Impulsan la declaración de emergencia educativa en la Argentina

Se trata de un proyecto de la senadora Carmen Alvarez Rivero. La presentación contó con un panel de especialistas.

a senadora nacional Carmen Alvarez Rivero (Pro-Córdoba) presentó el proyecto de ley de “Declaración de la emergencia educativa en Argentina” para garantizar que todos los chicos aprendan a leer y escribir en tiempo y forma.

El evento tuvo lugar en el Salón Emar Acosta del Senado y estuvo integrado por Victoria Zorraquín, especialista en educación, investigadora y escritora y Ana María Borzone, investigadora del Conicet, doctora en Filosofía y Letras. También contó con la exposición de una estudiante de Lenguas de la Universidad de Córdoba.

La senadora contó la experiencia de la educación en su provincia: “Si uno camina por los barrios hoy, los chiquitos de 12, 13 años dan por terminada la escolaridad. En la periferia de Córdoba, la mayoría de esos chicos que terminan sexto grado, no sabe leer ni escribir. No sabe al punto que yo les pongo mi nombre y les digo ‘cómo suena esta letra’ y me dicen ‘K’, es la ‘C’. Jamás oyeron los fonemas”.

A su vez, criticó que “el sistema ha abandonado las escuelas, a los directores, a las maestras y por supuesto, a los chicos. Entonces cuando los chicos abandonan la secundaria, no nos podemos sorprender”.

Finalmente, Rivero invitó a los senadores “a que se sumen, firmen y adhieran tal cual como lo han hecho tres senadores más. Quiero agradecer principalmente al senador Alfredo Cornejo que impulsó esto mientras era gobernador de Mendoza; al senador Luis Juez, que comparte conmigo esta preocupación, y también a la senadora Carolina Losada que le interesa mucho este tema para la provincia de Santa Fe”.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado ratificó a sus autoridades

En una breve reunión, fueron designados los cargos. Los integrantes de la comisión son los mismos que en el 2022.

La reunión de Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores ratificó a Juliana Di Tullio, jefa del bloque de Unidad Ciudadana, cómo presidenta, y a las senadoras nacionales Carmen Álvarez Rivero (Pro – Córdoba) y María Alejandra Vigo (Unidad Federal – Córdoba), cómo vicepresidenta y secretaria respectivamente.

En una reunión muy breve, la presidenta Di Tullio aseveró que “vamos a trabajar por los intereses de los trabajadores y trabajadoras”. En compañía de Álvarez Rivero y Vigo, agregó: “Somos los mismos que el año pasado salvo que haya algún cambio que no me hayan avisado”.

Por otro lado, manifestó que “esperamos trabajar con un temario consensuado como en 2022”, y en los próximos días habrá un anuncio para una próxima reunión de Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

Senadora cordobesa impulsa proyecto de inserción al trabajo formal

Lo hizo la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, quien propone modificar el artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula los contratos a tiempo determinado.

La senadora Carmen Álvarez Rivero presentó un proyecto que promueve la inserción al trabajo formal y la generación de empleo.

En ese marco, la senadora de Juntos por el Cambio encabezó este martes en el Salón Auditorio Emar Acosta, del edificio Alfredo Palacios, un encuentro titulado “Argentina: Córdoba te habla. ¡Modernización laboral ya!”, en el que estuvo acompañada por el exministro de Trabajo de la gestión Cambiemos Jorge Triaca.

El proyecto es una iniciativa de la senadora cordobesa que tiene por objeto buscar una mayor inserción de los trabajadores al contrato de trabajo formal.

La iniciativa parte de modificar el artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula los contratos a tiempo determinado, estableciendo que los mismos tengan una duración máxima de dos años y sean el resultado de un acuerdo entre el empleado y el empleador.

La modificación de este artículo favorece a ambos, ya que el primero ingresa al sistema formal de empleo con las correspondientes prestaciones del sistema único de seguridad social (jubilación; asignaciones familiares; obra social; ART, etc.), y por el otro lado le otorga todos los beneficios de la Ley de Contrato de Trabajo, como: vacaciones, aguinaldo, horas extras, licencias por enfermedad; etc. y le da acceso al convenio colectivo que le corresponde con las remuneraciones mínimas y beneficios allí regulados para la actividad. y el segundo no se ve comprometido en un contrato a largo plazo, no paga indemnizaciones si cumple con los plazos establecidos en cada modalidad y, además, recibe en alguna de las modalidades de contrato a tiempo determinado propuestas, una reducción de cargas sociales que se compensan con lo que el estado deja de dar como incentivos al empleo o subsidios a situación de precariedad.

“En Argentina el 65% del empleo es informal, los trabajadores están fuera de la ley, esta modificación es un primer escalón para que muchos ingresen al mercado formal, es una modernización del sistema laboral”. Afirma la Senadora que desde que asumió su banca en el 2021 trabaja, entre otras cosas, en el desarrollo de proyectos que promuevan la inserción del trabajador en el sistema formal de trabajo; en generar empleo genuino y fortalecer el rol de las organizaciones de la sociedad civil como agentes del cambio.

Este proyecto reduce la precariedad laboral que tienen en la actualidad sistemas informales como el monotributo, es una gran posibilidad para dar continuidad a las pasantías que muchas veces son cortas y generan angustia, frustración e incertidumbre en los jóvenes que atraviesan su primera experiencia laboral. Además, es una oportunidad para los que forman parte de los distintos programas de inserción laboral que se llevan adelante con diverso éxito desde la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, y otros Ministerios Provinciales y para los jubilados, puede ser un “soft landing”, un aterrizaje suave, un paso menos abrupto, de ser un empleado a un jubilado. Las personas de la tercera edad pueden quedarse en las empresas compartiendo sus experiencias y saberes y entrar a la pasividad de a poco.

 “Los trabajadores que están inscriptos o involucrados en esos programas estatales pueden ser contratados a plazo fijo por dos años por los empleadores privados y así desarrollarse, capacitarse, conocer los beneficios del mercado formal y lograr estabilidad laboral”. Resalta Álvarez Rivero. “Este proyecto es un escalón, un puente, el fin dar más estructura y soporte a las modalidades que existen hoy de los contratos a tiempos determinados en la ley de contrato de trabajo. Queremos que el empleador en esos dos años se enamore del empleado, lo tome y se lo quiera quedar para siempre, dos años es un tiempo razonable para que el empleado adquiera las herramientas necesarias para el desempeño de su tarea y el empleador evalúe sus habilidades”, cierra.

Reconocen el trabajo de organizaciones que trabajan por las personas con discapacidad

“El sentido del encuentro es visibilizar el valioso trabajo de las organizaciones y las problemáticas del sistema”, planteó la senadora Carmen Alvarez Rivero.

La senadora nacional por Córdoba Carmen Álvarez Rivero (Juntos por el Cambio) recibió a organizaciones dedicadas al trabajo de la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. El encuentro se realizó en el marco del evento “Argentina: Córdoba te habla”, y participaron representantes de la Fundación Claudina Thévenet, FUNASER, FUSDAI y la Fundación Gaude, que atienden a personas con distintos tipos de discapacidad y promocionan su inserción laboral.

La iniciativa de la senadora tuvo como propósito reconocer y visibilizar el trabajo desarrollado por estas organizaciones, que día a día trabajan con sus equipos interdisciplinarios, con terapeutas, educadores y especialistas para mejorarle la vida a cientos de personas.

“Las organizaciones de la sociedad civil convivimos en este sistema con fallas estructurales, y administramos los recursos de manera que todos los chicos y las chicas reciban su prestación. Pero al mismo tiempo debemos asumir el compromiso de alzar la voz y pedir que nos escuchen. Porque vemos que el sistema de prestaciones actual está en un punto crítico, y sabemos que por cada prestación que no se brinda, hay un derecho que se vulnera”, afirmaron los representantes de las organizaciones.

Y agregaron: “Agradecemos este espacio de dialogo y conversación. Este reconocimiento es un mimo que nos motiva para seguir adelante”.

Por su parte la senadora afirmó que “el sentido del encuentro es visibilizar el valioso trabajo de las organizaciones y las problemáticas del sistema. Necesitamos poner en el centro a las personas con discapacidad”.

Emiten dictamen en el Senado para la nueva moratoria previsional

Fue al cabo de una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la que dieron detalles del costo fiscal de la iniciativa que se estima alcanzará a 800 mil personas. La iniciativa es impulsada por el kirchnerismo y rechazada desde JxC.

Presidida por la senadora Juliana Di Tullio, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado pasó a la firma el proyecto de ley que establece un plan de pago de deuda previsional, que busca atener la situación de aquellos hombres y mujeres que están en edad de jubilarse pero no cuentan con los años de aportes suficientes. La oposición de Juntos por el Cambio expresó sus cuestionamientos y no firmó el dictamen.

El encuentro se celebró en el Salón Illia del Senado, donde en el arranque se procedió a completar las autoridades de esa comisión, designando a la cordobesa del Pro Carmen Alvarez Rivero vicepresidenta de la misma. A continuación, la presidenta de la comisión recordó que durante las reuniones previas se había analizado el proyecto y había habido tres preguntas formuladas por senadores, las cuales habían sido contestadas y que lo mismo harían con las que fueran a hacerse durante la presente jornada en la que se pasaría a la firma el dictamen, de modo tal de llevarlo al recinto transcurridos los 7 días que corresponden según el reglamento. En rigor, la de este martes fue la primera y única reunión presencial con los senadores, pues las anteriores dos referidas por Di Tullio habían sido con asesores, aclararon desde la oposición.

Di Tullio consideró “central” e “importantísimo para los argentinos y argentinas” ese tema, por cuanto “estamos a punto de finalizar una ley de moratoria, la ley de 2014 del Poder Ejecutivo que conducía entonces la expresidenta Cristina Kirchner. Una moratoria que fue prorrogada por el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri solo para las mujeres, y que se va a terminar en julio de este año”.

“Lo que hemos analizado quienes trabajamos en el tema, sobre todo los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde (autores de la iniciativa), es que la pendiente viene bajando y corremos el riesgo de que haya una baja en el universo de personas que tienen que jubilarse y no tengan acceso a ese derecho”, expresó la presidenta de la comisión, que aclaró que “no es una moratoria, es un programa para pagar deuda previsional”.

Las personas alcanzadas por el proyecto podrán pagar la deuda previsional mientras cobran la jubilación, en hasta 120 cuotas.

Puntualizó que “este plan de pago previsional es un proyecto extenso y vasto”, y recordó lo realizado por las gestiones kirchneristas desde 2004, cuando el decreto de Néstor Kirchner que jubiló a un universo de 3 millones y  medio de personas. Cifra que consideró “motivo de orgullo, no importa de qué lado de la política estemos. Hay casi una universalización de las personas en condiciones de jubilarse”, agregó, pero insistió en que “la curva empezó a descender, por eso hacemos este nuevo proyecto”.

Las personas alcanzadas por dicha iniciativa son aquellas que tienen la edad para acceder a la jubilación, pero no los años de aportes necesarios, por lo que se les permitirá pagar la deuda previsional mientras están cobrando la jubilación. Lo podrán hacer hasta en 120 cuotas. También sirve para las personas de 50 años, si son mujeres, o 55, si son varones, para poder pagar antes la deuda previsional. “Cada uno sabe en su historia previsional cuánta deuda tiene al día de hoy”, resumió.

Di Tullio detalló que sin ese proyecto, solo una de cada 10 mujeres podría jubilarse, y 3 de cada 10 varones. “Estamos haciendo que esta posibilidad se amplíe y que el SIPA se sostenga y tenga la posibilidad de ser solvente”, agregó.

A continuación habló Fernández Sagasti, que destacó que junto a Mariano Recalde, el otro autor del proyecto, se habían comprometido a “tratarlo con celeridad, porque en escasos 40 días se vence la moratoria jubilatoria de 2014, y desde 2015 y 2016 la línea viene bajando. Si bien se hizo un maravilloso aporte desde la ANSeS para contabilizar los años de aporte por hijo, la verdad que nos parecía que el Senado no podía estar expectante sabiendo que este año iban a haber 500 mil argentinos que no iban a poder jubilarse por no tener los aportes necesarios”.

A la hora de justificar la iniciativa, la mendocina recordó que quienes este año cumplirían entre 60 y 65 años, a partir de los 18 pasaron por la dictadura, hierinflaciones, los picos de desocupación de los 90 y 2001, por lo que “ha sido ajeno a estas personas no tener los 30 años de aporte, porque las crisis económicas argentinas no se lo han permitido”.

Para Fernández Sagasti “hemos podido construir un proyecto que es superador al de 2004 y 2014, porque tiene no solo un punto de vista de corto plazo -este plan de pago tiene una duración de 2 años que puede ser prorrogado por 2 años más y alcanza a 800 mil personas en edad jubilatoria sin aportes-; tiene una mirada a mediano plazo y es que creamos una unidad de pago de deuda. De precancelación a los que les falten 10 años, anticipándose a que cuando tengan la edad, pueden tener los 30 años” de aportes. Para la vicepresidenta del interbloque FdT, eso hace a la sostenibilidad del sistema previsional, “porque van a entrar ingresos”, pero además “vamos a crear conciencia, para que previendo la gente empiece a calcular si van a llegar a la edad con los aportes necesarios, y no sea costumbre esto de los planes de pago previsionales”.

Para finalizar, planteó la necesidad de “tener un sistema previsional más robusto, sustentable y empezar a construir uno más justo, que es lo que nos falta. En este contexto el derecho a la jubilación es un derecho que tenemos que garantizar”.

A su turno, Mariano Recalde hizo hincapié en la fecha límite que está por delante: el 22 de julio vence la moratoria previsional vigente, que “fue perdiendo potencia, particularmente en los 4 años de Mauricio Macri”, al que irónicamente le adjudicó “una perspectiva feminista”, por haber resuelto sostenerla solo para las mujeres. Recordó que a los varones se les otorgó solo la posibilidad de la PUAM, que definió como “una pensión más precaria, barata y menos integral”.

En ese sentido recordó que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende al 80% de una jubilación mínima, por lo que “está bastante lejos de una canasta básica”. El legislador sostuvo que “nunca puede pasar que se pierda un derecho donde hay una necesidad y había  un derecho. Queremos mantener el derecho y mejorarlo. Y además fortalecer la cultura previsional contributiva y nos parece además que es muy justo, porque se trata de personas que no son culpables de no tener los aportes”.

Además, agregó, “tampoco es cierto que no aportaron. Aportaron, porque el sistema previsional hoy se sostiene con 50% de los que hacen aportes y 50% de los impuestos generales, donde aportan todos”.

Luego dio precisiones sobre el proyecto. ¿Qué van a pagar? Lo mismo que pagaría un trabajador en actividad: 29% de la remuneración mínima imponible, consistente en $10.989. “El 29% es $3.187 por mes y de acuerdo a la deuda previsional que tenga lo va a pagar en una, 30, 60, o hasta 120 cuotas”, especificó, aclarando que hoy es esa cifra, pero ese porcentaje se saca sobre la base de la remuneración mínima imponible que se actualiza trimestralmente. Actualización que también se aplicará sobre la cifra referida.

“Incorporamos una novedad que es la de cancelar anticipadamente la deuda previsional. Aquellos que tengan hasta 10 años menos de la edad jubilatoria, pueden ir viendo, porque conoce o porque consulta a la ANSeS, adelantar el pago de esa deuda previsional. No solo continuarla, sino empezar a pagar antes. Le permite tener más seguridad de que va a acceder al beneficio, pero al Estado le permite recaudar, además”.

Juliana Di Tullio detalló a continuación el costo fiscal de la iniciativa. El primer año sería de 0,02%, y el año que viene 0,3%. “Realmente un costo fiscal muy bajo, afrontable para las cuentas lamentables de nuestro país, pero que todavía estamos tratando de ordenar y que nos va a llevar mucho tiempo ordenar”, enfatizó, para criticar luego la tarea de los ministerios de Trabajo de años anteriores que no cumplieron con el poder de fiscalización suficiente, facilitando que no haya ahora aportes suficientes.

Por otra parte aclaró que no había habido ninguna propuesta para modificar el proyecto, pero que seguiría abierta a la posibilidad de atender las consultas y sugerencias hasta llegar al recinto.

Desde la oposición, la senadora Guadalupe Tagliaferri reconoció la importancia del tema, reconoció que el sistema “tiene que ser solidario, justo, sostenible y sustentable, y que no lo es”, pero reclamó que con la premura correspondiente la iniciativa fuera girada también a la Comisión de Presupuesto. Justificó su pedido en que “no sabemos si esto complica los acuerdos y metas de (Martín) Guzmán con el FMI, las estimaciones de los cálculos actuariales del costo, que es algo que han hecho los asesores de los senadores, no es algo que haya hecho el Poder Ejecutivo”.

Con todo, Tagliaferri consideró que la iniciativa “no soluciona el problema de base”, y consideró injusto que aquel que nunca haya aportado ingrese a  una jubilación. “En algún momento lo que va a suceder es que no pueda jubilarse nadie”, advirtió. Respecto del bajo poder adquisitivo de la PUAM, señaló: “Es cierto que la PUAM está por debajo de la canasta, también está la mínima, si mejoran la mínima sube la PUAM”.

Para finalizar, sintetizó pidiendo mandar el proyecto a Presupuesto y requerir la presencia de Guzmán, como así también informar qué pasará con las personas que pasados los dos años no cumplan el tiempo de aporte.

Di Tullio le respondió recordándole que la herramienta de dar los giros la tiene la presidenta del Senado, que ya dispuso que la iniciativa no vaya a otra comisión. Y que además fue ANSeS el organismo que les dio los datos respecto del costo fiscal de la iniciativa, del que dio más detalles: el 0,02% equivale a 12.046 millones de pesos, mientras que el 0,3% equivale a 184.844 millones de pesos.

La vicepresidenta de la comisión consideró “una barbaridad esas cifras”, estimando que “Guzmán tiene que acusar un impacto, es (una cifra) muy importante”. Y agregó: “De todas maneras yo creo que el sistema previsional depende de la confianza; la gente tiene que confiar en la Argentina, tiene que confiar a 30 años, tiene que confiar en todos los dirigentes. De alguna manera si la gente no aporta al sistema es porque no está confiando en nosotros”.

Sobre el final, Fernández Sagasti recordó que la voluntad del interbloque oficialista era emitir dictamen este martes, “y no habiendo propuestas concretas de modificación nos complacería firmar el dictamen”.

Expresó además su deseo de hablar sobre “cómo volvieron deficitario el sistema previsional”, responsabilidad que adjudicó a la gestión anterior, pero aclaró que dejarían esas expresiones para el recinto. Y concluyó señalando que “los números tienen que cerrar con la gente adentro. Y para nosotros es importante que 800 mil personas puedan jubilarse”.

Senadora del Pro se reunió con Macri

La cordobesa Carmen Alvarez Rivero analizó con el exmandatario la realidad política y la crisis social.

La senadora nacional por Córdoba Carmen Álvarez Rivero se reunió este lunes con el expresidente de la Nación Mauricio Macri. Dialogaron sobre la realidad política y la crisis social que está viviendo el país.

Según contó la senadora del Pro, conversaron sobre la situación social, que caracterizó como “dramática”. Y apuntó: “En Córdoba 6 de cada 10 niños viven en la pobreza, mientras tanto la agenda que propone el Gobierno es la reforma del Consejo de la Magistratura, que solo busca que las causas contra el kirchnerismo queden en la nada”.

Alvarez Rivero estuvo acompañada por Sebastián García Díaz y su jefe de asesores Joaquín Durand. “Expresamos la preocupación por las últimas jugadas ilegales de Cristina de Kircnher en el Senado. Intercambiamos ideas e impresiones sobre la realidad de Córdoba”, agregó la senadora, que concluyó: “Confirmamos que estamos a su disposición”.