendida el lunes por el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El texto establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.

Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.

Sobre la distribución de dividendos, en tanto, todas las empresas pagarán una alícuota del 7%.

En las últimas horas, la Oficina de Presupuesto del Congreso envió a la comisión un informe sobre el impacto fiscal del proyecto oficial.

La oficina calculó un incremento de los ingresos por el impuesto a las Ganancias sobre el ejercicio fiscal 2021 de 320.821 millones de pesos que, dado el mecanismo de ingresos de anticipos y saldos, ingresaría parcialmente este año, y su mayor efecto se percibiría en 2022.

El impacto fiscal se explica por las mayores alícuotas que enfrentarán aproximadamente 43.300 sociedades.

De acuerdo a estas estimaciones, el tramo de la alícuota intermedia aportará alrededor de 7.000 millones de pesos (26.160 sociedades), siendo el 98% del incremento de recursos aportado por los alcanzados por la alícuota del 35% (17.127 sociedades).

Reclamo del Pro

Durante la reunión, el diputado Luciano Laspina pidió tratar un proyecto del jefe de su bloque, Cristian Ritondo, para eximir del impuesto a las Ganancias a las fuerzas de seguridad.

El diputado Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) insistió con el reclamo para prorrogar de forma “urgente” y también modificar la Ley Ovina 25.422, que venció el pasado 5 de abril.

Lo hizo a través de una nota enviada este lunes a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería, Carlos Heller y José Ruiz Aragón.

Di Giácomo pidió tratar en un plenario un proyecto que presentó junto a diputados de otros bloques en octubre pasado para prorrogar la norma por 20 años, aumentar el financiamiento para el sector y fijar nuevas medidas de promoción.

En octubre de 2020 presenté junto a diputados de diferentes bloques un proyecto para prorrogar y modificar la Ley Ovina vencida este mes. Por eso, envié nota solicitando urgente tratamiento a los presidentes de las comisiones correspondientes, @CarlosHeller y @pitinruizaragon. pic.twitter.com/1A8NqzjaMn

— Luis Di Giacomo (@DiGiacomoLuis) April 19, 2021

El rionegrino precisó que mantuvieron reuniones con los ministros de Agricultura y Producción de toda la Patagonia, funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación y la Mesa Ovina Nacional para lograr prórroga de dicha ley, “ya que no es solamente importante para la zona patagónica, sino también para todo el país”.

La Ley Ovina, sancionada en 2001, tuvo como objetivo fomentar la modernización, innovación y actualización de los sistemas productivos, y acrecentar así los puestos de trabajo en el sector, que tiene participación en el mercado externo.

El régimen establecido en la ley consiste en un sistema federal de créditos y subsidios administrados en las provincias, que financian proyectos a nivel de predio, mediante un Fondo Fiduciario llamado FRAO (Fondo para la Recuperación de la Ganadería Ovina).

En 2011 -al cumplirse diez años de vigencia de la ley- se actualizó por última vez el monto de ese fondo, que llegó a 80.000.000 de pesos, y Di Giácomo propone llevarlo a 1.500.000.000 pesos.

El tratamiento de un proyecto de ley para transferir un inmueble a la capital riojana empantanó la reunión de este lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde quedaron sin dictaminar una serie de iniciativas.

La discusión se dio tras la exposición del secretario de Políticas Tributarias, Roberto Arias, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, sobre el proyecto que modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las sociedades.

Carlos Heller, titular de la comisión, sometió a votación los otros proyectos del temario, entre ellos la transferencia -a título gratuito- de un inmueble propiedad del Estado nacional a la capital de la provincia de La Rioja.

Se trata de un inmueble ubicado en Pelagio B. Luna 764, una zona céntrica de la ciudad, que sería destinado al desarrollo de actividades culturales e institucionales.

Al momento del tratamiento, el diputado del Frente de Todos y exgobernador riojano Sergio Casas pidió aplazar el dictamen, y explicó que si bien el expediente ya fue aprobado en el Senado, la provincia también estaba interesada en ese inmueble.

Si bien remarcó que “el fin es bueno y loable”, Casas cuestionó “la forma” en que el proyecto se puso en tratamiento y no solo pidió más tiempo para recabar información sobre el tema, sino que le pidió a sus colegas de bloque que acompañen su postura.

En un principio, Heller rechazó posponer el tratamiento, pero José Luis Gioja apoyó la moción de Casas y reconoció que su planteo “tiene alguna razonabilidad”.

El radical Luis Pastori consideró que se trata de “una situación insólita”, al recordar que en el Senado el proyecto fue aprobado por unanimidad, por lo que podía dictaminarse con el rechazo de Casas y revisarse en el recinto.

La discusión siguió y Heller dispuso un breve cuarto intermedio para intentar llegar a un acuerdo, pero no se pudieron saldar las diferencias, por lo que el tema quedó para la próxima reunión, que será el jueves a las 15.

La decisión también generó que se postergara el debate de otros dos proyectos: el Consenso Fiscal 2020 firmado entre el Gobierno nacional y las provincias, y otra iniciativa de beneficios impositivos a las entidades de bomberos voluntarios.  

El secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, defendieron este lunes el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades, generando un esquema de reducción gradual.

Los funcionarios participaron de una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), donde el oficialismo buscará firmar dictamen este jueves.

El primero en exponer fue Arias, quien recordó que en la reforma tributaria de 2017 se establecieron, para los períodos fiscales 2018 y 2019, alícuotas del 30% para las sociedades y del 7% sobre los dividendos distribuidos. En ese entonces se dispuso que a partir de 2020 las tasas serían del 25% y del 13%, respectivamente.

Luego, la Ley de Solidaridad Social sancionada en 2019 suspendió la baja por un año (2020), manteniendo las alícuotas del 30% y del 7%, y ahora el Ejecutivo propone nuevas alícuotas.

Sobre la ganancia neta imponible acumulada de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%. Sobre la distribución de dividendos, en tanto, todas las empresas pagarán una alícuota del 7%.

El proyecto oficial propone una actualización anual de los tramos de las escalas en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la primera de ellas en enero de 2022.

“Todos los países del mundo aplican alícuotas relativamente altas, y esto, a nuestro juicio, tiene un impacto marginal en las decisiones de inversión. El hecho de que el impuesto sea cinco puntos más alto o más bajo ha tenido un impacto prácticamente nulo o marginal porque las posibilidades de inversión dependen de muchos otros factores”, consideró Arias.

En ese sentido, sostuvo que “son mucho más importantes los factores macroeconómicos”, como se demostró entre 2018 y 2019, cuando la tasa de inversión pasó del 20% al 17%.

Arias explicó que la reforma de 2017 tuvo un “error de fondo” porque “el sistema impositivo que tiene que estar contextualizado”, por ejemplo, teniendo en cuenta los niveles de inflación en Argentina.

El funcionario dijo que se busca ir hacia “un nivel de recaudación del impuesto cercano a los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, que es del 3% del PBI, siendo que es un impuesto que tiene la ventaja de que grava las ganancias”.

Señaló a su vez que “en esta situación tan difícil” por la crisis heredada y la pandemia, “las empresas que más ganan tienen que pagar más impuestos, mientras que las que tuvieron pérdidas no tienen que ver aumentada su carga tributaria”.

“Ganancias es el mejor impuesto que se aplica en condiciones de crisis, porque las empresas que han tenido problemas no van a ver afectada su capacidad económica, mientras que las grandes, que han tenido muchas ganancias, es justo que hagan un aporte adicional”, aseguró Arias.

Asimismo opinó que “es absolutamente oportuno en términos internacionales” aplicar esta reforma al igual que en otros países.

Por su parte, Marcó del Pont indicó que sobre todo en el contexto de la pandemia, “la forma más permanente, más virtuosa y más genuina de financiar las políticas públicas es a través de la recaudación de impuestos”, y “Ganancias es uno de los más progresivos del esquema impositivo”.

“Se están gravando las ganancias, no la facturación, y eso es muy equitativo”, destacó la titular del ente recaudador, y añadió que “la reforma garantiza fuentes de financiamiento genuinas para las políticas públicas, permite profundizar la progresividad del tributo y saldar una deuda histórica con las pymes” que pedían una rebaja.

Recordó que “el proyecto original era más restrictivo, y a partir de un diálogo con los legisladores se modificó” para que nueve de cada diez empresas tengan una alícuota reducida, ya que con la anterior iniciativa se beneficiaban casi siete de cada diez.

Marcó del Pont fue muy crítica de la reforma de 2017 y lo fundamentó con números: informó que entre 2018 y 2019 se perdieron 261.000 millones de pesos en términos de recaudación.

A las provincias eso les significó una merma de su recaudación de 156.000 millones de pesos, debido a que es un impuesto coparticipable, y de seguir aplicándose esa reforma “se hubieran llegado a perder 582.000 millones, con casi 350.000 millones de pérdida para las provincias”, advirtió la funcionaria.

Por último, señaló que a nivel internacional existe una visión muy crítica de bajar impuestos, de desregulación del mercado y de los flujos financieros. “La flexibilidad de normas y la baja de impuestos no generaron el efecto derrame. Las rentas que se generaron provocaron una mayor concentración de la riqueza”, observó.

“La alternativa a esto es el endeudamiento. Y ya lo vivimos. Esta ampliación del espacio fiscal que supone recaudar a través de un impuestos directo vuelve en política públicas”, definió.

Las objeciones de la oposición

Por la UCR, Alejandro Cacace hizo énfasis en las idas y vueltas del Gobierno: recordó que después de suspender la rebaja de las alícuotas durante 2020, a principios de 2021 se propuso prorrogar esa suspensión por un año más; luego en marzo se envió un proyecto con una graduación de escalas diferente, y finalmente se presentó este último proyecto con nuevas alícuotas.

Arias respondió que “todos los proyectos van en la misma dirección, que es deshacer la reforma tributaria de 2017”, y “entre el segundo proyecto y el tercero la única modificación es en los umbrales de Ganancias”.

Cacace también defendió la alícuota del 13% aprobada durante la gestión anterior sobre la distribución de dividendos, al destacar que “era con la idea de generar una reinversión de utilidades”. Y puntualizó que a diferencia del impuesto a las Ganancias en personas físicas, donde “la carga recae enteramente sobre el contribuyente”, en las empresas “hay una capacidad de traslación del impuesto que puede resultar en un incremento de precios”.

Por su su parte, Jorge Sarghini (Consenso Federal) consultó si el Gobierno está decidido a bajar Ganancias para las empresas de juegos de azar, según su interpretación -y la de algunas notas periodísticas- sobre la redacción del artículo cuarto, pero Arias rechazó de plano esa posibilidad. “Es una mala lectura del proyecto”, aclaró, y ratificó que la alícuota del 41,5% quedará igual.

Sin embargo, Luis Pastori (UCR) recogió el guante y consideró que la redacción debería ser clarificada, tal como sucedió semanas atrás cuando se desató la polémica por el diferencial del 22% para trabajadores patagónicos en la última reforma de Ganancias para personas humanas.

A su turno, Luciano Laspina (Pro) advirtió que “Argentina viene con una presión impositiva muy grande” y por eso le preocupa “que esto opere como un desincentivo (a la inversión) adicional”.

“Hoy la tasa de inversión en Argentina está entre las más bajas del planeta, no alcanza ni siquiera para reponer el stock de capital que se deprecia, y no hay generación de empleo en el marco de la pandemia, pero hace diez años que no creamos empleo en el sector privado formal”, describió el economista.

También cuestionó que se tome como modelo el promedio del 3% de recaudación de los países de la OCDE, que “tiene un nivel de evasión impositiva mucho más bajo de lo que tiene la Argentina”, pero Arias defendió las comparaciones.

Desde la Coalición Cívica, Javier Campos se preguntó “si analizaron la rentabilidad empresaria argentina en relación a otros países”, al advertir que “sean pymes o grandes empresas, es muy baja en relación al capital invertido”. “Las empresas no valen nada en Argentina porque no ganan en función del capital invertido”, lanzó.

También sostuvo que “decir que no ha habido inversión porque la baja del impuesto a las Ganancias no tuvo el efecto esperado es no reconocer toda la enorme caterva de impuestos que están influyendo sobre las inversiones”.

Arias le contestó a Campos: “Efectivamente, hay una baja en la tasa de inversión que nosotros no atribuimos a la baja de Ganancias. Decir que un aumento no va a modificar sustancialmente la tasa de inversión no significa lo contrario. Obviamente la tasa de inversión cayó por una crisis macroeconómica que se produjo en 2018/2019, y que en 2020 se profundizó por la pandemia”.

Tras la sanción de la ley para eximir del impuesto a las Ganancias a más de 1.200.000 trabajadores y jubilados, el proyecto que busca modificar las alícuotas de este tributo para las sociedades comenzará a ser debatido la semana próxima en la Cámara de Diputados.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, elaborada en conjunto entre diputados oficialistas y el Ministerio de Economía, será tratada en una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda este lunes desde las 14 con la participación de funcionarios.

Si bien no fue confirmado quiénes asistirán, podrían ser de la partida el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El proyecto -que busca modificar aspectos de la reforma tributaria sancionada en 2017- establece una nueva escala progresiva de Ganancias para las empresas.

Así, aquellas con ganancias imponibles de hasta 5.000.000 de pesos pagarán una alícuota del 25%; por ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 millones, pagarán el 30%; y finalmente, por ganancias superiores a los 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.

Según estimaciones de Economía, esto implica una reducción del impuesto para el 90% de las empresas, en su mayoría pymes, y solo el 10% pagará una alícuota más alta que la actual.

Tras la discusión sobre este proyecto, la comisión presidida por Carlos Heller tratará el Consenso Fiscal 2020, que desde febrero pasado cuenta con media sanción del Senado.

Se trata del acuerdo al que arribaron en diciembre de 2020 el presidente Alberto Fernández y gobernadores y vicegobernadores de 21 de las 24 provincias, por el cual se suspenden hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas pactadas en 2017.

También se permite a las provincias tomar deuda en pesos y se limita el endeudamiento en dólares; se suspenden las demandas judiciales contra el Estado Nacional por un año; y se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias no será a través de la coparticipación, sino de partidas presupuestarias.

En otro orden, la comisión tratará un proyecto consensuado, encabezado por Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal) y acompañado por el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, para fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Por último, se dictaminarán proyectos de transferencias de inmuebles a Puerto Madryn (Chubut), La Rioja capital, San Carlos de Bariloche (Río Negro), Villa Constitución (Santa Fe), Puerto Deseado (Santa Cruz), Aristóbulo del Valle (Misiones) y a la provincia de Catamarca.

Tras la sanción de la ley para eximir del impuesto a las Ganancias a más de 1.200.000 trabajadores y jubilados, el proyecto que busca modificar las alícuotas de este tributo para las sociedades comenzará a ser debatido la semana próxima en la Cámara de Diputados.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, elaborada en conjunto entre diputados oficialistas y el Ministerio de Economía, será tratada en una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el próximo lunes desde las 14 con la participación de funcionarios.

Si bien no fue confirmado quiénes asistirán, podrían ser de la partida el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El proyecto -que busca modificar aspectos de la reforma tributaria sancionada en 2017- establece una nueva escala progresiva de Ganancias para las empresas.

Así, aquellas con ganancias imponibles de hasta 5.000.000 de pesos pagarán una alícuota del 25%; por ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 millones, pagarán el 30%; y finalmente, por ganancias superiores a los 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.

Según estimaciones de Economía, esto implica una reducción del impuesto para el 90% de las empresas, en su mayoría pymes, y solo el 10% pagará una alícuota más alta que la actual.

Tras la discusión sobre este proyecto, la comisión presidida por Carlos Heller tratará el Consenso Fiscal 2020, que desde febrero pasado cuenta con media sanción del Senado.

Se trata del acuerdo al que arribaron en diciembre de 2020 el presidente Alberto Fernández y gobernadores y vicegobernadores de 21 de las 24 provincias, por el cual se suspenden hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas pactadas en 2017.

También se permite a las provincias tomar deuda en pesos y se limita el endeudamiento en dólares; se suspenden las demandas judiciales contra el Estado Nacional por un año; y se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias no será a través de la coparticipación, sino de partidas presupuestarias.

En otro orden, la comisión tratará un proyecto consensuado, encabezado por Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal) y acompañado por el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, para fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Por último, se dictaminarán proyectos de transferencias de inmuebles a Puerto Madryn (Chubut), La Rioja capital, San Carlos de Bariloche (Río Negro), Villa Constitución (Santa Fe), Puerto Deseado (Santa Cruz), Aristóbulo del Valle (Misiones) y a la provincia de Catamarca.

Primer orador del debate del proyecto sobre impuesto a las Ganancias, que se inició casi a la medianoche de este sábado, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, destacó que con los cambios introducidos a la ley “sólo el 7% de los trabajadores y trabajadoras registrados quedarían alcanzados” por el tributo.

“Es un proyecto de mucha trascendencia, porque lo que estamos discutiendo tiene que ver con una cuestión muy importante para muchísimos trabajadores y trabajadoras de nuestro país”, arrancó el diputado del Frente de Todos al tratarse el último tema.

El oficialista recordó que “en los últimos años (en referencia al gobierno anterior) tuvimos un cambio sustancial” que fue que se pasó de un 10% de trabajadores alcanzados por el impuesto a “un 25%, es decir uno de cada cuatro trabajadores alcanzados”.

En ese sentido, aseguró que de aprobarse la ley “volveríamos a la situación histórica” y “aún en mejores condiciones”, de modo que “solo el 7% de los trabajadores y las trabajadoras quedarían alcanzados”. Y detalló que serán 1.267.000 entre trabajadores y jubilados que ya no lo pagarán.

El porteño ejemplificó que, con la ley actual, “un trabajador soltero que gane 150 mil pesos debería pagar anualmente 115 mil pesos, y con los cambios dejaría de tributar”.

Además, señaló que aquellos que ganen entre 150 mil y 173 mil pesos “tendrán un tratamiento especial a través de una fórmula para evitar un salto brusco en la tributación”.

Sobre ello, Heller hizo referencia a la “opinión autónoma” de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que emitió un informe ratificando “el procedimiento previsto en la ley” y “alejando de plano cualquier idea de arbitrariedad o que pudiera producirse un efecto no deseado”.

Citando dicho documento, el titular de la Comisión de Presupuesto leyó: “De no existir medidas tendientes a moderar el impacto para los salarios brutos mensuales entre 150 y 173 mil pesos se produciría un efecto de pérdida de ingresos para dicho tramo, que implicaría un salario de bolsillo inferior al de quienes obtuvieron salarios brutos inferiores”. “Ratifica nuestra opinión de que está saldada la cuestión y que el procedimiento previsto en la ley evita que este tipo de situaciones vuelvan a producirse”, añadió.

El legislador enumeró todos los cambios que sufrió el proyecto y destacó, en especial, la retroactividad al 1ro. de enero por la cual más de 1.200.000 trabajadores y jubilados “van a recibir una devolución que estimamos superará los 10 mil, 11 mil millones de pesos” y eso será “una mejora real en los ingresos” que “seguramente servirán a las políticas de reactivación, fortalecimiento y crecimiento del mercado interno”.

En su discurso, el miembro informante estimó que el costo fiscal ronda los “47 mil, 48 mil millones de pesos” por todos los beneficios incorporados. “Es un proyecto que tiene un impacto altamente positivo”, resaltó y abogó: “Esperemos que la unanimidad que tuvimos en el dictamen de comisiones, se exprese en el tratamiento en el recinto, y aparezca como un ejemplo de un esfuerzo compartido de todo el espectro político”.

Con 237 votos a favor y solo dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este sábado el proyecto de ley que facilita la transición entre el régimen de monotributo y el general, a través de un alivio en la carga tributaria que deben afrontar los contribuyentes.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, fue elaborado por la AFIP, y en el Congreso se hizo presente el director de Recursos de la Seguridad Social del ente recaudador, Carlos Catagneto, quien celebró la aprobación.

Se trata de la iniciativa para atender la situación de los contribuyentes que fueron excluidos del régimen simplificado y que al pasar al régimen general acumularon deudas fiscales difíciles de afrontar, por un total de 20.000 millones de pesos.

Lo que se busca es resolver el problema transitorio de actualización del monotributo durante 2021 como consecuencia de la suspensión del índice de movilidad previsional, subsanando cualquier inconveniente referido a las recategorizaciones de manera automática. 

Miembro informante del proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller señaló que el proyecto interviene sobre tres  planos distintos: aliviar la carga de los contribuyentes excluidos del régimen simplificado y que al pasar al régimen general acumulan deudas fiscales cuya magnitud las hacen difíciles de afrontar. “Para eso genera un puente entre el régimen simplificado y el régimen general con la intención de ayudar a resolver uno de los problemas más complejos que plantea el montributo.  La diferencia de la carga tributaria entre ambos, el régimen simplificado y el general termina en la práctica actuando como una traba para que los contribuyentes puedan asumir la transición entre ambos regímenes”, señaló.

Habló de beneficios fiscales por tres años para aquellos que decidan pasar voluntariamente al régimen general con el claro objetivo de inducir a los contribuyentes a no esperar ser detectados por la AFIPR para cambiar de régimen. En definitiva, “se intenta igualar mediante la reducción proporcional del IVA y del impuesto a las Ganancias los montos a pagar entre los dos regímenes, en especial si el contribuyente decide voluntariamente la transición, que es algo que aparece como un diferenciador significativo”, destacó.

A continuación, el radical Luis Pastori señaló que “se trata de un proyecto no tan bueno como sí necesario”. Aclaró que no es una reforma a la ley de monotributo, como podría interpretarse, sino “una suerte de blanqueo hacia el pasado para determinados contribuyentes que se han excedido en los límites de facturación de su actividad, y es una suerte de aterrizaje suave hacia el futuro, al pasar de un régimen, el simplificado, al régimen general, para aquellos que por la aplicación que se llama exclusión de oficio, al excederse en sus parámetros automáticamente quedan incorporados al régimen general”.

Pastori se quejó de una redacción engorrosa de este proyecto. “La verdad que quienes lo redactaron no tuvieron piedad alguna para con quienes después tenemos que interpretar las leyes. No digo los legisladores solamente, los liquidadores de impuestos, los empresarios, los estudiantes de universidades… La verdad que una redacción farragosa”, dijo y advirtió que “o el monotributista está pagado un tributo demasiado barato, o el del régimen general está pagando un tributo demasiado caro. O ambas cosas a la vez, y esto es lo que en la jerga se conoce como enanismo fiscal: nadie quiere pasar del monotributo al régimen general, porque es pasar desde el cielo del monotributo al infierno del régimen general. Es un salto al vacío sin paracaídas”.

Sobre el final pidió a la AFIP un plazo prudencial  para la recategorización de los contribuyentes, como así también expresó sus dudas respecto de la eficacia de este proyecto en cuanto al futuro. “No estamos promoviendo el paso del régimen simplificado al general, porque le hemos dado muchas facilidades en el IVA, más que en Ganancias, y el problema está en Ganancias, más que en el IVA, porque eso incide de manera muy gravosa. Es buena la ley para solucionar problemas del pasado, no tan buena para solucionar problemas que van a seguirse presentando en el futuro”.

Por último, el diputado José Luis Ramón planteó consideraciones políticas sobre el proyecto y ya no técnicas como los diputados que lo antecedieron. Señaló que “el sistema  impositivo de nuestra Argentina termina siendo una traba al comercio, porque tenemos dos sistemas distintos, en donde la verdad que cuesta mucho lograr la justa distribución de la carga impositiva. Y lo que queremos en la Argentina es que la mayoría de las empresas pasen al sistema general, porque eso significa que las empresas han estado ganando dinero, han progresado”.

Con todo, advirtió que no quería basarse tanto en la salida del monotributo, sino en la entrada. “Y la consideración política que quiero hacer es en relación a la precarización laboral, porque si hay algo que ha traído del monotributo es que se desvirtuó la manera en la que fue creado, que tenía que ver con el desarrollo de los emprendedores, las PyMEs”. Con el tiempo, dijo, “se fue desvirtuando, sobre todo a  partir de los años 90” y consideró “injusto” el sistema, porque se precariza a las personas e incomoda en la competencia a las empresas que cumplen con sus obligaciones patronales  y aquellas otras que no lo cumplen y tienen a sus empleados en monotributo. Se transformó en regla general y de evasión”. Asimismo alertó que “el principal precarizador es el Estado”.

En síntesis, el diputado mendocino llamó a replantear el monotributo.

Detalles del proyecto

El proyecto contempla que los monotributistas que se conviertan en autónomos podrán experimentar un ahorro significativo en su carga tributaria con relación al monto que deberían pagar si no se introducen los cambios propuestos.

Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021.

En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.

“Beneficiará a miles de contribuyentes”

Presente en el Congreso, Castagneto destacó que “la iniciativa beneficiará a miles de contribuyentes ya que ‘subsidia’ el paso de los monotributistas al régimen de autónomos a través de un ahorro significativo en su carga tributaria”.

“Lo que planteamos beneficia a todos los monotributistas porque establece un régimen permanente que hace menos gravoso pasar al régimen general y, al mismo tiempo, beneficia al Estado ya que se dispondrá de más información”, señaló el director de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP.

Finalmente, sostuvo: “Estamos convencidos de que es a través, no de la rebaja de impuestos, sino a través del canal del gasto y la inversión pública donde se logra los objetivos redistributivos de la riqueza, también en términos de desarrollo”.

Por Carolina Ramos

Con apoyo parcial de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos consiguió darle dictamen favorable al proyecto de ley que eleva a 150.000 pesos brutos el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejen de estar alcanzados por el tributo.

El dictamen recibió 59 firmas, aunque la cifra crecerá dado que algunos diputados que se retiraron de la reunión para participar de la presentación del libro del expresidente Mauricio Macri sumarán sus adhesiones en las próximas horas.

El debate, donde predominaron los discursos oficialistas, tuvo lugar en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas por Carlos Heller y Vanesa Siley.

El proyecto encabezado por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, quedó en condiciones de ser tratado en el recinto la semana próxima en la primera sesión del período ordinario, que sería convocada para el martes, según fuentes parlamentarias.

El debate

“Hay un montón de cosas para trabajar en modificaciones de fondo, pero lo que estamos haciendo es volver al nivel histórico de trabajadores alcanzados, que estaba en un 10%, 12% y que llegó al 25% en la actualidad. Con esta ley alcanzaría solo al 7% de los trabajadores registrados y al 2,4% de los jubilados”, destacó Heller.

El diputado precisó que según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dado a conocer este miércoles, el costo fiscal total de la ley será de cerca de 47.600 millones de pesos, sin contar las modificaciones consensuadas en las últimas horas (Ver abajo).

Para acceder al informe completo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, haga click aquí.

El radical Luis Pastori anticipó el acompañamiento de Juntos por el Cambio aunque planteó disidencias, como la necesidad de actualizar las deducciones por intereses de créditos hipotecarios; incorporar la deducción de gastos educativos; y actualizar las escalas mediante el índice de inflación (IPC) y no el de variación salarial (RIPTE).

“Estamos de acuerdo con el objetivo que pretende este proyecto, que es alivianar el bolsillo de muchos trabajadores que hoy pagan Ganancias, pero no es el diseño correcto. Ganancias es el impuesto más progresivo y redistributivo del sistema argentino, y con tantos parches a lo largo de los años ha perdido esa progresividad, y con esto la perderá más aun”, advirtió Pastori.

En ese sentido, aseguró que “se desnaturaliza el impuesto” porque “discrimina a los trabajadores autónomos”, que no están contemplados y que tributan a partir de 42.000 pesos mensuales, contra el piso de 150.000 que regirá para los trabajadores en relación de dependencia.

Por otra parte, el radical aclaró que “no se aumenta el mínimo no imponible, sino que se crea una deducción especial para una determinada franja de trabajadores, por la cual el trabajador pasa a una gravabilidad plena”, y se delegan “amplias facultades” en el Poder Ejecutivo “para que el salto no perjudique al que gana entre 150.000 y 173.000 y termine cobrando menos que el que está en una escala inferior”.

Por último, advirtió que como Ganancias es un impuesto de ejercicio anual, si el trabajador aumenta sus ingresos a mitad de año producto de una negociación colectiva y al 31 de diciembre su promedio salarial anual supera el piso de 150.000 pesos, pasará a tributar Ganancias.

Otro integrante de la UCR, Alejandro Cacace, reclamó eximir a los jubilados en función de varios fallos judiciales y reforzó el pedido de Pastori para actualizar las escalas mediante el IPC. “Si el salario aumenta pero la inflación aumenta más, el poder de compra de ese trabajador va a caer y sin embargo va a seguir pagando el impuesto de la misma manera, y eso no está bien”, consideró.

Heller respondió que “si los salarios perdieran frente a la inflación, el ajuste por RIPTE no alteraría lo que pagaría de impuestos. Ese salario le valdría menos, no por el impuesto, sino porque perdió frente a los precios. Yo confío plenamente en las políticas del Gobierno que ha planteado como objetivo que los salarios no pierdan contra la inflación”.

El lavagnista Jorge Sarghini, que intervino a pesar de no integrar las comisiones, opinó que “es una modificación distorsiva del impuesto que mejora la situación de un número todavía indeterminado de trabajadores”, que surgirá “del resultado de las paritarias y de las declaraciones juradas”.

“Seguimos distorsionando el impuesto y le quitamos ese valor central que tiene, que es la progresividad. Estamos llegando a un punto donde están los que no pagan y los que pagan, y los que pagan lo hacen con una alícuota muy alta”, alertó el bonaerense.

Además, planteó que “estamos dejando afuera a los sectores que no pagan Ganancias porque su nivel de ingreso no llega al mínimo no imponible; más de la mitad de los trabajadores formales no llegan, porque el salario promedio previo a estas paritarias es de 70.000 pesos”.

Desde el oficialismo, el diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky destacó que “todas las centrales sindicales de Argentina y todos los sindicatos que las integran hay apoyado con convicción el proyecto, y esto habla de un consenso altísimo entre sindicatos que tienen diferentes niveles de ingresos”.

“Si entre ser pobre y tributar Ganancias hay 20.000 pesos de diferencia, evidentemente hay una enorme distorsión, que se produjo fundamentalmente durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, en los que los asalariados perdimos 20 puntos”, sumado a que “hubo un proceso inflacionario que con el correr de los años terminó en una espiral descontrolada y se triplicó el número de trabajadores que pagan Ganancias”, describió Yasky.

Si bien reconoció que algunos pedidos de sindicatos quedaron en el camino y pidió a Sergio Massa, titular de la Cámara baja, evaluar la posibilidad de incorporarlos, sostuvo que “es mejor lograr lo bueno que quedarnos sin nada pensando en lo perfecto”.

Los diputados de extracción sindical María Rosa Martínez (Federación Gráfica Bonaerense), Pablo Carro (CTA Córdoba), Patricia Mounier (SADOP Santa Fe), Walter Correa (Federación del Cuero-Obreros Curtidores) y Facundo Moyano también sumaron sus voces a favor de la iniciativa y cargaron contra la gestión anterior.

“Juntos por el Cambio no tiene autoridad moral para hacer ciertas críticas”, lanzó Moyano, al recordar que en esos cuatro años “no solo se duplicó la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias, estando la promesa de que no iban a pagarlo, sino que en la medida en que fueron creciendo los trabajadores dentro del tributo, se perdió un 20% del poder adquisitivo”.

Cerca del final del debate, el titular del PJ, José Luis Gioja, coincidió en que “no nos pueden criticar tratando de sacar más cosas quienes prometieron y no cumplieron”. Y finalizó con una ironía sobre la presentación del libro de Macri: “Creo que hay un evento literario o algo así en el día de hoy en la Capital Federal… espero que (los diputados de Juntos por el Cambio) no estén allí porque no van a prender mucho”.

Las últimas modificaciones

Al inicio de la reunión, Heller confirmó que el proyecto incorporará nuevos beneficios por gastos de guardería, hijos con discapacidad y horas extra trabajadas.

En primer lugar, se eximirá del impuesto al reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años, con un tope de hasta el equivalente al 40% de la ganancia no imponible -67.000 pesos al año, es decir 5.590 pesos mensuales-.

Asimismo, se aumentará la deducción por hijo con discapacidad hasta los 18 años. En este punto, el radical Ricardo Buryaile -padre de un hijo en esa condición-  pidió que no haya un límite etario: “No importa la edad; los padres tenemos que asumir todos los costos independientemente de la edad”, dijo, y Heller se comprometió a evaluarlo.

Finalmente, se prorrogará hasta el 30 de septiembre de este año la exención de las horas extras y guardias -activas o pasivas- del personal de salud debido a la pandemia del Covid-19.

Anteriormente, el proyecto original había incorporado otras mejoras: se estableció que el beneficio será retroactivo al 1ro. de enero y que el aguinaldo quedará exento del pago de Ganancias.

Se agregó también la deducción del concubino -actualmente se permite solo el cónyuge- y se mantuvo el diferencial del 22% que perciben los trabajadores de la Patagonia en concepto de zona desfavorable.

Asimismo, se habilitó que los jubilados que perciban ingresos distintos al haber jubilatorio, como por ejemplo una renta de alquiler o intereses de un plazo fijo, podrán acceder igualmente al beneficio de la deducción de Ganancias, que pasa de seis a ocho haberes mínimos.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que facilita la transición entre el régimen de monotributo y el general recibió dictamen favorable este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y quedó listo para ser tratado la semana próxima en la primera sesión del período ordinario.

Se trata de la iniciativa impulsada desde la AFIP para suavizar el traspaso de monotributistas al régimen general a través de un alivio en la carga tributaria que deben afrontar.

El oficialismo contó con apoyo del misionero Diego Sartori (Fte. Renovador de la Concordia), mientras que Juntos por el Cambio acompañó con disidencias parciales el dictamen, que reunió en total 48 firmas.

“Este proyecto procura aliviar la carga de los contribuyentes que son excluidos del régimen simplificado y que al pasar al general tienen deudas fiscales y tendrían dificultades para afrontarlas”, explicó Carlos Heller, presidente de la comisión.

“Por eso -continuó- se genera un puente entre ambos regímenes con la intención de resolver uno de los problemas más complejos del sistema, que es la diferencia de la carga tributaria entre ambos, que termina siendo una traba para que los contribuyentes asuman la transición”.

El legislador oficialista indicó que “el objetivo es inducir al contribuyente a no esperar a ser detectado por la AFIP para ser cambiado de régimen”, indicó Heller.

El oficialista informó que “se intenta igualar mediante reducciones proporcionales del IVA y del impuesto a las Ganancias los montos a pagar entre los dos regímenes, en especial con beneficios para aquellos que decidan voluntariamente la transición”.

Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en más del 25% que pasaron voluntariamente al régimen general tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, 30% en el segundo y 10% en el tercero.

Heller agregó que “también se resuelve un problema transitorio de la actualización del tributo durante 2021 como consecuencia de la suspensión del índice de movilidad previsional, que es el previsto en la normativa vigente para su actualización”.

En ese aspecto, “el proyecto contempla la forma de resolver la actualización retroactiva al 1ro. de enero, minimizando los inconvenientes que pudiera tener para los contribuyentes”, dijo el diputado del Frente de Todos.

El radical Luis Pastori adelantó el acompañamiento de Juntos por el Cambio, aunque con disidencias parciales.

El diputado primero se refirió al problema actual del monotributo: “O el monotributista está pagando un impuesto muy barato o el contribuyente general está pagando un impuesto muy caro, lo que en la jerga se conoce como ‘enanismo fiscal’: todos los que están en el monotributo tratan de buscarle la vuelta para permanecer y esto genera maniobras evasivas para no pasar al régimen general”.

En cuanto a las disidencias, explicó que la principal tiene que ver con “el momento a partir del cual rige la exclusión (del monotributista): el proyecto no viene a solucionar de aquí apara adelante, sino que es retroactivo, es decir que no es que a partir de ahora el contribuyente va a poder excluirse, sino que va a regir a partir del día que debió haber sido excluido”.

En segundo lugar, propuso que “las nuevas escalas que se aprueban con vigencia a partir del 1ro. de enero se actualicen no por el RIPTE, sino por el IPC, porque si vamos a tomar en cuenta la facturación bruta anual para la categorización, la facturación va de la mano de la inflación: a mayor inflación, mayor costo de los bienes y mayor facturación”.

Diputados del Frente de Todos encabezados por el jefe del bloque, Máximo Kirchner, recibieron este miércoles a sindicalistas nucleados en la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) para continuar las negociaciones en torno al proyecto que eleva a 150.000 pesos el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja y asistieron los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, Carlos Heller y Vanesa Siley, además de los diputados de extracción sindical Walter Correa, Facundo Moyano, Patricia Mounier, Carlos Ortega, Claudia Ormaechea, Carlos Cisneros y María Rosa Martínez.

Por parte de la CFT participaron Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), Héctor “Gringo” Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense), Alejandro Carlos Ruiz (SATSAID), Heber Ríos (ATILRA), José Luis Kalinger (SADOP), Jorge Theler (SOEA), Gabriel Maximiliano Navarrete (SOC), Carlos Borgna (FESTRAM), Jorge Adrián Silva (APDFA) y Sergio Pini (UPJET), entre otros numerosos dirigentes gremiales que brindaron su apoyo al proyecto del oficialismo.

Hoy nos reunimos con el Jefe de bloque @Diputados_Todos Máximo Kirchner y la @CFTArgentina para seguir aportando al proyecto de modificaciones en ganancias.✌️ No es solo una medida fiscal, sino parte del protagonismo de los trabajadores y trabajadoras en la reactivación económica pic.twitter.com/ObNtMYGCCM

— Vanesa Siley (@Vsiley) March 10, 2021

Se trata de la tercera reunión de trabajo por el proyecto de Ganancias, luego de que el titular de Diputados, Sergio Massa, recibiera en primer lugar a la cúpula de la CGT y luego a sindicalistas identificados con el moyanismo, con Pablo Moyano (Camioneros) a la cabeza.

El proyecto comenzó a ser debatido este martes en el plenario de comisiones con la presencia del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Las comisiones volverán a reunirse este jueves a las 14 para escuchar a especialistas en materia tributaria, y el viernes a las 15 harán lo propio con sindicalistas de los distintos sectores, de cara a la firma del dictamen la semana próxima.

Con la participación de funcionarios que intercambiaron con los diputados, arrancó este martes el debate sobre la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y los cambios al régimen de monotributo, dos proyectos de ley de fuerte impacto económico que el oficialismo espera aprobar la semana próxima en el recinto de la Cámara baja.

La discusión se dio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, presididas respectivamente por Carlos Heller y Vanesa Siley, con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Las comisiones volverán a reunirse el jueves a las 14 para escuchar a especialistas en materia tributaria, y lo harán nuevamente el viernes a las 15 con la presencia de sindicalistas, según anunció Heller al comienzo de la videoconferencia.

Las dudas de la oposición

Al momento de las preguntas, el radical Luis Pastori afirmó que desde Juntos por el Cambio están de acuerdo en “varias de las reformas” introducidas en Ganancias, como la deducción del concubino o la vigencia de la ley a partir del 1ro. de enero, pero sugirió otros cambios.

En ese sentido, el misionero pidió eliminar la limitación de los jubilados que estarían fuera del beneficio porque tributan el impuesto a los Bienes Personales. “Nos parece muy injusto mantener esta discriminación en contra de los jubilados”, expresó.

El legislador reiteró su apoyo al objetivo del proyecto, pero dijo tener “serias discrepancias” con “el diseño”. Sobre ello, cuestionó que los salarios por encima de 150.000 pesos tendrán una “gravabilidad plena” y “van a estar pagando en forma desproporcionada”.

#ImpuestoALasGanancias@luispastori afirmó: “Un jubilado que pague Bienes Personales no va a tener acceso al beneficio de descuento de Ganancias, en comparación a un trabajador en relación de dependencia que pague BBPP y perciba el mismo monto. Eso es injusto”. pic.twitter.com/ed44L5G9Pr

— Bloque UCR – HCDN (@diputadosucr) March 9, 2021

“El mínimo no imponible permanece igual, lo que se crea es una deducción especial hasta 150.000”, señaló y preguntó “con qué mecanismo” el Poder Ejecutivo -que estará facultado para eso- podrá procurar que aquellos salarios que están en el rango de entre 150.000 y 173.000 pesos “no terminen teniendo un sueldo neto inferior”.

Pastori también consideró que “en un contexto altamente inflacionario como tenemos en la economía argentina”, la actualización debería ser por el IPC y no por el índice RIPTE, además de realizarse semestralmente y no anualmente.

Finalmente, el diputado de la UCR solicitó que se contemplen las deducciones por gastos de educación e hijo discapacitado; y advirtió que con respecto a los trabajadores autónomos “se va a producir una discriminación muy grosera”.

Otro radical, Alejandro Cacace, consultó a los funcionarios por la exclusión de los jubilados del impuesto y preguntó por qué no se decidió “compatibilizar (la iniciativa) con lo que deciden los tribunales y, en particular, con lo que es el fallo Calderale de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que establece la inconstitucionalidad del impuesto sobre los beneficios previsionales”.

“¿Por qué la elección de los ocho haberes mínimos, que continúa la lógica de la ley actual, y no atender a la interpretación judicial sobre este tema?”, cuestionó. Asimismo, coincidió con Pastori en la situación de los trabajadores autónomos y recomendó que el mecanismo de actualización se realice por inflación.

Para el puntano, cada vez más trabajadores pagan el tributo porque “es un problema de los valores nominales en la ley”. “Aún con el RIPTE queda desfasado frente al incremento de los precios”, resaltó, y preguntó “si no consideran que es mejor tomar el IPC, o como se hizo en la fórmula previsional, el que dé más alto entre los índices”.

En referencia a los jubilados, el subdirector general de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, apuntó que el fallo García de la Corte Suprema “se refiere a los jubilados en general, pero con una condición en particular, que es la vulnerabilidad”. “El proyecto viene a resolver esa cuestión”, dijo, y aclaró que “no es que si tiene otro ingreso pierde este mínimo no imponible, sino que se plantea que aquellos que no están en condiciones de vulnerabilidad, que tienen más de ocho haberes mínimos garantizados y tienen adicionalmente otro ingreso van a obtener el que tienen los trabajadores en relación de dependencia”.

“Está tratado el tema tal cual lo solicita la Corte”, reiteró y en cuanto a la doble imposición explicó que “en el momento en que uno es trabajador activo permite deducir los aportes vinculados a la jubilación, y esa deducción que se hace en ese momento es la que se grava cuando se tienen rentas pasivas”.

Por su parte, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, sostuvo que “si aumentamos el mínimo no imponible o las deducciones para que haya menos trabajadores y trabajadoras que pagan Ganancias, obviamente eso afectaría a toda la escala, incluso a las personas de altos ingresos”.

“No sólo tendría un costo fiscal muchísimo más alto, sino que generaría una inequidad bastante importante, porque ahí le estamos reduciendo el impuesto a personas que tienen ingresos muy altos y en las circunstancias actuales del país nos parece que no es el momento para hacer una reducción de impuestos en esa categoría”, ahondó.

El funcionario garantizó que para los salarios de entre 150.000 y 173.000 pesos, el Ejecutivo aplicará “una política salarial de incremento que no genere en ningún caso una caída en el salario de bolsillo”. “En ningún caso el impuesto será más regresivo, sino todo lo contrario -continuó-, va a tener mayor progresividad que la que tiene ahora”.

Respecto a la actualización por inflación, reclamada desde Juntos por el Cambio, Arias enfatizó que entre 2015 y 2019 “los salarios crecieron menos que la inflación, por eso se dio esta incorporación extraordinaria de personas al impuesto”. “Las deducciones se actualizaron por el RIPTE, que creció 20 puntos menos que la inflación, fundamentalmente en el año 2018 y 2019”, añadió.

“Nosotros no pensamos que esto va a volver a suceder, todo lo contrario, nuestro Presupuesto 2021 prevé que durante este año el salario real crezca más que la inflación, con lo cual este esquema de actualización en este escenario macroeconómico es válido”, aseveró.

En otro tramo, el secretario de Política Tributaria explicó que una deducción por hijo discapacitado “hace que el beneficio sea mayor a las personas de más altos ingresos”, por lo cual “no es la mejor forma de dar una cobertura a través del impuesto a las Ganancias”, ya que se afecta la cuestión equitativa.

Sobre el reclamo de la oposición por los trabajadores independientes, el funcionario dijo que aquellos autónomos que ganen hasta 150.000 pesos “van a poder ser monotributistas” a partir de la iniciativa complementaria del oficialismo. “Las dos medidas son muy consistentes entre sí. No merece tocar Ganancias de los autónomos”, argumentó.

Además, confirmó que el costo fiscal de 41.250 millones de pesos corresponde al proyecto en su última versión, es decir, con las exenciones y deducciones incorporadas en las últimas horas.

Más de 1.200.000 trabajadores y jubiladas y jubilados van a dejar de pagar ganancias con esta Ley: refiere al mundo del trabajo, al poder adquisitivo y por ende a reparar su calidad de vida

👇 Gracias por sus exposiciones Ministro Moroni, Mercedes Marcó del Pont y Roberto Arias. pic.twitter.com/GZNtsdtS5F

— Vanesa Siley (@Vsiley) March 9, 2021

El diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky cargó las tintas contra la gestión anterior: “¿Por qué habiendo caído los salarios casi 20 puntos durante el gobierno de Mauricio Macri, por qué habiendo existido medidas que claramente beneficiaron con exenciones impositivas a sectores muy poderosos, como el sector financiero o agrario, no hubo un tratamiento simétrico con los trabajadores?”.

Para el oficialista, no se explica cómo “se triplicó la cantidad de trabajadores que pagaban Ganancias y no hubo una política para tratar de subsanar esto”. Por eso, pidió “honestidad intelectual” en el debate: “Sino parece que caímos de un plato volador, que venimos de Marte y que no nos hacemos cargo de lo que pasó en Argentina en estos cuatro años”.

Ante una consulta del líder de la CTA sobre cuál será el monto que retornará a las arcas del Estado para cubrir el costo de la ley, Arias comentó que “no se ha hecho el cálculo específico” pero estimó que “entre el 23% y 25%” retornará en concepto de presión tributaria general.

Desde el Pro, Luciano Laspina pidió la intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso para calcular el costo fiscal del proyecto con las últimas modificaciones y teniendo en cuenta posibles escenarios de paritarias.

También mostró inquietud por la situación de “los 500.000 trabajadores autónomos” que no se verán alcanzados, pero el secretario de Política Tributaria volvió a defender la decisión del Gobierno: “Consideramos que con el ajuste en el monto máximo de facturación que podrá tener un monotributista, los autónomos -o sea, los trabajadores independientes que facturan hasta 150.000 pesos por mes- entran dentro de la categoría del monotributo, con lo cual no estarán alcanzados por Ganancias. Son consistentes los dos proyectos”.

En tanto, el radical chubutense Gustavo Menna volvió a plantear la inquietud sobre la deducción especial del 22% para trabajadores patagónicos, y Heller garantizó que se incorporará un artículo específico para mantener ese beneficio.

Por su parte, Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda) advirtió que “si hay una paritaria que recupere el salario, muchos trabajadores pasarían nuevamente a pagar Ganancias”, y por eso consideró que “este impuesto debería ser eliminado para todos los trabajadores bajo convenio”.

Arias respondió que “si el salario crece más que la inflación, que es el objetivo del Gobierno para el año 2021 en el marco de la recuperación post-pandemia, los trabajadores se verán beneficiados, porque la actualización del mínimo no imponible es por el índice de salarios”.

El secretario de Política Tributaria explicó que “entre 200.000 y 300.000 personas que a principio de año no pagan Ganancias, a fin de año pagan” por los aumentos salariales, por eso la proyección de 1.200.000 trabajadores que se verán beneficiados por la nueva ley es un promedio anual.

Ya tiene fecha el inicio del debate sobre el impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados: será el próximo martes, a partir de las 15, en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, que escucharán a invitados antes de la firma del dictamen.

El mismo día y en el mismo ámbito se tratará el proyecto de ley de Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes.

El diputado oficialista Marcelo Casaretto, secretario de Presupuesto y Hacienda, confirmó que ese día se realizará el primer plenario virtual, donde asistirían el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. El MARTES 9 de Marzo comenzamos el tratamiento formal en Plenario de Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo. El objetivo es subir el mínimo no imponible, para que los trabajadores que ganen menos de $ 150 mil no paguen ganancias. pic.twitter.com/ncREkp1i1H

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) March 5, 2021

La intención del oficialismo es realizar dos o tres reuniones informativas la semana próxima, con la mira puesta en una votación en el recinto la tercera semana del mes.

El titular de la Cámara, Sergio Massa, había enviado este jueves una nota a Heller en la que le solicitó convocar al debate, luego de que el presidente Alberto Fernández pidiera avanzar con la ley durante su discurso de apertura de sesiones.

Fernández sostuvo que “recuperar el salario medio en la Argentina es un desafío que debemos asumir en este tiempo de recuperación económica”, y en ese sentido pidió al Congreso que avance con los proyectos de Ganancias y modificaciones al régimen de monotributo.

El proyecto del Frente de Todos busca elevar a 150.000 pesos el mínimo no imponible del impuesto para que más de 1.200.000 trabajadores y jubilados dejen de pagarlo. La iniciativa propone que ese piso se actualice anualmente según el índice de variación salarial (RIPTE).

Por su parte, la CGT y diputados de extracción sindical que integran el bloque oficialista reclaman eximir de Ganancias a las horas extra, los viáticos, los feriados trabajados, distintos adicionales, gastos educativos y hasta el aguinaldo, entre otros conceptos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que convoque a tratar el proyecto de suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias en reuniones informativas, en conjunto con Legislación del Trabajo.

A través de una nota remitida este jueves, Massa instó a Heller a que cite a los ministros Martín Guzmán (Economía) y Claudio Moroni (Trabajo), así como a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y representantes del sector sindical.

La intención del oficialismo es realizar dos o tres reuniones informativas la semana próxima en el plenario de comisiones, con la mira puesta en una votación en el recinto la tercera semana del mes.

El proyecto del Frente de Todos busca que más de 1.200.000 trabajadores y jubilados dejen de pagar Ganancias a partir de una suba del mínimo no imponible, que se fijará inicialmente en 150.000 pesos y se actualizará anualmente según el índice de variación salarial.

Por estos días, Heller se puso al hombro la tarea de analizar en conjunto con Economía la viabilidad de los numerosos pedidos formulados por la CGT y los diputados de extracción sindical, que tienen que ver con incorporar una serie de exenciones al pago del impuesto.

Puntualmente, la central obrera pide eximir de Ganancias a las horas extra, los viáticos, los feriados trabajados, distintos adicionales, gastos educativos y hasta el aguinaldo, entre otros conceptos que serán evaluados según su costo fiscal.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández sostuvo que “recuperar el salario medio en la Argentina es un desafío que debemos asumir en este tiempo de recuperación económica”, y en ese sentido pidió al Congreso que avance con los proyectos de Ganancias y modificaciones al régimen de monotributo.

En el caso de Ganancias, todo el arco opositor manifestó su apoyo a la suba del mínimo no imponible, aunque desde Juntos por el Cambio proponen revisar la inclusión de autónomos, el método de actualización y el diferencial del 22% para trabajadores patagónicos, entre otros aspectos.

Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara baja, Carlos Heller y Fernanda Vallejos, respectivamente, compartieron este jueves el tiempo correspondiente al miembro informante en el debate del proyecto de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

Dicha iniciativa establece que será el Congreso el que deba autorizar endeudamientos en caso de que los mismos superen los límites del Presupuesto, como así también aprobar los futuros acuerdos con el FMI.

En su intervención, Heller consideró que este proyecto “va a marcar un hito en la historia legislativa del país en lo que tiene que ver con la historia del endeudamiento público”, y lo consideró asimismo “un gran paso para afianzar la institucionalidad”.

El legislador kirchnerista destacó los esfuerzos realizados para acordar con los bonistas, que a su juicio logró plenamente los objetivos. Y reprochó que “a esta altura muchos parece que se olvidan de lo que sucedió y tratan de restarle importante a ese proceso de reestructuración altamente auspicioso”.

“Esta reestructuración de la deuda pública nacional generará un ahorro de 42 mil millones de dólares en los desembolsos previstos para 2020 y 2024, que ayudan a generar las condiciones de saneamiento para las finanzas públicas y brindan una plataforma de crecimiento con inclusión social, sobre todo para cuando podamos dar por superados los efectos de la pandemia”.

Al referirse luego a la deuda con el Fondo Monetario, la calificó como “impagable”. “Supera los 45 mil millones y debería empezar a pagarse en septiembre de 2021”, precisó, agregando que “no hay que perder de vista que según el acuerdo vigente, Argentina debería desembolsar 40.900 millones de dólares de capital y 3.065 millones de intereses hasta 2023”.

“No tiene sentido preguntarnos de dónde deberían salir esos recursos”, dijo, pero consideró que ello sirve para demostrar “la manera desacertada e inconveniente como se llevó esa negociación”.

Heller puntualizó que la propuesta oficial consiste en no pagarle al Fondo Monetario hasta 2025, de modo tal de “despejar el frente interno, para esos recursos volcarlos en un programa de recuperación, desarrollo y crecimiento”.

En ese marco valoró que el proyecto puesto en consideración establece que el Congreso no solo aprobará un acuerdo con un organismo internacional, sino también un plan rector para varios años, que dará certezas. Además, la ley de presupuesto de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera respecto al monto total de las emisiones de títulos públicos para este ejercicio.

Lo que denominó como el tercer objetivo de ese proyecto es que “estas financiaciones en moneda extranjera no sean utilizadas para financiar gastos primarios corrientes, salvo catástrofes, epidemias e inundaciones, como establece la ley.

Y sobre el final, salió al cruce de un cuestionamiento de la oposición referido al artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, preguntándose “cuánta parte de la enorme deuda neta incurrida entre 2016 y 2018 ha sido dedicada a la inversión. Eso es insignificante, dijo, “por eso me parece que es adecuada la propuesta de este proyecto. No nos podemos endeudar en dólares para gastar en pesos, o para gastos que no sean de capital. Esto también hace a la sostenibilidad del endeudamiento público. Por eso estamos dando un gran paso para fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, así como la ejecución de los planes de estabilización macroeconómica de plazos que exceden un período de gobierno sean efectivamente políticas de Estado”.

En el inicio del plenario de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja de este miércoles, el diputado radical tucumano José Cano pidió la palabra pero no para hablar del proyecto de sostenimiento de la deuda, sino para preguntar por una ley aprobada oportunamente y que no se ha ejecutado aún.

El diputado tucumano se refería a la asistencia de 600 millones de pesos dispuesta por el Congreso para los transportistas escolares. “Hasta el día de hoy eso no se hizo efectivo -advirtió Cano-. No hemos tenido respuesta hasta ahora”, por lo cual le pidió al titular de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, “gestionar qué está pasando con esos fondos que fueron aprobados por unanimidad, generaron expectativas en ese sector tan castigado por los efectos de la pandemia y que hasta ahora no han sido ejecutados”.

El legislador oficialista se comprometió entonces a hacer las averiguaciones del caso. “Y si no se ha cumplido con una cosa pactada en una ley, pedir que se cumpla”, concluyó.

El diputado del Frente de Todos Carlos Heller, quien trabajó en la ley de Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas por pedido de Máximo Kirchner, el jefe de la bancada oficialista, celebró este viernes la reglamentación de la norma.

“Jamás tuve ninguna duda que se iba a promulgar y se iba a reglamentar”, sostuvo el legislador, que explicó que “la reglamentación había que hacerla con cuidado” para “achicar los flancos atacables” de posibles presentaciones judiciales.

En ese sentido, el porteño indicó que el Poder Ejecutivo realizó “un minucioso análisis para evitar conflictos posteriores”. “Es impredecible saber cómo va a actuar cada juez ante planteos que hagan personas alcanzadas por el aporte”, resaltó, pero se esperanzó: “No creo que esto vaya a convalidarse en la Justicia al nivel de impedir que esta ley cumpla su objetivo”.

“No ha habido ley que intentó cambiar algo y que no haya tenido proceso de judicialización en el medio”, manifestó en declaraciones a radio El Destape.

El oficialista insistió que es “absolutamente optimista que esta ley va a entrar en vigencia y que va a generar los recursos que están previstos. Lo que no puedo decir es que no va haber alguien que intente judicializar”.

La ley implica que “el 0,02% de los argentinos tenga que aportar, lo que significa que 99,98% no va a aportar y va a formar parte de los que van a recibir los beneficios de este aporte”, destacó Heller.

El diputado agregó que este tema presentaba un “acompañamiento arriba del 70%” en las encuestas. “Si se consolida, se cobra y distribuye como todos creemos, es un antes y un después que va a quedar para la historia”, completó.

El cine es de esas actividades que tardaron más de lo necesario en retornar. Y de hecho, aún no ha vuelto. Hace tiempo que los representantes del sector aseguran tener los protocolos listos y las medidas a implementar dispuestas para garantizar una actividad que en los lugares del mundo donde ha retornado, no ha registrado contagios. Pero así y todo, recién esta última semana se les dio aquí el visto bueno. La pregunta ahora es qué películas darán los cines cuando reabran, si los tanques se han guardado y en general la producción ha sido derivada al streaming…

A propósito, una película que ya hemos visto los argentinos en tiempo reciente es la que parece estar generándose con la economía. Una que sobre todo se exhibe en años electorales. Es una película en la que se congelan variables clave y se aplican controles de modo tal de contener el índice inflacionario el tiempo que sea suficiente o se pueda. Ya lo adelantó semanas atrás la vicepresidenta en el acto realizado en La Plata, cuando habló de “alinear salarios y jubilaciones, precios -sobre todo los de los alimentos- y tarifas”. Y como para que quede claro, CFK remarcó que no estaba diciendo nada que no se pudiera hacer: “12 años y medio en la República Argentina lo hicimos”, afirmó.

A buen entendedor… Marcelo Midlin le vendió Edenor al consorcio liderado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, convencido de que los tiempos que vienen para las energéticas estarán en línea con una película que vimos en el pasado reciente.

Lo entendió también -tarde, pero lo entendió- Mauricio Macri en 2019, cuando se le venía la debacle electoral y también congeló tarifas, aunque su destino ya estaba marcado.

Tarifas congeladas, Precios Cuidados, prepagas con aumentos pisados… todo lo que se pueda controlar se va a controlar. Comenzando por el tipo de cambio. Al menos hasta las elecciones. Después se verá. Atrasar aumentos con una inflación creciente es preparar una bomba como la que en 2015 recibió Macri; lo que los economistas advierten es que las consecuencias de una estrategia similar, en las condiciones que está hoy la Argentina, las verá este mismo gobierno antes de 2023. No hay resto para estirarlo más tiempo.

Como una lección bien aprendida, los funcionarios actuales repiten al hablar de inflación que en el primer año lograron bajarla “20 puntos”, respecto del último año de Cambiemos. Pero también es cierto que la pandemia causó un impacto directo en la actividad, que aplacó de manera natural las subas. Recién en el último trimestre, con la reactivación paulatina de actividades y la salida del ASPO, la inflación comenzó a acelerarse -octubre 3,2; noviembre 3,8- y llegamos a la cifra de diciembre que verdaderamente inquieta. El 4% anunciado el jueves fue una señal de alerta, advierten economistas como Martín Tetaz, que detalla que “los precios corrieron al 53,6% anualizado en el último trimestre; alimentos y bebidas (4,4%) al 59% anualizado en el trimestre  y la inflación núcleo, que no controla el gobierno (4,9%), corre a una velocidad anualizada del 61,7%”.

Tarifas congeladas, Precios Cuidados, prepagas con aumentos pisados… todo lo que se pueda controlar se va a controlar.

Son datos preocupantes para un año que lleva apenas dos semanas, y para el cual el gobierno prevé un 29% de inflación según consta en el Presupuesto, mientras que el REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado, que elabora el Banco Central), en base a datos de los analistas, tiene una previsión del 50%. El oficialismo es muy crítico respecto de quienes proporcionan esos datos. Basta con escuchar el discurso que dio en la Cámara baja Carlos Heller cuando se aprobó la nueva fórmula jubilatoria. Esa tarde el diputado kirchnerista contrapuso los datos del REM con lo presupuestado por este gobierno y se quejó porque los datos privados son “los que salen en los medios y los que se toman de referencia”.

Heller no es el único que expresa el pensamiento imperante en el Instituto Patria. La diputada Fernanda Vallejos también lo hace. Recordemos que fue nada menos que quien encabezó la lista para diputados de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires en 2017, cuando Cristina Kirchner lideró la del Senado. Es una economista que la expresidenta escucha, y es siempre muy sincera: dice lo que piensa. Le trajo problemas en 2017, cuando defendió a Amado Boudou y luego se tuvo que callar el resto de la campaña. Pero hoy no necesita que la silencien y así como el año pasado sugirió la posibilidad de que el Estado se quedara con acciones de empresas a las que estaba asistiendo en la pandemia, esta última semana volvió a decir algo disruptivo: “Tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional”. Así las cosas consideró “imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra en pesos de los argentinos”. Habrá novedades en el futuro inmediato, seguramente, pues esta no fue una frase tirada al pasar.

Un precio que en cambio escapa al congelamiento es el de los combustibles, que volvieron a aumentar este fin de semana, por segunda vez en lo que va del año. Es la novena vez que el gobierno de Alberto Fernández autoriza un aumento de los combustibles, un insumo con incidencia directa en el índice inflacionario. Sin embargo en este caso el gobierno piensa en YPF: lo que no deje aumentar, debería ponerlo el Estado y las arcas no dan. No es como con las energéticas, donde deben arreglarse los privados.

La inflación será entonces una amenaza real con la que deberá lidiar el gobierno -y más la gente, claro- todo el año. La otra mala noticia es que las expectativas oficiales respecto de la vacuna ya está claro que resultaron exageradas. Más allá del manejo que puede ser cuestionable en la materia, hay que reconocer que a todo el mundo le ha pasado esto. Cada vez son más las voces que alertan que la normalidad está cada vez más lejana. La OMS -que no se ha caracterizado especialmente por la certeza de sus pronósticos- aseguró esta semana que más allá de las vacunas, el mundo deberá convivir todo 2021 con el coronavirus. Stéphane Bancel, el CEO de Moderna -que elabora una de las vacunas contra el Covid- fue más allá en el pesimismo al anticipar que el SARS-CoV-2 “no va a desaparecer” y, por el contrario, “vamos a vivir con este virus, creemos, para siempre”.

Fue en este contexto tan desalentador que aquí vivimos una nueva polémica vinculada con la vacuna, al admitir Carla Vizzotti la posibilidad de que se aplique una sola dosis de la vacuna rusa, para permitir así vacunar a más gente. Muy ponderada por el Presidente, que solía ponerla como ejemplo cuando rechazaba rebajar salarios de los funcionarios, la secretaria de Acceso a la Salud quedó súbitamente en el ojo de la tormenta. Si bien lo que dijo es algo que llegó a evaluarse en el gobierno, se sabe que sus dichos causaron malestar en la Rosada. “No tenía que decirlo”, sintetizó un funcionario ante este medio. Pesó en esa consideración que el tema de la vacuna se ha enrarecido de manera tan inconveniente que ha crecido el recelo a ponérsela, sobre todo la rusa, que es la única a la que la Argentina por ahora tiene acceso. Y semejantes expresiones no contribuyen a mejorar esas expectativas. Preocupante para todos los gobiernos del mundo que apuestan a la vacuna como único elemento para dar vuelta de una vez la página.

Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja -y candidato a ministro de Salud de Alberto Fernández hasta que CFK le sacó bolilla negra, por ser un hombre del gobernador Juan Manzur-, Pablo Yedlin trató de echar luz en la semana sobre el tema, aventando dudas. Entrevistado por Diputados TV, el diputado tucumano aseguró que la segunda dosis siempre tiene por objeto generar “un repique” de anticuerpos y descartó que se vaya el efecto de la primera dosis si pasa mucho tiempo respecto de la segunda. “El sistema inmune tiene memoria de por vida”, afirmó. Y tras apuntar que en la lucha contra este virus se está aprendiendo sobre la marcha, puso como ejemplo a la vacuna contra la hepatitis A. Contra esa enfermedad se aplicaban también dos dosis, y en 2005 el gobierno de Néstor Kirchner lanzó una campaña de vacunación, pero solo aplicó la primera, con resultados muy positivos. Y a partir de entonces, en el mundo dejó de darse la segunda dosis.

Con todo, el problema para una vacunación masiva se grafica de manera aritmética: las empresas farmacéuticas pueden generar 1.500  millones de dosis, y el mundo necesita 6.000. Hay un cuello de botella que demorará de manera indeterminada el final de esta pesadilla.

Como miembro informante del oficialismo junto a su par Marcelo Casaretto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, puntualizó este miércoles que “las fórmulas no son un fin en sí mismo, sino instrumentos que tienen que ver con quién las aplica, en qué modelo económico”.

En esa línea, sostuvo que “no es lo mismo en un modelo que tenía como objetivo ajustar salarios y que hubiera pérdida real de los salarios frente a los precios, que aplicarla frente a un proyecto en el que el presidente de la Nación, el ministro de Economía, cada uno de los referentes de este gobierno, insisten en que es imprescindible recuperar el valor adquisitivo del salario”, con lo cual tienen que aumentar más que los precios.

Destacó asimismo que otro objetivo del Gobierno actual es generar “nuevos puestos de trabajo, trabajo de calidad, con cobertura de aportes y fortalecimiento de todo el sistema”.

Heller recordó todos los dichos en referencia a lo que los jubilados perdieron con la fórmula anterior frente a los precios, pero agregó que además hubo “un fenomenal endeudamiento con la ANSeS, se les cobró tasas más caras, algo que resulta difícil de entender, pero es lo que sucedía; el 85% de los perceptores de la AUH llegó a tener créditos de la ANSeS”. Por el contrario, agregó, “el nuevo gobierno suspendió el cobro de las cuotas de créditos de la ANSeS, beneficiando a 2 millones; redujo tasa de interés, no capitalizó intereses acumulados de esos créditos”, y cuantificó esa erogación en 60 millones de pesos.

Además, resaltó el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, y los medicamentos sin cargo a los afiliados del PAMI.

“Tenemos una fórmula que se compone de dos partes: salarios e impuestos, ambos indefectiblemente tendrán que aumentar porque las políticas públicas llevarán a eso. ¿Alguien imagina paritarias por debajo de la inflación? Las paritarias se van a cerrar todas por arriba de la inflación”, aseguró.

A continuación, recordó que el Presupuesto 2021 tiene una inflación prevista del 29%, con una oscilación de 4 puntos para arriba o para abajo. Paralelamente señaló que el REM -en referencia al Relevamiento de Expectativas del Mercado que elabora el Banco Central- calcula un 50% de inflación para el año que viene. “Es un promedio, porque un 10% de los encuestados propone hasta 60%. Esos son los datos que salen en los medios y los que se toman de referencia”, se quejó.

“De hecho, si hacemos historia de las previsiones para 2021, en noviembre de 2019 el REM para 2021 era del 33%, y paradójicamente a medida que 2020 fue bajando, las previsiones fueron aumentando hasta ese 50%. ¿Por qué? Porque las prestaciones previsionales son por lejos el gasto público más importante que tiene la Nación”, puntualizó, agregando que “si están atadas a la inflación, los analistas van a decir que el Presupuesto Público va a ser incumplible, el déficit se va a ir por las nubes, que el sistema previsional va a colapsar, que no se les va a poder pagar a los jubilados y que el Gobierno va a terminar teniendo que ajustar y otras perspectivas apocalípticas que nos tienen acostumbrados en sus discursos y que todo eso necesariamente va a repercutir sobre la economía, porque después nos van a hablar sobre las expectativas”.

Sobre el final, Heller afirmó que el piso de esta nueva fórmula “está en la garantía de las políticas públicas, en que los salarios se van a incrementar, que la recaudación va a subir y eso va a dar una fórmula virtuosa”. Y concluyó como Casaretto, pidiendo: “Dennos tiempo, vamos a ver si a fin de año las jubilaciones subieron 8 o 10 puntos por encima de la inflación”.

Arranca esta semana corta en Diputados el debate sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que ya cuenta con aprobación del Senado y es resistida por el grueso de la oposición en la Cámara baja.

El proyecto será tratado este lunes a las 14 en las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, que conducen, respectivamente, Marcelo Casaretto y Carlos Heller.

Asistirán al plenario el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de ANSeS, Fernanda Raverta, quienes ya se presentaron en el Senado.

La intención del oficialismo es sancionar la ley el próximo martes 29, pero lo cierto es que está obligado a negociar con bloques minoritarios de la oposición, ante el rechazo de Juntos por el Cambio y de parte del Interbloque Federal.

Tendrá tiempo de hacerlo durante toda la semana, pues las reuniones de las comisiones continuarán el martes a partir de las 10 y concluirán el miércoles a las 10, fecha en la que debe suscribirse el dictamen correspondiente.

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

“Volvemos a la fórmula de 2008 con la que los jubilados ganaron un 26% por encima de la inflación, y salimos de la fórmula de Macri de 2017 con la que los jubilados perdieron un 19%”, ratificó el diputado Marcelo Casaretto en vísperas del debate. Agregó el legislador que “la Argentina crecerá en 2021, y crecerán los salarios y la recaudación. Queremos que los jubilados tengan aumentos por encima de la inflación y mejoren su poder adquisitivo”.

Comenzará la semana próxima en Diputados el debate sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que ya cuenta con aprobación del Senado y es resistida por el grueso de la oposición en la Cámara baja.

El proyecto será tratado el próximo lunes -en horario a confirmar- en las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, que conducen, respectivamente, Marcelo Casaretto y Carlos Heller.

Según supo parlamentario.com, ese día asistirían al plenario el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de ANSES, Fernanda Raverta, quienes ya se presentaron en el Senado.

La intención del oficialismo es sancionar la ley el próximo martes 29, pero lo cierto es que está obligado a negociar con bloques minoritarios de la oposición, ante el rechazo de Juntos por el Cambio y de parte del Interbloque Federal.

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Finalmente llegó el momento para el tratamiento del proyecto de ley de aporte solidario de las grandes fortunas. La iniciativa, que representa una contribución por única vez sobre los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, se tratará el martes próximo a partir de las 12, según lo solicitado por un grupo de diputados no solo del Frente de Todos, sino también de los bloques minoritarios de la oposición.

El pedido de sesión especial fue formulado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el temario incluye tres proyectos de ley: el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia; y la modificación a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que establece un lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas.

El tercero de los proyectos es conocido como la ley Yolanda y establece la realización de capacitaciones ambientales obligatorias en el ámbito de la Administración Pública. En este caso, cuenta con media sanción del Senado, por lo que será convertido en ley.

No debería sorprender que el oficialismo aproveche esa sesión para sumar el tratamiento del Presupuesto 2021, que vuelve del Senado para subsanar en la Cámara baja la omisión de la remisión de las planillas que incluían obras en todo el país.

Cabe recordar que los últimos días el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, había garantizado que el proyecto llegaría al recinto en las próximas sesiones. No obstante ello, una encumbrada fuente legislativa había condicionado por esos días el tratamiento de ese proyecto a la presentación de la reforma tributaria, con el fin de que no se superpusieran artículos de ambas iniciativas.

Si bien todavía falta la convocatoria formal del presidente de la Cámara, se descuenta que el pedido será atendido, y con las firmas de acompañamiento el oficialismo se garantizó la aprobación del aporte solidario, que necesita una mayoría de 129 votos por tratarse de la creación de un impuesto.

Además de los oficialistas Máximo Kirchner, Carlos Heller, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez, también aparecen las firmas del presidente del interbloque Federal, Eduardo Bucca; el titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez; el del Frente de la Concordia Misionero, Ricardo Wellbach; el del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón; el de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, y Felipe Álvarez, quien acaba de alejarse de Juntos por el Cambio y formó un bloque de dos diputados, Acción Federal.

El Frente de Todos tiene 119 diputados, pero a la hora de votar cuenta con 117, ya que Massa no vota -salvo que lo pida expresamente- y hay un legislador de licencia, José Ignacio De Mendiguren.

De todos modos, sumando a los 11 del Interbloque Federal, los seis de Unidad Federal para el Desarrollo, los dos de Acción Federal y la neuquina Alma Sapag, el oficialismo llega cómodo a la sesión, con una base de 137 adhesiones para el proyecto de Máximo.

Juntos por el Cambio ya adelantó su rechazo, y resta por conocer la postura de la tucumana Beatriz Ávila, quien recientemente se alejó del interbloque de Ramón y formó un bloque unipersonal. El Frente de Izquierda, en tanto, tiene un proyecto propio.

Durante el debate en comisión, donde el oficialismo logró el dictamen de mayoría, se aclaró que el aporte será obligatorio y que regirá desde la sanción de la ley, es decir, no será retroactivo al 31 de diciembre de 2019, como se preveía en un principio.

Para evitar un eventual desapoderamiento masivo, se aclaró que “cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.

Según relevó la AFIP,  son 9.298 personas físicas las que deberían hacer la contribución extraordinaria por única vez,  según la base del impuesto sobre los Bienes Personales.

De ese total, 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos -el piso establecido en el proyecto-, y los 1.860 restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores, se verían alcanzados.

Un dato saliente es que los 7.438 individuos que, ya se sabe, serán aportantes, son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.

La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.

Luego de numerosos homenajes y cuestiones de privilegio, la Cámara de Diputados se metió de lleno en el debate del Presupuesto 2021, que se votará de madrugada. El oficialismo cuenta con los votos para aprobar el proyecto y girarlo al Senado, que lo sancionaría a mediados de noviembre.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, que recibió modificaciones en comisión, proyecta para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.

El Frente de Todos contará con el acompañamiento de los interbloques de Eduardo “Bali” Bucca (Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), además de la neuquina Alma Sapag. Juntos por el Cambio, en tanto, se abstendrá, mientras que el Frente de Izquierda votará en contra.

Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, sostuvo este miércoles que “no se puede hacer proyecciones más entusiastas” que las planteadas en el Presupuesto, “que son moderadas, prudentes, serias y cumplibles”.

El diputado del Frente de Todos señaló que “los escenarios macroeconómicos” proyectados en el texto “son compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia”.

“Viniendo de la situación de la que venimos, y con la incertidumbre que aún tenemos respecto de cuánto durará la pandemia y cuánto influirá el año que viene, no se puede hacer proyecciones más entusiastas que las que estamos planteando, que son moderadas, prudentes, serias y cumplibles”, dijo.

El legislador afirmó que el Presupuesto apunta a lograr “una sociedad más justa y equilibrada donde el crecimiento y la distribución de los beneficios de ese crecimiento vayan de la mano”.

También desde el oficialismo, Ariel Rauschenberger destacó que el Presupuesto “marca claramente el cambio de rumbo que los argentinos votaron en octubre de 2019”, y recordó que “cuando las primeras medidas del presidente empezaban a dar resultado, la pandemia irrumpió en el mundo y obligó a reprogramar objetivos”.

“Este Presupuesto no hubiera sido posible sin el exitoso canje de deuda, que superó todas las expectativas”, subrayó, y agregó que se apunta a “la construcción de políticas públicas destinadas a la inclusión, pero no cualquier inclusión, sino inclusión con dignidad y justicia social”.

Además, el pampeano afirmó que el proyecto “marca un camino hacia el equilibrio fiscal, compatible con un sendero inclusivo y sin ajustes. El único ajuste recaerá sobre los intereses de la deuda, que bajan al 1,5% del PBI”.

Otro diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, salió al cruce de quienes se preguntan si el Gobierno “tiene o no tiene un plan económico”. “Por supuesto que lo tiene. Lo que no tiene es un Presupuesto de ajuste, un Presupuesto neoliberal, de ese menú de opciones que dan los economistas que están en el prime time de la televisión, y que plantean una reforma impositiva para bajar impuestos a los ricos, o una reforma previsional para perjudicar a los jubilados, o una reforma laboral para perjudicar a los trabajadores”, retrucó.

Casaretto advirtió que “según estos gurúes”, el Gobierno tendría que haber planteado “un Estado ausente, que no intervenga en la política fiscal o monetaria”. “Nuestro criterio es totalmente opuesto. El rol del Estado fue dar un paso adelante, tanto en la política fiscal como monetaria”, aseguró.

El entrerriano también destacó que “nunca ha habido un volumen de ayuda tan grande” como el que se destinó a atender las consecuencias de la pandemia, con una inversión de “casi siete puntos del PBI, para sostener a la actividad privada y los ingresos de las familias”.

La titular de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, sostuvo que “este Presupuesto busca dejar atrás un país para pocos; que terminó en 2019 con la inflación más alta en tres décadas; que en cuatro años empujó a la muerte a 25.000 pymes; que vio achicarse una economía que venía de crecer un 2,8% en 2015 y terminó cayendo más del 2% en 2019; que vio caer el consumo y la inversión; y que dejó como corolario el enorme avance del desempleo, de la pobreza y de la desigualdad”.

“A pesar del dramático impacto de la pandemia en el mundo, este es un Presupuesto expansivo, es la antítesis de los Presupuestos de aquellos cuatro años donde la regla era el ajuste permanente y la excepción al ajuste era el descomunal aumento para afrontar los intereses de la deuda”, analizó la economista.

Desde Juntos por el Cambio, Luciano Laspina anunció la decisión de abstenerse en la votación a pesar de las críticas al proyecto y sus estimaciones. “No queremos ser una oposición que obstaculice. Queremos asegurarnos de que el Gobierno tenga su Presupuesto”, garantizó.

Laspina cuestionó que “Guzmán plantea un puente de esperanza hacia una economía donde todos seremos felices”.

“Si criticamos el gradualismo de Cambiemos para financiar el déficit fiscal, deberíamos criticar el gradualismo de este Presupuesto”, opinó, y observó que “este gradualismo está asediado por una brecha cambiaria”, mientras “las reservas siguen cayendo a pesar de las medidas”.

En este contexto, criticó a Guzmán por aplicar “dosis homeopáticas” cuando en realidad se necesitaría “una estrategia de shock”. “El puente de Guzmán no nos conduce a la otra orilla: nos devuelve a la misma orilla”, describió, y añadió que “en el medio, la economía se va desangrando”.

Además, alertó que el Presupuesto se basa en “algunas premisas insólitas” ya que “basa su ajuste de diez a seis puntos del Producto en que el 31 de diciembre de este año se termina la pandemia global”, y con esa idea “desaparecen el IFE y el ATP”.

Desde la UCR, Luis Pastori cuestionó los montos asignados al pago de jubilaciones y pensiones, universidades nacionales y transporte público del interior, aunque resaltó algunos artículos que Juntos por el Cambio acompañará.

Respecto del reparto para universidades nacionales, denunció que “se han cometido muchas inequidades” y puso como ejemplo la Universidad Nacional del Alto Uruguay, ubicada en su provincia, Misiones, la cual “es la más castigada, con la peor asignación presupuestaria sin ningún sentido”.

Por otra parte, el legislador dijo que, si bien los subsidios al transporte del interior del país ascendieron de 13.500 millones de pesos previstos en el proyecto original a 20.000 millones contemplados en el dictamen, “la relación con el AMBA sigue siendo abismal, en una proporción de 80% contra 20%”.

Pastori también señaló en cuanto a las jubilaciones y pensiones que “no hay cálculo para una fórmula de movilidad que va a incidir a partir del 1ro de enero y que impacta nada más ni nada menos que sobre el 50% del gasto público”. “No va a alcanzar la partida presupuestaria para pagar jubilaciones y pensiones”, alertó Pastori, presente esta vez en el recinto de la Cámara baja.

En otro orden, criticó el incremento de impuestos internos a los artículos electrónicos, como aire acondicionado, radiograbadores, televisores y teléfonos, del 7% al 17%. Asimismo, sobre el impuesto a los juegos de azar, aceptó la suba de la alícuota del 2% al 5%, pero cuestionó que ésta se reduzca en un 50% para apuestas en las que intervengan sujetos con inversiones genuinas en el país. “¿No será esta otra cláusula a favor de Cristóbal López?”, se preguntó, y denunció una “delegación de facultades inadmisible en la AFIP”.

Por último, anticipó que Juntos por el Cambio acompañará en la votación algunos artículos, como el que establece una zona aduanera especial para Misiones y el que establece la automaticidad de las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las siete provincias productoras.

Promediando la noche intervino el presidente del Pro, Cristian Ritondo, quien fundamentó la abstención de Juntos por el Cambio. “Este proyecto adolece de inconsistencias que ameritan un rechazo”, sostuvo, pero justificó la abstención por la que esa bancada se inclinó finalmente en la pretensión de “colaborar”.

Y sobre el final habló de “futuros acuerdos que sabemos que el Gobierno necesita para salir de esta coyuntura preocupante y desafiante. Queremos que al Gobierno nacional le vaya bien, pero entendemos también que este es un camino equivocado, y sabemos adónde vamos”.

A su turno, Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) retomó el tema de los subsidios al transporte del interior. “Reconocemos el esfuerzo del Gobierno nacional en subir del Presupuesto original 7.000 millones de pesos, elevando el monto a 20.000 millones”, destacó el schiarettista, pero advirtió que “no obstante, ese monto tiene la característica de ser insuficiente e inequitativo”.

“En relación al Presupuesto de 2019 solo hay un aumento de 3.000 millones de pesos, lo que equivale a una suba del 15%, cuando se prevé una inflación del 29%. Esto deja a los subsidios 14 puntos por debajo de la inflación proyectada para 2021”, alertó el legislador.

A su vez, consideró que “es inequitativo porque solo representa el 20% del total que va a destinar el Gobierno al subsidio del transporte en todo el país, dejando el 80% restante para el AMBA”. Recordó que en presupuestos de años anteriores la distribución era del 70% para el AMBA y el 30% para el interior, y pidió volver a esa proporción.

El jefe del bloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, advirtió que el Presupuesto “no protege a usuarios de servicios públicos”, aunque adelantó su acompañamiento en la votación.

Presente en el recinto, el mendocino criticó que “no se toma en cuenta el grave problema que existe con el congelamiento de la adecuación de los servicios públicos”.

“No hay una asignación seria de los subsidios para las personas que tienen que asumir el pago de los servicios públicos del año que viene. No hay una previsión que tenga como objetivo la protección de los usuarios de servicios públicos”, lamentó.

Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá (PO) y Nicolás Del Caño (PTS) denunciaron que el Presupuesto fue “pactado con el FMI” y anunciaron su rechazo al proyecto.

“El apuro del Gobierno por aprobar este Presupuesto responde a un requisito del FMI para continuar con la renegociación de la deuda externa. Este Presupuesto proyecta un ajuste en educación, salud, jubilaciones y salarios, y mayores impuestos a los trabajadores para la enarbolada reducción del déficit fiscal y mayor endeudamiento para financiarlo, ya que la emisión monetaria nos ha lleva al borde de la hiperinflación”, sostuvo Del Plá.

La diputada insistió en que “no es un Presupuesto para que Argentina crezca, ni para terminar con los problemas sociales, sino un Presupuesto de ajuste contra el pueblo trabajador que el Frente de Izquierda rechaza de plano sobre la base de defender un plan económico y social antagónico”.

Del Caño aportó que “si comparamos el Presupuesto 2021 contra el de 2020, tenemos un ajuste del 9,5% en los gastos primarios”, y mencionó que el área de salud “pierde el 10% del presupuesto en medio de la pandemia”, y a la vez “el gasto social sufre un tijeretazo enorme: 36% de recorte en la Tarjeta Alimentar y 7% en la Asignación Universal por Hijo, cuando la pobreza no para de crecer”.

Puntos centrales

• El proyecto del Poder Ejecutivo prevé para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.

• También proyecta un crecimiento del consumo privado del 5,5%, y del 2% del consumo público; un incremento del 10,2% en las exportaciones y del 16,3% en las importaciones.

• El financiamiento del déficit provendrá en un 40% de la deuda pública, y en un 60% del Banco Central (emisión monetaria).

• La inversión en infraestructura se duplicará, pasando del 1,1% en 2019 al 2,2% en 2021, lo que significa 835.000 millones de pesos.

• Se destinarán 94.748 millones de pesos al financiamiento de la producción, a través de diferentes herramientas.

• Se incrementará en un 49% la inversión real en salud pública, llegando a 199.000 millones de pesos (0,5% del PBI).

• Se destinarán 115.000 millones de pesos a la asistencia alimentaria y 113.000 millones al plan Potenciar trabajo, donde se unificaron todos los planes sociales.

• Aumentará en un 11% la inversión en educación y conectividad respecto a 2019, llegando a 483.000 millones de pesos (1,3% del PBI).

• Se destinarán 65.000 millones de pesos en subsidios al transporte automotor de pasajeros del AMBA y 20.500 millones para las provincias del interior.

• Por primera vez el Presupuesto tiene perspectiva de género. La inversión proyectada para las áreas de género y diversidad es de 6.205 millones de pesos.

• Por un cambio introducido en la comisión, las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las provincias productoras serán mensuales y automáticas.

• Se modifica el impuesto a las apuestas y juegos de azar aumentando la alícuota del 2% al 5%, con atenuantes para sujetos con inversiones genuinas y agravantes para aquellos radicados en paraísos fiscales.

• Se crea un régimen aduanero especial de frontera para toda la provincia de Misiones.

• Se establece un régimen especial de regularización de deudas de distribuidoras de energía eléctrica con CAMMESA.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, sostuvo este miércoles que “no se puede hacer proyecciones más entusiastas” que las planteadas en el Presupuesto 2021, “que son moderadas, prudentes, serias y cumplibles”.

Así se expresó el diputado del Frente de Todos al abrir el debate en la Cámara baja, donde señaló que “los escenarios macroeconómicos” proyectados en el proyecto “son compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia”.

“Hemos trabajado intensamente en la Comisión de Presupuesto y hemos incorporado diversos cambios al proyecto original”, dijo, aunque reconoció que “seguramente no estarán satisfechas todas las expectativas”.

Heller enfatizó: “Viniendo de la situación de la que venimos, y con la incertidumbre que aún tenemos respecto de cuánto durará la pandemia y cuánto influirá el año que viene, no se puede hacer proyecciones más entusiastas que las que estamos planteando, que son moderadas, prudentes, serias y cumplibles”.

El legislador afirmó que el Presupuesto apunta a lograr “una sociedad más justa y equilibrada donde el crecimiento y la distribución de los beneficios de ese crecimiento vayan de la mano”.

Tras hacer un pormenorizado repaso de los indicadores económicos que dejó la gestión anterior, Heller advirtió que la pandemia “está provocando la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1930” y a raíz de esta situación “el Gobierno tuvo que asumir una cantidad de políticas que no estaban pensadas”, como el Ingreso Familiar de Emergencia y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción.

Luego parafraseó al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien “dijo que había que ver al Presupuesto como un ancla del esquema macroeconómico de transición” y que “si la pandemia continúa habrá que hacer revisiones”.

“No se pueden hacer proyecciones absolutas pero existirá una capacidad para reaccionar”, aseguró Heller, citando a Guzmán, y agregó que “se plantea transitar un sendero de sostenibilidad consistente con la recuperación económica”.

Respecto de la política de financiamiento, indicó que habrá “una reducción gradual de necesidades de financiamiento monetario del Banco Central y mayor participación de crédito público en moneda local”.

El titular de la comisión explicó que los “objetivos centrales” de este Presupuesto son “consolidar la protección social de los sectores más vulnerables de la sociedad; impulsar una recuperación económica robusta en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social; y comenzar a construir un camino de desarrollo sustentable sobre la base de una estructura productiva que asegure una generación sostenida de empleo y contribuya al bienestar social de los habitantes”.

Señaló que el proyecto “se apoya en seis pilares: la reactivación productiva; la generación de empleo; el apuntalamiento de las capacidades de innovación; el fortalecimiento de la educación y la salud; y políticas de género y diversidad”.

Al profundizar en cada uno de esos ejes, el oficialista destacó que “la infraestructura volverá a ser un motor de la economía” ya que se duplicará la inversión respecto de 2019, llegando en 2021 a 835.000 millones de pesos, el equivalente al 2,2% del PBI.

También resaltó “el fortalecimiento de la salud pública a partir de plan de inversiones integral que incluirá el financiamiento de la vacuna contra el Covid-19”, y agregó que en esta área se prevé incrementar en un 49% la inversión real, llegando a 199.000 millones de pesos.

Heller mencionó además el “salto de valor en políticas de inclusión gracias a una consolidación de las transferencias hacia los sectores más vulnerables y la construcción de caminos hacia el mercado de trabajo”. “Recuperar la movilidad social ascendente es un mandato de este gobierno”, sintetizó, y habló de una inversión de 270.000 millones de pesos.

Por último, dijo que la perspectiva de género que por primera vez tiene el Presupuesto “permite visibilizar el esfuerzo que realiza el Gobierno para cerrar las brechas de desigualdad”, con una inversión planificada en 6.205 millones de pesos.

A pedido de la oposición, el Frente de Todos pospuso para este viernes a las 15 la firma del dictamen del Presupuesto 2021, luego de que, según advirtieron los diputados Luciano Laspina (Pro) y Luis Pastori (UCR), el oficialismo incorporara más de 40 artículos que “nunca estuvieron en debate”.

Carlos Heller aceptó pasar a un cuarto intermedio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para darle tiempo a los bloques de analizar los cambios introducidos, algunos de los cuales el oficialista explicó en la reunión de este jueves.

“Este dictamen plantea más de 40 nuevos artículos con una gran cantidad de temas, modificaciones y agregados que hacen que sea difícil avanzar hoy mismo”, se quejó Laspina, mientras que Pastori señaló que “la mayoría de los temas que se proponen nunca estuvieron en debate”.

El radical aclaró que el pedido de postergar el dictamen “no necesariamente obedece a la búsqueda de consensos”, sino a “la posibilidad de entender qué es lo que estamos votando”.

En efecto, el proyecto original del Poder Ejecutivo contenía 93 artículos, mientras que el dictamen que pasará a la firma tiene 135, es decir, 42 nuevos artículos.

Los agregados apuntan a financiar la Ley de Economía del Conocimiento, la del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), entre otros.

Carlos Fernández (Frente de Todos) cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio y aseguró que las modificaciones “no cambian la esencia del Presupuesto”, a la vez que afirmó que “algunas de las cuestiones se pueden solucionar administrativamente”.

Pero las críticas también llegaron desde el bloque “schiarettista”: el cordobés Paulo Cassinerio cuestionó que los subsidios al transporte automotor de pasajeros del interior del país sigan siendo de 20.500 millones de pesos y no 30.000 millones, como había solicitado en la reunión pasada.

El monto original para el interior era de 13.500 millones de pesos y el Ejecutivo había aceptado sumar 7.000 millones más, pero el bloque Córdoba Federal consideró que el aumento sigue siendo insuficiente y reclamó “redireccionar al menos el 10% de los recursos que se destinan al AMBA”.

Cassinerio advirtió sobre el carácter “inequitativo y antifederal del reparto de esos recursos”. “Esto no es un capricho. Se van a volver a desencadenar nuevos conflictos, como el de mi ciudad, Córdoba, donde hubo 20 días de paro”, avisó.

Hacia el final debate, Heller ratificó que la intención del Frente de Todos es darle media sanción al Presupuesto la semana próxima, y explicó que el “apuro” tiene que ver con “cerrar el Presupuesto antes de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, como demostración de que fue un Presupuesto elaborado por la Argentina”.

“Tenemos los votos para dar dictamen. Lo posponemos para dar la posibilidad de darle a todos más tiempo para analizarlo”, aclaró el legislador.

Los cambios anunciados por Heller

Al inicio de la reunión virtual, Heller destacó el trabajo mancomunado con el Poder Ejecutivo para contemplar varios pedidos de la oposición, sobre todo en materia de obra pública.

“Somos conscientes de que no hemos atendido todo lo que se pidió, pero seamos conscientes del esfuerzo que se está haciendo”, pidió Heller, y advirtió que “todo lo que no se hizo en cuatro años no se puede hacer en un ejercicio”.

El diputado destacó que la incorporación de obras pedidas desde distintas provincias fue posible gracias a “la exitosa negociación de la deuda externa”, que permitió duplicar la inversión de capital, llevándola del 1,1% al 2,2% del PBI.

Una de las principales modificaciones fue un agregado en el artículo 87, estableciendo un régimen especial de créditos para las distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 30 de septiembre de 2020 no tengan deudas o tengan deudas “a niveles razonables” con CAMMESA y/o mercado el eléctrico mayorista.

Esos créditos serán equivalentes a cinco veces la factura media mensual del año 2020, y las autoridades provinciales podrán destinarlo a beneficios a consumidores y usuarios de energía eléctrica, a la cancelación automática de obligaciones de pago con CAMMESA, o a inversiones en obras de infraestructura en energía eléctrica.

También se modificó el artículo 104, con el fin de automatizar las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las provincias productoras; y el artículo 130, autorizando al jefe de Gabinete a asignar partidas para financiar el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).

Respecto del Fondo Especial del tabaco, el misionero Héctor Bárbaro (Frente de Todos) destacó la “decisión política del Gobierno” de que “de una vez por todas se solucione este problema que hace 19 años vienen reclamando las provincias tabacaleras”.

En otro orden, Heller aclaró -ante el planteo de algunos diputados de la oposición- que el proyecto de Presupuesto no refleja la actualización salarial en las partidas de organismos como el INTA, el CONICET y universidades públicas.

“Lo que existe es una reserva global del 35,6% para atender los mayores egresos que surjan, cuyo pago está a cargo de la Administración Pública Nacional”, aclaró el presidente de la comisión.

A pedido de la oposición, el Frente de Todos pospuso para este viernes a las 15 la firma del dictamen del Presupuesto 2021, luego de que, según advirtieron los diputados Luciano Laspina (Pro) y Luis Pastori (UCR), el oficialismo incorporara más de 40 artículos que “nunca estuvieron en debate”.

Carlos Heller aceptó pasar a un cuarto intermedio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para darle tiempo a los bloques de analizar los cambios introducidos, algunos de los cuales el oficialista explicó en la reunión de este jueves.

“Este dictamen plantea más de 40 nuevos artículos con una gran cantidad de temas, modificaciones y agregados que hacen que sea difícil avanzar hoy mismo”, se quejó Laspina, mientras que Pastori señaló que “la mayoría de los temas que se proponen nunca estuvieron en debate”.

El radical aclaró que el pedido de postergar el dictamen “no necesariamente obedece a la búsqueda de consensos”, sino a “la posibilidad de entender qué es lo que estamos votando”.

En efecto, el proyecto original del Poder Ejecutivo contenía 93 artículos, mientras que el dictamen que pasará a la firma tiene 135, es decir, 42 nuevos artículos.

Los agregados apuntan a financiar la Ley de Economía del Conocimiento, la del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), entre otros.

Carlos Fernández (Frente de Todos) cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio y aseguró que las modificaciones “no cambian la esencia del Presupuesto”, a la vez que afirmó que “algunas de las cuestiones se pueden solucionar administrativamente”.

Pero las críticas también llegaron desde el bloque “schiarettista”: el cordobés Paulo Cassinerio cuestionó que los subsidios al transporte automotor de pasajeros del interior del país sigan siendo de 20.500 millones de pesos y no 30.000 millones, como había solicitado en la reunión pasada.

El monto original para el interior era de 13.500 millones de pesos y el Ejecutivo había aceptado sumar 7.000 millones más, pero el bloque Córdoba Federal consideró que el aumento sigue siendo insuficiente y reclamó “redireccionar al menos el 10% de los recursos que se destinan al AMBA”.

Cassinerio advirtió sobre el carácter “inequitativo y antifederal del reparto de esos recursos”. “Esto no es un capricho. Se van a volver a desencadenar nuevos conflictos, como el de mi ciudad, Córdoba, donde hubo 20 días de paro”, avisó.

Hacia el final debate, Heller ratificó que la intención del Frente de Todos es darle media sanción al Presupuesto la semana próxima, y explicó que el “apuro” tiene que ver con “cerrar el Presupuesto antes de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, como demostración de que fue un Presupuesto elaborado por la Argentina”.

“Tenemos los votos para dar dictamen. Lo posponemos para dar la posibilidad de darle a todos más tiempo para analizarlo”, aclaró el legislador.

Los cambios anunciados por Heller

Al inicio de la reunión virtual, Heller destacó el trabajo mancomunado con el Poder Ejecutivo para contemplar varios pedidos de la oposición, sobre todo en materia de obra pública.

“Somos conscientes de que no hemos atendido todo lo que se pidió, pero seamos conscientes del esfuerzo que se está haciendo”, pidió Heller, y advirtió que “todo lo que no se hizo en cuatro años no se puede hacer en un ejercicio”.

El diputado destacó que la incorporación de obras pedidas desde distintas provincias fue posible gracias a “la exitosa negociación de la deuda externa”, que permitió duplicar la inversión de capital, llevándola del 1,1% al 2,2% del PBI.

Una de las principales modificaciones fue un agregado en el artículo 87, estableciendo un régimen especial de créditos para las distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 30 de septiembre de 2020 no tengan deudas o tengan deudas “a niveles razonables” con CAMMESA y/o mercado el eléctrico mayorista.

Esos créditos serán equivalentes a cinco veces la factura media mensual del año 2020, y las autoridades provinciales podrán destinarlo a beneficios a consumidores y usuarios de energía eléctrica, a la cancelación automática de obligaciones de pago con CAMMESA, o a inversiones en obras de infraestructura en energía eléctrica.

También se modificó el artículo 104, con el fin de automatizar las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las provincias productoras; y el artículo 130, autorizando al jefe de Gabinete a asignar partidas para financiar el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).

Respecto del Fondo Especial del tabaco, el misionero Héctor Bárbaro (Frente de Todos) destacó la “decisión política del Gobierno” de que “de una vez por todas se solucione este problema que hace 19 años vienen reclamando las provincias tabacaleras”.

En otro orden, Heller aclaró -ante el planteo de algunos diputados de la oposición- que el proyecto de Presupuesto no refleja la actualización salarial en las partidas de organismos como el INTA, el CONICET y universidades públicas.

“Lo que existe es una reserva global del 35,6% para atender los mayores egresos que surjan, cuyo pago está a cargo de la Administración Pública Nacional”, aclaró el presidente de la comisión.

El dictamen del Presupuesto 2021 se firmará este jueves en la Cámara de Diputados, luego de que el Frente de Todos termine de analizar una serie de modificaciones a raíz de planteos de legisladores y gobernadores de la oposición y el propio oficialismo.

Si bien se especulaba con que el despacho podía salir este martes, Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, anunció la decisión de postergarlo para este jueves, en una nueva reunión convocada para las 15.

“En función de la multiplicidad de reuniones que tuvimos y las gestiones para incorporar cambios, no vamos a sacar dictamen hoy”, informó el diputado al inicio del encuentro virtual.

Heller adelantó que se llegó a un principio de acuerdo, “después de una ardua negociación, para incrementar en 7.000 millones de pesos” las partidas destinadas a subsidiar el transporte de pasajeros en el interior del país, que de esta forma tendrá asignados 20.500 millones”.

“Seguramente no es suficiente, pero es un incremento del 50% respecto de la partida asignada originalmente”, destacó el presidente de la comisión, y además anticipó que habrá más fondos para universidades nacionales, como pedía la oposición.

Heller sostuvo que el dictamen “será superador del proyecto que recibimos del Poder Ejecutivo”, ya que “recoge muchas de las cuestiones que se han planteado, aunque seguramente no todas”.

Paulo Cassinerio, del bloque Córdoba Federal, celebró los aumentos para el transporte del interior, pero lo consideró “insuficiente”, ya que “es un incremento del 15% para 2021 en relación a 2020, cuando también se espera una inflación del 29%”.

El cordobés opinó que las partidas totales tendrían que ascender de 20.500 a 30.000 millones de pesos, para “poder atender la crisis del sector”, y José Cano (UCR), titular de la Comisión de Transporte, coincidió en el reclamo.

En tanto, Alejandro Cacace (UCR) advirtió que “según los cálculos de la Oficina de Presupuesto, en 2021 habrá una caída del 0,6% en términos reales de las jubilaciones”.

Otra radical, Roxana Reyes, denunció “ajustes visibles en cuanto a alimentación, Asignación Universal por Hijo, educación y salud”.

En ese sentido, puso como ejemplo que “el Hospital Garrahan recibirá aumentos sensiblemente por debajo de la inflación proyectada, lo cual representa una disminución del 11,7% en términos reales”.

Reyes, titular de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, también dijo que la discontinuidad del IFE y el ATP implica “aproximadamente 480.000 millones, un 1,8% del PBI, dando por sentado que en diciembre de 2020 se va a acabar la pandemia”.

Por el Pro, Victoria Morales Gorleri destacó como “una muy buena noticia” el aumento del 29% en el presupuesto educativo respecto de 2020, aunque advirtió sobre la reducción en algunos programas, como el Fines.

Asimismo, Claudia Najul (UCR) lamentó que el ministro de Salud, Ginés González García, no se haya presentado en la comisión para explicar “cómo se replantea la estrategia” después de que la Argentina llegara a ocupar el quinto lugar entre los países con mayor cantidad de contagios de Covid.

El santafesino Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) advirtió sobre una merma en las partidas destinadas al INTA, el CONICET y la Agencia Nacional de Discapacidad.

Ante todas las inquietudes, Heller recordó que próximamente se discutirá una reforma tributaria para poder evaluar el tema de los ingresos y la recaudación del Estado, y no solo los gastos.

La videoconferencia contó con la participación del director de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Marcos Makon, quien expuso sobre los distintos informes técnicos producidos por ese organismo.

Makon señaló que “a nivel mundial, los Presupuestos para el año 2021 son muy particulares, porque los Presupuestos del 2020 han sufrido un profundo proceso de transformación como consecuencia de la pandemia”, y en ese marco “se implementaron formas de financiamiento por única vez”.

“Tradicionalmente los Presupuestos tienen un nivel de rigidez muy alto, y los cambios que se producen de un año a otro son marginales”, añadió.

El funcionario precisó que en 2021 solo continuarán tres conceptos incorporados este año por la pandemia: el FOGAR (Fondo de Garantía Argentino), el FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo) y el fondo de financiamiento del transporte urbano de pasajeros del interior del país.

Makon puntualizó además que el proyecto de Presupuesto contiene 38 artículos nuevos, nueve modificados y 46 que se mantienen.

Al analizar en detalle el proyecto, dijo entre otras cosas que la recaudación total de impuestos nacionales y aportes y contribuciones será de 9.297.141 millones de pesos, de los cuales 2.655.520 millones irán a la Administración Nacional -incluyendo la Administración Central, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social-, mientras que 2.946.814 millones se distribuirán a las provincias.

Por otra parte, indicó que se prevén 1.160 proyectos de inversión pública, de los cuales 23 absorben prácticamente el 50% de esa inversión.

Por Carolina Ramos

Los subsidios para el transporte en el interior del país, las partidas destinadas a universidades nacionales y al Programa del Manejo del Fuego fueron algunos de los puntos en discusión en el proyecto de ley de Presupuesto, que comenzó a ser tratado en detalle este martes en la comisión que preside Carlos Heller.

Si bien el oficialista se comprometió a analizar con el Poder Ejecutivo los distintos planteos -algunos de los cuales fueron compartidos por el propio oficialismo-, aclaró que se buscará lograr el mayor consenso posible con las limitaciones que impone la emergencia sanitaria.

“Estamos en el medio de una crisis. Todos los pedidos individuales son atendibles, pero si no discutimos con qué recursos, podemos entrar en una discusión sin salida. Nuestra responsabilidad como legisladores es llegar a un consenso para darle al Ejecutivo una herramienta para poder gestionar el país”, enfatizó Heller.

El diputado José Cano (UCR), titular de la Comisión de Transporte, fue el primero en plantear que el AMBA recibirá 65.000 millones de pesos en subsidios al transporte, más los atributos sociales, mientras que para las provincias del interior se destinarán 13.500 millones de pesos.

Cano reclamó explicaciones del ministro de Transporte, Mario Meoni, al considerar que son “partidas claramente insuficientes”, y advirtió sobre la “situación de conflictividad en la mayoría de los distritos”, entre ellos Tucumán, para garantizar el servicio.

También desde el oficialismo surgió la inquietud. “Venimos con serios conflictos por el tema de transporte en Tucumán”, coincidió Mario Leito, y el correntino Jorge Romero insistió en que el presupuesto asignado es “muy inferior” a lo que se destina actualmente.

El cordobés Paulo Cassinerio, integrante del bloque que responde al gobernador Juan Schiaretti, precisó en ese sentido que gracias a la ampliación presupuestaria sancionada por el Congreso, se incorporaron este año 10.500 millones de pesos en subsidios para el interior, totalizando 17.000 millones, es decir, un monto por encima de los 13.500 proyectados en el Presupuesto para 2021.

“Obviamente estamos en una relación de desigualdad. Esta visión atenta contra una distribución justa y federal”, sostuvo Cassinerio, y especificó que con la inflación proyectada del 29%, “se necesitarían ahora 22.000 millones, y aun así estaríamos muy por debajo de la justa distribución de los subsidios”.

En respuesta a los planteos, Heller reconoció que “es un tema que habrá que analizar con el Ejecutivo”, aunque “luego habrá que ver de dónde salen los recursos”, sobre todo ante la incertidumbre sobre el fin de la pandemia.

Por su parte, el radical Luis Pastori mencionó un reclamo del personal técnico y profesional del CONICET en cuanto a la exclusión de una de las carreras dedicadas a la investigación del régimen previsional.

Pastori también se manifestó “muy preocupado por la asignación de 222 millones de pesos otorgada a universidades nacionales”, y en cuanto al Programa del Manejo del Fuego habló de una asignación “escasa” en el Presupuesto, sumada a la reducción de horas de vuelo de los aviones hidrantes.

Según el misionero, el proyecto destina a este programa 282 millones de pesos, un monto equivalente al presupuestado para 2019, y en pleno avance de los incendios en varias provincias.

Desde el oficialismo, el cordobés Eduardo Fernández coincidió con Pastori. “Hemos revisado las cifras y es así. Resulta a toda vista insuficiente comparando los presupuestos año a año, y con la gravedad que han tenido los incendios en muchísimas provincias argentinas”, alertó.

Pastori también propuso atender la recomposición salarial del personal de investigación del CONICET, y por otra parte pidió revisar el artículo 87 del proyecto, sobre el régimen de regularización de las deudas de distribuidoras y cooperativas con CAMMESA, que alcanzan más de 100.000 millones de pesos.

En otro orden, el diputado de Juntos por el Cambio pronosticó “un ajuste muy significativo” en el gasto previsional: según razonó, hay una “subestimación de la ejecución previsional de este año, con lo cual se prevé para el año que viene un incremento del 31% sobre una partida subestimada, contra una inflación que si bien está estimada en un 29%, en promedio va a ser del 31%”.

Por su parte, el exgobernador riojano Sergio Casas (Frente de Todos) reclamó por el histórico punto de coparticipación que le fue retraído a su provincia hace 32 años.

El oficialista recordó que en las leyes de Presupuesto siempre se asignan fondos en compensación de ese punto; en la proyección para 2021 son 9.470 millones, pero según Casas “hoy el punto equivale a un tanto más”, y “los fondos para municipios de la provincia quedaron desfasados”.

Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño denunció que “este Presupuesto está hecho a medida de la negociación con el Fondo Monetario Internacional” y cuestionó la eliminación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) teniendo en cuenta que “el año que viene, al menos hasta bien entrado el mes de abril, va a continuar la pandemia y sus consecuencias”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, anunció que el oficialismo buscará firmar dictamen favorable del Presupuesto 2021 la semana próxima, posiblemente el martes 20, para su posterior tratamiento en el recinto.

Heller comunicó la decisión del Frente de Todos de apurar la media sanción del proyecto, luego de que la comisión dictaminara a favor del proyecto que busca prohibir ayuda estatal a empresas radicadas en paraísos fiscales.

El diputado del Frente de Todos advirtió que la pandemia provocó “una caída de la actividad económica sin precedentes”, por lo que “la recuperación para 2021 será más lenta de la que se pensaba”.

 “Este Presupuesto ha sido elaborado sobre la base de considerar que la pandemia ha quedado atrás. Esto no quiere decir que la pandemia haya quedado atrás, pero como aclaró el ministro (Martín) Guzmán, las situaciones derivadas de la continuidad de la pandemia deberán ser tratadas por separado y serán motivo de tratamiento en este Congreso”, aseguró el legislador.

Lea también: Fondos para transporte, universidades y manejo del fuego: los puntos en discusión en el Presupuesto

Heller destacó que alrededor de seis puntos del PBI fueron destinados hasta ahora a medidas de asistencia por la emergencia sanitaria, como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), pero aclaró que en el Presupuesto 2021 no está prevista la continuidad de estos programas.

“Todos sabemos que el Presupuesto es la conjunción de una serie de variables, expectativas, previsiones, que están sujetas a cuestiones que exceden la capacidad de quienes gobiernan”, explicó el diputado, y por eso pidió “tomarlo como base de las intenciones de políticas que animan al Gobierno”.

Como objetivos centrales, mencionó los de “consolidar la protección social de los sectores más vulnerables”, “impulsar la recuperación económica robusta en el marco de la emergencia” y “comenzar a construir un camino desarrollo sustentable”.

Heller indicó que se busca iniciar “un sendero hacia un equilibrio fiscal en el mediano plazo, la defensa de un valor competitivo de la moneda local, la acumulación de reservas internacionales y el fortalecimiento del mercado interno”.

El titular de la Comisión de Presupuesto detalló que el déficit primario está previsto en un 4,5%, proyección que “permitirá transitar hacia el equilibrio fiscal”, y por otra parte afirmó que el gasto primario real crecerá un 7,6% respecto a 2020, sin las erogaciones extraordinarias por el Covid-19.

Agregó que el rubro que más decaerá será la carga intereses de la deuda, y al repasar los ejes del gasto, resaltó que se prevé duplicar la inversión en infraestructura productiva y social, que llegaría al 2,2% del PBI.

En tanto, dijo que se espera terminar este año con una caída del 12% de la actividad, para pasar a un crecimiento del 5,5% estimado para 2021, un 4,5% en 2022 y un 3,5% en 2023.

En cuanto a la inflación, puntualizó que se proyecta un 32% para diciembre de este año, un 29% para diciembre de 2021, un 24% para el mismo mes de 2022 y un 20% para 2023.

Heller sostuvo que se trata de “supuestos realistas” y que “los escenarios macroeconómicos son compatibles con una economía que se recupera gradualmente”.

Tras varias idas y vueltas, el régimen de promoción de la economía del conocimiento es ley. La Cámara de Diputados aceptó los cambios introducidos por el Senado y aprobó el proyecto con los votos del oficialismo, Unidad Federal para el Desarrollo y el Interbloque Federal, mientras que Juntos por el Cambio se abstuvo.

La votación se produjo a las 2.34 y resultó con 133 adhesiones, 5 rechazos y 88 abstenciones, del interbloque presidido por Mario Negri, que denunció que las modificaciones empeoraron el texto y que habrá menos beneficios para las grandes empresas del sector.

Es que el corazón de los cambios realizados en la Cámara alta apunta a establecer una diferenciación en la ayuda estatal: las grandes compañías solo podrán acceder a la reducción del 20% del impuesto a las Ganancias, mientras que para las medianas esa reducción será del 40% y para las micro y pequeñas, del 60%.

Además, las personas jurídicas inscriptas en el régimen no podrán utilizar el bono de crédito fiscal equivalente al 70% de las contribuciones patronales pagadas para cancelar el impuesto a las Ganancias, cuando el proyecto original establecía que podía aplicarse a cualquier tributo nacional.

Los votos negativos correspondieron a Graciela Camaño (Consenso Federal), los diputados del Pro José Carlos Núñez y María Carla Piccolomini, y los de la izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.

A la hora de preguntarle el presidente de la Cámara baja uno por uno a quienes no habían registrado el sentido de su voto, se hizo notar el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, pues era el único de los que estaban presentes que no registró su determinación. “No voto a favor, ni en contra… La sesión del Senado no fue legal, compútelo como quiera”, fue la respuesta de Iglesias. Cuando por protocolo debió repasar todos los nombres, Sergio Massa volvió a insistirle e Iglesias le respondió: “Me niego a votar; la sesión del Senado fue ilegal”. Por eso el titular del cuerpo se dirigió entonces al presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, para preguntarle cómo debía interpretar el voto de su diputado, a lo que el legislador bonaerense respondió que lo tomara como una abstención.

Para conocer los puntos principales del proyecto de economía del conocimiento aprobado, haga click aquí.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, consideró que “está muy bien que haya políticas de fomento para que crezcan este tipo de empresas, y al mismo tiempo es necesario tener políticas cuidadosas respecto de la utilización de los recursos fiscales”.

Ante las críticas de la oposición respecto de un intento de perjudicar a las grandes empresas, Heller aclaró que “no es ese el espíritu: lo que estamos modificando son los parámetros para que las empresas tengan beneficios según su dimensión”.

“No se trata de una cuestión discriminatoria, sino de administrar recursos escasos, tratando de que ese apoyo vaya a quienes más lo necesitan y no a aquellos que por su volumen son generadores, ya de por sí, de grandes utilidades”, insistió el diputado del Frente de Todos.

Pablo Carro, titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, opinó que este es “un proyecto superador, que mejora notablemente” la redacción original, porque “especifica con claridad cuáles son los servicios profesionales que pueden ingresar a la promoción, establece un escalonamiento en los beneficios, y la revalidación bienal si se mantienen o aumentan los puestos de trabajo y si no hay prácticas fraudulentas”.

El cordobés destacó que nuestro país tiene ventajas como “la solidez del sistema científico universitario” y “la capacidad, la creatividad y la formación de nuestros profesionales”, y habló de un “triángulo virtuoso entre el conocimiento, la ciencia y la tecnología”, que se verá plasmado en “una política de Estado para los próximos diez años”.

Informó que el año pasado, con la Ley de Software, “de las 521 empresas beneficiarias, el 37,1% eran micro, el 46,8% eran pequeñas, el 13,8% eran medianas y el 2,3% eran grandes”, y “el 50% de los beneficios se concentró en diez empresas -seis de las grandes y cuatro de las medianas-”, de los cuales “el 71% están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires”.

Carro también mencionó que el 75% de los trabajadores del sector en áreas técnicas son hombres, mientras que en el personal de maestranza es al revés: el 75% son mujeres.

Respecto del proyecto, manifestó que para 2030 esperan lograr “más de 1 millón de puestos de trabajo de calidad”, “llegar al 15% de exportaciones” y “duplicar los 6.000 millones de dólares generados por este sector de la economía”.

Desde Juntos por el Cambio, Karina Banfi (UCR) sostuvo que “esta industria, junto con el agro, son la llave del éxito para salir adelante”, y la gestión de Cambiemos entendió que la Ley de Software “tenía que ser parte de una política de Estado” y por eso hubo reuniones “con más de 11.000 empresas para ampliar el alcance de esa norma”.

Banfi criticó en duros términos los cambios introducidos por el Senado y advirtió que “el sector no fue recibido por ningún senador oficialista”. Pero además, advirtió que debido a que “esta ley está dando vueltas, en el segundo trimestre de este año cayeron las exportaciones del sector en un 11,4%”.

“Hasta acá llegamos con este proyecto. No vamos a acompañarlo. Estoy convencida de que no entienden lo que se está votando”, lanzó, al anunciar la decisión de su interbloque de abstenerse en la votación. “Están sacando una ley para zafar, para que no les digan que han matado a la economía del conocimiento que promovió su mentor Néstor Kirchner”, remató.

Silvia Lospennato (Pro) enfatizó que “trabajar con el sector privado no es mala palabra. Es lo que hace cualquier país que busca desarrollarse y crecer: se alía con el sector privado para crear empleo, la única vacuna posible contra la pobreza”.

La diputada afirmó que este proyecto “se hizo a espaldas del sector porque detrás de esta ley hay una mirada anti-empresa, digan lo que digan”. En ese sentido, habló de una “demonización de las grandes empresas” y sentenció que “una actitud anti-empresa es una actitud anti-empleo”.

“Con la que mandamos al Senado teníamos una oportunidad, pero con las modificaciones que le hicieron, empeoraron la ley”, lamentó, y graficó: “Debemos ser el único país del mundo que ataca a sus unicornios”.

El diputado José Luis Ramón justificó las modificaciones del Senado y afirmando que “lo que está permitiendo esta ley no es anti empresa, es que las empresas más grandes puedan tener un incentivo que les permita ser  muy grandes que les permita competir en los mercados externos”. Tras aclarar que las empresas “no se van a ir”, señaló que “las medianas pueden tener un beneficio del 40%, pero las leyes y el chorro del Estado a estos señores muy grandes hay que dárselos a estos emprendedores más chicos, porque es a los que hay que levantar para que se hagan grandes y en algún momento puedan exportar”.

“Lo que está haciendo esta ley es poner el fiel de la balanza en su equilibrio -agregó-. Eso es sano, porque el emprendedor de verdad es al que hay que levantarle el estándar de calidad para que produzca su ejercicio intelectual para hacer economía del conocimiento”.

Por su parte, la neuquina Alma Sapag cuestionó las modificaciones implementadas por el Senado, aunque adelantó que igual votaría a favor, solo porque no se puede seguir sin ley. “Me preocupa mucho tanto empecinamiento en romper los consensos logrados”, se quejó. “Pasó en esta Cámara con la ley de paraísos fiscales, y ahora pasa con la ley de economía del conocimiento… ¿Tanto nos cuesta respetarnos? ¿Qué seguridad jurídica pude observar un potencial inversor si un proyecto de ley que salió por unanimidad de una Cámara, a los cuatro meses es cambiado por el mismo sector que lo impulsó?”, se preguntó.

“No se entiende tanta obstinación y prejuicios con las grandes empresas y sus empresarios… Me preocupa”, insistió, cuestionando que “los beneficios en la reducción del impuesto a las Ganancias, que de acuerdo con lo establecido por esta Cámara eran iguales para todas, ahora son escalonados de acuerdo al tamaño de cada empresa. Ser empresario es un pecado… Ser un gran empresario es un pecado; ser un buen empresario es un pecado… y no se entienden las razones por las cuales se estableció la inmovilidad del bono de crédito fiscal al hacerlo intransferible”.

Los cambios al proyecto original

Uno de los beneficios que contempla el proyecto es la posibilidad, para las empresas, de convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. La redacción original establecía que ese bono fuera transferible por única vez, pero el Senado dispuso que sea intransferible.

Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. “Esto tiene lógica. Si las empresas pagan Ganancias, no necesitan subsidios”, razonó Heller.

Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.

Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

En cuanto al impuesto a las Ganancias, el proyecto aprobado en Diputados establecía una reducción del 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación: será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.

“Esta modificación permite redistribuir el alto esfuerzo fiscal, escalonándolo y orientándolo a quienes más lo necesitan”, sostuvo Heller, y destacó que ese esfuerzo será de aproximadamente 18.000 millones de pesos anuales.

Por otra parte, se estableció en la Cámara alta que cada vez que la empresa -cualquiera sea su tamaño- revalide su inscripción en el régimen, deberá demostrar que ha incrementado la inversión en alguno de los requisitos adicionales, y además mantener o incrementar su nómina de personal.

Esos requisitos adicionales son inversión en mejoras de la calidad de sus productos y servicios; capacitación del personal o tareas de investigación y desarrollo; o bien la realización de exportaciones. En este último caso, el mínimo a acreditar será del 4% de la facturación anual para las micro empresas, del 10% para pequeñas y medianas, y del 13% para las grandes.

Por último, caerán los beneficios de la ley si se registra una reducción de la plantilla de personal, si se detectan trabajadores no registrados, o si se verifican prácticas fraudulentas para la obtención de la ayuda estatal.

Diputados del Frente de Todos volvieron a repudiar, en la sesión de este miércoles, la agresión de la que fue víctima Carlos Heller en su carácter de presidente del Banco Credicoop, por haber presentado el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas.

Leopoldo Moreau (Frente de Todos) presentó una cuestión de privilegio por entender que el honor de Heller como diputado se vio afectado, luego de que en las redes sociales sufriera un escrache donde se llamaba a cerrar las cuentas en el Credicoop en rechazo al impuesto a la riqueza.

“No recuerdo que haya habido una extorsión tan concreta, tan específica, sobre la labor y los derechos de un diputado como la que ha sufrido Carlos Heller. Ha sido amenazado por ejercitar su profesión, su actividad comercial, su actividad laboral, por presentar un proyecto de ley en el Parlamento”, advirtió Moreau desde el recinto.

Y continuó: “Es una vergüenza si no somos capaces de defender los fueros de un diputado en estas circunstancias”.

En tono duro, el diputado alertó que “los mismos que salieron a defender a Vicentin son los que ahora salen a atacar a Heller, que preside una entidad cooperativa que atiende a chacareros y agricultores de infinidad de pueblos”.

“Yo sé que los señores de la Sociedad Rural nunca van a poner sus fondos en el Credicoop, pero si los chacareros y agricultores”, insistió Moreau, y repitió: “Un diputado ha sido agraviado extorsionado y amenazado por ejercitar sus funciones”.

A la cuestión de privilegio en defensa de Heller adhirieron Hugo Yasky y Carlos Fernández, también del bloque oficialista.

Con el acompañamiento parcial de bloques provinciales y el rechazo de Juntos por el Cambio, el oficialismo firmó dictamen favorable sobre el proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento, ratificando los cambios que le introdujo el Senado el último viernes.

El proyecto avanzó en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comunicaciones e Informática, y quedó en condiciones de ser convertido en ley en la sesión virtual convocada para este miércoles a las 15.

El oficialismo destacó que la nueva redacción establece, entre otras cosas, una diferenciación en la reducción del impuesto a las Ganancias, que ya no será del 60% para todas las empresas, sino del 60% para las micro y pequeñas empresas, del 40% para las medianas y del 20% para las grandes.

Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, confesó que originalmente “no lo convencía” la ley “porque no diferenciaba a las pequeñas y medianas empresas de las grandes, unificaba demasiado los beneficios, que tenían que tener un escalonamiento”.

“Los cambios que incorporó el Senado vienen en la dirección de lo que a mi me dejaba insatisfecho en el planteamiento original”, expresó, y celebró que ahora “los recursos estén orientados a las empresas que más lo necesitan”.

Los cambios

Uno de los beneficios que contempla el proyecto es la posibilidad, para las empresas, de convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. La redacción original establecía que ese bono fuera transferible por única vez, pero el Senado dispuso que sea intransferible.

Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.

Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

Otro punto destacado de la ley es la reducción del impuesto a las Ganancias, que será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes. El proyecto aprobado en Diputados establecía el 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación.

Por otra parte, se estableció en la Cámara alta que cada vez que la empresa -cualquiera sea su tamaño- revalide su inscripción en el régimen, deberá demostrar que ha incrementado la inversión en alguno de los requisitos adicionales, y además mantener o incrementar su nómina de personal.

El debate

Por el oficialismo, Claudia Bernazza destacó la “sensatez” de los cambios, en cuanto a la “federalización de los beneficios” y el apoyo a las pequeñas empresas, y a pesar de que pasaron más de tres meses desde la aprobación en Diputados, elogió “la celeridad con la que los senadores trataron el caso y perfeccionaron la letra de la ley con el mismo espíritu”.

Por el contrario, la radical Karina Banfi advirtió que mientras los legisladores “van y vienen” con esta ley, ahora en tratamiento por tercera vez, “el sector sigue desamparado”. “Ojalá hubiesen manifestado sus observaciones a la ley mientras llevábamos adelante los acuerdos, que además lograron unanimidad hace tres o cuatro meses”, recordó.

Al referirse a los cambios, advirtió que “para tener una autoridad de aplicación con la discrecionalidad que le dan, no tiene sentido hacer una ley”, y por otra parte señaló que “no tiene mayor sentido” que el bono de crédito fiscal sea intransferible. “No se está entendiendo cómo funciona y lo que necesita este sector”, cuestionó.

En tanto, criticó la “incoherencia en la cual se apoya toda la política productiva de este gobierno”, y se preguntó “qué seguridad jurídica le estamos dando a los inversores” con la revisión de la ley.

Banfi advirtió que la redacción del Senado “no beneficia al mercado exportador” y “los que van a crecer van a tener menos beneficios”. “Queremos apostar a que haya muchos microemprendedores que puedan usar esta ley sin tener que acarrear todos los costos que eso significa, pero no paramos de ponerle palos en la rueda a todo el sector productivo”, remató.

Luis Pastori, también del radicalismo, habló de una “grosera mora en el tratamiento hasta que los senadores finalmente se dignaron a tratar la ley, introduciendo una serie de modificaciones con las cuales, en su mayoría, no estamos de acuerdo”.

Al igual que Banfi, opinó que “no hay justificativo” para que el bono de crédito fiscal sea intransferible, algo que “le daba mayor poder de movilidad al bono”. También dijo que ahora se podrá convertir en ese bono “hasta el 70%” de las contribuciones patronales pagadas, lo que tiene “olor a discrecionalidad en el manejo por parte de la autoridad de aplicación” en la reglamentación.

Pastori criticó, a su vez, que las empresas no puedan cancelar el pago de Ganancias con el bono, lo cual “le quita un gran atractivo” a la ley.

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, celebró “este tercer round donde el Senado paró la pelota y logró corregir una inequidad muy grande en el anterior proyecto”, relacionada a la rebaja del 60% de Ganancias para todas las empresas por igual.

“Los que más ganan tienen que pagar más impuestos; a los que están en el medio hay que ayudarlos para que crezcan; y a los que recién arrancan hay que potenciarlos. Eso se llama escalonamiento”, sostuvo el mendocino, y agregó: “No se puede garantizar a todos el mismo beneficio, porque sino va a seguir ocurriendo que cada vez son menos los que se apoderan de determinadas actividades económicas”.

Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) consideró que “por una cuestión de soberanía del conocimiento y de entender por dónde va la economía capitalista, nos guste o nos guste, Argentina tiene que convencerse de que a las empresas chicas hay que hacerlas grandes, y a las grandes hay que convertirlas en multinacionales”.

El santafesino opinó que algunos cambios son positivos y otros negativos, y anunció que el Interbloque Federal, al cual pertenece, decidirá su postura final en las próximas horas.

Por su parte, Marcelo Casaretto (Frente de Todos) destacó que el Senado “pulió” el proyecto “haciendo un equilibrio en la inversión que va a hacer el Estado nacional para promover un sector de la actividad económica” con beneficios impositivos.

Casaretto aclaró que el régimen tendrá vigencia desde el 1ro. de enero de este año, por lo cual “la demora de un mes más o un mes menos” en la sanción de la ley no influirá en “las 469 empresas que estaban inscriptas hasta este momento”, mientras que “para las nuevas que quieran adherir, los beneficios van a ser desde la publicación de la ley”.

“No venimos al Congreso como lobbystas de un sector o de una empresa. Venimos a disponer de los recursos de todos los argentinos”, enfatizó el entrerriano.

Diputados de todos los bloques políticos repudiaron este martes un escrache llevado adelante en las redes sociales contra el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, por encabezar el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas.

Al inicio del plenario de comisiones de Presupuesto y de Comunicaciones e Informática convocado para tratar el proyecto de ley de economía del conocimiento, representantes de todas las bancadas se solidarizaron con Heller, quien fue agredido en su calidad de presidente del Banco Credicoop.

El origen del ataque fue un llamado de un grupo de productores rurales a cerrar las cuentas bancarias en esa entidad financiera, en rechazo al impuesto a las grandes riquezas.

Toda nuestra solidaridad para con el diputado nacional @CarlosHeller quien está siendo víctima del odio q destilan los q quieren todo para ellos, aún con el país en crisis.
Repudiamos esta actitud fascista de los q no entienden que hay que ser solidarios con los que menos tienen.

— PrensaJoseLuisGioja (@JLGiojaPrensa) October 6, 2020

“A lo largo de la mañana sucedieron algunas cuestiones que no pueden pasar desapercibidas. Carlos Heller está siendo víctima, en términos personales y como presidente del Banco Credicoop, de una furiosa maniobra de desprestigio y descalificación en las redes sociales”, advirtió el santafesino Germán Martínez (Frente de Todos).

Martínez señaló que “lamentablemente estas prácticas, atadas al manejo de los famosos trolls, están multiplicándose en Argentina”.

“(Heller) está siendo atacado por ser una de las caras visibles del proyecto de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas”, manifestó el diputado.

En nombre de Juntos por el Cambio, el radical Atilio Benedetti también expresó su repudio a “cualquier tipo de escraches contra instituciones o personas”, aunque aclaró que “esto no significa convalidar” proyectos como el del aporte solidario, que el interbloque rechaza.

Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) habló de un “escrache autoritario” y consideró que “Argentina tendría que sentirse orgullosa de tener una banca cooperativa”.

En tanto, José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sumó su solidaridad con Heller y afirmó que el diputado “no necesita demostrar cómo es su aptitud y su capacidad de trabajo”.

Además, Ramón pidió que el proyecto del impuesto extraordinario se vote finalmente en la Cámara baja. “Cuentan con todo nuestro apoyo para seguir dando esta discusión”, garantizó.

Waldo Wolff también expresó su repudio y hasta comentó que “desde hace muchos años” tiene cuentas “personales y empresariales” en el Credicoop, pero advirtió sobre la “hipocresía” de no repudiar otros ataques y se puso como ejemplo.

El diputado del Pro recordó que cuando Sergio Massa recibió llamados y mensajes con amenazas de muerte en su celular, el legislador provincial del Frente de Todos Jorge D’Onofrio lo acusó de haber difundido el número del presidente de la Cámara baja.

También mencionó que el oficialista Leopoldo Moreau lo calificó como “agente del Mossad” y no recibió solidaridad de sus pares, y por último, sostuvo que quienes profieren las agresiones “no son trolls, son gente que se aglutina en las redes de un lado de la política”.

Por su parte, Graciela Ocaña envió por escrito su solidaridad con Heller y reveló: “Soy socia del banco desde 1980. Gracias al crédito del banco he podido adquirir mi casa. Conozco su crecimiento y lo que ha representado para la economía del país”.

El descargo de Heller

Al cerrar el tema, el propio Heller agradeció las muestras de apoyo y opinó que lo sucedido “excede lo personal y tiene que ver con una responsabilidad colectiva que tenemos”.

El titular de la Comisión de Presupuesto dijo que se trata de “una forma de actuar que repudiamos, le toque a quien le toque”, ya que “en democracia nunca podemos estar de acuerdo con ninguna forma de escrache”.

“Las discusiones se ganan con argumentos y las votaciones se ganan con acumulación de apoyos”, afirmó.

Por último, subrayó que lo que se difundió fueron “groseras mentiras”. “No es una expresión en contra de un proyecto: son falsedades, provocaciones, intentos desestabilizadores, como son los de querer provocar una corrida bancaria”, concluyó.

Los diputados analizarán este martes el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 27.506, denominada Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que vuelve con modificaciones del Senado.

El debate será a partir de las 15 en las comisiones de Comunicaciones e Informática, que preside el cordobés Pablo Carro, y de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el también kirchnerista Carlos Heller.

El proyecto fue aprobado el viernes pasado ya pasada la medianoche, con modificaciones importantes aplicadas al texto proveniente de Diputados. Durante el debate, Juntos por el Cambio pidió avanzar sin cambios para no retrasar más la sanción de la norma, aunque a la hora de votar se retiró.

La idea es emitir dictamen este martes, para llevarlo al recinto al día siguiente. En eso están todos de acuerdo. La pregunta del millón es si Diputados, y fundamentalmente el oficialismo, aceptarán las modificaciones o rechazarán lo dispuesto en el Senado. La postura que vaya a adoptarse en el recinto se vislumbrará este martes.

La iniciativa establece un régimen de promoción desde el 1ro. de enero de este año hasta el 31 de diciembre de 2029, que incluye beneficios fiscales e impositivos para pequeñas, medianas y grandes empresas donde el 70% de la facturación esté vinculada a las actividades promovidas.

Según se explicó durante el debate del viernes, los cambios tienen que ver con “ampliar el universo de beneficiarios, prestando especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas; y brindar un carácter más federal a los beneficios otorgados, haciendo hincapié en las zonas favorables y en las provincias con menor desarrollo relativo”.

Las empresas que ingresen al régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales abonadas. En el nuevo texto se aclaró que el bono será intransferible, “para evitar maniobras poco claras de esta operatoria”.

El tiempo máximo para utilizar este bono fiscal es de 24 meses, prorrogables por otros 12, y servirá para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, pero “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.

El bono será del 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres y personas trans; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

En cuanto a la reducción del impuesto a las Ganancias, “se incorporaron escalas a fin de segmentar la percepción de este incentivo”: será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.

Otro de los cambios fue eliminar el consejo consultivo que establecía el proyecto y en cambio, establecer un “esquema más estricto de controles” a través de universidades y organismos nacionales respecto del cumplimiento del régimen.

El costo fiscal de la ley será de 9.500 millones de pesos este año.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, rechazó un pedido de sus pares Carmen Polledo (Pro) y Ricardo Buryaile (UCR) para convocar al ministro de Salud, Ginés González García, al debate sobre el Presupuesto 2021.

Heller informó que las reuniones informativas terminaron este lunes con las exposiciones de los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social).

Polledo planteó que “estamos tratando un Presupuesto especial porque ha sido elaborado en el marco de una pandemia”, y consideró que al igual que los ministros mencionados, “debería venir el ministro de Salud, no solo por la importancia que ha adquirido su área en este contexto, sino también porque la situación sanitaria impacta en todo el Presupuesto”.

“Me sorprende que no haya una voluntad del Gobierno y del ministro de participar”, expresó la diputada del Pro, y aprovechó para pedir también la presencia del responsable de Educación, Nicolás Trotta.

Sin embargo, Heller le aclaró que se acordó “una agenda razonable” para el tratamiento del proyecto, y destacó que tanto los ministros como los secretarios del Ministerio de Economía que participaron el viernes pasado “han contestado todo tipo de preguntas y con toda la amplitud”.

El radical Buryaile insistió con el tema: enfatizó que “la visita del ministro de Salud tiene gravitación y es central”, y se preguntó “qué va a pasar con el Presupuesto en la medida en que sigamos con el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio)”.

También advirtió que en el proyecto del Poder Ejecutivo “no están presupuestados ni el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) ni el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción)”.

Pero Heller recordó que el ministro Martín Guzmán, en ocasión de su presentación ante la comisión, “dijo que este es un proyecto elaborado sobre la base de la superación de la pandemia y que eventualmente tendrá todos los ajustes que tenga que tener”.

“Si hace falta conseguir alguna información especial más, yo seré el vehículo para conseguirla”, garantizó el oficialista, y por último anunció que antes de que termine la semana convocará a una nueva reunión para comenzar con el debate del Presupuesto entre los diputados.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller (Frente de Todos) escuchó este martes a los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Diego Bastourre; y de Política Económica, Haroldo Montagu, quienes brindaron detalles sobre el proyecto del Poder Ejecutivo.

Dado que las presentaciones se extendieron durante casi cinco horas, los diputados acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 15 para poder formularle preguntas a los funcionarios.

Montagu abrió la ronda de exposiciones y sostuvo que “la idea de este Presupuesto es construir un puente entre la economía que tenemos ahora y la que queremos alcanzar”, por lo que se trata de “un esquema de transición”.

El funcionario señaló que el proyecto “refleja la visión de este Gobierno sobre las prioridades estratégicas, y por cada una de esas prioridades hay partidas que respaldan esa visión”.

Además, destacó que la iniciativa oficial “pone el foco en la economía real como motor de la recuperación”, y añadió que “no hay estabilización posible sin reactivación de la economía y sin un Estado que acompañe”.

“Todos los indicadores muestran un deterioro fuerte en los últimos años. La pandemia impactó aún más y se profundizaron muchos problemas económicos”, advirtió Montagu.

Al detallar este panorama, preció que el PBI “registró en el segundo trimestre de 2020 la caída más grande de la historia reciente”, al igual que la caída de la tasa de inversión, y asimismo el consumo privado “alcanzó valores similares a los de 2015 en términos del PBI, es decir, hemos retrocedido casi cinco años”.

En base a indicadores del EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica) del INDEC, enumeró cuáles fueron los sectores más afectados por la pandemia: hoteles y restaurantes; construcción; industria; comercio; transporte y comunicaciones, entre otros.

En tanto, afirmó que la salud, las actividades inmobiliarias, la Administración Pública y el agro sufrieron un “impacto medio”, y por último, el “shock más bajo” lo padecieron los sectores de la enseñanza; electricidad, gas y agua; y pesca.

Por otra parte, Montagu alertó que la recaudación tributaria real en términos reales -es decir, descontando el efecto de la inflación- es negativa desde mediados de 2018.

“Este es un problema serio. Son los recursos con que cuenta el Estado para atender las prioridades: cuidar a las familias y a las empresas, ahí donde fueron dirigidos nuestros esfuerzos”, dijo, y en ese sentido destacó que “casi el 7% del PBI” se invirtió en medidas de asistencia por la pandemia.

En tanto, el funcionario informó que hacia agosto de 2020 se achicó la diferencia entre ingresos y gastos del Estado.

Respecto del proyecto de Presupuesto, expresó que “el marco de incertidumbre que estamos atravesando dificulta aún más la tarea de proyectar escenarios entre 2021 y 2023. Proyectar con esta base tan incierta complejiza la confección de escenarios, sobre todo teniendo en cuenta también la historia volátil de la economía argentina”.

El secretario de Política Económica repasó algunas de las principales proyecciones, como el crecimiento del PBI del 5,5% y la evolución del IPC (Índice de Precios al Consumidor), del 32% previsto para diciembre de este año al 29% en el mismo mes de 2021.

“Supuestos realistas y prudentes”

Por su parte, Rigo resaltó que el Presupuesto “pretende ser una respuesta sólida y prudente a los enormes desafíos que tenemos en la economía derivados del desequilibrio macroeconómico” heredado de la anterior gestión “y empeorado por la pandemia”.

El secretario de Hacienda sostuvo que el proyecto “propone un nivel y una composición de gasto primario tal que permita al Gobierno llevar adelante una política fiscal expansiva”.

“Con la irrupción de la pandemia, las acciones del Gobierno fueron las del pragmatismo, porque era necesario enfrentar la emergencia sanitaria, el cese de actividades, la caída de ingresos de las familias y las disparidades regionales. Con la nueva normalidad, el Gobierno pretende responder en un marco de prudencia y de expansión del gasto público”, detalló.

Entre las medidas tomadas en materia de salud por la pandemia, destacó la construcción de 12 hospitales modulares; las más de 3.500 camas de cuidados intensivos; los más de 4.000 respiradores; y el bono extraordinario para los trabajadores de la salud.

En cuanto a la asistencia económica, ponderó los resultados del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), con “una inversión de más de 270.000 millones de pesos a través del Presupuesto para llegar a 9 millones de beneficiarios”.

Asimismo, realzó el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), que se compone de tres ejes: una inversión de 270.000 millones de pesos en el pago del salario complementario -que benefició a seis de cada diez empresas, casi la totalidad pymes-; la postergación o reducción de las contribuciones patronales por casi 23.000 millones de pesos; y el crédito a cuentapropistas por un total de 500.000 millones.

Al ir al detalle del Presupuesto, Rigo explicó que “permite dar un marco de consistencia macroeconómica; enviar un mensaje a la economía; y contener y alinear el gasto a las prioridades de la gestión”, y además “se construyó sobre la base de supuestos realistas y prudentes”.

“Todas las políticas públicas tendrán un financiamiento genuino y asequible, es decir, un financiamiento posible para el Tesoro Nacional y que no debería generar nuevos desequilibrios”, indicó.

El funcionario apuntó que el déficit primario proyectado del 4,5% del PBI “es el que permite financiar las políticas públicas que permitan alentar el crecimiento y financiar una inclusión social activa, y también es un nivel compatible con las múltiples restricciones que enfrenta la economía”.

Además, destacó la inversión del 2,2% en gasto de capital, la cual “duplica a la de 2019”, y detalló distintas obras de infraestructura y vivienda.

También se refirió al refuerzo de programas que apuntan a la “inclusión social activa”, y que tienen que ver con políticas alimentarias -1.530.000 personas tendrán la Tarjeta Alimentar-, el programa Potenciar Trabajo y acciones de empleo y capacitación, todos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

Rigo destacó, por otro lado, que la “novedad” del Presupuesto tiene que ver con “la visión de género en las políticas horizontales de todas las dependencias, y un financiamiento específico para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad”, totalizando 6.200 millones de pesos en 2021.

El bloque del Frente de Todos avanzó este viernes con el dictamen de mayoría del proyecto de aporte solidario y extraordinario, anunciando los cambios introducidos a la iniciativa desde su presentación, entre ellas la confirmación de que no serán gravados las tenencias en el país de los no residentes.

El dictamen de mayoría obtuvo 27 firmas: las de los miembros del Frente de Todos y los representantes de Córdoba Federal y el Frente Renovador de la Concordia, de Misiones.

El interbloque de Juntos por el Cambio, por su parte, presentó un dictamen de minoría que plantea directamente el rechazo al proyecto del oficialismo.

En el inicio de la reunión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, confirmó haber recibido este mismo viernes un análisis de la estimación del impacto recaudatorio del proyecto. El informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en líneas generales convalida el contenido del informe de la AFIP, estimando que efectivamente la recaudación probable de este aporte estaría en el orden de los 307.000 millones de pesos, equivalente a 1,1% del PBI.

Al detallar las modificaciones aplicadas al proyecto, Heller explicó que modificaron el criterio de la fecha de aplicación del cálculo para determinar el valor del aporte, originalmente fijado en el 31 de diciembre del año pasado. “Lo hemos puesto a partir de la promulgación de la presente ley -aclaró Heller-. En función de eso hemos agregado en el artículo 8° cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hiciera presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinado a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.

“Esto es para no tomar un valor retroactivo sino a partir de esta ley, pero como hace 6 meses que venimos discutiendo esta ley, y podría haber generado situaciones individuales de actitudes no ajustadas al cumplimiento de las obligaciones impositivas, para evadir el pago del tributo, entonces resolvemos así la cuestión”, explicó el presidente de la comisión.

Por otra parte, Heller anunció que “descartamos el tema de los no residentes, circunscribiendo solamente a los residentes; y también descartamos la posibilidad de que las empresas multinacionales que actúan en el país pagaran por las personas supuestamente dueñas que en algún lugar de la tierra están. Creímos conveniente no incluir esa ampliación”.

Por consiguiente, Carlos Heller sostuvo que “están perfectamente limitadas las personas alcanzadas y las características”. Así las cosas y con la información disponible enviada por la AFIP, sobre la base de las declaraciones juradas ya presentadas al 19 de septiembre, se podría llegar a una recaudación superior a los 300 mil millones de pesos.

Según las propuestas del proyecto oficialista y sobre la base de la proporción de los fondos que están afuera y que algunos podrían estar interesados en repatriar, la estimación alcanzaría presuntamente a 9.298 personas. “Porque hay 7.438 declaraciones juradas con bienes superiores a 200 millones, y 1.860 que con las proyecciones sobre las declaraciones juradas de 2018 se estima que deberían estar alcanzados”, indicó Heller, que estimó que eso daría 307.897 millones de pesos de recaudación prevista.

Al detallar la composición del aporte, el presidente de la comisión explicó que en la escala más alta, la que ocupan quienes tienen más de 3.000 millones, hay

253 personas humanas, que aportarían 153.855 millones de pesos: casi la mitad del total estimado que produciría este aporte. Si se le suma el tramo que va de 1.500 a 3.000, se sumarían 372 personas más, con lo que se llegaría a 625 personas, que estarían aportando casi 180 mil millones de pesos, delos 307 mil estimados.

En el extremo inferior de la pirámide, quienes tienen bienes de hasta 400 millones, entre 200 y 400, son 4.178 personas las que aportarían 30.100 millones de pesos del total. “Efectivamente el aporte estaría soportado en su principal tramo, el 60%, por un universo de seiscientas y pico de personas”, informó Heller, quien luego remarcó que este aporte “es por única vez, está dicho en todos lados, con fines determinados, específicos, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que no sea por única vez”. Y concluyó: “Un reducidísimo grupo contribuiría a llevar un enorme alivio a una gran cantidad de personas que tendrían alivio a través de los beneficios que podrían obtener con este aporte”.

Un dictamen de rechazo

A continuación, el diputado radical Luis Pastori anunció que Juntos por el Cambio presentará un dictamen de minoría que aconseja el rechazo del proyecto del oficialismo. “Aunque reconocemos que el dictamen final ha mejorado varios aspectos, como por ejemplo lo que tenía que ver con la retroactividad, y algunos otros aspectos, sin embargo subsisten otros servicios que nos obligan a ir con otro dictamen. Primero, la denominación de aporte, intenta privar a la obligación de su naturaleza tributaria para dejarla al margen de las garantías y principios constitucionales que imperan en la materia”, señaló.

Dictamen-de-MAYORIA-Proyecto-4534-D-2020

El diputado misionero agregó que “el propio informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso nos da la razón, cuando al comienzo, en su introducción, habla claramente que se trata de un impuesto”. Y si bien aclaró que los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso “no son vinculantes, claramente esta comisión está para asesorarnos. Eso me exhime de mayor abundamiento del tema”.

Pastori aclaró a continuación que subsisten algunas cuestiones que no nos satisfacen”, y mencionó en primer lugar “la confiscatoriedad que se puede dar por la múltiple imposición; los bienes gravados son los mismos, unido esto al impuesto sobre Bienes Personales, sobre la totalida de los bienes en el exterior. La acumulación de ambos gravámenes puede tornar manifiestamente confiscatoria”.

Para Pastori, este proyecto del oficialismo “también afecta el principio de igualdad en lo que tiene que ver con los bienes en el exterior, ya que por el solo hecho de estar en el exterior tienen una alícuota superior. Esta discriminación no se da en función de la mayor capacidad contributiva, porque a igual capacidad contributiva, por el solo hecho de tener un bien en el exterior, ya tiene una alícuota muy superior. Es como un castigo, por más que estén lícitamente hechos, sin embargo van a tributar una alícuota superior”.

Pastori observó además el criterio de nacionalidad, que no veía que hubiera quedado salvado, porque insisten con gravar aquellos ciudadanos argentinos que están viviendo por ejemplo en un paraíso fiscal. Para no ir tan lejos, puso el ejemplo de Paraguay y Bolivia, países no cooperantes y de baja tributación. Se los considera como si fueran residentes y eso es, a juicio de Pastori, “una ficción que crea la ley, una mentira legal”.

Va a ser además, afirmó, “de muy difícil cumplimiento en la práctica, porque ¿qué facultad tiene la AFIP para perseguir a alguien que no vive en la Argentina. Me parece que aquí se está equivocando el dictamen de mayoría”.

El legislador radical dio entonces una serie de consejos: “Me parece que deberían corregir los 200 millones de pesos de base, que eran equivalentes a 3 millones de dólares cuando ustedes anunciaron el proyecto, a principios de abril, con un dólar a 65,75 pesos. Hoy está casi a 80, y estos ya no son 3 millones, son unos 2,5 millones. Para tener una relación razonable, esa base tendría que estar al menos en 240 millones para arriba”, sugirió.

Además, continuó, “la tabla también tiene problemas, porque superando los 200 millones, paga 2%; hasta 200 millones paga 0. El que tenga 200 millones y un peso, por un peso más va a pagar el 2%, o sea 4 millones de pesos… Por un peso de diferencia”. Eso se podría solucionar, dijo, estableciendo un mínimo no imponible que sea razonable a partir del cual comiencen a tributar.

“Y no me queda claro si las empresas del exterior que sean accionistas por ejemplo de una sociedad argentina, si quedan afuera o adentro del impuesto, porque no tiene nada que ver y eso sería gravar la inversión extranjera, por si algo le faltaba a la inversión extranjera encima la estemos gravando con un impuesto… Si alguno todavía tiene la intención de invertir en el país con este impuesto lo vamos a estar definitivamente corriendo”, concluyó.

El presidente de la comisión aclaró que el proyecto no alcanza a las acciones de empresas extranjeras que estén en el país. Y en cuanto a los consejos, los agradeció, pero aclaró que eso vale para “cuando estamos construyendo consenso. Cuando usted nos anuncia que van a presentar un dictamen de  minoría, le diría que deje que los contenidos lo resolvamos entre quienes vamos a firmar el dictamen de mayoría… Es medio contradictorio pretender que cambiemos el dictamen de mayoría presentando otro”.

Uno de los oradores que tuvo la reunión fue el diputado Paulo Cassinerio, de Córdoba Federal, quien anunció el acompañamiento del proyecto, confirmando así el apoyo clave de los diputados de esa bancada, que serán fundamentales para garantizar la aprobación de la iniciativa en el recinto. No obstante, hizo una objeción al hablar de una situación de “inequidad” entre empresarios argentinos y la situación de los empresarios de las multinacionales. Dijo entender que se busca “no asustar a futuros capitales, que necesariamente vamos a necesitar que vengan a nuestro país, pero es una situación que nos inquieta y la vamos a plantear en la Cámara, debido a que es una inquietud que nos han hecho llegar empresas de Córdoba”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Poder Ejecutivo que busca “blindar” el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) modificando el modo de financiamiento del programa de Reparación Histórica.

Heller recordó los orígenes del FGS, creado en 2007, y destacó que en su composición accionaria participan “muchas empresas líderes”, por lo que en ese momento se buscó proteger esos activos y además “mantener la participación efectiva del Estado en el funcionamiento de esas empresas”.

“Como su nombre lo indica, el FGS tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales, explicó Heller.

Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.

“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.

El legislador del Frente de Todos puntualizó que el pago de la Reparación Histórica se afrontará entonces a través del Tesoro y de partidas presupuestarias específicas, y “debe ser cubierto en su totalidad, sin poder fijarse límites a los pagos”, según consta en el artículo segundo del proyecto.

Heller añadió que se elimina la posibilidad de la venta de activos del FGS, y por otra parte, se establece que el FGS “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

El diputado también resaltó la constitución de un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será “invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.

En cuanto a las deudas de las provincias, la iniciativa establece un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional, y agrega que se aplicará la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados).

La presentación del Presupuesto 2021 en la Cámara baja tuvo un momento embarazoso para un diputado. Se trata de Luciano Laspina, quien cayó en una de las “trampas” del sistema virtual y fue puesto en evidencia.

Sucedió que, mientras intervenía el oficialista Marcelo Casaretto, se vio en la videoconferencia a Laspina con el torso desnudo, tras la puerta de su placard. Sí: el santafesino se estaba vistiendo para cuando le llegara el turno de hablar, y dejó la cámara encendida.   

La imagen rápidamente se hizo viral y llegó a manos de Carlos Heller, quien presidía la reunión. Y el diputado del Frente de Todos no perdió la oportunidad de “escrachar” a su par del Pro antes de darle la palabra.

“Tengo en la lista al diputado Laspina, que no sé si terminó de prepararse, porque acá nos llegaron algunos mensajes de que en las redes estaba circulando que estaba… se olvidó el zoom abierto… yo no lo veo… si está listo…”, balbuceó Heller.

Laspina hizo caso omiso al comentario, pero en las redes sociales habló del tema, ante un tuit del periodista Jorge Rial con la imagen en cuestión. “Me cambié la camisa por respeto al ministro y a la audiencia pero no advertí que tenía la cámara prendida. ¡Gracias por avisar, Jorge! ¡Por suerte solo se ve un brazo!”, bromeó.

El compromiso de nuestros abnegados legisladores. @LaspinaL llega tarde desde su casa!!!. El vago se cambia en medio de la sesión. Ladris pic.twitter.com/YyMasoHnHQ

— JORGE RIAL (@rialjorge) September 22, 2020

Por Carolina Ramos

El dictamen sobre el proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas se hace esperar. El oficialismo postergó para este viernes la firma del despacho en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados mientras analiza nuevas modificaciones, entre ellas la posibilidad de gravar a los no residentes por sus tenencias en el país.

Carlos Heller, titular de la comisión, anunció al inicio de la reunión de este lunes la decisión de posponer el dictamen y enumeró los cambios que tendría el texto del Poder Ejecutivo, después de leer un detallado informe enviado por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien se excusó de participar en el encuentro virtual.

Juntos por el Cambio volvió a rechazar el proyecto. Los diputados del principal bloque de la oposición no solo reiteraron que la medida es inconstitucional y que desalentará inversiones, sino que también cuestionaron el destino que se le dará a lo recaudado -se prevé, entre otros fines, la financiación de proyectos de gas natural-.

Los cambios

Heller confirmó que, para alejar dudas acerca de la voluntariedad del aporte, se incluirá en el artículo primero del proyecto la palabra “obligatorio”. Pero además, se establecerá que el aporte regirá desde la sanción de la ley, es decir, no será retroactivo al 31 de diciembre de 2019, como se preveía en un principio.

“Para evitar un eventual desapoderamiento”, se aclarará que “cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.

El radical Luis Pastori celebró este cambio “porque la retroactividad era claramente inconstitucional”, aunque advirtió que “más que una presunción (de la AFIP), sería una ficción legal”.

El aporte solidario tampoco gozará de las exenciones previstas en el impuesto a los Bienes Personales, que es el que se toma como base de cálculo. Es otro de los cambios que anunció Heller.

Pero lo que despertó más polémica es la posibilidad de captar a las personas no residentes que posean bienes en el país y que ejerzan su propiedad a partir de una persona jurídica. “Se presume, sin admitir prueba en contrario, que las acciones o participaciones en el capital de sociedades (…) pertenecen de manera indirecta a personas humanas residentes en el exterior”, dice la propuesta de redacción.

Para esos casos, “ese sujeto deberá designar ante la AFIP un responsable por el ingreso del aporte”, y en caso de no hacerlo, “el encargado de la determinación e ingreso del aporte será la sociedad emisora de esas acciones o participaciones”.

Luciano Laspina (Pro) reprobó la propuesta. “En el mundo globalizado, donde los países se pelean por atraer inversiones, vamos a ser el primer país de la Tierra en poner impuestos al que viene a invertir a un país”, se quejó.

Por último, Heller confirmó que las personas con bienes declarados en el exterior que acepten repatriar el 30% quedarán exentas del diferencial del 50% que deberían pagar por esos bienes. Los fondos deberán permanecer “hasta el 31 de diciembre de 2021 depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular o afectados a alguno de los destinos que establezca el Poder Ejecutivo”.

Debate caliente

Una vez más, la discusión cayó en la grieta: ningún representante de los bloques minoritarios -a excepción de Romina Del Plá, del FIT- habló en la reunión. De cara al viernes, el oficialismo espera contar con las firmas de Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) y Diego Sartori (Fte. de la Concordia Misionero), integrantes de la comisión.

Juntos por el Cambio repitió que no se trata de un “aporte” sino de un “impuesto”, y consideró que esa discusión semántica es en realidad “un tema de fondo” que no quedó resuelto con las modificaciones anunciadas por Heller.

“Por más que busquen llamarlo aporte, se trata de un impuesto porque es obligatorio pagarlo, aunque sea por única vez, cuando ya tenemos un impuesto que afecta el patrimonio, que es Bienes Personales”, explicó el puntano Alejandro Cacace (UCR).

El diputado sostuvo además, con argumentos jurídicos, que debería ser un impuesto coparticipable y que “la mayoría de los gastos en salud” en el contexto de la pandemia “los llevan adelante las provincias”.

Por el Pro, Carmen Polledo se ofuscó: “Nosotros no somos los que defendemos a los ricos ni somos los malos del cuento. Todos estamos preocupados por lo que pasa en Argentina con los pobres”.

La legisladora habló de un “desbalance en términos de lo que hace el Estado y lo que se le pide a los privados”, tras lo cual pidió que en los tres poderes del Estado se rebajen los sueldos. “Nosotros también tenemos que ser ejemplares”, dijo.

La oficialista Fernanda Vallejos salió al cruce de Polledo. “Es muy difícil de sostener lo que plantea”, dijo, y tras recordar que “este aporte recae sobre menos del 0,02% de nuestra población”, se preguntó “cuáles son los intereses que se están defendiendo”.

“Es indudable que se trata de un universo de personas privilegiadas en una Argentina donde más del 40% de la población habita por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo Vallejos, titular de la Comisión de Finanzas, y añadió que este aporte “no le va a hacer ni una cosquilla” a las personas comprendidas.

Desde la Coalición Cívica, Javier Campos volvió a fustigar el proyecto y, en particular, la estimación de la AFIP acerca del universo alcanzado. “Que digamos que son 9.000 personas, a los fines técnicos, no cambia nada. La cantidad de gente alcanzada por este impuesto no tiene ningún interés en este tema. Imaginemos que una panadería tiene 100 clientes y uno de ellos es McDonald’s, que se va, y la empresa quiebra. Pueden ser muy pocos, pero pueden tener un efecto devastador sobre la economía argentina”, ejemplificó.

A continuación, Laspina sintetizó la posición de Juntos por el Cambio. “Vamos a votar en contra de este impuesto, aun cuando nos cueste votos en el corto plazo. No nos importan las encuestas, porque nosotros le tenemos que dar una alternativa de gobierno a la gente cuando este modelo fracase”, aseguró.

El santafesino enfatizó que “este impuesto, en este momento de la Argentina, es una pésima idea, sobre todo para el Gobierno, que se pega un tiro en el pie del cual va a ser muy difícil recuperarse”.

“El argumento no puede ser ‘mato a pocas personas en lugar de muchas’. Esa es una falacia muy peligrosa que nos deposita a milímetros del autoritarismo y de romper el Estado de Derecho. Esto no es ‘ricos versus pobres’: es ‘el Estado de Derecho y la Constitución versus la imposición caprichosa de una mayoría violentando los principios constitucionales’”, sentenció.

El diputado del Pro calificó al proyecto como “una señal terrorífica para los inversores” y, tras recordar que se sancionaron nueve emergencias al inicio de la gestión de Alberto Fernández, advirtió que “ninguna emergencia habilita violar la Constitución”.

Heller le respondió y se generó un momento de tensión, con varios diputados hablando a la vez. “Nosotros no creamos las emergencias, las crearon ustedes. Ustedes con sus cuatro años de neoliberalismos generaron esas nueve emergencias que tuvimos que poner en una ley para salir adelante”, retrucó el diputado, mientras el radical Facundo Suárez Lastra despotricaba frente a la pantalla, con su micrófono silenciado.

Además, el presidente de la comisión informó que impuestos como Ganancias y Bienes Personales “generan menos ingresos que el IVA”, que recae sobre el consumo, y por eso concluyó que “la carga impositiva la tiene la gente de a pie, no las grandes empresas”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, que preside Carlos Heller, volverá a reunirse de manera virtual este lunes, para reanudar la reunión que el miércoles pasado pasó a un cuarto intermedio, con el fin de seguir analizando el proyecto que crea un aporte extraordinario a las grandes fortunas.

Según confiaron fuentes legislativas, el objetivo del oficialismo es firmar este mismo lunes dictamen, de modo tal que pueda tratarse en el recinto en cuanto el oficialismo lo disponga, a sabiendas de contar con los votos necesarios para su aprobación, a pesar de que Juntos por el Cambio adelantó su postura contraria.

El presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció el miércoles pasado que el Frente de Todos buscará firmar dictamen este lunes, como así también que citarían a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

En la discusión del miércoles pasado, a lo largo de casi cuatro horas, Juntos por el Cambio -y con mayor énfasis, el radicalismo- criticó la iniciativa del Poder Ejecutivo, al sostener que no se trata de un “aporte” sino de un “impuesto” que, a juicio de los diputados de esa bancada, es inconstitucional y no servirá para reactivar la economía, sino para aumentar la presión tributaria.

“Sabíamos desde el principio que iban a estar los temas jurídicos. No hay ninguna ley que afecte intereses que no haya generado amparos o demandas. Habrá que ver si el Poder Judicial estará dispuesto a decir que no es constitucional una ley que tiene más del 70% de apoyo de la opinión pública, que afecta al 0,02% de las personas y que beneficia a muchos millones de personas”, señaló el miércoles el diputado Heller.

También está previsto que continúe el tratamiento del proyecto que prohíbe que las empresas radicadas en paraísos fiscales o que cometieron delitos probados de evasión fiscal puedan ser beneficiarias de programas de ayuda estatal. En este caso, Juntos por el Cambio anticipó que respaldará la iniciativa impulsada por el diputado kirchnerista cordobés Pablo Carro.

El diputado Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba) defendió este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda su proyecto para prohibir que reciban ayuda estatal las empresas radicadas en paraísos fiscales o con evasión fiscal probada.

Tras el debate sobre el aporte solidario de las grandes fortunas, Carro dejó planteada su iniciativa y Carlos Heller, titular de la comisión, dispuso que el próximo lunes se retomará la discusión, con el objetivo de firmar dictamen.

Desde Juntos por el Cambio, Luis Pastori anticipó que acompañarán el dictamen gracias a que el texto fue mejorado en su redacción.

Carro explicó que “se busca prohibir que el Estado otorgue asistencia económica y/o financiera a las empresas o personas que tengan domicilio en paraísos fiscales, o bien sean evasores fiscales probados” en “casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor”.

Como asistencia económica se considera “cualquier tipo de subsidio y/o moratoria, y/o condonación, y/o préstamo con tasas subsidiadas, y/o subsidio de tasa de interés en cualquiera de sus formas de implementación resultante de una norma o decisión que establezca o haya establecido el Estado nacional o alguna empresa con participación estatal mayoritaria”.

“El problema de la evasión tributaria es uno de los principales problemas de las democracias en el mundo. Por eso me resulta un sinsentido que el Estado esté brindando ayuda en este momento a empresas que se llevan la guita fuera del país”, advirtió el diputado oficialista.

Además, informó que según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) “hay 950 cuentas no declaradas en Argentina en paraísos fiscales, de más de un millón de dólares”.

Con fuertes críticas de la oposición, el proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas para morigerar los efectos de la pandemia comenzó a ser debatido este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará firmar dictamen la semana próxima.

A lo largo de casi cuatro horas, Juntos por el Cambio -y con mayor énfasis, el radicalismo- criticó la iniciativa del Poder Ejecutivo, al sostener que no se trata de un “aporte” sino de un “impuesto” que, a juicio de los diputados de esa bancada, es inconstitucional y no servirá para reactivar la economía, sino para aumentar la presión tributaria.

A pesar de los cuestionamientos, el presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció que el Frente de Todos buscará firmar dictamen el próximo lunes, en una nueva reunión convocada para las 16.30, a la que se citará a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

“Estamos hablando de un aporte extraordinario en una situación extraordinaria. Estamos hablando de solidaridad frente a los sectores más afectados. Hemos buscado la mejor ecuación, que afecte a la menos cantidad de personas humanas posible, permitiendo la mayor cantidad de ingresos probables”, explicó Carlos Heller, presidente de la comisión.

Y agregó: “Sabíamos desde el principio que iban a estar los temas jurídicos. No hay ninguna ley que afecte intereses que no haya generado amparos o demandas. Habrá que ver si el Poder Judicial estará dispuesto a decir que no es constitucional una ley que tiene más del 70% de apoyo de la opinión pública, que afecta al 0,02% de las personas y que beneficia a muchos millones de personas”.

Debate picante

En el debate sobresalieron las críticas de Juntos por el Cambio, como así también el silencio de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo: ningún diputado de las bancadas presididas por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón hizo uso de la palabra.

“Anticipo nuestro rechazo a la creación de este impuesto, y uso la palabra ‘impuesto’ porque contiene todos los elementos que lo configuran: es una ley; es de carácter coactivo; está expresado en dinero; ayuda a solventar el gasto público; y no tiene una correlación directa con un beneficio para el contribuyente”, arrancó el radical Luis Pastori.

Además, Pastori aclaró que “los impuestos pueden ser ordinarios o extraordinarios, por un tiempo limitado, como en este caso, que es por única vez”, y remarcó que “al ser un impuesto” y no un aporte, “le caben todas las garantías constitucionales”.

El misionero sostuvo que el proyecto “lesiona” distintos principios, entre ellos el de legalidad, con el riesgo de caer en “una doble imposición, que pude devenir en confiscatoria cuando sustrae una parte importante de la renta”.

También advirtió que se “viola” el principio de igualdad, porque aquellas personas con bienes declarados en el exterior deberán pagar una alícuota un 50% más alta, más allá de que -a partir de un cambio introducido por el oficialismo-, quedarán exceptuadas de ese diferencial si aceptan repatriar el 30% de esos bienes.

“Este impuesto atenta contra el crecimiento económico, contra la inversión y el ahorro, empeora las expectativas empresariales y es un factor de beligerancia social”, resumió Pastori, y pronosticó que la ley tiene “serias posibilidades de ser declarada inconstitucional”, tras lo cual pidió “dar una batalla seria” contra la evasión en lugar de avanzar con un nuevo impuesto.

Otro radical, Ricardo Buryaile, pidió “poner sobre la mesa la oportunidad, la necesidad y la conveniencia de este impuesto”, y por otro lado apuntó que “lo que estamos viendo en Argentina es un enorme esfuerzo del sector privado, que la está pasando muy mal”.

Buryaile aclaró que en Europa solo “España, Dinamarca y Suiza” cobran un impuesto similar, pero el resto de los países desistieron, más allá de propuestas de “partidos minoritarios”.

Asimismo, el diputado recordó los impuestos que se crearon en nuestro país por única vez y siguieron vigentes hasta hoy, como el impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios -más conocido como impuesto al Cheque- en 2001, y la suba del IVA.

El formoseño además alertó: “Estamos asemejando un tractor a una Ferrari. Estamos asemejando un campo a un piso en Puerto Madero. Estamos gravando activos productivos, cuando lo que tenemos que gravar son las exteriorizaciones de riqueza”.

Otro de los discursos más fuertes fue el de Javier Campos (Coalición Cívica), quien expresó: “Para un rico no solidario, que no quiere aportar, esto evidentemente sería malo, pero la pregunta es si esto que es malo para los ricos, es bueno para los pobres. Yo les digo con una mano en el corazón, y sin ponerme colorado, que esto es malo para los más necesitados”.

Respecto de las medidas de asistencia por la pandemia, el diputado se diferenció: “Yo no veo ningún esfuerzo del Estado: lo único que está haciendo es apretar un botón e imprimir dinero. Para mi, el esfuerzo es la gente que está manteniendo a sus empleados y sigue pagando impuestos con las puertas cerradas”.

Campos reveló que según encuestas -de las que no dio detalles-, “el 50% de la gente no apoya este impuesto”, aunque Heller lo interrumpió para responderle que otros sondeos hablan de una aprobación del 70%.

Por el Pro el único en hablar fue David Schlereth, quien advirtió que “pareciera que estamos hablando de megamillonarios, y no es así. Estamos hablando de gente que trabajó muchos años, que pudo crecer, que apostó al país, a sus empleados, a la inversión local, y le fue bien. Y tenemos que seguir trabajando para que le vaya mejor. Gente que hoy está utilizando sus ahorros para sostener el trabajo de sus empleados, y que de pagar este tributo, los pondría en serio riesgo”.

Desde el oficialismo, Marcelo Casaretto observó: “A nadie le va a interesar aportar más recursos al Estado, pero tampoco le preguntan a un trabajador o a un jubilado cuando tiene que pagar el IVA, o le descuentan el impuesto a las Ganancias. Tenemos un esquema donde la carga cae sobre el consumo y no sobre los patrimonios, y eso lo tenemos que cambiar”.

Casaretto subrayó que quienes pagarán el aporte “son los que están en la pirámide de la sociedad”. “Es de estricta justicia este aporte solidario y obligatorio por única vez. Es legal, es constitucional, no hay doble imposición, no va a llevar a ninguna empresa a la quiebra ni atenta contra la inversión. No sé si es un buen o mal momento, pero es necesario”, enfatizó.

A su vez, Fernanda Vallejos (Frente de Todos) destacó que “con esta contribución estamos fortaleciendo las respuestas del Estado ante la emergencia y la posterior reconstrucción de la economía”.

“El 80% de la riqueza declarada por el universo de contribuyentes abarcados por el aporte extraordinario está en el exterior. Significa que los 12.000 más ricos de Argentina mantienen el 80% de la fortuna que declaran fuera del país”, informó la titular de la Comisión de Finanzas, y reforzó: “Nadie de esas 12.000 personas va a ver afectado su standard de vida”.

También intervino Itai Hagman, quien confesó estar “sorprendido” porque creía que “este proyecto, que es de sentido común, iba a contar con el acompañamiento de la gran mayoría de esta Cámara”.

Hagman aclaró que “este aporte es sobre la riqueza personal” y que no quedarán alcanzados “los activos productivos o los pequeños productores, como se dijo en varios ejemplos”. “Si esto fuera así, esta contribución alcanzaría a 500.000 o un millón de personas”, retrucó.

“Me llama la atención que se critique este impuesto pero no se presente ninguna propuesta alternativa de cómo hacemos para recaudar. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para seguir asistiendo a la población? ¿De la clase media? ¿De los trabajadores? ¿De los sectores populares? Es obvio que lo tenemos que hacer sobre los sectores de mayor riqueza acumulada”, analizó el economista.

Nicolás Del Caño (PTS) cuestionó que “este debate llega casi seis meses después de las medidas de aislamiento, que agravaron la crisis económica que dejó el gobierno de Macri, y quienes más soportan esta carga son los trabajadores”.

“Este proyecto llega tarde y además es muy pobre. Plantea recaudar 3.000 millones de dólares con un impuesto que afecta solo el patrimonio y deja afuera las ganancias de los bancos, de las grandes empresas, de los grandes terratenientes”, planteó, y agregó que “el monto de lo recaudado es inferior a lo que se pagó este año en concepto de deuda a los acreedores extranjeros y a los organismos de crédito internacional como el FMI”.

Su colega Romina Del Plá (Partido Obrero) defendió el proyecto del Frente de Izquierda, que también plantea un aporte extraordinario por única vez, pero gravando las ganancias extraordinarias de empresas y bancos, propiedades terratenientes de más de 5.000 hectáreas y viviendas ociosas de más de 30 millones de pesos, con una recaudación estimada de “entre 15.000 y 20.000 millones de dólares”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, anunció en la reunión de este miércoles que el proyecto de aporte solidario sobre las grandes fortunas sufrirá cambios sobre las tenencias en el exterior, y se aclarará que la contribución es “obligatoria” para evitar la interpretación de que sería voluntaria.

“Todos somos conscientes de los enormes esfuerzos que el Estado nacional viene haciendo desde el inicio de la pandemia”, arrancó Heller, quien habló de “entre 850 y 900 mil millones de pesos en erogaciones extraordinarias”, y además vinculó la caída de la actividad “a la pandemia, y no a la cuarentena”.

En ese sentido, sostuvo que “en todos los países se ha producido una enorme caída de la actividad económica” más allá de las medidas de aislamiento, y ejemplificó que “Europa calcula que va a demorar entre dos y tres años en recuperar los niveles de actividad previos a la crisis”.

En este contexto, el oficialista explicó que la idea del aporte “se apoya básicamente en la situación extraordinaria” más allá del estado en que se encontraba el país al asumir Alberto Fernández. “Nadie en este país ni en el mundo podría negar que estamos ante un fenómeno impensado que ha alterado todas las previsiones y las expectativas”, acotó.

Detalles y cambios del proyecto

Heller señaló que se buscó “encontrar el punto ideal entre la menor cantidad de personas alcanzadas y la mayor expectativa de recursos a obtener”, y reveló que la cantidad de personas obligadas a realizar este aporte “va a estar más cerca de 10.000 que de 12.000”, como se estimaba en un principio.

De todos modos, el diputado aclaró que “eso tal vez no modifique demasiado las estimaciones que tenemos de ingresos, porque probablemente haya habido un proceso de desconcentración de riqueza personal en los niveles más altos de estas escalas”.

El titular de la comisión recordó que se tomará el patrimonio declarado al 31 de diciembre de 2019 a partir de los 200 millones de pesos, con una alícuota del 2% que asciende gradualmente hasta llegar al 3,5% para quienes tienen declaraciones de Bienes Personales superiores a los 3.000 millones de pesos.

El proyecto establece que en el caso de los bienes declarados en el exterior, las alícuotas se incrementan en un 50%, pero a partir de un agregado que sufrirá el texto, las personas alcanzadas quedarán exceptuadas de pagar ese diferencial “si aceptan repatriar el 30% de sus tenencias financieras en el exterior”.

En cuanto al destino de lo recaudado con el aporte solidario, Heller especificó que un 20% será para equipamiento médico; un 20% para subsidios a las MiPyMEs; un 20% para el programa Progresar; un 15% para la urbanización de barrios populares; y un 25% para la exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Por otra parte, ante un planteo de Ricardo Buryaile (UCR) acerca de que “si es un aporte, puede ser voluntario”, el presidente de la comisión anunció: “Vamos a ponerle la palabra ‘obligatorio’, para terminar con la interpretación de algunos de que como es un aporte, podrá ser voluntario”.

Por último, Heller anunció que habrá “una cláusula para intentar captar a los residentes en el exterior por sus tenencias accionarias en empresas residentes en el país”. “Hemos escuchado comentarios y críticas respecto de que había un tratamiento desigual con aquellos que habían cambiado de residencia y que podían no quedar alcanzados por la ley”, señaló.