La vicepresidenta de la Nación emitió un comunicado donde cuestionó al fiscal y a la jueza Capuchetti por “pretender cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”.
Este lunes se conoció que el fiscal Carlos Rívolo le solicitó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti enviar a juicio oral a los tres detenidos por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1ro. de septiembre de 2022.
En un dictamen de casi 200 fojas, el funcionario judicial acusó como coautores del intento de magnicidio a Fernando Sabag Montiel, quien gatilló en la cabeza de la expresidenta, y a su novia Brenda Uliarte, que lo acompañó hasta el lugar. En tanto, Gabriel Carrizo, identificado como el jefe de la “banda de los copitos”, figura como partícipe secundario.
Tras ello, la vicepresidente emitió un comunicado contra el fiscal y la jueza: “Ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”.
Con esa idea, la presidenta del Senado agregó: “Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investiga nunca más. Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido”.
“Rívolo menciona las pruebas producidas en relación con la línea (Gerardo) Millman, pero no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa. Ni siquiera menciona la reciente declaración de Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Millman, en la que contó cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich, en Av. De Mayo”, siguió la exmandataria.
Así también, CFK afirmó en el comunicado que “toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad”. Del mismo modo, planteó que “está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores”.
Respecto del imputado Carrizo, sostuvo que “es quien tiene mensajes tales como “ahora vamos a matar al jefe de la Cámpora” y hace constantes alusiones a un alto nivel de organización del atentado”. “Rívolo considera que su única intervención fue otorgar un arma que no se usó”, aseveró.
En el final, expresó: “Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022”, y cerró: “Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta”.
Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron acusados como coautores del intento de magnicidio y Gabriel Carrizo como partícipe secundario. La querella había reclamado que estaba pendiente “la producción de muchas medidas de prueba”.
Pese a la postura de la querella, el fiscal Carlos Rívolo solicitó este lunes a la jueza federal María Eugenia Capuchetti enviar a juicio oral a los tres detenidos por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1ro. de septiembre de 2022.
El funcionario judicial acusó como coautores del intento de magnicidio a Fernando Sabag Montiel, quien gatilló en la cabeza de la expresidenta, y a su novia Brenda Uliarte, que lo acompañó hasta el lugar. En tanto, Gabriel Carrizo, identificado como el jefe de la “banda de los copitos”, figura como partícipe secundario.
Según señaló el fiscal en su dictamen, de casi 200 carillas, con las pruebas reunidas se corroboró que “la conducta que se intentó llevar a cabo fue premeditada, es decir, que los imputados habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta de la Nación”.
Puntualmente a Sabag Montiel, Rívolo le imputó “haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner -Vicepresidenta de la Nación y Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo”.
Sabag Montiel, “aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente apuntó hacia el rostro de Cristina Fernández de Kirchner, a corta distancia, una pistola semiautomática de acción simple”, detalló.
En el escrito, el fiscal descartó lo planteado por CFK sobre el financiamiento que habrían recibido los acusados para el atentado, con lo cual se espera que la querella apele. “La actividad desplegada por los nombrados para llevar a cabo el ataque no requirió -por sus características- de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios”, afirmó Rívolo.
A pesar del pedido de enviar a juicio a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, el fiscal seguirá investigando en otras derivaciones de la causa, a raíz de las distintas hipótesis que existen. A propósito de esto, el pasado 16 de mayo, los abogados de la vicepresidenta habían pedido que todavía no se pase a juicio, ya que estaba “pendiente la producción de muchas medidas de prueba”. En ese sentido, consideraron que “elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta” y “daña el descubrimiento de la verdad”.
Una de las pistas que la defensa de CFK insiste en que se investigue es la que salpica al diputado del Pro Gerardo Milman, a quien se lo habría escuchado decir “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”, justo dos días antes del atentado en presencia de sus asesoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdzewicz, quien a principios de este mes se presentó de manera espontánea en tribunales y aseguró que su celular había sido reseteado en oficinas de Patricia Bullrich. Posteriormente, la jueza Capuchetti -a quien la expresidenta reclamó sin éxito apartar de la causa- rechazó secuestrar el celular de Milman, como había solicitado el fiscal.
En el marco de la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta, la jueza Capuchetti argumentó que el diputado no está imputado en la causa del atentado.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti denegó este lunes la solicitud de secuestro del teléfono del diputado nacional Gerardo Milman, en el marco de la investigación sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal Carlos Rivolo había solicitado esta medida como parte de la llamada “pista Milman”.
La resolución de la jueza también incluyó la extracción de información de otro teléfono que pertenece a Carolina Gómez Mónaco, asesora del diputado del Pro, con el objetivo de buscar pruebas relacionadas con la posible conexión del diputado con el ataque a la exmandataria.
La decisión de rechazar el secuestro del teléfono de Milman se basa en el hecho de que el diputado no está imputado en la causa del atentado, tal como consta en el expediente. La jueza destacó que, para llevar a cabo esa medida, debería presentarse una solicitud ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, en caso de existir una imputación penal contra el legislador. La falta de imputación contra Milman fue mencionada también en el dictamen del Ministerio Público Fiscal.
La solicitud del fiscal Rivolo surgió luego de que una exsecretaria de Milman declarara ante los tribunales federales de Comodoro Py, ampliando su testimonio y mencionando que había entregado su teléfono a un “perito”, supuestamente proporcionado por Milman, para que borrara información personal que no deseaba que se hiciera pública.
Además del secuestro del teléfono, la fiscalía también había solicitado un cruce de llamadas entre Milman, su exsecretaria Ivana Bohdzewicz y su asesora Gómez Mónaco, así como con los imputados del caso. Sin embargo, la jueza consideró que, por el momento, no corresponde llevar a cabo esa diligencia, ya que en el expediente se encuentran registradas las llamadas entrantes y salientes de los cuatro imputados durante el período solicitado por el fiscal.
La resolución de la jueza permite la extracción forense de la información del teléfono de Gómez Mónaco por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esta información será analizada con el objetivo de encontrar cualquier referencia a los dichos atribuidos a Gerardo Milman y cualquier otra mención relacionada con el atentado contra la vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. El análisis se limitará al período comprendido entre el 1 de julio y el 1 de diciembre de 2022 y se realizará con estricta confidencialidad, eliminando cualquier información no relevante una vez finalizado el estudio.
El caso es investigado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Además, en el allanamiento en la casa del detenido se encontró un centenar de proyectiles.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo se encuentran a cargo de la causa sobre el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El expediente fue caratulado como “homicidio agravado en grado de tentativa”.
La Justicia se encuentra investigando si en el ataque a CFK, además de Fernando Andrés Sabag Montiel -el hombre de 35 años que le gatilló en la cara de manera cercana a la cabeza-, hubo más personas involucradas.
En la investigación también intervienen la Procuración General de la Nación y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).
Tras el hecho ocurrido este jueves por la noche en la puerta del departamento de la vicepresidenta, desde donde hace diez días hay vigilias de apoyo a CFK, amaneció este viernes con una importante custodia de la Policía Federal Argentina.
Por otra parte, en el allanamiento realizado en la casa donde vive Sabag Montiel, en el partido de San Martín, se secuestraron un total de 100 proyectiles calibre 9 milímetros.
Según informaron fuentes policiales, los proyectiles fueron hallados repartidos en dos cajas de 50 cada una, en una vivienda situada en Uriburu al 700 de ese partido bonaerense, que el detenido alquilaba desde hacía ocho meses como vivienda particular.
El titular de la Asociación de Fiscales advirtió sobre el mensaje de Alberto Fernández y dijo que si las leyes que propone se aprueban, “va a ser imposible” seguir investigando causas de corrupción.
Tras el discurso que el presidente Alberto Fernández dio ante la Asamblea Legislativa, durante el cual dedicó un extenso pasaje con críticas al funcionamiento de la Justicia, el titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación, Carlos Rívolo, advirtió que la reforma del Ministerio Público “es un pelotón de fusilamiento” para los fiscales.
“A mí me parecía que lo primero que se podría haber solicitado era que se tratara el pliego del candidato a procurador general, que ya lleva un año en el mes de marzo”, señaló, en referencia a la postulación de Daniel Rafecas, congelada en el Senado.
Para el fiscal, “esa es la verdadera reforma en términos del Ministerio Público. No podemos seguir sin un procurador más allá del buen trabajo de (Eduardo) Casal”.
“Cuatro de los juristas del Consejo de notables (que asesoró al Gobierno), más el doctor (Alejandro) Gil Domínguez, le han dicho, como el 80% de las personas que fuimos a exponer al Congreso, que no reforme los dos tercios” para la designación del jefe de los fiscales, indicó Rívolo.
“La ley de reforma de Ministerio Público que se impulsa fue criticada, no es una reforma. En términos de Tribunal de Enjuiciamiento, para los fiscales se transforma en un pelotón de fusilamiento, porque es invadida completamente por la política”, alertó, sobre el proyecto que cuenta con media sanción del Senado pero no reúne consenso en Diputados, y que fue reclamado por el presidente ante la Asamblea Legislativa.
Además, pronosticó que “si estas leyes prosperan queda un Ministerio Público Fiscal completamente endeble. Investigar las causas vinculadas al poder de corrupción o lo que fuera, que ha sido difícil, se va a tornar imposible”.
“Es extraño escuchar esto que atravesamos los márgenes del sistema republicano. Estamos funcionando, hemos funcionado en pandemia, las causas han avanzado en pandemia, las repercusiones de las causas más importantes que afectan a la coalición de gobierno se han dado repercusiones sobre las cuales no voy a mencionar los comentarios que han hecho”, continuó.
Rívolo admitió que “la justicia necesita una reforma”, pero “no una reforma coyuntural”. “¿Queremos procesos más rápidos y vamos a crear un tribunal de garantías federales cuando esa competencia ya la tiene la Corte?”, se preguntó en diálogo con radio Mitre.
“La Justicia no iba a estar ausente del discurso de ayer. Nos parecía que era mucho más fortaleza decir ‘señor, mandé el pliego de un procurador’”, agregó y aseguró que el presidente “desde el día uno, a través de su ministra de Justicia (Marcela Losardo), sabe que estamos dispuestos a trabajar en una reforma; lo mismo que le propusimos al gobierno de Macri”.
Fue en el marco de una charla virtual que mantuvieron con el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio.
El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio mantuvo este martes una reunión virtual con las Asociaciones de Magistrados y de Fiscales, en la que analizaron el proyecto de reforma judicial propuesto por el Poder Ejecutivo.
Tanto los jueces como los fiscales coincidieron en destacar la falta de oportunidad del proyecto del oficialismo e hicieron hincapié en la poca coherencia que exhibe la idea de proponer una reforma que requiere un fuerte incremento presupuestario, en medio de una pandemia que está generando angustias económicas y sociales sin precedentes en la historia de nuestro país. También hicieron referencia a las dificultades de infraestructura que requeriría poner en práctica la reforma propuesta.
Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, señaló: “No queremos frenar este o cualquier proyecto de reforma. Pero queremos que sea de forma seria, sin soslayar aspectos tan centrales como está sucediendo ahora. Nos preocupa que este proyecto nazca con tantas suspicacias y sospechas sobre sus verdaderas intencionalidades. Hay que hacer un proyecto de reforma judicial como corresponde, mejorar la prestación del sistema de justicia”. Agregó: “En Capital Federal genera intangibilidad de la función judicial, que pasa a ser muy precaria y esto afecta a la prestación del servicio de justicia”.
El presidente de la Asociación de Fiscales nacionales, Carlos Rívolo, sostuvo que “pedimos participar del debate con el fin de contribuir en la redacción de esta reforma desde el día que el Presidente hizo el anuncio”. “No nos parece que el Estado esté en condiciones para poder hacer frente al incremento presupuestario que esta reforma va a demandar. Desde su concepción, esta reforma nace antigua”, agregó. “No tiene sentido este intento de licuar el poder de Comodoro Py”, cerró Rívolo.
El fiscal Raúl Pleé se ocupó de marcar el contexto de la reforma judicial: el ataque al Procurador Casal, los intentos de anular los traslados de camaristas, la persecución de fiscales. “El objetivo fundamental es que los jueces federales que están en funciones no actúen por un año entero, ya que las causas nuevas serán monopolizadas por los subrogantes”, sostuvo.
“Fueron más de dos horas fructíferas. Ha quedado claro que no hay sentido de la oportunidad en este proyecto. Una reforma judicial es mucho más que un interés particular del Gobierno de turno”, dijo el presidente del interbloque Mario Negri. “El Poder Judicial, uno de los tres poderes de la República, está siendo hackeado, la manzana está siendo rodeada, peor que en 2013”, advirtió.
“Es una reforma inoportuna, en un momento inadecuado y además es costosa. Una reforma judicial necesita consenso y mirar hacia el futuro, esta reforma así es mala para los argentinos y además avanza sobre la libertad de expresión”, manifestó por su parte el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo.
La diputada Paula Oliveto destacó que “la Coalición Cívica ARI ratifica su compromiso con la Constitución y el Estado de derecho. Esta reforma rompe la garantía de una Justicia independiente y no resuelve a los ciudadanos un servicio de justicia que cumpla con la demanda de más seguridad, respeto a la ley, justicia en tiempos razonables. Está pensada para la impunidad y la colonización del kirchnerismo, además de que requiere un incremento presupuestario que no es razonable en los tiempos que nos toca vivir”.
Participaron del encuentro, además de Gallo Tagle y Rívolo, los fiscales Ricardo Toranzos, Fabiana León, Ricardo Sáenz, Fernanda Poggi y Raúl Pleé; el defensor Benjamín Solá; los camaristas Manuel Pizarro y Osvaldo Facciano; y Sergio Pinto, juez de Córdoba.
Vuelve a reunirse este martes la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público.
La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que conduce el senador kirchnerista Martín Doñate, sigue muy activa y volverá a reunirse este martes a partir de las 17 para avanzar en el proceso iniciado contra el procurador general Eduardo Casal.
Por eso han sido convocados Dionisio Velasco y Juan Carlos Coulleri, para hablar sobre designaciones anómalas en la provincia de Corrientes.
También estará el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Carlos Rívolo, quien hablará sobre el procedimiento disciplinario.
También estarán Roberto Cipriano García, secretario de Comisión Provincial por la Memoria y Federico Schmeigel, director del Programa de Control de la Corrupción e Inteligencia Ilegal de la Comisión Provincial de la Memoria. Exposición sobre nota Ingresada a la Comisión sobre la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional.
Por último expondrá el fiscal Adrián García Lois, sobre procedimiento disciplinario.
Es una de las convocadas para este martes, en una nueva reunión del plenario de comisiones que analizan el proyecto del Poder Ejecutivo.
La que será la tercera reunión organizada por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para analizar el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en CABA y en las provincias será este martes a partir de las 14. Para este nuevo encuentro ha sido convocada la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Según pudo saber parlamentario.com, la funcionaria expondrá sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en el marco de la reforma judicial en marcha.
También están convocados para este martes la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) Carlos Rívolo, quien es también fiscal federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Asistirá también el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien integra el consejo asesor convocado por el presidente de la Nación para elaborar sugerencias para implementar para mejorar el sistema de Justicia.
También participará de esta nueva audiencia el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo, titular del espacio Gente de Derecho; y la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez.
El listado de convocados incluye a las fiscales Gabriela Baigún y Mónica Cuñarro; al presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón, y al integrante del Colegio de Abogados de CABA y exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi. Este último había sido convocado, junto con Raúl Zaffaroni, para la reunión del jueves pasado, pero ambos fueron reprogramados por razones laborales. En el caso del exintegrante de la Corte Suprema, todavía no se informó sobre cuando asistirá al Senado.
