Un grupo de referentes en Derechos Humanos llevó a la Justicia Federal a la senadora radical por su iniciativa para modificar el Código Penal. Sostienen que el proyecto puede intimidar a víctimas y profesionales.
Un colectivo integrado por juristas, especialistas en salud mental y referentes de Derechos Humanos presentó una denuncia penal contra la senadora nacional Carolina Losada (UCR) a raíz del proyecto de ley de su autoría que propone endurecer las penas por falsas denuncias y falsos testimonios en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y delitos contra niños, niñas y adolescentes.
La denuncia fue radicada en la Justicia Federal y tiene entre sus principales impulsores al ex juez de la Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la socióloga e investigadora Dora Barrancos. En el escrito, acusan a la legisladora santafesina de impulsar una iniciativa que podría funcionar como un mecanismo de coacción e intimidación, especialmente sobre profesionales que intervienen en la atención de víctimas de abusos sexuales.
Según los denunciantes, la propuesta legislativa carece de sustento empírico y se apoya en una premisa falsa: la supuesta proliferación de denuncias deliberadamente inventadas en este tipo de causas. Para fundamentarlo, citan un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, elaborado sobre más de ocho millones de casos penales tramitados en 17 provincias entre 2023 y 2025. De ese total, apenas el 0,09% correspondió a investigaciones por denuncias presuntamente falsas, mientras que los falsos testimonios representaron solo el 0,025%.
Además, el informe señala que el 86% de las falsas denuncias detectadas se originaron en conflictos patrimoniales o laborales, y no en situaciones de violencia de género o intrafamiliar, que constituyen el núcleo del proyecto impulsado por Losada. Para los autores de la presentación, estos datos desmienten la necesidad de una reforma penal en los términos planteados.
La iniciativa de la senadora radical consiguió en el mes de abril que la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Gonzalo Guzmán Coraita, le diera dictamen favorable y dejó el proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto. La propuesta eleva de tres a seis años la pena de prisión cuando la falsa denuncia se vincula con violencia de género, abuso sexual o involucra a menores de edad.
Durante el debate en comisión, Losada defendió la iniciativa y sostuvo que las sanciones actuales son “prácticamente inexistentes”. Aseguró que las falsas denuncias consumen recursos del Estado y generan daños irreparables en las personas acusadas. Desde 2022, dijo, el proyecto fue objeto de múltiples jornadas de discusión y no responde a divisiones partidarias ni sociales.
La Comisión de Asuntos Constitucionales convocó a 16 invitados para continuar con la discusión del proyecto del Poder Ejecutivo.
Sin pausa, continúa en el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales la discusión sobre el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias.
Para este martes hay 16 invitados que expondrán a partir de las 13 de manera virtual. Según se informó, se espera la visita de Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal; Lucila Larrandart, profesora de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UBA y ex jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal; Miguel Caminos, ex juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, y Alejandro Guillé, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Estarán también Hugo Antonio Blasco, de la Federación Judicial Argentina; Emilio Porras Hernández, procurador general adjunto de la provincia de Chubut; Carlos Seijas, defensor oficial en el Ministerio Público de la Defensa; Ricardo Majuel Rojas, juez de Cámara del Tribunal en lo Criminal N°18 de la Capital Federal; y Ricardo Peyrano, fiscal en lo civil y comercial y contencioso administrativo federal.
Otros invitados son Héctor Mario Chayer, especialista en Gestión y Organización Judicial; un representante del Colectivo Nacional Mario Bosch, de abogadas y abogados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad; el abogado Jorge Auat; un representante de organizaciones de derechos humanos; Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, y el excamarista Carlos Rozanski.