En medio de la ola de despidos masivos, la diputada nacional Carolina Gaillard (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia pública en materia laboral, en el ámbito de la administración pública nacional, hasta el 31 de diciembre de 2025, en todo el territorio nacional, en virtud de la vigencia del principio protectorio de la estabilidad consagrado en el artículo 14 bis y en el principio de progresividad del Artículo 75 inc. 19, ambos de la Constitución Nacional.

Además, propone que se prohíba durante el plazo de vigencia mencionado anteriormente los despidos o suspensiones de trabajadores y trabajadoras que efectivamente desarrollen sus tareas en el ámbito público, sin importar la modalidad contractual, ni la fecha de ingreso al empleo.

“Déjese sin efecto el cese o suspensión del personal alcanzado dentro régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado (artículo 9 de la Ley 25.164 Marco de Regulación del Empleo Público Nacional), con efecto retroactivo al 10 de diciembre de 2023, y dispóngase su continuidad laboral”, establece en su artículo tercero y suma en el cuarto: “En los supuestos de la supresión de cargos y/o funciones en el marco de una reorganización administrativa, dispuesta a partir del 10 de diciembre de 2023, la autoridad competente deberá garantizar, en función del principio protectorio, la reubicación de los trabajadores y trabajadoras en la planta de la Administración Pública Nacional”.

En el proyecto establece que la Secretaria de Transformación del Estado y Función Pública, o la que en su futuro la reemplace, será la Autoridad de Aplicación de la presente ley y “deberá garantizar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras alcanzados/as por la misma”.

También plantea que el jefe de Gabinete de Nación producirá un informe mensual al Congreso de la Nación dando cuenta de los avances en el cumplimiento de la ley.

Proyecto Ley emergencia empleo

El senador nacional Edgardo Kueider (UF) y la diputada nacional Carolina Gaillard (UP), ambos entrerrianos, estuvieron reunidos este lunes para promover el tratamiento inmediato del proyecto de ley de reducción de tarifas en la Cámara baja, el cual tiene media sanción del Senado desde el 29 de septiembre.

“Creemos que es crucial para todos, especialmente para los habitantes de Entre Ríos”, señalaron ambos legisladores a través de una publicación en la que se lo ve reunidos en X.

Del mismo modo, el senador de Unidad Federal, impulsor de la iniciativa, señaló que “este proyecto marca un avance significativo y establece un marco legal nacional ajeno a los signos políticos, siendo la única iniciativa que ha logrado progresos en el ámbito legislativo para la provincia”.

Agregó, también, que “nos reunimos en mi despacho, para comprometernos a seguir trabajando en conjunto por lograr tarifas más equitativas para todos”.

El proyecto sobre reducción de tarifas

El texto propone que el precio estacional que trimestralmente aprueba la Secretaría de Energía, a propuesta de Cammesa, y que rige para la compra de energía en el mercado mayorista de los distribuidores, será afectado por lo que el autor de la norma define como “factor K”, que tiene en cuenta las características de los mercados eléctricos en cada una de las jurisdicciones del país.

El Factor K será determinado por jurisdicción, afectará al Precio Estacional y tendrá una relación inversamente proporcional al Valor Agregado de Distribución (VAD) que le corresponde a cada agente distribuidor del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El Factor K será calculado por la Secretaría de Energía y, para su determinación, se deberán tener en cuenta las variables que caracterizan la prestación del servicio público de electricidad. Se deberán considerar parámetros tales como: área abastecida, cantidad de usuarios, energía consumida, longitud de las líneas eléctricas y otros que resulten representativos del servicio que se brinda.

La diputada nacional Carolina Gaillard (UP – Entre Ríos), apoyada por su bloque, presentó un proyecto de ley para establecer la capacitación obligatoria sobre la Ley de Salud Mental 26.657 con una “perspectiva comunitaria y de derechos humanos”.

En la iniciativa, se exige la capacitación obligatoria en salud mental a todo el personal de las fuerzas de seguridad, de educación y de salud del ámbito nacional, provincial y municipal, del sector público y privado, desde una perspectiva comunitaria y de derechos humanos, y entendiendo a la salud mental “como un derecho humano fundamental”.

Para Gaillard, “hay un déficit en la respuesta concreta a situaciones de emergencia en salud mental”, y con el objeto de lograr la capacitación y formación que permita una coordinación y articulación de todas las áreas para lograr abordajes adecuados y medidas concretas que salvaguarden los derechos de los pacientes, según establece la Ley de Salud Mental.

Propone, también, que “tiene como objeto establecer la capacitación obligatoria de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 a todos los efectores del sistema de salud, a todo el personal de las fuerzas de seguridad y a la comunidad educativa en su totalidad, sea del ámbito público como del ámbito privado”.

“Estará dirigida a todas las personas que se desempeñen en el sector público, en todos sus niveles y jerarquías, definidos en el artículo 8° de la Ley 24.156, en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, y en los ministerios públicos, así como en el sector privado, en las áreas mencionadas específicamente”, añadió.

Agrega que “el proyecto surge de la necesidad de promover y garantizar la formación, capacitación a todos aquellos actores involucrados en la implementación de la Ley de Salud Mental, en las áreas de salud, seguridad y educación”.

“Consideramos que gran parte del problema no está en la ley en sí misma, sino en la falta de conocimiento y formación sobre la misma, en la falta de articulación y coordinación entre los efectores del sistema de las distintas áreas, como en la ausencia de recursos o readecuación de los mismos para una implementación”, cuestionó la entrerriana.

En tal sentido, la diputada nacional expresó que “si las fuerzas de seguridad hubiesen tenido la capacitación necesaria para saber cómo actuar en el caso de Ariel Goyeneche, él estaría probablemente con vida, porque fue tratado como un delincuente cuando se trataba de una persona con un padecimiento de salud mental”.

Este proyecto de ley implica también que la atención en salud mental no esté centrada únicamente en las principales ciudades donde existe mayor concentración de profesionales, sino que por el contrario, busca incorporar una perspectiva federal integrada, con el objetivo que las provincias y sus municipios accedan, en igualdad de condiciones a contar con personal capacitado e idóneo para dar respuestas oportunas a la gran cantidad de demanda.

Desde esa perspectiva, el proyecto impulsado tiene como finalidad contribuir a que se garanticen aspectos centrales como buenas prácticas respecto de las medidas no coercitivas, la inclusión de la comunidad y el respeto de la capacidad jurídica de las personas, es decir, el derecho a tomar decisiones sobre su tratamiento y su vida.

Además, en su articulado, el proyecto establece que “El Poder Ejecutivo Nacional llevará adelante campañas de concientización a través de los medios masivos de comunicación, plataformas digitales, redes sociales, entre otros, a los efectos de concientizar a la población en general respecto a la importancia de la correcta implementación de la ley Nacional de Salud Mental 26.657 y su enfoque de derechos humanos”.

Proyecto 1160-D-2024

“Estoy muy enojada y molesta”, comenzó su intervención la diputada entrerriana Carolina Gaillard (UP) ante la Bicameral de Trámite Legislativo, en cuya reunión denunció que los funcionarios del Ejecutivo “arrugaron” para asistir a la comisión a explicar el DNU 70/2023 y lanzó munición pesada contra el Frente Pro y un sector de la UCR.

“Nosotros queremos que se traten todos los DNU en el recinto porque este decreto está generando efectos dañinos a la sociedad”, planteó con un tono elevado de la voz y entre gritos disparó: “Ustedes mientras nos entretienen acá con ‘moción va, moción viene, de acá para allá’, la gente no es tonta, déjense de hacerse los pelotudos y de mirar para otro lado. Les voy a faltar el respeto porque le están faltando el respeto a la sociedad…usted senador (Juan Carlos) Romero le falta el respeto a la sociedad que hoy vive el aumento de prepagas y tarjetas”.

Y siguió: “Usted senador Romero que me mira con sorna presentó una nota para que se incluyan en el temario los DNU de Alberto Fernández se traten en forma cronológica”.

“El senador Romero, el doctor (Luis) Juez del Frente Pro, (Hernán) Lombardi, (Francisco) Monti, (Víctor) Zimmerman quieren que primero se trate lo de Alberto Fernández y no lo del DNU 70 que hoy está haciendo efecto y destrozos. Son cómplices de esta maniobra dilatoria. No es La Libertad Avanza sola, es el Pro, y parte de la UCR que no asumen la responsabilidad que tienen como diputados y senadores para ir a la sesión en el recinto y rechazar esto o exigir que hoy se dictamine”, cuestionó.

En la previa de la conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo, que analiza los decretos del Poder Ejecutivo, la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard aclaró que “la comisión declara la validez o invalidez del todo, no se puede desmenuzar el DNU”, en alusión al 70/23 de desregulación de la economía. 

En ese sentido, la entrerriana explicó que “la ley (26.122) aclara que es un impedimento modificar o suprimir en cualquier parte el texto enviado por el Ejecutivo”. 

Al ser consultada en Radio Futurock por la postura de los otros bloques de la oposición, la legisladora consideró que “desde la UCR en su mayoría se manifestaron en contra del DNU. Están buscando algún resquicio para decir ‘bueno, en realidad en partes estamos de acuerdo, en otras no’. Bueno, eso no se puede, porque el DNU es válido o inválido”. 

“Lo que debería hacer la UCR es rechazar el DNU y pedirle al Ejecutivo que mande proyectos de las cosas que ellos sí están de acuerdo”, agregó. 

Gaillard remarcó que “el presidente no puede legislar, legisla excepcionalmente” y en la comisión se revisan los “requisitos formales” y, fundamentalmente, se evalúa “si se dictó habiendo necesidad y urgencia”. No obstante, ya habiendo pasado 10 días en los que la bicameral debería haberse expedido, “las cámaras pueden reunirse pidiendo una sesión especial y tratarlo de oficio, que significa sin dictamen”, apuntó. 

La opositora cuestionó que “este DNU está perjudicando la vida de todos los argentinos” y, respecto de las intenciones del oficialismo de tratar más de un centenar de DNU de la gestión de Alberto Fernández que no fueron revisados, dijo: “Constituir ahora la bicameral y pretender tratar todos los decretos de necesidad y urgencia anteriores es dilatar el tratamiento. En su momento nadie llamó a una sesión especial para tratarlos”.

A través del DNU 70/23 “prácticamente se está modificando todo el andamiaje jurídico del país en un solo decreto”, señaló y cerró: “Nunca pasó esto en la historia y si lo hubiese hecho nuestro gobierno u otro, esto hubiese sido un golpe de Estado”. 

 

La expresidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, salió al cruce del pedido del Pro para que el proceso acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema sea declarado inválido. “Es un atentado contra el Congreso”, enfatizó y además los desafió a debatir los dictámenes en el recinto, donde se requieren dos tercios de los votos para su aprobación. 

“El juicio político a los miembros de la CSJN tuvo dictamen favorable de acusación luego de muchos meses de investigación en la comisión donde participaron, ofrecieron prueba los miembros de JxC, y presentaron dictamen de minoría en rechazo a la acusación”, recordó la entrerriana. 

En la red social X, la legisladora cuestionó que “ahora pretenden dar por terminado el juicio con un proyecto de declaración” de Sabrina Ajmechet que “declara su invalidez en un trámite express que dé por terminado meses de trabajo y un dictamen que fue votado en el pleno de la comisión por mayoría simple”. 

Ahora pretenden dar por terminado el juicio con un proyecto de declaración de @ajmechet que declara su invalidez en un trámite express que de por terminado meses de trabajo y un dictamen que fue votado en el pleno de la comisión por mayoría simple.

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) January 9, 2024

“En el marco del proceso y previo al dictamen de acusación se resolvieron las impugnaciones presentadas que fueron tratadas, votadas y rechazadas en el pleno de la comisión. Todo el proceso está cargado en la página web de @DiputadosAR, en Comisión de Juicio Político podes acceder y ver los dictámenes y las impugnaciones”, resaltó. 

Para Gaillard, “intentar declarar la invalidez del juicio por resolución del pleno de la cámara es un atentado contra el Congreso y las facultades que nos ha otorgado la Constitución Nacional. No se puede manosear la democracia. No se puede jugar con la Constitución. Hay normas y reglas que deben respetarse”. 

“Si no están de acuerdo con el juicio a la CSJN debatamos en el recinto las acusaciones y las distintas posturas pero no violemos un procedimiento constitucional y el reglamento de @DiputadosAR”, concluyó. 

Tras 26 reuniones realizadas a lo largo de este año, finalmente la Comisión de Juicio Político, presidida por Carolina Gaillard (FdT), avanzó este martes con el dictamen acusatorio contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia: el presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; Ricardo Lorenzetti; y Juan Carlos Maqueda.

El juicio político, ahora, debería continuar en el recinto de la Cámara de Diputados, donde debería obtener una mayoría calificada (2/3 de los votos) para pasar al Senado, que es quien tiene la atribución de juzgamiento. Obviamente el oficialismo saliente no tiene el número en la Cámara baja, por lo que especulará votarlo más adelante ya que el dictamen tiene vigencia por tres períodos parlamentarios.

El dictamen de mayoría tiene como causales de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema: la sentencia que le devolvió los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por parte del Estado Nacional; la sentencia del “dos por uno” que beneficiaba a militares presos por crímenes de lesa humanidad; la sentencia respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura; y por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Los 16 votos a favor del dictamen correspondieron a los legisladores del oficialismo, a saber: Carolina Gaillard, Ricardo Herrera, Itai Hagman, Mónica Macha, Juan Marino, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Paula Penacca, Carlos Selva, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés, Hugo Yasky y Carolina Yotrovic.

En la antesala de esta última reunión, el oficialismo realizó varios cambios para asegurarse de lograr las 16 firmas del dictamen acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema. Quedaron fuera: Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán (diputados que responden a Sergio Massa); y Mara Brawer, Susana Landriscini, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo.

La oposición presentó un dictamen de minoría en el que se opone a prolongar este proceso. También, hay un tercer dictamen presentado por el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, en oposición al proceso de enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia.

El proceso iniciado el 26 de enero pasado llegó al final de su tratamiento en comisiones, el cual debió haber culminado el 20 de noviembre pasado (un día después del balotaje), pero el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

La reunión comenzó con la lectura de lo que fue todo el proceso realizado a lo largo del año, mencionó a todos los testigos que pasaron por la comisión y hubo un agradecimiento de la presidenta de la comisión a todos los que trabajaron arduamente en esa tarea.

Antes de las exposiciones de los diputados presentes en la reunión, se sometió a votación -y resultó afirmativo- que los dictámenes vayan acompañados por los anexos conjuntos de investigación (la parte general, resumen del proceso y las causas del proceso).

Asimismo, la titular de la comisión, Carolina Gaillard, advirtió que las presentaciones de los jefes de bloques, Juan Manuel López y Mario Negri, “tenían que haberse resuelto en un plazo razonable” y fueron rechazadas por “ser improcedentes a los informes depuestos”.

En primera instancia, el diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) planteó una reseña de las cuatro causales por las que el oficialismo lleva adelante este proceso de enjuiciamiento contra la Corte Suprema de Justicia. “El resumen fue lo suficientemente detallado para que la opinión publica tome conocimiento de la seriedad que privó en el ámbito parlamentario”, arengó.

“Este ejercicio está vinculado a la docencia institucional porque quisieron hacerlo parecer como un acto revanchista de carácter direccionado a generar desprestigio hacia la Corte Suprema, pero a medida que avanzamos se iban corriendo velos en las irregularidades de esta institución”, agregó.

Del mismo modo, señaló que “la división de poderes es el pilar de nuestro sistema republicano”. “El juicio político es un procedimiento exclusivo del Congreso porque está en los artículos de la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara de Diputados”.

Al respecto de las causales, Moreau explicó que “esas sentencias se transformaron en objeto de desviación de poder y no tenemos ninguna duda porque se vio reflejado en la causa 2×1, en la del Consejo de la Magistratura y en la coparticipación”, pero aclaró que “se juzga a las personas que integran la Corte Suprema, no a la institución”.

Finalmente, el diputado oficialista se solidarizó con Karina Banfi por las amenazas que recibió en su mail personal, y se manifestó preocupado por “el regreso” de discursos negacionistas que “alimentan la violencia política”.

En contraposición, el diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) expresó: “Llegamos a la última función de este entretenimiento que propuso el oficialismo”. “Moreau acertó la verdadera causa de esta investigación, y la causa por la que debe ser desestimada, porque esto se hizo para justificar la desobediencia ante la Corte Suprema”.

“La Corte emitió sentencia para que Nación le devuelva la coparticipación a la Ciudad, pero el presidente Alberto Fernández dijo que no iba a cumplir la sentencia porque no estaba de acuerdo”, remarcó el jurista del Pro. “A quien se le debería hacer juicio político es al presidente de la Nación”, aseveró.

Con un breve repaso por los causales, Tonelli afirmó que esto tiene “un origen político en la denuncia que nada tiene que ver con el supuesto mal desempeño de los jueces de la Corte”, y cerró: “Si le agregamos la sinrazón de los argumentos, no queda otra posibilidad más que rechazar esto”.

Por otro lado, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez remarcó su postura -cercana a la de JxC- respecto a este proceso y presentó un dictamen propio donde rechaza el proceso de juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

Luego, el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri, señaló: “Las causales son carentes de todo fundamento”, y agregó que “este Gobierno aun teniendo mayorías en Diputados y el Senado, siempre tuvo una relación conflictiva con la justicia”.

“Una vez tuvieron sentado 12 horas a un empleado y no lo dejaban ir al baño y esto fue parte de una táctica y estrategia cuando querían usar a la comisión con los testigos que usaban”, añadió Negri y afirmó que “esto va a ser recordado como el juicio político más bochornoso que yo recuerde”.

Por su parte, el oficialismo planteó las cuatro causales del proceso de juicio político a la Corte Suprema a través de Vanesa Siley (irregularidades de la obra social del Poder Judicial), Eduardo Valdés (la sentencia por la composición del Consejo de la Magistratura), Hugo Yasky (el fallo del dos por uno), y Juan Manuel Pedrini (por el amparo que le devolvió la coparticipación a CABA).

A su turno, el diputado nacional Álvaro González (Pro) expuso: “Quiero simplemente hacer referencia que allá por enero cuando empezó esta comisión hice referencia a que íbamos a tratar este pedido porque hemos trabajado un año entero y repito que este juicio político se lleva a cabo por un fallo que al presidente de la Nación no le gustó”.

“Con innumerables fallas técnicas no hay razones objetivas ni subjetivas que ameriten llevar adelante este juicio político”, enfatizó. Además, añadió que “no lograron acompañamiento de ningún bloque y cambiaron diputados porque no se animaban a firmar el dictamen. Repensemos porque esto le hace mal a la República Argentina”.

También, la diputada saliente Graciela Ocaña (Pro) afirmó que “es un circo político que ha durado demasiado”. “Nació de una sentencia que no gustó, que en realidad fue un amparo y el presidente decidió no cumplir y a los argentinos les importó muy poco lo que estaba pasando acá y eso se vio reflejado en las elecciones”.

Llegado el turno del presidente de bancada de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, expresó: “Este juicio es voluntad de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa”. “Todos por motivaciones distintas, todas malas”, añadió.

“La vicepresidenta sostiene el relato del lawfare, que es perseguida política. Alberto Fernández lo hizo para ejercer parte del poder, cuando los gobernadores le pidieron ir contra los recursos de CABA. Massa tenía que pagar esa sentencia de Cristina y no la pagó. También quería ser presidente y así tener a la Corte sometida”, explicó López.

En tal sentido, afirmó que “las tres cabezas del Frente de Todos se bancaron este juicio por objetivos distintos pero concurrentes. Desprestigiaron el juicio político como institución”.

Finalmente, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, resumió lo mismo que Gaillard al principio y manifestó que “venimos de dos diciembres donde la Corte tomó decisiones que fueron motivo para llevar a cabo este juicio político”. Asimismo, valoró el “enorme trabajo” realizado en el juicio político”, y sacó pecho al expresar que “cuando las mafias nos apuntan no nos amedrentamos”.

Tras 26 reuniones, y una decena de testigos, la presidenta de la Comisión de Juicio Político anunció los tres dictámenes (uno de mayoría, uno de minoría y uno del “Topo” Rodríguez) y celebró que “este proceso ha respetado la garantía del debido proceso con transparencia”.

En vísperas del cierre del tiempo de las comisiones para dictaminar, Juicio Político pretende realizar una última reunión con la intención de poner punto final al proceso de recolección de pruebas contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Así fue confirmado este viernes, a partir de la citación de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, para realizar una reunión en la Sala 1 del segundo piso del “Anexo A” este martes 28 de noviembre. Inicialmente el encuentro estaba previsto comenzar a las 13, pero por pedido de JxC la titular de la comisión reprogramó el arranque para las 15, debido a que previamente los gobernadores de la oposición se reunirán con legisladores actuales y electos.

Según confiaron fuentes de la comisión a parlamentario.com, esa reunión será para dictaminar, con lo cual el proceso llegaría a su fin en cuanto a lo que hace a la Comisión de Juicio Político y el tema quedará listo para llegar al recinto, donde necesitaría los 2/3 de los votos para continuar su camino en el Senado.

El tema es que el oficialismo saliente no tiene los votos para llegar a tanto, así que la idea es dictaminar los cuatro procesos acusatorios contra los jueces y dejarlo en espera hasta alcanzar ese número, si eso es posible. Esos dictámenes tendrían tres años de vigencia. A menos que el nuevo oficialismo decida desempolvarlos para llevarlos al recinto y hacerlos caer cuando no reúnan los 2/3. Se verá.

Lo cierto es que el tema estuvo presente en la reunión que esta semana mantuvo el futuro ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, con los integrantes de la Corte. Tras esa reunión, el designado funcionario calificó de “infame” ese enjuiciamiento. “Ha sido para dañarlos públicamente, es infame. Esto tiene que terminar”, aseguró en una entrevista con TN, precisando que “el juicio a la Corte no tiene andamiaje ni fáctico ni jurídico. Es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno”.

Lo cierto es que el proceso iniciado el 26 de enero pasado llegará este martes a su fin, al menos en esta instancia. La 25° reunión llevada a cabo el 7 de noviembre pasado a la que hacíamos referencia terminó envuelta en un escándalo, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dio por concluida la reunión a dos minutos de haberse iniciado, para evitar que se desatara una discusión en torno a la vinculación de uno de los miembros del oficialismo, Rodolfo Tailhade, en la causa judicial sobre espionaje sobre políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales que acababa de conocerse.

Esa última reunión fue el 7 de noviembre pasado y había sido convocada con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte que no respondieron por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento.

En la previa de ese encuentro, se supo que el candidato presidencial oficialista había pedido la postergación del proceso hasta después del balotaje, para evitar que el mismo se mezclara con la campaña electoral. Como el tiempo para que las comisiones se reunieran vencía el 20 de noviembre, un día después de las elecciones (y ese día era feriado), el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

Así las cosas, el margen de tiempo para que puedan dictaminar las comisiones vence el miércoles 29. Hasta ese día tiene tiempo la Comisión de Juicio Político para votar los cargos contra los jueces. Eso tratarán de hacer este martes; de no suceder la investigación se caería y todo concluiría como si nunca hubiera habido una investigación.

En vísperas del cierre del tiempo de las comisiones para dictaminar, Juicio Político pretende realizar una última reunión. Será el próximo martes 28, a partir de las 13, con la intención de poner punto final al proceso de recolección de pruebas contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Así fue confirmado este viernes, a partir de la citación de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, para realizar una reunión en la Sala 1 del segundo piso del anexo A.

Según confiaron fuentes de la comisión a parlamentario.com, esa reunión será para dictaminar, con lo cual el proceso llegaría a su fin en cuanto a lo que hace a la Comisión de Juicio Político y el tema quedará listo para llegar al recinto, donde necesitaría los 2/3 de los votos para continuar su camino en el Senado.

El tema es que el oficialismo saliente no tiene los votos para llegar a tanto, así que la idea es dictaminar los cuatro procesos acusatorios contra los jueces y dejarlo en espera hasta alcanzar ese número, si eso es posible. Esos dictámenes tendrían tres años de vigencia. A menos que el nuevo oficialismo decida desempolvarlos para llevarlos al recinto y hacerlos caer cuando no reúnan los 2/3. Se verá.

Lo cierto es que el tema estuvo presente en la reunión que esta semana mantuvo el futuro ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, con los integrantes de la Corte. Tras esa reunión, el designado funcionario calificó de “infame” ese enjuiciamiento. “Ha sido para dañarlos públicamente, es infame. Esto tiene que terminar”, aseguró en una entrevista con TN, precisando que “el juicio a la Corte no tiene andamiaje ni fáctico ni jurídico. Es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno”.

Lo cierto es que el proceso iniciado el 26 de enero pasado llegará este martes a su fin, al menos en esta instancia. La 25° reunión llevada a cabo el 7 de noviembre pasado a la que hacíamos referencia terminó envuelta en un escándalo, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dio por concluida la reunión a dos minutos de haberse iniciado, para evitar que se desatara una discusión en torno a la vinculación de uno de los miembros del oficialismo, Rodolfo Tailhade, en la causa judicial sobre espionaje sobre políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales que acababa de conocerse.

Esa última reunión fue el 7 de noviembre pasado y había sido convocada con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte que no respondieron por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento.

En la previa de ese encuentro, se supo que el candidato presidencial oficialista había pedido la postergación del proceso hasta después del balotaje, para evitar que el mismo se mezclara con la campaña electoral. Como el tiempo para que las comisiones se reunieran vencía el 20 de noviembre, un día después de las elecciones (y ese día era feriado), el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

Así las cosas, el margen de tiempo para que puedan dictaminar las comisiones vence el miércoles 29. Hasta ese día tiene tiempo la Comisión de Juicio Político para votar los cargos contra los jueces. Eso tratarán de hacer este martes; de no suceder la investigación se caería y todo concluiría como si nunca hubiera habido una investigación.

La combinación del resultado del balotaje y el escándalo por el espionaje ilegal causó tal impacto en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que todo el proceso de enjuiciamiento desarrollado contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia podría quedar en la nada. Así sucederá si en una semana no se votan los cargos elaborados contra cada uno de los jueces.

Este juicio contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se inició el 26 de enero pasado y desarrolló sus audiencias a lo largo de todo el año, hasta que la vigésimoquinta reunión terminó envuelta en un escándalo, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dio por concluida la reunión a dos minutos de haberse iniciado, para evitar que se desatara una discusión en torno a la vinculación de uno de los miembros del oficialismo, Rodolfo Tailhade, en la causa judicial sobre espionaje sobre políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales que acababa de conocerse.

Esa última reunión fue el 7 de noviembre pasado y había sido convocada con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte que no respondieron por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento.

En la previa de ese encuentro, se supo que el candidato presidencial oficialista había pedido la postergación del proceso hasta después del balotaje, para evitar que el mismo se mezclara con la campaña electoral. Como el tiempo para que las comisiones se reunieran vencía el 20 de noviembre, un día después de las elecciones (y ese día era feriado), el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

Así las cosas, el margen de tiempo para que puedan dictaminar las comisiones vence el miércoles de la semana que viene. Hasta ese día tiene tiempo la Comisión de Juicio Político para votar los cargos contra los jueces. Según pudo saber parlamentario.com de fuentes de esa comisión, no está definido aún qué se hará.

Consultado por este medio, un integrante de la Comisión de Juicio Político por la oposición advirtió que “si la comisión no dictamina antes del 29, la investigación cae y se termina. Sería como si nunca hubiera habido una investigación”.

“Veo difícil que haya una nueva reunión, pero no la descarto”, aclaró el legislador consultado.

Apenas dos minutos duró la reunión de la Comisión de Juicio Político convocada para este martes con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte Suprema que no habían respondido por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento que se les sigue a los miembros del tribunal.

Singular expectativa había despertado el encuentro, habida cuenta de que en vísperas de la reunión se conoció en detalle el informe de la justicia que investigó un escándalo de espionaje del que fueron víctimas políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales. Para colmo de males del oficialismo, entre los involucrados está una de las principales espadas del oficialismo en la Comisión de Juicio Político: el diputado ultra K Rodolfo Tailhade. Por eso se esperaba un fuerte embate en la reunión de la comisión de este martes, y así lo había anticipado el diputado Juan Manuel López en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales celebrada dos horas antes. “En algún momento aclarará porqué llegaban a su celular causas de la diputada Carrió”, apuntó en esa instancia respecto del diputado Tailhade, adelantando que pedirían explicaciones durante la reunión de Juicio Político.

Y si bien el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, había señalado en ese momento en tono desafiante que no tenía problema en tratar el tema que acababa de aludir su par de la Coalición Cívica, el oficialismo rehuyó el debate.

La reunión de Juicio Político se inició a las 13.09, y su presidenta, Carolina Gaillard, se limitó a señalar que habían convocado a una nueva audiencia “con el objeto de recibir la declaración presencial de los jueces de la Corte Suprema que desearen hacer su descargo presencial, tal como lo indica el artículo 13 del reglamento interno de la comisión. De acuerdo a lo que hemos hecho en la anterior reunión, les hemos aprobado los cargos, se ha notificado a los jueces de la Corte y ellos tenían la posibilidad de hacer su descargo”.

“En ese sentido, los jueces (Carlos) Rozenkrantz y (Horacio) Rosatti han presentado su descargo de manera escrita el jueves de la semana pasada”, recordó. Agregó que “en el día de la fecha estaba programada esta reunión al solo efecto de recibir el descargo de los jueces (Juan Carlos) Maqueda y (Ricardo) Lorenzetti si deseaban hacerlo presencial. Que no lo hagan no obsta que esta comisión continúe su labor”.

Visiblemente nerviosa, Gaillard apuntó que el doctor Maqueda ya había sido notificado de los cargos por mal desempeño en el ejercicio de su función pública por la causa de la obra social. “En su momento optó por no realizar descargo ni presencial ni por escrito, y en esta ocasión, no habiendo presentado descargo ni presencial ni por escrito, y el doctor Lorenzetti y Maqueda no estando presentes en la reunión se da por terminada la presente reunión de comisión, ya que se torna abstracta, teniendo en cuenta que no comparece el doctor Maqueda, ni el doctor Rosenkrantz -en realidad debió decir Lorenzetti- para cumplir con el descargo si así lo desearan”.

Y entre gritos airados de los legisladores de la oposición, con Graciela Ocaña pidiendo reiteradamente la palabra y Juan Manuel López de fondo reclamando desencajado por el “escándalo de inteligencia a cielo abierto”, la diputada Gaillard cerró: “Con esto damos por terminada la presente reunión, porque se ha cumplimentado con el objeto para el cual esta fue convocada”.

Presente en la reunión, mientras el oficialismo abandonaba presuroso la sala, el presidente del bloque radical de Diputados, Mario Negri, decía en el micrófono: “En seis meses es la primera vez que disparan. ¿Saben cómo terminó esta comisión? Terminó muerta por default. Por vergüenza terminó… No existe antecedente en el Congreso de la Nación que quienes hayan impulsado una grosería de juicio político de esta naturaleza y resulta que el último día del último acto, se dieron vuelta los argumentos y van en contra de los propios que lo impulsaron. Consecuencia: abandonan, perdieron por abandono, por vergüenza”.

ESCÁNDALO
El Kirchnerismo huyó como rata de la Comisión de Juicio Político y el diputado/espía Rodolfo Tailhade ni se presentó.
Esta comisión es una farsa, el Kirchnerismo usó la inteligencia ilegal para perseguir a la Corte. Perdieron por abandono. Por eso huyen con vergüenza. pic.twitter.com/8L0RxIh4zj

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 7, 2023

La diputada nacional Carolina Gaillard (FdT) y el secretario de Gestión Cultural de la Nación, Federico Prieto, se reunieron este viernes con el candidato a vicepresidente y jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, para establecer estrategias y actividades de cara al ballotage en la provincia de Entre Ríos.

Durante el encuentro, Rossi, Gaillard y Prieto realizaron un análisis de los resultados electorales tanto en la provincia como en la Nación, y establecieron una serie de actividades de campaña de cara al ballotage en el que Sergio Massa se medirá con el libertario Javier Milei.

Luego de la reunión, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, consideró que “el próximo 19 de noviembre nos jugamos nuestros derechos, nuestra patria, nuestra historia como pueblo, nuestro futuro”. “Por eso es importante votar a Sergio Massa, que tiene un proyecto de país que nos va a sacar adelante”, agregó.

Por su parte, Federico Prieto, señaló: “No tengo dudas de que los argentinos darán un fuerte apoyo en las urnas en favor de la única propuesta que quiere llevar adelante un proceso de país soberano, con un Estado presente que genere oportunidades para todos y el desarrollo de las comunidades”.

A cargo de Carolina Gaillard, la Comisión de Juicio Político informó los cargos provisorios contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia (el presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) tras 24 reuniones en lo que va del año.

Tras ser notificados, los jueces del máximo tribunal de justicia disponen hasta el jueves 2 de noviembre para realizar su descargo o asistir personalmente a la reunión prevista para el martes 7 de noviembre. Gaillard anticipó que “la comisión analizará el descargo de los ministros de la Corte, y en función de eso dictaminará en el mes de noviembre”.

Hasta el momento hubo 24 reuniones de la Comisión de Juicio Político -se prevé al menos una más-, donde declararon un total de 65 personas en base a las 14 iniciativas contra los miembros de la Corte Suprema por “posible mal desempeño de sus funciones”, “manifiesta parcialidad”, “arbitrariedad”, “desvío y abuso de poder a la hora de emitir sus fallos”, entre otras irregularidades denunciadas.

El proceso comenzó el 26 de enero con la admisibilidad de los pedidos, y después se inició la etapa de investigación, donde se organizaron los pedidos de juicio político a partir de la producción de pruebas en los fallos del dos por uno que benefició a genocidas, el de coparticipación que le devolvió fondos a la Ciudad de Buenos Aires, el de la reforma del Consejo de la Magistratura, por las irregularidades denunciadas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y abuso de poder.

Una vez que los jueces realicen su descargo, la Comisión de Juicio Político podrá emitir el dictamen y llevarlo al recinto donde necesitará que dos tercios de los presentes voten afirmativamente. Según, la titular de la comisión, está previsto que el dictamen sea en noviembre.

Los cargos contra los jueces

La Comisión de Juicio Político inició el proceso de investigación contra la Corte Suprema a partir de los fallos del “dos por uno”, que benefició a condenados de la última dictadura militar; por el de la coparticipación que le devolvió fondos a la Ciudad de Buenos Aires; por la reforma del Consejo de la Magistratura; y por irregularidades denunciadas en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.

La primera causa investigada fue la del denominado “fallo dos por uno”, en la que se denunció que los miembros de la Corte Suprema favorecieron a los imputados o condenados por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

A partir de lo que se conoció como el fallo Muiña, acusado por su actividad en el centro de detención clandestino del Hospital Posadas, fue el primer beneficiado, y la jurisprudencia creada motivó que decenas de represores también solicitaran una condonación de sus penas.

Los cargos por mal desempeño en esta causa fueron atribuidos al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y al vicepresidente Carlos Rosenkrantz. Entre las acusaciones al presidente se destacaron: haber omitido el análisis de admisibilidad legal para la aplicación de la regla del 2×1 para delitos de lesa humanidad, con relación al fallo “Muiña”; haber legitimado una maniobra que priorizó el tratamiento caso motivado por intereses ajenos a la justicia; y haber violado deberes y pautas de comportamiento ético previstas en la Ley Nacional 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.

Mientras que a Rosenkrantz se lo acusó por: promover acciones dilatorias en la causa “Schiffrin”, con el objeto de ejercer una injerencia indebida en la jueza Highton de Nolasco para priorizar el tratamiento del caso “Muiña”; abandonar los deberes funcionales que surgen de la Acordada 42/08 de creación Unidad de Superintendencia para delitos de Lesa Humanidad (Comisión Interpoderes), desvirtuando el rol institucional y afectando de desprestigio y mala reputación al Poder Judicial de la Nación; y por no excusarse de intervenir en las causas “Aredez” y “Burgos”, en virtud de la relación de larga data que une al magistrado con la familia Blaquier, en una clara violación al principio de imparcialidad.

Con respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema restituyó una norma derogada y declaró inconstitucional una ley de 2006, arrogándose facultades legislativas para modificar la integración y composición del órgano de control de magistrados, encargado de seleccionar y remover jueces.

Además, del presidente y vicepresidente, se formularon cargos contra Juan Carlos Maqueda por: atribuirse el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación de la Constitución Nacional; apropiarse de funciones que la reforma constitucional le había quitado; interrumpir el proceso parlamentario tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura; y dictar una sentencia con múltiples arbitrariedades con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura.

También, se los acusa de falta de sigilo y prudencia en el dictado de sentencias judiciales de gravedad institucional; inmiscuir en facultades del Congreso de la Nación para manipular la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas; y por haber favorecido a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura.

En la causa “Coparticipación” se investigan las irregularidades del fallo de la Corte Suprema que dispuso en diciembre de 2022 para que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

En este caso, los cargos formulados fueron para los cuatro integrantes del máximo tribunal y se los investigó por: Haber vulnerado el derecho de defensa del Estado Nacional, desarrollando la actividad jurisdiccional con notoria inobservancia a las reglas básicas del debido proceso; arrogarse facultades legislativas, violando el sistema de organización federal y la división de poderes; y dictar una sentencia cautelar arbitraria a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, omitido la ponderación de prueba relevante y decisiva para la resolución del caso con la finalidad de dotar de recursos financieros al entonces candidato opositor a la Presidencia.

Luego del fallo de la coparticipación, se hicieron virales una serie de conversaciones entre el director general de la Vocalía, Silvio Robles,y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por lo que se acusó a la Corte por “no haberse excusado en la causa cuando era su obligación a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de imparcialidad, en atención a los vínculos de íntima confianza”.

La Comisión de Juicio Político que preside la entrerriana Carolina Gaillard se encuentra reunida desde las 13.16 para comenzar a analizar la causal “abuso de poder”, con testimonios dirigidos especialmente al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz.

Se analizarán puntualmente 69 sentencias en las que intervino Rosenkrantz y en cuya mayoría -según el oficialismo- favoreció a sus exclientes.

El segundo cargo que estarán evaluando es el pedido de honorarios que el propio Rosenkrantz presentó en la Corte cuando ya era ministro por 18.000 millones de pesos para que la provincia de Santa Fe le pagara honorarios en un expediente que tramitó en la Corte.

Participarán de la audiencia cuatro de los cinco testigos convocados. Estos son:

• El periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de juno de 2022 en El Destape.
• El periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna.
• Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema.
• Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El único convocado que no asistirá, según se anticipó, es Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.

Sí estará, como vemos, Saggese, quien había sido citado por la causal “Consejo de la Magistratura” el 21 de septiembre pasado y no se presentó, aunque en realidad -según contó Carolina Gaillard-, no fue encontrado por el notificador, que terminó dejándole la citación pegada en la puerta de su despacho. Por eso volvió a ser citado y sí concurrió esta vez.

El testimonio de los periodistas

En la nota de referencia del periodista Ari Lijalad, se alude a que el actual vicepresidente de la Corte no se apartó de los expedientes de sus exclientes “tal como marca la ley”. Allí sostiene que Rosenkrantz firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos.

“Varios de esos fallos los rubricó cuando era presidente del máximo tribunal del país”, advierte el periodista, que alerta sobre “una maniobra irregular por donde se la mire: la ley establece que un juez no puede intervenir en casos de ex clientes. Menos aún un miembro de la Corte”.

En detalle, y en base al archivo de acceso público de fallos de la Corte, Rosenkrantz participó en decisiones sobre sus ex clientes en:

3 fallos que involucran a Supercanal

2 fallos que involucran a AMX (Claro)

1 fallo que involucra a la Clínica Estrada

10 fallos que involucran a YPF

5 fallos que involucran al supermercado DIA

1 fallo que involucraba al Grupo América

2 fallos que involucran a Pan American Energy

1 fallo que involucra a Piero

En la nota sobre la cual será indagado, se transcribe una declaración del 21 de octubre de 2021 en la que Rosenkrantz justifica su deicisón de intervenir en una causa que involucraba a AMX Argentina, nombre jurídico de Claro. Si bien “está involucrada una parte a la que el estudio jurídico al que pertenecí brindó algún tipo de asistencia legal mientras fui integrante de dicho estudio, no se configura ninguna causal de excusación”, alegó Rosenkrantz, que agregó que “ello es así puesto que no intervine en modo alguno -ni como letrado apoderado, ni presentando asesoramiento externo- en las cuestiones debatidas en la presente” y luego escribió: “Aclaro que en otras causas anteriores en las que se configuraban circunstancias como las del presente, preferí -hasta el momento- no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del Tribunal -más de cinco años-, estimo que esa postura ya no se encuentra justificada. Por consiguiente, intervendré en el futuro en tales causas”.

El otro periodista citado es Juan Alonso, quien será consultado por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe. La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados.

Según Alonso, “la Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”.

Según se indica en el artículo, “el contrato que firmó el exgobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial” y al publicarlo advierte que “el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte”.

En el reinicio del juicio político que se desarrolla contra los miembros de la Corte Suprema -el último encuentro data del 29 de agosto pasado-, comenzó el tratamiento de la causa conocida como Consejo de la Magistratura. Pero previamente la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo un repaso de lo actuado y trazó una hoja de ruta de lo que viene, de cara a la sustanciación de un informe final que anticipó se analizará y votará en esa comisión antes de fin de año.

“Comenzamos por la causa 2×1 y la posible connivencia de algunos integrantes de la Corte Suprema con el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, para beneficiar a genocidas y represores, con el fallo Muiña”, arrancó la diputada entrerriana, que recordó que siguieron con las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial. En ese sentido destacó que se investigó solo una etapa, que es aquella en la que supervisó la Obra Social el juez Maqueda, y anunció que “en esta causa estamos en condiciones de circular ya el informe que sustenta el dictamen de acusación” contra ese magistrado.

Recordó Gaillard que el mismo fue trasladado a Juan Carlos Maqueda para que formulara su descargo, mas este no lo contestó, ante lo cual se procederá ahora a realizar el dictamen de acusación correspondiente. Previamente se circulará a los miembros de la comisión el resumen de los cargos formulados.

Luego vino la investigación de la causa “Coparticipación”, donde Gaillard informó que se encuentra mayor grado de responsabilidad en Horacio Rosatti, presidente de la Corte. A lo largo de las distintas audiencias realizadas sobre este tema, consideró que “hay constancias probatorias para avanzar en el informe correspondiente, que será también socializado entre los miembros de esta comisión, para luego proceder a realizar el dictamen de acusación correspondiente”.

Así las cosas, se avanzará ahora con la causa Consejo de la Magistratura. Respecto a ello, la presidenta de la comisión expresó que “algunos testigos (de esta causa) ya vinieron, por lo cual consideramos que con una sola reunión es suficiente”. Por eso sostuvo que consideran avanzar en la siguiente reunión con la última causa, que adelantó será sobre “abuso de poder”, y corresponde a la denuncia de juicio político formulada por la Coalición Cívica, a instancias de la diputada Paula Oliveto, que representó una denuncia elevada en su momento por Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti, por distintos motivos.

Ampliación de prueba

Luego de que el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntara si en la causa Obra Social solo sería acusado el doctor Maqueda, la presidenta de la Comisión de Juicio Político aclaró que “en principio sí, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda al resto de los ministros”, y recordó que justamente había sido creada una subcomisión para investigar otros períodos. Al respecto, le recordó a López que ellos aún no habían detallado a quiénes sugerirían para incorporar a la misma.

El presidente del bloque CC-ARI recordó que ellos habían votado en contra de esa subcomisión, y consideraban que “el tema está agotado”, por lo que no les parecía trabajar en la misma.

A continuación, el diputado Rodolfo Tailhade cumplió con la tradición de presentar un pedido de ampliación de prueba para la causa Consejo de la Magistratura, en el cual incluyó un sinnúmero de notas periodísticas escritas sobre el tema en los últimos años. Fue una extensa lectura que demandó muchos minutos y en cuyo marco pareció ampliar su radio de acción, ante lo cual Carolina Gaillard aclaró luego que mucha de la prueba pedida tenía que ver en realidad con la causa “abuso de poder”.

Al respecto, informó que en la causa habían incluido el pedido de juicio político contra Carlos Rosenkrantz, “por incompatibilidad en ejercer como presidente de la Corte en causas de sus exclientes”.

“¿La novedad de incluir a Rosenkrantz es algo que decidió usted, o el Frente de Todos?”, preguntó López. Gaillard  dijo que el pedido había sido hecho hacía tiempo, pero aclaró que podían hacer dos informes distintos y no incluirlo junto con el pedido de juicio a Lorenzetti de la Coalición Cívica. “Entendíamos que formaban parte de mismas conductas”, explicó.

“No, de ninguna manera”, replicó López. Serán informes distintos entonces.

Avanzaba Carolina Gaillard con la nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político que ella preside, cuando fue interrumpida por el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, para pedirle cumplir con un trámite burocrático pero necesario. La reposición del diputado riojano Ricardo Herrera como vicepresidente segundo de la comisión, atento que por haberse tenido que ausentar semanas atrás por cuestiones electorales en su provincia había sido reemplazado en la comisión.

Se votó rápidamente a mano alzada y a continuación Gaillard señaló guiñando un ojo: “Voy a poder ir al baño ahora”, tras lo cual rápidamente volvió sobre sus pasos, para reconocer el papel de su vicepresidente, el opositor Juan Manuel López: “No, López se ha portado bien, se ha portado bien…”, aclaró entre sonrisas, y todos contentos.

En rigor, el diputado de la Coalición Cívica optó por no reemplazar nunca a Gaillard al frente de la comisión, en oposición al proceso que se lleva adelante

Tras dos semanas sin encuentros, la Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), se reunió este martes para retomar y dar por finalizadas las audiencias con testigos sobre la causal de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación.

En torno a este tema se realizaron un total de seis reuniones en las que testificaron 17 testigos. De esta manera, a partir del próximo encuentro que será el jueves 16 de junio, la comisión iniciará la investigación sobre el fallo por Coparticipación.

Los testigos convocados fueron la secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, Isabel López Alducin; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social; la doctora Claudia Viviana Madies; y María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda. Por su parte, la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN pidió reprogramación de fecha.

También se citó, por segunda vez, a María Guadalupe Burgos, quien asistió el pasado 18 de abril. Tras la declaración de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN -que se presentó luego de notificación judicial-, los diputados del oficialismo consideraron necesario volver a interrogarla. Burgos, quien no es contadora, estuvo a cargo de la firma de cheques millonarios de la obra social, y era identificada como “sobrina política” de Maqueda. Sin embargo, ella negó cualquier parentesco con el magistrado.

Durante el encuentro, a pedido de la diputada Mara Brawer se votó la solicitud de libro de actas donde el directorio remitía a la Corte las irregularidades y las dificultades para realizar la gestión para el funcionamiento de la obra social. “Hace tiempo que desde la comisión estamos buscando acceder a esa información”, planteó Gaillard.

También votaron a favor el pedido de las respuestas de la obra social sobre el caso de la jueza Martina Forns y también sobre qué personal de la vocalía de Maqueda estaba abocado al tema obra social y si la prestación efectivamente se había efectuado o no.

Al cierre de la jornada, se calentó el ambiente en la comisión luego de que el oficialismo propusiera constituir una bicameral para profundizar la investigación sobre las irregularidades en el manejo de la obra social, algo que fue cuestionado por la oposición. Además, de forma nominal votaron a favor de formular cargos y citar al Dr Maqueda a efectuar el descargo del art 13 del reglamento de la comisión.

Dos testigos y un posible careo

Primera testigo de la jornada, Isabel López Alduncin, secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, relató que trabaja en el máximo tribunal hace 30 años y estuvo 20 en la Secretaría de Seguridad Social. Cuando fue designado presidente, Rosatti se comunicó con ella para tener dentro de su equipo a alguien que se desempeñara en seguridad social. Pero además se encarga de una parte laboral y de los amparos de salud de la obra social.

Al ser consultada sobre si Juan Carlos Maqueda estuvo a cargo del manejo de la obra social, la funcionaria respondió: “A partir de lo que se ha dicho acá, pareciera que sí”. Pero aclaró que no tuvo contacto con él, ya que se dedica específicamente “a expedientes jurisdiccionales, los que llegan con motivo de recursos extraordinarios, ya sea de afiliados o prepagas”.

López Alduncin contó “el criterio en discapacidad que aplica en los fallos Rosatti”, quien la mayoría de veces tiene disidencia respecto al voto de los otros jueces. “No tiene que ver con la obra social del Poder Judicial, sino con su interpretación de la Ley de Discapacidad”, señaló y dijo que el juez “lee la ley en la clave de la real oportunidad de trato que necesita todo colectivo vulnerable”, según establece la Constitución Nacional. En ese sentido, “si la ley dice que la cobertura es total, es total”, resaltó.

Sobre los recursos recibidos, la secretaria letrada detalló que “hay muchos que son desistidos por la obra social”, la cual “está bastante mal representada, así que muchos se rechazan en Corte, porque son bastante pobres. Y hay una minoría que sí, que se hace lugar, con disidencia del doctor Rosatti”.

Luego fue consultada por el diputado Leopoldo Moreau (FdT) por varios reclamos que se hicieron ante la Corte y, puntualmente, el oficialista apuntó el caso de “una niña paciente oncológica que murió estando su expediente en la Corte. Necesitaba un medicamento, el único posible según el tratamiento, indicado por el Hospital Gutiérrez”.

“El expediente no lo vi yo, le estoy diciendo que sí (que falleció) referencialmente, yo no lo estudié”, afirmó la testigo y después el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) pidió que el expediente sea puesto a conocimiento, por lo cual se solicitó como prueba informativa.

En otro tramo de su declaración, la funcionaria judicial opinó: “La obra social un tema a estudiar, de cómo está compuesta, su origen, cuáles son sus atribuciones, cómo se fue desenvolviendo en el tiempo y por qué hay ciertas actividades reglamentarias que las realiza la Corte y no la propia obra social, pero no quiero hablar de un tema que no tengo estudiado”.

Por otra parte, reveló que hasta enero de este año mantuvo un “chat de trabajo” con Silvio Robles -mano derecha de Rosatti- y Natalia Monayer, también de la vocalía del presidente y quien ya se presentó en la comisión. “No tengo el correo de Rosatti”, expresó y resaltó que recurría a ambos cuando necesitaba “urgente ver al ministro, porque es gente que se muere la que está en los expedientes”.  “Cuando no los encontraba por teléfono, los encontraba por ahí, como un canal de comunicación para ver doctor”, agregó y ratificó que, en febrero de este año, cuando regresó tras la feria, ese chat ya no estaba activo.

Al exponer este martes ante la Comisión de Juicio Político, María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda, contó que lleva más de 30 años en la Justicia. Y que está en la Corte desde el año 2010, siempre en el área del doctor Maqueda.

El eje del debate durante la intervención de esta segunda testigo se planteó en torno al correo electrónico enviado por Maqueda a sus colegas, el 30 de agosto de 2021, al dejar de actuar en la supervisión de la obra social. Villarruel dijo saber de ese mail, porque lo había recibido.

Al preguntarle Rodolfo Tailhade en qué momento había empezado a analizar expedientes de la superintendencia, la doctora Villarruel dijo que fue justo al ascender a secretaria letrada cuando comenzó a ver lo relacionado con la superintendencia de la obra social. “A todos los expedientes les doy el mismo trato: los estudio, los veo, y le comento al doctor Maqueda en qué consiste el caso y cuáles son las alternativas, y el doctor me dice cuál es su opinión, o qué hacer”.

Negó haber tenido diálogo habitual con el exdirector de la obra social Aldo Tonón, a quien dijo haber visto “poquísimas veces”. ¿En qué oportunidades? “En el cuarto piso, en un pasillo cercano a mi despacho”, dijo la abogada al referirse a los casos excepcionales en que podía haberlo visto.

Más adelante le preguntaron puntualmente sobre los mails de la jueza federal Martina Forns dirigidos al doctor Maqueda. Recordemos que se trata de la jueza federal de San Martín que ya declaró como testigo/damnificada de la obra social, por cuando durante la pandemia falleció su esposo afectado por Covid, y ante la comisión contó no haber tenido la atención pertinente de parte de la OSPJN. Villarruel respondió que recordaba el caso por haberlo escuchado en testimonios anteriores. Y al preguntársele si había interactuado con ella, la secretaria letrada de Maqueda contó que en la Corte Suprema también había trabajado su madre. “Ella me refirió que conocía a mi mamá, me habló con gran cariño de esa” y en ese contexto le habló del caso de su esposo. Le contó que necesitaba terapia intensiva, que había llegado al Sanatorio Güemes y que estaba preocupada porque el mismo no tenía convenio con la Obra Socia, y quería que le informaran si iban a cubrir o no esa internación.

“Ante esa situación tan angustiante, quizá podía aliviar un poco su preocupación sobre el tema económico, que era muy válido”, comentó Villarruel, que recordó haberle pedido los datos de su esposo y tras ello consultó con la obra social a ver si habían recibido ese número de reintegro. Desde la OSPJN le informaron que no lo encontraban, lo cual no le pareció ilógico, por cuanto “en ese momento todo el sistema estaba desbordado. No era ilógico que se les hubiera traspapelado. Me indicaron cuáles eran las direcciones de correo a las que debía enviar el pedido y le informé a la doctora Forns, y yo también reenvié ese mail a las direcciones que me indicaron”, dijo, precisando que su única intención no era que le otorgaran una atención especial, sino que pudieran atender esa situación.

A continuación, el diputado Leopoldo Moreau le preguntó sobre las consultas formales o informales que le llegaban a ella para atender situaciones planteadas en la obra social, a lo que Villarruel aclaró que “las personas que llegaron a mí por alguna gestión de la obra social puedo contarlas con los dedos de una mano, incluyendo a la doctora Forns. Han sido escasísimos los casos, y siempre mi intervención ha estado limitada a ver si la Obra Social les había dado el curso debido”.

Moreau insistió en que le llamaba la atención que fueran “escasos los casos” que le llegaban a ella, cosa que a su juicio se daba de bruces con un párrafo de la renuncia de Maqueda a la supervisión de la OSPJN, en donde el cortesano resaltaba y agradecía la atención que el personal de su vocalía le había dedicado a atender situaciones de la obra social.

“No me considero alcanzada por ese párrafo porque no era mi tarea. Fueros escasísimos los casos en los que intervine”, remarcó la abogada.

“Si no se considera alcanzada por esta confesión de Maqueda, ¿le consta que el resto del personal de la vocalía llevaba adelante esta tarea, o ignoraba eso?”, insistió el diputado kirchnerista, a lo que Villarruel respondió que sabía que alguna vez habían ido afiliados a transmitir alguna inquietud a la privada del ministro. “Claramente no es todo el personal de la vocalía”, destacó ella.

Más adelante leyeron los mails enviados por la jueza Martina Forns al doctor Tonón, tras lo cual el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntó si tenían las respuestas de la Obra Social. Carolina Gaillard dijo primero que no tenían las respuestas y debían requerirlos, pero en ese momento le informaron que “nunca fueron contestados. Sí se sabía, dijo, que la obra social terminó haciéndose cargo de la prestación, pues así lo había contado la propia jueza, y ella misma había dicho que no le habían contestado. Lo cual mereció un reproche de López porque se hiciera cargo de que supuestamente no había respuestas, en función de los dichos de la jueza, por lo que reclamó que se le pidiera a la Corte enviar una aclaración sobre el tema.

Finalmente terminaron votando a favor de ese pedido y también sobre qué personal de la vocalía de Maqueda estaba abocado al tema obra social y si la prestación efectivamente se había efectuado o no.

“Usted dijo que con los dedos de una mano contaría las veces que tuvo que atender este tipo de consultas o planteos de la obra social. ¿Cuáles son esos casos, se acuerda?”, preguntó Tailhade, a lo que Villarruel insistió en que habían sido personas que la habían consultado en función de su labor en el Poder Judicial, no porque estuviera específicamente en ese lugar de la Corte. Y en respuesta al diputado aclaró que, dado que se trataba de cuestiones de salud, no le parecía lógico brindar nombres. “Solo puedo decirle que mi participación fue igual de pequeña que con la doctora Forns”, concluyó.

Tras insistir una y otra vez con la lectura de la renuncia de Maqueda a su responsabilidad de supervisar la obra social, específicamente a ese párrafo de agradecimiento a su personal, Leopoldo Moreau dio por concluido que la “lectura integral” de esa nota “confirma que el doctor Maqueda agradece a todos el respaldo a su gestión… Estamos demostrando que tenía la exclusiva responsabilidad por la supervisión de la Corte”.

Concluido el testimonio de María Villarruel, concluyeron que no era necesario un careo con Isabel López Alduncin, quien la había antecedido. “Hay algunas contradicciones, pero no al extremo de promover un careo –admitió Moreau-. En todo caso, después que repasemos las versiones taquigráficas veremos si eso se hace necesario”.

La palabra de una exdirectora de la OSPJN

A continuación, fue el turno de la doctora y ex directora de la OSPJN Claudia Viviana Madies también de la vocalía de Maqueda quien recordó que fue designada en la Obra Social por los integrantes de la Corte en su conjunto por “una resolución” e ingresó el 7 de abril de 2008 de manera formal y el cese en 2009 en agosto.

Además, detalló que es abogada especializada en el sistema de salud y cuenta con dos maestrías en Salud y Seguridad Social y en Bioética en Derecho. También fue jurista. “Por mi experiencia en el área de salud conocí a los miembros de la Corte, en especial a Lorenzetti y a Maqueda. A Lorenzetti lo conocí porque compartí la judicialización de la salud antes de que fuera juez de la Corte”, reveló la testigo.

“Hubo una situación irregular en la obra social con las prestaciones odontológicas en su momento y me convocaron”, informó y sumó que se entrevistó con Maqueda y Lorenzetti. “Se prefirió en ese momento que el Directorio Colegiado hubiera un integrante contador, otro abogado y otro médico que era Aldo Tonón”.

Así, la diputada Mara Brawer (FdT) le consultó si durante su función el juez Maqueda actuaba como a cargo de la obra social, ante lo que Madies afirmó: “En el mismo estatuto de la obra social hay la función de fiscalización de la obra social que recae en toda la Corte”, y agregó que han mantenido reuniones con Maqueda, con Lorenzetti, con diferentes miembros por distintos temas.

“Yo no interactuaba mucho con la Corte, sino con el equipo del directorio. Fueron pocas las veces que interactúe con la Corte. Podían pedirnos reuniones extraordinarias. Fue poco el tiempo que estuve, fue un año y tres meses y en ese periodo que fue fundacional, porque era la primera vez que intervenía un directorio colegiado, nuestra relación con la Corte era más acotada y nos preocupábamos más por llegar a un grupo de trabajo ejecutivo que implementara todos los objetivos que nos habíamos planteado en el estatuto”, explayó.

Madies informó que el trabajo consistía en dotar a la obra social de herramientas “más modernas” de las que tenía hasta ese momento que “habían generado la necesidad de la reforma del estatuto”. Además, sostuvo que como integrante del directorio “tenía menos tareas y responsabilidades asignadas” respecto del presidente o del vicepresidente.

“El trabajo consistía, en todo momento, de modernizar las instancias prestacionales que tenía la obra social, las de comunicación, las de afiliación, las de transparencia, publicidad de lo que tenía que hacer la obra social. Era un trabajo intenso”, reveló la exdirectora y añadió que hacían actas mensuales de la actividad y “ahí quedaban documentadas todas nuestras deliberaciones que eran desde comprar los insumos más básicos, recabar las necesidades, mejorar las prestaciones, dar atención a los reclamos presentados por los afiliados. “Era muy intenso el trabajo siendo que era un equipo en formación”, ratificó.

Sobre las actas, dijo no saber dónde quedaron, pero aseguró que eran en papel y se firmaban ológrafas. Madies, aseguró que en una primera etapa se “sintieron los avances más rápidos y productivos”. En una segunda etapa, sostuvo que “resultaba difícil avanzar porque teníamos un presidente de directorio que abría poco el juego, no nos dejaba hacer las actas. Teníamos problemas, el vice y yo como directora, de llevar medidas de gestión que fue motivo por el cual renuncie”, afirmó.

“¿El doctor Tonón impedía los avances que ustedes pedían?”, preguntó Brawer, a lo que Madies aclaró: “Más que impedía, creo que no compartía. No puedo decir si eso significa impedir. Nosotros queríamos una gestión transparente, con deliberación, con un cuerpo colegiado porque teníamos una responsabilidad y él tenía una inquietud más personal de llevar adelante las gestiones y eso no nos permitía avanzar en el trabajo”.

En ese sentido, ejemplificó: “Tonón si tenía que hacer alguna contratación no nos daba mucho detalle, no nos aportaba la información. Era muy personalista y nosotros necesitábamos conocer esas gestiones por la responsabilidad que teníamos. No podríamos incidir en eso si él tenía un mandato como presidente que estaba por encima de nuestras atribuciones”, y apuntó: “No era posible dialogar mucho con él”.

Al votar la solicitud de las actas a pedido de Brawer, la testigo aclaró que en las mismas “documentábamos nuestro trabajo. Había momentos donde documentamos esta imposibilidad de llegar a acuerdos. Es sobre la gestión. También documentamos avances y logros”.

“La interacción con los miembros de la Corte era variada. Si había reuniones que mantenía Tonón como presidente del directorio que, muchas veces, no nos reportaba con quién se había reunido ni los resultados de la misma. Ahí teníamos la dificultad de interlocución”, aportó.

Respecto del trato de Tonón con los miembros, Madies relató que “era difícil abordar ese trabajo colegiado, pero tampoco puedo decir que era algo personal porque pasaba con otros miembros. Era una necesidad de gestionar con más independencia por parte de Tonón”. También revelo que elevaban informes mensuales, pero Tonón “hacía resúmenes y no los compartía con nosotros”.

Por otro lado, Brawer preguntó por las votaciones de los estados contables. Al respecto, la testigo precisó que la obra social “debía informes contables de periodos previos que nosotros, como miembros del directorio, impulsábamos que se realizaran porque estaban pendientes y no permitían hacer el informe del ejercicio que tenía, por eso era un tema que más insistíamos. Al momento que me fui, no logramos que esos informes contables estuviesen cerrados”.

Asimismo, sostuvo que “no” intervenía nadie de la Corte porque “era un problema interno del directorio”. También, afirmó que tenían atribuciones para las licitaciones y compras de insumos. “Siempre procuramos que mejorara el sistema sobre los legajos de los trabajadores, la transparencia de los pagos, considerando que la estructura de la obra social con el nuevo estatuto había aprobado un procedimiento distinto”, planteó.

Al ser consultada por las vacantes, aseguró que “había funciones que no estaban cubiertas. Impulsábamos la búsqueda de personas que pudieran cubrir esas vacantes de temas muy puntuales. Las funciones en general había informes de personas de rango inferior, del equipo médico, y donde no estaba la posibilidad de tener un informe de un técnico especializado estaba Tonón, él cubría esas funciones”.

Por otro lado, explicó que para los reclamos se abrió un buzón en la página web para recibir los reclamos de los afiliados y tratar de dar respuestas. “En estas gestiones si teníamos alguna dificultad, Tonón se encargaba de transmitir eso. Buscábamos apoyo de la Corte para solucionar problemas en el interior”, y aclaró que “Tonón refería que ‘había dio a la Corte’, no nos contaba mucho con quién hablaba. Esa era una dificultad. No nos rendía cuenta”.

El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, le pidió si podía profundizar sobre las dificultades en las prestaciones de servicios de odontología, pero Madies aclaró que “cuando ingresé ya había tomado estado público. Había problemas con los implantes. Tuvimos el recaudo de tener una auditoría de odontología. Se tomaron muchas medidas por parte de la Corte para encausar el tema y uno fue dictar el estatuto y nombrar el directorio tripartito”.

“Decidí renunciar porque no logré hacer los avances que me propuse en el área”, contó. La diputada oficialista Paola Vessvessian le consultó si contaban con manuales de procedimiento de compras, pero la testigo aseguró que “no” y que “era algo que estaba pedido para que se haga”.

“Había una necesidad por parte del presidente de gestionar sin los codirectores”, disparó Madies ante la pregunta del oficialista Juan Manuel Pedrini y agregó: “Me planteé estar en un organismo colegiado donde asumía una responsabilidad y donde no tenía la oportunidad de incidir en el cambio, por lo tanto, di un paso al costado porque me aprecia contraproducente forzar una situación distinta siendo que mi rol era directora simple y había un presidente que se había definido quién tenía que liderar”. La relación era tirante porque costaba establecer estrategias que no eran las que proponía él y era difícil gestionar”.

Otros testimonios

Otro de los testimonios que se escuchó fue el del doctor Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN, que empezó a trabajar en el 2009 y, actualmente, es prosecretario administrativo desde el 2015. Fasciollo aseguró que tomó conocimiento del mail de Maqueda a través de los medios, pero “nunca” le llegó.

En tanto, explicó que la obra social es una dependencia del Poder Judicial y que forma parte del mismo y se cita a los fines de aclarar cuál es la normativa que rige en las licitaciones que “es a partir de una resolución de la Corte”.

“La obra social cuenta con una asesoría jurídica que no es un órgano de control, no es auditor del directorio. Llega un expediente solicitando un dictamen jurídico para evaluar una contratación o licitación. En el dictamen tengo que especificar quién está facultado para el llamado, el expediente no volvía. La asesoría aconseja, pero no controlamos al directorio”, aclaró ante las preguntas de Blanca Osuna (FdT).

A su vez, aclaró que no intervenía en los expedientes licitatorio sobre compra de medicamento porque los dictámenes en la asesoría llevaban su firma. “El expediente licitatorio se inicia en el área de compras y es girado a distintas áreas, una es la asesoría y se responde de manera formal. Había cuestiones de compras que no eran girados a la asesoría, no requerían la intervención nuestra. Pero licitaciones o contrataciones sí”, explicó.

“Hubo un incremento de afiliados y eso, eventualmente, hace que se generen aumentos de litigios sumado al avance de los medicamentos, la medicina fue avanzando y desde lo normativo no se fue acompañando desde la cobertura”, opinó el funcionario.

El contador público Iván Nicolás Ritvo reveló que las contrataciones son por períodos de estados contables, son de “3 a 4 meses es el plazo que se da para la realización de la tarea”. “Me contrató el directorio conformado por el doctor Tonón”, afirmó.

“Nunca mi trabajó fue analizar la gestión del ente ni cómo estaba dividida. mi función era juntar la información y llevarla a un ámbito profesional que es evaluación y exposición para confeccionar los estados contables”, explicó el contador y sumó: “Encontré un sistema contable que no era lo más amigable y no contenía toda la información que podía llegar a contener”,

Al respecto, remarcó que confeccionaba los estados contables en función de la información que le brindaban. “Sabia que el estado tenía falencias y fue por ese motivo que se trabajó con una base de datos cerrada para que no tenga manipulación y siempre trabajé de forma independiente”, precisó.

“No encontré el sistema acorde a la envergadura de la obra social y eso llevó a que la recopilación de datos sea un poco más lenta, que haya que revisar más papeles para conformar la información”, agregó y denunció que el sistema tenía vulnerabilidades que “podía sufrir modificaciones en cualquier momento y pedí trabajar con un sistema de base de datos cerrada”.

A su turno, la funcionaria de la obra social María Guadalupe Burgos aclaró que la función de “tesorería es de registrar y controlar los ingresos y egresos. No se toma decisión alguna, no es una oficina autónoma”.

“Todos los ingresos vienen ya con una orden previa. Lo mismo pasa con los egresos. Todo pasa por otros sectores como el de facturación, jurídica, contaduría donde se controla. Tesorería ejecuta la orden previa”, reveló.

La palabra de una damnificada

También testificó la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social quien precisó que es afiliada hace 38 años y que “en un principio cuando estaba el doctor Carranza Casares como director era muy personalizado todo, parecía una obra social de excelencia y hacía que muchas personas se quedaran trabajando en el Poder Judicial, era una de las razones”.

“He tenido una experiencia complicada en 2019”, contó y relató: “En febrero tuve un accidente que me provocó una fractura de clavícula en el hombro derecho, me internaron de urgencia y los médicos establecieron en el Sanatorio San Lucas en San Isidro que tenían que intervenirme y requerían una prótesis”.

Y continuó que “empezaron a demorarse, no me intervenían, los días empezaron a pasar. Hice una queja a la Clínica pensando que era un problema de ellos y ahí me dijeron que la obra social no otorga la prótesis y que había complicaciones. Tenía que ir hasta la obra social para el reclamo, pero no estaba en condición de hacerlo y empezaron los chats. Muchos jueces y juezas empezaron a presionar para que me den la prótesis”.

“Me operaron de urgencia con la prótesis que se consiguió, no con la que pedían los médicos. A raíz de esas demoras tuvieron que dejarme internada por una infección intrahospitalaria según los informes de la clínica”, relató.

La testigo, recordó que durante el tiempo que estuvo internada que fueron cuatro meses “no tenía forma de que la obra social se hiciera cargo de los temas. Entonces una de las juezas que fue Martina Forns se vino hasta el sanatorio y empezó a ocuparse de los papeles porque al llamar por teléfono me decían que yo tenía que ir personalmente”, y sumó que “la internación domiciliaria también me costó conseguirla”.

“La obra social no tomba el tema y era muy difícil el tema de las licencias, de los reemplazos”, denunció y aclaró: “En la clínica me decían que no tenían forma que la obra social les respondieran. Incluso había dudas sobre mi afiliación. Era una situación de incertidumbre”.

Viano Carlomagno manifestó que nunca tuvo relación con autoridades ni de la obra social ni de la Corte Suprema, siempre dialogó con personal y precisó que las denuncias o reclamos se hacían personalmente, “no había un sistema de mail”.

“Con la internación domiciliaria me tuve que costear todo yo sola. El resto si lo pagaron todo respecto de la clínica, la prótesis, la internación”, denunció.

La diputada nacional Carolina Gaillard (FdT – Entre Ríos) habló en las últimas horas sobre las posibilidades del oficialismo en las próximas elecciones y expresó que “lo mejor es que haya síntesis y un candidato de unidad”.

Además, habló sobre el proceso de enjuiciamiento al máximo tribunal de justicia, el cual ella preside a la comisión y anunció que el fallo que no permitió la precandidatura de Juan Manzur y Sergio Uñac en Tucumán y San Juan fue agregado al pedido de juicio político.

En diálogo con El Destape, Gaillard expresó que “el fallo contra Uñac es un tema gravísimo porque la Corte Suprema de justicia se robó facultades que no posee se pronuncia sobre asuntos de los derechos políticos, rozando la proscripción”.

En esa idea, remarcó que “hay 14 pedidos de juicio político declarados admisibles”, y agregó: “Estamos investigando las irregularidades de la Obras Social del Poder Judicial, a partir de una auditoria que se hizo en el año 2021 porque los contadores decían que no podían lograr los resultados porque los equipos de trabajo eran obsoletos”.

“La Corte no podía no estar en conocimiento y había falta de stock de medicamentos más otras irregularidades plasmadas en la investigación”, señaló Gaillard quien, además, sostuvo que “el juicio político ha desnudado cuestiones graves en la Corte y queremos avanzar con causas concretas”.

Por último, afirmó que “hemos pasado cosas malas como el gobierno de Mauricio Macri, la pandemia y la guerra y es el momento de salir a adelante”, y cerró: “Somos un frente con compañeros muy formados y soy optimista y creo que la gente nos va a votar”.

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, anunció la suspensión de la reunión prevista para este martes 30 de mayo, y será reprogramada para el 6 de junio de 2023, a las 13 en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A” de la Cámara de Diputados.

La decisión anunciada sorprendió a propios y extraños, pero fuentes legislativas consultadas por este medio explicaron que se debió a que había dos diputados con temas de salud: Eduardo Valdés, quien debía realizarse estudios médicos, y Vanesa Siley, que fue internada de urgencia por una infección en las amígdalas. Según supo parlamentario.com, el pasado viernes la legisladora presentó un cuadro febril a raíz de una laringitis y le recetaron antibióticos que no hicieron efecto. Este lunes volvió a la guardia del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde el cuerpo médico decidó internarla de urgencia por una infección aguda. “Se le formó un abseso pariamigdiliano que están evaluando cómo intervenir”, revelaron desde su entorno.

Al no estar la presidenta de la Cámara –Cecilia Moreau está en China-, no podía firmar los reemplazos, razón por la cual se decidió la postergación.

Esta iba a ser la décimo quinta reunión del juicio político que se lleva adelante desde el 26 de enero pasado contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Con esta postergación, este será el período más largo con el que se interrumpe la periodicidad de este proceso que se lleva a cabo semanalmente, ya que sólo fue interrumpido en Semana Santa (del 3 al 7 de abril) y la semana que hubo dos sesiones en el recinto de la Cámara baja (28 y 29 de marzo).

Los convocados para el martes venidero seguirán siendo los mismos, la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN; María Guadalupe Burgos, funcionaria de la OSPJN; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; y la doctora María Marcela Viano Carlomagno, quien es afiliada a la OSPJN, y se sumarán la doctora Isabel López Alducin (secretaria letrada) y la doctora Claudia Viviana Madies.

Según confiaron a parlamentario.com fuentes de esa comisión, esta sería la última reunión sobre el tema Obra Social, pero no se descarta que, sobre la marcha y ante la aparición de eventuales nuevas pruebas, se decida prolongar el análisis con alguna audiencia más.

El contador Ritvo había sido citado la semana pasada, pero pidió ser reprogramado. En esa oportunidad también fue citado el contador público Gabriel Martínez, quien no pudo ser localizado, ya que la dirección adonde se le envió la notificación era una oficina vacía.

Llama la atención la citación de María Guadalupe Burgos, quien ya participó de la audiencia realizada el 18 de abril pasado. Ante la consulta de parlamentario.com, aclararon que ha sido convocada en esta oportunidad para reconfirmar cosas que quedaron de su anterior testimonio. “No es que haya surgido algo nuevo”, precisaron las fuentes consultadas.

En la última audiencia de la comisión que encabeza Carolina Gaillard se escucharon los testimonios del titular de la Dirección Jurídica General de la Corte, Sebastián Clerici, la afiliada damnificada Laura Ambrosio, y la esperada presentación de Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, quien asistió luego de notificación judicial.

También, durante la última reunión, el Frente de Todos planteó su pedido de ampliación de juicio político por los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán; mientras que desde Juntos por el Cambio pidieron incorporar pedidos de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. Ambas cuestiones quedaron para el final, pero la comisión estaba sin quórum para votar. De hecho, ese día se había abierto el encuentro con un tercio de los presentes.

Luego de una semana de tregua por el feriado largo del 25 de Mayo, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja reanuda sus actividades el martes 30 a las 13 -tal cual se había acordado en la última reunión-, en la continuidad del análisis de las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

El juicio político que se lleva adelante desde el 26 de enero pasado contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, tendrá así su décimo quinta reunión. Y la sexta correspondiente al tema “obra social”, que se extendió más de lo previsto originalmente. Según confiaron a parlamentario.com fuentes de esa comisión, esta sería la última reunión sobre ese tema, pero no se descarta que, sobre la marcha y ante la aparición de eventuales nuevas pruebas, se decida prolongar el análisis con alguna audiencia más.

Por lo pronto, los convocados para esta nueva reunión son cinco. Han sido citados la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN; María Guadalupe Burgos funcionaria de la OSPJN; el contador público Iván Nicolás Ritvo;el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN, y la doctora María Marcela Viano Carlomagno, quien es afiliada a la OSPJN, y seguramente expondrá en calidad de damnificada por la misma.

Recordemos que el contador Ritvo, había sido citado la semana  pasada, pero pidió ser reprogramado. En esa oportunidad también fue citado el contador público Gabriel Martínez, quien no pudo ser localizado, ya que la dirección adonde se le envió la notificación era una oficina vacía.

Llama la atención la citación de María Guadalupe Burgos, quien ya participó de la audiencia realizada el 18 de abril pasado. Ante la consulta de parlamentario.com, aclararon que ha sido convocada en esta oportunidad para reconfirmar cosas que quedaron de su anterior testimonio. “No es que haya surgido algo nuevo”, precisaron las fuentes consultadas.

En la última audiencia de la comisión que encabeza Carolina Gaillard se escucharon los testimonios del titular de la Dirección Jurídica General de la Corte, Sebastián Clerici, la afiliada damnificada Laura Ambrosio, y la esperada presentación de Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial.

De concluir este martes efectivamente con el tema “Obra Social”, pasarán al siguiente: Coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

A exactamente un mes de haber iniciado las audiencias con testigos puntualmente sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Comisión de Juicio Político de Diputados llevó a cabo este jueves la quinta reunión para indagar sobre esta causal y la decimocuarta desde que arrancó el proceso contra los jueces de la Corte Suprema.

Pasada la media hora de la convocatoria, la reunión comenzó con un tercio de los miembros presentes, algo que reclamó enfáticamente Juan Manuel López, el único diputado de Juntos por el Cambio que ingresó cuando quedó abierta la reunión y pidió que quede constancia. “Yo entiendo que les dé vergüenza no tener quórum”, chicaneó. Más tarde, entraron a la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja el resto de los legisladores opositores.

En la previa del encuentro, tal como anunciara la semana pasada por cadena nacional el presidente Alberto Fernández, un grupo de diputados del Frente de Todos presentaron una ampliación de pedido de juicio político a raíz de los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán.

Como respuesta, el jefe de la UCR, Mario Negri, anticipó que harán uso del artículo 109 para que se incorporen los expedientes de pedido de juicio político contra el presidente.

A su vez, Gaillard informó que la próxima reunión será el martes 30 a las 13 -debido al fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo- en la que continuarán indagando sobre las irregularidades en el manejo de la obra social. Además, comentó que los siguientes temas serán Coparticipación, Consejo de la Magistratura y las audiencias remantes.

Caso Tonón

Promediando la audiencia, pasadas las 13, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó a los miembros que le comunicaron de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, que se había dispuesto notificar al doctor Aldo Tonón para que compareciera a testificar. Y así fue.

El exdirector ingresó a las 15.20 a la Sala 1 del Anexo y estuvo más de cinco horas respondiendo preguntas, muchas de ellas las evitó amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional para “no auto incriminarse” en las causas en las que está imputado por el mismo tema. Tonón afirmó que “la situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”.

Al finalizar su testimonio, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade adelantó: “Vamos a evaluar las versiones taquigráficas porque hay contradicciones con otros testigos y en algunos casos hay mentiras. Vamos a hacer una consideración del caso Tonón. Me pareció que fue un testigo reticente porque nos opuso la garantía del artículo 18 cuando no correspondía y eso es un engaño a la autoridad, en algún momento vamos a hacer una presentación”.

Ampliación de pruebas

Durante la jornada se aprobaron dos pedidos de ampliación de pruebas. Uno del diputado Rodolfo Tailhade, sobre cuestiones vinculadas a la causa de Coparticipación y a declaraciones de Héctor Marchi, y otro de la diputada Vanesa Siley, para convocar a nuevos testigos en la causa de Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, en total son 10.

A pedido del jefe del bloque oficialista, se aprobó la citación de los actuales presidentes de la Obra Social, Mariano Althabe, y a la vicepresidenta Cora Borensztejn. “Nosotros no acompañamos porque no vamos a estar hasta fin de año tomando testimonio”, aclaró Juan Manuel López.

Dos testigos ausentes y dos presentes

En dicho encuentro, se ausentaron Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos. En el primer caso por un pedido de reprogramación, y el segundo porque no se lo pudo localizar, ya que a la dirección donde se le envió la notificación era una oficina que estaba vacía.

El primer testigo en declarar fue Sebastián Clérici, titular de la Dirección Jurídica General de la Corte y quien está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi, desplazado de la Secretaría General de Administración; quien hasta abril de este año era titular de la Dirección Jurídica General y ahora ocupa transitoriamente la Secretaría Jurídica General, fue consultado en virtud de haber sido presidente de una comisión auditora sobre la obra social que se conformó en 2021.

Al responder preguntas de la diputada Vanesa Siley (FdT), el funcionario reveló que “cuando un afiliado no recibía una prestación en todo o en parte conforme a lo peticionado existía la posibilidad de presentar un recurso jerárquico ante la Corte”. Sobre su área, dijo: “Cuando recibíamos esas acciones actuábamos igual que con cualquier otra, no es que tenían un trámite fuera de la celeridad por la cuestión de salud que tenían”.

Respecto de la “naturaleza jurídica” de la obra social, Clerici definió que “es una dependencia de la Corte Suprema, donde el directorio está dotado de amplia autonomía de gestión, individualidad administrativa, facultades para resolver-ejecutar y responsabilidades personales”.

“La auditoría que se nos encargó, que involucraba 13 años de gestión, a nuestro criterio no debía superponerse con las autoridades a las que el tribunal les había conferido, en distinto grado, competencias para la gestión actual de la obra social”, expresó.

Durante su testimonio, el secretario letrado resaltó que “muchas de las observaciones que se señalan en la auditoría probablemente hayan sido advertidas por algunas de las autoridades que se estaban ocupando de la gestión”.

Consultado por las vacancias que hubo -durante todo el período analizado por la auditoría- de los cargos de subdirectores médico y administrativo, el funcionario explicó que para estos nombramientos deben intervenir “distintos órganos” pasando por “la propuesta del director, la propuesta del directorio y luego designación por la Corte, como cualquier empleado de dependencia de la Corte Suprema”.

En el interrogatorio, que duró cerca de tres horas, Clerici fue consultado por el diputado Ramiro Gutiérrez (FdT) por el tema del acceso a las declaraciones juradas y patrimoniales de funcionarios y magistrados de la Corte. “Se está iniciando el proceso de pedido para que los funcionarios entreguemos las DD.JJ.”, dijo el testigo y apuntó que el procedimiento de acceso al público está “previsto en dos o tres acordadas de la Corte”.

Sobre esto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), recordó que “el pedido de juicio político de la diputada (Paula) Oliveto hacía referencia a cómo la Corte había violado la Ley de Ética Pública estableciendo un régimen especial de publicidad para las DD.JJ. de los jueces de la Corte Suprema”.

Uno de los temas sobre los que se hizo bastante hincapié fue en “el régimen legal aplicable para licitaciones y contrataciones” que se basa en el decreto 5720/72, referenciado en una Ley de Contabilidad derogada. “¿Cómo es que la Corte utiliza un régimen que está derogado desde hace 23 años?”, consultó la diputada Siley, a lo que Clerici confirmó que “la Corte adoptó un reglamento autónomo que viene aplicando con algunas modificaciones desde el año 2000, ese reglamento autónomo se basa en el decreto 5720”.

Más adelante, Siley subrayó que “en ninguna de las contrataciones encontramos referencia a ese reglamento autónomo” del que habló Clerici y advirtió que “los oferentes no tienen el encuadre legal adecuado”. “El procedimiento interno en tiempo real de las contrataciones o cómo lo hace la obra social no es algo que hayamos hecho en el marco de la auditoría, ni correspondía”, respondió el funcionario. No obstante, aclaró que en la auditoría se advirtió que no debería hacerse referencia a la Ley de Contabilidad derogada y que hubiese sido conveniente adecuarlo.

A su turno, el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) quiso indagar sobre el rol de la Secretaría General de Administración -hasta abril comandada por Héctor Marchi- en lo concerniente a licitaciones que en algunos casos la obra social remitía a la Corte. “La obra social respondía que era según el valor y la envergadura de la licitación”, afirmó el secretario letrado.

La siguiente fue Laura Ambrosio, afiliada damnificada de la OSPJN una mujer de 49 años quién enviudo hace uno, fue consultada por el diputado nacional Leonardo Grosso (FdT – Buenos Aires) sobre su dependencia y utilización de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Ambrosio respondió: “Trabajo en el Juzgado de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y soy afiliada desde el 1999, también mi marido (fallecido) y mi hijo)”. De entrada, aseguró: “La obra social no la utilizaba demasiado, empecé a notar problemas cuando la uso mi marido al que le diagnosticaron cáncer y ahí vi problemas”.

Respecto al tratamiento, la testigo relató que necesitaba terapia de rayos de onda corta y quimioterapia de forma urgente, pero “no autorizaban y recurrimos a un amparo”. “Una medida cautelar nos dio la razón y lentamente empezaron a autorizar”, señaló.

Sin embargo, la quimioterapia que debía realizarse cada quince días necesitaba la autorización de un medicamento, el cual debía estar listo 48 horas previas a la sesión y “nunca estaba el medicamento listo como requiere el tratamiento”, indicó.

“Llamaba y atendía un empleado que obviamente no te lo solucionaba, y la medicación llegaba a último momento. Era un stress permanente cada quince días”, enfatizó. Del mismo modo, amplió que “se veía agravado porque debía cumplir mis tareas y las de él, más el stress de luchar contra una obra social que no daba cobertura”.

El problema de Ambrosio se agravó cuando el 14 de abril de 2022 su marido “tiene un comportamiento extraño y lo llevo a la guardia para quedar internado”.

“No sabían si el tumor había llegado al sistema nervioso, pero logran determinar un cuadro psiquiátrico, es dado de alta a los quince días y determinan la internación domiciliaria”, relató.

Inesperadamente para Ambrosio, la quimioterapia es suspendida “porque no podían hacer las dos cosas a la vez”. Así también, aseveró que “la internación domiciliaria es el nombre nomás porque no mandaron enfermeros, el clínico venía una vez por semana y solo venía para ver si tenía medicaciones, no lo revisaba”.

Tras varios reclamos por la ausencia del psiquiatra, Ambrosio decidió buscar un lugar de cuidados paliativos dónde su marido estuvo los últimos 20 días de vida. “Cuando averiguaba por cuidados paliativos me mandaban a una dependencia interna pero no se ajustaba a lo que necesitábamos”, agravó en el relato.

Además, contó que “las cosas (necesarias para la internación domiciliaria) nunca aparecieron y no hubo tiempo de hacer (otro) amparo porque murió a los dos meses”. “Tampoco llegamos a tener Certificado de Discapacidad”, siguió.

La parte más dura del relato de Ambrosio fue cuando manifestó que “mi marido se cayó de la cama y hasta que vino la ambulancia pasó tres o cuatro horas en el piso”. A su vez, agregó: “Llegaron, lo levantaron y me dijeron que lo limpie yo”.

Finalmente, el marido de Ambrosio falleció mientras se encontraba en Hospital San Camilo “sin ninguna injerencia de la obra social”. El legislador Grosso consultó porque no la usaba antes y la testigo respondió: “No la usaba antes porque hace 17 años transité enfermedad y me vi autorizando ordenes continuamente con dos o tres horas de trámite para hacer estudios”.

En el cierre, la diputada nacional Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz) le preguntó sobre los reintegros por los cuidados paliativos y Ambrosio cerró: “Solicité en la casilla de internación domiciliaria y ellos dijeron que no tenía cobertura”.

Al cabo de la exposición de los dos primeros testigos, y antes de la esperada llegada del doctor Aldo Tonón, se aprobaron dos pedidos de ampliación de pruebas. Uno del diputado Rodolfo Tailhade, sobre cuestiones vinculadas a la causa de Coparticipación y a declaraciones de Héctor Marchi, y otro de la diputada Vanesa Siley, para convocar a nuevos testigos en la causa de Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial.

En ese marco, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica) aclaró que no acompañarían los pedidos, pues “hay demasiadas pruebas y demasiado largo todo esto que no llegamos a ningún lado”, lo que mereció una réplica irónica de Siley: “Bienvenidas las nuevas pruebas, porque cuanto más probadas estén las cosas mejor son. Las pruebas son conducentes porque algo están demostrando”, remarcó.

En ese sentido se propuso incorporar a la lista de testigos a la doctora Marcela Carlomagno, titular del Juzgado Civil N°61 de Capital Federal, en su calidad de afiliada de la Obra Social; al doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la Obra Social y uno de los firmantes de muchos dictámenes jurídicos de licitaciones y contrataciones; a la doctora Marta Graciela Herrera Alem, en su calidad de exdirectora y vicepresidenta de la Obra Social y exintegrante de la vocalía de Juan Carlos Maqueda; a Milagros Jones, que trabaja en Compras y Licitaciones de la Obra Social del Poder Judicial; y Claudia Viviana Mayde, en su calidad de exdirectora de la OSPJ.

También fueron convocados la doctora Marina Maidana, secretaria de la Defensoría de lo Contencioso Administrativo y Tributario N°4 de CABA, en su calidad de afiliada de la obra social; a Lionel Damián Negro, funcionario de Compras y Licitaciones de la obra social; al licenciado Juan Francisco Ramos, en su calidad de exdirector de la OSPJ; a la doctora Soledad Ramos, funcionaria de la Asesoría Jurídica de la obra social; y a la doctora Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía de Maqueda.

“El sentido de cada uno de los testigos, además del cargo que ostentan y la función que han cumplido acorde al cargo que menciono, es ser afiliados de la Obra Social y haber tenido algún tipo de inconveniente, de traba o de abandono que les causó perjuicios graves y funcionarios de la obra social con responsabilidades en el área de contrataciones y licitaciones”, explicó Siley.

En ese marco fue que la diputada Karina Banfi planteó su inquietud por la extensión del debate y reclamó un cronograma concreto para la evolución del juicio. Recordó en ese sentido que se había dicho inicialmente que este jueves terminaban con el tema de obra social, pero acababan de sumar una decena de testigos para ese tema.

“Hay 176 testigos pendientes sobre los otros temas a tratar, con estos son 186 testigos… Teniendo en cuenta que no estamos respetando las propias planificaciones que se están llevando, solicito a las autoridades de esta comisión replantear el cronograma y que lo respeten”, reclamó la diputada radical.

Recordó también que desde la oposición querían incorporar el juicio político al presidente, ante lo cual se preguntaba si iban a llegar a fin de año con algún tipo de resolución. Por eso, pidió “un cronograma ordenado”.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, aclaró que estaban respetando el cronograma establecido. “Si se ofrecen nuevos testigos, no significa que seas pruebas vayan a ser producidas; se evaluará qué testigos son necesarios para probar los hechos que hacen falta probar. Evaluaremos a partir de aquí cuánto falta”, precisó.

Y de cara a lo pendiente, recordó que concluidas todas las reuniones, la prueba que falte se haría en una audiencia remanente. Agregó que sobre la OPSJN quedaban una o dos audiencias más, luego seguirían con coparticipación, “pero hay un plazo que es estimativo. Si falta algo, tal vez se producirá la prueba más adelante”, concluyó Gaillard.

Cinco son los testigos convocados por la Comisión de Juicio Político para la audiencia de la semana que viene, en la que continuarán analizando las supuestas irregularidades en el seno de la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial. Y se insiste con requerir la presencia del doctor Aldo Tonón, esta vez con la intervención de un juzgado, que debe disponer las medidas para que el exdirector de la OSPJN sea llevado a la comisión, si persiste en su decisión de no hacerlo.

Según consta en la nota suscripta por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, tal cual se dispuso en la penúltima reunión de Juicio Político, para la convocatoria de Tonón se da intervención al Juzgado Criminal Federal N° 12, Secretaría N° 23.

Recordemos que el exdirector de la obra social se resiste a concurrir a la comisión invocando la causa abierta, que lo tiene como uno de los imputados, y se ampara en la condición de evitar declarar contra sí mismo. Según pudo saber parlamentario.com, Tonón mantendrá su postura y no asistirá.

Además de Tonón, ha sido citado Sebastián Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema, quien fue citado en otras oportunidades y no ha podido concurrir, mas nunca manifestó no querer hacerlo. Es director de la Dirección Jurídica General de la Corte y está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi hasta que se dispuso apartarlo de la Secretaría General de Administración. Clerici fue citado tres veces ya; las dos primeras no pudo concurrir y la tercera se lo eximió de concurrir porque no habría tiempo para interrogarlo. Veremos si esta vez sí puede contarse con su presencia.

Los otros tres convocados son Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos, y Laura Ambrosio, afiliada/damnificada de la OSPJN.

La reunión tendrá lugar este jueves a partir de las 11. Esto es, tal cual adelantó parlamentario.com, cambia su horario y fecha habitual, que es los martes a las 14.

Este martes a las 16 fue convocado un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Mujeres y Diversidad, para comenzar a tratar la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados. La presidenta de Legislación del Trabajo es Vanesa Siley, una de las figuras principales de las audiencias del juicio político contra los miembros de la Corte.

No obstante, la causa de la postergación no sería esa, sino más bien tendría origen partidario: este martes se realiza el Congreso del PJ en el microestadio de Ferrocarril Oeste.

Fuerte cruce protagonizó la titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, y la vicepresidenta del bloque UCR, la diputada Karina Banfi, en la reunión de este martes mientras testificaba el exfuncionario de la Corte Suprema, Héctor Marchi, por las irregularidades del manejo en la Obra Social del Poder Judicial.

“Si ustedes no quieren escuchar es un tema de ustedes, pero hay diputados que lo quieren conocer”, lanzó Marchi y fue la chispa que prendió la mecha en la comisión.

Al instante, Gaillard le aclaró en tono enojada: “Señor testigo usted tiene que limitarse”, pero al mismo tiempo se dirigió a la radical: “Diputada Banfi a usted también le pido respeto porque hace cuatro meses que venimos trabajando y usted ha venido a algunas de las reuniones que tuvimos, no a todas. Entonces le pido respeto porque es mucho el trabajo que se viene realizando en esta comisión”.

“El testigo debe limitarse a contestar y a no debe haber intercambios con los diputados, sino a limitarse a contestar las preguntas o a lo que usted quiere decir”, completó su frase la entrerriana e insistió entre gritos: “Y usted diputada Banfi le pido respeto. Respeto a todo el trabajo que venimos haciendo consensuadamente”. “¡Que haga silencio cuando el testigo está hablando, no le voy a dar la palabra!”, exclamó fuerte Gaillard.

Al hacer uso de la palabra, Banfi le retrucó muy enojada: “Las veces que yo vengo, primero es una decisión de mi bloque quien viene y quien no viene. No es algo que a usted le incumba. Los hizo lo mismo con la diputada Reyes. Usted no es la señorita maestra, entonces no nos pasa lista. ¿Está claro?”.

“Segunda cuestión, cuando yo vengo lo hago en carácter de reemplazo de alguno de los miembros de mi bloque porque esa es la función que me han asignado y si usted no está de acuerdo no falte a la verdad. Diga todo, no me venga a señalar qué día vengo y que día no, porque me está faltando el respeto a la integridad y a la embestidura que represento a muchos bonaerenses. Si no les guste váyanse”, cerró eufórica la radical.

En la décima segunda reunión de la Comisión de Juicio Político, el oficialismo votó a favor de traer a declarar por la fuerza pública a Aldo Tonón, el exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, ya que por tercera vez consecutiva no compareció a testificar.

Así lo había adelantado parlamentario.com tras consultarle al abogado del funcionario judicial, Mauricio D’Alessandro, quien anticipó que para este miércoles su defendido no iba a concurrir. Y así fue.

La razón de la insistencia de Tonón y su abogado en no declarar ante la comisión es que existe una investigación abierta en el juzgado federal N° 4 a cargo del juez Ariel Lijo, en la que figura como imputado y obligarlo a presentarse podría violar la garantía del artículo 19 de la Constitución Nacional que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.

La causa por la que está siendo citado, tanto por la Justicia, como por el Poder Legislativo, tiene que ver con las supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial. D’Alessandro aclaró que la comisión “no puede citar por la fuerza pública” a su defendido, pues eso “no está en el reglamento”.

La titular de la comisión, Carolina Gaillard, explicó que “el doctor Tonón ha enviado una nota donde justifica su no comparecencia aduciendo que tiene causas judiciales en trámite y no procedería citarlo por la fuerza pública”.

“En la reunión anterior se definió que se le reiteraba la citación después de dos citaciones a las que no había comparecido, bajo apercibimiento de que si en esta oportunidad no comparecía se iba a dar conocimiento al juez”, recordó la oficialista y subrayó que “así lo establece el reglamento interno de la comisión que, ante la no comparecencia de un testigo en reiteradas oportunidades, lo que se hace es comunicar la ilicitud al juez. Por lo cual se le comunicará al juez la no comparecencia del doctor Tonón y se le pedirá que asista a la comisión con la fuerza pública para la próxima reunión”.

Finalmente se conoció la lista de los testigos convocados para este miércoles, que es bien distinta de la prevista originalmente. Es que el jueves pasado, cuando se conoció la convocatoria hecha por la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, figuraban solo dos testigos. Y se cambiaba la fecha de citación: en lugar del jueves, sería el miércoles 3.

En la última reunión se había anunciado que la siguiente no sería este martes, por el feriado del 1° de mayo, sino miércoles o jueves. Y al terminar el encuentro, cerca de las 19, se había acordado que la cita próxima sería el jueves a las 11. Sin embargo la convocatoria de Gaillard modificó fecha y hora: este miércoles a las 15. Con solo dos testigos: Héctor Marchi y Aldo Tonón.

No obstante este fin de semana largo pudo saberse que hubo alteraciones en esa grilla anunciada. Por razones atendibles, vale aclarar.

No estará Marchi este miércoles, sino que será reprogramado para la semana siguiente. Pasa que el exaministrador de la Corte Suprema fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social.

Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no). Ahora será reprogramado para el martes de la semana que viene.

En cuanto a Aldo Tonón, exdirector de la obra social, se lo mantenía en la grilla de convocados. Iba a ser la tercera vez, pero finalmente en la nómina conocida este martes ya no apareció su nombre. Según pudo saber este medio, es porque anticipó que mantenía su tesitura de no declarar ante la comisión, argumentando que hay en curso una causa en la que él está imputado y quiere evitar que algo que pueda llegar a decir en la comisión pueda ser usado en su contra. La Comisión de Juicio Político ya rechazó en las dos oportunidades en que faltó esos argumentos y volvió a citarlo una y otra vez. En ese caso, parlamentario.com pudo saber que votarían este miércoles su citación por la fuerza pública.

Los testigos citados entonces son el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, quien no concurrió a la cita anterior por las nuevas funciones que ahora ocupa -reemplaza a Marchi-; el contador público Nicolás Serafini, quien firmaba balances de la obra social; el director de Informática de la Corte Suprema, Andrés Sacchi; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Juan Carlos Maqueda y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.

Llamó la atención el jueves pasado cuando se conoció la convocatoria hecha por la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, en la que figuraban solo dos testigos. Y se cambiaba la fecha de citación por el miércoles 3.

Es que el martes pasado se anunció que la reunión venidera no se haría esta vez este martes, por el feriado del lunes, sino miércoles o jueves. Y al terminar el encuentro, cerca de las 19, se había acordado que la cita próxima sería el jueves a las 11. Sin embargo la convocatoria de Gaillard modificó fecha y hora: este miércoles a las 15. Con solo dos testigos: Héctor Marchi y Aldo Tonón.

No obstante este fin de semana largo pudo saberse que hubo alteraciones en esa grilla anunciada. Por razones atendibles, vale aclarar.

No estará Marchi este miércoles, sino que será reprogramado para la semana siguiente. Pasa que el exaministrador de la Corte Suprema fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social.

Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no). Ahora será reprogramado para el martes de la semana que viene.

En cuanto a Aldo Tonón, extitular de la obra social, es la tercera vez que lo convocan. ¿Será la vencida? Tonón hasta ahora se ha resistido a asistir argumentando que hay en curso una causa en la que él está imputado y quiere evitar que algo que pueda llegar a decir en la comisión pueda ser usado en su contra. La Comisión de Juicio Político rechazó esos argumentos y volvió a citarlo una y otra vez. No está confirmado que venga ahora, y si no lo hace, se le cursará oficio a un juez para que ordene llevarlo por la fuerza pública.

Además de Tonón, ahora han sido citados otros testigos que fueron postergados. El secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, quien no concurrió a la cita anterior por las nuevas funciones que ahora ocupa -reemplaza a Marchi-; el contador público Nicolás Serafini, quien firmaba balances de la obra social; el director de Informática de la Corte Suprema, Andrés Sacchi; María Bettina Bonuccelli, funcionaria de la Corte Suprema y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.

Habrá que ver si, en virtud de la cantidad de citados, se resuelve adelantar el inicio de la reunión. En principio, no está previsto.

El martes pasado en la reunión de la Comisión de Juicio Político que preside Carolina Gaillard se debatió brevemente si el próximo encuentro sería el miércoles o jueves próximo. De entrada habían aclarado que no se reunirían el martes, como acostumbran, pero finalmente se estableció que fuera el jueves a partir de las 11.

Sin embargo este jueves por la noche se conoció la convocatoria dispuesta por Carolina Gaillard para reunirse el miércoles a partir de las 15, en la Sala 1 del segundo piso del anexo A, de la Cámara baja, a fin de recibir la declaración de solo dos testigos.

Los convocados son Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, que ya en dos oportunidades pidió no asistir, argumentando que hay una causa en curso en la que él está involucrado y quiere evitar que cualquier declaración ahora pueda resultarle en contra.

El otro testigo convocado es el exadministrador general de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Daniel Marchi, quien sí declaró el martes pasado, pero en esa oportunidad se acordó que volviera a ser convocado la próxima semana para hablar del informe de 20 mil fojas que él elaboró en torno al estado de la Obra Social del Poder Judicial.

En principio esos serían entonces los únicos dos convocados para la próxima semana en el marco del  juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema.

En el arranque de la sesión de este miércoles, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, planteó una cuestión de privilegio contra los integrantes del Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político, a raíz del proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema. 

“Denunciamos primero que iban a una excursión de pesca, es decir, que tomaban una cantidad de pruebas indeterminadas y en su mayoría inconducentes para ver si encontraban algo que permita, ya sea acusar a los jueces de la Corte o acusar a otras personas en otros procesos. Después hablamos del caballo de Troya que era ese juicio político, ya sea en testigos, ya sea en causas judiciales que se piden, ya sea en prueba informativa”, expresó. 

El vicepresidente de la comisión advirtió que “vamos encontrando todos los días en cada prueba que se produce una intención que va más allá del juicio político”. “Al mismo tiempo dijimos que se estaba produciendo inteligencia ilegal en esa comisión, no solo por las medidas que se quieren tomar, con o sin intervención de jueces” sino que además “van surgiendo, a medida que se investigan algunos hechos, trascienden conversaciones obtenidas ilegalmente y se quieren incorporar pruebas”, señaló. 

López consideró que esto es mucho más “grave” en el contexto de que “casi todo el tribunal que juzgó a la vicepresidenta (Cristina Kirchner), más el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) están denunciando que sus teléfonos han sido hackeados”. 

El legislador de Juntos por el Cambio criticó que cuando se trató el tema del fallo 2×1 surgió una “nueva escuela del derecho constitucional del Frente de Todos: el derecho conjetural”, porque “han decidido, a través de conjeturas, decir que las cosas ya están probadas”.

López recordó que se “ invitaron a declarar a una serie de periodistas, en su mayoría afines al Gobierno” y a partir de esos testimonios, “la mayoría de ellos (por los diputados oficialistas) dan por cierto los hechos”. “Que quede claro que el derecho conjetural no existe, que es un invento de una mayoría circunstancial del Frente de Todos en esa comisión”, enfatizó. 

Y concluyó: “Este proceso no solo es un elemento extraño que complica la convivencia democrática en esta Cámara, sino que atenta contra la seguridad jurídica de nuestro país, y tenemos graves problemas por falta de seguridad jurídica, uno de ellos lamentablemente es la cotización de los dólares paralelos y me parece que tenemos que empezar a reflexionar sobre estas cosas”.

La respuesta de Gaillard

En una cuestión de privilegio que planteó contra el senador José Torello (Pro), la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard, defendió que “la comisión no está trabajando sobre conjeturas”. “Los diputados tenemos la obligación de llevar adelante la investigación cuando conocemos de delitos, cuando conocemos de posibles responsabilidades y mal desempeño”, sumó y dijo que “se han llamado a testigos que han sido ofrecidos por los denunciantes”. 

Sobre Torello, la entrerriana manifestó que le llamaba la atención “que se escude en los fueros”, los cuales “nos dan inmunidad de arresto y en nuestra opinión” a los legisladores, pero “no lo ampara ni lo exceptúa de la obligación que tenemos todos los ciudadanos de declarar. Declarar es una carga pública”, afirmó. 

“De ninguna manera voy a dejar pasar que digan que la comisión es un circo”, resaltó e insistió: “Nosotros tenemos que llevar adelante este proceso con total objetividad, con toda la seriedad”. En ese sentido, destacó que en la última reunión de este martes, donde se abordó la causal de las irregularidades en la obra social “nos pudimos poner de acuerdo (con la oposición) en algunas cosas que tienen que ver con la investigación”. 

Finalmente, Gaillard explicó que “respecto al senador Torello, la comisión entendió que como se comprobara la relación de amistad entre Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el doctor Carlos Rosenkrantz no era necesario volver a citarlo, pero nadie pidió el desafuero porque entendemos que los fueros no lo amparan de declarar como testigo”. 

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), comenzó su reunión de este martes a las 13.14, en lo que fue la décima, desde que la comisión inició su tarea de enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema, y la sexta audiencia con testigos en el marco del proceso.

Tras abordar la causal del fallo 2×1, la comisión comenzó este martes a indagar sobre las denuncias de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial (OSPJN).

Para ello habían citados a declarar Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN; la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA; más los funcionarios del Poder Judicial Oscar Fernández y María Guadalupe Burgos. También fueron convocadas Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN y que lo harían en su calidad de “damnificadas”.

Como suele suceder cada semana, hubo ausencias. Según se anunció al inicio de la reunión, Gustavo Montanini, perito de la Corte, anticipó que no podía concurrir esta semana, pero sí lo haría en una próxima oportunidad, por lo que será reprogramado.

Caso especial era el de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN, cuyo caso mereció una votación para que volviera a ser citado. Sucede que había enviado la semana pasada una nota a la comisión donde planteó que sobre el mismo tema que fue convocado se tramita actualmente una causa ante el juzgado penal en la que se estarían investigando eventos que lo involucran. La respuesta fue que debía asistir igual y, en todo caso, no responder las preguntas que pensaba podrían llegar a comprometerlo.

Previo a la ronda de preguntas, la diputada Vanesa Siley (FdT) remarcó la importancia de abordar el tema, porque “es una de las causales que es transversa,l porque es permanente tanto en la denuncia que realizó el FdT como la que hizo los miembros de JxC la coalición de la CC-ARI”, y planteó que “hay que hacer un abordaje lo más completo, pausado y detenido posible”.

“Son muchos años de irregularidades que se están abordando. No hay que olvidar que todo redunda en la salud de otras personas y hay que abordar el tema con mucha seriedad porque se trata de la salud de más de mil afiliados”, indicó.

Al respecto, planteó la solicitud de expedientes de contrataciones y licitaciones para tener la información concreta, a lo que la diputada Oliveto sugirió pedir cómo se hizo el muestreo: si fue por forma aleatoria o por incidencia económica.

La reflexión de los diputados

Al pedir la palabra, la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto remarcó la importancia del control de la Auditoría General de la Nación en relación al “manejo de fondos del Poder Judicial, porque hay un tema que nos interpela y una deuda que tenemos desde el ’92, que es la Ley de Administración Financiera que obliga a los poderes y a las empresas estatales a seguir ese sistema. Es una deuda que tiene la democracia”.

“No hemos modificado la Ley de Administración Financiera y tampoco este Congreso ha exigido que la Auditoría General se adapte a auditar a otros poderes del Estado y empresas públicas mediante convenio y tampoco que las empresas no se manejaran como sociedades anónimas sino con la Ley de Administración Financiera”, planteó.

En consonancia con lo expuesto previamente, Siley agregó que el informe arrojó “la situación desastrosa en términos de control de planificación de gestión financiera en la que está la obra social. No se guía por la Ley de Administración Financiera, sino que tampoco tiene legislación ni tiene ley propia”

“En el sistema de obras sociales tienen una ley y autoridad de aplicación, mismo empresas de medicina prepaga, las obras sociales universitarias”, describió Siley y propuso: “Deberíamos poder hacer como Congreso de la Nación y regular una ley que determine en la Obra Social del Poder Judicial un directorio por ley, reglas establecidas en una norma legal, así como una autoridad de aplicación que sea la Superintendencia o el Ministerio de Salud”.

Los problemas tienen que ver con que es la Corte que crea el estatuto, lo modifica, fiscaliza y designa autoridades. Tenemos el famoso cumplimiento cabal de juez y parte”, remató la oficialista. Acompañaron sus palabras sus compañeros de banca Ramiro Gutiérrez y Rodolfo Tailhade. También adhirió la diputada Graciela Ocaña (Pro) para que el Congreso “establezca un marco legal y encuadrar a todas las obras sociales que quedan por fuera del sistema general. Tenemos que trabajar por la transparencia”.

La palabra de los testigos

La primera interrogada fue la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema, quien ratificó el informe elevado por la Comisión Auditora de la obra social. “El periodo auditado por un amplio marco temporal abarcaba desde abril del 2008 hasta septiembre de 2021, un tiempo de 13 años”, respondió ante la consulta de Siley y aseguró desconocer el motivo del tiempo auditado.

Además, contó que fue el equipo en su conjunto quien determinó el modo en que iban a llevar adelante la auditoría y fue consultada sobre los aspectos de la obra social que fueron auditados: “La resolución disponía que efectuáramos una auditoria que fuera financiera, económica y de gestión. Esa fue la disposición de la resolución”.

“La auditoría constaba, y así lo decía la resolución, de dos abogados, dos contadores y dos médicos y nosotros nos abocamos a todo lo vinculado con la atención médica como la parte de farmacia, pedidos de los beneficiarios. Siempre hubo actitud de colaboración cuando nos contactamos con autoridades de la obra social para solicitar algo”, explayó en sus respuestas.

Al respecto, Siley consultó sobre la importancia del cargo de subdirector médico que “durante 13 años estuvo vacante”, ante lo que Interlandi explicó: “El cargo de subdirector médico estaba ejercido, de alguna manera, por alguna parte del personal de la institución. Es un cargo que siempre debe estar cubierto. Es importante que haya un director y subdirector médico”.

“No tengo presente quién tenía la facultad de designar esos cargos. Se podría consultar”, aclaró la testigo, a lo que la diputada oficialista retrucó: “El informe cita al estatuto que dice que es facultad de la Corte Suprema”. Además, aseguró que “la función de un subdirector médico hace a una organización administrativa dentro de un sistema y es necesario cubrir ese cargo”.

“La creación de la Comisión fue para hacer un relevamiento de los procedimientos que llevaba a cabo la obra social y a eso nos abocamos a evaluar esos procedimientos. En cada caso pusimos de manifiesto lo que encontrábamos con la documentación que nos brindaban”, explayó.

Por otro lado, Siley interrogó sobre la farmacia de la obra social a lo que Interlandi contó: “Mi impresión respecto de la entrevista fue de colaboración. Respecto de la situación de la misma está volcada en el informe”.

“Las modalidades de la dispensa de medicamentos se dividen los de alto costo por un lado que son los oncológicos y, por otro lado, los relacionados a enfermedades permanentes o tratamientos crónicos que se entregan en la farmacia de la obra social. Los pedidos se hacían dos veces por semana, incluían los de alto costo y los vinculados a pacientes de enfermedades crónicas y medicamentos de stock habitual en la farmacia y pusimos una limitación del sistema que no están informatizados las autorizaciones de medicaciones de cada afiliado y eso siempre es una dificultad y una demora”, comentó la médica legista.

A su vez, aseguró que hicieron una evaluación de la farmacia de la obra social, pero no de Farmandat S.A y mencionó que “hay una causa judicial con este tema”. “En el informe pusimos que como el sistema no estaba informatizado no se podía tener un buen control del stock de medicamentos, la compra de los mismos y la venta”, ratificó Interlandi y aclaró: “El sistema informático que utilizaba la farmacia tenía dos espacios distintos, uno donde se cargaban las compras y el otro donde se procesaban las ventas y el sistema denominado mostrador para la consulta de saldos y productos. Sin embargo, muchos sistemas no coincidían en sus valores, así tampoco existe coincidencia entre el stock informático y el físico. Dependiendo de la medicación que se trate, podría traer un prejuicio”.

En esa línea, Siley insistió en que “todo tiene incidencia sobre la salud porque una persona que va a la farmacia y necesita un medicamento y no lo consigue… todo deviene cuando se trata de una obra social”.

Por otro lado, le consultó por los medicamentos vencidos, a lo que la médica indicó que en el informe hicieron notar que “no se prevé la carga de la fecha de vencimiento de los medicamentos entonces eso genera nuevos problemas administrativos de gestión que puede traer consecuencias adicionales como por ejemplo que no se disponga del medicamento, que no se reponga con tiempo, que se despache por error remedios vencidos”.

“Lo primero que se sufrió durante la pandemia fue la restricción de los tratamientos odontológicos en general por lo que imponía a los pacientes a hacer ese tipo de tratamientos. No sabemos los motivos y los actos administrativos de esa fundamentación”, explicó y sumó: “Desconozco si se comunicaban las falencias de los sistemas a la Corte”.

En tanto, remarcó la importancia de contar con una auditoría interna y con un auditor. Siguiendo con las consultas, Siley detalló que el índice de litigiosidad aumentó 300% entre 2008 y 2021 y preguntó por los motivos de las demandas. “Medicamentos, cirugías, prótesis, coberturas problemáticas, prestaciones geriátricas, falta de representación, etc.”, detalló la testigo y negó haberse reunido, previo a su designación, con Rosatti o Robles.

A su turno, el kirchnerista Rodolfo Tailhade le consultó por la modalidad en la compra de medicamentos y prótesis. “Si mal no recuerdo, es por compra directa”, respondió la funcionaria judicial.  También la interrogó por las autorizaciones de cada área.

“Tuve entrevistas con auditores médicos de diferentes especialidades que tenían esa función. La función nuestra fue recabar información a través de oficios que dirigimos a la obra social. Las reuniones que tuvimos siempre fueron de gran colaboración por parte de todo el sistema”, contestó la doctora.

A su turno, Oscar Fernández (parte de la auditoría ordenada por la CSJN) afirmó no poseer actualmente un cargo en el Poder Judicial, pero ejerció como perito. También dijo desconocer los motivos del periodo auditado y la emisión de la acordada.

“Es una acordada bastante amplia. El trabajo que se hizo, si bien se denominó auditoría una auditoría es un término genérico que tiene distintas acepciones de acuerdo a las resoluciones técnicas por las cuales trabajamos. En este caso más que una auditoría era un encargo que tenía por objetivo encontrar hallazgos y se vieron aspectos de procedimiento, de cumplimiento, de funcionamiento sobre aspectos contables, presupuestarios, financieros”, explayó.

Sobre las vacantes en los puestos de auditores y subdirectores, Fernández manifestó: “No hicimos un relevamiento de las consecuencias. Entiendo que los nombramientos tendrían que ser de la Corte”.

“La Corte lo único que hizo fue la acordada y la resolución, de ahí en adelanté empezamos a definir cómo íbamos a trabajar”, subrayó el contador y aclaró que no tuvieron espacio físico dentro de la obra social porque “no hay. Hay un problema serio de espacio”.

Al ser consultado por Siley por la delegación de firmas ante los cargos vacantes, explicó: “Lo analizaron los abogados, puedo asegurar que todos los lugares que no se cubren oficialmente se cubren funcionalmente porque alguien hace el trabajo, no está el cargo designado con una persona con responsabilidad”.

“El presupuesto es una herramienta de gestión, que define cuál es el camino a transitar y permite y conocer los desvíos entre la realidad y las expectativas. En el caso de la obra social, lo que se nos informó no contaba con presupuesto que hacia la obra social y desconozco si se elevaba a la Corte algo, pero nos dijeron explícitamente no tener presupuesto. Esto sucedió durante los 13 años, los pedimos al directorio y nunca nos dieron nada”, informó y sumó que la obra social “no cuenta con un sistema contable, por ende, no se cuenta con la información contable que circula dentro de la organización. Es un dato menos para tomar decisiones correctas. No es algo habitual”.

En esa línea, contó que se reunieron con los profesionales que hicieron el estado contable quienes hicieron a lo largo de 13 años “varias observaciones mencionando las dificultades que tenías, las limitaciones, los problemas respecto de la seguridad de la información con la que trabajaban para hacer los estados contables. Ninguno de los balances pasó por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que legaliza las firmas de los documentos”.

“No nos consta a nosotros que la Corte haya solicitado la corrección de estas irregularidades”, aclaró el testigo.

En su declaración, la contadora Melisa Solana explicó que fue designada por los jueces de la Corte para la obra social de los judiciales y que tuvo una reunión con Horacio Rosatti para tratar las deficiencias en el sistema administrativo. La testigo aseguró que renunció a la administración de la obra social por “motivos personales” y no por diferencias con sus superiores.

Además, la contadora explicó que “todas las deficiencias fueron informadas oportunamente al directorio”, aunque aclaró que, entre otros puntos, confirmó que “no había registros contables” en la obra social.

“La única entrevista fue con Rosatti en donde se me transmitió el primer informe de la secretaría de la Corte en el cual exponían determinadas deficiencias en el circuito administrativo y contable. Estaba vacante uno de los cargos que era la subdirección que luego asumí”, contó y expresó: “Creo que quedó expuesta la situación de la obra social, incluso yo tampoco tenía oficina privada cuando ingresé”.

También testificaron la funcionaria judicial María Guadalupe Burgos, las trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN, Laura Coulin y Liliana de Brito.

En el inicio de la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes se planteó un debate en torno a la ausencia de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN, quien envió la semana pasada una nota a la comisión donde planteó que sobre el mismo tema que fue convocado se tramita actualmente una causa ante el juzgado penal en la que se estarían investigando eventos que lo involucran.

Tonón resolvió no asistir por considerar que su declaración podría violar las garantías que le asisten y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento ante esa comisión.

Según explicó la titular de la comisión, Carolina Gaillard, se le contestó este lunes por cédula, aclarando que según el artículo 240 del Código Procesal, “toda persona tiene la carga pública de prestar declaración testimonial”. Y se le aclaró que debía comparecer y en caso de que ante alguna pregunta pensara que podía llegar a autoincriminarse, podía no responderla, como han hecho ya otros testigos.

“Al señor Tonón se le ha ratificado la citación, porque todos los ciudadanos tenemos la obligación de declarar como testigos. Comparecer es una obligación, y si alguna pregunta lo compromete, debe pedir permiso para no contestar, como lo hizo el doctor (Germán) Garavano la semana pasada”, explicó Gaillard, que anticipó que le reiterarían la citación.

Paralelamente se informó que había concurrido un abogado a explicar las razones por las cuales Tonón no había concurrido, pero la comisión interpretó que no correspondía que lo hiciera. Intervino entonces el diputado Ramiro Gutiérrez, quien planteó que se esperaba que Tonón brindara una “prueba útil para la hipótesis del caso. Es un testigo calificado y además permitiría cumplir con el principio de oportunidad procesal”, precisó.

Agregó que “la obligación de testificar es una carga pública; no puede ser sustituido por interpósita persona. Sí puede manifestar una causal que justifique su incomparencia”, en cuyo caso los diputados la examinarán y determinarán la pertinencia o no de su presentación.

El diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López advirtió que seguía planteándose el mismo dilema de otras veces sobre qué hacer en esas circunstancias. “El derecho de no declarar contra sí mismo es una complejidad que la comisión no ha terminado de resolver. Tenemos que tener un debate serio sobre este tema”, reclamó.

Gaillard resaltó la actitud que en cambio había tenido el exministro de Justicia Germán Garavano, que había concurrido y respondido todas las preguntas, salvo las que pensara que podía llegar a comprometerlo. Finalmente decidieron reiterara la citación, con la aclaración de que podía negarse a responder las preguntas que pensara que pudieran llegar a perjudicarlo. A favor de hacerlo votó incluso la diputada Paula Oliveto, según Gaillard se ocupó de destacar y agradecer.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), comenzó su reunión de este martes a las 13.14. Es la décima, desde que la comisión inició su tarea de enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema, y la sexta audiencia con testigos en el marco del proceso.

Tras abordar la causal del fallo 2×1, la comisión comienza este martes a indagar sobre las denuncias de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial (OSPJN).

Para ello fueron citados a declarar la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA; y Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN.

El único convocado que anticipó que no podía estar es Aldo Tonon, exdirector de la OSPJN.

En la última reunión, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) solicitó que “se agregue al expediente la nota firmada por el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, publicada en el Centro de Información Judicial el 4 de abril de 2023”.

“Esa nota se refiere a la respuesta del directorio de la obra social a un traslado que le había corrido el tribunal respecto de distintas irregularidades advertidas en el informe de auditoría que se encargó oportunamente desde la Corte”, explicó.

El oficialista pidió que “a través de un oficio a la Corte se requiera copia certificada del informe al que hace referencia Lorenzetti”, más información anexa por parte de la Secretaría General de Administración de la Corte.

La diputada nacional Carolina Gaillard (FdT – Buenos Aires) habló este lunes sobre las potenciales precandidaturas en el Frente de Todos y afirmó que “votaría al presidente Alberto Fernández en una PASO”.

Del mismo modo, la presidenta de la Comisión de Juicio Político recordó que este martes 11 de abril a las 13 horas habrá una nueva reunión sobre el proceso de enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia: “Este martes vendrá Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo) en el marco de la causal del 2 por 1 para probar la hipótesis sobre si hubo una connivencia entre la Corte y el gobierno de (Mauricio) Macri”.

En declaraciones a AM 530, Gaillard amplió que “se abrió la etapa de investigación, se hacen audiencias testimoniales”, y agregó que están citados a declarar el exministro de Seguridad y Justicia de la Nación, Germán Garavano, y el exsecretario de Justicia, Santiago Otamendi.

Consultado por la situación del fiscal Carlos Stornelli –quien fue citado como testigo a la reunion de juicio político y no se presentó-, la diputada expresó: “debe venir a declarar de manera presencial bajo apercibimiento, pero Eduardo Casal no respondió sobre las acciones disciplinarias correspondientes”.

Por otro lado, hizo referencias sobre la movilización en contra de la Corte Suprema, y explicó que “trato de evitar asistir a cualquier manifestación para mantener la objetividad”. “Quiero llevar adelante las etapas del procedimiento con total objetividad porque la oposición hace cuestionamientos sobre el juicio político”, siguió.

En el cierre, manifestó su postura respecto a las próximas elecciones y sostuvo que “tenemos que ser inteligentes y definir al candidato en un acuerdo de los distintos representantes del Frente de Todos”. En tal sentido, afirmó: “Las PASO es una buena manera de resolver las candidaturas y hay muchos compañeros valiosos en condiciones de participar”.

En el cierre, remarcó que “votaría a Alberto Fernández en una PASO”, pero aclaró que “no veo mal que haya una interna”. Del mismo modo, concluyó: “Si Gana Juntos por el Cambio, viene por todo (las políticas publicas que benefician a los sectores populares)”.

Tal como había anticipado, el senador nacional José Torello no concurrió este martes a la reunión de la Comisión de Juicio Político que lleva a cabo el proceso de jury contra los miembros de la Corte Suprema. Al respecto, la titular de la comisión Carolina Gaillard (FdT – Entre Ríos) anunció que lo citarán nuevamente y que, en caso de que no vuelva a compadecer, “elevarán las correspondientes actuaciones a la autoridad disciplinaria correspondiente para que tome las sanciones disciplinarias que correspondan”.

El legislador nacional había sido convocado como testigo a la reunión que se dedicará al tema del 2×1 que en 2017 habilitó la Corte Suprema para casos de lesa humanidad, tiempo en el cual Torello oficiaba como asesor del Gobierno de Mauricio Macri.

Tal como había anticipado parlamentario.com, Torello le envió una nota a Gaillard y justificó su ausencia amparándose en los fueros que tiene como senador nacional y consideró que “la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de senador de la Nación“. También argumentó que “al pretender colocarme en situación de testigo de cargo me inhabilita para una eventual función de juzgador de las situaciones objeto de análisis, llegado el caso que el Honorable Senado de la Nación se constituyera en tribunal conforme lo dispone el artículo 53 de la Constitución Nacional”.

Tras leer la misiva, la entrerriana planteó: “El doctor Torello tiene la obligación de comparecer porque ha sido citado como testigo, no como imputado en ninguna causa. Los fueros le dan inmunidad al senador de arresto, de proceso y de opinión. Nosotros aquí no lo estamos convocando a un proceso donde es imputado, sino que es en calidad de testigo y todos los ciudadanos de la Argentina por el Código Civil 240 estamos obligados a concurrir cada vez que somos citados en carácter de testigo”.

“No corresponde el tema de los fueros, porque el fuero le da inmunidad de arresto y no es el caso, inmunidad de opinión y esto no tiene nada que ver con su opinión como legislador, sino que tiene que ver con hechos anteriores a que el ejerza o asuma su rol como legislador y tampoco está en el marco de un proceso en el que se lo está llamando a indagatoria sino como testigo, por lo cual tiene la obligación de compadecer”, manifestó.

En ese sentido, Gaillard anunció que se le volverá a reiterar la citación y advirtió que “si volviera a incompadecer se le va a elevar las correspondientes actuaciones a la autoridad disciplinaria correspondiente, en este caso a la presidencia del Senado para que tome las sanciones disciplinarias que correspondan por esta incomparecencia”.

Además, la presidenta de la comisión aclaró que “el Dr. Torello no ha manifestado ni voluntad de declarar por escrito. El tema que él sea llamado como testigo para aportar a la causa, no inhabilita que después pueda ser parte de, si se constituye en tribunal y el juicio político avanzara y fuera al Senado, no obstaculiza que él participe por la representación que él invoca y porque su testimonio está siendo útil para los hechos para los cuales se están tratando de deslindar responsabilidad”.

Tomó la palabra el jefe del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, y respaldó la decisión del senador porque “él va a ser juez eventualmente si este proceso prosperara”. “Siempre me pareció descabellado de que el gobierno de Macri haya estado detrás del caso 2×1”, expresó López y denunció que se está involucrando en el caso a Torello para que “haya un senador menos y para que puedan recusar a un senador a la hora de decidir sobre la suerte de los jueces de la Corte. El senador no debería declarar y que, en caso de que lo haga, que sea por escrito”.

De la vereda de enfrente recogió el guante el presidente del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, y apuntó contra el senador Torello: “Lo que expresa respecto de la cuestión específica de la situación que se puede dar de qué pasa si viene a testimoniar acá y después le toca desempeñarse como juez, es un disparate”.

“No fundamenta, está totalmente equivocado. Nosotros los que somos diputados y vale para los senadores también, no nos podemos desentender del deber que tenemos de ejercer el cargo, la responsabilidad y la función por la cual recibimos el voto popular. Las instituciones de la recusación no tienen nada que ver con el juicio político, no es un juicio penal. Es un disparate”, remarcó Martínez.

El diputado insistió en que “viene en calidad de testigo y va a jurar decir la verdad. Es un senador de la Nación que tiene que decir la verdad y contraponer los hipotéticos fueros y hablar de la cuestión de qué puede pasar si le toca desempeñar la función en el Senado me parece que va en absolutamente en contra de lo que tiene que ser”.

“Lo que plantea el senador Torello es un absurdo total”, lanzó el diputado Rodolfo Tailhade y sumó: “No entiende lo que significa la inmunidad funcional. Él no se puede negar ni siquiera ante un juez penal que lo está llamando como imputado, mucho menos una declaración testimonial como la que estamos buscando”.

Al respecto, Tailhade adelantó que pedirá la “dispensa de la inmunidad”, que será una suspensión momentánea de la inmunidad funcional.

En el inicio de la sesión, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, detalló el boletín de asistencias de la reunión de este martes, puntualizando cada una de las ausencias.

La diputada entrerriana precisó que la fiscal María Laura Roteta, de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, sería reconvocada para otra reunión, habida cuenta que este martes se dedicaría a analizar el tema del 2×1. Por razones de viaje, esta fiscal no había podido asistir a la convocatoria original, y ahora su comparencia será reprogramada.

En el caso de la periodista Silvana Boschi, sí iba a hablar sobre el tema del 2×1, pero según anunció Gaillard, sería reconvocada para una futura reunión que se hará y para la cual se convocará a otros periodistas, como Ignacio Miri y Horacio Verbitsky, quienes han hecho notas sobre lo que oportunamente sucedió en 2017 sobre el tema del 2×1.

“Será una audiencia especial con periodistas”, precisó la presidenta de la comisión.

Tampoco asistieron Santiago Otamendi, exfuncionario del Ministerio de Justicia y actual juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, ni el abogado Marcelo Jorge Mazzeo, citado por segunda vez ya que no asistió el martes pasado a responder sobre su aparición en los chats filtrados del celular de Marcelo D’Alessandro. En el primero de los casos volverán a citarlo y sobre el segundo, verán las medidas a tomar para obligar su asistencia.

Muchas ausencias se anticipan para la reunión de este martes convocada por la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que desarrolla un proceso contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia. Con el correr de las horas se fueron conociendo nombres y razones de quienes no participarán para oficiar de testigos, y a ellos se sumó este lunes el del senador del Pro José Torello.

El legislador nacional había sido convocado como testigo en la reunión que este martes se dedicará al tema del 2×1 que en 2017 habilitó la Corte Suprema para casos de lesa humanidad, tiempo en el cual Torello oficiaba como asesor del Gobierno de Mauricio Macri.

Según la información a la que accedió parlamentario.com, Torello  no concurrirá amparándose en los fueros que tiene como senador nacional.

Así se lo hizo saber a la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, a través de una nota suscripta este lunes, en la que informa que el jueves pasado fue notificado de la citación y considera un detalle no menor que la primera citación fuera dirigida al diputado nacional Pablo Torello y no a mi persona, lo cual considera “una manifestación de la liviandad con la que se pretende llevar adelante el juicio político contra la máxima autoridad del Poder Judicial”.

Paralelamente, Torello considera que “la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular”.

Tras recordar que es senador por la provincia de Buenos Aires y como tal le asiste “inmunidad para el desenvolvimiento de mi función y no en beneficio de mi persona”, advierte que “la comisión que usted preside carece de competencia para citarme a un interrogatorio”.

“Su pretensión constituye un menoscabo a los fueros que protegen el ejercicio de la función legislativa que ejerzo y para la que fui votado por el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, enfatiza el senador Torello, que recuerda que la Constitución establece el alcance de las inmunidades parlamentarias.

Por último, la nota a la que accedió parlamentario.com señala que “el trámite que se está desarrollando en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados al pretender colocarme en situación de testigo de cargo me inhabilita para una eventual función de juzgador de las situaciones objeto de análisis, llegado el caso que el Honorable Senado de la Nación se constituyera en tribunal conforme lo dispone el artículo 53 de la Constitución Nacional”.

Tras finalizar la ronda de testigos, los diputados de la Comisión de Juicio Político protagonizaron durante la reunión de este martes un debate caliente con fuertes acusaciones cruzadas. En ese contexto, el oficialismo votó afirmativamente la citación del exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, propuesta de ampliación de prueba ofrecida por el diputado Rodolfo Tailhade.

También se sometió a votación la autorización judicial de la producción de prueba ya que, tal como explicó la presidenta de la Comisión Ana Carolina Gaillard, el reglamento dispone que debe ser por resolución fundada y explicó que “la prueba tiene que ver con las intercepciones llamadas en la causa Muiña y el 2×1”.

A su vez, comunicó que el próximo martes recibirán el testimonio de la audiencia 2×1: el exministro de Justicia Germán Garavano, el senador Pablo Torello, el doctor Fabián Rodríguez Simón, el doctor Santiago Otamendi funcionario del Ministerio de Justicia, el doctor Horacio Diez; Gladys Cuervo y Zulema Chester víctimas del Hospital Posadas; el doctor Morgenstern y el doctor Elías de la vocalía de Rosenkrantz.

“En cuanto al día 28 vamos a tener la audiencia de coparticipación para lo cual van a ser citados el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa; y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich”, informó Gaillard y aclaró que esa fecha puede modificarse ante el comentario del jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, de que la Cámara “podría llegar a sesionar” ese día.

Gaillard también comunicó que la fiscal Laura Roteta pidió que se le reprograme su declaración para poder asistir ante la Comisión y que está a disposición a partir del 21 que “termina su licencia”.

Por otro lado, el diputado Pablo Tonelli (Pro) solicitó que se voté de forma nominal denunciar al juez Ramos Padilla por falso testimonio, pero la votación resultó rechazada con 16 votos en contra.

Al fundamentar su pedido, Tonelli planteó: “Usted nos comunicó que iba a ser una denuncia penal respecto del testigo Ramos porque suponía que podría haber incurrido en falso testimonio en la oportunidad de declarar ante la Comisión. Denuncia que se ha concretado y está en el juzgado 9”.

“La semana pasada le presenté un escrito y oralmente expliqué que el testigo Ramos Padilla había incurrido en notorias falsedades y mentiras y acompañé pruebas de esas mentiras porque él mintió cuando se refirió a un expediente que tramitó ante el Consejo de la Magistratura. Entiendo que siguiendo el mismo criterio que se aplicó en el caso del juez Ramos corresponde que usted haga una denuncia por falso testimonio respecto del juez Ramos Padilla. ¿La va a hacer? Propongo que votemos como una moción hacer esa denuncia”, explayó el diputado.

Fue el oficialista Leopoldo Moreau quien le salió a retrucar: “Reunimos información propia del expediente que el propio Ramos Padilla dejó acá respecto lo que se denomina en el Consejo una actuación de carácter preliminar. Dejó constancia de que fue el propio juez que dejó información sobre ese expediente”.

“Cuando el Dr. Ramos Padilla se refirió a esta cuestión, en primer lugar, no lo hizo en el tramo de las preguntas sino en el tramo de las generales de la ley, fue una expresión de carácter coloquial, fue una larga exposición en el que hizo referencia a esta investigación”, explicó.

Y siguió: “Investigación que, por otra parte, no salió de la nada. Esta investigación, es pertinente recordarlo, surge y vale la pena recordarlo ya que estamos hablando de la intromisión de los presidentes en causas judiciales, surge concretamente de una declaración que el 18 de marzo de 2019 en el programa de Luis Majul efectuó el presidente Mauricio Macri ‘pero esta no es la primera vez, Ramos Padilla ya hecho varias. Espero que el Consejo de la Magistratura con todas las pruebas que hay evalué seriamente si lo destituye’, ni siquiera le da la chance de tomar otra opción, ordena el presidente de la Nación que lo destituya”.

“En virtud de esa orden el ministro de justicia Garavano envía al Consejo instrucciones para avanzar con el pedido de remoción del juez Ramos Padilla”, recordó Moreau y sumó: “Ramos Padilla dijo que fue acosado y perseguido en el ámbito del Consejo de la Magistratura por una denuncia del presidente Macri”.

Al respecto, defendió: “Ahí no hubo ninguna falsedad, fue una apreciación de carácter general, no distorsionó la realidad y hay sobrados antecedentes para demostrar que se llevó adelante durante 15 meses en el Consejo un expediente que tenía como objetivo satisfacer la demanda de venganza de Macri que quería expresamente vengarse del juez”.

“No me parece marco para pedir ningún tipo de sanción. Hubo persecución política de causas armadas en este sistema perverso que funcionó entre 2015 y 2019 en materia de espionaje ilegal y persecución política que no tiene precedente en la historia democracita de la argentina. No hay razón para decir que Ramos Padilla incurrió al falso testimonio”, remató el oficialista.

Fue Tonelli quien recogió el guante y le respondió al diputado preopinante: “Durante las preguntas reiteró varias veces la misma mentira que consiste en atribuirme a mí la intención o el propósito de unas escuchas que es dudoso si son legales o ilegales. De modo que mintió claramente. El testigo dijo cosas que no son ciertas. Pareciera que el oficialismo tiene una vara distinta para denunciar a quienes mienten”.

Moreau volvió a respaldar al juez: “Tonelli insiste en la legalidad de las escuchas, yo insisto en la ilegalidad de las transcripciones”.

En el uso de la palabra, el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, aclaró: “Nosotros no hemos denunciado a nadie. Nosotros lo que hemos hecho es hacer saber al juzgado penal en turno lo que paso en el caso de Sebastián ramos, nosotros no estamos denunciando. En segundo lugar, creo que, en este intento de meter a todos en la misma bolsa, me parece que lo que no queda claro, es cuáles fueron los elementos que tiene que ver por el cual Ramos Padilla dijo una cosa y en qué contexto lo dijo Sebastián Ramos, no es una cuestión de doble vara, sino que son dos situaciones distintas”.

En su breve intervención, el kirchnerista Rodolfo Tailhade retrucó de forma más picante: “Si el diputado Tonelli y la diputada Lospennato, que hoy estaba sosteniendo la misma posición, creen que hubo falso testimonio que pongan la carita y vayan a Comodoro Py a hacer la denuncia como hago yo o como hace Paula Oliveto sin necesidad de hacer poner a consideración de nadie y encubriéndose. Hagan la denuncia, vayan a hacer la denuncia”.

Por otro lado, el titular de la CC-ARI, Juan Manuel López, pidió que pongan a disposición las denuncias penales que realiza la Comisión porque “el resto de los diputados no tenemos conocimiento de cómo se procede”.

En un fuerte discurso, el jefe del bloque radical, Mario Negri, apuntó contra el oficialismo y lo denunció de “demoler” el instituto de juicio político. “Hoy, prácticamente se ha demostrado, que los cuatro puntos que usted remarcó que son el pedido de este juicio político, están en la banquina, ni los trae”, cuestionó y remató: “Se dan cuenta que están perdidos que están online todos los días para ver si alguien les pasa una nueva información o le arrima un nombre. Lo único que falta es con la próxima reunión es que hagan un casting en la calle. Esto es una vergüenza. Saquen el dictamen mañana así los aplauden todos y se ocupan de los problemas del país”.

En su alocución Graciela Ocaña (Pro) criticó: “La reunión pasada yo dije que estábamos a punto de desbarrancar. Esta Comisión se fue a la banquina. Estamos acá mientras se acaba de conocer el índice de inflación de 6.6% que es la preocupación de todos los argentinos que no llegan con su dinero a fin de mes y hay 200 mil argentinos que en este momento no tienen luz en el área metropolitana”.

“Y este Congreso, esta Comisión está hoy interrogando a testigos que son, como en algunos casos hemos escuchado, simples despachadores de expedientes viendo qué podemos pescar para ver cómo hacemos pasar sostener estas acusaciones que el FdT ha formalizado”, cuestionó Ocaña.

“El escrache que hemos visto a una familia como la de Garay simplemente por ser hijo o sobrino, nunca este Congreso ha caído tan bajo. Le pido que no se puede seguir conduciendo por este camino esta Comisión”, pidió la opositora.

Con munición gruesa, Moreau volvió a apuntar contra el Poder Judicial al denunciar que “en su más alta jerarquía tiene enquistada una mafia”. Además, le hizo un particular pedido a la oposición: “No sean más cómplices de esta camarilla corrupta que funciona en el Poder Judicial”.

La secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato, disparó: “Tengo absoluto convencimiento que quienes se van a arrepentir de lo que están haciendo son los diputados del FdT porque lo que estamos viviendo y lo que va a quedar registrado de este juicio político es una vergüenza que, a 40 años de democracia, no nos deberíamos permitir que sucediera, pero la historia juzgará”.

“Ustedes no dejan de vulnerar absolutamente las garantías constitucionales, el debido proceso, el derecho a la intimidad. Hoy les fue muy mal al FdT en la excursión de pesca porque llamaron a personas que nada tienen que ver con los hechos investigados. Los hostigaron, vulneraron su derecho a la intimidad, intentaron amedrentando, aludiendo a situaciones personales que no pudieron justificar qué tiene que ver con el juicio político”, denunció la macrista.

A su vez, cuestionó que “convocan a los testigos para meter pruebas ilegales como sucedió con el juez Ramos para poder denunciarlos por falso testimonio. Pero cuando los testigos que vienen a apoyar la teoría del Lawfare como Ramos Padilla y, efectivamente mienten, los protegen”.

“Ya quedó registrada la doble vara con la cual van a seguir manejándose en la Comisión. Es un día donde necesitamos volver a llamarnos a la reflexión. 102% de inflación anual, millones de argentinos en la pobreza y lo único que le importa es sostener este juicio político porque buscan la impunidad de Cristina Kirchner. Reflexionen y dediquémonos a los problemas del país y no a este circo”, propuso Lospennato.

De la vereda de enfrente, el oficialista Rodolfo Tailhade disparó: “Stornelli sigue reiterando sus conductas absolutamente antidemocráticas, ya ni siquiera en contra de su cargo, durante 8 meses le escapó a Ramos Padilla. No va a venir nunca Stornelli acá”.

“Lo que le queríamos preguntar a Stornelli es por qué en la causa cuadernos desechó toda posibilidad de descartar la prueba ilegal y en esta del juez Ramos dijo todo lo contrario. Por eso era tan importante que viniera personalmente, cosa que no vamos a conseguir”, explicó el kirchnerista.

Además, Tailhade planteó: “Pidamos nuestra propia producción de prueba. Solo nos falta pasar por un juez que nos autorice a recabar esa información”. También contó que hizo una presentación en la mesa de entrada para solicitar prueba adicional.

Y procedió a detallar: “Pruebas informativas de oficios a la Corte Suprema para que remitan copias certificadas de la carpeta de circulación interna del fallo Consejo de la Magistratura. Oficio a la Corte que remita la misma carpeta de circulación interna, pero en los autos Schiffrin Leopoldo Héctor contra el poder Ejecutivo sobre acción declarativa. Oficio para que la Corte remita la carpeta de circulación interna en la causa Muiña y oficio al Juzgado Federal N°4 a efectos que remita el expediente 3384 del 2021 y sus incidentes, denunciado Rosenkrantz y otros sobre abuso de autoridad y violación de deberes y funcionario público. Copia certificada de los exclientes de Rosenkrantz”.

“También que libre oficio al Gobierno de la Ciudad en el marco del fallo de coparticipación para que nos informen el presupuesto devengado de partidas presupuestarias y sus modificatorias asignadas a los rubros política, bomberos, desde 1016 a 2022. También los bienes transferidos”, mencionó y sumó otros expedientes.

Presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja volverá a reunirse este martes a partir de las 13, para realizar una nueva audiencia del enjuiciamiento que se desarrolla contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El eje de esta nueva reunión volverá a pasar, como la semana pasada, por la presencia o no del fiscal Carlos Stornelli, quien ya no se presentó el martes 7. En esa oportunidad, el fiscal mostró su disposición a declarar, pero por escrito, lo que recibió el rechazo de parte de la mayoría de la comisión compuesta por los miembros del Frente de Todos.

En caso de no presentarse Stornelli -como todo sugiere- analizará si vuelven a reprogramar su interrogatorio, o si avanzan con medidas para obligar su comparencia por la fuerza. Esa alternativa recibirá el previsible rechazo de los representantes opositores y, en ese caso, buena parte de la primera parte de la reunión se la llevará esa discusión.

Recordemos que en la reunión anterior, la presidenta de la comisión advirtió sobre el inicio de un procedimiento de desafuero “para poder traerlo por la fuerza pública”.

El oficialismo quiere que Stornelli se presente de manera presencial, amparándose en el reglamento de esa comisión que establece que la asistencia o no de los testigos no es opcional. El FdT interpreta que el fiscal no puede acogerse a la excepción prevista en el Código Procesal Penal para los magistrados, quienes están habilitados a declarar por escrito o desde sus lugares de trabajo.

Por el contrario, el reglamento de la Comisión de Juicio Político establece que “los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión a testimoniar”.

Este martes continuarán las exposiciones de miembros de las secretarías de la Corte Suprema, estando convocados los abogados Juan Manuel Olima Espel (secretario Institucional de la Procuración General de la Nación); Marcelo Mazzeo (abogado), Sebastián Garay (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte) y Natalia Hilda Monayer (Vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti).

A partir de la reunión de la próxima semana, se prevén reuniones divididas en temas, según los expedientes que se analizan. Los temas por venir son la causa del 2×1, la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura y la consiguiente vuelta a la ley de 2006, y la causa por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

Tal como había deslizado el encuentro pasado la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la entrerriana Ana Carolina Gaillard (FdT), se llevó a cabo este jueves una reunión de asesores del oficialismo y de la oposición -sin la presencia de diputados, salvo la presidenta de la comisión- para “definir cuestiones procedimentales” de cara a la segunda audiencia para la participación de testigos en el marco de la etapa de recolección de pruebas del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Según informó un miembro de la comisión a parlamentario.com, “se cursaron las citaciones” al fiscal Carlos Stornelli, la fiscal María Laura Roteta, Sergio Napoli de la Secretaría Judicial N°4 CSJN y el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, quien estuvo ausente la reunión del jueves pasado.

Los cuatro deberán presentarse el próximo martes 7 de marzo a las 13 en la Sala 1 del Anexo de Diputados. Gaillard había aclarado que “no van a ser más de 4 o 5 testigos” con el objetivo de “no dilatar tanto la audiencia como ocurrió hoy para que sea algo productivo y poder llevar con lucidez la jornada”.

Previsiblemente la mayor atención está puesta en la presencia o ausencia de Carlos Stornelli. Su citación fue decidida y votada la semana pasada luego de que el juez Sebastián Ramos dijera que su fallo sobre la causa de los chats entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro se había basado en el dictamen de ese fiscal.

En su dictamen, Stornelli consideró que “convalidar en este estadio embrionario un eventual avance de este proceso solo y exclusivamente a partir de elementos que, conforme se investiga, habrían sido obtenidos fruto de una actividad delictiva, colisiona con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales, y teñiría de ilegal cuanto se actuare en consecuencia”.

La pregunta del millón es si particularmente él se presentará ante los diputados. Al respecto se refirió la diputada Carolina Gaillard a través de un hilo de tuits en los que planteó que jueces y fiscales tienen la obligación de comparecer a dar testimonio. “Si no lo hicieren se remitirán los antecedentes a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellos, en ese caso el Consejo de la Magistratura de la Nación o el Min Publico Fiscal sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la comisión entienda correspondan.

El juicio político está regulado en la CN en los arts. 53, 59 y 60. Su procedimiento está reglado por el reglamento de @DiputadosAR art.90 y por el Reglamento Interno de la Comisión.
Allí se establece la obligación de jueces y fiscales de comparecer a dar testimonio.

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) February 26, 2023

En la primera audiencia testificaron los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos. También lo hicieron Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5; Alejandro Daniel Rodríguez, Secretaría de Juicios Originarios; Adriana Norma Valinotti, vocalía de Rosatti; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2; y Roberto Miguel Ángel Saggese, vocalía de Rosatti.

En una reunión que se extendió por un poco más de ocho horas, la Comisión de Juicio Político, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, realizó este jueves la primera audiencia con la participación de testigos, en el marco de la etapa de recolección de pruebas del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Desde el oficialismo pidieron citar a declarar al fiscal Carlos Stornelli -por su dictamen en la causa de los chats entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles-, y a la fiscal María Laura Roteta.

Gaillard anunció que el próximo jueves 2 de marzo a las 13 citarán a una reunión de asesores donde “pueden participar cada uno de los diputados a modo de definir cuestiones procedimentales y mañana van a ser librados los oficios referidos a la prueba que ha sido ofrecida”.

Además, informó que continuarán con las audiencias testimoniales el martes 7 de marzo a las 13, a la que están citados Stornelli y Roteta, y aclaró que “no van a ser más de 4 o 5 testigos” con el objetivo de “no dilatar tanto la audiencia como ocurrió hoy para que sea algo productivo y poder llevar con lucidez la jornada”.

Los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos quienes, con diferente criterio, intervinieron en denuncias sobre los chats filtrados del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- D’Alessandro, donde hay presuntas conversaciones con Robles, mano derecha de Rosatti, en referencia al fallo por la coparticipación de la Ciudad, son uno de los ejes principales donde pone el foco el oficialismo.

El primer testigo en la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el marco del proceso contra los miembros de la Corte Suprema, fue el juez federal Sebastián Ramos, quien negó vínculos con Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, al tiempo que defendió el dictamen del fiscal Carlos Stornelli para archivar una denuncia contra ambos por la filtración de chats.

El magistrado fue sometido a preguntas de diputados del Frente de Todos, entre los que comenzó Rodolfo Tailhade, y respondió a casi todos los interrogantes pidiendo “dispensarse”. “Las referencias o aclaraciones me imposibilitan, desde mi punto de vista funcional, modificar alguna palabra o algún concepto que haya sido expresado en esa resolución”, dijo sobre la decisión de dar por cerrada la causa.

En segunda instancia, fue el turno del juez Alejo Ramos Padilla, quien entre tantas interrupciones mencionó que hubo procesos judiciales basados en pruebas recopiladas por el espionaje, por lo que dijo que los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro “deben ser ratificados como válidos”.

El oficialista Leopoldo Moreau indagó a Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración, sobre una inundación que afectó la documentación en el despacho de Silvio Robles.

“En el mes de enero hubo una inundación que no fue en la vocalía de Rosatti, sino que fue en un piso superior y que el agua llegó hasta planta baja no solamente al cuarto piso. Esa inundación afectó al despacho de Robles, fue en el mes de enero”. Por otro lado, Romero desconoció saber la existencia de un chat en el que participan jueces y funcionarios y ministros.

Luego fue el turno de Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema, a quien Moreau le solicitó que explique el ingreso, asignación y circulación de las causas y peticiones a la Corte cuando asumió en su función, sobre todo los de trascendencia institucional, a lo que Arbitta explicó que “la Corte nunca sorteó expedientes, siempre los asignó por materias porque tiene secretarías temáticas. El presidente decidía 5 según la trascendencia. Los presidentes consensuaban con los jueces de la Corte qué causas de otra naturaleza se asignaban a la secretaría 5”.

Además, el diputado kirchnerista interrogó respecto a las causas relacionadas a reclamos sobre la obra social del poder judicial y si recibía instrucciones por parte de los ministros de la Corte a la hora de la defensa. Por su parte, la entrerriana Blanca Osuna le consultó respecto de quién decide la circulación de los expedientes y los plazos de cada vocalía.

A su vez, la presidenta de la Comisión lanzó una picante pregunta: “¿Es responsabilidad del presidente de la Corte que la causa Consejo de la Magistratura estuviera el expediente durante un año en su secretaria y no se movió?”. “Lorenzetti me pidió que la retuviera en mi secretaria mientras él, no la Corte, decidía qué tramitación le iba a dar”, se defendió Abritta, pero de la vereda de enfrente Gaillard insistió con el tema: “¿Puede quedar retenido un año un expediente siendo que tiene los votos de todas las vocalías?”.

A continuación, el sanjuanino José Luis Gioja consultó a Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios) respecto del fallo de la Corte a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre la coparticipación federal de fondos, precisamente los criterios aplicados para determinar que se entregue a la Ciudad el 2,98% de la masa de fondos, y si hubo presentaciones por parte de los gobernadores hacia la Corte sobre el tema, por qué no fueron consideradas y por qué no los hicieron participar.

No conforme con la respuesta, Gioja insistió enojado: “Hay un fallo que le obliga a la Nación de los fondos coparticipables darle un monto que no es el que fija la Ley de Coparticipación que por decreto simple fue modificada por Macri y luego fue corregida por Alberto Fernández y ahí se inicia todo a pedido del Gobierno de la Ciudad. La Nación está obligada a cederle más del doble de lo que establece la Ley 23.548 a la Ciudad Autónoma”.

En un tono más pacífico, Gaillard interrogó respecto a quién participó en representación del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires en esa primera audiencia que se dio en el marco de la causa.

En una breve interrupción, el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, lanzó munición gruesa contra el Frente de Todos: “El testigo dijo que la causa está en pleno trámite. Yo no conozco antecedentes de un juicio político que se haga, no por la interpretación de la sentencia, sino por una causa en trámite donde hay una sola medida cautelar, donde hubo dos o tres audiencias y donde ojalá haya una resolución de fondo. Tengamos presente que estamos, de un modo directo, presenciando que ustedes están apretando a la Corte para que el fallo del fondo sea en el sentido que el oficialismo quiere porque la causa está en pleno trámite y ustedes están interrogando por una causa donde le testigo tendría que guardar la mayor de las reservas. Están buscando condicionar la resolución final”.

También brindaron su testimonio Adriana Norma Valinotti, vocalía de Rosatti; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2; y Roberto Miguel Ángel Saggese, vocalía de Rosatti.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT – CABA) se refirió a la aprobación de la admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte en la Comisión de Juicio Político y sostuvo que “hay pruebas muy fuertes”.

Del mismo modo, expresó: “Hemos aceptado investigar los 14 expedientes que estaban en la comisión de Juicio Político, no sólo los del Frente de Todos, sino también los de la Coalición Cívica”, y agregó: “Nosotros queremos investigar a los cuatro jueces, que firmaron el fallo de la coparticipación federal”.

Entrevistado por Radio 10, Valdés añadió: “Tres de ellos -ministros de la Corte- asaltaron el Consejo de la Magistratura, y por eso está paralizado”. En esa línea, manifestó: “No corresponde bajo ningún aspecto que el presidente de la Corte se haya autovotado. Ellos conformaron una mayoría irregular para declarar inconstitucional una ley que hace 15 años estaba funcionando”.

“Una vez que (Horacio) Rosatti se hizo presidente de la Corte se metieron con el Consejo de la Magistratura sólo para apoderarse. No hay jurista en el mundo que diga que las leyes derogadas se pueden resucitar. Es Ley muerta”, señaló el diputado oficialista.

A su vez, explicó que “son 60 hechos que vamos a investigar”, y agregó: “Por ejemplo, la administración de la Obra Social de la Corte, que huele muy mal. También hubo intromisiones en el Poder Legislativo de parte de la Corte para la conformación de sus mayorías y minorías. Las pruebas que están apareciendo son muy fuertes”.  

En tanto, Valdés reveló que no fue fácil llegar a este dictamen y que durante las últimas semanas hubo “presiones muy fuertes de parte de las corporaciones”, ante lo cual destacó “la labor de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard” y concluyó: “El bloque del Frente de Todos está muy unido”.

Además, el diputado se refirió al expediente presentado por la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti: “Nosotros integramos ese expediente. Ellos no querían no votar con el resto de Juntos por el Cambio, por eso no votaron su propia iniciativa”. “Estamos enjuiciando a cuatro jueces, no a la Corte en su conjunto”, sostuvo.

Para terminar, Valdés se refirió al estreno a sala llena de “Iron Mountain, el incendio”, en el cine Gaumont, de la cual es productor: “Los bomberos notaron que el incendio fue tan fuerte y rápido que daba toda la sensación de que fue intencional. Ahí se guardaba información de HSBC, del GP Morgan, ligado a sus cuentas ‘offshore’. Yo simplemente colaboré con la película. Lleva la voz de Cecilia Roth, que internacionaliza el tema, porque la causa entra en juicio oral ahora”.

Luego de haber sido ratificadas las denuncias por los autores de los pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, la diputada Carolina Gaillard aclaró que en el informe de admisibilidad todavía no se imputarán los cargos.

La semana que viene la comisión que preside se reunirá para analizar el informe de admisibilidad, “una resolución que permite la apertura a prueba o la sustanciación del sumario; significa que se abre la investigación si se considera que hay sustento suficiente en las denuncias”, explicó y agregó que eso se vota “por mayoría simple, al igual que los dictámenes”.

En diálogo con Radio 10, la entrerriana detalló que “una vez que se produce toda la prueba, recién ahí se cita a los magistrados para que puedan hacer un descargo, que puede ser presencial o por escrito. Si deciden no venir, esto no obsta a que continúe el procedimiento”.

“Es el dictamen de acusación con los cargos lo que va a ir luego al recinto”, dijo y reiteró que la admisibilidad se refiere a “determinar con qué expediente vamos a abrir la investigación, para investigar qué cosas y de qué jueces”.

En ese sentido, “en el marco de la investigación se determinará la responsabilidad de cada juez en cada causa”, apuntó la legisladora oficialista y remarcó que “hay causales y hechos que se atribuyen a dos y no a los cuatro, hay otros que se le atribuyen a uno y no a los cuatro”.

“Los cargos son los que, una vez producida la prueba, uno acusa”, reiteró y sumó que “hay 14 proyectos y más de 60 hechos que se le atribuyen como causal de mal desempeño”.

Por otra parte, al ser consultada por la ratificación de las denuncias de los diputados de la Coalición Cívica sobre Ricardo Lorenzetti, Gaillard consideró que “eso demuestra que no hay un proceso de juicio político desde un sector del Congreso”. No obstante, los integrantes de JxC se diferenciaron de los argumentos del oficialismo.

Pocos minutos después de las 11 se inició este jueves la segunda reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, dedicada a escuchar los argumentos de todos los autores de pedidos de enjuiciamiento puestos a consideración.

De los 14 pedidos de juicio político contemplados, se hicieron presentes este miércoles 12 expositores, tal cual anunció al inicio la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard. En ese sentido aclaró que la senadora Juliana Di Tullio, autora de dos de las iniciativas, no había podido hacerse presente, pero tal cual anunció a través de una nota formal enviada a la comisión, ya lo hará en la próxima oportunidad en que la comisión se lo permita.

El otro que no estaría es un particular, Antonio De Martino, quien solicitó ser reemplazado por otra persona, pues él se encuentra en el exterior. En tal sentido Gaillard aclaró que eso no era posible, pues “la presentación es personal”. Con lo cual, sigue en curso el expediente, ya que la ausencia no altera la presentación, pero no se escucharía por ahora el testimonio personal del autor.

La primera diputada prevista para exponer era la oficialista Vanesa Siley, quien desechó tal posibilidad con estas palabras: “En honor a la brevedad, le voy a dar la palabra al bloque, siendo contenida por lo que los compañeros vayan a expresar y en ese sentido la sesión de los minutos correspondientes”.

Por eso la primera exposición formal fue entonces la de la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, quien expuso la denuncia presentada oportunamente en 2017 contra el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti. “Su patrimonio es opaco”, expresó en uno de los pasajes de su presentación, en la que diferenció la postura de su sector con la actual del oficialismo, marcando especialmente críticas hacia lo expresado respecto de este enjuiciamiento por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Justicia Martín Soria.

Al respecto destaco que cuando este pedido de enjuiciamiento fue realizado, el presidente de entonces, Mauricio Macri, y su ministro Germán Garavano, plantearon sus disidencias, como así tampoco el resto de Cambiemos acompañó la movida. “No nos movió entonces ningún interés en particular. No hubo un interés de presionar a la Corte”, remarcó Oliveto, diferenciándose de lo que entiende está sucediendo ahora.

NOTA EN DESARROLLO

En un tema que pronostica fuertes enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición, arrancó este jueves en la Cámara de Diputados el tratamiento en comisión de una docena de pedidos de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, con la anuencia del presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores.

Pasadas las 11, los 16 integrantes del Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, reunieron el quórum propio. Inmediatamente, y antes de que quede abierto el encuentro, arribaron a la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja los diputados de Juntos por el Cambio.

Una vez que este jueves se defina la agenda de trabajo, la idea del oficialismo es que la semana próxima, el 2 de febrero, expongan los autores de los proyectos y que siete días después, el 9 de febrero, se apruebe el informe de admisibilidad para dar apertura de sumario y comenzar con la investigación.

NOTICIA EN DESARROLLO

La diputada nacional Carolina Gaillard (FdT – Entre Ríos) lanzó críticas contra la Unión Cívica Radical por repudiar la visita de los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua). “La UCR en vez de parecerse a lo que fue siempre en su historia, hoy quiere ser como el Pro, que es quien maneja Juntos Por El Cambio”, señaló.

En tal sentido, la diputada kirchnerista expresó: “La UCR ha sido un partido que ha tenido buena relación, históricamente, con los países hermanos. Sobre todo, con Cuba, que es un país que sufre constantes bloqueos económicos”.

Entrevistada en AM 530, la presidenta de la Comisión de Juicio Político manifestó que “hay 11 pedidos de enjuiciamiento a miembros de la Corte Suprema de Justicia presentados por diputados, particulares y organizaciones de la sociedad civil”.

“Estamos trabajando desde el primero de enero. Creemos que los chats entre Silvio Robles – asesor de la Corte- y Marcelo D’Alessandro – ministro de Justicia y Seguridad porteño- hablan de negociar el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires con los recursos coparticipables”, indicó.

Del tal modo, explicó: “El 26 de enero será la primera reunión de trabajo, el 2 de febrero se reciben a los autores de proyecto y el 9, sale el informe de admisibilidad sobre si las denuncias tienen sustento, y ahí se avanza a comenzar la investigación y la apertura de sumario”.

Asimismo, Gaillard remarcó que la Cámara de Diputados “funciona como un fiscal”, y el Senado “juzga en la segunda etapa”. “Nosotros conocemos el hecho, abrimos la investigación y emitimos dictamen acusatorio. Una vez que este eso, pasa al recinto”, agregó.

La titular de la comisión advirtió que el proceso de recopilación de pruebas “llevará dos o tres meses con un trabajo serio”, y añadió: “Las primeras reuniones serán para recopilación de pruebas”.

En el cierre, afirmó que el fallo de coparticipación “viola la Ley de Presupuesto”, y atribuyó al juicio político como “el mecanismo de control de poderes en caso de que uno se extralimite”.

La diputada nacional Carolina Gaillard (FdT – Entre Ríos) habló este miércoles sobre el inicio del proceso del juicio político contra la Corte Suprema de Justicia e invitó a la oposición al debate en comisión: “Sería interesante que asistan ya que están en peligro al República y la democracia”.

Del mismo modo, la diputada oficialista anunció que esta semana ingresará el proyecto en el Congreso y luego, la convocatoria a sesiones extraordinarias. “Una vez que todo eso se dé, se reúne la Comisión de Juicio Político para iniciar el tratamiento la iniciativa”, aseguró.

En diálogo con AM 530, Gaillard explicó que, además del proyecto de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, “hay uno que presentó Elisa Carrió contra el juez Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte”.

Por otro lado, la titular de la Comisión de Juicio Político habló sobre las causas del enjuiciamiento: “El conocimiento público de los chats entre Silvio Robles, persona de máxima confianza del presidente de la Corte Horacio Rosatti, fue la gota que rebalsó el vaso en el presidente para iniciar este proceso”.

“Hay cierta connivencia entre el máximo tribunal y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y eso se configura en un delito como tráfico de influencias”, señaló. Del mismo modo, sostuvo que “eso motiva a que se inicie el proceso que establece la Constitución Nacional”.

Así también, expresó: “Detrás del fallo arbitrario sobre los recursos coparticipables había cierta connivencia entre el Poder judicial que debió haber sido independiente. Para peor, aparecen conversaciones entre Marcelo D’Alessandro -ministro de Seguridad y Justicia porteño- y Robles. Esto activó el proceso”.

Respecto a los procedimientos del juicio político, Gaillard explicó que la Cámara de Diputados tiene la facultad de acusar o “el rol de fiscal”, y agregó que el juzgamiento le corresponde al Senado. “La Cámara baja tiene todas las facultades para recopilar pruebas, testimonios y testigos, y así llevar adelante la investigación”, indicó.

En tal sentido, agregó que, tras el dictamen “acusatorio”, deben presentarse los acusados a declarar. “Tenemos quórum garantizado en la comisión para iniciar el debate y para abrir el proceso de investigación”, afirmó.

En el final, siguió atribuyéndole responsabilidades al Poder Judicial y afirmó: “Esto sucede cuando uno ve que hay una extralimitación de las facultades que le corresponde a un Poder”. “Los motivos del juicio político son varios, pero el fallo de la coparticipación y los chats, evidencian irregularidades”, cerró.

Mientras se aguarda que el Gobierno convoque a extraordinarias para que la Comisión de Juicio Político active el pedido contra la Corte Suprema de Justicia, desde Juntos por el Cambio ya adelantaron que no darán quórum en las reuniones, pero si darán el debate. Pero no solo, también anticiparon que pedirán el apartamiento de la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard, porque “no se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso”.

Fue el presidente del bloque Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, quien informó la decisión del interbloque. “El adelanto de opinión pone en riesgo garantías consagradas en el art.18 de la Constitución Nacional como la de ser juzgado por un tribunal imparcial. Ningún juzgador judicial o administrativo puede ser parcial”, sostuvo.

Para la oposición “no se recogió prueba alguna, no se escuchó a los acusados, no ingresó ni siquiera formalmente el pedido a la Cámara, pero ya hay un final cantado”.

“No habrá argumento o elemento probatorio o circunstancia alguna que le hagan cambiar de opinión a la diputada Gaillard. Esto ratifica que se han vulnerado flagrantemente las garantías procedimentales de los acusados”, plantearon.

Por último, remarcaron que “los jueces de la Corte que fueron denunciados penalmente por las mismas causas por las que ahora se los pretende juzgar políticamente, no están obligados a comparecer ni siquiera de forma escrita porque nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo (art.18 de la CN)”.

La pregunta del millón que viene circulando desde el primer día del año, en el que el presidente de la Nación anunció un pedido de juicio político contra Horacio Rosatti que ahora se extiende al resto de los miembros del Tribunal Superior, es cuál es el objetivo de semejante medida condenada al fracaso. No es un juicio de valor: todos tienen claro que nadie cuenta en ninguna de las dos cámaras con los 2/3 necesarios para avanzar con un juicio político.

Recordemos entonces cómo es el procedimiento para avanzar con este juicio político. Una vez ingresado el pedido a Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados, el mismo es derivado a la Comisión de Juicio Político que encabeza la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos). La misma cuenta con 31 miembros, y como 16 de ellos son del oficialismo, tiene garantizado el Frente de Todos abrir el dictamen de acusación, con lo que por un tiempo determinado esa comisión se convertirá en el centro de atención política.

Según el reglamento interno de la comisión, si del estudio previo del expediente surgieren indicios ciertos o semiplena prueba de causales graves que hagan a la procedencia de juicio político, se procederá a abrir la instancia mediante sustanciación de sumario.

Cabe consignar que entre las posibilidades que tiene esta comisión figuran la de impulsar inspecciones; registro y secuestro de elementos; intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas; interrogatorio de personas.

No es que la comisión se pueda “cortar sola” para llevar adelante tales medidas. En el caso de que haya motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas relacionadas con la investigación, la Comisión solicitará al juez federal que corresponda el registro del domicilio y el secuestro de aquellas que puedan servir como medios de prueba.

En caso de que los elementos de prueba a procurarse tengan vinculación con un hecho ilícito que haya dado origen a una investigación judicial, la solicitud de registro y secuestro deberá ser realizada al juez que entienda en la causa.

Siempre que se considere útil para la comprobación de los hechos investigados, mediante resolución fundada, se podrá solicitar al juez que corresponda la intercepción de correspondencia como también de comunicaciones telefónicas de acuerdo a lo preceptuado por el Código Procesal Penal en tanto no vulnere la inmunidad del denunciando si la tuviera.

La comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad, establece el reglamento interno, que aclara que la citación de los testigos podrá hacerse por cualquier medio, inclusive verbalmente.

Si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar “los alcances de tal ilicitud”.

Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones.

Agotada la instancia sumarial, las actuaciones pasarán a estudio de la Comisión para su dictamen definitivo. Si la Comisión de Juicio Político resolviera que es improcedente el juicio político, así lo declarará en su dictamen, aconsejando su rechazo al plenario de la Cámara de Diputados.

Si a criterio de la comisión hubiese motivos fundados para el enjuiciamiento, lo hará constar en su dictamen, pronunciándose sobre cada uno de los cargos, elevando lo resuelto a la Cámara de Diputados acompañando un anexo donde hará constar los antecedentes del caso.

Finalmente, cuando el dictamen llega al recinto, necesita los 2/3 de los presentes para que el juicio político sea sustanciado.

Esa es la instancia que el oficialismo sabe que no puede superar. Pero todo lo anterior sí. Así las cosas, como vemos, durante todo lo que dure el proceso que habilitará por mayoría simple, podrá hacer el suficiente “barullo” deseado. Emitido el dictamen, probablemente nunca lo lleve al recinto. Pero el objetivo ya habrá sido cumplido.

Mientras se aguarda el ingreso en Mesa de Entrada de la Cámara baja del proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo contra la Corte Suprema que, se estimaba, enviaría este miércoles, el presidente de la Nación mantuvo una reunión con el titular del bloque Frente de Todos, el santafecino Germán Martínez, y la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la entrerriana Carolina Gaillard.

El encuentro se llevó a cabo en la tarde de este miércoles en Olivos, al que Alberto Fernández convocó a Martínez y a Gaillard para hacerles entrega del pedido de Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impulsa junto a los gobernadores.

A través de un breve comunicado que publicó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se supo que el mandatario les solicitó a los diputados que “inicien su pronto tratamiento legislativo”.

Sin embargo, como el Congreso está en receso, para que la comisión se ponga en funcionamiento el Poder Ejecutivo debe convocar a extraordinarias a través de un DNU y fijar un temario en el que incluya el tema. Así la comisión quedará habilitada para reunirse.

Según reza la iniciativa, los fundamentos por los que el presidente pide la apertura del procedimiento de juicio político es “en virtud del mal desempeño de los cuatro jueces -su titular Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti-”, y porque “la Corte ha avanzado sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo”.

El documento fue acompañado por 10 gobernadores, ellos son Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard (FdT – Entre Ríos), explicó este miércoles el proceso para llevar adelante el juicio político contra los cuatros miembros de la Corte Suprema de Justicia. “Hace años venimos denunciando una convivencia entre la Justicia y la oposición”, afirmó.

Además, la diputada entrerriana detalló los procedimientos -y sus respectivos tiempos- durante el proceso que se llevará cabo por pedido del Poder Ejecutivo contra los miembros del máximo tribunal de Justicia (puntualmente contra su presidente Horacio Rosatti, más Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti). En tal sentido, anunció: “Es la primera vez que un jefe de Estado inicia un juicio político contra toda la Corte”.  

En diálogo por Radio La Red, Gaillard explicó: “Debemos esperar que el proyecto ingrese en la Cámara de Diputados, y por otro lado que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, convoque, por decreto, a sesiones extraordinarias”, y agregó: “Una vez que se cumplan esas dos partes, haremos una reunión, que creemos que será la semana que viene”.

“El trámite de juicio político se basa en el artículo 59 de la Constitución Nacional, donde está previsto como causal de delito el mal desempeño de las funciones de la Corte Suprema y sus integrantes”, manifestó la diputada. Del mismo modo, aclaró que “no es un proceso penal”, sino “un procedimiento político que se inicia con el reglamento de la Cámara y la comisión”.

En tal sentido, la diputada entrerriana amplió: “La Comisión de Juicio Político -ya conformada- puede tratar y debatir el proyecto con mayoría simple (16 de 30 integrantes), y en caso de obtener el dictamen favorable, pasa a la etapa probatoria”.

A diferencia de las iniciativas comunes, Gaillard explicó que “hay una segunda etapa” tras el tratamiento en comisiones, donde se recopilan todas las pruebas y sin una fecha límite. “En esta etapa se convoca a los acusados y se procede con un dictamen acusatorio”, advirtió.

“Luego de obtener ambos dictámenes, el proyecto pasa al recinto, y ahí se necesitan dos tercios de los presentes para votarlo”, señaló. Además, al ser consultada por el avance favorable del proyecto, sostuvo que “se podrá tener una idea durante el debate en comisiones”.

Por otro lado, Gaillard remarcó que, las conversaciones entre Silvio Robles, asesor del juez Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia, “fueron la gota que rebalsó el vaso”. Del mismo modo, afirmó: “Hace tiempo observamos la intromisión del Poder Judicial en los otros poderes”.

“Quedó demostrado cuando la Corte revivió una ley de hace 16 años para ser, él mismo -por Rosatti-, el presidente del Consejo de la Magistratura, y con el fallo de la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires, y su jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de que hay una convivencia entre Justicia y oposición”, señaló.

Por último, Gaillard remarcó que, para que prospere el juicio, “dependerá de las pruebas”, y cerró: “Todo esto lo hacemos por la democracia y la República”.

En el marco de la Tercera Expo Cannabis Argentina, que se desarrolló los días 4, 5 y 6 de noviembre en el predio de La Rural, la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos) planteó la necesidad de debatir la despenalización del consumo de drogas en el Congreso.

“Creemos que es urgente dar este debate en el Congreso, para pasar de un paradigma represivo y prohibicionista que ha fracasado en todo el mundo, a un paradigma de salud pública, con un Estado presente que acompañe y no criminalice el consumo de sustancias”, explicó Gaillard.

“En este sentido, es necesario capacitar a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial, para redireccionar la persecución hacia el narcotráfico y el crimen organizado, y no hacia los usuarios y consumidores”, agregó.

Gaillard presentó este año el proyecto de ley que modifica la ley 23.737, conocida como “ley de drogas”, para eliminar la figura de “tenencia simple” y despenalizar el consumo personal de todas las sustancias, aplicando la doctrina del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Desde nuestra perspectiva, despenalizar el consumo personal y adulto de droga no es alentar el consumo: es legislar sobre una problemática que existe en todo nuestro territorio”, advirtió la diputada entrerriana. Y consideró que “debemos enfocar los recursos en combatir el narcotráfico y el delito complejo, y brindar atención de salud a los usuarios que así lo requieran, evitando causas, procesos judiciales y condenas a usuarios -con consumos problemáticos o no- y pequeños vendedores”.

“Hoy las cárceles están llenas de personas detenidas por tenencia para consumo, o por venta en pequeña escala, principalmente mujeres jóvenes de bajos recursos, mientras la producción y la comercialización ilegal de droga continúa en aumento”, remarcó. Y recordó que “está probado que penalizar a consumidores aleja del acceso al sistema de salud a aquellos que lo necesitan”.

Gaillard se comprometió a seguir trabajando en el Congreso Nacional para lograr que la despenalización sea ley y propuso armar una mesa de diálogo entre legisladores de todos los partidos, organizaciones de la sociedad civil y miembros del Poder Judicial para avanzar en este sentido.

La diputada nacional Carolina Gaillard (FdT) participó del lanzamiento de “Cannabis CONICET”, empresa de base tecnológica en cannabis fruto del trabajo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y el Hospital “El Cruce Néstor Kirchner” de Florencio Varela.

Del lanzamiento en la UNAJ participaron Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación; la doctora Ana Franchi, presidenta del CONICET; el doctor Arnaldo Medina, rector de la UNAJ; y el doctor Ariel Sáez de Guinoa, director ejecutivo del Hospital “El Cruce Néstor Kirchner”.

“Esta empresa es un hecho significativo en el camino de construir soberanía tecnológica ya que es el Estado impulsando la investigación en cannabis a través de nuestros científicos y organismos de ciencia y técnica para desarrollar tecnologías y productos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”, señaló Gaillard y resaltó que “es fundamental que todo el sistema público esté al servicio de generar conocimiento que sirva para garantizar el acceso a más y mejores productos para la salud de toda la comunidad”.

En este sentido, la diputada entrerriana agregó que “Argentina tiene un sistema científico tecnológico que es un orgullo en el mundo, y que esté al servicio de la comunidad para mejorar su calidad de vida es una decisión política estratégica de nuestro ministro Filmus y nuestro presidente Alberto Fernández”.

Con la organización de una mesa debate titulada “Cannabis medicinal y cáñamo industrial: una política de Estado”, se presentó en el Congreso el Observatorio de Cannabis de la Universidad Nacional de José C. Paz.

El evento, que se realizó en el Salón Delia Parodi y tuvo como anfitriona a la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard, contó con la presencia del rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky; la coordinadora del Observatorio, Brenda Maier; la coordinadora de la Red de Cannabis Medicinal del CONICET, Silvia Kochen; y la presidenta de Mamá Cultiva, Valeria Salech.

Además estuvieron presentes los legisladores oficialistas Germán Martínez y Mara Brawer; Luis Osler, director del Diploma de posgrado en “Cannabis, Regulación y Política de Drogas” de la Universidad Nacional de Quilmes; Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis; y Sebastián Basalo, director de la revista THC.

“El Observatorio de Cannabis de la Universidad Nacional de José C. Paz es una herramienta fundamental diseñada por esta casa de estudios para hacer el monitoreo, seguimiento y actualización de las regulaciones sobre el tema en Argentina y el mundo”, explicó Gaillard en la presentación.

La entrerriana señaló que este Observatorio “tiene como objetivo realizar el mapa integral de regulaciones locales e investigaciones sobre cannabis en todas las universidades del país para articular la política pública de manera adecuada. En este sentido, sistematizar toda la información es fundamental para el diseño e implementación de una política de Estado que garantice su efectiva aplicación”. “Este Observatorio dialogará con la Agencia que se creó recientemente por ley de este Congreso”, agregó en referencia a la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial.

Además, la legisladora destacó “la decisión política del rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky” y consideró que “es un orgullo que la universidad pública se comprometa con la realidad social y las demandas de la comunidad”.

“El uso medicinal de cannabis se ha incrementado en la comunidad y su legitimidad es indiscutida, pero debemos articular recursos y saberes para que no se dispersen, sino que potencien la política pública para que sea accesible a toda la población y se construya una industria que genere empleo y valor agregado a la producción”, concluyó.

Sobre el Observatorio de Cannabis

El Observatorio -conformado por un equipo interdisciplinario de estudiantes, graduados, docentes e investigadores de la UNPAZ- busca consolidarse como un repositorio en el que se sistematice y analice el conjunto de legislaciones (municipales, provinciales y nacionales), desarrollos académicos y planes de investigación y productivos de todo el país, aportando a la divulgación y realización de producciones académicas que brinden información clara y sencilla sobre las políticas de regulación, indagando particularmente en los procesos legislativos, académicos y productivos de nuestro país.

En un encuentro que reunió a todos los sectores del peronismo entrerriano y que contó con la participación del gobernador Gustavo Bordet y Agustín Rossi, la Corriente de la Militancia realizó en Concepción del Uruguay su primer plenario en Entre Ríos. Contundente llamado a la unidad y a “construir la victoria para el 2023”.

Con un club Rivadavia colmado, Concepción del Uruguay fue anfitriona del primer plenario de la Corriente de la Militancia en Entre Ríos. El encuentro, que sucedió a los de Santa Fe, Mendoza y Corrientes, tuvo la particularidad de contar con la presencia de Gustavo Bordet, primer gobernador en formar parte de esta serie de plenarios federales. El entrerriano llamó a “actuar en defensa propia para no caer de nuevo en el proyecto político de la derecha con un modelo neoliberal para nuestra Argentina” y valorizó la realización de este tipo de encuentros, ya que son “necesarios para construir”.

“Tenemos que salir a militar, a contar todo lo que se está haciendo y decir que el peronismo está de pie y está para dar batalla en 2023 y ganar”, resaltó el gobernador Bordet. “Llevemos adelante un proyecto político superador para continuar por la senda de la producción, el empleo, el trabajo y la inclusión social”, agregó.

Agustín Rossi, de reciente asunción al frente de la AFI, destacó que “lo que va a ponerse en cuestión y a ponerse en juego en las próximas elecciones con los derechos sociales y políticos consagrados primero por Perón y Eva y luego por Néstor y Cristina Kirchner”. El líder de la Corriente de la Militancia remarcó que “celebra el debate” pero que “una fuerza política que gestiona no puede vivir en estado de debate permanente. En algún momento el debate tiene que encontrar una síntesis”.

En una amplia convocatoria, el encuentro denominado “Reflexiones sobre el presente y futuro de la Argentina”, organizado por la diputada nacional Carolina Gaillard y el intendente Martín Oliva, contó con la participación de diversos sectores del peronismo entrerriano. La vicegobernadora Laura Stratta, el presidente de la CARU, José Lauritto; el diputado nacional Marcelo Casaretto, los intendentes Martín Piaggio, de Gualeguaychú; Adán Bahl de Paraná; Gustavo Bastián, de San José; Gabriel García, de Villa Paranacito y Gerardo Chapino, de Federal; los intendentes y legisladores del departamento  de Concepción del Uruguay, y los diputados provinciales Ángel Giano, Néstor Loggio, Silvia “Nené” Moreno, Jorge Cáceres y Karina Ramos; las ministras Rosario Romero y Marisa Paira; María Belén Ratto, de SUTEP y Alejandra Frank, de SADOP, entre otros dirigentes, ministros, intendentes y legisladores, formaron parte de un plenario en el que predominaron los mensajes de unidad. En este sentido, la diputada Carolina Gaillard manifestó que “el debate con la militancia es necesario para aportar a nuestro gobierno y que sea el puntapié para construir el triunfo del peronismo en 2023”.

Gaillard se refirió a la situación provincial al expresar: “Trabajemos para que en el 2023 gane el peronismo en Entre Ríos de la mano de Gustavo Bordet. Somos un frente diverso, construyamos la unidad”. Asimismo, en el plano nacional instó a “defender la gestión de nuestro presidente Alberto Fernández y de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

El primer panel, denominado “Economía, producción y trabajo” y moderado por Jorge Barreto, contó con la participación de los diputados nacionales Marcelo Casaretto y Victoria Tolosa Paz, el intendente de San José, Gustavo Bastián, y el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Oscar “Patita” Barbieri. En el segundo panel, “Desafío del movimiento de mujeres”, expusieron la diputada provincial Mariana Farfán; la responsable del programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Lucy Grimalt; la diputada nacional mandato cumplido Araceli Ferreyra, y Ana Hernández, de la Red de periodistas con perspectiva de género. El panel de intelectuales, “Haciendo el presente para construir el futuro”, estuvo compuesto por el filósofo Ricardo Forster, el sociólogo Nahuel Sosa, Remo Carlotto y el filósofo Juan Gianni.

La diputada nacional Carolina Gaillard (FdT), quien participó del encuentro “albertista” entre funcionarios y militantes organizado por Agustín Rossi en Rosario el pasado fin de semana, defendió este martes al ministro de Economía, Martín Guzmán, y además enfatizó que este “es un momento que requiere la fuerza de toda la coalición gobernante apoyando al presidente”.

Sobre las declaraciones de Guzmán, quien afirmó que gestionará “con gente alineada al programa económico”, la legisladora señaló: “Por supuesto necesitas funcionarios que apliquen las medidas que toma el ministro, si no no hay Gobierno que funcione. Si tenés subsecretarios o terceras líneas que contradicen lo que dice un ministro, no hay Gobierno que funcione en el mundo y ese es uno de los problemas que ha tenido nuestra coalición gobernante”.

“Yo confío en Guzmán, me parece un excelente ministro, creo que nos sacó de un problema enorme”, sostuvo la entrerriana, que agregó que “no es fácil negociar con el Fondo (Monetario Internacional), a nadie le gusta el Fondo, nadie quería volver al Fondo”, pero el ministro lo hizo “en las mejores condiciones” que se podían, consideró.

Para la oficialista, “hay que apostar en positivo y en futuro, y todos los funcionarios que sean de la cartera tienen que trabajar en esa línea. No podés tener funcionarios que estén contradiciendo las medidas. Y sí, claramente quien no está de acuerdo se tiene que ir y es algo que es ético y hasta de responsabilidad”.

“Es un momento que requiere la fuerza de toda la coalición gobernante apoyando al presidente para que pueda tomar las medidas necesarias en materia económica y salir de esta crisis”, remarcó y continuó: “Muchas veces la inestabilidad política le quita fuerza al Gobierno para poder ordenar la economía, porque la economía es certeza, previsibilidad”.

En diálogo con FM La Patriada, la diputada apuntó que “con nuestras peleas internas lo que hacemos es generar una inestabilidad que termina perjudicando”. Por eso, insistió que “es momento de fortalecer la unidad” y, así, “impedir que la derecha pueda gobernar en nuestro país”.

“Nos costó mucho asumir en 2019 con un Estado desguazado, megaendeudado. Costó muchísimo la pandemia”, recordó, para asegurar que ahora “las variables macroeconómicas están mejorando muchísimo. Sí sabemos que falta, falta llegar al sector de la economía informal, que ha perdido mucho poder adquisitivo y no llega a fin de mes, ni al 10 o 15 siquiera”.

En ese sentido, Gaillard mencionó que se evalúa “la posibilidad de implementar un ingreso básico universal”, y que Guzmán también habló de “un proyecto de ley que enviarían al Congreso para redistribuir la riqueza con impuestos progresivos”.

“Necesitamos tener todo el apoyo de todos los sectores de la coalición para poder llevar adelante estas políticas”, reiteró y opinó que “es un momento de máxima madurez política, máxima generosidad y máxima inteligencia para que no vuelva a ganar la derecha en 2023”.

Se presentó este martes en Diputados la nueva ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS). El proyecto, fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, fue presentado por la entrerriana Carolina Gaillard y acompañado por más de 50 diputados y diputadas de todos los bloques políticos. Daniel Gollan, Maximiliano Ferraro, Myriam Bregman, Cecilia Moreau y Romina del Pla estuvieron entre los oradores que acompañaron a Gaillard en la presentación de la iniciativa.

En diciembre pasado, el proyecto había recibido dictamen de comisiones e incluso formó parte del temario de sesiones extraordinarias, pero finalmente no se trató. La actividad, se realizó a en la sala del segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja.

“Hoy volvemos a presentar un proyecto de ley que es el fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, para dar respuesta integral al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. Esta iniciativa contempla un abordaje integral, interseccional e intersectorial, que no se limita a la salud, sino que también prevé la protección social a las personas que padecen estas patologías, trabajando para erradicar el estigma y la discriminación, y garantizando derechos para esta población que ha sido vulnerada por años”, explicó Gaillard al inicio de la actividad.

En ese sentido, resaltó: “Es una ley con mirada interdisciplinaria, con enfoque de derechos y perspectiva de género, que tiene la fuerza del amplio consenso de todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados. La cuarta es la vencida, después de frustrados intentos de tratamiento”, y junto a las organizaciones y diputados presentes, pidió la sanción urgente e inmediata de la ley.

Gollan, firmante del proyecto, destacó que “esta ley da una respuesta integral, interdisciplinaria e interseccional. Además, por la atención a personas gestantes, el proyecto tiene perspectiva de género. Ni bien estén conformadas las comisiones de salud y presupuesto, nos comprometemos a tratar y aprobar este proyecto. Que sea ley en abril”.

Alberto Stella, director de ONUSIDA para el Conosur, subrayó que “este proyecto ampara al ciudadano en la universalización de derechos humanos, debido al fuerte componente de protección social que brinda. No hay motivos para oponerse a su aprobación. A partir de la participación de la sociedad civil, Argentina es vanguardia en ampliación de derechos”.

En tanto, Victoria Donda, presidenta del INADI, afirmó que “el proyecto salva vidas, no podemos esperar más. Trece personas por día mueren por causas evitables relacionadas con estas enfermedades en nuestro país. En esta sociedad hay un pueblo que hace avanzar este proyecto. Desde INADI vamos a apoyarlo para que sea una realidad”.

¿Qué dice el proyecto?

La nueva ley de VIH establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. En este sentido, toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal. Además, el proyecto promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y veinte años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los cincuenta años de edad.

El proyecto también promueve  la capacitación, la investigación, la difusión de campañas masivas, y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, cuya integración debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros; y un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.

En la presentación que se realizó en Diputados participaron representantes del Ministerio de Salud de la Nación, representantes de ANSES, diputados y diputadas firmantes, miembros de la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP), de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), de la Red Bonaerense de Personas con VIH, de la Asociación Ciclo Positivo, de ICW Argentina, de la Fundación HCV Sin Fronteras, de Act Up Argentina, de la Red de Adultos Positivos +30, de la Secretaría de VIH de la Federación Argentina LGBT, de Bs As 3D, de Aids Health Foundation (AHF), y de Nexo Asociación Civil, entre otras.

El proyecto de ley, que lleva el número 304-D-2022, fue acompañado por los diputados y diputadas Daniel Gollan, Myriam Bregman, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospennato, Margarita Stolbizer, Juan Manuel López, Gabriela Lena, Mara Brawer, Leonardo Grosso,  Mónica Macha, Cecilia Moreau, Florencia Lampreabe, Gabriela Estévez, Blanca Osuna,  Romina del Pla, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Itaí Hagman, Marcela Passo, Estela Neder, Mónica Litza, Paola Vessvessian, Pamela Calletti, Susana Landriscini, Lía Verónica Caliva, Hilda  Aguirre, Nancy Sand, María Rosa Martínez, Tanya Bertoldi, María Eugenia Alianiello, Agustina Propato, Graciela Caselles, Fabián Borda, Cristina Brítez, Gabriela Pedrali, Carolina Yutrovic, Mabel Luisa Caparros, Estela Hernández, Alicia Aparicio, Anahí Costa, Carlos Cisneros, Mónica Fein, Eduardo Toniolli, Alejandra Del Huerto Obeid, María Lucila Masin, Tomas Ledesma, Natalia Zaracho, Vanesa Laura Massetani, Camila Crescimbeni, Magalí Mastaler y Brenda Magali Vargas Matyi.

Luego que la diputada Carolina Gaillard (FdT) representara el proyecto a comienzos de marzo, este martes 29 se realizará, junto a representantes de organizaciones, la presentación del proyecto de una nueva ley de repuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual.

Al comienzo de un nuevo período ordinario, y con apoyo de 50 diputados y diputadas, la iniciativa se volvió a presentar, dado que había perdido estado parlamentario.

En diciembre pasado, el proyecto había recibido dictamen de comisiones e incluso formó parte del temario de sesiones extraordinarias, pero finalmente no se trató.

La actividad, que se realizará a partir de las 11 en la sala del segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, contará con la participación de Alberto Stella, director de ONUSIDA para el Conosur; Victoria Donda, presidenta del INADI; referentes del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y Hepatitis Virales; representantes del Ministerio de Salud de la Nación; representantes de la ANSeS; y diputados y diputadas firmantes.

“Este proyecto implica un cambio de paradigma en el abordaje de las respuestas que el Estado debe brindar a las personas afectadas, que no se reduce al campo biomédico, sino que involucra apoyos de asistencia social, legal, laboral, de la seguridad social, educativos, y aquellos vinculados a las relaciones de consumo y los servicios públicos”, detalló Gaillard.

La legisladora entrerriana recordó que el texto “es el resultado de años de trabajo articulado entre las organizaciones y redes de personas con VIH, los organismos estatales involucrados y las comisiones de la Cámara de Diputados”.

El proyecto de ley establece el acceso universal y gratuito a la salud, pública y privada, quienes están obligadas a brindar asistencia integral, universal, gratuita, a las personas expuestas y/o afectadas por el VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis, y establece que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial, y universal.

También promueve la capacitación, la investigación, la difusión de campañas masivas, y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, cuya integración debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros; y un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas. El mismo funcionará en la órbita del INADI.

Otro aspecto importante es la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, así como una Pensión No Contributiva de carácter vitalicio y no contributivo, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad.

El presidente Alberto Fernández arribó este viernes por la mañana junto a su comitiva oficial al aeropuerto internacional Arturo Merino, en Santiago de Chile, para participar de la ceremonia de traspaso de mando en la que Gabriel Boric Font asumirá la presidencia de ese país de manos del mandatario saliente, Sebastián Piñera.

La delegación que acompaña al je​fe de Estado está integrada por el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; y Seguridad, Aníbal Fernández; de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y Salud, Carla Vizzotti; y la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti.

También forman parte los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda; la asesora presidencial Dora Barrancos; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la integrante de esa misma asociación Buscarita Roa.

Cuatro diputados nacionales oficialistas integran la comitiva: Ana Carolina Gaillard, María Liliana Paponet, Victoria Tolosa Paz y Leonardo Grosso.

“Gabriel Boric es representativo de nuestra generación y es muy importante para el pueblo chileno, porque viene a revertir años de políticas neoliberales que generaron desigualdad e inequidad en el país hermano”, afirmó la diputada entrerriana Carolina Gaillard.

“El momento que está atravesando América Latina es muy valioso. Gabriel Boric es representativo de nuestra generación y es muy importante para el pueblo chileno, porque viene a revertir años de políticas neoliberales que generaron desigualdad e inequidad en el país hermano”, indicó Gaillard. Y agregó que “con Gabriel Boric entra a la Casa de la Moneda el pueblo chileno, por lo que es un honor para mí poder integrar la comitiva”.

La diputada nacional Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos) re-presentó el proyecto de la nueva ley de VIH, que busca dar una respuesta integral a personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual.

El texto cuenta con apoyo de todos los bloques políticos: lleva las firmas de más de 40 diputados de todos los sectores. “Este proyecto es el resultado de años de trabajo articulado entre las organizaciones y redes de personas con VIH, los organismos estatales involucrados y las comisiones de la Cámara de Diputados”, explicó la legisladora entrerriana.

El proyecto, promovido por organizaciones sociales que consolidaron un frente en procura de una nueva legislación para el abordaje de estas condiciones de salud desde una perspectiva de derechos humanos, busca establecer el interés público en relación a la respuesta integral e intersectorial para el abordaje por infección por VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como también la tuberculosis (TBC). Esto comprende el acceso universal, y gratuito a medicamentos, vacunas, procedimientos y productos médicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura del VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis, así como la disponibilidad de formulaciones pediátricas para VIH, hepatitis virales, otras ITS, y la tuberculosis.

De este modo, el proyecto implica un cambio de paradigma en el abordaje de las respuestas que el Estado debe brindar a las personas afectadas, que no se reduce al campo biomédico, sino que involucra apoyos y dispositivos de asistencia social, legal, laboral, de la seguridad social, educativos, y aquellos vinculados a las relaciones de consumo y los servicios públicos.

“Venimos trabajando con las organizaciones, con referentes y es muy claro y contundente que debemos legislar para garantizar derechos que se sintetizan en el acceso a la salud”, señaló Gaillard, autora del proyecto. En este sentido, la ley propicia la participación activa de las personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis en la elaboración de los lineamientos para el diseño e implementación de las políticas públicas, en cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país.

“Entendemos que una respuesta integral e intersectorial está basada en la estrategia de la atención primaria de salud y garantiza la investigación, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la cura, la asistencia desde un enfoque interdisciplinario -tanto a nivel social, legal, psicológico, médico y farmacológico- y por supuesto interviene en políticas que busquen reducir riesgos, trabajar sobre cuestiones que debemos desterrar como son el estigma, la discriminación y la criminalización hacia las personas”, explicó la diputada entrerriana para reivindicar que la ley comprende, además, los cuidados paliativos y la rehabilitación de estas patologías.

“Las obras sociales y todos aquellos organismos comprendidos en el sistema de salud público y privado deberán articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para la atención de las personas con este tipo de afecciones para garantizar la atención completa como lo establece esta ley”, agregó la legisladora nacional.

El proyecto de ley establece el acceso universal y gratuito a la salud, pública y privada, quienes están obligadas a brindar asistencia integral, universal, gratuita, a las personas expuestas y/o afectadas por el VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis, y establece que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial, y universal. También promueve la capacitación, la investigación, la difusión de campañas masivas, y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, cuya integración debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros; y un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas. El mismo funcionará en la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

El proyecto, además, prohíbe categóricamente las pruebas médicas para detectar estas enfermedades en los exámenes preocupacionales y prevé políticas afirmativas para la empleabilidad de personas afectadas, así como contiene disposiciones especiales para las mujeres y personas gestantes con VIH, previendo la atención integral durante su embarazo, garantizando la atención integral durante todo el proceso gestacional y post parto, y contemplando el acceso a la leche de fórmula, para los hijos e hijas de personas con HIV, durante los primeros 18 meses.

Otro aspecto particular de esta ley es la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, así como una Pensión No Contributiva de carácter vitalicio y no contributivo, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad.

“El proyecto de ley es el resultado de años de trabajo productivo y articulado entre los distintos sectores involucrados en respuesta a las epidemias del VIH, el sida y las hepatitis virales. Este proceso ha sido iniciado en abril de 2014 por el Área de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC del Ministerio de Salud de la Nación, y luego fue desarrollado por las organizaciones y redes de personas con VIH de nivel local, nacional y regional, como también redes de personas con hepatitis y otras organizaciones que trabajan la temática de programas jurisdiccionales de VIH y hepatitis, las sociedades científicas, organizaciones con trabajo en la salud pública, movimientos sociales y organizaciones con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos”, detalló Gaillard, quien destacó el  asesoramiento técnico de agencias del Sistema de Naciones Unidas con trabajo en VIH.

“Venimos a proponer una reforma integral a una ley que cumple exactamente 30 años, y que con el transcurrir del tiempo y el devenir de las experiencias vivenciadas y compartidas por las personas con VIH de nuestro país, se hizo evidente que no podía ser abordada ni tratada solamente como una problemática de salud, requiriendo intervenciones interdisciplinarias”, concluyó Gaillard, ponderando el trabajo de las organizaciones sociales, científicas y referentes en el tema que han impulsado la iniciativa que este jueves fue presentada en el Congreso de la Nación.

El proyecto de ley fue acompañado por los diputados Daniel Gollan, Cecilia Moreau, Gabriela Estévez, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospennato, Myriam Bregman, Leonardo Grosso, Gabriela Lena, Mara Brawer, Mónica Macha, Blanca Osuna, Romina Del Pla, Nicolás Del Caño, Enrique Estévez, Itaí Hagman, Jimena López, Marcela Passo, Estela Neder, Mónica Litza, Marcela Vessvessian, Pamela Calletti, Graciela Landriscini, Verónica Caliva, Hilda Aguirre, Nancy Sand, María Martínez, Tanya Bertoldi,  María Allianiello, Varinia Marín, Agustina Propato, Graciela Caselles, Fabián Borda, Cristina Brítez, Gabriela Pedrali, Jorge Romero, Alejandro Vilca, Carolina Yutrovic, Mabel Caparrós, Estela Hernández, Alicia Aparicio y Alejandra del Huerto Obeid.

0304-D-2022

La causa sobre droga adulterada ocurrido en Puerta 8 en Loma Hermosa abrió nuevamente el debate sobre el consumo de estupefacientes, lo cual impulsó a un grupo de diputados del Frente de Todos, encabezados por Carolina Gaillard (Entre Ríos), a presentar un proyecto de ley para despenalizar el consumo personal. Sobre el tema, la legisladora manifestó que la Ley vigente es “un modelo vetusto”, y remarcó que el Estado debe acompañar tanto al usuario consumidor como al adicto.

En declaraciones a Somos Radio, Gaillard manifestó: “Nosotros venimos trabajando desde el 2021 sobre este tema y no lo presentamos el año pasado al proyecto porque perdía estado parlamentario. Como ocurrió este de Puerta 8 entendimos que era la oportunidad de instalar el debate que es un tema que muchas veces la política mira para otro lado y hay mucha hipocresía. La verdad es que creo que la sociedad está demandando un debate serio sobre el tema”.

“La modificación de la Ley Penal de Estupefacientes ya tiene más de 30 años y un modelo muy anacrónico y vetusto que es el del prohibicionismo. El consumo está y existe, si bien todos coincidimos en que hay que trabajar en políticas de prevención cuando el consumo se da no podemos penalizar al consumidor como hace la Ley penal”, sostuvo la diputada y remarcó: “Si bien la Corte ya dijo que el consumo personal no debe esta penalizado y es inconstitucional hacerlo, se sigue criminalizando a los usuarios”.

En tanto, consideró: “Creemos que debe haber una mirada de salud pública, con un enfoque de protección de la salud pública por sobre el enfoque represivo y que el usuario consumidor tiene que sentirse acompañado por el Estado que es quien toma la decisión de hacer uso en el sentido de saber qué sustancias se consumen lo que se conoce como Política de Reducción de Daño”, y precisó: “Por otra parte, el adicto que tiene una enfermedad no puede ser considerado un delincuente, tiene que ser acompañado por el Estado y no criminalizado”.

Respecto al rol de la policía con el combate al narcotráfico, apuntó: “Hay dos políticas que fracasaron, una es la de la guerra contra las drogas porque el Estado invierte muchísimo dinero en combatir el narcotráfico y termina cooptando las estructuras estatales y termina siendo una política que fracasó, lo dice Colombia que es un país que más ha sufrido el narcotráfico”.

“Hay que adoptar estrategias diferentes para combatirlo. Algunos países han legalizado y lo que han logrado es disminuir la tasa del delito, como Uruguay”, aseguró Gaillard y agregó: “Con la prohibición no vamos a lograr que se consuma menos, con la despenalización lo que se va a lograr es que haya un Estado más presente y que por supuesto planteamos la siembra y legalización de la marihuana para consumo personal, eso ayuda a que el consumidor no vaya a buscar al dealer, es una manera de desalentar el consumo de droga dura”.

En ese contexto, cuestionó las políticas llevadas a cabo por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich: “Es importante trabajar con estrategias diferentes a la política de guerra que pregonó Bullrich durante los cuatro años de gestión macrista y nunca tuvo ningún resultado”, y sumó: “La persecución penal debe dejar de estar en el consumidor y pasar a estar en el narcotraficante serio, no los perejiles que se aprensan cuando se encuentra droga. Los narcos no están en barrios pobres, la persecución debe estar en los narcos grandes y no en los pequeños eslabones que caen en este tipo de situaciones”.

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el periodo entre el 1 y el 28 de febrero, donde tendrán tratamiento entre otros proyectos de ley, el que da marco legal para el desarrollo productivo del cannabis medicinal y del cañamo industrial y la nueva ley de VIH, ambos impulsados por la diputada entrerriana Carolina Gaillard.  

“Estamos muy contentos que se hayan incorporado tanto cannabis como la nueva ley de VIH, porque entendemos que son dos leyes que vienen a garantizar derechos, a generar oportunidades, fundamentalmente, en lo que respecta al derecho a la salud”, expresó la legisladora al respecto.  

“El marco legal para desarrollo productivo del cannabis medicinal viene a generar las condiciones para el desarrollo de una industria que garantice productos seguros y de calidad de cannabis y sus derivados, y el acceso a la población a estos productos”, señaló Gaillard y remarcó la creación de puestos de trabajo, y el desarrollo científico tecnológico que agrega valor. 

Otro tema sobre el que viene trabajando la legisladora será tratado en extraordinarias: se trata del proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC). 

En relación a este proyecto la diputada indicó que “es un gran logro de las organizaciones que actualiza la vieja ley de sida, consagrando derechos para los pacientes, no sólo de VIH sino también de hepatitis virales y tuberculosis”. 

“Ambos proyectos fueron analizados y debatidos con organizaciones y referentes, para tener una mirada integral que garanticen derechos”, explicó Gaillard, y consideró que “es un gran avance en materia de derechos”. 

Posiciones encontradas se expusieron luego de oficializarse la convocatoria del Congreso de la Nación a sesionar durante el mes de febrero.

Desde la oposición, la diputada santafesina Ximena García hizo hincapié en el faltante del decreto: “Los humedales no son una prioridad para este gobierno. El temario enviado por el PE para las sesiones extraordinarias no incluyó este proyecto, por lo que deberemos comenzar nuevamente el proceso para lograr que sea ley”.

Para el diputado libertario José Luis Espert, el decreto incluye 18 temas de los cuales “uno solo es urgente”, en referencia al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. “Decidir una nueva conformación del Consejo de la Magistratura que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema el 16-12-2021 por considerar que se ha alterado el equilibrio entre los distintos estamentos que lo componen (en criollo, la ley K Nº 26.080 del 22-02-2006 la llenó de políticos). El resto de los temas no son para extraordinarias y es grave la omisión del acuerdo con el FMI en el temario. Era lo más urgente”, expresó.

El socialista Enrique Estévez también mencionó que el temario no incluye “la tan necesaria y cajoneada Ley de Humedales”, y agregó: “Esperamos que el ministro de Ambiente Juan Cabandié esté a la altura y pida por su incorporación. No hay tiempo para doble discurso”.

Desde la pantalla de La Nación+, la diputada de Juntos por el Cambio Sabrina Ajmechet expresó: “El llamado a extraordinarias no tiene ninguna empatía con el ciudadano común. Tenemos un escenario en donde no hay un plan para resolver ninguno de los problemas que tenemos. ¿Por qué en vez de discutir los problemas de la vicepresidenta con la justicia no discutimos los problemas que afectan a la gente? Por decir alguno, la ley de alquileres. Y en este largo temario, a 30 días de empezar las clases, no hay ni un solo proyecto para recuperar a los 500 mil chicos que abandonaron la escuela”.

Oficialistas

Desde el Frente de Todos, la diputada Carolina Gaillard celebró que el presidente haya incluido en el temario el marco regulatorio para Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, como así también la nueva ley de VIH.

A su vez, el diputado Nicolás Rodríguez Saá felicitó al intendente de Pilar Federico Achával, “por tu incansable esfuerzo por concretar lo que está tan cerca de hacerse realidad Universidad Nacional de Pilar. ¡Ya entró en temario de extraordinarias!”.

https://twitter.com/RodriguezSaaN/status/1486137831542116355?s=20

Los diputados nacionales electos Rogelio Frigerio, Marcela Antola y Pedro Galimberti de Juntos por Entre Ríos, y Carolina Gaillard del Frente de Todos recibieron los correspondientes diplomas de parte de la Junta Electoral Nacional. 

La ceremonia se llevó a cabo en la Sala de Audiencias “Juan Bautista Alberdi” de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, y no contó con la presencia del también electo diputado Enrique Tomás Cresto, que había encabezado la lista del frente que gobierna en la provincia.

Tras la entrega de los diplomas, el exministro Rogelio Frigerio dijo estar honrado por haber sido elegido por el pueblo entrerriano para representarlo en el Congreso de la Nación: “Espero estar a la altura de las circunstancias y de las expectativas que se están generando en la provincia sobre un futuro mejor. Esperamos no defraudar. Vamos a trabajar incansablemente para estar a la altura de las expectativas que, entendemos, hay en el pueblo entrerriano”, expresó. 

Por su parte, Gaillard consideró que “en esta etapa es fundamental -más allá de la reactivación económica- la recuperación emocional de una sociedad golpeada por dos años de pandemia. Voy a trabajar fuertemente para que las áreas de salud mental del sistema público sean fortalecidas para que la ciudadanía pueda tener una atención integral. Vamos a legislar para mejorar la calidad de vida de la gente”. 

La provincia de Entre Ríos cuenta con nueve diputados nacionales, dos oficialistas y tres de Juntos por el Cambio. En caso de repetirse el 14 de noviembre los resultados de las PASO, que ganó con amplitud la principal oposición, cada espacio conservará las bancas que arriesga.

El Frente de Todos pone en juego las bancas de Ana Carolina Gaillard y Mayda Cresto, en tanto que Juntos por el Cambio arriesga las de los radicales Atilio Benedetti y Jorge Lacoste, y la de Alicia Fregonese, del Pro.

El 10 de diciembre se les vence el mandato a Mayda Cresto y Carolina Gaillard, del Frente de Todos, y a los radicales Atilio Benedetti y Jorge Lacoste, más Alicia Fregonese, del Pro. De todos ellos, Gaillard es la que tendría asegurado un nuevo período, mientras que Benedetti figura en la lista de Juntos por el Cambio, mas en un puesto lejano.

Los candidatos que postula el Frente de Todos son el senador provincial Enrique Tomás Cresto, quien ha sido intendente de Concordia, como así también diputado provincial; la diputada Carolina Gaillard; Tomás Ledesma, de La Cámpora y coordinador de Asuntos Municipales para la Región Centro; y Brenda Jacqueline Ulman Heffling,subsecretaria de la Juventud de la Provincia.

Por su parte, Juntos por el Cambio lleva como candidatos al exministro del Interior Rogelio Frigerio; Marcela Artola, actual concejal por el radicalismo, de profesión comerciante y oriunda de Gualeguay; el intendente de Chajarí Pedro Galimberti (UCR); y Nancy Mariana Ballejos, militante del Pro de Concordia, que fue coordinadora de Centros de Frontera Mesopotamia Sur durante la gestión de Cambiemos. El quinto de la lista de Juntos por el cambio en esa provincia es, como dijimos, el actual diputado Atilio Benedetti. Como se eligen cinco diputados el 14 de noviembre, es imposible que sea reelecto. Pero en el caso de que Rogelio Frigerio sea electo gobernador en 2023 y este año ingresen tres diputados de JxC, por la paridad de género será quien complete el mandato del exministro de Cambiemos.

En Entre Ríos compiten también como candidatos Federico Demarchi (Movimiento al Socialismo); Nadia Gisel Burgos (Nueva Izquierda); Miriam Beatriz Müller (Partido Conservador Popular); Lucía “Luchi” Varisco (Partido Fe); y Juan Manuel Rossi (Partido Socialista).

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con el dictamen de un proyecto de una nueva Ley de SIDA, que se trata de derogar la vigente N°23.798, y asimismo incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Además de mantener la garantía del tratamiento en forma gratuita para todos los pacientes, esta iniciativa incorpora nuevos derechos previsionales, como jubilación anticipada o prestaciones especiales para quienes padezcan estas enfermedades.

Al exponer sobre el proyecto, la diputada Carolina Gaillard (FdT) destacó que la iniciativa fue trabajada en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica, y repasó los antecedentes de propuestas que se presentaron anteriormente.

Autora de uno de los textos, la entrerriana señaló que esta nueva ley tiene “un enfoque diferente a la Ley de SIDA que tiene nuestro país, que es una ley que tiene más de 20 años” y que, si bien fue un gran paso, posee “una mirada un tanto biologicista”.

Además, la legisladora enfatizó que la “novedad” es que se contemplará “a las hepatitis virales y a las infecciones de transmisión sexual”, de modo de “atender de manera integral estas enfermedades”.

Entre los puntos destacados que mencionó, la oficialista expresó que en el proyecto se plantea que “las personas que padezcan estas enfermedades puedan jubilarse a los 50 años y que puedan acceder a las pensiones no contributivas cuando cobren por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil”.

Gaillard resaltó que el VIH es una enfermedad crónica y “estas poblaciones sufren muchos prejuicios y la estigmatización”, por eso “hay una alta informalidad, lo que impide que tengan la cobertura social para poder llevar adelante sus tratamientos”. “Se busca que el Estado tenga la obligatoriedad de garantizar los tratamientos”, agregó.

También enumeró que la iniciativa incluye que la prueba para el diagnóstico del SIDA esté acompañada de una consejería, y un fondo de fortalecimiento para financiar a las organizaciones que trabajan en la temática, entre otros aspectos.

Al concluir, la diputada explicó que se arribó a un consenso para mencionar en el proyecto “de manera genérica a las poblaciones de extrema vulnerabilidad” y no individualizarlas, como en el texto original figuraban, entre ellas, las/os trabajadoras/es sexuales o personas en situación de prostitución, porque “es un debate que todavía no ha sido saldado por el feminismo”. Sobre eso se expresaron luego sus pares Mara Brawer y Mónica Macha (FdT).

El proyecto declara de interés público y nacional la respuesta integral e intersectorial a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

De acuerdo a la iniciativa, se garantiza la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc.-; se prohíbe la realización de la prueba diagnóstico de estas enfermedades en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral; y se aclara que “las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por estos motivos”.

Entre otros puntos, indica que “todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tiene derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses”.

En lo referido a la prueba diagnóstico, ésta podrá ser: voluntaria, sólo puede efectuarse con el consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial, tanto la prueba como el resultado de la misma; universal, para toda persona que la solicite; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test, en un marco que garantice la correcta vinculación de la persona diagnosticada con los sistemas de salud.

En medio del impulso que el oficialismo le quiere dar al debate de la legalización de la marihuana para uso recreativo, tema que se metió en la campaña y sobre el cual el presidente Alberto Fernández se manifestó a favor, la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT) opinó este viernes que “la legalización de las drogas es la única manera de combatir el narcotráfico”.

La entrerriana, precandidata a renovar su banca en las próximas elecciones, resaltó que “la guerra contra las drogas fracasó en el mundo”, por eso “necesitamos un Estado que acompañe, no que criminalice y castigue a los usuarios, y que sea efectivo en desbaratar el narcotráfico que destroza vidas y familias”.

En su cuenta de Twitter, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja aseguró que “no es verdad que en nuestro país no hay presos por tenencia personal, la mayor parte de causas y detenidos está vinculado a ello”.

“Es más, muchos usuarios medicinales aún inscriptos en Reprocann”, el Registro Nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos, y “con permiso han sido allanados”, subrayó la oficialista.

Y finalizó: “Por eso es imprescindible despenalizar”.

Por otra parte no es verdad que en nuestro país no hay presos por tenencia personal,la mayor parte de causas y detenidos está vinculado a ello. Es más muchos usuarios medicinales aún inscriptos en Reprocann y con permiso han sido allanados.Por eso es imprescindible despenalizar.

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) September 3, 2021

La diputada nacional Carolina Gaillard (Frente de Todos), quien buscará renovar su banca en las próximas legislativas, consideró que en las elecciones de este año “se juegan dos modelos de país” y apuntó contra Rogelio Frigerio, exfuncionario macrista que es precandidato a diputado nacional por Entre Ríos en la boleta de Juntos por el Cambio.

Para la legisladora, en los comicios se podrá “votar el futuro, que somos nosotros, de la mano de (Gustavo) Bordet y (Alberto) Fernández, con un Estado presente, garantizando oportunidades para todos y todas; o se juega volver al pasado que es (Mauricio) Macri, porque el principal candidato en Entre Ríos es Rogelio Frigerio”.

En esa misma línea, la oficialista aseguró que Juntos “no está debatiendo propuestas” y cargó contra Frigerio por haber hecho “un cambio de domicilio” y “pretender trabajar por un Entre Ríos mejor”, pero cuando fue ministro del Interior “fue responsable de castigar a nuestra provincia, porque no se construyó una sola vivienda con fondos nacionales siendo que era la cartera que estaba a su cargo. No ha cumplido con lo que prometió en su momento”, apuntó.

La entrerriana resaltó que durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos, las obras que debían finalizarse en el Hospital de la Baxada de Paraná y la autovía de la Ruta Nacional 18 estuvieron paradas. “Los entrerrianos tienen memoria que durante los cuatro años de Macri se paralizaron las obras de viviendas y se llevó adelante un tarifazo”, indicó.

En tanto, destacó que con el gobierno actual, tanto provincial como nacional, se reactivaron esas obras y de viviendas. “Esas son las obras que queremos, y pretendemos que los entrerrianos nos acompañen para fortalecer nuestro vínculo con el Gobierno nacional”, agregó en diálogo con FM La Patriada.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados se refirió al proyecto de ley de marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. “El gobernador Gustavo Bordet estableció que sea una política pública” en la provincia, subrayó y explicó que “Entre Ríos, además de haber adherido a la ley nacional del cannabis, tiene una ley propia de regulación con una mirada de perspectiva de derechos”.

Asimismo, definió que este nuevo marco legal “es muy necesario y muy urgente que se sancione para poder permitir el desarrollo productivo” en todas las provincias del país.

“Va a diversificar la matriz productiva y además va a generar muchos puestos de trabajo”, aseveró y contó que la provincia también trabaja “para que los laboratorios puedan hacer testeos y control de calidad de las sustancias”.

La diputada nacional Gabriela Lena (Juntos por el Cambio-Entre Ríos) tildó a los dichos de la diputada Carolina Gaillard de “falacia”, en relación a la exposición de la legisladora oficialista durante la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción y Salud Pública de este jueves en la cual se firmó dictamen para la ley de emergencia Covid. 

La diputada oficialista había expuesto: “La población argentina necesita que los cuidemos; no necesita que estemos preocupados en el republicanismo. ¿Dónde queda el republicanismo si la gente se está muriendo?”. Lena, por su lado, le recriminó: “Es una falacia proponer la antinomia república-salud, como ha hecho la diputada Carolina Gaillard. Porque sin república no hay derechos, y sin derechos no hay salud, no hay educación ni libertades”.

“No se puede hablar de federalismo y no respetar la Constitución Nacional y los gobiernos democráticamente elegidos por los ciudadanos. Plantear superpoderes para el Presidente no tiene nada que ver con cuidar la salud de los argentinos”, subrayó la legisladora entrerriana.

Lena coincidió con Gaillard “en que el Estado Nacional tiene como obligación preservar la vida y la salud de los argentinos”, pero aclaró: “Para ello ya cuenta con todos los instrumentos legales y constitucionales necesarios.

“El Congreso está funcionando con normalidad y la prueba está en las leyes que se vienen sancionando. ¿Por qué entonces se pretende delegar funciones legislativas al Poder Ejecutivo? ¿Será para avasallar las autonomías de los distritos y las provincias e imponer medidas no consensuadas como pretendió hacer en CABA con la suspensión de las clases?”, se preguntó la diputada. “Siempre nos debe importar el republicanismo. Más aún en momentos de graves crisis como la que estamos atravesando”, concluyó Lena.

Los diputados Carolina Gaillard y Nicolás Rodríguez Saá, ambos del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, se contagiaron de Covid-19 y se encuentran aislados junto a Felipe, el hijo que tienen en común.

Gaillard dio a conocer la noticia a través de Twitter, donde comentó que se realizó un hisopado debido a que padecía algunos síntomas.

“Quiero contarles que me realice un hisopado porque tenía algunos síntomas y me informaron del resultado positivo. Estamos aislados con @RodriguezSaaN y Felipe siguiendo el protocolo establecido. Sigamos cuidándonos y respetando las medidas y recomendaciones sanitarias”, escribió la legisladora.

Luego su pareja, el también diputado Rodríguez Saá, agregó: “Di Covid positivo, al igual que Carito y Felipe, mi hijo. Estamos aislados, tengamos cuidado que esta cepa nueva es muy contagiosa! #Sigamos Cuidándonos”.

Quiero contarles que me realice un hisopado porque tenía algunos síntomas y me informaron del resultado positivo.

Estamos aislados con @RodriguezSaaN y Felipe siguiendo el protocolo establecido. Sigamos cuidándonos y respetando las medidas y recomendaciones sanitarias.

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) March 15, 2021

https://twitter.com/RodriguezSaaN/status/1371548880593125377

Brawer también dio positivo

Otra diputada del oficialismo, Mara Brawer, también anunció este lunes que contrajo coronavirus.

“Quiero contarles que me realicé un hisopado porque tenía algunos síntomas y me informaron del resultado positivo. Voy a estar aislada siguiendo el protocolo establecido. Sigamos cuidándonos y respetando las medidas y recomendaciones sanitarias”, informó.

Quiero contarles que me realice un hisopado porque tenía algunos síntomas y me informaron del resultado positivo.

Voy a estar aislada siguiendo el protocolo establecido. Sigamos cuidándonos y respetando las medidas y recomendaciones sanitarias. pic.twitter.com/zrf4cBKAzu

— Mara Brawer (@MaraBrawer) March 15, 2021

La diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Legislación Penal en la Cámara baja, presentó un proyecto que busca modificar el Código Penal incorporando un artículo por el cual un agresor podrá ir preso cuando incumpla con la restricción perimetral impuesta en una causa por violencia de género.

En los fundamentos del proyecto señalan  que el caso de Úrsula Bahillo ha vuelto a hacer visible la problemática de la violencia de género y donde se puede ver claramente el incumplimiento de deberes de funcionario público, tanto policial como judicial, la nula evaluación de riesgo y/o peligro para las mujeres, y una completa falta de empatía por sus vidas.

“Sabemos que no todos los casos son iguales, que no se puede realizar una modificación legal para cada caso, pero observando el comportamiento de los servicios que debieran proteger a las mujeres, y no lo hacen, debemos avanzar más sobre sus acciones, ya que el deber ser de sus funciones no tienen impacto en la realidad”, explica el proyecto que establece sanciones de prisión para agresores que no cumplan con las restricciones establecidas por la justicia, y también para funcionarios que demoren o frenen la disposición de medidas de prevención.

En la redacción del proyecto, la legisladora por Entre Ríos  propone dos supuestos: el primero, que considera  la situación cuando la “desobediencia”  del agresor se produzca ante una  resolución judicial que tuviera por objeto una medida de restricción perimetral y/o exclusión del hogar en el marco de una denuncia por violencia de género o violencia familiar, en donde la pena será de 3 a 5 años de prisión.

En el segundo caso, se trata de aquellas situaciones donde la desobediencia  se dé frente a una resolución judicial que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona, en el marco de un proceso en el que existe una denuncia ya efectuada por violencia de género o violencia familiar, en la cual  la pena también será de 3 a 5 años de prisión.

Junto a sus pares Mónica Macha, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Jimena López, Victoria Rosso, Gisela Marziotta, Lucía Corpacci, Mayda Crespo, Blanca Osuna, Alcira Figueroa, Melina Delu, Graciela Landriscini, Estela Hernández, María Rosa Muñoz, María Rosa Martínez, Graciela Parola, Estela Hernández, Paola Vessvessian, Liliana Swindt, Nancy Sand, Mabel Caparros, Beba Soria, María Luisa Montoto y Nelly Daldovo, el proyecto de la diputada por Entre Ríos, incorpora además un párrafo en el marco del artículo 239 del Código Penal -Ley 11.179- en el cual se establece que será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.

Celeridad

El proyecto busca resolver la dilación que se produce en las causas que se tramitan por denuncias por violencia de género y establecer celeridad en la respuesta ante el incumplimiento de medidas de protección a las víctimas.

También el proyecto prevé los casos de desobediencia que puede cometer alguien denunciado por violencia de género, ante un incumplimiento que configure “desobediencia u otro delito o represente un peligro para la salud o para la vida de la víctima de violencia o la de sus hijos/as, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal en forma urgente y dentro del plazo de 24 horas”.

El proyecto, que ya tuvo ingreso formal en la Cámara de Diputados, dispone además  sanciones para el juez o la jueza que en las denuncias por hechos de violencia de género o de violencia familiar, “retardare maliciosamente la administración de la justicia después de haber sido requerido por las partes, y de vencidos los términos legales”.

Básicamente la norma se encuadra en el marco de  la ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales” que en su artículo 26 prevé la imposición de medidas urgentes “de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres”, encontrando en esa enunciación aquellas medidas que directamente se toman para proteger la vida y la integridad física de las mujeres y sus familias, explica el proyecto.

La diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, la diputada Mara Brawer y la senadora Anabel Fernández Sagasti,  para avanzar en el tratamiento legislativo de un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis en el país.

Gaillard, referente en la temática, realizó aportes al proyecto que autoridades nacionales enviarán  al Congreso en los próximos días y resaltó la importancia de la decisión política del presidente Alberto Fernández y su gabinete y para generar acuerdos para el desarrollo productivo en el país de la industria del cannabis.

La diputada nacional destacó además que hay varias empresas que quieren invertir en el sector medicinal e industrial, para lo cual es preciso que exista un marco que establezca claramente las condiciones y marcos legales.

El cannabis es una de las industrias con gran crecimiento a nivel internacional, no sólo en su aspecto medicinal, sino también por el cáñamo que puede utilizarse de manera industrial en la generación de bioplásticos, fibras para la industria textil y también para la construcción, de allí la importancia que tiene regular el despliegue de un sector que podría generar importantes ingresos en un país como Argentina con un perfil agroproductor por excelencia.

Al defender el proyecto de aborto legal este jueves, la diputada Carolina Gaillard hizo hincapié en el rol del Estado y habló de “un histórico para las mujeres de nuestro país”.

Al comienzo de su discurso, la entrerriana ponderó a militantes, a la “marea verde” y a la “decisión política” del presidente Alberto Fernández “que tomó la iniciativa de mandar este proyecto a este Congreso” y “tomó el tema como una política pública en materia de salud”.

“El Estado debía hacerse cargo, el Estado miró durante mucho tiempo para otro lado”, expresó y dijo que “murieron 3.000 mujeres desde la democracia hasta la fecha por aborto clandestino”.

Al precisar aspectos de la iniciativa, la titular de la Comisión de Legislación Penal señaló que se establece un “sistema mixto con causales” y “se adecuan algunos términos -del Código Penal-; y lo que se hace es legalizar la IVE en las primeras 14 semanas sin pena”.

Pero no solo se busca que la mujer no tenga pena, “sino que además pueda asistir a un centro de salud, pueda ser escuchada, le den herramientas, pueda decidir y esa decisión esté acompañada por profesionales”.

“(El proyecto) busca un Estado presente, ese Estado que estuvo ausente durante todos estos años y que es responsable de todas las muertes provocadas por aborto clandestino”, reiteró.

Gaillard aseveró que “no hay riesgo constitucional o convencional si aprobamos esta ley”, porque “estamos obligados por los tratados internacionales a garantizar la salud integral de la mujer”.

“Con este proyecto no vamos a promover el aborto, nadie está a favor del aborto, ninguna mujer se embaraza para abortar, es una situación absolutamente traumática”, remarcó.

Y argumentó que el objetivo es que esa mujer que “estuvo todos estos años en la más absoluta soledad” esté “acompañada por un Estado presente”.

“No van a pasar la historia los tibios, los que la surfeen, los que especulen, sino los que más se la jueguen, porque hay una sociedad que nos está pidiendo que nos hagamos cargo, hay un presidente que no mira para el costado, y toda una organización de mujeres y diputadas que trabajó en el 2018 y que hoy sigue unida”, concluyó.

La diputada nacional del FdT Carolina Gaillard se refirió a la agresión que sufrieron sus padres cuando un grupo antiderechos escrachó el frente de su domicilio en General Campos. 

“Grupos de militantes celestes aparecieron en la puerta de la panadería de mis padres con pancartas con mi cara por estar a favor del aborto. Esto reafirma mis convicciones”, señaló Gaillard y agregó: “Nunca es con violencia e intimidación siempre con debate político para fortalecer la democracia y allí debemos respetar las diferentes miradas que serán sintetizadas en leyes”. 

Para la legisladora siempre se debe garantizar un debate en el marco del respeto: “No corresponde el escrache en ningún caso por la posición que tenga, menos con mi familia”, explicó para añadir que de este modo “es triste y lamentable que los que dicen defender la vida se comporten de manera violenta y antidemocrática”.  

Gaillard se mostró agradecida con las innumerables muestras de apoyo de funcionarios y dirigentes del Gobierno provincial y nacional entre ellos, gobernador Gustavo Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta, la secretaria Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres Géneros y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Entre Ríos, entre muchas otras organizaciones, funcionarias y funcionarios, legisladoras y legisladores – incluso legisladores “celestes”- que dieron muestras de apoyo a la diputada Gaillard. 

La tranquila localidad de General Campos, en la provincia de Entre Ríos, se convulsionó en la tarde del domingo por un grupo de manifestantes celestes que, llegados de otras localidades de la provincia mesopotámica, se dieron cita para “alertar” al pueblo natal de la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos) sobre su posición por el aborto.

Los manifestantes, que en su mayoría eran jóvenes y pertenecen a varias organizaciones antiabortistas de Entre Ríos, a diferencia de otros “escraches” llegaron sin aviso ni convocatoria previa, alrededor de las 16, y permanecieron cerca de cuatro horas en el lugar. Durante ese tiempo recorrieron los barrios, entregando casa por casa y a cuanto curioso se acercaba unos volantes con el nombre y la imagen de la diputada, y una leyenda que indicaba: “¿Sabías que la diputada Carolina Gaillard votó por el aborto?”

Posteriormente se acercaron a la plaza central, donde realizaron un ruidoso acto, acompañado de bombos e instrumentos musicales, en el que se referían de forma reiterada al voto que Gaillard diera en 2018, y a su rol fundamental en el pretendido dictamen de comisiones, previo al tratamiento en el recinto.

La diputada nacional por la provincia de Entre Ríos votó en 2018 por el aborto, y actualmente preside una de las cuatro comisiones por las que se acordó que pasá el proyecto de despenalización del aborto enviado por el presidente Alberto Fernández. General Campos es una pequeña localidad de 3000 habitantes a 45 kilómetros de la ciudad de Concordia, en el medio de la provincia, donde la actual diputada vivió toda su infancia y adolescencia, y donde aún vive su familia: su padre es el conocido “panadero de General Campos”, a quien saludara Diego Maradona un tiempo atrás en atención a la cuarentena de Covid-19. Si bien Gaillard ya no vive en la localidad, los manifestantes eligieron su pueblo natal como epicentro de la movilización, generando gran malestar en otros diputados que ya salieron al cruce con cuestionamientos sobre “invasión de la vida privada”, y que se suman a los repudios anteriores a movilizaciones similares a la casa del diputado porteño Suarez Lastra, y de la bonaerense Laura Russo, quien tuvo que soportarla en la entrada al barrio cerrado donde ella vive, perturbando la paz de todos los vecinos.

Marta, una de las vecinas consultadas, afirmó estar sorprendida por la movilización: “Este es un pueblo muy tranquilo, aquí nunca pasa nada. Conozco a Carolina y a su familia de toda la vida, pero ella no vive más en el pueblo”. Con respecto al motivo del reclamo agregó: “No sabía esto que dicen (por su posición sobre el aborto), no tenía idea”.

Otro vecino, que prefirió no dar su nombre, aseguró: “Está bien que se informe a la gente, yo no la voté, pero no sabía que votó por el aborto. Acá nadie apoya eso, está bien que se informe, pero esta no es la forma, les pedí que bajen el volumen y no me hicieron caso”, se quejó finalmente.
Camila, una de las manifestantes de unos 24 años de edad, oriunda de la ciudad de Concordia, informó: “hoy venimos hasta acá para informar y alertar a los vecinos que la diputada Gaillard votó por el aborto. Con todos los vecinos que hemos conversado, apoyan la vida y no se sienten representados por Gaillard. No me parece justo que mañana vuelva a presentarse a elecciones y la gente desconozca que es lo que hace en Buenos Aires. Si es abortista, todos deben saberlo para elegir de acuerdo a sus convicciones. Soy entrerriana y los entrerrianos no apoyamos el aborto”, finalizó.

“El envío del proyecto de legalización del aborto para ser tratado en el Congreso nacional, expresa la voluntad de nuestro presidente Alberto Fernández y se trata de una decisión clave en materia de salud pública”, indicó la diputada nacional (FDT) y presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Carolina Gaillard.

Gaillard dijo que los datos indican que en el país se producen entre 370 mil y 520 mil abortos clandestinos por año, por lo cual aseguró que “existe una voluntad política de nuestro presidente, y es indispensable que el Congreso Nacional dé este debate para evitar que cientos de mujeres mueran por abortos clandestinos o sufran sus consecuencias”, sostuvo la diputada.

“Las consecuencias de los abortos clandestinos hace que aproximadamente 40 mil mujeres tengan que ser hospitalizadas por prácticas que lesionan para siempre sus cuerpos”, puntualizó y añadió que “la clandestinidad mata por eso es urgente debatir y sancionar la legalización para que el estado acompañe y proteja y no persiga y criminalicé a la mujer que decide interrumpir su embarazo”.

Las cifras y estudios de casos muestran que las tasas de mortalidad materna por abortos disminuyeron en países donde se ha legalizado esta práctica. Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) -hay más de 60 países en el mundo donde está permitido el aborto legalmente, por voluntad o solicitud de la mujer- y en algunos de ellos además, el número de abortos cayó en términos absolutos y relativos desde que se legalizó esta práctica. Así sucedió en España donde fue el aborto fue legalizado en 2010, mientras que en Portugal ocurrió lo mismo a partir de 2007. Dentro de la región el caso de Uruguay, donde el aborto es legal desde 2012, ocupa uno de los lugares con menor tasa de mortalidad materna en América.

“Era un compromiso que el presidente había anunciado en su campaña, que ahora se concreta y posibilita que el Congreso debata un tema que desde hace años viene siendo reclamado por las organizaciones de mujeres, especialmente por la Campaña por la legalización del Aborto, que con su lucha han permitido mantener en la agenda pública y que hoy esté cerca de ser tratado”, concluyó la diputada Gaillard.