El exlegislador nacional que padece ELA contó por primera vez su íntimo deseo, que quedará librado a la autorización de su familia. “Esa es mi misión”, confió.
“¡Qué te mueve a vos en esta etapa de tu vida a seguir batallando en la política, estar tan comprometido con la vida pública? ¿Cuál es el motor para esa esperanza, porque evidentemente tenés una esperanza?”, fue la pregunta que le hizo el periodista Carlos Pagni a Esteban Bullrich, quien se expresa a través de un sofisticado sistema basado en una plataforma que permite crear una versión digital de la voz original de la persona antes de perder la capacidad de hablar.
El ex diputado y senador nacional del Pro se comunica escribiendo mensajes que son reproducidos con esa voz digital. Y para escribir sus mensajes utiliza un teclado virtual que controla con la mirada, letra por letra, hasta formar las frases que luego se convierten en audio. Esta tecnología se basa en inteligencia artificial.
Por esa vía, Bullrich contó cuál es el motor de esa esperanza: “Primero, Dios me sostiene. Segundo, cuando renuncié al Senado, dije que renunciaba a los honores, pero no a la lucha. Y la lucha sigue siendo la misma: dejarle un mejor país a mis hijos”.
“A veces no entienden que esa es mi misión en la vida. Mi hija mayor me dijo: tu misión es ser mi papá… Los entiendo perfectamente, voy a ser su papá aunque me muera, pero cuando uno siente tanto que encontró su misión, no puede escapar. Obvio que (su esposa) María Eugenia y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar como candidato a presidente en 2027”, anunció finalmente este lunes por la noche en el programa Odisea Argentina. Y agregó: “Creo que aunque pierda puedo unir a los argentinos, y esa es mi misión”.
Esteban Bullrich concluyó señalando que “hace tiempo que solo puedo mover mis ojos, y los ojos son la puerta del alma”, por lo que sostuvo que la campaña se basaría en hablarle “al alma de los argentinos”.
“Pero repito: María Eugenia y mis hijos tienen la última palabra, no podría hacerlo sin ellos”, aseguró el exministro de Educación de la Nación.

A través de declaraciones y proyectos, condenaron la nueva embestida presidencial contra el sector, en este caso personalizada contra Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad
En el marco de una nueva embestida contra el periodismo, el presidente Javier Milei anunció el jueves en el marco de su incursión por el programa de streaming del Gordo Dan que denunciaría a tres periodistas. Y este viernes cumplió.
Al periodista Carlos Pagni lo denunció por presuntas “calumnias” e “injurias” a raíz de dichos que le adjudica, que habrían tenido "clara intención" de comparar de manera "insidiosa" a Adolf Hitler con su persona. También denunció a Viviana Canosa y Ari Lijalad por las mismas figuras penales en relación a otros episodios de los que dice haber sido víctima.
“Estoy HARTA de enterarme todos los días de nuevas muestras de hostilidad del presidente hacia los periodistas. Pero saber que el presidente de mi país, elegido por el voto popular, ha iniciado una demanda por daños y perjuicios contra Ari Lijalad, Carlos Pagni y Viviana Canosa, invocando calumnias e injurias, es directamente inadmisible”, expresó la diputada Karina Banfi, quien recordó que “en nuestro sistema jurídico, los delitos de calumnias e injurias están despenalizados. El uso de la vía civil para litigar estos casos es excepcional y debe evaluarse con criterios muy restrictivos. Así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel vs. Argentina, al que nuestro país debió allanarse”.
Banfi cerró diciendo que “cuando se trata del más alto funcionario del Estado, cualquier crítica o referencia tiene carácter de interés público. Por eso, toda acción judicial de su parte puede generar un efecto silenciador, promoviendo la autocensura y poniendo en riesgo el patrimonio de los periodistas, pero sobre todo, afectando gravemente la libertad de expresión”.
Presentan proyectos
El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, Pablo Carro, acompañado por otros pares presentó un proyecto para “frenar el avance autoritario de Milei contra la libertad de prensa”, en el que sostiene que el mandatario “usa al Estado como aparato de intimidación para silenciar críticas y blindar un plan de ajuste brutal”.
El proyecto de resolución habla de “campaña de descrédito, intimidación y persecución de la actividad periodística” por parte del presidente de la Nación y su equipo de comunicación, “utilizando la investidura y recursos públicos contra columnistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación”.
La iniciativa que es acompañada por Germán Martínez, Carolina Gaillard, Diego Giuliano, Juan Marino, Graciela Parola, Gisela Marziotta, Juan Manuel Pedrini, Lorena Pokoik, Leandro Santoro, Guillermo Snopek y Eduardo Valdés, rechaza las presentaciones judiciales contra los periodistas Canosa, Lijalad y Pagni, “a través de los cuales se pretende manipular la legislación vigente sobre calumnias e injurias ante la opinión pública, en una nueva escalada de incitaciones al descrédito y al odio”.
También desde el bloque Democracia para Siempre impulsaron un proyecto a cargo de la diputada pampeana Marcela Coli, a quien acompañaron legisladores de distintos bloques, para expresar un enérgico repudio a las declaraciones del presidente Javier Milei contra seis reconocidos periodistas argentinos.
El proyecto condena las expresiones vertidas por el jefe de Estado el pasado 8 de mayo durante una aparición en un programa conducido por el militante libertario Daniel Parisini, en el que calificó a periodistas como “infradotados”, “mandriles”, “ensobrados” y “lacra inmunda”, "prostitutas de los políticos", e incluso instó a la audiencia a redoblar el rechazo hacia el periodismo con frases como: “Si vos odiás al político, al periodista odialo más”.
“Estas declaraciones constituyen una inadmisible estigmatización del ejercicio de la labor periodística y una amenaza directa al principio fundamental de la libertad de expresión”, expresó Coli en los fundamentos del proyecto, en el que además se hace referencia a informes de ADEPA, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras que alertan sobre el deterioro de la situación de la prensa en Argentina.
En simultáneo, la diputada pampeana envió una nota a la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, María Emilia Orozco, solicitando la convocatoria urgente de ese cuerpo parlamentario para tratar el proyecto. En la misiva, Coli advierte que “la comisión se encuentra virtualmente paralizada, sin reuniones ni tratamiento de los múltiples proyectos que abordan los continuos ataques a la libertad de prensa”, y reclama que se convoque también a los periodistas afectados y a representantes de Reporteros Sin Fronteras.
“Esta situación no puede desvincularse del preocupante contexto actual, y exige tratamiento urgente en el ámbito parlamentario correspondiente”, subraya la nota, que denuncia el retroceso del país en los rankings internacionales de libertad de prensa y la desprotección institucional frente a hechos de suma gravedad.
Con esta iniciativa, Coli y los legisladores coautores buscan instalar en el Congreso un debate que consideran “imprescindible” sobre los límites del discurso presidencial y la defensa del periodismo como pilar del sistema democrático.
Acompañan el proyecto los diputados Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Danya Tavela, Esteban Paulón, Pablo Juliano, Melina Giorgi y Karina Banfi.
Es por el auspicio del propio Milei, con la banda presidencial, en la campaña publicitaria de una escuela de altos estudios ligada a una figura muy cercana al mandatario.
El periodista Carlos Pagni comentó el tema en su editorial del último lunes.
Los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro efectuaron este martes una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra el presidente de la Nación Javier Gerardo Milei.
La acción judicial es por la presunta violación de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y al decreto 41/1999 Código de Ética Pública, que establecen principios fundamentales de transparencia, imparcialidad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.
La denuncia surgió de la instrumentación de la denominada “Beca de la Presidencia de la Nación”, realizada por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), una entidad educativa de carácter privado que utiliza la imagen y los atributos del presidente de la Nación para promocionar una iniciativa de esa casa de altos estudios, valiéndose del efecto publicitario que genera la investidura del presidente de la Nación.
El dato fue difundido hace unos días por el sitio El Canciller, y amplificado el lunes pasado por el periodista Carlos Pagni en su programa de La Nación+. De ahí lo recogieron los diputados Frade y Ferraro para efectuar la denuncia en la que se valen de la promoción de la beca que hace la propia ESEADE, una institución educativa inspirada por Alberto Benegas Lynch, figura del ámbito académico que resulta señera de los postulados económicos que sostiene el presidente Milei.
En la promoción de la entidad se destaca el lanzamiento de una campaña publicitaria masiva en la vía pública que se desplegará durante cinco semanas en diversos puntos estratégicos de la Capital Federal, con el objetivo principal de dar a conocer la nueva Beca ESEADE Presidencia de la Nación.
La propia información publicada en la página de la institución educativa también exhibe un afiche con la imagen del presidente Milei, portando uno de los atributos del mando: la banda presidencial.
Los diputados de la CC hacen especial hincapié en la “vinculación especial entre el presidente de la Nación y la institución educativa mencionada, con afinidades que van más allá del contenido académico, llegando hasta una vinculación personal con el fundador del establecimiento”.
“A partir de esta novedosa forma de promocionar o difundir el otorgamiento de las 30 becas que ofrece la escuela de altos estudios -prosigue la denuncia-, corresponde analizar cuál es el carácter legal de la vinculación entre la mencionada universidad privada y el jefe de Estado. En especial porque la publicidad expresa, textualmente, que la presidencia de la Nación tendría un rol en la postulación o selección de los aspirantes a obtener la promocionada beca”.
En efecto, en un párrafo de la publicidad se expresa que “la beca será asignada por un consejo académico y validada por la Presidencia de la Nación”.
Lo cual hace pensar a Frade y Ferraro que “no solamente es la figura emblemática del presidente la que aporta contenido a la campaña publicitaria, sino que también existe un mecanismo de participación del Gobierno nacional en la decisión final de selección entre los candidatos a obtener la beca”.
Tras agregar que el propio presidente posteó en su cuenta oficial de Instagram el contenido publicitario de la Beca ESEADE – Presidencia de la Nación, interpretan los legisladores que existe “un conflicto de intereses y un uso indebido de los recursos públicos (en sentido amplio), lo cual afectaría la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado”.
Fue cuando el periodista Carlos Pagni le preguntó cómo pensaba negociar con el Congreso, si llega a ser presidenta.
Entrevistada por Carlos Pagni en Odisea Argentina, en La Nación+, la precandidata presidencial Patricia Bullrich observó que “la Argentina no ha tenido diálogos para el cambio. La Argentina ha tenido diálogos para mantener el status quo. Entonces, ¿yo soy dialoguista o no? Bueno, depende. Si el diálogo me hace avanzar, dialogo”.
Dentro de esta perspectiva, le dijo el entrevistador, “te voy a preguntar sobre algo que vos conocés como poca gente: ¿Cómo te vas a manejar con el Congreso? Porque después necesitás sacar leyes, donde después las cosas no son tan nítidas, donde hay que negociar…”.
“¿Cómo te imaginás vos mirar el Congreso, donde estuviste muchísimo tiempo, desde el Poder Ejecutivo?”, le preguntó el periodista.
“Bueno, yo en el Congreso hice acuerdos que significaron construir una mayoría que terminó en una mayoría opositora totalmente diferente a la que había tenido el Congreso -recordó la precandidata-. Nosotros pasamos de ser 50 (diputados) a ser una mayoría en el año 2009. Y eso yo lo conduje”, señaló en referencia a lo que se conoció como el Grupo A, en Diputados, luego de la derrota legislativa del kirchnerismo en las elecciones de 2009.
Continuó: “Así que digamos, si vos tenés determinado cuál es el objetivo, vas a encontrar cuáles son los aliados que necesitás… Te faltan dos, tres, cinco diputados, bueno, habrá diputados liberales que entren al Congreso que entenderán las cosas que se puedan hacer, algunas sí, y otras no… Habrá provincias que quieren defender determinadas economías, y quieren hacer determinados acuerdos, y bueno, harán determinados acuerdos. ¿Pero para qué? Para una dirección. Porque hay momentos en los que si vos tenés el cambio acá y el no cambio acá, hay un punto de inflexión que si vos lo bajás, el cambio se transforma en continuidad”.
Y continuó: “Entonces, ¿cuánto es ese punto? ¿Hasta dónde vos vas a lograr que te desarmen tanto las leyes que te las conviertan finalmente en un instrumento exactamente lo contrario de lo que vos querías?
Fijate lo que pasó en nuestro Gobierno con la Ley de Alquileres. Fue una negociación, se negoció con Massa, ¿y qué fue? Una espada de Damócles terrible… ¿Entonces negociaste para qué? ¿Para perder la propia legitimidad de tu propia gente, y para qué sirvió? Para que nadie tuviese una solución”.
Así lo planteó el bloque oficialista de Diputados, a partir de la información difundida por el periodista Carlos Pagni.
Cuando el periodista Carlos Pagni habló de los abogados del líder de lo que se ha dado en llamar “la banda de los copitos”, citó a Brenda Salva, asesora de una diputada nacional que no mencionó, pero sí aclaró que era del Pro. Previsiblemente el bloque oficialista de la Cámara baja reaccionó señalando a la legisladora en cuestión y reclamándole que separe de su equipo a la abogada en cuestión.
La diputada del Pro es Karina Bachey, de la provincia de San Luis, elegida en las últimas elecciones que ganó Juntos por el Cambio en ese distrito.
“Es imprescindible que la diputada nacional del Pro Karina Bachey separe con urgencia de su staff de asesores a Brenda Salva, abogada defensora de Gabriel Carrizo”, señalan desde el bloque que conduce Germán Martínez. Para los diputados del Frente de Todos, “su permanencia contradice el apego a la convivencia democrática en la que debe funcionar la Cámara de Diputados”.
“Somos las y los diputados quienes elegimos a nuestros colaboradores. Y somos nosotros los que tenemos que, individualmente, pedir su baja administrativa”, plantearon los legisladores a través de Twitter, concluyendo con este reclamo: “Basta de mirar hacia el costado. Si queremos más democracia, separemos a asesores/as que defienden a estos personajes”.
¿Qué dijo Pagni en su editorial del lunes pasado? “El propio Carrizo, vendedor de copitos de azúcar, tiene dos abogados más. Una es Brenda Salva, que curiosamente es asesora de una diputada del Pro. Pueden ser todas casualidades, seguramente. Pero hay otro detalle más inquietante. Aparece otro abogado de este mismo vendedor, Fernando Sicilia, que es defensor de dos personas que fueron noticia durante los últimos dos o tres años: Leandro Araque y Facundo Melo. Son dos integrantes de la banda de espionaje ilegal que trabajaba a las órdenes de Silvia Majdalani en la AFI durante el gobierno de Macri”.
Pagni detalló que “Araque es un espía que fue reclutado por la AFI de la Policía Metropolitana. Melo es un abogado que navega por todos los ríos. Es curioso que un abogado como Sicilia tome como cliente a este otro imputado que es un vendedor de copitos de azúcar. Entonces, la primera pregunta obvia es ¿Quién paga estos abogados? ¿Lo quieren cuidar a Carrizo o hay que proteger a alguien que puede estar ligado a él? Quizá no esté ligado a Carrizo por el atentado contra Cristina, sino por otras actividades vinculadas con la vida de los vendedores ambulantes que, a lo mejor, venden otras cosas. Lo cierto es que aparece ahora una especie de jefe de esta banda que tiene abogados ligados de un modo u otro a la política y a causas de espionaje. La pregunta que uno se hace es cuánto algodón de azúcar hay que vender para pagarle a estos abogados. Todo esto empieza a tener otra densidad”.
Citó la reacción generada por determinados sectores en 2017 contra la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri como lo que después sucedería en países como Chile, Colombia y Ecuador contra administraciones del mismo color político.
En su paso por Odisea Argentina, el programa de Carlos Pagni en La Nación+, el diputado nacional Luciano Laspina dejó varias definiciones interesantes, pero una visión muy particular e inquietante respecto de los fenómenos que se están dando en la región, que consideró como “de desestabilización”. Y como para situarnos en el centro de la escena, advirtió que estos cuadros se iniciaron nada menos que en nuestro país.
Tras estimar que, a diferencia del inicio de la gestión de Cambiemos, “ahora sí hay un sector muy grande de la sociedad que ve algo que no veía en 2015, y que es que el modelo del kirchnerismo está agotado”, señaló que más allá de eso, “lo que tenemos que explicar es que el intento de salida que genera el presidente Macri motivó otros problemas, y generó el problema de la deuda, que tuvo que ver entre otras cosas con el gradualismo”. Algo que definió como “un intento de salida del déficit fiscal, que buscaba bajar el gasto público y bajar los impuestos”. En ese marco, dijo que “hasta que se convergía al equilibrio fiscal se tomó deuda, y esa deuda nos generó una turbulencia financiera”.
“Con una salvedad, que tiene que ver como lección para lo que viene, que es diciembre de 2017, que a veces pasa inadvertido en el análisis histórico de lo que fue el Gobierno de Mauricio Macri -agregó-. Porque fue, creo yo, la primera desestabilización en Latinoamérica a un gobierno de centro liberal o de centro de mercado, que estaba intentando hacer reformas de consolidación fiscal pro mercado”.

En ese sentido, el diputado de Juntos por el Cambio sostuvo que “las 14 toneladas de piedras (en la Plaza de los Dos Congresos) anticipó lo que pasó después en Chile; lo que le pasa a Colombia; lo que le pasó al propio Ecuador, a pesar de que después volvió a ganar la centroderecha; las declaraciones de hace algunos días del Foro de San Pablo, diciendo que ellos apoyaban todos los movimientos insurreccionales en países que buscaban reimponer el modelo neoliberal… Y ese fue un golpe político tremendo para el Gobierno de Mauricio Macri, porque lo dejó totalmente en shock desde el punto de vista político, y venía de arrasar en las elecciones parlamentarias”.
Así las cosas, Laspina alertó que “esto lleva a unfenómeno preocupante en las democracias latinoamericanas, que es, como vos llamás,el deslizamiento autocrático de los gobiernos de centroizquierda populistas y paradójicamente la debilidad institucional de los gobiernos de centroderecha, lo cual te lleva a una radicalización”.
¿Por qué? “Porque si vos de un lado tenés a un desestabilizador, lo único que podés tener del otro lado es un gobierno estilo (Nayib) Bukele en E Salvador de centroderecha populista liberal con sesgo autoritario, lo cual es nefasto, y sobre lo cual tenemos que reflexionar mucho la clase política. Porque es un desafío enorme para las reformas que vienen”.
En una entrevista detalló las oportunidades que se le plantearon en 2016 y que no supo o no pudo aprovechar. Definió al vigente como un “populismo económico” y si bien consideró que La Cámpora “ha madurado”, dijo que “sus ideas atrasan 30 años”.
El diputado de Juntos por el Cambio Luciano Laspina sostuvo que el actual gobierno mantiene un modelo de crecimiento gestado durante el kirchnerismo, al que el gobierno de Cambiemos “intentó cambiar”, pero “no llegó a corregirlo”. El diputado santafesino habló de “populismo económico” y detalló sus rasgos como un “sesgo antiexportador, antiinversor y antiempleo en los tres niveles de gobierno, tanto en materia tributaria, como materia regulatoria”.
características que definió como “un cepo al crecimiento”, por lo que consideró que “sin revisar esa agenda, es imposible que Argentina vuelva a crecer”.
Entrevistado por Carlos Pagni en “Odisea Argentina”, por La Nación+, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja aseguró que “Argentina es una máquina de impedir generar empleo”, y puso como ejemplo la Ley de Teletrabajo recientemente aprobada por el Congreso. Recordó que él no la votó, pero reivindicó a su vez el voto en contra de Juntos por el Cambio en el Senado -en la Cámara baja el resultado fue más amplio-. Ese es pera él “el último ejemplo que dimos como dirigencia política de una ley que va a contramano de lo que se necesita para crear empleo. Y así en todos los niveles”.
“Ese modelo está agotado y Argentina no va a salir de la depresión económica aun con el acuerdo de la deuda. Incluso aunque estabilicemos las cuentas fiscales, es un problema más complejo”, dijo. Laspina sostuvo que “hay un error de diagnóstico y por supuesto que hay conflictos de poder” en esta administración.
Agregó que a su juicio, “para salir del populismo, para dar vuelta la página, yo creo que vos necesitás una coalición política amplia, transversal a los partidos, con un diagnóstico común. Yo creo que esa es una primera lección que dejaron los cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio”, dijo, aunque reconoció que “es fácil decirlo, muy difícil hacerlo en la práctica”.
“En 2016 fue un intento que después se abortó”, reconoció, al recordar la experiencia de Sergio Massa en Davos acompañando a Mauricio Macri. “Era una forma de decir: hay otra oposición distinta”, observó.
El periodista le recordó que ahora Alberto Fernández lo tiene a Massa a su lado. “Pero no alcanza, porque ahora está Cristina, que dinamita esa posibilidad”, advirtió Laspina, que reconoció también que “en aquel momento había algunos sectores de nuestro gobierno que dinamitaron esa posibilidad”, y añadió: “Yo me acuerdo de haber recibido inversores en 2016, cuando Argentina era una estrella en los mercados de capitales, y les decía: ‘Bueno, mirá, si nos va mal a nosotros, lo tenés a Sergio Massa, a Urtubey, a Schiaretti y a María Eugenia Vidal. ¿Con cuál te quedás? Obviamente los inversores con cualquiera de esos veían que no había una vuelta al populismo. Entonces, una segunda lección que dejan los 4 años de Cambiemos es que salir del populismo requiere necesariamente recrear una oposición de centro nacional, que sea alternativa de gobierno, sino volver al populismo y al péndulo”.
“Tambien, fácil de decir, muy difícil de hacer”, reconoció, y en ese sentido puso 2016 como “un ejemplo donde nosotros teníamos una oposición que apoyaba las leyes, y nos metía un montón de leyes en contra… Hasta la ley antidespidos. Cuando esa coalición opositora de centro racional empieza a desdibujarse y nosotros quebramos esa alianza -porque esto es como un matrimonio, nunca hay un solo culpable-, el Gobierno de Macri pierde gobernabilidad. Ese centro racional se diluye y emerge como alternativa a una crisis el kirchnerismo, que es la vuelta al populismo. Y eso condicionó al Gobierno de Macri”.
En otro pasaje, Luciano Laspina dijo que ve a Alberto Fernández “como un presidente sin un proyecto político, un presidente de transición”.
Respecto de La Cámpora, consideró que “ha madurado, tiene exponentes más dialoguistas”, y lo atribuyó a que “entienden que el ascenso al poder, que podrá darse tal vez con Mäximo Kirchner, requiere no ser una opción radicalizada”.
Y si bien habló de una “maduración personal” de ese sector, advirtió que “cuando rascás un poco sus ideas, atrasan 30, 40 años”.
Por otra parte señaló que La Cámpora “hoy es un factor de poder”, y observó que actualmente tienen alrededor de 60 diputados. En 2023 el presidente que llegue va a tener que sentarse a dialogar con La Cámpora”, porque el deseo de esa agrupación es “llenar las listas de diputados. Tienen un proyecto de poder y superación hacia adelante”.
Ante ello, observó que “un presidente que no lo tiene está debilitado”.
La vicepresidenta de la Nación detalló una serie de elementos que probarían que los jueces actuaron con segundas intenciones al detener a algunos exfuncionarios del kirchnerismo.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la emprendió una vez más contra la Justicia al insistir la instalación del Lawfare, que refiere como “un plan sistemático que requiere la articulación de medios de comunicación, sectores del Poder Judicial y agencias y organismos del Estado para atacar y destruir a opositores políticos”.
En ese marco, la exmandataria cargó contra la Corte Suprema, a la que acusa de inacción ante “los escandalosos mecanismos del Lawfare”.
En una extensa sucesión de tuits, la exmandataria arrancó diciendo que “un conocido periodista acaba de ‘informarnos’ (claro que cuatro años después) que en el año 2016 el diario La Nación estuvo a punto de dedicar una tapa de domingo a los jueces de Comodoro Py que no habían ‘perseguido” a funcionarios de nuestros gobiernos”.
El periodista en cuestión y al que Cristina no nombra es Carlos Pagni, quien hizo esa referencia en el editorial de su programa Odisea, que se emite los lunes por La Nación+, y sobre el cual agregó que “dijo también que, a partir de ese dato, un juez federal ‘paró la publicación de la tapa’ ordenando la detención repentina de un exfuncionario -y yo agrego- que, además, había dejado de serlo… ¡en el año 2009!”. En este caso el exfuncionario es Ricardo Jaime.
“Dicen que una verdad a medias es una mentira y resulta que lo que no contó el conocido periodista es que justamente ese domingo, 3 de abril de 2016, en el que supuestamente iba a aparecer la famosa tapa con los jueces de Comodoro Py”, agregó la vicepresidenta, para señalar luego que “era el mismo domingo en que se iba a dar a conocer a nivel mundial el escándalo de los Panamá Papers en el que estaba directamente involucrado el entonces presidente Mauricio Macri. Fue por eso que el juez Ercolini, el día anterior, ordenó la detención del exfuncionario”.
Según Cristina, “la verdad completa es que: o metían preso a un exfuncionario o publicaban la tapa con la foto de los jueces. El objetivo era el mismo: tapar y encubrir a Macri en un escándalo que provocó la renuncia de presidentes, primeros ministros y ministros en todo el mundo”.
Agrega la exmandataria que “como dicha detención no fue suficiente para tapar la magnitud del escándalo que se desató con los Panamá Papers, por estar involucrado nada menos que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a los dos días de ese domingo se ordenó otra prisión preventiva…”. En este caso señala a “un empresario detenido en el aeropuerto de San Fernando cuando llegaba de Río Gallegos para asistir precisamente a una indagatoria en Comodoro Py, con la ridícula excusa que el avión ¡que ya había aterrizado!... ‘no tenía plan de vuelo’”. El empresario es Lázaro Báez.
“He sostenido y sostengo que en la Argentina y en la región se instaló el Lawfare: un plan sistemático que requiere la articulación de medios de comunicación, sectores del poder judicial y agencias y organismos del Estado para atacar y destruir a opositores políticos”, puntualiza Cristina Fernández, que concluye diciendo que “finalmente es La Nación, a través de uno de sus principales columnistas, el que describe a medias y a conveniencia algunos de los escandalosos mecanismos del Lawfare sin que hasta el momento en la Corte Suprema, responsable última del Poder Judicial, se les mueva un pelo”.
“Ahora, que las cosas empiezan a quedar al descubierto y que se desnudan los mecanismos de la persecución de opositores y del encubrimiento de la corrupción macrista, es más fácil entender la necesidad de volver a poner a la Justicia en la senda que la República le impone”, remata la vicepresidenta de la Nación.