Se trata de una modificación a la Ley 23.789, impulsada por el diputado oficialista Carlos Ponce.
En la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que propone la gratuidad de los telegramas laborales enviados por los derecho-habientes.
La iniciativa, impulsada por el oficialista Carlos Ponce, incluye cualquier comunicación sobre los trabajadores fallecidos dirigida a los empleadores y a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Algunas pueden ser el cobro de indemnizaciones, seguros y liquidaciones.
Desde 1990, por medio de la Ley 23.789, los telegramas que envía el trabajador a su empleador, el jubilado y/o pensionado a la obra social o a una asociación sindical que los represente son gratuitos.
El proyecto se votó en paquete junto a otros, resultando la votación con 200 votos afirmativos y 2 negativos.
Durante el encuentro analizaron la necesidad de repensar la inserción internacional argentina frente al nuevo contexto internacional.
Un plenario de las comisiones de Economía y de Agricultura y Ganadería recibió este miércoles a representantes del Grupo de Países Productores del Sur, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
En el marco de la reunión informativa, el diputado Pablo Cervi (Evolución radical), presidente de la Comisión de Economía, señaló: “Creo que Argentina tiene una gran oportunidad y es importante mirar un poco hacia adelante. Tenemos que ver hacia dónde va el mundo y cómo podemos insertarnos, como país, en él”.
Desde el Frente de Todos, el vicepresidente primero de la Comisión de Agricultura y Ganadería, diputado Carlos Ponce, expresó: “Estamos en un camino correcto, pero tenemos que seguir sancionando leyes que beneficien al campo y a todo el país”.
Desde Países Productores del Sur para Argentina, Eduardo Serantes explicó que “el grupo Productores del Sur es un centro de pensamiento entre el sector privado y el sector agroindustrial de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que busca demostrar que tenemos un sistema más sustentable que otros competidores”.
Por su parte, desde el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Martín Piñeiro, enfatizó en “la necesidad de repensar nuestra inserción internacional frente al nuevo contexto internacional que estamos enfrentando”.
Durante su exposición, además, se refirió a la situación de la agricultura y la inserción de Argentina a nivel mundial, y en ese sentido, indicó que, luego de varios sucesos internacionales, tales como la guerra Rusia-Ucrania, “la geopolítica comienza a estar entrelazada con el comercio”.
“La crisis puso en evidencia la importancia estratégica de los alimentos y la energía a nivel mundial”, aseguró, al tiempo que remarcó: “Mantener el multilateralismo en el sector de alimentos es un elemento de particular importancia”.
Desde la Bolsa de Comercio de Rosario, Guido D’Angelo se refirió a las consecuencias de la pandemia del Covid-19 a nivel mundial y al conflicto Rusia-Ucrania, al señalar que “mostraron un esquema donde los precios internacionales de los alimentos y la energía empiezan a subir en un contexto donde las cadenas globales de valor siguen tensionadas”.
En la misma sintonía, su par Emilce Terre agregó: “Aumentaron dos insumos claves para la producción de la gran mayoría del mundo que consume el mundo, y también, para el agro: los fertilizantes y el gasoil”.
Por último, Agustín Tejeda Rodríguez, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, mencionó la “necesidad de buscar soluciones a la crisis energética y alimentaria a nivel mundial”, y en esa línea, destacó que “la Ley de bio y nanotecnología, sancionada en el Congreso Nacional, ha dado grandes soluciones a la agricultura argentina”.
“Necesitamos una política distinta, sobre todo, en lo que respecta a la inserción y negociación internacional. Se trata de una política inteligente que pueda sortear las tensiones y los nuevos escenarios políticos mundiales para poder maximizar las relaciones comerciales con el mundo”, concluyó.
La iniciativa del puntano Carlos Ponce establece que el porcentaje a distribuir entre los trabajadores es del 10% de las ganancias netas de la empresa una vez realizadas las deducciones admitidas por la normativa vigente.
El diputado nacional Carlos Ponce (Frente de Todos – San Luis) e integrante del sindicato de trabajadores del plástico y secretario general de la CGT-Regional Villa Mercedes, presentó un proyecto de ley para que los trabajadores participen de las ganancias de las empresas.
Según el legislador oficialista es “un derecho largamente postergado que figura en la Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1957- tras el golpe de Estado cívico-militar- eclesiástico que dejó sin efecto la reforma constitucional de 1949- El artículo 14 bis reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la gestión”.
El radical quedó al frente de la comisión que pasó a manos de la oposición. En las vicepresidencias fueron elegidos el oficialista Carlos Ponce y el macrista Pablo Torello.
En la seguidilla de constitución de comisiones en la Cámara de Diputados, se conformó este jueves una clave: la de Agricultura y Ganadería, que a partir de este año estará en manos de la oposición.
Durante el encuentro fue ungido presidente el radical Ricardo Buryaile, exministro de Agroindustria durante el gobierno anterior. "Venimos a trabajar para mejorar la situación de la Argentina. Como presidente no vengo cavar trincheras, vengo a que trabajemos para que le vaya mejor a la Argentina", aseguró al tomar la palabra.
El formoseño reconoció que "en muchas cosas seguramente estaremos de acuerdo, en otras no, pero trataremos de llevarlo de la mejor manera posible". Además, resaltó que "hace mucho tiempo", precisamente unos "10 o 12 años" que "no llega al recinto un proyecto trascendente de agricultura desde esta comisión". "Es un deber que nos debemos", agregó.
"La idea de la comisión es trabajar puertas abiertas", afirmó el legislador de Juntos por el Cambio, que prometió "trabajar con el Frente de Todos" porque "no venimos a confrontar".
En cuanto a la realidad del sector, enumeró que "hay problemas impositivos, crediticios, estructurales, hay problemas de regulación de tecnología, de aplicaciones, de buenas prácticas agrícolas, de organismos".
"Es necesario mejorar la situación del sector, es necesario acordar una política que se proyecte en el tiempo para el sector agropecuario, no soluciones coyunturales", completó.
Por su parte, el oficialista Carlos Ponce, designado como vicepresidente, sostuvo: "Estamos en una tarea realmente difícil, que requiere un fuerte compromiso por parte de todos". En esa línea, convocó a trabajar "pensando no en una cuestión ideológica, sino que trabajemos pensando en una sola bandera, que es la argentina".
El puntano abogó por trabajar "juntos" lejos de "cualquier show de peleas mediáticas y absurdas". "Que esto no sea un rin", pidió, sino por el contrario "que estén por sobre todas las cosas las propuestas, las ideas, que las podamos discutir con mucho criterio y le podamos llevar soluciones al Poder Ejecutivo".
A su turno, el macrista Pablo Torello, que asumió como vicepresidente segundo, también llamó a "trabajar juntos, con buena voluntad" porque "le debemos a la Argentina y a un sector que es un gran aportante de recursos, y un gran pilar, un conjunto de leyes". "Le pedimos mucho a ese sector y creo que les tenemos que dar las herramientas", sumó.
Durante la elección de autoridades, fueron designados secretarios Nelly Daldovo (FdT), Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal). En tanto, quedó pendiente una secretaría para el oficialismo; y también la designación de otro vocal de la comisión, que deberá tener 35 y no 34 miembros.
Por el oficialismo forman parte 17 legisladores: Juan Carlos Alderete, Eugenia Alianiello, Héctor Bárbaro, Fabián Borda, Lisandro Bormioli, María Luisa Chomiak, Marcos Cleri, Nelly Daldovo, Pedro Dantas, Rogelio Iparraguirre, Florencia Lampreabe, Nilda Moyano, Liliana Paponet, Eber Pérez Plaza, Carlos Ponce, Carlos Selva y Lucio Yapor.
Desde Juntos por el Cambio, los 16 integrantes son Victoria Borrego, Sofía Brambilla, Gabriela Brouwer de Koning, Ricardo Buryaile, Pablo Cervi, Germana Figueroa Casas, Gustavo Hein, Martín Maquieyra, José Núñez, Claudio Poggi, Juan Carlos Polini, Marilú Quiroz, Roberto Sánchez, Alfredo Schiavoni, Pablo Torello y Jorge Vara.
La nómina se completa con el cordobés Carlos Gutiérrez, del interbloque Federal.
En el encuentro se votó, por protocolo, que las reuniones de la comisión serán los martes a las 17.30, pero tanto el día como horario quedaron sujetos a ser revisados una vez que se conformen todas las comisiones.
En otro orden, Buryaile adelantó que junto a las autoridades recopilarán todos los proyectos que tienen como cabecera la comisión para armar la agenda a tratar en las próximas semanas.
En la sesión de este jueves, los legisladores colocaron en sus bancas una foto de la niña, reclamando por su aparición.
El recinto de la Cámara de Diputados se llenó en la sesión de este jueves con fotos del rostro de Guadalupe Belén Lucero, la niña de 5 años desaparecida desde el pasado 14 de junio en la provincia de San Luis, y de quien hasta el momento no hay rastros.
A solicitud del puntano oficialista Carlos Ponce, los legisladores de todos los bloques colocaron en sus bancas la imagen de la menor, que fue vista por última vez hace más de dos semanas en el Barrio 544 Viviendas en la ciudad de San Luis.
"Ayúdanos a encontrar a Guadalupe", reza la leyenda del cartel, que indica además la línea 134, en la que se reciben los llamados de quien pueda tener datos sobre su paradero.
Para la búsqueda de Guadalupe, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía, que consiste en la difusión de manera inmediata de la imagen e información sobre niños y adolescentes desaparecidos a través de dispositivos móviles y medios de comunicación masivos.
La iniciativa fue tratada este viernes en una reunión virtual de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja.
En una reunión virtual de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados se dio dictamen de manera unánime este viernes a tres proyectos, entre los cuales se encuentra una iniciativa para establecer la gratuidad de los telegramas y cartas documentos de trabajadores. También se aprobaron un conjunto de proyectos de declaración y resolución consensuados.
En primer lugar, la diputada nacional Silvana Ginocchio (Frente de Todos-Catamarca) anunció su proyecto para declarar el 27 de agosto de cada año como Día Nacional de la Radiodifusión y el Desarrollo Sociocultural, Plural e Inclusivo. “La radio es un medio único de comunicación”, argumentó la legisladora catamarqueña, que añadió que también es una “excelente plataforma para el discurso democrático”.
El diputado Carlos Ponce (Frente de Todos-San Luis), por su lado, presentó la iniciativa de su autoría para modificar la Ley 23.789 y así establecer la gratuidad de los telegramas y cartas documentos de trabajadores. El proyecto ya tenía dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo, con lo cual quedó habilitado para ser tratado en el recinto.
"Cuando se pierde un trabajador muchas veces la familia queda con toda la situación engorrosa después para resolver, y algunos empleadores muchas veces no facilitan las cosas, sino todo lo contrario, ponen muchísimas trabas para que cobren la indemnización y lo que les corresponde", sostuvo Ponce.
Actualmente el telegrama y las cartas documentos son gratis para los trabajadores en relación de dependencia, y para jubilados y jubiladas. Esta modificación a la Ley 23.345 busca que también lo sea para los derechohabientes de los trabajadores, en caso que deban comunicar, notificar e intimar a los empleadores del trabajador fallecido y/o a su ART, para distintos tipos de situaciones que versan sobre el contrato o relación laboral. Por ejemplo, el cobro de indemnizaciones, seguros, liquidaciones, etc.
El presidente de la comisión, el diputado Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba), expuso su proyecto para instaurar el 5 de abril de cada año como el Día de las Radios Universitarias Argentinas en conmemoración de la inauguración de la primera radio pública y universitaria del país.
“Fue un 5 de abril cuando se fundó la radio de la Universidad Nacional de La Plata”, aseguró el legislador oficialista. “El papel que cumplen las radios universitarias es muy importante en todo el país”, consideró, y concluyó: “Me parecía que este reconocimiento este año que se cumplen los cien años de la radio era oportuno”.
En la reunión se firmó dictamen para las tres iniciativas de manera unánime a través de una única votación. Además, se aprobaron un conjunto de proyectos de declaración y resolución consensuados.
La diputada Karina Banfi (UCR-Buenos Aires) comenzó la reunión con una solicitud de cambio de dos expedientes de pedidos de informe a la periodista Rosario Lufrano de la Comisión de Asuntos Constitucionales a la presente Comisión de Comunicaciones e Informática.
La radical describió a los expedientes como "dos pedidos de informes orales, de citaciones, a la titular de RTA, de TV Pública, a la señora Lufrano". Agregó que los proyectos están como cabeceras en Asuntos Constitucionales. "La Constitución no habla del sistema de medios públicos", aseguró, y consideró todo "un error administrativo".
La diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos-CABA) propuso que el asunto sea tratado en la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnolgías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, a lo que Waldo Wolf (Pro-Buenos Aires) le recriminó: "No creo que el único ámbito para que Lufrano de explicaciones sea la Comisión Bicameral". Argumentó que el pedido "tiene que ver con la misión y el objeto de esta comisión".
El diputado del FdT aseguró que la iniciativa “no fomenta el aborto sino todo lo contrario” y destacó que en paralelo se trate el “Programa de los Mil Días” para aquellas mujeres que deciden continuar con su embarazo.
En la víspera de la sesión en la que la Cámara baja analizará el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el diputado puntano por el Frente de Todos Carlos Ponce salió del grupo de los indefinidos y reveló que votará a favor de esa iniciativa.
“Esperé hasta este momento porque quería ver la redacción final de la ley y tener todos los elementos sobre la mesa para llegar a una decisión”, aseveró.
Ponce trazó un paralelismo con el debate de 2018. “En aquel momento el Estado nacional presentó el proyecto y se desentendió, no estuvo detrás del proyecto, y eso abrió un gran debate en la sociedad, entonces es algo que hay que resolverlo”, indicó y destacó que ahora “el Gobierno presenta el proyecto y se compromete a resolver el tema”.
“No es como algunos dijeron que ‘se quiere avalar la muerte’, nada que ver. Este proyecto no fomenta el aborto, pone blanco sobre negro y demuestra que hay una gran cantidad de abortos clandestinos… si eso se blanquea y el Estado y las obras sociales se hacen cargo, es algo que puede resolverse”, aseguró.
El puntano insistió en que la iniciativa que se debatirá en el recinto “no promueve el aborto, sino que va a acompañado del proyecto de los mil días, por lo que se busca acompañar a esas mujeres que están embarazadas y ofrecerles contención a las mujeres que se encuentran en una situación de desesperación”.
“Acá lo que hay que hacer, si la ley saliese, es trabajar para bajar los índices de abortos que hay en la Argentina y tratar de que no ocurra más. No podemos condenar a una mujer que en una situación desesperada recurre a un aborto. ¿Quién no conoce un caso de una persona que ha abortado? A cada persona que yo le he preguntado me dice que sí, que conocen a alguien”, aseveró en diálogo con C5N.
No obstante, Ponce afirmó que tiene un algunos cuestionamientos acerca del texto, dado que consideró que llevar el aborto “a las 14 semanas es demasiado, creo que lo correcto sería extenderlo hasta las 12 semanas y voy a seguir pidiéndolo”.
También remarcó que “hay que ir por la educación sexual en los colegios, tenemos que conseguir que haya menos embarazos no planificados; tenemos jóvenes muy jovencitas que quedan embarazadas por desconocimiento”.
Al mismo tiempo, señaló que “en San Luis creemos que la esperanza tiene que estar en lo más alto, por eso digo que este proyecto tiene que ser una esperanza como lo fue en su momento la Ley de Divorcio o la de Matrimonio Igualitario”, y concluyó: “No es que la gente va a salir a abortar porque sí: esto es terminar con la clandestinidad y el flagelo. La penalización del aborto ya fracasó, ahora debemos resolverlo”.
En un plenario de comisiones se trataron proyectos sobre acreditación inmediata del monto de la operación para los comerciantes, y rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados inició este lunes el tratamiento de dos proyectos de ley sobre acreditación inmediata, para los comerciantes, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito, y sobre la rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas.
La discusión comenzó en las comisiones de Finanzas y de Comercio, presididas por Fernanda Vallejos (Frente de Todos) y Gabriela Lena (UCR), con la participación de representantes de cámaras comerciales, mientras que la semana próxima asistirán autoridades de cámaras de tarjetas de débito y crédito.
Uno de los proyectos fue presentado por el puntano Carlos Ponce (Frente de Todos) y promueve la obligatoriedad de la acreditación inmediata, en la cuenta del comerciante, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito en comercios minoristas, mayoristas, pymes o de cualquier otro rubro.
Ponce destacó que “más de 250 cámaras” enviaron su adhesión a la iniciativa y comentó las complicaciones de comerciantes por la demora de varios días en acceder al dinero de la compra. “Entre que se produce el débito y le llega al comerciante, hay un jugador externo que se queda con ese dinero durante todo ese tiempo”, dijo.
El diputado precisó que según la última encuesta del INDEC, el uso de tarjetas de crédito creció en forma interanual un 32%, y en los comercios de cercanía el incremento fue del 54% interanual. A su vez, informó que “en el último año los bancos han ganado un 182%”.
Darío Sánchez, secretario de la Cámara de Comercio de Villa Mercedes (San Luis), dijo que ven “con muy buenos ojos” la iniciativa de Ponce, “porque al propietario de la tarjeta que realiza su compra, ese débito se le realiza en forma inmediata, y el comerciante debería estar en las mismas condiciones”.
Según Sánchez, esta ley “aliviaría mucho la situación de pymes y comercios chicos que no tienen tanta espalda financiera para soportar el tiempo que tardan en recibir el dinero de la compra”, por lo cual la reforma “ayudaría mucho en tener la liquidez de ese dinero”.
Por su parte, Guillermo Siro, de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires -que nuclea a 67.000 pymes y 270 cámaras- también respaldó el proyecto de Ponce ya que “al margen de los argumentos especulativos que aplican los bancos”, la inmediatez en la acreditación del dinero “es lo que corresponde”.
En el mismo sentido, Fernando Savore, presidente de la Confederación General Almacenera, -que reúne 60.000 comercios- coincidió en que “la acreditación inmediata sería una ayuda muy buena” y resaltó la continuidad de comercios a pesar de las dificultades que planteó la pandemia.
Gabriel Bornoroni, de la Confederación de Entidades de Comercio, Hidrocarburos y Afines, denunció un “comportamiento abusivo y dramático” ya que “no está expresado en ningún contrato o documento cuál es la justificación de tal demora”.
“No es plata de los bancos; es plata de los consumidores, por eso automáticamente se le tiene que acreditar al comercio”, sostuvo Bornoroni, y agregó que la ley es necesaria porque “el costo financiero de las pymes es realmente inaguantable”.
Por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Fabián Tarrio señaló que el proyecto de Ponce “se ajusta a la realidad” y debería ser ley “lo más rápido posible” por una razón de “absoluta justicia”.
Según datos del Banco Central citados por Tarrio, las operaciones con tarjeta de débito en julio de este año fueron por 76 millones de pesos.
El otro proyecto tratado en el plenario de comisiones pertenece a Ariel Rauschenberger (Frente de Todos) y propone modificaciones a la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito, entre otras cosas para rebajar las comisiones de las tarjetas de crédito del 3% al 1,5%; y del 1,5% al 0,5% en el caso de las de débito.
El autor de la propuesta recordó que en años anteriores “hubo muchos intentos de reformular este marco regulatorio, pero no fueron convertidos en ley”.
Los representantes de cámaras comerciales que participaron de la reunión virtual respaldaron la rebaja de comisiones, pero consideraron que hoy es más urgente la acreditación inmediata del monto, tema que también está contemplado en el proyecto de Rauschenberger.
“Es necesaria una reformulación (de las comisiones), pero no en este momento. Hay urgencias que obligan a no dilatar más la retención de fondos, que son miles de millones de pesos por mes”, resumió Edgardo Phielipp, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
Rauschenberger sostuvo, sobre este aspecto, que “el desfasaje que se genera entre el momento de la venta y el de la liquidación genera un costo financiero que era muy fuerte y lo sigue siendo hoy a pesar de que el Gobierno bajó las tasas de intereses”.
