En una reunión informativa celebrada en el salón de comisiones de la Cámara de Diputados, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia —presidida por la diputada Carolina Yutrovic (UP)— abordó las modificaciones al Régimen de Zonas Frías incluidas en el proyecto de Ley de Presupuesto nacional 2026.

El encuentro contó con la participación de intendentes, funcionarios provinciales, defensorías del pueblo y representantes de asociaciones de consumidores, quienes expresaron su preocupación por el posible recorte de subsidios al gas en zonas con temperaturas extremas.

Yutrovic recordó que “en su origen, la ley de zonas frías amplió el derecho de los usuarios a tener una tarifa diferenciada de gas, garantizando un trato equitativo”. En la misma línea, Claudia Bard, defensora del Pueblo de Chubut y vicepresidenta de ADPRA, advirtió que “en la Patagonia es imposible vivir sin calefacción, y la quita de subsidios incrementa el consumo eléctrico, que es muy costoso”.

Los intendentes Nelson Sombra (Azul) y Maximiliano Wesner (Olavarría) coincidieron en señalar el impacto negativo que tendría la modificación del régimen en sus comunidades.

A su turno, Federico Basualdo —ex secretario de Energía y ex presidente de YPF Gas— explicó que “la ley de zonas frías incorporó a dos millones de usuarios y se financia con un fideicomiso aportado por la demanda, por lo que la reducción de subsidios no aplica”. “El Presupuesto 2026 propone volver al régimen patagónico”, concluyó.

También participaron del debate Paula Lafourcade (Defensora del Pueblo de Tandil), Florencia Rabario (La Pampa), Julia Moyano Mendoza (San Luis), Pedro Bussetti (DEUCO), Carlos Minucci (APSEE), María Eugenia Mesa (Villa La Angostura), Alejandro Rodríguez (Instituto Consenso Federal), entre otros.

Los diputados nacionales por Tierra del Fuego Carolina Yutrovic, Jorge Araujo Hernández y Andrea Freites presentaron un proyecto de resolución en la Cámara baja para repudiar las declaraciones del candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza Miguel Rodríguez. El dirigente fueguino se expresó públicamente a favor de la presencia militar permanente de Estados Unidos en la Base Naval Integrada de Ushuaia, durante una entrevista en el programa “Buenas Tardes China”, emitido el 30 de septiembre.

El proyecto advierte sobre la gravedad de estas declaraciones, en un contexto marcado por versiones periodísticas que vinculan la reciente visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos con negociaciones que incluirían la instalación de tropas norteamericanas en territorio fueguino como parte de un acuerdo financiero con el Tesoro estadounidense.

“Una vez más la población de nuestra provincia se ve amenazada por las tratativas que realiza el Gobierno Nacional, pretendiendo nuevamente instalar tropas extranjeras en territorio nacional”, señala el texto, que recuerda que la aceptación de fuerzas militares de una potencia extranjera —aliada del Reino Unido, ocupante ilegal de las Islas Malvinas— constituye una violación directa a la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.

Los diputados fueguinos remarcan que Tierra del Fuego no es una provincia más, sino un enclave estratégico para la soberanía argentina en el Atlántico Sur, la proyección antártica y la defensa de los recursos naturales. “Su cercanía con las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur impone una política clara, firme y coherente de resguardo de nuestra soberanía, libre de injerencias militares extranjeras de cualquier tipo”, sostienen.

El proyecto también critica la postura del candidato Rodríguez, quien justificó su apoyo a la presencia militar estadounidense por su alineamiento con las políticas del gobierno nacional. “Estas declaraciones no sólo desconocen el carácter estratégico y soberano del territorio fueguino, sino que evidencian una profunda desconexión con los intereses, la historia y la voluntad del pueblo de Tierra del Fuego”, afirman los legisladores.

Finalmente, los autores del proyecto solicitan el acompañamiento de sus pares de otras provincias, en defensa de la soberanía nacional y el respeto por la integridad territorial argentina.

En una reunión informativa de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por la diputada nacional Carolina Yutrovic (Unión por la Patria), se debatió el reciente DNU 493/2025, que modifica el marco regulatorio del servicio de provisión de agua y saneamiento en el área atendida por AySA, habilitando el corte del suministro por falta de pago. La medida generó un amplio rechazo por parte de asociaciones de consumidores, defensorías del pueblo y representantes municipales.

La presidenta de la comisión abrió el encuentro con un mensaje directo al Ejecutivo: “El agua es un derecho humano y no se puede tratar como una mercancía más”. En ese sentido, advirtió sobre la gravedad de permitir cortes en un contexto de crisis económica que afecta a millones de hogares argentinos.

Pedro Bussetti, de DEUCO, cuestionó el nuevo marco regulatorio por permitir el corte del servicio tras 60 días de mora. “Expresamos nuestra preocupación por este DNU, que debiera ser tratado por el Congreso”, señaló. Claudio Daniel Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, insistió en que el agua y las cloacas deben permanecer bajo gestión estatal, y advirtió que los cortes afectan directamente a sectores vulnerables, con consecuencias graves para la salud.

Desde el sector industrial, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinas, denunció abusos en los costos energéticos y alertó sobre el cierre de fábricas. “Nos están estafando, hay que intervenir y ponerle un freno”, reclamó, vinculando los aumentos al costo de producción más que al dólar.

Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, recordó que la Corte Suprema ya se pronunció contra los cortes de agua. “Cada vez que se altera la población, la calidad de vida baja y los seres humanos comienzan a ingresar en una psicosis general”, advirtió. También, Ricardo Nicolás Vago alertó sobre la eliminación del monitoreo de sustancias críticas como nitrito y cianuro, lo que podría derivar en una grave conflictividad social.

Del mismo modo, María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, defendió la necesidad de que AySA continúe realizando inversiones. “Una empresa privada no va a asumir esos costos, que terminarán recayendo sobre los usuarios más vulnerables”, afirmó. Y concluyó: “El agua no es una mercancía, desmercantilicemos la naturaleza”.

También participaron del debate representantes de diversas organizaciones y defensorías, quienes coincidieron en el rechazo al DNU y en la defensa del agua como "un derecho esencial que no puede estar sujeto a las reglas del mercado".

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que conduce la fueguina Carolina Yutrovic, interrumpió este martes el receso legislativo de invierno para abocarse a tratar la temática del “sobreendeudamiento” de los usuarios. Una situación que se ha profundizado en el actual contexto económico y que conduce a los sectores más vulnerables de la población a contraer nuevos créditos bajo condiciones abusivas, padeciendo más tarde el acoso por parte de agencias de recupero.

Así, la comisión recibió la visita de especialistas, funcionarios y referentes de asociaciones de consumidores, que a lo largo de dos horas expusieron sobre la temática.

En el inicio de la reunión, la diputada de Unión por la Patria Carolina Yutrovic alertó sobre datos del INDEC que están mostrando un nivel de endeudamiento de los hogares argentinos que “realmente es alarmante”, tales como que el 91% de los hogares argentinos tienen deudas; y de ese 91%, hay hogares que tienen más de dos o tres endeudamientos, que “hacen una realidad que preocupa, angustia. ¿Qué podemos decir de un jubilado que se tiene que endeudar para poder pagar sus medicamentos?”.

Aclaró también que no se pretende quitar la responsabilidad que les cabe a los consumidores deudores, sino que esas personas tengan un trato justo y humano.

El primer invitado en exponer fue Adrián Ganino, secretario especializado en Relaciones de Consumo de la Municipalidad de San Martín, quien arrancó poniendo énfasis en el acrecentamiento de los números de endeudamiento, como así también en la necesidad de detener el avance de las empresas en el momento de ejecutar las deudas. “Esos créditos tienen que otorgarse medianamente con alguna responsabilidad de los proveedores”, observó el funcionario, que destacó la necesidad de que los proveedores deban analizar la capacidad crediticia de ese adulto mayor, previo a otorgar los créditos.

“Hay muchos mecanismos para determinarlo”, destacó, alertando también sobre los límites de las tarjetas, que se elevaron exponencialmente, y la necesidad de educar a los consumidores. Pidió también tener en cuenta que “no estamos hablando de consumidores que se endeudan para viajar a ver el Mundial, sino para acceder a alimentos”.

“Cuando un consumidor no puede afrontar la totalidad de la deuda y paga el saldo mínimo, eso es lo peor, el consumidor se vuelve muy vulnerable”, destacó, añadiendo que un consumidor sobreendeudado tiene situaciones difíciles de enfrentar.

Ganino: “Estamos hablando de consumidores que se endeudan para adquirir bienes y servicios de todos los días”. (Foto HCDN)

Sobre la falta de información de los usuarios, a veces los mismos no advierten que el crédito no forma parte del salario. “Tenemos que entenderlo”, dijo Ganino, poniendo como ejemplo que si el consumidor interpreta que tiene la posibilidad de tener saldo de 12 millones de pesos con la tarjeta, como no está informado y la necesidad lo lleva, entiende que eso forma parte de su salario y termina sobreendeudándose.

Claudio Hugo Fede fue uno de los dos magistrados presentes durante esta reunión. Juez civil y comercial en el Juzgado N° 7 de San Martín, Fede comentó que no se cuenta con la herramienta para afrontar las situaciones que se plantean con el consumidor sobreendeudado, estimando que a los comerciantes se les puede aplicar la Ley de Quiebra, pero no al individuo, al trabajador, sostén de familia. “Los requisitos que hacen al patrimonio comercial de una persona que entra en cesación de pagos no son los mismos para quien tiene que bancar la realidad familiar todos los días”, dijo.

El juez pidió ver cuál es la mejor herramienta que se puede obtener para que las soluciones lleguen a tiempo.

Educación financiera

Representante de Consumidores Libres, Magdalena Puntas hizo hincapié en la falta de educación financiera que tienen las personas. Lamentó que cuando los usuarios llegan a la asociación “ya están al borde de los embargos y no podemos hacer nada, salvo decirles que vayan a Defensa del Consumidor, que no puede hacer mucho”.

“Cada vez que viene algún usuario con este tipo de problemas tratamos de buscarle la solución y recomendarle que traten de no tomar otro crédito para pagar esa deuda. Al querer pagar, a veces nos vamos metiendo más en la deuda y así no van a poder salir nunca”.

Magdalena Puntas dijo que las empresas encargadas de cobrar deudas empiezan a llamar a las casas de los deudores, y tienen casos de personas mayores que reciben amenazas tales como que irán a buscar sus muebles, o cartas documentos tiradas por debajo de la puerta. “Debería buscarse una educación financiera, para que la gente aprenda temprano lo que son los endeudamientos”, planteó y remarcó que “las tarjetas de crédito sirven si uno las sabe usar; si tomo ese beneficio, a fin de mes lo voy a tener que pagar, sino nunca más vas a poder hacerlo. Los intereses son una bola de nieve”, alertó la especialista.

A continuación habló Juan Ignacio Cruz Matteri, abogado especialista por la Universidad de Salamanca dijo que el consumidor “es vulnerable per se, por la sola situación de ser consumidor”. Sostuvo que eso “no tiene que ver con su patrimonio, no es la cuestión material; lo que hace la diferencia entre consumidor y proveedor es que el proveedor tiene más manejo de información, tiene el monopolio de la información. El consumidor no, por más títulos de grado, siempre va a estar en inferioridad de condiciones”.

Habló de los consumidores “hipervulnerables”, y como tales definió a las personas mayores, gente en situación de ruralidad, personas que “tienen otro tipo de padecimientos, y el deber de información es acrecentado: el proveedor debería informarles mejor. Merecen otro tipo de tutela o información”, estimó.

“Hay dos caminos: la acción individual, u otra forma de análisis, con acciones colectivas, que pueden nacer de una asociación de consumidores, o de una persona en particular”, señaló el abogado, advirtiendo que no hay una ley que regule lo que son las acciones colectivas, por lo cual pidió a los diputados ver la posibilidad de legislar en la materia. Porque de lo contrario deben manejarse con “precedentes de Corte” que mañana no se sabe si servirán. Además, “al proveedor le va también a marcar la cancha”, planteó.

Carolina Yutrovic convocó a esta reunión sobre un tema que preocupa sobremanera. (Foto HCDN)

Durante las exposiciones, el diputado de UP Daniel Arroyo habló de la necesidad de contar con una ley marco. “Este es el tema social más crítico, y lo masivo es el desendeudamiento de las familias”, señaló, pidiendo prestar especial atención a los que se endeudan para vivir. “En mi opinión, el concepto de sobreendeudamiento viene dado por el ‘recrédito’, (que es) cuando (el consumidor) toma otro crédito para pagar otra deuda. El concepto requiere un tratamiento legislativo específico. Dentro de esto, la oferta de crédito ha crecido brutalmente”, comentó.

En ese sentido puso un ejemplo de masividad como es el fútbol, sponsoreado antes por ejemplo por gaseosas. Hoy llevan como sponsor a financieras, dijo. “Lo masivo es el acceso al crédito”, deslizó. De cara a la legislación que se debe promover, Arroyo sugirió como instrumento “ponerle un tope a la tasa de interés”, porque “el 85% de la gente no sabe cuánta plata debe. Eso claramente es materia legislativa. Es muy necesario establecer una ley y dentro de esto hay un sector hipervulnerable que es la gente que se endeuda para vivir”.

El encuentro contó con la presencia de extranjeros, que aportaron la experiencia en sus propios países. Fue el caso de Ted Mermin, director del Centro de Derecho de Consumidores de la Universidad de California, en Berkley, quien dijo haber tenido la oportunidad de reflexionar mucho sobre cómo proteger los derechos de los consumidores. “La respuesta corta es mediante la aplicación de la ley -dijo-. Argentina está entre los pocos países que ya cuentan con el sistema de acciones colectivas. Pero no es suficiente depender de esas acciones”.

“También necesitamos asegurarnos de que las personas que tienen deudas, o que los cobradores dicen que tienen deudas estén protegidas contra abusos de los cobradores”, agregó, comentando que en California el 90% de los demandados por una deuda no se presentan para defenderse en la Corte. Ese es un problema de acceso a la justicia. Tenemos leyes que exigen que los cobradores deben presentar pruebas de que están demandando a la persona correcta y por el monto correcto, pero muchas veces esas leyes no se aplican porque los consumidores no las conocen y no tienen acceso a un abogado”.

También habló Julio Baltazar Durand Carrión, especializado en Protección al Consumidor, que detalló la experiencia peruana. “Tenemos varias regulaciones que nos pueden ayudar a encontrar una solución”, comentó y puso como ejemplo la existencia de una central de información de todos los consumidores. “Si uno quiere sacar un crédito de otra entidad financiera no puede, porque todo está interconectado. O sea, si estoy muy endeudado, ya no puedo contraer deuda con otra entidad”, ejemplificó. Precisó además que cuentan con un sistema de comunicaciones administrativas, que establece que cuando alguien tiene una deuda con un banco, solo pueden llamarlo en horario de oficina. Sábados y domingos no se permite. “Siempre las cobranzas se hacen en horario de oficina y solo al titular del crédito, no al vecino, o al papá o la mamá…”, explicó.

Al otorgarse un crédito el banco debe cumplir una norma de tres pasos, comenzando por comunicarse inmediatamente vía whatsapp para verificar si la persona ha contraído esa deuda. Luego el contrato debe ser aprobado por la autoridad administrativa. Hay además en Perú una ley especial de conductas financieras, según la cual los bancos que no respetan las normas y dan crédito a diestra y siniestra, son sancionados.

A su turno, Samanta Lagrutta, directora de la Oficina de Defensa del Consumidor de Hurlingham, alertó sobre la publicidad engañosa y se quejó de que las empresas que otorgan los créditos nunca cumplen el deber de información. Valoró el papel de las audiencias conciliatorias y se quejó de que “no sabemos cuánto debemos, desde cuándo se originó una deuda”, y puso como ejemplo casos en que al usuario nunca le llegó la tarjeta de crédito, o nunca la activó, y tiene deuda por gastos de mantenimiento.

Habló también de las ciberestafas y sostuvo que “la mayoría de las entidades bancarias y financieras no quieren reconocer el deber de seguridad que tienen ante esto. Y no nos dejan transferir más de 300 mil pesos por mes, pero sí permiten que en 5 minutos nos saquen 3 millones de una cuenta”.

El otro juez civil y comercial que participó de esta reunión fue Marcelo Quaglia, de Rosario, quien consideró que cuando el problema llega al Poder Judicial ya está “instaurado”, y  habló de dos grandes pilares que deberían considerar. “Primero, la generación de herramientas tendientes a la prevención del sobreendeudamiento; y segundo herramientas tendientes a sanear la situación de sobreendeudamiento”.

Como otros expositores habló de la necesidad de que haya educación para los consumidores. “Tendría que haber materias en las escuelas, en primaria y secundaria, educación financiera; control de proveedores formales e informales; analizar la refinanciación de las deudas”, dijo.

Expuso también sobre la cuestión de los débitos automáticos. No se refería a embargos, sino a cuando el consumidor abre la cuenta del banco y la encuentra en cero porque le han debitado gastos. Pidió revisión de las cláusulas abusivas, regular el pagaré de consumo y “considerar a los hipervulnerables: no solo adultos mayores, sino también niños, niñas y adolescentes, que con las nuevas tecnologías tienen acceso a sistemas que pueden generar deuda, como el juego”.

También, expuso Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores; y estuvo presente Maribel Díaz, representando a la Asociación Civil por los Consumidores y el Medio Ambiente (ACYMA).

Entre los pocos diputados presentes estuvo una oficialista: Lilia Lemoine, quien intervino sobre el final, manifestándose a favor de la necesidad de establecer educación financiera, razón por la cual el Ministerio de Capital Humano va a incluir esa materia dentro de la currícula de los estudiantes, anticipó. Se refirió también al tema las bases de datos ilegales, que también fue mencionado durante la jornada, señalando que “las entidades no te sacan del Veraz, y estamos trabajando en una modificación de la Ley de Datos Personales”.

Las diputadas nacionales Mónica Macha y Carolina Yutrovic presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia tarifaria por el plazo de un año en todo el territorio argentino.

En los fundamentos, explicaron que el texto propone “evitar que se concreten los aumentos de tarifas, a todas luces irrazonables y perniciosos, autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del comienzo del presente año, que se aplican a servicios públicos esenciales como la provisión de electricidad, agua corriente y gas”.

En tal sentido, señalaron que “los servicios públicos involucrados cumplen funciones sociales primordiales e irremplazables para enormes sectores de la población, cuya calidad de vida se ve drásticamente resentida”.

La propuesta incluye una audiencia pública y menciona que la autoridad de aplicación será dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.

Este proyecto de ley prevé una audiencia pública “de concurrencia obligatoria” para los representantes legales de las prestadoras de los servicios públicos nacionales de electricidad, gas y agua; de los entes de contralor de los mismos y de los funcionarios del Poder Ejecutivo a cargo de las áreas de gobierno involucradas con la temática.

Ante tanto atropello, sostenemos que ha llegado el momento de que este honorable Congreso establezca un límite razonable a la actividad del Poder Ejecutivo en materia de aumento de tarifas de servicios públicos esenciales para la vida, con el objeto preservar los derechos de la población”, concluyó el proyecto de ley.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside la fueguina Carolina Yutrovic, abordó este martes la desregulación energética, los ajustes tarifarios, los recortes de subsidios y el caso de los electrodependientes, con la participación de referentes de asociaciones de consumidores, organizaciones, instituciones y sindicatos que expusieron sobre las temáticas.

A modo introductorio, Yutrovic informó que la reunión se daba en el marco de las audiencias públicas sobre las modificaciones en el cuadro tarifario de energía eléctrica que viene desarrollando el Gobierno nacional con el “fin de visibilizar” la situación actual. “Creemos que las políticas energéticas no tienen que amenazar la supervivencia y la dignidad de la gente”, consideró.

El secretario General de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, señaló que “las audiencias públicas se hacen después de varios meses de aumentos permanentes de la luz, porque según el gobierno no es tarifa, es devolver subsidio; pero, nadie dice de cuanto es el subsidio”.

Representando a la Unión de Usuario y Consumidores, Claudio Boada y Fernanda Lacey, coincidieron en que “no es necesario en este momento seguir incrementando las tarifas” al remarcar que “no se sabe cuáles son los costos de la producción del gas”, los cuales están sobreestimados asegurando que “es consentir la pretensión de las grandes empresas productoras con la consecuencia de que el gas no solamente es para industria y residenciales, sino que es parte de la matriz energética”. Asimismo, se refirieron a que el gas natural aumentó 1200% el metro cúbico en el último año.

Mauro Stefanizzi, de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED), informó que “desde que asumió el Gobierno, el registro de electrodependientes, que es la entrada para poder tener estos derechos, se redujo entre un 37 y un 43%”. “Consideramos que la energía eléctrica es un derecho básico, no es un bien de lujo, no es una mercancía”, recalcó al rechazar todos los aumentos tarifarios que siguen impactando en las familias electrodependientes.

El presidente de Industriales PyMES Argentinos (IPA), Daniel Rosato, expresó que “estamos sufriendo las consecuencias por la falta de competitividad. Estamos tratando de competir en un mercado donde hoy se tomó la medida de abrir las importaciones en forma indiscriminada y competir con mercados como China, no solamente por los costos impositivos, sino también por el costo de la producción en energía”. “La industria no crece, decrece; y el Congreso tiene una gran fuerza para poder cambiar esto”, manifestó.

También expusieron, entre otros, Cecilia Garibotti, investigadora de la Fundación Encuentro; Enrique Pochat, vicepresidente de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA); Silvia Caprino, defensora del Pueblo de La Matanza; María Emilia Aladio y Ramiro Rossi, de la Defensoría del Pueblo de CABA; Fernando Notario Sosa, de la Defensoría del Pueblo de Formosa; Mariano Gastón Almeyda, de la Asociación Civil Centro de Estudios para la Ciudad; Natalia Salvo, de la Asociación de Abogados Laboralistas 7 de Julio; Juan Litwiller, secretario de Cooperativismo FGC (Federación Gráfica Bonaerense); Daniel López, de la Cooperativa Gráfica Vulcano; Alfredo Ragalli, de la Cooperativa COCTAL; Nicolás Malinovsky, del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología; Jorge Galati, extrabajador de SEGBA.

Lejos de encaminarse las relaciones entre el oficialismo y la principal oposición en la Cámara baja, este jueves diputadas nacionales del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley con el objetivo de “excluir al diputado nacional Gerardo Milman del seno de esta Honorable Cámara de Diputados por inhabilidad moral de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

El proyecto, firmado por las diputadas nacionales Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic asegura que “los hechos relatados, lejos de ser exhaustivos y muchos de los cuales se encuentran actualmente en investigación en sede judicial para determinar si constituyen actos criminales, sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina. Su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa”.

Dentro de los argumentos para tal solicitud, se expresan “el involucramiento de Milman en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”; el caso de la asesora Carolina Gómez Mónaco que en el año 2017, tiempos en los que Milman se desempeñaba como secretario de Seguridad de la Nación, fue designada como directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito sin ninguna experiencia previa que le otorgara competencias para ejercer semejante rol institucional, como así también el de su hermana, Daniela Gómez Mónaco, designada jefa de Administración de la Dirección de Inteligencia Criminal, con acceso a importantes fondos reservados. En simultáneo, en septiembre de ese mismo año, Gomez Mónaco creó con Fernando Daga, otro asesor del diputado Milman, la empresa Salvattore Group, que funcionó presuntamente como vehículo para una serie de emprendimientos comerciales como Luxa Estética y Luxa Models. A su vez, en la misma sede de Luxa Estética se ubicaba Top Studio Obelisco, un emprendimiento que Gómez Mónaco comparte con la periodista María Mroue, en cuyo programa de televisión de Crónica TV hicieron apariciones Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, detenidos desde el mes de septiembre por el ataque contra la vicepresidenta de la Nación.

Asimismo, se enumeran una serie de supuestas “inconductas”  del diputado Milman fueron traídas a la atención de la Cámara previo a lo develado a partir del atentado del 1 de septiembre. El proyecto señala que en abril de 2022, la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 55 envió una nota al entonces presidente del cuerpo, Sergio Tomás Massa, en relación con la causa N° 15690/202 caratulada “FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 CABA S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y HURTO AGRAVADO FUERZAS SEGURIDAD ART. 163 BIS DENUNCIANTE: MILMAN, GERARDO FABIAN Y OTROS”, para que se tome conocimiento acerca de la actitud asumida por el diputado Milman a los efectos disciplinarios que estime corresponder.

Otro punto que argumenta el pedido de inhabilidad moral son “otros asesoramientos” en temas de seguridad del diputado, que para las denunciantes merecen especial atención. Señalan que el 1 de septiembre de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra. Pero también a Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco, que figura como incobrable en los informes comerciales y le habría pagado al diputado más de 600.000 pesos en octubre de este año por “servicio de diseño de seguridad”. “Las facturaciones “Las Malvinas son argentinas” recientes en esta materia del diputado Milman y el uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado creemos entran en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de esta Honorable Cámara, tal como se desprende del art. 15 de la Ley N° 25.188 de Ética Pública referido al deber de abstenerse de intervenir respecto de cuestiones particularmente relacionadas con su interés particular”, expresa el proyecto.

En suma, suman la reciente denuncia realizada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernandez, contra Milman y Patricia Bullrich por los delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública. Se trata de la presunta contratación de 18 espías en el tiempo en que estuvieron a cargo de la cartera durante el Gobierno de Mauricio Macri. “En todos los casos se trataría de personas sin ninguna vinculación antecedente ni experiencia en inteligencia criminal, que ni siquiera conocían la dirección del Ministerio de Seguridad. Llamativamente, los supuestos agentes, en su gran mayoría, son vecinos de los municipios de 3 de Febrero y San Miguel”, precisa la denuncia.

Finalmente, se destacan contratos de alquiler del diputado Milman, que consideran “sospechosos”, por “resultar inexplicables en relación a sus ingresos como diputado nacional”. Entre los mismos mencionan “una casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz en un club exclusivo por el cual pagó USD 37.000 por nueve meses y expensas por $120.000 y una casa en Pinamar por USD 12.000 por mes. Además se conoció que el valor de su casa en Adrogué es de $4.232.135 y que las expensas están a nombre de Alberto Miguel Herrmann, uno de los socios de Service Corporation International (SCI), empresa que controla los principales cementerios privados del país y las más reconocidas compañías de servicios fúnebres”.

En una breve reunión, que duró apenas 10 minutos, el diputado oficialista Lucas Godoy fue designado este miércoles como el nuevo presidente de la Comisión de Legislación General, tal como lo adelantó parlamentario.com.

El salteño, que hasta ahora había sido vicepresidente segundo, asumió en reemplazo de Cecilia Moreau, quien dejó ese cargo vacante al convertirse en presidenta de la Cámara de Diputados.

La encargada de proponer a Godoy fue la diputada formoseña Graciela Parola, quien primero tuvo palabras para con Moreau, a quien felicitó "por esta nueva responsabilidad que asume". "Es un honor para nosotras como pertenecientes a este espacio político y también como mujeres este nombramiento", dijo la legisladora del Frente de Todos.

Asimismo, le agradeció su trabajo en la comisión, el cual consideró fue "fructífero". "Esta es una de las comisiones que más trabajó durante la pandemia", resaltó y agregó: "Nos deja la vara muy alta para su reemplazo".

Al proponer a Godoy, Parola lo definió como "un compañero que consideramos reúne todas las capacidades para presidirla" y que "tiene muchísima experiencia legislativa y una pasión por la técnica legislativa que va a permitir un trabajo de excelencia en esta comisión".

"Es una persona que va a lograr los consensos que se necesitan para que avancen las leyes importantes, pero también va a defender con uñas y dientes aquellos proyectos que consideramos que realmente nuestro pueblo necesita", sumó y valoró que también "es del interior y eso va a teñir de federalismo esta comisión".

Al asumir la conducción, Godoy agradeció "por las palabras que me honran y espero estar a la altura de satisfacerlas". También a sus compañeros de bloque y a Moreau "por la confianza brindada" y "a los legisladores de la oposición por respetar la decisión de la primera minoría".

El legislador coincidió en que "se hizo un gran laburo en pandemia, a distancia y también de manera presencial" en base "a acuerdos y donde se respetó el disenso". Por eso, aseguró que buscará "continuar con esta mecánica de trabajo, donde se busquen las concordancias que permitan avanzar en dictámenes de leyes que resuelvan problemas de los argentinos, respetando las regiones y fortaleciendo el federalismo".

En tanto, para la vicepresidencia segunda el oficialista propuso a la fueguina Carolina Yutrovic, quien manifestó sentir "orgullo y gran responsabilidad" y prometió "acompañar a mi compañero Lucas en su presidencia". Además, abogó por "tratar de colaborar en la construcción de consensos" y que "rápidamente se pueda retomar la agenda legislativa de la comisión" a fin de "lograr las mejores herramientas desde esta comisión para nuestro pueblo".

Finalmente, a solicitud de la secretaria de la comisión, la radical Karina Banfi, se reincorporó en una de las secretarías el oficialista santiagueño Bernardo José Herrera.

Con la casi totalidad de los votos escrutados, el Frente de Todos logró dar vuelta de manera contundente la elección en Tierra del Fuego: consiguió casi el 40% de los votos, nueve puntos más que en octubre, contra el 29% de Juntos por el Cambio, cuatro menos.

De todas formas, a pesar de haber revertido el resultado, las dos bancas en juego se repartirán de manera equitativa: los dos elegidos fueron los actuales diputados Héctor “Tito” Stefani (Pro) y Carolina Yutrovic (FdT). 

Tras conocerse los resultados provisorios, Yutrovic afirmó estar muy contenta: “Ha sido un enorme trabajo de toda la gente que acompaña este proyecto político”, y señaló que “en esta segunda etapa se ha visto reflejado en retomar un resultado, que nos posiciona como primero en la provincia”. 

Asimismo, en diálogo con FM Master’s, destacó el rol de la vacunación “Fuimos a buscar ese voto enojado, anulado, fuimos a buscar a la gente y a rendirles cuentas. Así recuperamos en parte confianza de muchos fueguinos y fueguinas”. 

En tercer lugar quedó Somos Fueguinos (16%), seguido por Republicanos Unidos (6,8), el Partido Obrero (4%), el Movimiento Popular Fueguino (2,7%), y el Movimiento al Socialismo (1,7%).