Un amplio grupo de legisladores de distintos bloques pidió que el secretario de Educación asista al Congreso para explicar la implementación de las políticas oficiales. Reclaman respuestas sobre la baja terminalidad escolar, la educación rural, la infraestructura y el cumplimiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.
La diputada radical Carla Carrizo presentó un proyecto de resolución para citar de manera urgente al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, a fin de que exponga en las comisiones de Educación y de Familia, Niñez y Juventudes. La propuesta, respaldada por referentes del radicalismo, el socialismo, el GEN, la Coalición Cívica, la UCR Evolución, e incluso por figuras de Unión por la Patria, busca que el funcionario rinda cuentas sobre la marcha de las políticas educativas en todos los niveles obligatorios.
El pedido se sustenta en la gravedad de los datos difundidos recientemente por Argentinos por la Educación, que muestran que apenas 10 de cada 100 estudiantes que iniciaron la primaria en 2013 lograron terminar la secundaria en tiempo y forma en 2024, marcando un retroceso frente a años anteriores. La cifra revela además enormes disparidades: mientras en la Ciudad de Buenos Aires el 23% de los alumnos logra completar su escolaridad obligatoria en los plazos esperados, en provincias como Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Catamarca apenas lo logra entre el 3% y el 4%.
El proyecto solicita información detallada sobre diez ejes centrales: acceso a la educación en zonas rurales, instrumentación de la Ley de Educación Técnico Profesional, asignación presupuestaria por jurisdicción, índices de repitencia y sobreedad, niveles de alfabetización y comprensión lectora, políticas de inclusión socioeconómica, formación docente, estado de la infraestructura escolar, programas aplicados entre 2023 y 2025 para revertir déficits de aprendizaje y, finalmente, la forma en que se incorporan los resultados de las evaluaciones nacionales en la planificación de las políticas educativas.
Para los legisladores, resulta “indispensable” que el Congreso reciba información precisa y sistemática de la cartera educativa, algo que —sostienen— no se cumple de manera regular desde la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006. “El control parlamentario y el debate sobre prioridades educativas requieren diagnósticos oficiales completos, no solo informes parciales que se conocen a través de organismos independientes”, remarcaron.
La iniciativa pone especial énfasis en dos áreas consideradas estratégicas: la educación rural, que constituye una herramienta clave de inclusión y arraigo en territorios postergados, y la educación técnico profesional, que funciona como puente entre la escuela y el trabajo, pero que a veinte años de la sanción de su ley aún exhibe una oferta limitada y con problemas de equipamiento e infraestructura.
De aprobarse el proyecto, Torrendel debería concurrir al Congreso en las próximas semanas para dar explicaciones ante los diputados sobre la situación actual del sistema educativo y los lineamientos previstos en el Presupuesto 2026.
El secretario de Educación disertó en el evento “Derechos Humanos y Educación: Desafíos y Oportunidades" en el Salón Auditorio Emar Acosta del edificio Alfredo Palacios.
La Dirección de Derechos Humanos del Senado de la Nación, a cargo de Claudia Rucci, realizó este jueves la jornada titulada "Derechos Humanos y Educación: Desafíos y Oportunidades" que contó con un panel conformado por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel; Cecilia Veleda, consultora de la UNESCO para América Latina y el Caribe, y Mariano Narodowski, miembro académico de la organización argentinos por la Educación.
La jornada se llevó a cabo en el Salón Auditorio Emar Acosta del Edificio Alfredo Palacios y estuvo moderado por la presidente de la Fundación Potenciar, Florencia Casabella. Fue organizada por el Observatorio de Derechos Humanos del Senado.
El evento comenzó con las palabras de la organizadora, Claudia Rucci, quien agradeció la presencia de los disertantes y afirmó que "la educación es un derecho que permite alcanzar más derechos", y añadió: "Cuando por intereses sectoriales se impide a los estudiantes estudiar, cuando el estado de las instituciones educativas no es el adecuado, cuando se prioriza el adoctrinamiento por sobre la enseñanza o cuando se incorporan contenidos que nada tienen que ver con educar, se está afectando este derecho fundamental".
A su turno, Torrendel se refirió a la necesidad de "pasar de un derecho a la educación como relato, a un derecho a la educación efectivo", y resumió que "nosotros iniciamos un plan que es tener una política educativa con un foco que pasa por los aprendizajes fundamentales".
Además, consideró que "la política de alfabetización es una política transversal a la cual todos los subsecretarios tienen que aportar" y que "lo mejor que puede hacer el Estado en educación es pasar de un paradigma de Estado educador al de sociedad educadora", para luego instar a "promover una política educativa participativa: la manera de lograr la igualdad y la justicia educativa es necesariamente introduciendo la libertad".
"El derecho a la educación tiene que siempre integrar tres co-principios: justicia educativa, libertad y fraternidad o confianza", concluyó.
Como moderadora, Florencia Casabella informó que "hoy en Argentina el noventa y cuatro por ciento, noventa y siete por ciento, de niños y adolescentes menores de quince años asisten a la escuela" para luego referirse a "qué implica estar en el sistema educativo y sobre todo en relación a la calidad y equidad en el acceso".
Por su parte, Cecilia Veleda resumió que "el derecho a la educación implica, por ejemplo, el derecho al acceso, al trato digno, al tiempo escolar, al aprendizaje" y se refirió a "cómo se hace política educativa en Argentina, en las provincias en particular".
En tanto, Mariano Narodowski reflexionó sobre "qué aprenden a leer, con qué sentido, con qué ideología y quién lo resuelve" y sobre "las burocracias provinciales, nacionales, globales, que tienen sus agendas propias".