Con la desaparición de Loan como telón de fondo y en vísperas de la aprobación en el Senado de un proyecto sobre el tema, un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y Legislación Penal recibió este martes a expertos que expusieron sobre los proyectos que modifican el Código Penal para incluir una tipificación de la compra y venta de niñas, niños y adolescentes.

En el arranque de la reunión, la presidenta de la Comisión de Familias, la radical Roxana Reyes aseveró: “Tenemos la obligación internacional, hemos sido intimados en el caso Fornerón a cumplir con esta legislación. Sin dudas es un flagelo que requiere que demos un marco normativo”.

Respecto del despacho de un proyecto en el Senado, abogó por “conseguir la mejor ley, que no deje ningún flanco libre a quienes cometen este delito”.

La primera oradora fue la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, quien celebró que “se haya encarado por fin la tipificación del delito de compra-venta” en ambas cámaras en simultáneo. También mencionó que “estamos condenados por el fallo Fornerón desde el año 2012”, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “caso María” nos “condena por algo igual o peor”. En esa causa, “se inició un proceso de una adopción ilegal de un bebé por nacer, de una niña abusada a los 12 años” y “todavía estamos esperando el fallo de la Corte Suprema” de Argentina.

“Nosotros queremos que el término de adopción esté en el texto que se sancione, porque en la República Argentina la mayoría de los casos de compra y venta de niños son para una adopción”, apuntó la funcionaria.

Por otra parte, sugirió que “se utilicen las reglas de Brasilia y se excuse a la persona que entrega cuando está en situación de vulnerabilidad”. En ese sentido, lamentó que los menores sean “una transferencia de activos de las clases más pobres a las clases más favorecidas de la sociedad. Ese activo, que algún día fue la fuerza de trabajo, hoy lo único que le queda a los más pobres es entregar a sus propios hijos para que otros puedan cumplir con su deseo razonable, excusable, respetable de ser madre o padre”. Por eso, pidió que “las que son, en general, mujeres niñas sean exoneradas o no sean perseguidas penalmente, salvo que formen parte de una red delictiva”.

Graham también señaló que “la tipificación tiene que ser, haya remuneración o no haya remuneración”, porque “los niños no se compran, pero tampoco se reciben como regalo”, subrayó.

“Nosotros queremos que el término de adopción esté en el texto que se sancione”, dijo Marisa Graham. (Foto: HCDN)

A su turno, Martha Pelloni, rectora y religiosa de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas, dijo estar “emocionada” por el tratamiento de esa cuestión, porque “fue el primer tema con el que me encontré al llegar a Goya, después del caso de María Soledad. Me encontré con empleadas domésticas de casas de ricos que para poder sostener el trabajo cama adentro tenían que entregar el hijo que venía al mundo porque estaban embarazadas”, relató.

La coordinadora de la Red Infancia Robada recordó que recién después de ocho años pudo conseguir las pruebas de los casos. “No podíamos hacer nada, porque nadie le daba credibilidad”, expresó. A su vez, alertó que para este delito hay “una mafia enquistada en el poder político, judicial, policial y las instituciones que nos tienen que cuidar”.

“Esta ley tiene que salir. Es cierto que se regalan los niños, yo lo he visto en el campo. Cuántos niños se han vendido durante tantos años”, exclamó y mencionó al ex intendente de la ciudad correntina de Mercedes, Víctor Cemborain, “quien se candidateaba para gobernador y compraba los bebés para rituales. La misma fiscal iba a los rituales de estas creencias donde se ofrecían bebés”. “Hoy vemos en el caso Loan que la abuela mezcla la creencia católica con la Virgen de Itatí con el Pomberito”, agregó Pelloni.

A su lado,  Gloria Machado, abogada de Infancia Robada, afirmó que “la compra-venta es una clara violación a los derechos humanos, es transversal a muchos derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”. “Es necesario un cambio de paradigma socio-cultural en la mirada hacia las infancias, en la perspectiva de infancias y en el cuidado”, sostuvo y apuntó contra “la connivencia de los poderes públicos, de los encubrimientos y complicidades de distintos efectores”.

Luis Fernando Velasco, especialista en Derecho Penal y Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina, aseguró: “No hay partidismo en esto, sino lo que tenemos que lograr es una muy buena técnica legislativa para evitar que la modificación genere problemas de los delitos que ya están tipificados, porque cuando modificamos o reemplazamos un artículo esto puede implicar una aplicación de ley penal más benigna para otras personas ya condenadas”.

“Las figuras que tenemos en el 139 y 139 bis (del Código Penal) son muy amplias”, admitió, pero explicó que “el proyecto que tiene dictamen del Senado reemplaza el 139 bis, pero elimina de alguna manera casos que hoy están tipificados”. En este sentido, advirtió sobre un “efecto contrario” y aseveró que hay que ser “muy cuidadosos de no reformar un texto con el cual ya hay condenas y está siendo aplicado”.

Velasco sumó: “Yo recomendaría no ir al texto específico de la compra-venta, sino avanzar en una forma agravada de estas figuras que no implique la derogación de lo que ya esté”. Y reiteró que hay que ser “muy cuidadosos” en las reformas.

José Atilio Álvarez, titular de la Defensoría Pública de Menores, coincidió en la visión sobre la técnica legislativa y pidió “cuidar el tipo que van a incorporar, no sea cosa que, de buena fe, terminemos con una enmienda peor”.

De igual modo, remarcó en la necesidad de “atenuar la situación de la parte vulnerable, de la madre que no participa de una organización”.

“En 45 años que voy a cumplir -en ejercicio del derecho-, el temor del apropiador de niños es el arrepentimiento de la madre. Dejar la puerta abierta para que la madre se arrepienta y ayude a recuperar la identidad de su hijo es un elemento preventivo fundamental en la apropiación de los niños”, indicó.

En la reunión informativa, Álvarez le reclamó a los legisladores que “tengan el valor cívico de sacar una ley lo más correcta posible, que no tolere los escapes de una mafia”.