A casi dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes y tras acordar el pase a un cuarto intermedio en la última reunión del 10 de julio pasado, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunió este jueves para pasar a la firma el dictamen del proyecto que endurece las penas por la compra y venta de menores de edad en el Código Penal.

“Entiendo que llegamos a un acuerdo”, señaló en el inicio de la reunión la senadora radical Carolina Losada, autora del proyecto en cuestión. A continuación, la secretaria parlamentaria leyó la redacción de las modificaciones de los artículos 139, 139 bis y 139 ter, pero desde el interbloque Unión por la Patria propusieron modificaciones.

La redacción acordada entre el oficialismo y los dialoguistas proponía “penas de 4 a 10 años de prisión a quienes entreguen un menor mediando o no precio”, y la misma sanción a quienes actúen como “facilitadores e intermediarios”. Asimismo, establecía “5 a 15 años” en casos de que el delito sea cometido por funcionarios públicos y/o profesionales.

Sin embargo, la senadora riojana Florencia López (UP) cuestionó que en la previa a la reunión de la comisión que preside el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), “habíamos debatido que el 139 bis impondrá penas de 5 a 15 años a quien reciba y entregue a menores de edad”.

La senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) explicó que “para subsanar el agravante hay un delito base, que tiene una escala, y los agravantes de un funcionario público van con el tercio superior de la pena”.

Deseosos de que el dictamen saliera este jueves, la senadora Losada y el oficialista Pagotto cedieron espacio a las modificaciones pedidas por el interbloque opositor y el texto que pasó a la firma establece que “las penas serán de 5 a 15 para quienes entreguen a menores de edad", y también así "a los denominados intermediarios, y para profesionales y funcionarios públicos”. López explicó que “las sanciones de 4 a 10 años permiten acceder a distintos beneficios”.

La autora del proyecto Carolina Losada aceptó los pedidos de UP para avanzar con el dictamen.

De igual manera, se incorporó que “en caso de que el delito sea cometido por funcionarios públicos, la pena tendrá el adicional de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

En el final, la senadora fueguina María Eugenia Duré (UP) pidió añadir un párrafo en relación a la venta de menores de edad “con fines adoptivos sin haber cumplido con la ley vigente”, tal como explicó la titular de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, Marisa Graham, en la última reunión informativa previa al receso. La senadora Carolina Losada aceptó la modificación y el dictamen pasó a la firma.

Cabe recordar que esta iniciativa recibió media sanción de la Cámara alta el 4 de julio por unanimidad -63 votos afirmativos-, pero volvió a comisión para su revisión en particular por la redacción del mencionado artículo. Una vez que sea puesto a tratamiento en el recinto del Senado, se votará por la aprobación de este artículo.

Mientras sigue la investigación y conmoción por el caso Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes hace ya más de un mes, el Senado apura el dictamen del proyecto que endurece las penas por la compra y venta de menores de edad.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto, retomará el debate este jueves a las 15 tras el cuarto intermedio establecido el pasado 10 de julio. De esta manera, el oficialismo junto con dialoguistas y la oposición intentarán arribar a un despacho unificado para poder llevarlo nuevamente al recito.

En dicha reunión, que tuvieron previo al receso invernal, expusieron abogados, constitucionalistas y especialistas quienes propusieron diferentes formas de redactar el articulado del proyecto, puntualmente el polémico artículo 1ro que modifica el 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores.

Cabe recordar que la iniciativa recibió media sanción de la Cámara alta el 4 de julio por unanimidad -63 votos afirmativos-, pero volvió a comisión para su revisión en particular por la redacción del mencionado artículo que generó discrepancias entre los bloques.

La diputada nacional Vanina Biasi (FIT – CABA) se refirió a la denuncia que realizó el fiscal Guillermo Marijuan sobre el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y la posterior defensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y lanzó: “Ella busca incidir frente a la justicia para que su aliado político no sea investigado”.

“Desde el comienzo Valdes es parte del entorpecimiento de la investigación porque primero se llamó a silencio durante días mientras el escándalo crecía, luego apoyó la hipótesis de que fue atropellado, una maniobra distracciones de una de las imputadas, más tarde, la prima de Loan denunció que ella y su madre, Laudelina, declararon bajo amenaza de José Fernando Codazzi, íntimo de Valdés, y Diego Pellegrini senador de la UCR, quienes le dijeron también que Patricia Bullrich iba por ellas”, denunció Biasi.

De igual manera, sostuvo que “resulta un escándalo que la justicia federal haya demorado tanto la apertura de una causa contra el gobernador y que una vez más las declaraciones de Bullrich se orienten a dirigir al poder judicial e intentar torcer el rumbo de la investigación”, y agregó: “Ella misma debiera ser sentada en el banquillo de los acusados”.

Asimismo, cargó que “uno de los implicados, Carlos Pérez vinculado a tareas de espionaje en la Armada, es responsable de tenencia y distribución de pornografía infantil”.

También, manifestó que “el propio padre de Valdés tiene una denuncia por violar durante 10 años de una mujer menor que hoy es una mujer con una causa abierta desde hace 6 años que la justicia correntina moldeada por los Valdés, decidió cajonear”.

"Lo cierto es que algo huele a podrido en Corrientes y en lugar de agilizar la investigación, el gobierno provincial y la justicia la frenan con maniobras para no quedar pegados. Se trata de régimen político comprometido con la corrupción y los negocios más oscuros contra el pueblo”, aseveró la diputada nacional Vanina Biasi.

Tras más de 40 días desde la desaparición de Loan Danilo Peña, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra el gobernador correntino Gustavo Valdés por "supuesto encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes en su rol de funcionario público".

Ante esto, el bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical, presididos por Eduardo Vischi -cercano al mandatario-, publicó este miércoles un comunicado en el que rechazan el accionar del del representante del Ministerio Público.

Cabe recordar que el mandatario provincial había hecho una publicación en X el pasado 29 de junio en la que confirmaba que “se había dado un gran paso en la resolución del caso”. Días después se retractó y justificó que fue “por ansiedad”.

Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan.

— Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) June 29, 2024

Del mismo modo, aseveraron que “nuestra preocupación es la pretensión del fiscal de entrometerse en la causa que busca encontrar al niño, violando claramente el alcance de sus funciones y competencias”. También señalaron que “La denuncia solo se entiende de un inoportuno protagonismo mediático en una causa que no tiene delegada ninguna función específica”.

"Adherimos a lo suscripto por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sobre que 'involucrar al Gobernador Valdés es una barbaridad'. Me parece que en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas", expresaron desde la bancada radical en la Cámara alta.

En el texto, los legisladores radicales exigen que “los esfuerzos de todos los actores deben enfocarse en esclarecer el caso, pero primordialmente para dar con Loan. No para ser protagonista mediático en un momento de angustia generalizada”.

Para terminar, el comunicado reafirmó que “respaldamos plenamente al gobernador Gustavo Valdés y rechazamos toda acción que pretenda desviar maliciosamente la atención, con fines extrajudiciales”.

En el marco de la desaparición de Loan Peña, el niño de 5 años desaparecido en la provincia de Corrientes el 13 de junio pasado, la diputada nacional de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer sostuvo este lunes que “en Argentina, comprar, vender o apropiarse de niñas y niños para ‘adopciones ilegales’ no es un delito penal”.

“Desde 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Argentina por este vacío legal que favorece la trata de menores y pide que se tipifique como delito. Esto demuestra la complicidad de gobiernos y partidos patronales con las redes de tráfico infantil y explotación”, aseguró la legisladora.

La diputada ferroviaria agregó: “La Cámara de Senadores aprobó un proyecto que dice llenar el vacío legal, pero en realidad sigue favoreciendo a las redes de tráfico infantil al tipificar la venta como ‘robo de identidad’ y no como ‘trata’. Además, facilita la impunidad al exigir pruebas de pago, cuando sabemos que los traficantes no operan con recibos, facturas, pagarés o balances contables porque es un negocio ilegal. En Entre Ríos, el 61,5% de las ventas involucran bebés de una semana, y el 84% se realizan a través de ‘agencias’. Estos bebés, nacidos como mercancía en un mercado multimillonario, provienen de poblaciones pobres”.

Schlotthauer finalizó señalando que el presidente Javier “Milei y sus referentes se expresaron muchas veces a favor de la venta de niños y órganos. Argentina es elegida por traficantes por su corrupción y devaluación del peso que hace más rentable la exportación de la niñez. Por eso decimos: la compra venta de niñas y niños es trata. Los gobiernos son responsables. ¡Por Loan, Tehuel y por todes sigamos en las calles como el pueblo de Corrientes!”.

El próximo lunes jurará como ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes el radical Alfredo Vallejos, quien se desempeñaba como diputado nacional desde diciembre pasado.

Vallejos asumirá en lugar de Buenaventura Duarte, quien renunció en medio de la investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez hace un mes.

El radical obtuvo una banca en la Cámara baja en las elecciones del año pasado, al encabezar la lista de ECO+ (Juntos por el Cambio). De profesión abogado, anteriormente fue presidente del Concejo Deliberante de la capital.

En estos siete meses como diputado, había sido designado secretario segundo de la Comisión de Justicia. Llegó a presentar un solo proyecto de su autoría, aunque fue cofirmante en más de 40.

De acuerdo a la lista de las elecciones de 2023, a Vallejos lo reemplazará como diputado Federico Tournier, de Goya, quien figuró tercero en la nómina. Fue vicepresidente primero del Concejo Deliberante y presidente del comité local de Encuentro Liberal.

Luego de ser aprobado en el recinto, pero devuelto para un tratamiento en particular para modificaciones en la redacción, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunió este miércoles para tener encuentro informativo sobre el articulado del proyecto que modifica el Código Penal y endurece las penas por la compra y venta de menores.

En medio de la conmoción por el caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes, la comisión que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto recibió a diferentes invitados para ampliar el debate sobre la redacción del artículo 1ero. que modifica el 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores.

En la sesión del jueves pasado fue este punto el que tuvo discrepancias y derivó en el regreso del despacho a comisiones para su tratamiento en particular. La iniciativa había recibido media sanción por unanimidad -63 votos afirmativos- del Cuerpo en el recinto.

Entre los expositores estuvieron el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; la defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham; el juez del Tribunal Oral de Menores Nº2, Diego Freedman; el abogado y profesor de Derecho Penal, Horacio Romero Villanueva; Damián Muñoz, en representación de la Defensoría General de la Nación; y Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otros.

En el inicio de la reunión de Justicia y Asuntos Penales, el titular anunció dos modificaciones en la nómina de senadores que la componen: En primera instancia, la pampeana María Victoria Huala reemplazó a al misionero Martín Göerling Lara; y el radical Daniel Kroneberger hizo lo mismo con el catamarqueño Flavio Fama.

El objetivo de esta comisión es arribar a un despacho en conjunto entre todos los integrantes ya que el tema tiene el aval del oficialismo, los dialoguistas y la oposición. Al finalizar las exposiciones, el riojano Pagotto anunció el pase a un cuarto intermedio para volver a reunirse y así unificar un dictamen que sea llevado al recinto nuevamente.

El debate

El primer expositor fue Mariano Borinsky, quien destacó los proyectos de Antonio Rodas y Carolina Losada. Luego, indicó: “Son delitos de extrema gravedad que deben estar tipificados en el Código Penal con una categoría independiente y me parece adecuada la tipificación en los delitos contra el Estado civil”.

De igual manera, continúo: “El Código habla de apoderamiento y el delito está en el carácter de ese apoderamiento”. A su vez, sugirió: “Poner entrega -como palabra- entra en adopción. Prefiero poner ‘entregar’ e incluir ‘ilegítimamente’ porque le da la tipificación de las conductas ilegítimas”.

Ratificó, además, que “va a ser delito con o sin precio o premiso·, pero advirtió que “el precio es agravamiento de la pena y ambas conductas consideradas delictivas”.

“Cuando hay precio debe ser agravada y la conducta sin precio es delito y es más grave la conducta por precio”, reiteró Borinsky, y remarcó: “con este sencillo agravado estamos mostrando que la compra y venta es más grave cuando hay precio”.

En el cierre de su intervención, añadió: “Destaco que sea la competencia federal quien intervenga porque es pertinente el agregado de tipificación y los de acción penal”. Terminó que “las situaciones de vulnerabilidad e ignorancia son hipótesis que no debieran ser agregados”.

La santafesina Carolina Losada planteó una duda sobre el concepto de entrega legítima y el letrado le explicó: “Son las adopciones por un tiempo breve cuando el padre o madre dejó al hijo porque viajó y así queda subsanado”.

La defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, afirmó que “en la República Argentina, la compraventa de niños con precio es para fines adoptivos”. Además, cargó que “aquel que compra un niño, siempre va a tener un papel de origen ilegitimo”.

Ejemplificó con el caso Forneron y recordó: “El acta lo labra una defensora de los derechos del niño porque siempre hay un documento, y se siguen entregando a pesar de estar prohibido en el Código Civil”.

Con relación al modo de operar de estos ilícitos, señaló: “Es un conglomerado que se organiza para captar mujeres embarazadas y pagar una suma que no es significativa”. En ese caso puntual, acusó que “un defensor de menores labró un acta un sábado a la tarde se comprueba que hubo compraventa, pero no está tipificado”.

Respecto a este debate, fue concreta: “Estoy de acuerdo con la tipificación, pero eso no es suficiente para evitar que se sigan haciendo con fines adoptivos”. Exigió poner “fines adoptivos” en la redacción y mencionó que se pagan hasta 10.000 dolares en estos casos.

Del mismo modo, relató que “Forneron tuvo un acta labrada por un defensor de menores y eso legitimó la compraventa”. Agregó, además que “la coacción es describirles (a los vendedores) las condiciones en que viven y prometerles condiciones mejoras de vida, pero la remuneración nunca es la que se promete porque el intermediario se lleva la mejor parte”.
Para cerrar, reiteró que “la Convención Interamericana nos dice que, sino aclaramos que se hace con fines adoptivos, seguiremos yendo por la lateral o por la colectora”.

En tercer lugar, el juez del Tribunal Oral de Menores Nº2, Diego Freedman, expresó: “A mi juicio debería tener penas efectivas que superen los 3 años de prisión porque estamos hablando de hechos graves”. También, señaló que en los casos que se busca “tratar de lograr un aval son aun más grave y debieran tener una escala de 4 a 12 y penas de inhabilitación a funcionarios públicos y profesionales”.

"En materia de penas, mi opinión en relación al delito de venta de menores es que debería tener penas efectivas, que haga improcedente la condena condicional y la 'probation', porque estamos hablando de hechos muy graves", remarcó Freedman.

A su turno, el abogado Horacio Romero Villanueva, abogado y profesor en Derecho Penal, manifestó que “la fórmula normativa objetiva y subjetivamente tiene que afectar un bien jurídico especifico”.

Del mismo modo, planteó que “el delito tiende a punir la adopción ilegal, no la entrega de un menor contra una contraprestación". También, sostuvo que “lo legitimo o ilegitimo es una cuestión de hecho, no de derecho y abarca un supuesto de hecho que es de valoración judicial”. Pidió reestudiar la redacción.

Damián Muñoz, en representación de la Defensoría General de la Nación, señaló que “si uno quiere una ley que ataque a los eslabones más gruesos de este delito debería poder investigar los dispositivos burocráticos más allá de hechos individuales”. “Más allá de una compraventa puntual, poder perseguir a los dispositivos de la venta de menores”, añadió.

También, Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, expresó: “Es muy grave forzar, a partir de la demanda, la decisión de poner a un niño en situación de adaptabilidad sin que haya habido un trabajo de acompañamiento. La responsabilidad del cuidado de los derechos de los niños por parte de los adultos sigue vigente”.

Brevemente, la fundadora y directora de la Fundación Red por la Infancia, Paula Watcher, agregó: "Es interesante poder pensar en la figura del arrepentido que menciona uno de los proyectos de ley. Un atenuante para quienes puedan aportar datos bilógicos sobre el niño y sobre sus apropiadores ilegítimos. Eso contribuye desde una perspectiva de infancia".

En última instancia, el juez de la Cámara de Casación y Apelaciones en los Penal, Ignacio Mahiques, explicó que "se tiene que tipificar la entrega ilegítima de un menor y la escala salarial tiene que ser grave, proporcional al daño provocado. No advierto de manera clara por qué las provincias deberían ceder su competencia en la investigación de este tipo de delitos”.

Cuando el tema de la venta de niños y de órganos, como idea “filosófica”, fue promovido públicamente antes de la campaña presidencial del año pasado, todos creyeron que se trataba de una broma, de un exabrupto, de un desborde del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El hombre aparecía con un perfil “disruptivo” al cual había que permitírsele cualquier cosa, porque se presumía que traía “ideas nuevas”, porque la “casta” estaba terminada, la política tradicional y más conocida se veía decadente, y era necesario un aire fresco que lo cambiara todo. ¿Todo?

La sociedad argentina reaccionó frente a la posibilidad de que un eventual presidente admitiera como normal que se vendieran chicos, o que la gente mercantilizara sus riñones, parte de su hígado, una retina, o un dedo del pie cuando necesitaba dinero.

Una digresión: las fuerzas del cielo a veces aconsejan mal, y en otras ocasiones provocan justicia divina para dejar en claro que ellas no son las que promueven las barbaridades que piensan y hacen las almas encarnadas. Por eso surge un caso como el del pequeño Loan, desaparecido por arte y magia de la trata de personas en Corrientes, que deja tiritando a un ahora mandatario, preocupadísimo en la Casa Rosada y rogando que se esclarezca rápidamente.

Es que en campaña, por más que se quiera ser original, hay que tener cautela con las palabras, cierta sensatez en la elaboración de un discurso y no incorporar cualquier cosa porque “soy anarcocapitalista” y se acabó. Creer, como le dijo Milei a Ernesto Tenembaum, alrededor del 29 de junio de 2022, que la trata de personas y la venta de órganos era una “idea filosófica” que podría debatirse dentro de 200 años, significa que dentro de sus razonamientos la idea estaba, subyacía.

Y tanto subyace ahora que uno de sus seguidores, el actual senador de la nación por La Rioja Juan Carlos Pagotto, quiso hacer modificaciones “sobre las penas” a los secuestradores de niños en un proyecto de Carolina Losada. Este volvió del recinto a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. El texto modifica el artículo 139 bis del Código Penal y determina de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Antes, la pena mínima era de 3 años.

Hay más endurecimiento de penas en ese proyecto de ley, pero la noticia aquí es que Pagotto, contra su voluntad, hizo que los 63 senadores que aprobaron el proyecto se dieran cuenta de que no habían visto las penas. Están dormidos como en la mayoría de las sesiones. El tema atraviesa el ámbito legislativo, cuando la realidad avanza con dificultades en la vida correntina y de otras provincias, donde los chicos se venden a cifras extraordinarias como el agua en terrenos desérticos.

Con Loan afloró el submundo de la trata de personas, el entramado de la apropiación de chicos, la vulnerabilidad de las chicas de quince años expuestas a ser embarazadas por miembros de esa organización maligna, también la oferta de cuidados durante el embarazo y finalmente la sustracción del recién nacido para su venta en lugares por ahora desconocidos. “Tu bebé nació muerto”, es la única respuesta que reciben.

La señalización del hospital como sede casi central de la apropiación de los bebés por parte de enfermeras, con la anuencia de las autoridades sanitarias, agrega más horror a la trama nunca denunciada antes. La reacción por Loan despertó a un pueblo que sabía perfectamente lo que pasaba y nadie decía nada.

La conducción de los hechos por parte del comisario del pueblo define el acosamiento de los pobladores para que callen, y despeja el velo del miedo en que sumen a los vecinos. Los silencios de las autoridades provinciales respecto de lo ocurrido, que esta vez dejaron sin información oficial durante una semana debe ser al menos calificada de complicidad. Agravada incluso por proteger a una de las involucradas en la organización de la captura de Loan y activa participante en la obstaculización de las investigaciones, Laudelina Peña, a la que envió al penal de Ezeiza. Lejos, bien lejos para que no la maten entre todos los vecinos.

Si bien la investigación fue confusa y todavía carece de pruebas contundentes, los aportes de las primas de Loan, Camila y Macarena, denotan que el secretismo falló en esta oportunidad por la ambición de Laudelina que le confió a su hija mayor, de 14 años, que iba a recibir una casa, un auto y una moto por la entrega de un chico. Macarena declaró contra su propia madre y contó esto.

La presencia de efectivos federales en la ciudad correntina de 9 de Julio estuvo lejos de traer seguridad a las madres que dudan en llevar a sus hijos a la escuela donde un comisario les sacaba fotos a los niños, con la aprobación de la directora. La visita fugaz de la ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich tampoco dejó una esperanza, ni pudo hablar demasiado por su enojo con el gobernador Gustavo Valdez. ¿Qué información manejan ambos que la sociedad desconoce? ¿Qué acuerdos políticos sujetan las bocas?

La resonancia del secuestro o rapto de Loan es similar a la del asesinato de María Soledad Morales, en Catamarca, hace demasiados años. Tiene esa intensidad del espanto que hace levantar a las masas, conmueve sin ser inédito, emociona por el destino que le han trazado al niño unos desalmados hambrientos de dinero. Se vincula con la sospecha de que estos crímenes no pueden concretarse si no hay una complicidad con el poder político y policial, una incertidumbre sobre una organización nefasta, generada por medio de células, donde el que entrega solo ve a quien recibe, pero desconoce quienes integran la cadena en su totalidad. Es la misma modalidad que emplean el terrorismo y el narcotráfico.

Es todo tan oscuro y siniestro que, a los pobladores de Goya, Curuzú Cuatiá, 9 de Julio, les cuesta admitir que la naturalización en la que entraron por no hablar, protestar y reclamar, les generó una culpa que los molestará por un tiempo.

En la Argentina se está jugando con fuego, y para colmo no se resuelven los problemas más apremiantes. La gestión de gobierno deja mucho que desear en materia social. Lo social no es solamente económico, contiene dramas cotidianos como la inseguridad, la falta de trabajo, la ausencia de un buen sistema de salud, la desatención del Estado en el curso de una dirección hacia el progreso de los argentinos, la improductividad creciente.

Estas cuestiones no son ideas filosóficas, son de necesidad y urgencia, conflictos que devastan a la sociedad ya exhausta de por sí por las pésimas políticas arrastradas en el tiempo, porque los males señalados no son del día de ayer, llevan décadas esperando que alguien sensato e inteligente se siente a laburar en el sillón de Rivadavia y no se mueva de ahí hasta resolverlos.

Luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni comunicara que se subastaron ocho inmuebles decomisados en causas de narcotráfico, corrupción y trata de personas, y anunciar que tres fueron ‘causa cuadernos’, puntualmente contra Daniel Muñoz exasesor kirchnerista por el entramado de coimas en la obra pública, la diputada radical Carla Carrizo le salió al cruce y aseveró: “Estudie y cumpla con la ley”.

El portavoz había expresado que “Javier Milei vino a hacer la verdadera distribución de la riqueza que no es la que nos quisieron vender durante años, sino que la plata de la corrupción que vuelva a la gente”. Esto molestó a Carla Carrizo, quien en un comunicado en X -arrobó a Adorni- le explicó que “ni kermés ni subastas. Los bienes decomisados en casos de trata son para la asistencia de las víctimas (Ley 26.364 articulo 27)”.

Asimismo, la diputada de la UCR le recordó el caso de Loan, niño de Corrientes que está desaparecido hace dos semanas y por lo cual hay varios detenidos relacionados con la trata de personas: “Van 15 días y no tuvimos ningún informe sobre el estado de implementación de las políticas de trata en el país, que es un delito federal y cuya respuesta coordinada depende del Estado nacional”.

Estimado @madorni . Ni kermés ni subastas: los bienes decomisados en casos de trata son para la asistencia de las víctimas (art 27 ley 26.364). Estudie y cumpla con la ley. No se hace política con el dolor de las familias ni la incertidumbre de las víctimas. Van 15 días y no… pic.twitter.com/6xblA51Icl

— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) June 28, 2024

“El caso Loan es el más visible, pero no el único”, advirtió Carrizo. También, le recordó a Adorni que “junto a 12 legisladores presentamos un proyecto para que los equipos de los tres ministerios que conforman el Comité Ejecutivo contra la Trata vengan a informar a la ciudadanía y a los argentinos”.

Para cerrar, Carla Carrizo aseveró: “No se hace política con el dolor de las familias ni la incertidumbre de las víctimas”.

A dos semanas de la desaparición de Loan en Corrientes, los diputados nacionales colocaron en sus bancas en la sesión de este jueves la imagen del menor, situación similar a la que sucediera hace tres años atrás con el caso de Guadalupe Lucero.

"Buscamos a Loan Danilo Peña", reza el texto e incluye que si se tiene información, se llame a la línea 134, del Ministerio de Seguridad.

Loan, de cinco años de edad, desapareció el pasado 13 de junio en la zona rural de la localidad correntina El Algarrobal (9 de julio), luego de un almuerzo en la casa de su abuela paterna.

En un principio, la sospecha giraba en torno a que el niño se había perdido, pero la causa dio un giro sobre un posible hecho de secuestro para una red de trata. Actualmente hay seis personas detenidas.

Durante el arranque de la sesión, el diputado Nicolás del Caño (FIT) presentó una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque "el Gobierno ha desmantelado muchos de los programas que hacen a combatir las redes de trata y la asistencia a las víctimas".

El legislador de la izquierda denunció que hubo "una reducción del 65% de la ejecución presupuestaria" destinada a estos programas. Además, calificó como "show" la foto de Bullrich con el presidente Javier Milei monitoreando el caso.

"¿Por qué el Gobierno ahora habla de que está preocupado cuando ha desmantelando estos proyectos?", insistió y recordó que en el debate presidencial del año pasado Bullrich había denunciado que "Milei apoyaba la teoría de Murray Rothbard". "Milei le puso el nombre a uno de sus perros en honor a alguien que dice que hay que vender niños", completó.

Los carteles pidiendo por Loan Danilo Peña fueron pegados en las bancas de los legisladores.

Previo a comenzar el debate, el jefe de la bancada UP, el santafecino Germán Martínez, apuntó contra el diputado del Pro Hernán Lombardi por un tuit en el que acusó a la oposición de hacer “oportunismo”.

Me cuesta pensar algo más miserable que la utilización del dolor y la conmoción que sentimos por Loan que hace el kirchnerismo.
Las fotos en las bancas hablan del oportunismo y no de su preocupación por la búsqueda de justicia. pic.twitter.com/8QTdhWLONT

— Hernán Lombardi (@herlombardi) June 27, 2024

“Lejos de todo intento mezquino la decisión del bloque ni fue ni siquiera plantear una cuestión de privilegio sobre el tema y venir con la imagen que se está difundiendo en todos lados pidiendo por su aparición c vida y remitiendo al teléfono 134 para colaborar en la búsqueda”, comentó Martínez y agregó: “Es una sesión que tiene mucha repercusión en redes y visibilidad y solo vinimos a eso”.

“Cada uno es libre de colgar o no el cartel, pero me llamó la atención la referencia de Lombardi en redes de una utilización mezquina por nuestra parte y nada más alejado que eso. No queremos que el tema sea de utilización política, lo vinimos a hacer con el deseo sincero de que pueda ser encontrado. Agradecemos a los diputados de otros bloques que pusieron su cartel”, cerró.

La diputada nacional Carla Carrizo solicitó que el Gobierno Nacional que informe y explique sobre las distintas políticas públicas destinadas a la protección de víctimas de trata de personas.

Entre las consultas, la legisladora radical pidió que el Gobierno se expida sobre la vigencia del fondo de asistencia a las víctimas de trata ante la posible aprobación de la Ley Bases que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a modificarlo, transformarlo, unificarlo, disolverlo o liquidarlo.

Además, Carrizo requiere que se arbitren las medidas pertinentes para brindar apoyo, fortalecer, sostener e incentivar las unidades de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en las provincias del país pertenecientes al Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Por último, la diputada solicita que los equipos que están trabajando en el caso Loan informen ante el Congreso para que la ciudadanía sepa sobre el mapa de las redes de trata que existen en el país y la implementación y coordinación de las políticas para su abordaje.

“Nuestro país cuenta con múltiples normativas, organismos y políticas que pretenden dar respuesta a este delito complejo de trata de personas. Sin embargo, los casos siguen ocurriendo. Por eso es imperativo que se evalúe la efectividad de las medidas y se tomen acciones concretas para fortalecer la prevención, la protección de las víctimas y la persecución de los responsables”, señaló la diputada radical.

“Creemos que resulta crucial que esta Honorable Cámara conozca el estado actual de las diversas políticas, los resultados obtenidos hasta el momento, los desafíos identificados y las propuestas para mejorar la respuesta institucional ante esta grave violación de derechos humanos”, agregó la legisladora.

Para Carrizo, “cobra relevancia el debate sobre la ley Bases que se encuentra en debate en el Congreso de la Nación, porque el artículo 5 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos, entre ellos, el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata. Por tanto, resulta clave que el PEN se expida expresamente sobre si garantiza su plena vigencia”.

El proyecto cuenta con las firmas de los diputados Carla Carrizo, Gabriela Brouwer de Koning, Gerardo Cipolini, Atilio Benedetti, Marcela Ántola, Martín Tetaz, Danya Tavela, Mario Barletta, Karina Banfi, Julio Cobos, Marcela Coli, Natalia Sarapura y Mariela Coletta.