Luego de que el fiscal la imputara junto a Juan Grabois y otros por supuestas irregularidades en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la senadora le salió al cruce.
El fiscal Carlos Stornelli imputó al dirigente social Juan Grabois, a la extitular de la Secretaría de Integración Socio Urbana Ramona Fernanda Miño y a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, por supuestas irregularidades en el manejo del dinero del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) entre los años 2020 y 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.
Las imputaciones involucran también al expresidente del BICE Fideicomisos Jorge Miguel Tanus.
Se trata de una denuncia impulsada por el Gobierno nacional tras una auditoría que habría encontrado irregularidades en el manejo de fondos del Fondo de Integración Socio Urbana.
Según reportó el sitio Infobae, para Stornelli, “resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023”.
De acuerdo con lo que indica el fiscal, la administración de los fondos que integran ese fideicomiso quedaría en manos de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA) “a cargo” de Anabel Fernández Sagasti, Jorge Tanus y la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Ramona Miño, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que encabeza Grabois.
De inmediato, la senadora Fernández Sagasti salió a contestar a través de su cuenta de X, donde en un video señaló que se enteró por los medios de comunicación que “he sido imputada porque creen que he sido funcionaria del Ejecutivo del Gobierno anterior. Bueno, como todos ustedes saben, yo soy senadora y he sido senadora y nunca fui parte de ningún Ejecutivo. Y tampoco del Ejecutivo anterior”.
“Yo le diría humildemente al fiscal Stornelli que este error (e hizo el ademán de encomillar esa palabra) de copiar y pegar de notas periodísticas sin leer ni estudiar, desprestigia mucho a la justicia argentina -agregó-. Pero sobre todo, le hacen perder tiempo y mucho dinero a los argentinos”.
A continuación planteó que “si fuera malpensada creería que esto tiene que ver con la llegada de la ley Bases al Senado de la Nación. Pero elijo creer que este grosero error tiene que ver con la falta de lectura, y que ni siquiera se pusieron a googlear cuál era el organigrama del Gobierno anterior”.
Agregó la senadora mendocina que “este papelón del fiscal Stornelli no nos aparte del camino que es trabajar por los problemas cotidianos de todos los argentinos, y en ese camino me van a tener”.
Que este papelón de la justicia no nos desvíe de lo importante.
— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 4, 2024
El jurista del Pro sostuvo que el oficialismo lleva adelante el enjuiciamiento a los miembros del máximo tribunal de justicia para “distraer de la inflación, la inseguridad y el narcotráfico”.
El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – CABA) habló sobre la séptima reunión de Comisión de Juicio Político y se refirió a la ausencia del fiscal Carlos Stornelli: “Al oficialismo le importa hostigarlo para contribuir al show, si no le mandaran las preguntas por escrito”.
Además, el jurista del Pro expresó: “El reglamento de la comisión tiene una jerarquía normativa similar a la de un club de barrio”, y agregó: “La jerarquía normativa de una ley está mucho más por encima del reglamento. Es un invento que hay rango constitucional. Es un disparate, me hacen reír”.
En declaraciones a FM La Patriada, el diputado opositor amplió: “El oficialismo cita gente para contribuir al espectáculo”. Así también, advirtió: “Soy crítico y no lo veo nada bien, se citan testigos sin saber para qué. Citaron testigos por ser parientes del presidente del Colegio de Abogados”.
Al respecto, recordó lo dicho por la diputada oficialista Vanesa Siley sobre la cantidad de testigos a declarar y explicó: “Hay 131 testigos, a cuatro o cinco por semana, vamos a tardar años”. “Estos testigos no aportan nada”, señaló.
En la misma línea, manifestó que el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia “es un ejercicio de distracción para entretenernos con esto y no hablar de inflación, inseguridad y el narcotráfico”. “Este juicio político no apunta a reformar nada, solo apunta a perseguir a los jueces de la Corte”, enfatizó.
A su vez, relató que este miércoles será presentada la denuncia contra el juez Alejo Ramos Padilla. “Hoy se presenta la denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez porque según el oficialismo mintió bajo juramento”.
En el cierre, expresó: “Nadie explicó, ni probó nada sobre el tráfico de influencias”, y cerró: “El oficialismo está llevando esto sin rumbo definido”.
En el arranque de la reunión de la Comisión de Juicio Político se rechazó un pedido de la oposición para que se envíen por escrito las preguntas al fiscal federal.
En el arranque de una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, la diputada Carolina Gaillard (FdT) informó que una vez más el fiscal federal Carlos Stornelli le comunicó al procurador interino, Eduardo Casal, que “espera que le enviemos las preguntas por escrito”.
“La Presidencia le va a comunicar al doctor Casal nuevamente la incomparecencia del fiscal Stornelli y se le solicitará se inicien las acciones disciplinarias correspondientes”, afirmó la entrerriana, quien subrayó que “la Presidencia no puede incumplir el reglamento”, el cual “establece que los únicos exceptuados a declarar por escrito son el presidente, el vicepresidente y los gobernadores”.
Al igual que la semana pasada, Stornelli aseguró que está amparado por la Ley del Ministerio Público Fiscal para poder declarar de manera escrita y no presencial. Sin embargo, el Frente de Todos insiste con esa prerrogativa no corre para el funcionario judicial y varios de los voceros oficialistas de este proceso anticiparon que pedirán su desafuero para que sea traído por la fuerza pública.
Stornelli fue citado para ser interrogado por haber sido autor del dictamen en el que se basó el juez federal Sebastián Ramos (a quien el oficialismo decidió denunciar por falso testimonio) para archivar una causa sobre los presuntos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en los que hay diálogos sobre el Consejo de la Magistratura y el fallo del máximo tribunal respecto a la coparticipación de la Ciudad, dos de las causales del juicio político.
Desde Juntos por el Cambio, el diputado Pablo Tonelli (Pro) señaló que “el reglamento de la comisión de ninguna manera puede estar en términos normativos por encima de la ley”. “Los fiscales están eximidos de tener que asistir personalmente a prestar declaración”, aseveró y opinó: “Da la impresión de que el oficialismo no tiene interés en las respuestas del fiscal Stornelli, sino en hacerlo comparecer, en seguir con el circo, el show, el espectáculo; porque si les interesaran las respuestas, las mandan por escrito, el fiscal la responde y a los dos días tenemos las respuestas”. “El propósito del oficialismo es hacerlo comparecer para maltratarlo seguramente”, agregó.
Firme en su postura, Gaillard le respondió: “Yo me tengo que ajustar como presidenta de esta comisión a lo que dice el reglamento”. “Si yo le permito al fiscal Stornelli declarar por escrito estoy violando el reglamento”, reiteró y explicó que “no está el fiscal Stornelli exceptuado por el reglamento como tampoco por la Ley del Ministerio Público Fiscal que establece que los fiscales podrán estar exceptuados de comparecer a declarar presencialmente ante los tribunales, y nosotros no somos un tribunal”.
A su turno, el legislador Álvaro González (Pro) propuso “poner a votación que mandemos el pliego de las preguntas al señor fiscal, porque lo que quiero creer es que interesan las respuestas y no la presencia física”.
Finalmente, Gaillard rechazó poner a votación ese pedido y ratificó: “Esta Presidencia no puede someter a votación una cuestión que es contraria al reglamento que nos rige”.
El fiscal federal no concurrirá por segunda vez consecutiva. Por otro lado, fueron llamados cinco testigos, entre ellos, un funcionario de la Procuración y un abogado que reconocieron la veracidad de los chats filtrados entre D'Alessandro y Robles.
El fiscal federal Carlos Stornelli ratificó que no asistirá a dar testimonio ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que avanzará este martes con la audiencia de testigos en el marco del proceso que se lleva adelante -por impulso del oficialismo- contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
La semana pasada el fiscal no concurrió de manera presencial, luego de hacer saber al procurador interino, Eduardo Casal, que prefería hacerlo por escrito, amparado en un artículo de la Ley del Ministerio Público.
En la última reunión, el Frente de Todos impuso su mayoría para volver a citarlo y rechazó los argumentos del funcionario judicial, convocado a la comisión por haber sido autor del dictamen en el que se basó el juez federal Sebastián Ramos (a quien el oficialismo decidió denunciar por falso testimonio) para archivar una causa sobre los presuntos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en los que hay diálogos sobre el Consejo de la Magistratura y el fallo del máximo tribunal respecto a la coparticipación de la Ciudad, dos de las causales del juicio político.
Incluso, el oficialismo ya anticipó que, en caso de que Stornelli se niegue a declarar de manera presencial, lo denunciarán ante la Procuración y pedirán su desafuero para que, una vez sin fueros, sea traído por la fuerza pública a la comisión.
El Frente de Todos quiere que Stornelli se presente de manera presencial, amparándose en el reglamento de esa comisión que establece que la asistencia o no de los testigos no es opcional, y que la prerrogativa de no asistir solo corre para el presidente, el vicepresidente y los gobernadores.
Pero además de Stornelli, al encuentro de este martes, que se llevará a cabo desde las 13 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, fueron convocados otros cinco testigos. Entre ellos dos que fueron incorporados -por el voto de la mayoría- en la última reunión: se trata de Juan Manuel Olima Espel, secretario Institucional de la Procuración General de la Nación, y el abogado Jorge Mazzeo, propuestos por el diputado Rodolfo Tailhade. Ambos reconocieron previamente la veracidad de los chats filtrados.
También estarán nuevos funcionarios de la Corte Suprema: Sebastián Alberto Garay, de la Secretaría de Juicio Originarios; y Guillermo Sebastián Garay y Natalia Hilda Monayer, ambos de la Vocalía de Rosatti.
Hay además otros cuatro testigos convocados para este martes 14, en la que será la séptima jornada de la comisión que lleva adelante el enjuiciamiento de los cuatro integrantes de la Corte.
Presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja volverá a reunirse este martes a partir de las 13, para realizar una nueva audiencia del enjuiciamiento que se desarrolla contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El eje de esta nueva reunión volverá a pasar, como la semana pasada, por la presencia o no del fiscal Carlos Stornelli, quien ya no se presentó el martes 7. En esa oportunidad, el fiscal mostró su disposición a declarar, pero por escrito, lo que recibió el rechazo de parte de la mayoría de la comisión compuesta por los miembros del Frente de Todos.
En caso de no presentarse Stornelli -como todo sugiere- analizará si vuelven a reprogramar su interrogatorio, o si avanzan con medidas para obligar su comparencia por la fuerza. Esa alternativa recibirá el previsible rechazo de los representantes opositores y, en ese caso, buena parte de la primera parte de la reunión se la llevará esa discusión.
Recordemos que en la reunión anterior, la presidenta de la comisión advirtió sobre el inicio de un procedimiento de desafuero “para poder traerlo por la fuerza pública”.
El oficialismo quiere que Stornelli se presente de manera presencial, amparándose en el reglamento de esa comisión que establece que la asistencia o no de los testigos no es opcional. El FdT interpreta que el fiscal no puede acogerse a la excepción prevista en el Código Procesal Penal para los magistrados, quienes están habilitados a declarar por escrito o desde sus lugares de trabajo.
Por el contrario, el reglamento de la Comisión de Juicio Político establece que “los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión a testimoniar”.
Este martes continuarán las exposiciones de miembros de las secretarías de la Corte Suprema, estando convocados los abogados Juan Manuel Olima Espel (secretario Institucional de la Procuración General de la Nación); Marcelo Mazzeo (abogado), Sebastián Garay (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte) y Natalia Hilda Monayer (Vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti).
A partir de la reunión de la próxima semana, se prevén reuniones divididas en temas, según los expedientes que se analizan. Los temas por venir son la causa del 2x1, la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura y la consiguiente vuelta a la ley de 2006, y la causa por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
Una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, para recibir nuevos testigos.
En el arranque de la Comisión de Juicio Político, el oficialismo cuestionó la decisión del fiscal federal de no declarar de manera presencial. Juntos por el Cambio objetó el reglamento.
En una discusión que se extendió durante dos horas, junto a otra referida al testimonio que dio días atrás el juez federal Sebastián Ramos, el oficialismo impuso su mayoría en la Comisión de Juicio Político para volver a citar al fiscal federal Carlos Stornelli para el próximo martes, ya que no asistió.
El oficialismo buscaba interrogarlo por ser autor del dictamen en el que se basó el juez Ramos para archivar la causa sobre los chats entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia, Marcelo D’Alessandro.
Stornelli se presentó ante la Procuración para dejar expresada su voluntad de responder por escrito, amparado en la Ley del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, tal como adelantó parlamentario.com, su decisión fue rechazada por el Frente de Todos, que anticipó que si se niega a asistir de manera presencial procederán a pedir que se le quiten los fueros y sea llevado por la fuerza pública a declarar.
En el comienzo, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT) reveló que a Stornelli “se le fue notificada por cédula a su despacho la citación, él le contestó al doctor (Eduardo) Casal, a quien también esta comisión le envió nota”. “Pidió declarar por escrito haciendo uso de un artículo de la Ley de Ministerio Público que es inoponible, porque la norma habla de esa oportunidad cuando se trata de tribunales”, continuó.
En ese sentido, la entrerriana apuntó que “como esta Comisión de Juicio Político no es un tribunal no procede esa excepción”. “Si nosotros estaríamos exceptuando de comparecer presencialmente a esta comisión a otras personas diferentes de las que habla el reglamento (presidente, vicepresidente y gobernadores), estaríamos violando la Constitución en lo que refiere a igualdad ante la ley”, explicó.
“Nosotros consideramos que el fiscal Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial”, afirmó la oficialista y anticipó: “Vamos a citarlo nuevamente ya que las excepciones del Código Procesal Penal no son las mismas excepciones del reglamento, que es más restrictivo, porque estamos hablando de la Comisión de Juicio Político que tiene rango constitucional”.
Gaillard resaltó que “Casal también le informó que era inoponible” el artículo de la Ley del Ministerio Público y cerró diciendo que “si no comparece y es testigo reticente deberemos iniciar el procedimiento de desafuero para poder citarlo y traer a declarar por la fuerza pública”.
En contra de la postura del Frente de Todos, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (CC-ARI), objetó el reglamento de la comisión, que sólo exceptúa de concurrir a la comisión al presidente, el vicepresidente y los gobernadores.
“Es un reglamento del ‘96 y ha avanzado la legislación. El reglamento no recepta varias cuestiones”, arrancó el porteño, para remarcar que Stornelli apela a “la prerrogativa de declarar por escrito”, con lo cual “no es reticente”. Para insistir en contra del reglamento, el cívico mencionó que el artículo 163 del Código Procesal nuevo, el 250 Código Procesal antiguo y la Ley del Ministerio Público Fiscal lo amparan, mientras que el reglamento de la comisión “ha quedado desfasado de la legislación vigente”.
Además, cuestionó que la prerrogativa del reglamento solo alcance a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y no “al resto de los funcionarios de misma jerarquía de los otros poderes”. Para López, esa prerrogativa debería ser también para legisladores y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, de quienes la Constitución habla de inmunidad.
De la vereda de enfrente, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) expresó: “Plantear la no aplicación del reglamento interno de la comisión me parece absolutamente improcedente. Jamás hubo algún cuestionamiento al reglamento hasta que aparece una situación que no le gusta a Juntos por el Cambio”.
El kirchnerista defendió que el reglamento “tiene rango constitucional” y “no se puede hablar de que es una norma inferior a los códigos”. “No está permitido por el artículo 12 del reglamento que los jueces, fiscales o cualquier otro ciudadano argentino que sí pueda hacerlo, en función del 250 del Código Civil y Comercial, lo pueda hacer de esa manera en la comisión”.
“Este reglamento no ha sido cuestionado hasta recién”, reiteró Tailhade y le pidió a Gaillard poner al tanto a Casal de la situación: “Usted tiene que contarle todo lo que está pasando”.
A su turno, la diputada Silvia Lospennato (Pro) manifestó que “claramente creemos que la ley es superior al reglamento y además el testigo se está ofreciendo a declarar; aquí no hay ninguna violación de su deber de testificar, simplemente está haciendo uso de una prerrogativa”.
Sobre la importancia de la declaración de Stornelli, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) subrayó: “El doctor Stornelli intervino en una causa, en un mes de feria, que estaba referida a una persona que es la mano derecha del presidente de la Corte, y el fiscal Stornelli se tendría que haber excusado, porque como todos sabemos tiene sobre sus espaldas dos procesamientos confirmados en segunda instancia. Los recursos de esos procesamientos en este momento están en la Corte”.
“El fiscal está diciendo ‘mandenme las preguntas y yo se las contesto’. Si lo que quieren es tenerlo acá para tirarle piedras, díganlo. Si no, le mandamos las preguntas y nos quedamos todos tranquilos”, dijo el diputado Álvaro González (Pro), mientras que su par Graciela Ocaña (Pro) consideró que “claramente lo que aquí se quiere es hostigar al fiscal Stornelli, quizás tomando venganza por su actividad, sus investigaciones o porque es fiscal en algunas causas que tiene a algunos de los miembros de esta comisión como imputados”.
En el tramo final de la extensa discusión, Gaillard leyó la nota que el doctor Casal le envió a Stornelli, donde “lo advirtió de la inoponibilidad del artículo 63, inciso b, que permite hacerlo por escrito”. “No son palabras de Casal, son palabras de Carolina Gaillard”, reprochó Juan Manuel López, lo que desató una dura discusión a los gritos con el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. “Fue lo que el procurador general le envió a Stornelli por nota”, insistió Gaillard y dijo que si Casal hubiera considerado que podía declarar por escrito, así se lo hubiera hecho saber a Stornelli.
El fiscal federal fue citado a la Comisión de Juicio Político de Diputados para este martes. Pero ya trascendió que declarará por escrito.
Toda la expectativa para la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes estaba puesta en la presencia o no del fiscal federal Carlos Stornelli, autor del dictamen en el que se basó el juez Sebastián Ramos -quien ya se presentó ante los diputados- para archivar la causa sobre los chats entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia, Marcelo D'Alessandro.
Formalmente, Stornelli todavía no dio aviso formal a la comisión sobre su concurrencia, pero desde el Frente de Todos dan por descontado que no asistirá. En primer lugar, porque el funcionario judicial se habría presentado ante la Procuración, a cargo del interino Eduardo Casal, para pedir declarar por escrito.
"No va a venir y no lo podemos traer por la fuerza pública porque tiene fueros", explicó un integrante de la comisión del oficialismo a parlamentario.com. De esta manera, entienden que se daría con Stornelli una situación similar a la que se produjo en 2019 cuando, ante reiterados llamados del juez federal Alejo Ramos Padilla, en el marco de una causa por espionaje ilegal, el fiscal se negaba a asistir a declaración indagatoria.
Otra fuente consultada por este medio recordó que "los únicos que pueden por escrito por el reglamento interno de la comisión son presidente, vicepresidente, gobernador y vicegobernador”. Por eso, las fuentes del FdT consultadas por este medio anticiparon que "si no viene a la comisión se lo podría denunciar ante la Procuración, pidiendo que se inicie sumario administrativo, con el fin de quitarle los fueros y proceder eventualmente al traslado por la fuerza pública". Pero, admiten, eso abriría "un escenario de varios meses".
"En el caso de Ramos Padilla, Stornelli se terminó presentando y el sumario quedó abstracto", recordaron.
Por otra parte, la fiscal María Laura Roteta, quien también había sido citada para este martes a las 13, se excusó por encontrarse en un viaje esta semana, pero adelantó que si lo hará en una próxima fecha.
Así las cosas, de acuerdo a la lista prevista, asistirán como testigos Sergio Napoli, de la Secretaría Judicial N°4 de la Corte Suprema; y el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, quien estuvo ausente en la reunión del jueves 23 de febrero y es impulsado por la Coalición Cívica en sus acusaciones puntuales contra Ricardo Lorenzetti.
La comisión continuará con el interrogatorio a testigos y la figura más saliente esta vez es el fiscal Carlos Stornelli, quien no ha confirmado si concurrirá.
En un día infrecuente para sus reuniones, la Comisión de Juicio Político sesionará esta vez un día martes para continuar con el proceso de juicio político abierto contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Hasta ahora, la comisión que encabeza la diputada entrerriana Carolina Gaillard se había reunido las cinco veces que ya lo hizo en días jueves. La última semana, por la sesión especial de extraordinarias del martes y la Asamblea Legislativa del día siguiente, se decidió postergar para el martes 7 la reunión para continuar interrogando a testigos.
Es el turno esta vez del fiscal Carlos Stornelli, cuya presencia o no despierta el principal interés de este martes. El fiscal fue convocado en la reunión del 23 de febrero pasado, luego de que el juez federal Sergio Ramos dijera que su fallo sobre la causa de los chats entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro se habiá basado en el dictamen del fiscal Stornelli.
En su dictamen, Stornelli consideró que “convalidar en este estadio embrionario un eventual avance de este proceso solo y exclusivamente a partir de elementos que, conforme se investiga, habrían sido obtenidos fruto de una actividad delictiva, colisiona con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales, y teñiría de ilegal cuanto se actuare en consecuencia”.
En la última reunión de la comisión se resolvió que los testigos citados no fueran más de cuatro, para que no se extendieran tanto las comparencias, y esa cantidad fue la que se citó para este martes: además de Stornelli, fueron citados la fiscal María Laura Roteta, Sergio Napoli de la Secretaría Judicial N°4 CSJN y el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, quien estuvo ausente la reunión del jueves 23 de febrero.
La fiscal Roteta ya anticipó que no podrá estar esta semana, por estar de viaje, por lo que concurrirá en otra fecha. Napoli y Cimadevilla dijeron que asistirán.
Este jueves la Comisión de Juicio Político mantuvo una reunión de asesores. El próximo encuentro será el martes a las 13 al que fueron citados cuatro testigos.
Tal como había deslizado el encuentro pasado la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la entrerriana Ana Carolina Gaillard (FdT), se llevó a cabo este jueves una reunión de asesores del oficialismo y de la oposición -sin la presencia de diputados, salvo la presidenta de la comisión- para “definir cuestiones procedimentales” de cara a la segunda audiencia para la participación de testigos en el marco de la etapa de recolección de pruebas del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Según informó un miembro de la comisión a parlamentario.com, “se cursaron las citaciones" al fiscal Carlos Stornelli, la fiscal María Laura Roteta, Sergio Napoli de la Secretaría Judicial N°4 CSJN y el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, quien estuvo ausente la reunión del jueves pasado.
Los cuatro deberán presentarse el próximo martes 7 de marzo a las 13 en la Sala 1 del Anexo de Diputados. Gaillard había aclarado que “no van a ser más de 4 o 5 testigos” con el objetivo de “no dilatar tanto la audiencia como ocurrió hoy para que sea algo productivo y poder llevar con lucidez la jornada”.
Previsiblemente la mayor atención está puesta en la presencia o ausencia de Carlos Stornelli. Su citación fue decidida y votada la semana pasada luego de que el juez Sebastián Ramos dijera que su fallo sobre la causa de los chats entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro se había basado en el dictamen de ese fiscal.
En su dictamen, Stornelli consideró que “convalidar en este estadio embrionario un eventual avance de este proceso solo y exclusivamente a partir de elementos que, conforme se investiga, habrían sido obtenidos fruto de una actividad delictiva, colisiona con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales, y teñiría de ilegal cuanto se actuare en consecuencia”.
La pregunta del millón es si particularmente él se presentará ante los diputados. Al respecto se refirió la diputada Carolina Gaillard a través de un hilo de tuits en los que planteó que jueces y fiscales tienen la obligación de comparecer a dar testimonio. “Si no lo hicieren se remitirán los antecedentes a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellos, en ese caso el Consejo de la Magistratura de la Nación o el Min Publico Fiscal sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la comisión entienda correspondan.
En la primera audiencia testificaron los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos. También lo hicieron Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5; Alejandro Daniel Rodríguez, Secretaría de Juicios Originarios; Adriana Norma Valinotti, vocalía de Rosatti; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2; y Roberto Miguel Ángel Saggese, vocalía de Rosatti.
El diputado del FdT sostuvo que “hay operaciones” para confundir al enjuiciamiento del máximo tribunal de justicia con “un juicio ordinario”.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) habló sobre la última reunión de Comisión de Juicio Político y se lanzó contra el juez federal Sebastián Ramos: “Nos mintió en la cara y eso que no sabíamos sobre los chats con (Marcelo) D’Alessandro -ministro de Justicia porteño- “.
Del mismo modo, el diputado kirchnerista expresó: “Ramos se la pasó echándole la culpa al fiscal Carlos Stornelli (quien está citado a declarar como testigo en la próxima reunión)”. Además, agregó: “Algunos medios salieron a decir que humillé a Ramos y fui bastante respetuoso”.
En declaraciones a AM 530, Tailhade apuntó contra varios medios de comunicación y manifestó: “La última reunión hizo ruido y disparó operaciones por parte de varios editores que están buscando confundir a los lectores con un juicio ordinario al enjuiciamiento de la Corte”.
“La competencia de enjuiciar a la Corte es exclusiva del Poder Legislativo y los jueces y fiscales deben tener en claro que lo que estamos haciendo nos corresponde a nosotros”, señaló. Así también, sostuvo que el reglamento de la Comisión de Juicio Político tiene rango constitucional.
En esa línea, aclaró: “Todo el mundo está obligado a declarar en la comisión, pero mi preocupación es el desconocimiento de la ley de algunos magistrados que salen a decir que el reglamento está por fuera de la ley”.
En tal sentido, aseveró: “No hay otra norma que regule el instituto del juicio político que no sea el Congreso”, y agregó: “Lo único que está por encima del reglamento de la comisión es la Constitución”.
En el final, apuntó contra todo el sistema judicial: “Los únicos que pueden declarar por escrito son el presidente, la vicepresidenta y los gobernadores, pero acá los jueces y fiscales, y los miembros de la Corte quieren incorporar más privilegios y quedar por encima de la ley para no asistir a declarar”.
El titular del bloque del FdT se sorprendió por la aparición de conversaciones entre D’alessandro y el juez Ramos. Además, sostuvo que “sería una papelón” que Stornelli no se presente a declarar.
El jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, opinó este viernes de la filtración de presuntas conversaciones entre el ministro porteño de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro, y el juez Sebastián Ramos, quien el jueves negó esos vínculos en su declaración ante la Comisión de Juicio Político.
El titular de bancada oficialista expresó: “Hay una promiscuidad de vínculos que terminan condicionando las decisiones de los fallos de jueces”. Además, sostuvo que “hay una red de vínculos que se manifestó por fuera del juicio político”.
En declaraciones a Radio 10, Martínez se mostró sorprendido por la nueva aparición de chats y explico que “no sabía de los chats entre ellos”. “Cuando me mostraron me sorprendí, pero si se comprueba la validez de esas conversaciones entre D’Alessandro y Ramos, la decisión de enero queda nula”, en alusión al fallo que archivo la causa.
Consultado por la citación al fiscal Carlos Stornelli a la próxima reunion de Comisión de Juicio Político, la cual Martínez integra, manifestó que “sería un papelón si no se presenta”, y agregó: “El jueves hubo dos jueces federales, si un testigo no asiste hay que acudir al Ministerio Público Fiscal. Se está haciendo una tarea ordenada y sistemática del enjuiciamiento”.
En esa línea, el jefe de bancada oficialista explicó: “Se está dando todo lo que planteamos desde el arranque. A medida que citen testigos, se va a ir generando un consenso creciente”. Así también, afirmó: “Estamos seguro de los hechos que denunciamos y de las pruebas que tenemos. Los ocho testigos respondieron todas las preguntas”.
Respecto a la salida provisoria de los integrantes de Juntos por el Cambio, relató: “Los únicos que no volvieron fueron los del Pro, los de la Coalición Cívica - ARI y la Unión Cívica Radical volvieron e hicieron preguntas”.
En el final fue consultado por la precandidatura de Daniel Scioli, explicó: “El problema no es cuando tenes varios candidatos, sino cuando no los tenes”, y añadió: “Tenemos la herramienta de las elecciones primarias. Es bienvenido para el espacio político”.
Para finalizar, anunció que en la sesión del próximo martes 28 en el recinto “hay chances de que se trate la moratoria previsional”, pero advirtió que “JxC sigue con la misma postura de no dar quórum”.
El diputado oficialista vinculó al fiscal federal de salir en “auxilio de las vergonzosas ilegalidades cometidas por los más altos magistrados de la Nación”, tras cerrarse la causa contra Silvio Robles, vocero del titular de la Corte.
al fiscal federal Carlos Stornelli y lo acusó de ser “el armador principal del espionaje ilegal y de anónimos, para extorsionar personas”, y de salir en “auxilio de las vergonzosas ilegalidades cometidas por los más altos magistrados de la Nación”, tras cerrarse la causa contra Silvio Robles, vocero del titular de la Corte Suprema.
“El fiscal Carlos Stornelli, miente”, arrancó Valdés su embestida y detalló que el fiscal: “Está doblemente procesado. Por pedirle al espía Marcelo D’Alessio que le ponga ‘algo’, (¿será cocaína?), al ex marido de su actual mujer (¿no es espionaje ilegal?). Está procesado en 1ra y 2da instancia”.
“Está procesado (1ra y 2da instancia) por pedirle al ESPÍA D'ALESSIO, que le haga una cámara oculta al Dr. José Manuel Ubeira, quien era abogado de un detenido en Causa Cuadernos (Oscar Thomas) que se negaba a declararse como ‘arrepentido’ en esa causa como le exigía el fiscal”, agregó.
En esa línea, continúa: “El fiscal STORNELLI, SIGUE MINTIENDO, cuando dice que me denuncia en el invento que denomina ‘Puf’, lo hace en base a un ‘ANÓNIMO’, que al igual que ELISA CARRIÓ, dicen en sendas denuncias, que le tiraron el papel por debajo de la puerta de su casa y fiscalía, respectivamente”.
“Estos ANÓNIMOS, los hacía JUAN SEBASTIÁN DE STEFANO, el espía responsable de Asuntos Jurídicos de la AFI, a pedido, de STORNELLI”, disparó Valdés y manifestó que “en esa repartición trabajaba un hijo de Stornelli, y ¿saben dónde trabajaba otro hijo de Stornelli?, en la oficina encargada de pinchar teléfonos, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO)”.
“Con ANÓNIMOS, se jactaba el espía Marcelo D’Alessio (preso y condenado) de haber hecho las causas que después tomaban STORNELLI y BONADÍO”, planteó el oficialista y propuso que averigüen “cómo se inició la causa de GAS LICUADO, que se la atribuye el espía D'Alessio, o la causa CICCONE que la empiezan con un agente de inteligencia del 601, el suboficial JORGE PACÍFICO”.
Y agregó: “También pueden averiguar cómo se inició la CAUSA CUADERNOS, con otro suboficial del 601, OSCAR CENTENO, así como las causas de Cristina Kirchner inventadas por el tándem STORNELLI, BONADÍO, D'ALESSIO”.
En ese contexto, Valdés disparó con munición pesada y calificó a Stornelli como “la VERGÜENZA más grande de la historia del Poder Judicial. Es el armador principal del ESPIONAJE ILEGAL y de ANÓNIMOS, para extorsionar personas, tal cual lo muestran los chats encontrados en el celular del espía MARCELO D'ALESSIO”.
Y lo desafió -otra vez- a “poner su celular junto al mío en un canal de televisión ante la vista de TODOS, y que se haga un peritaje de los llamados y chats en su celular y en el mío de los últimos 10 años, que es cuando empiezan sus andanzas con D'ALESSIO”, y chicaneó: “Espero que no los haya ‘BORRADO’ como su otro socio, el ‘periodista operador’, que invitaba a D'ALESSIO a festejar su cumpleaños”.
“Todo esto es la CLOACA del Poder Judicial de los últimos años. Por eso no es casual que sea STORNELLI el que salga en auxilio de las vergonzosas ilegalidades cometidas por los más altos magistrados de la nación”, denunció Valdés y planteó: “REPÚBLICA o CLOACA, esas son las alternativas de la Argentina hoy.
Al cierre de su largo mensaje, agregó: “En la causa ‘PUF’ que denunció STORNELLI, el Juez RODRÍGUEZ y el fiscal DI LELLO, la cerraron al auditar mi celular que fue presentado espontáneamente por mí”.
“En la causa que denunció CARRIÓ ante BONADÍO con el mismo ‘ANÓNIMO’, la cerró el juez MARTÍNEZ DE GIORGI, porque NUNCA existió ningún delito. DELINCUENTES son los que armaron los ‘ANÓNIMOS’ y espiaron las comunicaciones de los presos”, remató.
La vicepresidenta se refirió en sus redes sociales a la decisión de la Cámara Federal de Casación de trasladar la causa contra el fiscal Stornelli a los tribunales federales.
En una nueva crítica hacia la Justicia, la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó con ironía este jueves la decisión de la Cámara Federal de Casación de trasladar a Comodoro Py la causa sobre extorsión y espionaje en la que están acusados el fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D'Alessio.
"Finalmente se supo: Papá Noel vive en Comodoro Py", escribió en su cuenta de Twitter la titular del Senado, junto a una captura de una nota de Página/12 sobre la decisión judicial que declaró incompetente para la investigación al Juzgado Federal de Dolores.
Además, en esa misma nota se alerta que un destino similar podría tener la causa sobre presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, en la cual está procesado el expresidente Mauricio Macri.
Horas atrás, CFK había lanzado una catarata de tuits contra el fallo de la Cámara Federal que determinó la inexistencia de una asociación ilícita en la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno anterior y revocó los procesamientos contra Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Jorge Enríquez impulsa un proyecto a propósito de las expresiones presidenciales sobre el fiscal federal.
El diputado nacional del Pro Jorge Enríquez presentó un proyecto para expresar su “más enérgico repudio” ante las expresiones del presidente Alberto Fernández contra el fiscal Carlos Stornelli durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. El argumento es que esos dichos representan “un claro acto de amedrentamiento dirigido a someter a la Justicia y condicionar su accionar”.
“Obviamente, esto sólo responde a un interés concreto de su facción —y, especialmente dentro de ella a la jefa de la banda— que no es otro que el de eliminar cualquier atisbo de libertad en las investigaciones, para que el kirchnerismo pueda seguir cometiendo sin disimulo el plan de desfalco al que nos viene sometiendo desde hace más de una década y avanzar en su plan de impunidad”, agregó con dureza el diputado del Pro.
Enríquez señaló que “uno de los integrantes del Ministerio Público Fiscal que resiste las presiones del oficialismo es el fiscal Stornelli, cuya eficacia investigativa y carácter incorruptible llevan a la coalición gobernante a guardarle un especial encono”.
Así las cosas, consideró que “este reprochable acto por parte del presidente no puede ser soslayado por el Congreso, que no debe consentir un nuevo avasallamiento a las instituciones de la República”.
Lo hizo ante el procurador Eduardo Casal. El senador acusa al fiscal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones por la supuesta relación con el falso abogado Marcelo D’Alessio.
El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) presentó este lunes un nuevo pedido de juicio político ante la Procuración General de la Nación contra el fiscal federal porteño Carlos Stornelli por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
La presentación fue enviada, tal como indica el artículo 76 de la Ley del Ministerio Público Fiscal, al Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, quien ya notificó oficialmente a Stornelli, según informó la agencia Télam.
A principios de diciembre, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó parcialmente el procesamiento del fiscal en la causa por supuestas maniobras de espionaje ilegal en que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio.
El pedido iniciado por Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, avanza sobre las denuncias por presunto espionaje por las que se investiga al fiscal federal.
Parrilli ya había pedido el juicio político contra Stornelli ante la Procuración por mal desempeño y por considerar que integraba un “sistema de persecución judicial” contra dirigentes opositores durante el gobierno de Mauricio Macri.
En la nueva presentación, el legislador denunció que Stornelli violó el artículo 68 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal al “incumplir en forma reiterada las tareas o funciones asignadas en el área donde se desempeña” y al “actuar con grave negligencia en los asuntos encomendados o en cumplimiento de las obligaciones asumidas”.
Parrilli recordó que los integrantes del MPF sólo pueden ser removidos de sus cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto en la legislación por mal desempeño, grave negligencia o la comisión de delitos de cualquier especie.
Según el senador, “pareciera entonces que un fiscal puede ser removido por no presentar en tiempo y forma su declaración jurada pero no por cometer un delito”.
“Mi planteo, esta vez, no se basa en la comisión de un delito sino en que imputo a Stornelli haber actuado de manera irregular en forma reiterada, incumpliendo gravemente con sus obligaciones funcionales y violando, también en forma reiterada, la misión impuesta por la Constitución y la ley al MPF”, dijo.
Por ello, requirió la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento contra Stornelli “por faltas graves y por mal desempeño en sus funciones”.
Parrilli dIjo que Stornelli “se vinculó voluntariamente y por fuera de cualquier canal formal con Marcelo D'Alessio, a quien reconocía como persona relacionada, orgánica o inorgánicamente, con los servicios de inteligencia”.
“Ese vínculo no fue personal, sino que estuvo directamente relacionado con su trabajo como fiscal federal”, insistió el senador del Frente de Todos.
Agregó que el supuesto vínculo entre Stornelli y D'Alessio “comenzó y continuó siempre -hasta la detención de D'Alessio- fuera de todo marco legal”.
Esa relación “fue absolutamente irregular, a tal punto que Stornelli ni siquiera verificó su verdadera pertenencia a los servicios de inteligencia para los que D'Alessio alegaba trabajar ni de qué forma obtenía la información que conseguía”, señaló el senador Parrilli.
“Stornelli le reclamaba informes a ese sujeto, consentía la realización en su propio interés de cámaras ocultas fuera de cualquier procedimiento regular, aceptaba sin ningún cuestionamiento a 'arrepentidos' que eran llevados y considerados 'paquetes' por D'Alessio y que tenían tanto miedo que habían entrado en pánico”, advirtió finalmente.
José Manuel Ubeira cargó contra el fiscal y el procurador interino, durante una reunión que realizó este lunes la comisión presidida por el kirchnerista Martín Doñate.
Presidida por el senador kirchnerista Martín Doñate, la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, escuchó este lunes el testimonio de José Manuel Ubeira, abogado por causa propia en la denominada "causa Dolores", sobre presunto espionaje ilegal, y además defensor de Oscar Thomas, extitular de la Entidad Binacional Yacyretá, procesado en la denominada causa de los cuadernos.
El letrado, que en su exposición mencionó que en su carrera defendió a Federico Elaskar, a César Milani y al excomisario de la Policía Bonaerense, Juan José Ribelli, apuntó contra el fiscal federal Carlos Stornelli.
Ubeira recordó cuando se tramitó la extensión de prisión para Thomas: "Fui a verlo a Stornelli, con quien tuvimos una amistad de 20 años, y tuvimos una reunión muy dura. Stornelli me dijo que quedaban pocas sortijas y que había que apurarse para agarrarlas. Le contesté que mi cliente estaba muy grande para subirse a la calesita y que no tenía nada de lo que arrepentirse. Estaba presente el fiscal Carlos Rívolo y la reunión no llegó a mayores porque él intercedió".
Entonces, denunció que Stornelli "tuvo la idea de hacerme una cámara oculta a través de mecanismos extraños. Me puso en manos de una persona como Marcelo D'Alessio. Supongo que habrá llegado a oídos de Stornelli que muchos arrepentidos se iban a des-arrepentir y a partir de ahí habrá surgido la idea de ponerme una cámara oculta".
"Todo esto no pudo haber prosperado sin el aval del procurador general de la Nación (interino), Eduardo Casal", agregó.
El abogado aseguró que esto fue "una experiencia poco grata" en lo personal, y "grave desde el punto de vista institucional". Además, insistió que Stornelli le dijo que "en la causa (de los cuadernos) lo único que se iban a escuchar eran arrepentimientos".
"Intentaron allanar mi casa en Mar del Plata, buscando a Oscar Thomas", continuó y, volviendo sobre la denuncia de la "cámara oculta", consideró "que un fiscal federal realice un acto de estas características no tiene nombre".
Al cargar contra Casal, Ubeira expresó querer "llamar la atención de esta comisión" para que "los ciudadanos podamos tener un acceso mucho más directo en cuanto a la supervisión y control" del Ministerio Público Fiscal. Y fustigó: "No puede ser que para iniciarle un jury a un fiscal sea mucho más difícil que tratar de voltear un cardenal en el Vaticano".
"Tanto el Ministerio Público Fiscal, como un sector determinado de los jueces, conjuntamente con los medios de prensa, y con la parte de la política de la República Argentina, generaron durante estos cuatro años una cosa que nos remitió a cuestiones y acciones que ni siquiera la dictadura, dentro del ámbito judicial, se animó a realizar", disparó.
Para el legislador del Frente de Todos, el fiscal “no tiene las condiciones morales ni éticas para ser fiscal”.
El diputado nacional Eduardo Valdés se refirió este miércoles a las novedades en la causa del espionaje ilegal durante el Gobierno de Cambiemos, y apuntó al fiscal: “Hay que impulsar urgentemente el juicio político. Es una vergüenza que (Carlos) Stornelli siga administrando justicia. No pueden pasearse por los canales de televisión mostrándonos a la injusticia como justicia, como si nada hubiera pasado. Cuando cierran las puertas de sus despachos, lo único que hacen son tropelías”.
En entrevistas con distintos medios radiales y televisivos, Valdés se mostró “muy sorprendido” por el contenido de los mensajes que aparecieron en el celular del secretario privado del expresidente Macri, Darío Nieto, que dan cuenta de un vínculo fluido y de confianza con el falso abogado y operador Marcelo D’Alessio. “Nieto armó un escándalo para que no les periten los teléfonos, sin embargo el juez Villena deja una cantidad de prueba enorme, está todo en el expediente. Algún día tendremos que reivindicar a Villena”, señaló el integrante de la bancada del Frente de Todos.
Además, respecto de las declaraciones del exjuez Norberto Oyarbide, en las que aseguró haber recibido presiones de Stornelli, Valdés sostuvo: “No creía que D’Alessio tenía contacto directo con Macri. El delincuente de Stornelli tiene que explicar cómo estaba D’Alessio en su juzgado viendo a Oyharbide declarar. ¿Tenía libre acceso al despacho? Oyharbide, junto a los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal, fueron los que procesaron a Macri por las escuchas ilegales. A todos los barrió Macri. Por eso aparece Macri en estado gozoso”.
“La dupla Stornelli - Daniel Santoro viene haciendo muchísimo daño hace años, en un juego coordinado entre acciones judiciales y notas en el diario Clarín. Todo esto que aparece ahora con claridad es una muestra más de la necesidad de reformar profundamente la Justicia de nuestro país”, concluyó Valdés.
Luego de presentar un pedido de juicio político contra el fiscal y el defensor, el senador del Frente de Todos los acusó de hacer "barbaridades" con "el caso de las fotocopias de los cuadernos".
El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) consideró que "es un afrenta al Estado de Derecho y a las libertades" que el fiscal Carlos Stornelli y el defensor Gustavo Kollmann "sigan ocupando cargos", tras haber realizado una presentación de juicio político contra ambos.
"Ellos dos formaban parte de la tríada, que componían junto con el difunto y perverso (juez Claudio)Bonadio, que violentaba todas las normas procesales y constitucionales", disparó este miércoles el legislador en diálogo con FM La Patriada.
El neuquino señaló que Stornelli y Kollmann "llevaron adelante uno de los juicios más escandalosos, arbitrarios y que más daño le ha hecho a la Justicia argentina como fue el caso de las fotocopias de los cuadernos", en referencia a la denominada causa de los cuadernos, en la que se investigó una presunta red de sobornos entre funcionarios y empresarios durante los gobiernos K.
"Cada uno tenía un rol distinto pero trabajaban en conjunto para encarcelar y detener a dirigentes políticos opositores", expresó el dirigente de confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que además los acusó de "extorsionar a los empresarios con la posibilidad de meterlos presos si no decían lo que ellos querían".
En este sentido, Parrilli aseguró que uno de los imputados en la causa le confesó que "en las declaraciones que les hacían firmar aparecían palabras que ellos no habían dicho".
"Esa causa fue sustraída ilegalmente por Bonadio como si fuera él el dueño; la tomó para sí con Stornelli y Kollman y a partir de ahí hicieron todas esas barbaridades", agregó.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado opinó que el "objetivo" de esa causa fue "generar una situación política antes de las elecciones de 2019, ensuciando a dirigentes opositores y especialmente a Cristina Kirchner".
En el pedido de juicio político -presentado ante la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal; y ante la Defensoría General de la Nación, que conduce Stella Maris Martínez-, Parrilli acusó a los funcionarios judiciales de ser parte de "un sistema de persecución judicial” ideado por “el gobierno de Macri", que tuvo al expresidente como "su principal responsable”.