Inspirada por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, volada el 18 de julio de 1994, como así también en un atentado similar realizado dos años antes contra la embajada de Israel en la Argentina, consiguió media sanción en la Cámara baja la iniciativa que instituye el juicio en ausencia. Se trata de una instancia que permitiría juzgar a acusados por delitos graves cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como es el caso de los ataques cometidos contra objetivos israelíes en Buenos Aires hace más de tres décadas.

La aprobación se alcanzó con 147 votos a favor, 68 en contra y 9 abstenciones, al cabo de una extensa sesión en la que también salieron los proyectos de suspensión de las PASO y reiterancia y reincidencia. La votación en general se realizó a las 00.34 de este viernes. 

El de juicio en ausencia era el tercer proyecto incorporado al temario de esta primera sesión extraordinaria y, a través del mismo, se modifica el Código Procesal Penal en el artículo 104, estableciendo que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, se establece que “la declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”.

A su vez, el proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investiguen los delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo. 

El debate en el recinto

Como miembro informante del dictamen de mayoría, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aseguró que el proyecto busca “el fin de la impunidad”. “En Argentina no puede avanzar ningún proceso si no se tiene al detenido en frente”, explicó y recordó que “nosotros hemos sufrido dos atentados tremendos” a la embajada de Israel y AMIA, y “quienes generaron estos delitos fue imposible detenerlos”. 

La cordobesa afirmó que la iniciativa “no toca la Constitución y no anula el legítimo proceso o la defensa en juicio del imputado”, y que este mecanismo “existe en otros países”. Sobre esto, mencionó el juicio en ausencia que se le realizó a Alfredo Astiz en Francia por el secuestro, tortura y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. 

Para la legisladora del Pro, en Argentina el juicio en ausencia “es una deuda pendiente”. “Muchos familiares de víctimas están esperando lo que es un instrumento para poder hacer justicia”, sostuvo y agregó que “este proyecto tiene que ver también con la memoria del fiscal Alberto Nisman”. 

“Esta aprobación va a generar un antes y un después del Gobierno con Irán. Se podrá continuar con el juicio contra altos funcionarios del gobierno de Teherán, acusados de ser los autores intelectuales de los atentados” de 1992 y 1994, a quienes Irán “siempre se negó a extraditar”, resaltó. 

Con una postura en contra de la iniciativa, el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade consideró que el proyecto “representa otra derrota de la política frente a las corporaciones económicas y sus medios de comunicación, que tienen permanentemente una pistola en la sien de la dirigencia política”. “Venimos a salvar a los jueces corruptos de este país, que no les importa un bledo el Estado de Derecho. La mafia de Comodoro Py va a ser la encargada de llevar adelante los juicios en ausencia”, cuestionó. 

Para el legislador K, “estamos frente a un instituto que vulnera de manera flagrante el orden constitucional-convencional de las garantías del proceso penal”. “No existe la defensa real efectiva en este proyecto, es una ficción lo que están planteando”, dijo y añadió que se aplicará para los delitos contemplados en el  Estatuto de Roma, cuando éste “no admite el juicio en ausencia”. 

Durante el debate, el diputado de Democracia para Siempre Fernando Carbajal advirtió sobre “la incapacidad manifiesta que tiene la justicia (argentina) de hacer los juicios en presencia” y que “tenemos dificultades para dictar sentencias de condena”. Sobre la iniciativa, opinó que “es compatible con la Constitución Nacional” y respecto de cómo garantizar la defensa, el texto “satisface de manera razonable esto, porque hay mecanismos antes de decidir el juicio en rebeldía” cuando el imputado “tiene conocimiento efectivo de la imputación en su contra y elige no someterse a la Justicia”. 

Desde la UCR, el mendocino Julio Cobos recordó que desde el año 2013 viene presentando iniciativas en este sentido. Sobre el proyecto, destacó que está contemplado “extremar las medidas para ver si se completa la comparecencia de los acusados, las alertas rojas o los pedidos de captura que tiene que realizar el Poder Ejecutivo, los pedidos de extradición, los plazos que hay para ver si contesta o no el país”. Además, “se asigna un defensor como última instancia y el imputado tiene derecho a designar su defensor”. 

Miembro de la comunidad judía, la diputada del Pro Sabrina Ajmechet se manifestó conmovida por estar tratando el tema, luego de “años de trabajo”. Destacó luego la presencia de las autoridades de la DAIA y la jueza Sandra Arroyo Salgado, exesposa de Nisman. También ponderó “la valentía del presidente Javier Milei y de la ministra Patricia Bullrich, que tuvieron la decisión política de que esto se esté tratando”. 

“Somos un país que sufrimos dos atentados y que todavía no hemos podido juzgar a los culpables”, lamentó y expresó “la esperanza de que alguna vez lo hagamos, porque ahora vamos a tener la herramienta”. “Tenemos muchísima información sobre los autores materiales e intelectuales de los atentados” e “Irán jamás va a permitir que salgan de su país, por eso lo mínimo que podemos hacer es juzgarlos en ausencia”, continuó. 

Ajmechet remarcó que “la organización terrorista Hezbollah fue financiada por el Estado terrorista de Irán, que es el mismo Estado que financia a la organización terrorista Hamás, que hoy tiene ocho ciudadanos argentinos secuestrados en Gaza”. Y, acto seguido, los nombró uno por uno. 

A su turno, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés mencionó que hablaba como familiar de dos víctimas del atentado a la embajada de Israel. “La Corte Suprema de Justicia ha sido la competencia originaria de la investigación y desde 1992 a la fecha no tenemos ninguna respuesta”, subrayó. Tras un racconto histórico, sostuvo: “Yo siento que este proyecto se usó como una excusa para dar una respuesta a los atentados, pero la respuesta ya la tiene el mundo, de lo que se trata es que tengamos la voluntad; no hagamos nosotros sustitución de la responsabilidad que tiene la Justicia”. 

En el final, el oficialista Santiago Santurio criticó el rechazo de UP al proyecto -también a la iniciativa de reiterancia y reincidencia- solo por “antimileísmo”. Respecto al texto, aseguró que “se resguarda el derecho de defensa” y el acusado “tiene la posibilidad de apelar si hay una condena”. “De lo único que se priva al acusado es de lo que él mismo voluntariamente renunció, que es a la presencia del juicio que se le hace, con lo cual no se altera ninguna garantía”, añadió. 

Para el libertario, este proyecto “mejora la calidad institucional, mejora la calidad de Justicia de nuestro país, y sobre todo nos hace buscar la verdad y el resarcimiento a las víctimas del terrorismo en Argentina, que ocurrió en el pasado y podría ocurrir en el futuro”. 

Dirigente del partido Republicanos Unidos presentaron una denuncia contra el cuestionado presidente de Nicaragua Daniel Ortega por encubrimiento (art. 277 del Código Penal). Asimismo, se solicitó se investigue la posible comisión de delito (arts. 274 y 249 del Código Penal) por parte del canciller argentino Santiago Cafiero y el embajador argentino en el mencionado país, Daniel Capitanich. La misma se da en el marco del acto de reasunción de Daniel Ortega del que participó Mohsen Rezai, incluido en las alertas rojas de Interpol debido a la causa AMIA. 

La denuncia fue presentada por Yamil Santoro, José Magioncalda, Juan Martín Fazio, José Luis Patiño y Paulo Vitaver, dirigentes del partido Republicanos Unidos. Si bien la misma fue sorteada en el juzgado criminal y correccional nro. 2, a cargo del juez Ramos, se espera que sea derivada al juzgado nro. 6, subrogado por el Dr. Rafecas, que lleva adelante la causa AMIA. 

“Por principio de soberanía, en delitos cometidos en otro país que tienen efectos en Argentina corresponde que intervenga nuestra Justicia. Consideramos que el dictador Ortega encubrió a un acusado con pedido de captura. No solo no lo detuvieron, aunque sea provisoriamente, sino que lo recibieron con honores”, explicó Santoro. 

“En ese contexto, lo ocurrido con Santiago Cafiero como canciller y con Daniel Capitanich como embajador no sólo es una vergüenza, sino también consideramos puede llegar a ser delito.  No activaron mecanismo alguno para detención del iraní, ni para la sanción de las autoridades nicaragüenses por su evidente conducta de encubrimiento”, amplió José Magioncalda, del grupo de denunciantes. 

Republicanos Unidos ya participó de otras denuncias resonantes para la política argentina, como las generadas por los escándalos generados por el “Vacunatorio VIP” y el “OlivosGate”. 

El Tribunal Oral Federal N° 8 sobreseyó en la tarde del jueves víspera de un feriado extralargo a todos los imputados en la causa por la firma del Memorándum con Irán, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini sobreseyeron a la expresidenta y actual Vicepresidenta de la Nación y titular del Senado; al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; al senador Oscar Parrilli; al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros, según un fallo de 387 carillas.

Los magistrados del Tribunal Oral Federal 8 hicieron extensiva la resolución al fallecido excanciller Héctor Timerman al concluir que "los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito" y dejaron sentado que "el presente proceso no afecta el buen nombre y honor" de quienes estuvieron imputados.

El Tribunal cerró así por inexistencia de delito la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum, una decisión que podrá ser revisada en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal si es apelada por la fiscalía o las querellas de DAIA y Familiares de Víctimas del atentado.

Por lo pronto, el TOF 8 sobreseyó a todos los imputados y dio por concluidos los preparativos que se realizaban para un juicio oral.

El listado de sobreseídos incluyó también al actual embajador en Rusia Eduardo Zuain, a la exfuncionaria Angelina Abbona, a los dirigentes sociales Luis D'Elía, y Fernando Esteche, a Jorge Khalil y al exagente Héctor Bogado.