Las diputadas nacionales Mónica Macha y Carolina Yutrovic presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia tarifaria por el plazo de un año en todo el territorio argentino.

En los fundamentos, explicaron que el texto propone “evitar que se concreten los aumentos de tarifas, a todas luces irrazonables y perniciosos, autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del comienzo del presente año, que se aplican a servicios públicos esenciales como la provisión de electricidad, agua corriente y gas”.

En tal sentido, señalaron que “los servicios públicos involucrados cumplen funciones sociales primordiales e irremplazables para enormes sectores de la población, cuya calidad de vida se ve drásticamente resentida”.

La propuesta incluye una audiencia pública y menciona que la autoridad de aplicación será dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.

Este proyecto de ley prevé una audiencia pública “de concurrencia obligatoria” para los representantes legales de las prestadoras de los servicios públicos nacionales de electricidad, gas y agua; de los entes de contralor de los mismos y de los funcionarios del Poder Ejecutivo a cargo de las áreas de gobierno involucradas con la temática.

Ante tanto atropello, sostenemos que ha llegado el momento de que este honorable Congreso establezca un límite razonable a la actividad del Poder Ejecutivo en materia de aumento de tarifas de servicios públicos esenciales para la vida, con el objeto preservar los derechos de la población”, concluyó el proyecto de ley.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside la fueguina Carolina Yutrovic, abordó este martes la desregulación energética, los ajustes tarifarios, los recortes de subsidios y el caso de los electrodependientes, con la participación de referentes de asociaciones de consumidores, organizaciones, instituciones y sindicatos que expusieron sobre las temáticas.

A modo introductorio, Yutrovic informó que la reunión se daba en el marco de las audiencias públicas sobre las modificaciones en el cuadro tarifario de energía eléctrica que viene desarrollando el Gobierno nacional con el “fin de visibilizar” la situación actual. “Creemos que las políticas energéticas no tienen que amenazar la supervivencia y la dignidad de la gente”, consideró.

El secretario General de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, señaló que “las audiencias públicas se hacen después de varios meses de aumentos permanentes de la luz, porque según el gobierno no es tarifa, es devolver subsidio; pero, nadie dice de cuanto es el subsidio”.

Representando a la Unión de Usuario y Consumidores, Claudio Boada y Fernanda Lacey, coincidieron en que “no es necesario en este momento seguir incrementando las tarifas” al remarcar que “no se sabe cuáles son los costos de la producción del gas”, los cuales están sobreestimados asegurando que “es consentir la pretensión de las grandes empresas productoras con la consecuencia de que el gas no solamente es para industria y residenciales, sino que es parte de la matriz energética”. Asimismo, se refirieron a que el gas natural aumentó 1200% el metro cúbico en el último año.

Mauro Stefanizzi, de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED), informó que “desde que asumió el Gobierno, el registro de electrodependientes, que es la entrada para poder tener estos derechos, se redujo entre un 37 y un 43%”. “Consideramos que la energía eléctrica es un derecho básico, no es un bien de lujo, no es una mercancía”, recalcó al rechazar todos los aumentos tarifarios que siguen impactando en las familias electrodependientes.

El presidente de Industriales PyMES Argentinos (IPA), Daniel Rosato, expresó que “estamos sufriendo las consecuencias por la falta de competitividad. Estamos tratando de competir en un mercado donde hoy se tomó la medida de abrir las importaciones en forma indiscriminada y competir con mercados como China, no solamente por los costos impositivos, sino también por el costo de la producción en energía”. “La industria no crece, decrece; y el Congreso tiene una gran fuerza para poder cambiar esto”, manifestó.

También expusieron, entre otros, Cecilia Garibotti, investigadora de la Fundación Encuentro; Enrique Pochat, vicepresidente de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA); Silvia Caprino, defensora del Pueblo de La Matanza; María Emilia Aladio y Ramiro Rossi, de la Defensoría del Pueblo de CABA; Fernando Notario Sosa, de la Defensoría del Pueblo de Formosa; Mariano Gastón Almeyda, de la Asociación Civil Centro de Estudios para la Ciudad; Natalia Salvo, de la Asociación de Abogados Laboralistas 7 de Julio; Juan Litwiller, secretario de Cooperativismo FGC (Federación Gráfica Bonaerense); Daniel López, de la Cooperativa Gráfica Vulcano; Alfredo Ragalli, de la Cooperativa COCTAL; Nicolás Malinovsky, del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología; Jorge Galati, extrabajador de SEGBA.

Lejos de encaminarse las relaciones entre el oficialismo y la principal oposición en la Cámara baja, este jueves diputadas nacionales del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley con el objetivo de “excluir al diputado nacional Gerardo Milman del seno de esta Honorable Cámara de Diputados por inhabilidad moral de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

El proyecto, firmado por las diputadas nacionales Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic asegura que “los hechos relatados, lejos de ser exhaustivos y muchos de los cuales se encuentran actualmente en investigación en sede judicial para determinar si constituyen actos criminales, sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina. Su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa”.

Dentro de los argumentos para tal solicitud, se expresan “el involucramiento de Milman en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”; el caso de la asesora Carolina Gómez Mónaco que en el año 2017, tiempos en los que Milman se desempeñaba como secretario de Seguridad de la Nación, fue designada como directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito sin ninguna experiencia previa que le otorgara competencias para ejercer semejante rol institucional, como así también el de su hermana, Daniela Gómez Mónaco, designada jefa de Administración de la Dirección de Inteligencia Criminal, con acceso a importantes fondos reservados. En simultáneo, en septiembre de ese mismo año, Gomez Mónaco creó con Fernando Daga, otro asesor del diputado Milman, la empresa Salvattore Group, que funcionó presuntamente como vehículo para una serie de emprendimientos comerciales como Luxa Estética y Luxa Models. A su vez, en la misma sede de Luxa Estética se ubicaba Top Studio Obelisco, un emprendimiento que Gómez Mónaco comparte con la periodista María Mroue, en cuyo programa de televisión de Crónica TV hicieron apariciones Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, detenidos desde el mes de septiembre por el ataque contra la vicepresidenta de la Nación.

Asimismo, se enumeran una serie de supuestas “inconductas”  del diputado Milman fueron traídas a la atención de la Cámara previo a lo develado a partir del atentado del 1 de septiembre. El proyecto señala que en abril de 2022, la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 55 envió una nota al entonces presidente del cuerpo, Sergio Tomás Massa, en relación con la causa N° 15690/202 caratulada “FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 CABA S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y HURTO AGRAVADO FUERZAS SEGURIDAD ART. 163 BIS DENUNCIANTE: MILMAN, GERARDO FABIAN Y OTROS”, para que se tome conocimiento acerca de la actitud asumida por el diputado Milman a los efectos disciplinarios que estime corresponder.

Otro punto que argumenta el pedido de inhabilidad moral son “otros asesoramientos” en temas de seguridad del diputado, que para las denunciantes merecen especial atención. Señalan que el 1 de septiembre de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra. Pero también a Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco, que figura como incobrable en los informes comerciales y le habría pagado al diputado más de 600.000 pesos en octubre de este año por “servicio de diseño de seguridad”. “Las facturaciones “Las Malvinas son argentinas” recientes en esta materia del diputado Milman y el uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado creemos entran en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de esta Honorable Cámara, tal como se desprende del art. 15 de la Ley N° 25.188 de Ética Pública referido al deber de abstenerse de intervenir respecto de cuestiones particularmente relacionadas con su interés particular”, expresa el proyecto.

En suma, suman la reciente denuncia realizada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernandez, contra Milman y Patricia Bullrich por los delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública. Se trata de la presunta contratación de 18 espías en el tiempo en que estuvieron a cargo de la cartera durante el Gobierno de Mauricio Macri. “En todos los casos se trataría de personas sin ninguna vinculación antecedente ni experiencia en inteligencia criminal, que ni siquiera conocían la dirección del Ministerio de Seguridad. Llamativamente, los supuestos agentes, en su gran mayoría, son vecinos de los municipios de 3 de Febrero y San Miguel”, precisa la denuncia.

Finalmente, se destacan contratos de alquiler del diputado Milman, que consideran “sospechosos”, por “resultar inexplicables en relación a sus ingresos como diputado nacional”. Entre los mismos mencionan “una casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz en un club exclusivo por el cual pagó USD 37.000 por nueve meses y expensas por $120.000 y una casa en Pinamar por USD 12.000 por mes. Además se conoció que el valor de su casa en Adrogué es de $4.232.135 y que las expensas están a nombre de Alberto Miguel Herrmann, uno de los socios de Service Corporation International (SCI), empresa que controla los principales cementerios privados del país y las más reconocidas compañías de servicios fúnebres”.

En una breve reunión, que duró apenas 10 minutos, el diputado oficialista Lucas Godoy fue designado este miércoles como el nuevo presidente de la Comisión de Legislación General, tal como lo adelantó parlamentario.com.

El salteño, que hasta ahora había sido vicepresidente segundo, asumió en reemplazo de Cecilia Moreau, quien dejó ese cargo vacante al convertirse en presidenta de la Cámara de Diputados.

La encargada de proponer a Godoy fue la diputada formoseña Graciela Parola, quien primero tuvo palabras para con Moreau, a quien felicitó "por esta nueva responsabilidad que asume". "Es un honor para nosotras como pertenecientes a este espacio político y también como mujeres este nombramiento", dijo la legisladora del Frente de Todos.

Asimismo, le agradeció su trabajo en la comisión, el cual consideró fue "fructífero". "Esta es una de las comisiones que más trabajó durante la pandemia", resaltó y agregó: "Nos deja la vara muy alta para su reemplazo".

Al proponer a Godoy, Parola lo definió como "un compañero que consideramos reúne todas las capacidades para presidirla" y que "tiene muchísima experiencia legislativa y una pasión por la técnica legislativa que va a permitir un trabajo de excelencia en esta comisión".

"Es una persona que va a lograr los consensos que se necesitan para que avancen las leyes importantes, pero también va a defender con uñas y dientes aquellos proyectos que consideramos que realmente nuestro pueblo necesita", sumó y valoró que también "es del interior y eso va a teñir de federalismo esta comisión".

Al asumir la conducción, Godoy agradeció "por las palabras que me honran y espero estar a la altura de satisfacerlas". También a sus compañeros de bloque y a Moreau "por la confianza brindada" y "a los legisladores de la oposición por respetar la decisión de la primera minoría".

El legislador coincidió en que "se hizo un gran laburo en pandemia, a distancia y también de manera presencial" en base "a acuerdos y donde se respetó el disenso". Por eso, aseguró que buscará "continuar con esta mecánica de trabajo, donde se busquen las concordancias que permitan avanzar en dictámenes de leyes que resuelvan problemas de los argentinos, respetando las regiones y fortaleciendo el federalismo".

En tanto, para la vicepresidencia segunda el oficialista propuso a la fueguina Carolina Yutrovic, quien manifestó sentir "orgullo y gran responsabilidad" y prometió "acompañar a mi compañero Lucas en su presidencia". Además, abogó por "tratar de colaborar en la construcción de consensos" y que "rápidamente se pueda retomar la agenda legislativa de la comisión" a fin de "lograr las mejores herramientas desde esta comisión para nuestro pueblo".

Finalmente, a solicitud de la secretaria de la comisión, la radical Karina Banfi, se reincorporó en una de las secretarías el oficialista santiagueño Bernardo José Herrera.

Con la casi totalidad de los votos escrutados, el Frente de Todos logró dar vuelta de manera contundente la elección en Tierra del Fuego: consiguió casi el 40% de los votos, nueve puntos más que en octubre, contra el 29% de Juntos por el Cambio, cuatro menos.

De todas formas, a pesar de haber revertido el resultado, las dos bancas en juego se repartirán de manera equitativa: los dos elegidos fueron los actuales diputados Héctor “Tito” Stefani (Pro) y Carolina Yutrovic (FdT). 

Tras conocerse los resultados provisorios, Yutrovic afirmó estar muy contenta: “Ha sido un enorme trabajo de toda la gente que acompaña este proyecto político”, y señaló que “en esta segunda etapa se ha visto reflejado en retomar un resultado, que nos posiciona como primero en la provincia”. 

Asimismo, en diálogo con FM Master’s, destacó el rol de la vacunación “Fuimos a buscar ese voto enojado, anulado, fuimos a buscar a la gente y a rendirles cuentas. Así recuperamos en parte confianza de muchos fueguinos y fueguinas”. 

En tercer lugar quedó Somos Fueguinos (16%), seguido por Republicanos Unidos (6,8), el Partido Obrero (4%), el Movimiento Popular Fueguino (2,7%), y el Movimiento al Socialismo (1,7%).