Con nuevos testimonios, Juicio Político arrancó la causal “abuso de poder” contra la Corte Suprema

La causal está compuesta por la denuncia contra Carlos Rosenkrantz, vice de la Corte, por falta de excusación en causas de exclientes en las que intervino y por pedido de honorarios abultados.

Con Rosenkrantz en la mira, sesiona la Comisión de Juicio Político

En la reanudación del proceso que se desarrolla contra los miembros de cuatro testigos, comienza el debate de la causal “abuso de poder”.

La Comisión de Juicio Político que preside la entrerriana Carolina Gaillard se encuentra reunida desde las 13.16 para comenzar a analizar la causal “abuso de poder”, con testimonios dirigidos especialmente al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz.

Se analizarán puntualmente 69 sentencias en las que intervino Rosenkrantz y en cuya mayoría -según el oficialismo- favoreció a sus exclientes.

El segundo cargo que estarán evaluando es el pedido de honorarios que el propio Rosenkrantz presentó en la Corte cuando ya era ministro por 18.000 millones de pesos para que la provincia de Santa Fe le pagara honorarios en un expediente que tramitó en la Corte.

Participarán de la audiencia cuatro de los cinco testigos convocados. Estos son:

  • El periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de juno de 2022 en El Destape.
  • El periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna.
  • Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema.
  • Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El único convocado que no asistirá, según se anticipó, es Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.

Sí estará, como vemos, Saggese, quien había sido citado por la causal “Consejo de la Magistratura” el 21 de septiembre pasado y no se presentó, aunque en realidad -según contó Carolina Gaillard-, no fue encontrado por el notificador, que terminó dejándole la citación pegada en la puerta de su despacho. Por eso volvió a ser citado y sí concurrió esta vez.

El testimonio de los periodistas

En la nota de referencia del periodista Ari Lijalad, se alude a que el actual vicepresidente de la Corte no se apartó de los expedientes de sus exclientes “tal como marca la ley”. Allí sostiene que Rosenkrantz firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos.

“Varios de esos fallos los rubricó cuando era presidente del máximo tribunal del país”, advierte el periodista, que alerta sobre “una maniobra irregular por donde se la mire: la ley establece que un juez no puede intervenir en casos de ex clientes. Menos aún un miembro de la Corte”.

En detalle, y en base al archivo de acceso público de fallos de la Corte, Rosenkrantz participó en decisiones sobre sus ex clientes en:

3 fallos que involucran a Supercanal

2 fallos que involucran a AMX (Claro)

1 fallo que involucra a la Clínica Estrada

10 fallos que involucran a YPF

5 fallos que involucran al supermercado DIA

1 fallo que involucraba al Grupo América

2 fallos que involucran a Pan American Energy

1 fallo que involucra a Piero

En la nota sobre la cual será indagado, se transcribe una declaración del 21 de octubre de 2021 en la que Rosenkrantz justifica su deicisón de intervenir en una causa que involucraba a AMX Argentina, nombre jurídico de Claro. Si bien “está involucrada una parte a la que el estudio jurídico al que pertenecí brindó algún tipo de asistencia legal mientras fui integrante de dicho estudio, no se configura ninguna causal de excusación”, alegó Rosenkrantz, que agregó que “ello es así puesto que no intervine en modo alguno -ni como letrado apoderado, ni presentando asesoramiento externo- en las cuestiones debatidas en la presente” y luego escribió: “Aclaro que en otras causas anteriores en las que se configuraban circunstancias como las del presente, preferí -hasta el momento- no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del Tribunal -más de cinco años-, estimo que esa postura ya no se encuentra justificada. Por consiguiente, intervendré en el futuro en tales causas”.

El otro periodista citado es Juan Alonso, quien será consultado por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe. La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados.

Según Alonso, “la Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”.

Según se indica en el artículo, “el contrato que firmó el exgobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial” y al publicarlo advierte que “el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte”.

En la reanudación del juicio político se espera una embestida contra Rosekrantz

Será este martes en el seno de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que recibirá cinco testigos para comenzar a tratar la causal “abuso de poder”.

Tal cual se anticipó en la última reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, realizada el 21 de septiembre pasado, en la reanudación del proceso que se desarrolla contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia comenzará el debate sobre la causal “abuso de poder”.

Así será luego de que con las exposiciones de Graciana Peñafort y Jorge Rizzo de esa jornada se diera por agotado el análisis de la causal “Consejo de la Magistratura”. Así las cosas, comenzarán con el tema que incluye un pedido de juicio antiguo impulsado por la Coalición Cívica contra el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti. Sin embargo desde ese espacio no han pedido testigos, así que se avanzará este martes a partir de las 13 con una causa similar que el oficialismo piensa instrumentar contra el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, por su participación en causas que involucraron a exclientes suyos.

La citación correspondiente fue emitida el viernes pasado, convocando para este martes 3 de octubre próximo, a las 13, en la Sala 1 del segundo piso del anexo A de la Cámara baja. Allí figuran cinco testigos, a saber:

  • El periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de juno de 2022 en El Destape.
  • El periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna.
  • Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema.
  • Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.
  • Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este último caso, Saggese había sido citado por la causal “Consejo de la Magistratura” el 21 de septiembre pasado y no se presentó, aunque en realidad -según contó Carolina Gaillard-, no fue encontrado por el notificador, que terminó dejándole la citación pegada en la puerta de su despacho. Por eso vuelve a ser citado y se verá qué decisión toman los diputados si esta vez vuelve a ausentarse.

El testimonio de los periodistas

En la nota de referencia del periodista Ari Lijalad, se alude a que el actual vicepresidente de la Corte no se apartó de los expedientes de sus exclientes “tal como marca la ley”. Allí sostiene que Rosenkrantz firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos.

“Varios de esos fallos los rubricó cuando era presidente del máximo tribunal del país”, advierte el periodista, que alerta sobre “una maniobra irregular por donde se la mire: la ley establece que un juez no puede intervenir en casos de ex clientes. Menos aún un miembro de la Corte”.

En detalle, y en base al archivo de acceso público de fallos de la Corte, Rosenkrantz participó en decisiones sobre sus ex clientes en:

3 fallos que involucran a Supercanal

2 fallos que involucran a AMX (Claro)

1 fallo que involucra a la Clínica Estrada

10 fallos que involucran a YPF

5 fallos que involucran al supermercado DIA

1 fallo que involucraba al Grupo América

2 fallos que involucran a Pan American Energy

1 fallo que involucra a Piero

En la nota sobre la cual será indagado, se transcribe una declaración del 21 de octubre de 2021 en la que Rosenkrantz justifica su deicisón de intervenir en una causa que involucraba a AMX Argentina, nombre jurídico de Claro. Si bien “está involucrada una parte a la que el estudio jurídico al que pertenecí brindó algún tipo de asistencia legal mientras fui integrante de dicho estudio, no se configura ninguna causal de excusación”, alegó Rosenkrantz, que agregó que “ello es así puesto que no intervine en modo alguno -ni como letrado apoderado, ni presentando asesoramiento externo- en las cuestiones debatidas en la presente” y luego escribió: “Aclaro que en otras causas anteriores en las que se configuraban circunstancias como las del presente, preferí -hasta el momento- no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del Tribunal -más de cinco años-, estimo que esa postura ya no se encuentra justificada. Por consiguiente, intervendré en el futuro en tales causas”.

El otro periodista citado es Juan Alonso, quien será consultado por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe. La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados.

Según Alonso, “la Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”.

Según se indica en el artículo, “el contrato que firmó el exgobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial” y al publicarlo advierte que “el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte”.

Con periodistas invitados, reanudan el martes el juicio político a los miembros de la Corte

La comisión que encabeza Carolina Gaillard fue convocada para las 13 con cinco testigos. Arranca el análisis de la causal “Abuso de poder”.

Tal cual había anticipado la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja el pasado 21 de septiembre -fecha de la última reunión de la misma-, en la reanudación del juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia arrancarán ahora con otra de las causales del citado proceso. Esto es, la causa “Abuso de poder”, que incluye un pedido de juicio antiguo de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, y al que el Frente de Todos sumó una causa similar que para ellos amerita la relación de Carlos Rosenkrantz con sus exclientes.

Según pudo averiguar parlamentario.com, la citación correspondiente fue emitida este viernes, convocando para el martes 3 de octubre próximo, a las 13, en la Sala 1 del segundo piso del anexo A de la Cámara baja. Allí figuran cinco testigos, a saber:

  • El periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de juno de 2022 en El Destape.
  • El periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna.
  • Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema.
  • Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.
  • Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este último caso, Saggese fue citado por la causal “Consejo de la Magistratura” el 21 de septiembre pasado y no se presentó, aunque en realidad -según contó Carolina Gaillard-, no fue encontrado por el notificador, que terminó dejándole la citación pegada en la puerta de su despacho. Seguramente si esta vez no se presenta se discutirá si se apela a un juez para intimarlo.

Para la causa contra Lorenzetti, desde la Coalición Cívica no hubo ninguna convocatoria, según pudo saberse.

Brawer acusó a Rosatti y Rosenkrantz de romper el contrato social

La diputada dedicó su intervención a cargar contra ambos magistrados por haber querido aplicar el 2×1 en casos de lesa humanidad. “Este pedido de juicio político no busca necesariamente que los supremos sean juzgados”, aclaró.

Si bien el diputado Eduardo Valdés había consumido todo el tiempo asignado para fundamentar el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte, su compañera Mara Brawer se extendió este jueves en su exposición, fundamentalmente para fundamentar el pedido de enjuiciamiento contra Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por haber votado a favor del 2×1 para casos de lesa humanidad.

La diputada del Frente de Todos había arrancado justificando el enjuiciamiento de los cuatro miembros de la Corte en que “sus conductas, avasallamiento y usurpación de funciones propias de otros poderes, incumplimiento de las normas constitucionales y de los tratados que forman parte de nuestra Constitución, y por ignorar la jurisprudencia que la propia Corte ha construido, poniendo en peligro nuestro sistema republicano y en igual medida nuestra democracia”.

Al avanzar en su exposición, Mara Brawer remarcó que si hay un tema que “une al 90% de los argentinos es el de los derechos humanos. Es un tema de unidad nacional, una política de Estado que nos distingue en el mundo. Somos representantes de un país que hizo una bandera de la memoria, la verdad y la justicia”.

A continuación se refirió a cuando en 2017 Rosatti y Rosenkrantz votaron a favor del beneficio de los genocidas. En esa oportunidad, “se provocó en la sociedad argentina un quiebre pocas veces visto en nuestra historia. Los delitos de lesa humanidad no se juzgan como cualquier delito común, son imprescriptibles, porque lesionan a la humanidad, y eso Rosatti lo sabe perfectamente, porque lo dijo cuando defendió su pliego en el Senado”.

Por eso, Mara Brawer se preguntó. “¿Hay dos Rosatti? ¿Uno que miente para conseguir el cargo y cuando asume como cortesano hace todo lo contrario?”.

“Acá se pone en juego uno de los causales de juicio político: la idoneidad moral de los supremos”, señaló, para referirse luego al caso Muiña. “¿Quién era (Luis) Muiña? Un particular que entra a hacer servicios de seguridad en el Hospital Posadas y crea un grupo Swat, crean un centro de detención y tortura en el hospital”, comentó.

Para la diputada kirchnerista, “es tan claro el rompimiento del contrato social de estos cortesanos que la sociedad argentina salió a la calle, y ahí estábamos todos. Fue tan fuerte que este Congreso en paralelo a la marcha se juntó y sancionó una ley, la 27.362, para que quede claro que no se podía aplicar el 2×1 en los delitos de lesa humanidad”.

Tras reiterar que ambos jueces de la Corte fueron “en contra del contrato social de esta sociedad”, comentó que en el caso de Rosenkrantz, ese magistrado insistió, pues “casi declara inconstitucional esa ley, no tuvo mayoría y sigue fallando en minoría en muchísimas causas pidiendo que se aplique el 2×1 a los genocidas”, por ejemplo el caso Rufino Batalla. “Es de una gravedad importantísima, que afecta a nuestra democracia y a la idoneidad ética de estos cortesanos”, enfatizó.

Mara Brawer concluyó señalando que “este pedido de juicio político no busca necesariamente que estos supremos sean juzgados, porque la finalidad del juicio político, como dijo Joaquín V. González, no es el castigo del acusado, sino la protección del interés público, contra el peligro de su ofensa por abuso de poder, el descuido del o la conducta incompetente a la dignidad del cargo. Está claro que Rosenkrantz y Rosatti no estuvieron a la altura de la dignidad del cargo”.

Suman otro pedido de juicio político a integrantes de la Corte

En este caso, una ONG la emprende contra los miembros del Tribunal Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por supuestamente haber beneficiado a Elena Highton de Nolasco, “en connivencia con el Gobierno de ‘Cambiemos”.

La Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales (Exigir) se sumó a los pedidos de juicio político a dos de los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por presunta connivencia con el gobierno de Cambiemos para que la exintegrante de la Corte Elena Highton de Nolasco permaneciera en el máximo tribunal después de cumplir los 75 años de edad.

Esa situación fue denunciada y generó en su momento una causa penal que el juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Carlos Stornelli, archivó a fines de 2021. No obstante, la ONG EXIGIR invocó el causal de “mal desempeño o -en su caso y de corresponder- por delito en el ejercicio de sus funciones” a raíz de aquella supuesta maniobra.

Según la denuncia, presentada ante la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz “se valieron de información privilegiada para beneficiar a la exjueza Elena Highton en el trámite del expediente ‘Schiffrin’, en connivencia con el entonces ministro de justicia Germán Garavano a través del secretario de Justicia Santiago Otamendi”.

Otamendi es hoy juez del Tribunal Superior de Justicia porteño. Highton inició una acción de amparo apenas cumplió 74 años de edad, cuando ya estaba a estudio de la Corte un planteo del juez Leopoldo Schiffrin para continuar siendo magistrado después del límite etario de los 75 años.

La exjueza obtuvo un fallo favorable de primera instancia; el Gobierno de Cambiemos no lo apeló y, poco después, la Corte sacó el “Fallo Schiffrin” que obligó a todos los jueces a jubilarse al cumplir los 75 años de edad.

“Las comunicaciones entre los jueces denunciados y el Ministerio de Justicia se habrían dado a través de Fabián Rodríguez Simón, en algunos de los 91 contactos telefónicos mantenidos entre ellos. Toda esta maniobra fue necesaria ya que el gobierno nacional por aquel entonces no tenía las mayorías necesarias para nombrar un nuevo juez de la Corte si se jubilaba Elena Highton, ni para prorrogar su mandato de Highton por la vía constitucional”, sostiene la denuncia de Exigir.

Lorenzetti y Rosenkrantz “retuvieron el expediente que obligaría a Highton a jubilarse, y congeniaron con ella que iniciara un amparo antes de tiempo, y que la sentencia obtenida en dicho amparo no fuese apelada por el Ministerio de Justicia a cargo de Garavano justo un mes antes de que la Corte dictara el fallo Schiffrin”, informó la denuncia.

“Se manipularon los tiempos del Máximo Tribunal de la Nación en una causa judicial con el solo fin de beneficiar a uno de sus miembros y al gobierno nacional de turno; prorrogando el mandato de una jueza por fuera de los mecanismos constitucionales previstos expresamente a tal fin”, enfatizó.

Según Exigir, “Lorenzetti tenía la facultad, como presidente del tribunal en aquel momento, de convocar al acuerdo de ministros para dictar el fallo cuando él lo dispusiese, tal cual fue denunciado por el propio juez Rosenkrantz cuando se defendió en la causa penal”.

Valdés explicó los motivos del juicio político contra la Corte y le pidió a JxC que asista a debatir

El diputado del FdT remarcó que hay un pedido de juicio político contra Lorenzetti impulsado por la CC-ARI y se mostró optimista de que el enjuiciamiento al máximo tribunal avance.

Tras el ingreso del proyecto de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el diputado nacional Eduardo Valdés (FdT – CABA), autor y firmante del texto junto a otros 14 legisladores, amplió este viernes que “son cuatro los motivos de acusación”.

Además, Valdés manifestó que JxC “debería asistir al debate” y explicó: “Hay un pedido de enjuiciamiento contra el juez Ricardo Lorenzetti que fue ratificado por la diputada Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica – ARI). Lo lamentó por ellos, pero ahora no deberían contradecirse”.

Entrevistado en Radio 10, el diputado oficialista explicó los motivos por los que el FdT busca llevar a juicio político a los miembros de la Corte Suprema (al presidente Horacio Rosatti, al vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti): “El primer motivo es porque la Justicia se atribuye facultades legislativas que violaron la Constitución Nacional”.

“No convocaron a los gobernadores que son actores del Gobierno federal cuando fallaron en favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto a los recursos coparticipables”, agregó Valdés.

En segunda instancia, sostuvo que “hubo una barbaridad jurídica e histórica en el mundo”, respecto a la resolución con la composición del Consejo de la Magistratura: “Revivieron una ley que fue derogada hace más de 15 años para que Rosatti tomará el control del Consejo”, señaló.

Posterior a eso, recordó el fallo del “dos por uno” a militares detenidos de la última dictadura militar con Rosatti y Rosenkrantz en el máximo tribunal: “Ellos debían aplicar el convenio de imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad -que tenía jerarquía constitucional- y quisieron que los genocidas obtuvieran el beneficio de que valgan dos años cumplidos por cada uno en prisión”.

En ese tema, agregó: “Rosatti tuvo que dar marcha atrás con ese fallo, pero Rosenkrantz ratificó su postura”. El cuarto motivo se lo atribuyó a que la Corte “debe dar explicaciones sobre las falencias y desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)”.

En el cierre, Valdés fue consultado por la posibilidad de que el pedido de juicio político avance y consideró: “En el 2003, cuando fue el juicio político a la Corte que presidía Julio Nazareno, el presidente Néstor Kirchner contaba con una pequeña minoría y sin embargo se logró avanzar”.

L. Moreau: “Este hecho tiene una enorme magnitud histórica”

Así lo expresó el diputado del FdT al referirse al procedimiento del juicio político impulsado por el presidente Fernández y los gobernadores provinciales contra la Corte Suprema. Además, anticipó que Rosatti y D’Alessandro podrán ser llamados a declarar.

El diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT – Buenos Aires) habló sobre el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores provinciales. “Este hecho tiene una enorme magnitud histórica”, señaló.

Además, anticipó que podrían ser citados a declarar el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, el ministro -en licencia- de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el asesor de la Justicia, Silvio Robles. Del mismo modo, expresó: “La Comisión de Juicio Político tiene amplias facultades”.

En diálogo con El Destape, el diputado oficialista explicó los procedimientos que el Congreso llevará a cabo para iniciar el proceso del juicio político impulsado por el presidente: “Se puede perfectamente poner en marcha el juicio político a la Corte con el respaldo del número propio de legisladores (en comisiones con 16 de 31), pero entendemos que diputados de la oposición van a participar”.

“Este pedido presentado por el presidente de la Nación y un grupo de gobernadores tiene una enorme magnitud desde el punto de vista institucional”, indicó Moreau. Además, desarrolló: “En sesiones extraordinarias solo se tratan los temas impulsados por el Poder Ejecutivo, no hay plazo expreso y la comisión establecerá una hoja de ruta”.

Sin embargo, remarcó: “No hay a lo largo de nuestra historia un precedente en ese sentido. Sí hay precedentes en materia de juicio político a la Corte o miembros de la Corte, pero no impulsado por el presidente y los gobernadores simultáneamente”.

Respecto a juicios políticos anteriores, manifestó: “Aquí la cuestión no es hacer un festival de juicios políticos. La Coalición Cívica- ARI impulsó un juicio político contra el miembro de la Corte, el juez Ricardo Lorenzetti. Después hay otro de la diputada Vanesa Siley contra el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz”.

“Seguramente nosotros vamos a pedir que se acumulen las denuncias que tienen que ver con la misma temática de juicio político. En una comisión, cuando tiene una temática similar, más allá de quién la haya planteado, hay que tratarlas en simultáneo”, señaló.

En el cierre, remarcó que dentro del proceso del juicio político se podrá citar a declarar a Rosatti, D’Alessandro y Silvio Robles, a partir de una serie de chats en los que se ven involucrados, y concluyó: “La Comisión de Juicio Político puede citar a los jueces, se pueden pedir medidas de prueba, medidas documentales, se pueden pedir peritajes de aparatos electrónicos -a través de un juez federal se puede allanar-, y se puede llevar a un testigo por la fuerza pública si es que se niega a presentarse”.

De frases, justicia, populismo y opiniones 

Por Osvaldo Nemirovsci, exdiputado nacional. Tras las declaraciones de Rosenkrantz desde Chile, el autor cuestiona la capacidad del juez de la Corte para ocupar ese cargo.

Dijo Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema argentina: “Una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual, detrás cada necesidad, siempre debe haber un derecho. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente, porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades” 

Me gustaría, sin violencias lingüísticas ni acusaciones tremendistas, dar cierta mirada crítica a esta frase dicha por el miembro de la Corte. Aclarando en un primer punto que no es correcto llamar “fe populista” a la ya famosa frase de Evita “donde hay una necesidad nace un derecho“, que se vincula a una legendaria locución que en 1918 contenía el Manifiesto Liminar de la Reforma universitaria y que algunos asignan a la pluma de Deodoro Roca y era “los dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan”. (locución usada regularmente por la UCR). 

Parecidas en su sentido, fuertes en su concepción y vitales como consignas políticas. 

Y tienen, ambas frases un fuerte sentido de justicia anhelada, que un abogado y más si es juez supremo, no puede ignorar como fuente del derecho. 

Y la justicia tiene una necesariedad de equidad. Esa es su base para sustentar el concepto de justicia. Y esa equidad bien puede reflejarse en una indisoluble relación entre “necesidades y derechos” y entre “dolores y libertades”. Y tomando a Aristóteles, en su acreditada Ética a Nicómaco afirma que “la virtud de la justicia consiste en practicar lo que es justo y a querer lo justo” y por las dudas, que miles de año después aparezca un Rosenkrantz, agrega “se llama justo a lo que preserva la felicidad”. 

Pero para no ir tan lejos, el más afamado pensador en términos de justicia, John Rawls a quien ningún cortesano supremo deja de conocer, de mencionar y de sentirse seguidor dice que “los principios de justicia pueden contar con una validez universal el incondicional”. Y tomando la frase de Evita vemos que hay una clara concepción de justicia al pretender que las necesidades se resuelvan mediante un derecho que ampare esa injusticia y el término “incondicional” de cuño rawlsiano, pone en ridículo el cálculo mercantil de Rosencrantz y su mirada contable cuando dice que no hay “suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”. 

Pero Rawls, sostenedor en su teoría de la Justicia como Equidad, va más allá y utiliza un argumento heurístico en favor de reunir los principios de igualdad y libertad a través precisamente de esa idea de justicia como equidad. 

Es decir, la frase de Evita contiene todos los factores filosóficos, reales, históricos y jurídicos que le dan categoría de correcta solicitud plena en juridicidad y sentido de justicia. No sé a qué se refiere el juez con “fe populista” y, es más, ni siquiera lo considero algo insultante en sí mismo, sí desde donde él lo dice, pero el enunciado peronista es más un compendio de derecho positivo que una simple consigna política. 

Y Rosenkrantz es un jurista, o debiera serlo. 

A sus palabras le corresponde tener la altura de la jerarquía que ocupa en uno de los tres poderes del Estado. No es un ministro de economía haciendo números y repitiendo que “lo que entra se debita y lo que sale se acredita” (¡) es alguien que administra el servicio judicial y de su racionalidad e inteligencia derivan libertades, penas, soluciones y castigos. 

Su calma intelectual debe tener un permanente equilibrio. Él debe tener un firme equilibrio. 

Y suponiendo que todo lo que cuento respecto al valor de la frase de Evita desde las ciencias sociales y los sentidos más arraigados de Justicia en el pensamiento científico, fueran poco convincentes, no me digan que “donde hay una necesidad nace un derecho” no es un lujoso compendio de sentido social, una frase adornada con la brillantez de lo simple y profundo y casi un programa de gobierno. 

Ese es el sentido que hay que darle. 

Rosenkrantz con su postura muestra que se equivoca. Y nos abre un terrible interrogante sobre si también, al cometer errores en algo tan fácil de interpretar con una simple apelación a la comprensión de textos, no podrá equivocarse en algo mucho más complicado, como los fallos que lo tienen como decisor. 

Una declaración de Rosenkrantz en Chile desató críticas del oficialismo

“No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, dijo el integrante de la Corte Suprema, al hablar de “populismo”.

“Detrás de cada necesidad hay un derecho”, dice un apotegma peronista que contradijo el integrante de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz, que al participar de un foro en Chile se refirió a “una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual, detrás de cada necesidad, siempre debe haber un derecho”.

A su juicio, “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. A menos, claro, que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables”.

Previsiblemente, desde el peronismo salieron con los tapones de punta contra el vicepresidente del Tribunal Supremo. En el Congreso, el titular del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, posteó en su cuenta de Twitter la declaración de Rosenkrantz y expresó: “Lo sabíamos, pero quedó más claro que nunca. Rosenkrantz está en las antípodas de Evita. Que hablen, que expresen lo que realmente piensan. Para que cada argentino y argentina sepa en qué lugar están parados los que imparten justicia. Siempre del lado Evita de la vida”.

El senador pampeano Daniel Bensusán consideró “preocupante” que Rosenkrantz “hable de reducir derechos a quienes los necesitan”.

A su vez, el diputado José Luis Gioja señaló que “quien nunca pasó necesidades, jamás sabrá de derechos. Estas declaraciones de no hacen más que reafirmar el divorcio que hay una parte de la justicia y la gente, sobre todo de la más vulnerable. Mientras ese divorcio exista, la justicia será para los que no tienen necesidades”.

Senadora K denuncia encuentro entre Macri y Rosenkrantz en Neuquén

La legisladora Silvia Sapag consideró que la coincidencia entre el expresidente y el vicepresidente de la Corte “por supuesto no es casual”, además que resulta “llamativo en este contexto”.

La senadora Silvia Sapag (Frente de Todos) advirtió este martes por un encuentro entre el expresidente Mauricio Macri y el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en un country de Cumelén, en Villa La Angostura.

“Uno puede coincidir con las personas, ¿cuántas veces nos ha pasado que salimos de vacaciones y nos encontramos con algún amigo, compañero de trabajo, conocido? Eso no es lo llamativo. Lo llamativo es el contexto; una vez más están mandando un mensaje a la sociedad”, sostuvo la legisladora.

En diálogo con radio El Destape, la neuquina recordó la foto de Macri con el procurador bonaerense, Julio Conte Grand; y la frase del exmandatario sobre que “el que saca los pies fuera del plato de Juntos por el Cambio desaparece” en “un país donde la palabra desaparece sabemos que es desaparecer, porque así lo hicieron en la dictadura”.

“Hay un ministro de Trabajo (Marcelo Villegas) de la provincia de Buenos Aires que dice ‘si yo pudiera tener una Gestapo para terminar con los gremios, lo haría’. Un intendente de la ciudad de La Plata (Julio Garro), en funciones, que dice en esa misma reunión ‘tenemos que poner las balas sobre la mesa'”, continuó, en referencia al vídeo por el que la AFI presentó una denuncia.

Sapag consideró que todo eso forma parte de “un discurso horrible, casi mafioso, para mostrarnos a todos los argentinos que ellos pueden hacer lo que quieren, que la Justicia a ellos no los toca, que van por los derechos de los trabajadores, que para eso se organizaron”.

Sobre Macri y Rosenkrantz, la senadora K opinó: “Que vacacionen en el mismo lugar es como decirnos ‘hacemos lo que queremos’. Por supuesto que no es casual”. “El solo hecho de estar juntos en un lugar privado, fuera de la vista, ya nos manda un mensaje. Ellos son figuras públicas, uno en funciones, otro no, pero muy cuestionados los dos. Deberían tener ciertos cuidados si realmente tuvieran algún respeto democrático por el pueblo argentino”, añadió.

En consonancia con su coterráneo Oscar Parrilli, la legisladora dijo adherir a la idea de “tener una Corte más ampliada; no pueden ser que cuatro personas que se elijen entre ellos”. Y opinó que el máximo tribunal “esté lleno de mujeres, sería mucho mejor”.

“La Justicia siempre se ha mostrado muy débil y muy acomodativa a los intereses del momento. Si la Justicia realmente no se transforma e imparte justicia estamos en un país que está lejos de tener Estado de Derecho”, alertó.

Por último, Sapag convocó a la marcha que se realizará el 1ro. de febrero frente a los tribunales de Comodoro Py, “para que vayamos todos a pedir por un Poder Judicial que sea justo e imparta justicia. El clamor popular en nuestra República siempre ha modificado situaciones”, expresó.

Rosenkrantz denunció “una campaña de desprestigio”

El presidente de la Corte Suprema rechazó las imputaciones formuladas por la diputada Vanesa Siley en su pedido de juicio político.

En una infrecuente medida, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, salió este lunes a defenderse del juicio político impulsado por una diputada kirchnerista y denunció paralelamente una “campaña de desprestigio” contra él.

“Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra es el juicio motivado por intereses políticos”, señaló el cortesano a través de una carta difundida este lunes, luego de analizar el fin de semana el proyecto que en rigor de verdad la diputada Vanesa Siley presentó el 25 de septiembre.

“Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades” , se quejó el presidente de la Corte, al sostener en su texto que le atribuyen “falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”. Entre ellas, tener 71 cuentas en el extranjero, una imputación que aclaró que es “falsa”.

“Una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución”, señaló Rosenkrantz

Con relación a la acusación de la diputada Siley respecto de haber aceptado en minoría la aplicación del 2×1 en el caso del condenado por delitos de lesa humanidad Luis Mina, Rosenkrantz consideró “curioso” de que se lo acuse así por algo que ocurrió hace tres años y que también fue firmado por otros dos jueces, Horacio Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.

“Lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el ‘2×1’ (tanto en “Muiña” como en “Batalla”) encuentran su apoyo en la Constitución Argentina”, advirtió Rosenkrantz, quien también se refirió a la acusación de la diputada Vanesa Siley relacionada con la causa conocida como “La noche del apagón” en la que se investigan hechos ocurridos en el pueblo de General San Martín, en Jujuy, y donde se dictó la falta de mérito del empresario Carlos Blaquier y Alberto Lemos. En ese sentido rechazó “vínculos explícitos con la familia Blaquier”, bajo el criterio de que “mi esposa integra una junta directiva en una ONG sin fines de lucro dedicada a brindar becas a estudiantes secundarios de bajos recursos con alguien que sería el sobrino del imputado”, cosa que consideró “completamente absurda”.

“Nunca intervine en una causa en la que tuviera obligación alguna de excusarme”, apuntó en otro pasaje.

Weretilneck se diferenció del oficialismo y rechazó el pedido de juicio político a Rosenkrantz

El senador, que vota en consonancia con el Frente de Todos en la mayoría de los temas, reclamó que “por momentos, la agenda del Congreso se aleja de los temas de la gente”.

El senador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) se diferenció del oficialismo y rechazó el pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, presentado por la diputada K Vanesa Siley.

“De ninguna manera vamos a promover un juicio político de un juez por el sentido de sus fallos. Vamos a defender el Estado de Derecho, la Constitución Nacional y la justicia independiente”, aseguró.

Mediante un comunicado, el legislador, que suele votar en la mayoría de los temas con el Frente de Todos, sostuvo que “está claro que el pedido de juicio político es en disconformidad con los fallos del titular del máximo tribunal, con el agravante que se da en medio de un contexto de discusión de la reforma judicial y el per saltum por el traslado de jueces”.

“La plena libertad de deliberación y de decisión con que deben contar los jueces se vería afectada de estar en riesgo de ser removidos por el sólo hecho de lo decidido o manifestado en sus sentencias”, añadió mediante un comunicado.

El exgobernador rionegrino advirtió además que “por momentos, la agenda del Congreso se aleja de los temas de la gente”, en consonancia con lo expresado por el diputado de su espacio Luis Di Giacomo. De esta manera, ambos tomaron distancia del oficialismo en el asunto.

Y pidió “continuar trabajando para darle al Poder Ejecutivo Nacional las herramientas necesarias para combatir esta crisis sin precedentes ocasionada por la pandemia”.

El país necesita que nos enfoquemos en la crisis sanitaria, económica y social

Por Luis Di Giacomo. El diputado nacional de Juntos Somos Río Negro rechazó el pedido de juicio político contra el titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y pidió que “se respete la independencia de poderes”.

El pueblo argentino está viviendo horas críticas donde la incertidumbre es dominante. La salud y la vida misma que ya le ha sido arrebatada a más de 20.000 amigos, familiares y vecinos, todos seres con nombre y apellido, a quienes debemos respeto y nos obligan a redoblar los esfuerzos para combatir la pandemia con la responsabilidad del autocuidado y la coordinación de las acciones entre quienes tenemos obligaciones de conducción.

Incertidumbre en lo económico y social por la crisis sin precedente, donde a la caída mundial de la economía se agrega la particular situación de un país endeudado, paralizado productivamente, sin perspectivas de soluciones mientras nuestra moneda se hunde y la inflación se dispara.

Creemos que es un deber acompañar al Gobierno nacional en las batallas contra la pandemia y en la recuperación de la producción y el crecimiento económico, con miras a mejorar la calidad de vida de los argentinos, y lo venimos haciendo con responsabilidad. En lo que nos toca como bloque en el Congreso, bregamos por asegurar el funcionamiento del mismo en plenitud. Nos hemos opuesto a maniobras que sabotean su funcionamiento con la mezquina idea de que las cosas vayan mal para obtener réditos electorales por parte de quienes no aceptan que son minoría, producto de sus propios errores de gestión. Acompañamos las iniciativas de emergencia para dotar al Ejecutivo de los instrumentos que necesita para la gobernabilidad.

La obligación de ahora para la política es ponerse a trabajar en la situación de crisis, y es por eso que vemos con profunda preocupación y rechazamos que sectores de las coaliciones tanto oficialista como opositora se hayan embarcado en confrontaciones jurídico-mediáticas alrededor de temas secundarios que, sin importar quien salga triunfante o derrotado, en nada cambian la triste realidad que estamos viviendo.

En ese sentido, rechazamos las presiones que en ambos sentidos se realizan pretendiendo torcer la voluntad de las decisiones judiciales a beneficio de uno u otro bando. Rechazamos en todos sus términos el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia,‎ Carlos Rosenkrantz, y solicitamos se respete la independencia de poderes como la mejor forma de respetar la institucionalidad.

Luis Di Giácomo es diputado nacional por Juntos Somos Río Negro.

Al hablar del pedido de juicio político contra Rosenkrantz, Moreau apuntó contra toda la Corte

El kirchnerista consideró que está “agotada” y “muy degradada”, además de opinar que los magistrados “se han transformado en jugadores de truco”.

leopoldo moreau

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau apuntó contra todos los jueces de la Corte Suprema, al referirse al pedido de su juicio político contra Carlos Rosenkrantz. “Yo creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Esta es una Corte agotada, se juega al truco más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”, lanzó.

“Yo tenía diferencias enormes con (Carlos) Fayt, pero la verdad que jurídicamente era un tipo impecable. Ni hablar de (Carmen) Argibay y de (Raúl) Zaffaroni. Yo veo que esta Corte está muy por detrás de esos niveles”, sostuvo este lunes en declaraciones a radio Con Vos.

El radical K cuestionó a cada uno de los magistrados: “Veo una Corte con dos señores que ingresaron habiendo admitido hacerlo por decreto -en alusión a Rozenkrantz y Horacio Rosatti-, una cosa insólita. Elena Highton de Nolasco tiene vencido su mandato y, a diferencia de Zaffaroni que renunció y se fue, tiene un fallo a su favor. (Ricardo) Lorenzetti que ha tenido actitudes disruptivas permanentemente y se sacaba fotos con (Sergio) Moro y (Claudio) Bonadio. Y (Juan Carlos) Maqueda, sobre quien tengo un gran respeto personal, pero que está en una especie de ámbito de confort. Es una Corte que realmente no tiene jerarquía institucional y jurídica“.

Respecto a la decisión del máximo tribunal de aceptar el “per saltum” planteado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, el oficialista sostuvo: “Nadie se explica por qué la Corte, a instancias de Rosenkrantz, interrumpió en un proceso que venía desarrollándose a través de cauces constitucionales y absolutamente normales, que arrancó en el Consejo de la Magistratura”.

“La Corte de repente irrumpe y le quita a los jueces naturales (del fuero contencioso administrativo) la decisión de resolver. Esto produce un desbarajuste institucional fenomenal”, consideró y opinó que haber abierto el “per saltum” fue “una manera de volver a recuperar un poder que no les corresponde y que excede el que les otorga la Constitución”.

Para el kirchnerista, “lamentablemente, la Corte tiene la propensión de que creer es un tribunal constitucional cuando no lo es. Y a creer que además puede jugar un papel determinante en las relaciones de poder en la Argentina. Y se ve alentada por algunos que piensan que la Corte debería desplazar a los poderes que han sido electos por la sociedad, porque no se resignan a haber perdido la elección”.

El legislador criticó entonces a la oposición porque “judicializan todo” y “la Corte se deja tentar, porque eso le significa acumulación de poder. Se han transformado en jugadores de truco”.

Puntualmente sobre el pedido de juicio político presentado por su par Vanesa Siley, Moreau defendió que “está bien fundado” y “hay más que razones para esto”, entre esas que el presidente de la Corte “está sentado sobre el caso Blaquier y todos saben que sus familiares más íntimos forman parte de la Fundación y se debería haber excusado; no solo no lo hizo, sino que lo tiene frenado y congelado en su vocalía”.

Además recordó que la solicitud se presentó el 25 de septiembre pasado y fue “una actualización” de un pedido anterior. “Se venían acumulando situaciones de distinta naturaleza”, dijo sobre las causales, entre ellas “el tema famoso del 2×1”. Y criticó que “los que hoy se horrorizan” con el tema, “aplaudían” el pedido de juicio político “y hostigamiento permanente a Lorenzetti” por parte de la exdiputada Elisa Carrió.

Siley justificó su pedido de juicio político a Rosenkrantz

La diputada kirchnerista sostuvo que “hay que respetar la República”, y vinculó al presidente de la Corte con el tema del 2×1 a autores de delitos de lesa humanidad.

Autora del proyecto para enjuiciar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que ella hizo conocer este fin de semana, pero que en realidad presentó el viernes de la semana anterior, Vanesa Siley justificó su pedido de juicio político contra Carlos Rosenkrantz en lo que ya en 2017 se había promovido en su contra, cuando avaló el 2×1 para autores de delitos de lesa humanidad.

“En el año 2017, a raíz de lo que fue el 2×1 a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad, tres bloques presentaron el pedido de juicio político para Carlos Rosenkrantz, que en ese momento no era presidente de la Corte. Los pedidos se fundan en que las sentencias no estuvieron ajustadas a derecho”, explicó este domingo por radio Mitre.

Según la legisladora del Frente de Todos, “esta cuestión que fue el 2×1 se agravó e incrementó en pandemia” y nombró un caso donde “unilateralmente Carlos Rosenkratz le da recomendaciones a un Tribunal de Rosario para que el imputado se vaya a su casa”.

“El juicio político es un proceso establecido en la Constitución Nacional. No depende del Poder Ejecutivo. Hay que respetar la República. Sino hablamos de la división de poderes y después nos confundimos y estamos pretendiendo que el Poder Ejecutivo empiece un juicio político y no es así”, afirmó la legisladora.

Al hacer referencia a la aceptación del per saltum de los jueces Bruglia, Bertozzi y Castelli, Siley consideró que eso “lo tiene que decidir la Corte. Tiene un caso concreto y aceptó un per saltum. Esperemos que fundamente su criterio”.

Las diferencias internas que conspiran contra el Gobierno

Mientras el Gobierno lanza medidas para garantizar su acceso a los dólares, el ruido político hace su aporte contra la confianza elemental que necesita en una coyuntura tan complicada. La relación con la oposición y las discrepancias internas que conspiran contra la autoridad presidencial.

sesion senado 2 octubre 2020

Por José Angel Di Mauro

La Corte Suprema de Justicia es especialmente refractaria a ponerse en situaciones que la ubiquen en el centro de la polémica. Por eso resultó curioso cuando en mayo de 2017 emitió un fallo a favor de aplicar el 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad.  Una enorme incomodidad le generaron entonces las masivas movilizaciones realizadas por esos días en su contra, y hasta el intento por parte del kirchnerismo y la izquierda de llevar a juicio político a quienes habían emitido semejante fallo.

El tema, que sorprendió en esos días al Gobierno de Mauricio Macri, fue saldado a través de una ley consensuada entre oficialismo y oposición, en la que por una vez votaron juntos Cambiemos y el kirchnerismo, limitando el alcance del 2×1 de modo tal que ese beneficio no sea aplicable a los delitos de lesa humanidad.

Quedaron dudas por entonces respecto de las razones de semejante decisión del Máximo Tribunal. En el Gobierno de entonces señalaron a Ricardo Lorenzetti, quien manejaba la agenda de la Corte y siempre fue partidario de los fallos unánimes. En ese tema en cambio el resultado había sido 3 a 2. Esos tres votos fueron de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Muchos funcionarios de entonces interpretaron que Lorenzetti había generado esa situación a sabiendas de cómo votarían Rosatti y Rosenkrantz.

Lejos de haber menguado, las intrigas en el seno de la Corte Suprema siguen vigentes y exacerbadas. Confiaba en ello el Gobierno cuando salió a agitar el tema del escrache del fin de semana a Ricardo Lorenzetti en su casa de Rafaela. Pero una vez más erró el presidente al lanzar una fuerte embestida pública contra el titular del Tribunal por haber habilitado la discusión del per saltum. Ese mismo día la diputada Vanesa Siley presentó un pedido de juicio político contra Rosenkrantz, que este fin de semana ella misma se encargó de difundir.

Vanesa Siley, autora de un pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema.

A su vez, en vísperas de la reunión de la Corte, la ministra de Justicia -nadie más del riñón albertista que ella- advirtió que “sería un escándalo” que fallara a favor del reclamo de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. En rigor, la Corte aún no ha fallado; pero así como en la previa de la acordada del martes pasado en la Rosada  confiaban en que el Tribunal se sacara de encima la papa caliente, ahora descuentan un fallo adverso.

Debiera aprender el Gobierno que ese tipo de presiones suelen generar el efecto contrario al buscado. Le pasa también con la oposición, a la que necesitaría fragmentar, pero sus acciones no hacen más que amalgamarla.

Un ejemplo claro es el Senado, donde más sufre la oposición su condición de minoría. Sin embargo fue el primer espacio en el que pudo ponerle límites al Gobierno, al demostrar a partir de una votación por un tema menor que el oficialismo no tenía los dos tercios.

En efecto, la Cámara alta es el espacio donde más podían quedar expuestas las debilidades de la oposición. Ejemplo: dos senadoras que ingresaron al cuerpo el 10 de diciembre pasado a través de las listas de Juntos por el Cambio, quedaron enemistadas con ese interbloque aun antes de asumir, porque los radicales quisieron quedarse con sus lugares. Sin embargo la hostilidad expuesta desde la presidencia de esa Cámara no hizo más que sumarlas a JxC a la hora de votar.

En esa Cámara no avanzan los consensos. A diferencia de Diputados, donde las sesiones son mixtas, permitiéndose la presencia de casi medio centenar de legisladores en sus bancas, en el Senado apenas están habilitados la presidenta provisional y los tres vicepresidentes. La oposición judicializó el nuevo protocolo impuesto por considerar que representa una reforma del reglamento de la Cámara y como tal necesitaría -dicen- el apoyo de todo el cuerpo. Por eso asiste a los debates, pero se retira a la hora de votar. Hubo la última semana un esbozo de acercamiento al acceder la presidencia del cuerpo a permitir la presencia de otros cuatro senadores, dos del oficialismo y dos de JxC. Pero este bloque pidió que fueran rotativos, de modo tal que pudieran ir cambiando los senadores presenciales durante el transcurso de cada sesión. El oficialismo no aceptó y así siguen empantanados.

La presidencia de la HSN había propuesto para esta sesión el tratamiento de dos temas ineludibles para la oposición: la ley que le rebaja la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y la de promoción de la economía del conocimiento. Sin acuerdo, la oposición dio el debate y se deslogueó al momento de votar. Con esta metodología todo se aprueba sin votos negativos.

En la Cámara baja el diferendo por la presencialidad alcanzó su punto extremo con esa recordada sesión a la que asistieron 94 diputados de Juntos por el Cambio… que figuraban ausentes por no estar logueados. Pero a los pocos días volvieron a sentarse todos y encontraron una solución consensuada. Es verdad también que en esa Cámara la relación de fuerzas es más ajustada, entonces la búsqueda de consensos es una obligación para Sergio Massa y Máximo Kirchner. Como sea, se acordó que para los temas más ríspidos las sesiones sean convocadas en un espacio donde pueda haber la mayor cantidad de diputados presentes, con distancia suficiente entre sí.

Empresarios con los que mantiene buen diálogo Alberto Fernández le expresaron días pasados sus reparos hacia el proyecto de aporte solidario.

El primer tema que amerita la presencialidad acordada será el aporte solidario y extraordinario, mejor conocido como el proyecto para las grandes fortunas. Se esperaba que se tratara la última semana, pero tal vez se postergó por la búsqueda del recinto adecuado donde debatirlo. O bien para no diluir el efecto de las medidas anunciadas el jueves por el equipo económico. Un intento oficial por recuperar la centralidad y volver a marcar la agenda.

Los empresarios recibieron los anuncios con beneplácito por ver a las autoridades diagramar algo que sea parecido al menos a  un plan, aunque con cautela extrema. Ya se vivió intensamente en los dos últimos y tortuosos años de Cambiemos, cuando las sucesivas devaluaciones hundieron las expectativas de esa administración.

Hoy el Gobierno de Alberto Fernández se resiste a devaluar, pero el problema sigue siendo el dólar, más específicamente su escasez. Y en esa materia el Gobierno solo viene demostrando eficacia en extremar el cepo: cada vez son menos los habilitados para acceder al dólar ahorro.

Empresarios con los que mantiene buen diálogo Alberto Fernández le expresaron días pasados sus reparos hacia el proyecto de aporte solidario. La respuesta presidencial fue enviarlos a manifestarle sus sugerencias al diputado Carlos Heller, redactor del  proyecto que se le atribuye a Máximo Kirchner. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja rechazó esas recomendaciones.

El presidente sobreactúa la independencia de los poderes cuando le hacen planteos sobre iniciativas que surgen en alguna de las dos cámaras, desligándose de las mismas. Quedó claro precisamente con el proyecto para las grandes fortunas, del que Fernández se anotició durante una entrevista que le hizo en abril el periodista Horacio Verbitsky.

En rigor, las opiniones tan diversas en el seno del oficialismo, muchas veces a contramano del pensamiento presidencial, no hacen más que expresar la diversidad de posturas en el muy diverso Frente de Todos. Volvió a manifestarse la última semana con el debate intenso generado en torno al uso de las pistolas Taser. O de manera más cruda cuando el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, defendió al régimen de Nicolás Maduro al hablar de “posturas sesgadas” en ese organismo respecto de la situación en Venezuela en materia de derechos humanos. Por una vez se dejó trascender desde lo más alto del Gobierno que esa postura no era compartida por la Cancillería, ni mucho menos por el presidente Fernández. Raimundi dijo haber aclarado con el presidente el tema, “para desmontar cualquier operación y sellar la posición argentina”. Lo cierto es que este lunes en Ginebra el embajador argentino ante la ONU, Federico Villegas, sí votará a favor el  informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Pero Raimundi sigue en su cargo, contrariamente a lo que puede sugerir el sentido común. Pasa que una medida en contrario alteraría el equilibrio interno del tan diverso Frente de Todos, aun a riesgo de perjudicar la autoridad  presidencial. Y esas cuestiones, inexorablemente, terminan repercutiendo en la confiabilidad de un gobierno que necesita como nunca reforzar ese elemento.

La oposición en guardia por el pedido de juicio político

Conocida la iniciativa de una diputada del Frente de Todos contra Carlos Rosenkrantz, diputados y senadores de Juntos por el Cambio reaccionaron contra el oficialismo.

No tardaron en reaccionar los legisladores de Juntos por el Cambio ante el proyecto de una diputada del Frente de Todos de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

A través de Twitter, el presidente del interbloque JxC de Diputados, Mario Negri, ironizó recordando que “hace unos días el gobierno hablaba de presiones al Máximo Tribunal. ‘La única verdad es la realidad’, decía el Gral Perón”. Luego advirtió que “el pedido de juicio político al presidente de la CSJN en momentos que debe resolverse el traslado de jueces que intervinieron en causas que involucran a la vicepresidenta es la más obscena demostración de la prioridad del kirchnerismo: apriete, impunidad y control de la justicia”.

Su par del Senado, Luis Naidenoff, tuiteó: “Nada nuevo bajo el sol. Ahora es el turno de la corte, juicio político a Rosenkrantz. Impunidad y revancha. Otra embestida K a la justicia Argentina”.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Álvaro González, advirtió por su parte que “el oficialismo busca amedrentar al Poder Judicial y lo expresa pidiendo el juicio político al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Vamos a defender los valores republicanos de la división de poderes con una justicia independiente”.

Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López, trajo a colación la protesta contra Ricardo Lorenzetti en Rafaela: “Esto no son bocinazos, esto es un verdadero apriete, una intimidación”. Y agregó: “Intimidan a la Corte y a su presidente por todos los medios posibles, pero no tienen ni la razón ni la fuerza para ese juicio político. No hay causal ni tienen el número. Esperemos que otros jueces no sean apretables por otras vías, hay mucho en juego”.

“Alerta para el pueblo argentino!! Traslado de jueces: el kirchnerismo pidió el juicio político para el presidente de la Corte Suprema”, advirtió la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado.

El presidente del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo, escribió: “A tres días de que Carlos Rosenkrantz convocara al máximo tribunal para tratar el per saltum pedido por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, el oficialismo ingresa en @DiputadosAR un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte. Una extorsión que no permitiremos”.

Marcela Campagnoli tuiteó: “A menos de una semana de los repudios por las manifestaciones en la casa de Lorenzetti, el kirchnerismo impulsa un juicio político contra el Juez Rosenkrantz. Presidente @alferdez recuérdele a su bloque de legisladores que los escraches son algo propio del fascismo”.

El diputado nacional del Pro Waldo Wolff señaló a su vez: “No les gusta lo que vota Rosenkrantz y salen a pedirle juicio político.  Háblame de tolerancia y republicanismo. Esta semana seguro arrancan con la vida privada. Tienen una agenda medieval”. Y en otro tuit expresó “que el pedido de juicio político a Rosenkrantz no haga olvidar cuando lo perseguían a Fayt cuestionándole su lucidez. Digamos todo”.

A su vez, el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, señaló que “con el pedido de juicio político a Rosenkrantz el kirchnerismo muestra su único proyecto: Tener una Justicia adicta. La vicepresidenta es investigada por múltiples causas de corrupción. La mejor política que implementó el Gobierno es tratar de salvar a la jefa”.

“Cristina quiere el juicio político de Rosenkrantz por cumplir la CN. La desvela ser ella la Justicia y vengarse del campo. Se apura para no ir presa e ir a Santa Cruz. Es democracia o autocracia. Justicia o delito. De acá a diciembre las batallas decisivas para salvar al país”, alertó por su parte el diputado Alvaro de Lamadrid.

A su vez, la diputada de la  CC Mónica Frade escribió: “El Frente de Todos contra el Presidente de la Corte Suprema, por incomodar a la senadora. Le piden juicio politico. Es como extenderle diploma por el mejor de su clase. El Pueblo Argentino de bien será custodio de la CN y de los jueces probos”.

“Hace 25 años el kirchnerismo iniciaba la disolución del Poder Judicial de Santa Cruz desplazando al Procurador Sosa. Aún gobiernan sobre los escombros de lo que fue la provincia más rica del país. No podemos dejar que la Nación tenga el mismo destino”, advirtió Mariana Zuvic.

El diputado tucumano José Cano recordó a su vez que “hace una semana el Presidente dijo que presionar a un juez era un acto propio del nazismo. Ahora el oficialismo inicia un proceso de juicio político contra el presidente de la Corte a cuatro días del fallo en contra de la voluntad del kirchnerismo”.

Por su parte, la diputada Paula Oliveto comentó que “en la Argentina, una vicepresidenta remueve a los jueces que la investigan y le inician juicio político al Presidente de la Corte. No van a poder pero cómo se les nota que les encanta el modelo Maduro. Y después se desviven pidiendo dólares a los que agravian todo el tiempo”.

A su vez, Jorge Enríquez comentó que “para el kirchnerismo, la aplicación del derecho vigente, si no coincide con sus intereses, es causal de mal desempeño de un juez. Rosenkrantz es un magistrado probo, independiente y de un altísimo nivel intelectual y académico.Lo acusan de no ser un lacayo”.

El mendocino Luis Petri tuiteó: “Siendo legislador, el actual embajador argentino ante la OEA (que esta semana no condenó las violaciones de derechos humanos en Venezuela), Carlos Raimundi, le pidió juicio político a un juez ejemplar, Carlos Fayt en el año 2014, ahora van por Rosenckrantz. VOLVIERON PEORES”.

“La agenda del oficialismo debería pasar por la situación económica, social, sanitaria y educativa. La prioridad del kirchnerismo, en cambio, gira en torno al plan de impunidad de la vicepresidenta. El pedido de juicio político a Rosenkrantz es un grave capítulo más. No Pasarán”, afirmó a su vez el diputado radical Juan Martín.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro consideró el pedido de juicio político al presidente de la Corte un “nuevo atropello institucional e intimidación que no vamos dejar pasar. Por más que quieran, no van a poder. Somos una inmensa mayoría que defendemos el estado de derecho, la Constitución y justicia independiente”. Le salió a contestar la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti de esta manera: “¿Cuándo vos pediste junto a @elisacarrio el juicio político a Ricardo Lorenzetti, que era presidente de la Corte no era atropello ni intimidación? Basta, Maxi”.

Desde el Frente de Todos piden el juicio político del presidente de la Corte

Vanesa Siley presentó un proyecto en ese sentido tres días después de que Carlos Rosenkrantz convocara a los integrantes del tribunal a analizar si correspondía tratar el per saltum pedido por tres jueces desplazados por el oficialismo.

carlos rosenkrantz

El mismo día en que el presidente Alberto Fernández la emprendió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia por haber convocado a sus pares del Alto Tribunal para el tratamiento del per saltum pedido por los tres jueces desplazados por el Senado, una diputada nacional del Frente de Todos presentó un pedido de juicio político contra el propio Carlos Rosenkrantz.

En efecto, el viernes 25 de septiembre pasado, tres días después de que el presidente del Tribunal convocara a reunirse el martes siguiente para tratar el pedido de los jueces Leopoldo Bruglia, Eduardo Bertuzzi y Germán Castelli, la diputada Vanesa Siley presentó su pedido de juicio político ampliando los fundamentos de los pedidos del año 2017.

Así lo anunció la diputada, del gremio de los judiciales, que responsabiliza a Rosenkrantz de “cajonear la causa Blaquier para evitar que la corte confirme el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad. Tiene esa causa en su vocalía desde que asumió”, aseguró, agregando que “sus familiares integran la misma fundación que los Blaquier”.

“La reciente convocatoria a la comisión Interpoderes, a la que se negó desde que es presidente (incluso ante 7 pedidos de los organismos de DDHH), es una victoria de la democracia y de nuestras Madres y Abuelas. No de la impunidad de los responsables del Terrorismo de Estado”, tuiteó este sábado Siley, al anunciar la presentación de su proyecto.

En el mismo promueve el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.

En todas las causas que incluye en su pedido de juicio político, entre las que incluye la habilitación del 2×1 de 2017 para un caso de lesa humanidad, Siley sostiene que “no solo se evidencia una nula actuación jurisdiccional, sino que más bien se confirma una firme postura ideológica por parte del doctor Rosenkrantz que es contraria a las leyes, la Constitución Nacional y los pilares fundamentales del Estado de Derecho”.

Sostiene la diputada que desde que Rosenkrantz asumió la presidencia del cuerpo “gran parte de sus decisiones jurisdiccionales y administrativas estuvieron orientadas a cercenar las conquistas y las luchas que buscan reivindicar el movimiento de derechos humanos en nuestro país”.

Sobre el final de su presentación, Siley recuerda la doctrina sentada por el  Congreso en el caso del juicio político realizado en 1991 al juez Alberto Oscar Nicosia, que estableció que “constituyen mal desempeño todos aquellos actos que violan la constitución y las leyes del país, o que sin violarlas puedan constituir un abuso, un exceso en las atribuciones para el logro de fines indebidos”.

“Finalmente, estimo cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político de la Cámara, razón por la que solicito que esta petición sea girada a la Comisión de Juicio Político a los fines de su pronta evaluación”, concluye.

Juntos por el Cambio exhortó a la Corte a pronunciarse sobre los desplazamientos de los jueces

A través de un proyecto presentado por los líderes del interbloque de diputados, le exigieron al máximo tribunal que se expida sobre los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

Diputados del interbloque Juntos por el Cambio presentaron este miércoles un proyecto de resolución en el cual exhortaron a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse sobre los desplazamientos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

El proyecto fue firmado por los diputados Mario Negri, Gustavo Menna (UCR), Cristian Ritondo, Pablo Tonelli (Pro), Maximiliano Ferraro y Mariana Stilman (Coalición Cívica).

Los legisladores advirtieron que con los decretos 750, 751 y 752/20 del Poder Ejecutivo, donde se oficializó la suspensión de los traslados, “se rompió la tradición de respeto por la inamovilidad de los jueces en sus cargos, que consagra el artículo 110 de la Constitución Nacional como garantía de independencia del Poder Judicial”.

“Nunca en toda su historia se desplazó a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal por decretos del Poder Ejecutivo”, sostuvieron, y agregaron: “De ninguna manera los jueces de la Nación están sometidos al arbitrio del gobernante de turno, y mucho menos en lo que respecta a su permanencia y estabilidad en el órgano judicial que titularizan”.

Para los representantes de Juntos por el Cambio, “resulta impostergable que la Corte Suprema, en su carácter de garante final de la vigencia de la supremacía de la Constitución por sobre cualquier decisión autocrática adoptada al margen de sus disposiciones, ejerza la potestad que le asigna el artículo 116 y se pronuncie sobre la legalidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo”.

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a un “acuerdo extraordinario” para el próximo martes con el propósito de tratar los recursos presentados por los magistrados.

Bertuzzi y Bruglia pidieron a la Corte una licencia hasta que resuelva sus planteos

En una nota enviada a Carlos Rosenkrantz, los jueces cuyos traslados fueron suspendidos por el Senado pidieron al máximo tribunal que les aclare “de qué manera deben proceder” hasta que se definan sus destinos.

carlos rosenkrantz

Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia pidieron este jueves a la Corte Suprema de Justicia que “contemple la posibilidad” de concederles “una licencia de carácter extraordinario” hasta que se resuelvan sus planteos judiciales acerca de la suspensión de sus traslados.

Además, pidieron al máximo tribunal que les “indique y ordene de qué manera deben proceder” y “dónde y en qué carácter cumplir funciones” luego que el Senado dejara sin efecto sus traslados a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Según informó la agencia Télam, en una nota enviada de forma virtual al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Bertuzzi y Bruglia solicitaron que “dada la crítica situación” generada por la decisión del Senado, se “contemple la posibilidad de concedernos una licencia de carácter extraordinaria”.

“Les solicitamos tengan a bien establecer los lineamientos en cuanto a todo lo relacionado a la actividad jurisdiccional que debemos desempeñar a partir de la fecha; ello a fin de evitar graves consecuencias que pongan en riesgo la vulneración de garantías constitucionales que hacen a la seguridad jurídica”, consigna la misiva.

Y agrega que “el Poder Ejecutivo de la Nación acaba de consumar un acto ilegal y de suma gravedad institucional que en su momento deberá ser cuidadosamente analizado desde distintas aristas jurídicas, al igual que todos los actos de procedimiento y maniobras previas a su dictado”.

Para los camaristas federales “las situaciones consolidadas por nuestros decretos originarios de designación implican que estos últimos solo deberían ser revocados con intervención judicial”, razón por la cual, acotaron, “deberíamos continuar con nuestras funciones ante el Tribunal en el cual actualmente nos encontramos”.

“Además, solicitamos a esta Corte que también considere la particular situación en la cual este contexto nos coloca, a la luz de las diversas dificultades que van a surgir producto del dictado de los actos administrativos cuestionados”, completaron en el texto.

Bertuzzi y Bruglia remarcaron que, en caso volver a los tribunales que integraban antes de sus traslados “legalmente dispuestos hace años”, colisionarían con quienes concursan para esos puestos y jueces subrogantes que en ellos actúan.

Rosenkrantz confirmó que la Corte decidirá sobre el reclamo de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli

El presidente del máximo tribunal afirmó que se revisarán los planteos presentados por los magistrados, cuyos traslados el kirchnerismo en el Senado pretende rechazar, y que habrá “una respuesta adecuada a derecho”.

carlos rosenkrantz

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, confirmó que se resolverá sobre el recurso de per saltum que presentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, en rechazo a la revisión de sus traslados por parte del kirchnerismo en el Senado.

“Los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por esta y otra razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento”, expresó el titular del máximo tribunal.

En una entrevista con el diario La Nación, Rosenkrantz reveló que junto a los miembros de la Corte han estado “intercambiando opiniones, como parte de la necesaria deliberación que precede a la resolución de casos de esta envergadura”.

“Ello en modo alguno debería generar suspicacias ni motivar ninguna conjetura acerca del modo en que la Corte habrá de decidir. La Corte va a decidir”, aclaró y aseguró: “El país tiene que estar seguro de que el Tribunal dará oportunamente una respuesta adecuada a derecho”.

Además, enfatizó que la Corte “es la autoridad final” por lo que “posee siempre la última palabra” y más en los temas en que “se pone en cuestión la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado”.

La semana pasada, en audiencia pública, el Frente de Todos rechazó los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli -quienes no se presentaron a la reunión-, ocurridos durante el gobierno anterior.

Tras la decisión del Consejo de la Magistratura de avanzar con la revisión, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara alta 10 pliegos de jueces federales, y el oficialismo votó en contra de esos tres, mediante un dictamen de mayoría. Ahora resta que se traten en el recinto, donde el Frente de Todos cuenta con mayoría para aprobarlos y generar que los jueces vuelvan al tribunal anterior.

La Corte habilitó la feria judicial por el pedido de Cristina Kirchner

El máximo tribunal dio curso al planteo de la vicepresidenta y pidió un dictamen de la Procuración General de la Nación acerca de la validez de las sesiones virtuales.

cristina kirchner presidenta senado

La Corte Suprema de Justicia habilitó este viernes la feria judicial extraordinaria por la acción declarativa de certeza solicitada por la vicepresidenta Cristina Kirchner para que el máximo tribunal se pronuncie sobre la validez de las sesiones virtuales en el Congreso.

En una resolución firmada por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se dispuso dar curso a la presentación de la titular del Senado y pedirle un dictamen a la Procuración General de la Nación, que sería no vinculante.

“A los fines de dar tratamiento a la acción entablada, habilítase la feria judicial extraordinaria dispuesta en la Acordada Nro. 6/2020 prorrogada por la Acordada Nro. 8 y Nro. 10/2020”, indica la disposición.

Y agrega: “Dese vista a la Procuración General de la Nación para que en el término de 48 horas, que comenzarán a correr desde la recepción de la presente –sin computar los días sábado y domingo- acompañe su dictamen”.

Hace tres días, Cristina había pedido a la Corte -a través de los abogados Graciana Peñafort y Esteban Lopardo- una acción declarativa de certeza sobre la validez de las sesiones online, con miras al tratamiento de un proyecto de ley para establecer un impuesto a los grandes patrimonios.

En su presentación, pidió conocer si en esta coyuntura cabe la aplicación del artículo 30 del reglamento de la Cámara alta, que establece que “los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional”.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, Sergio Massa trabaja para habilitar una sesión virtual, tras haberse desarrollado numerosas reuniones de comisión informativas de ministros bajo esa modalidad.