La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside el senador Martín Doñate (Frente de Todos), escuchó este martes nuevos testimonios en línea con la intención del oficialismo de avanzar en el desplazamiento del jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal.

Uno de los expositores fue el fiscal Carlos Rivolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), quien aclaró que ese organismo “no interviene de ninguna manera en los sumarios administrativos ni en la etapa disciplinaria”.

“No tomamos ningún tipo de parte y así se lo hacemos saber siempre a los colegas”, explicó Rivolo, quien fue blanco de críticas por parte del diputado oficialista Rodolfo Tailhade.

Tailhade advirtió que las organizaciones civiles que denunciaron en la bicameral un mal desempeño por parte de Casal recibieron como respuesta una “descalificación” de la oposición, siendo caratuladas como “agrupaciones K” o “militantes”.

Frente a esto, el diputado advirtió sobre “los intereses que defienden” fiscales como Rivolo, Raúl Pleé y José María Campagnoli, negando que sean “independientes”.

“Todos tienen derecho a expresarse, pero nosotros también tenemos el derecho de señalar los intereses que defienden estos sectores. Rivolo ha tomado un posicionamiento político estos años. El cuentito de la independencia déjenlo para Clarín, La Nación, Infobae o Radio Mitre”, cuestionó.

Tailhade señaló que cuando se produjo un “ataque brutal” al Ministerio Público durante el mandato de Alejandra Gils Carbó, que “incluyó maniobras extorsivas, amenazas a sus hijas e inventos de causas, no hubo ninguna defensa” por parte de AFFUN, la asociación presidida por Rivolo.

Asimismo, el legislador advirtió que “hace tres años que no sabemos nada” de la causa conocida como Paradise Papers, “pero (Rivolo) sí fue muy veloz en pedir el sobreseimiento de (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani en la causa del (Instituto) Patria, que a todas luces era fraudulento”.

“Estoy harto de la supuesta independencia judicial y de quienes se vienen a presentar como defensores del Poder Judicial independiente. Rivolo defiende los mismos intereses que Casal: los privilegios de una corporación que se resiste a los cambios”, alertó.

Por su parte, el doctor Dionisio Velasco denunció la designación supuestamente irregular de Aníbal Fabián Martínez como fiscal federal de Paso de los Libres, Corrientes.

Según Velasco, la fiscalía fue “tomada” por Marcelo Colombo y Carlos Schaefer, quienes “echaron” al doctor Benito Pont para nombrar a Martínez “cuando había salido desaprobado el examen”.

Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Paso de los Libres realizó una denuncia administrativa ante la Procuración General contra los fiscales Schaefer, (Miriam) Benítez y Martínez, “en violación al reglamento disciplinario para magistrados”.

A eso sumaron una denuncia penal contra los fiscales por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El abogado Juan Carlos Coulleri respaldó la presentación de Velasco y denunció un incumplimiento de la Ley orgánica del Ministerio Público en la localidad correntina. “Nunca habíamos vivido situaciones tan deplorables respecto al manejo de los funcionarios de las fiscalías”, lamentó.

A su turno, Roberto Cipriano García y Federico Schmeigel, autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria, informaron que presentaron una nota ante la bicameral para manifestar su preocupación sobre “los objetivos y el funcionamiento” de la SAIT (Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional), creada por orden de Casal.

García y Schmeigel puntualizaron que “el análisis de información vinculada al fenómeno terrorista se encuentra regulado por la Ley Nacional de Inteligencia, y tales objetivos excederían la naturaleza de las funciones atribuidas al Ministerio Público Fiscal”.

En función de este planteo, se mostraron insatisfechos con las explicaciones que dio el procurador al respecto.

Por último, el fiscal general de Tierra del Fuego Adrián García Lois reveló que Casal le inició un sumario administrativo “en el momento del mayor pico de contagios y muertes en el medio de una pandemia”.

García Lois comentó que se encuentra de licencia por un estrés postraumático y que la última prórroga de esa licencia fue entre el 25 de junio y el 25 de agosto.

“En el medio de una licencia por enfermedad me notifico el 29 de julio de que el procurador decide impulsar un sumario administrativo en mi contra. Eso me destrozó, no entendí el motivo de la urgencia”, expresó, y habló de un “claro acto de hostigamiento”.