La diputada Agustina Propato presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para esclarecer la situación actual de la Casa de Moneda S.A.U., en medio de denuncias por vaciamiento, privatización encubierta y falta de claridad sobre su rol en las elecciones de octubre.
En un contexto de creciente incertidumbre sobre el destino de la Casa de Moneda, la diputada nacional Agustina Propato (UP-Buenos Aires) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados solicitando al Poder Ejecutivo información detallada sobre el estado actual de la empresa estatal, su transformación en Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.) y su participación en tareas clave como la impresión de billetes, pasaportes y boletas electorales.
“El traspaso de personería jurídica de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima Unipersonal es un paso previo a la privatización, y eso nos preocupa profundamente”, advirtió Propato en los fundamentos del proyecto. La legisladora recordó que la Casa de Moneda fue creada en 1875 y ha sido históricamente garante de funciones estratégicas del Estado, como la impresión de billetes y documentos oficiales.
El pedido de informes incluye once puntos clave, entre ellos:
✅ Las razones del traspaso jurídico a S.A.U.
✅ Qué documentos imprimía la Casa de Moneda hasta diciembre de 2023 y cuáles imprime actualmente.
✅ Qué contratos fueron rescindidos, con qué argumentos y qué impacto económico tuvieron.
✅ Qué entidades están hoy a cargo de tareas que antes realizaba la Casa de Moneda, como la impresión de billetes, pasaportes, chapas patentes y boletas electorales.
✅ Si la empresa estatal participará en las elecciones nacionales de octubre de 2025.
“Resulta llamativo que, a menos de cuatro meses de las elecciones, no se haya definido el rol de la Casa de Moneda en el proceso electoral”, señaló Propato. Y agregó: “La impresión de boletas y padrones es un acto de soberanía que debe estar garantizado por el Estado”.
El proyecto también cuestiona la posible privatización de la impresión de boletas únicas papel, una tarea que históricamente estuvo a cargo de la Casa de Moneda. Según trascendidos, el proceso licitatorio aún no tiene fecha, pero ya se mencionan empresas privadas como posibles adjudicatarias, entre ellas Boldt y Artes Gráficas del Litoral, vinculada al Grupo Clarín.
“Queremos saber si se va a imponer como requisito tener antecedentes en la impresión de boletas únicas, y si eso fue sugerido por alguna empresa”, plantea el texto legislativo.
Además, la diputada bonaerense exige conocer si se han producido despidos, suspensiones o licencias forzadas en la planta de 1300 empleados que tenía la empresa al momento de su intervención en noviembre de 2024, y si existe un plan para enajenar bienes inmuebles de la entidad.
“El vaciamiento de la Casa de Moneda no solo pone en riesgo fuentes de trabajo, sino también funciones esenciales del Estado”, concluyó la diputada.
A partir de la decisión de discontinuar el contrato con la Casa de Moneda, se está produciendo un problema que sufren los que compran automóviles 0 Km.
La senadora nacional Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana – Río Negro) presentó un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo informes precisos sobre la crisis en la producción y entrega de chapas patentes del automotor.
“El Gobierno decidió finalizar el contrato con la Casa de Moneda, proveedor histórico de matrículas metálicas, para entregar la producción a una empresa privada. Esto no es eficiencia, es desmantelamiento del Estado”, afirmó la senadora.
La iniciativa se enmarca en un contexto preocupante, generado tras la intervención de la Casa de Moneda en noviembre de 2024, y el cierre de la planta ex Ciccone, responsable de la fabricación de las chapas metálicas. La decisión gubernamental derivó en un grave desabastecimiento que afecta a usuarios con vehículos nuevos, pero también a quienes necesitan reponer chapas deterioradas o robadas.
La senadora remarcó que “el Ejecutivo no explicó por qué no se garantizó la continuidad de la producción durante la transición, ni qué beneficios concretos supone abandonar un esquema estatal de fabricación para delegarlo en el sector privado”.
“El Gobierno ha dado una muestra clara de que la negligencia en la toma de decisiones y la implementación de medidas improvisadas, en lugar de eficientizar los procesos, han perjudicado a miles de argentinos y argentinas", finalizó.
El proyecto fue presentado por el entrerriano Pedro Galimberti ante el problema inflacionario, aunque reconoció que “la emisión de billetes de mayor denominación no resuelve el problema”.
Mientras el dólar sube y baja constantemente a cada hora, la escalada de precios golpea al bolsillo del consumidor, por lo que algunas consultoras ya estiman una inflación de abril del 8%. Ante ese panorama, el diputado nacional Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para que Nación instrumente la “pronta” emisión de billetes de $5.000 y $10.000.
La iniciativa del radical solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, realicen las gestiones correspondientes ante Casa de Moneda para “instrumentar la pronta emisión de billetes con valores de $5.000 y $10.000”.
“Instrumentar el retiro, paulatino, de la circulación de los billetes de $10, $20 y $50 para ser intercambiados con los nuevos billetes de mayor valor. Instrumentar la emisión de monedas de valores de $25 y $50”.
Además, plantea instrumentar “el retiro, paulatino de la circulación de monedas de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos, para ser intercambiadas por las nuevas monedas de mayor denominación”.
“El problema de la inflación no se resuelve con la emisión de billetes de mayor denominación. Pero, mientras eso no ocurra algo hay que hacer”, sostuvo el entrerriano.
Entre los fundamentos remarcó que "el nivel de inflación acumulado en estos años de gobierno, desde
diciembre de 2019 hasta los últimos datos publicados, correspondientes a marzo de 2023, es de 387%", lo cual "disminuye la capacidad de compra de los billetes existente".
"Considerando que el billete de máxima denominación actual continúa siendo correspondiente a 1.000 pesos desde que asumió el actual gobierno, el mismo no acompaña el marco inflacionario", indicó y recordó que "la primera emisión de este billete de 1.000 pesos data de diciembre de 2017, con un valor equivalente a 51,87 dólares. Sin embargo, con el transcurso de los años y debido a las falencias macroeconómicas, este billete, para la fecha del 24 de abril de 2023, apenas equivale a 4,4 dólares estadounidenses".
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El fueguino Pablo Blanco reconoció que esta emisión no resolverá el problema de la inflación, pero apunta a reducir costos y "poner en valor" la Casa de Moneda.
El senador nacional Pablo Blanco (UCR) presentó un proyecto que propone que el Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda "dispongan las medidas necesarias para la creación y emisión" de un billete de curso legal de 5.000 pesos y otro de 10.000 pesos.
“La emisión de dinero en la economía argentina crece vertiginosamente y desborda la capacidad que tiene el Gobierno para imprimir sus billetes. La Casa de la Moneda no tiene suficientes recursos para abastecer la creciente demanda de efectivo agravada por la cuarentena", señaló el legislador de Juntos por el Cambio.
Al defender su iniciativa, el fueguino recordó que el Gobierno nacional anunció que "volverá a importar billetes realizados por completo en el exterior, como ocurrió durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner vía convenios con Brasil y Chile, ante la imposibilidad de la Casa de Moneda local de dar abasto con la emisión necesaria”.
“La inflación le quita poder adquisitivo al dinero al mismo tiempo que vuelve prácticamente inservibles los billetes de bajas denominaciones. Hoy todo el mundo sabe que con 1.000 pesos se compra poco y nada en cualquier supermercado, y que infinidad de transacciones que se realizan por fuera del sistema electrónico formal importan volúmenes grandes de billetes”, remarcó.
Para el radical, la impresión de billetes de este monto "generarán un sustancial ahorro en el costo de emitir billetes de alta denominación, ya que el costo de emisión de un billete como los que aquí se proponen es prácticamente el mismo que uno de $1.000, mientras que la cantidad de billetes necesaria de imprimir para satisfacer la demanda pasaría a ser mucho menor”.
“Es inentendible el capricho del Estado Nacional de no querer imprimir billetes de mayor denominación, cuyos beneficios son de variada índole: desde reducir costos al no tener que imprimir inmensas cantidades de billetes de menor denominación, recuperar la independencia en la impresión de los mismos, evitar el faltante y rápido agotamiento de circulante en cajeros automáticos en los que se generan largas filas a principio de cada mes, ocupar menos espacio físico en toda la cadena de traslado, etc.", enumeró.
Blanco insistió que "es momento de poner en valor nuestra propia Casa de Moneda, reducir costos y generar trabajo dentro de ella y no fuera del país”.
“Evidentemente, la emisión de estos nuevos billetes no solucionarán el problema inflacionario ni pondrán fin al déficit fiscal, pero sí permitirá una adecuación en los billetes en circulación para el desenvolvimiento de la actividad económica basada en transacciones con efectivo”, finalizó el senador por Tierra del Fuego.