La diputada de la CC-ARI se refirió a la situación en Tierra del Fuego y pidió terminar con el régimen de exenciones y cargó contras las empresas que sacan beneficio del mismo: “Necesitamos que los empresarios paguen sus impuestos”.
La diputada nacional Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica) avizoró sobre el proyecto de ley Bases que “hay muchas probabilidades de que se apruebe”. También cargó contra las dos empresas que sacan beneficio del régimen fiscal de Tierra del Fuego y pidió terminar con las ventajas impositivas en la isla.
En diálogo por Radio Rivadavia, la legisladora destacó que “el Gobierno puso negociadores mucho más aptos que en la primera etapa mandaban empleados y era difícil compartir y encontrar una devolución. A partir de que el vicejefe y otros funcionarios de mayor jerarquía se involucraron en las charlas avanzó mucho más rápido y encontramos mayor recepción”.
“Salvo en algún artículo en particular que se está revisando y que quedaron en contestar, pero que no hacen al núcleo del proyecto yo creo que hay muchas probabilidades de que se apruebe prontamente cuando convoque el presidente de la Cámara”, avizoró.
Al ser consultada por la situación fiscal en Tierra del Fuego, planteó: “Somos un país pobre, donde 6 de cada 10 chicos no comen, necesitamos que los empresarios que se están beneficiando con una economía cerrada paguen sus impuestos y poder quitar los beneficios a estos dos empresarios que toman el tema de Tierra del Fuego porque ese régimen de promoción se dio cuando había que poblar la isla donde había situaciones adversas que hoy no están”.
En la misma línea, enfatizó en la necesidad de poder quitar los beneficios a las dos empresas vinculadas a los Caputo (Mirgor) y los Chernajovsky (Newsan).
Al respecto, Oliveto expresó que el proyecto de la Coalición Cívica contempla a los 10 mil trabajadores de la isla, pero apuesta a terminar con el beneficio de los empresarios que “que hacen que paguemos la ropa y los celulares caros. Los sueldos de los directores de empresas tienen exenciones”, y subrayó: “Hay un montón de situaciones que nuestro país no puede sostener más”.
Por su parte, la diputada cercana a la dirigente Elisa “Lilita” Carrió sostuvo que “hay que salir de la crisis y sostener a un montón de argentinos que ya no dan más entre ellos los jubilados”. “Por qué quieren no mejorar la situación de los jubilados mientras seguimos sosteniendo estos regímenes especiales que benefician a algunos vivos”, se preguntó.
“Los argentinos necesitamos tranquilidad, la no confrontación, un país de la confrontación y de insulto es inviable para que vengan e inviertan, para que podamos crecer, para el diálogo político que se tiene que dar más cuando el presiente no tiene las mayorías”, remarcó.
Así, insistió: “Esa no es la manera, ya vivimos mucha confrontación con el kirchnerismo, estamos agotados y no queremos más esa forma de relacionarnos, le pido que se tranquilice y que piense, el que piensa distinto no somos la fuerza del mal, sino que somos personas que tenemos disidencias y dejemos de dividirnos porque es malo para la viabilidad del proyecto de vida. Tiene que entender que todos los días nos levantemos y haya un enemigo nuevo, una pelea nueva. A lo largo del tiempo esto es inviable”.
“Hay mucha gente que lo quiere ayudar, hay muchos argentinos que lo acompañaron, que no dinamite puentes, sino que lo construyan porque el presidente es de todos los argentinos no solo de los que piensan como él”, manifestó Oliveto Lago.
La diputada de la CC-ARI cerró: “El presidente tiene en nosotros el apoyo para dejar de lado los intermediarios, la realidad es que sobre el tema de la intermediación no se mandó nada al Congreso y ahí hay que hacer algo porque esta gente obliga a la gente que la pasa mal a ir a las marchas, los ponen en las listas, el problema está en el procedimiento. Si vamos a hacer el cambio que sea en serio, no un maquillaje y nosotros en eso vamos a acompañar. Hay que hacerlo porque hay herramientas para hacerlo”.
Desde el Sanatorio Esperanza remarcaron que “se encuentra bajo supervisión médica”, pero adelantaron que no proporcionarán detalles adicionales sobre su estado de salud “por respeto a la paciente”.
La Dirección Médica del Sanatorio Esperanza (ubicado en Santa Fe) informó esta tarde sobre el estado de salud de la líder de la Coalición Cívica – ARI, Elisa Carrió, quien había ingresado a la institución cerca del mediodía del 12 de julio de 2023 presentando un cuadro compatible con déficit isquémico transitorio (cerebral) y está bajo la supervisión del Doctor Esteban Fregona.
“Se encuentra bajo observación médica y se llevaron a cabo diversos estudios y análisis clínicos para determinar el origen y la naturaleza de su condición. Actualmente, permanece en la institución por decisión propia y del equipo médico, aguardando evolución”, informaron desde el Sanatorio,
Del mismo modo, agregaron que “por respeto a la privacidad y confidencialidad de la paciente, no proporcionaremos detalles adicionales sobre su estado de salud”.
También, expresaron: “Nos comprometemos a mantener informados a los medios de comunicación y al público en general sobre cualquier novedad relevante en relación con la evolución médica de la paciente, siempre respetando los límites éticos y legales establecidos”.
En el final, el Sanatorio remarcó la comprensión y respeto hacia la privacidad de la paciente y su familia. “Agradecemos la consideración y solidaridad de todos los medios y personas involucradas”, finalizaron.
Así lo avizoró el diputado de la CC Maximiliano Ferraro tras el batacazo de su par Marcelo Orrego electo gobernador en San Juan y sumó: “En la Argentina hay aires de cambio”.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, celebró el triunfo de su par Marcelo Orrego electo gobernador por San Juan en los comicios de este domingo y avizoró: “Creo que vamos a gobernar entre 10 y 12 provincias en la Argentina”.
En declaraciones a Radio Continental, Ferraro opinó sobre los batacazos que viene dando JxC en las provincias tales como San Luis, Chaco y el reciente caso de San Juan: “En la Argentina hay aires de cambio. Ayer se vio reflejado en los comicios sanjuaninos, dejando atrás 20 años de kirchnerismo y perpetuación en el poder”.
“No tenemos que dejar de tener presente cierto enojo de una parte de la sociedad”, matizó el presidente de la Coalición Cívica en relación al alto nivel de abstención.
Además, remarcó que “es importante ofrecer un equipo con dos de los mejores gobernadores de la Argentina. Pero no se trata sólo de ganar, sino de saber gobernar, para eso se precisa un equipo consistente”.
“Nombres como Capitanich o Insfrán representan un poder feudal que viene desde hace tiempo. Pero creo que hay un diferencial cualitativo respecto de 2015-2019, creo que vamos a gobernar entre 10 y 12 provincias en la Argentina”, cerró.
Es por la falta de definición de ese partido respecto del pedido de incorporación del diputado liberal a la coalición opositora.
Los presidentes de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales; la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, y Encuentro Republicano Federal, Miguel Angel Pichetto, reclamaron al Pro decidir “con carácter perentorio” respecto de la integración de Avanza Libertad y José Luis Espert.
El pedido fue planteado atento a la resolución adoptada por el Consejo Nacional del Pro este martes, donde no se emitió definición alguna respecto del ingreso o no del dirigente liberal.
“Dicha solicitud se debe a que hace más de un mes tenemos pendiente esta resolución y estamos próximos a llevar adelante nuestras instancias partidarias para ratificar y/o definir el marco de alianzas”, expresaron los partidos integrantes de Juntos por el Cambio.
A través de un comunicado señalaron que “la Argentina necesita un JxC unido, plural y responsable, centrado en los problemas que atraviesan los argentinos y no en internas o sectarismos estériles”.
“Con la misma vocación de 2015 y 2019 ampliemos nuestro espacio para ganarle al kirchnerisno y comenzar a sentar las bases de un verdadero cambio consistente y sostenible en el tiempo”, cerraron los dirigentes de la UCR, la CC-ARI y Encuentro Republicano.
Fue a través de una nota que le envió la diputada Mónica Frade al titular de la comisión, el oficialista Ramiro Gutiérrez. “El kirchnerismo que admite ser el responsable político de la expansión del narcotráfico, ahora elige abandonar su rol y confesar su prescindencia”, afirmaron.
La Coalición Cívica volvió a exigir, como ya lo había hecho en octubre del año pasado, que la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados se constituya para sesionar en la Ciudad de Rosario.
A través de una nota dirigida al presidente de la comisión, el oficialista Ramiro Gutiérrez, firmada por la diputada Mónica Frade, los legisladores nacionales de la CC insisten en realizar una sesión presencial de trabajo, en la que se invite para que realicen declaraciones informativas a todas las autoridades políticas, judiciales, académicos y víctimas de este accionar en aquella ciudad.
La nota es acompañada por el jefe de bloque de diputados nacionales de la CC Juan Manuel López y por el presidente del partido Maximiliano Ferraro. Frade envió, también, la nota a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Prevención de las Adicciones de la Cámara, que preside el diputado Federico Angelini, que fue firmada además por la legisladora Leonor Martínez Villada, miembro de esta comisión.
“El kirchnerismo que admite, mediante la confesión de su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ser el responsable político de la expansión del narcotráfico, ahora elige abandonar su rol y confesar su prescindencia”, sostienen desde la Coalición Cívica.
Además, plantearon: “Luego de confesar la notable expansión del narcotráfico y la violencia durante los años en que su espacio político estuvo a cargo del Gobierno, el ministro Aníbal Fernández tomó la decisión de poner a su hombre de confianza histórico, Lucas Gancerain, como nexo entre el Ministerio que conduce y la provincia de Santa Fe”.
“Evidentemente, Fernández se aferra a su fracaso histórico para emprender esta nueva tarea”, señalaron desde la CC. Gancerain fue denunciado por Elisa Carrió y la propia Frade por su rol durante años de desplazamiento del narcotráfico por la Hidrovía.
Frade afirmó que “Gancerain es ´contador´. Es el ´especialista´ designado por el ministro para abordar esta tarea, lo que confirma que no se trata de solucionar nada, sino de tomarnos el pelo, como lo ha hecho desde que nació a la política”.
“No solo la designación de Gancerain para trabajar en este tema es la confirmación de que, en el mejor de los casos, nada va a cambiar, sino que la continuidad de un ministro de Seguridad que confesó públicamente su fracaso, es la declaración del desinterés y la irrelevancia de un presidente de la Nación que desconoce el país en el que vive”, añadieron desde la CC.
HONORABLE-CAMARA-DE-DIPUTADOS-DE-LA-NACIONLa diputada de la CC-ARI aclaró que la denuncia presentada es por “incumplimientos de deberes, abuso de poder e intimidación pública”, y planteó que el Gobierno eligió al gremio de Moyano porque “tienen claro que va a conseguir a cualquier costo las cosas por método violentos”.
La diputada nacional Mónica Frade (CC-ARI) explicó los motivos de su denuncia contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; y el secretario de Comercio, Matías Tombolini; por autorizar al gremio de Camioneros el control del programa “Precios Justos” y exigió: “Queremos una intervención judicial rápida para que hagan cesar esto”.
“Nosotros consideramos que hay incumplimientos de deberes, abuso de poder e intimidación pública y denunciamos al presidente de la Nación, obviamente, y al ministro de Economía, Sergio Massa, y a su secretario de Comercio. Nos parece que esta delegación que han hecho de facultades propias que son del Estado, y para lo cual el Estado tiene una burocracia en grupos irregulares que, para nosotros, son grupos paraestatales, es inadmisible y gravísimo como pocas cosas que hemos visto en los últimos tiempos”, explicó en diálogo por Radio Rivadavia.
En esa línea, Frade recordó que “históricamente la medida del control de precios en este país no ha funcionado nunca. Nosotros, no obstante, somos respetuosos porque los que gobiernan son ellos, nosotros tenemos otra visión, no es ese el punto sino lo metodológico”, y disparó: “Ellos saben que estas medidas no van a funcionar entonces la burocracia no les alcanza, la normativa no les alcanza entonces ponen estos grupos de choque cuya sola presencia intimida a cualquier supermercadista o empresario”.
“No es que nosotros decimos ‘los Moyano son unos mafiosos’, ‘la dirigencia de camioneros son unos mafiosos’, son unos mafiosos, son unos violentos asociados a parte de un Gobierno que aprueba este tipo de mecanismos”, apuntó la diputada de la CC-ARI.
Y sumó: “Massa en este caso dio el aval y el presidente por supuesto también, por eso está denunciado, para que estos grupos paraestatal tomen a su cargo el rol que tienen los funcionarios, inspectores que tienen un mecanismo, como eso saben que no va a funcionar patean las puertas”.
“Todos sabemos lo que hizo Borda en septiembre cuando entró a Logística MILO en Sarandí con el saldo de seis heridos. Ahora resulta que un tipo imputado por esto lo ponen al frente de esto por ser estar al frente de la logística en el gremio de camioneros”, recordó la diputada y denunció: “No eligen a cualquier gremio, eligen al gremio que tienen claro que va a conseguir a cualquier costo las cosas por método violentos y hacemos responsable al gobierno por esto”.
Respecto de los dichos de Juan Grabois defendiendo la decisión del Gobierno, Frade le contestó: “A Grabois le está faltando información y es raro porque es un chico informado. Primero decirle a Grabois que hay un Observatorio de Precios que me encantaría saber qué hacen. Segundo hay una Ley de defensa de la competencia. Tercero hay una legión de inspectores. Cuarto la Resolución 823 de diciembre donde la secretaría de Comercio decide el congelamiento de ciertos productos establece una app para que cualquier persona sea denunciante”.
“Los mecanismos están y sobran, porque cada uno de los que vamos a comprar podemos denunciar perfectamente eso a través de la aplicación. No necesitamos a la patota de Moyano para fuerza de choque, porque si lo que vamos a hacer es a través de fuerzas de choque, le quiero recordar a Grabois que este país tuvo una Triple A. Si él está de acuerdo en que las patotas sindicales controlen todo con milicias populares, deberíamos discutir otro sistema, si no le guste que emigre a otro país que tiene varios para eso”, planteó.
Además, remarcó: “Nosotros hacemos responsable a este Gobierno si llega a haber un herido porque los que se dejan controlar de esta manera puede ser gente que no quiere enfrentar esto, pero puede que haya gente que si, por eso hemos pedido en el marco de la denuncia que radicamos como medida cautelar que dicte una orden para que se abstengan de continuar con esto”.
“Queremos que haya una intervención judicial rápida para que hagan cesar esto, porque el clima de violencia en el que esta el país, no abonemos más violencia”, exigió Frade y agregó: “Usen toda la burocracia estatal porque todos los días ingresa más gente al Estado más organismos, si son inútiles que los cambien, pero la normativa para todo ese control está”.
Por último, al ser consultada por la próxima visita de Nicolás Maduro al país en el marco de las CELAC, la legisladora opinó: “La visita de Maduro al país no aporta nada, es para retener a un núcleo de personas. Los argentinos queremos vivir en un Estado de derecho”.
La iniciativa fue presentada por la diputada de la CC-ARI Leonor Martínez Villada quien argumentó que “el cuidado y atención integral, el respeto y la promoción de los derechos de las personas mayores es una responsabilidad primordial por parte del Estado”.
La diputada nacional Leonor Martínez Villada (CC-ARI/ Córdoba) presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde datos sobre el estado de situación, la ayuda y servicios que se están brindando desde el Estado, a través de las Residencias de Larga Estadía y centros de día destinadas a aquellas personas mayores sin obra social ni recursos económicos.
En la iniciativa solicita saber:
“El cuidado y atención integral, el respeto y la promoción de los derechos y a una vida activa de nuestras personas mayores es una responsabilidad primordial por parte del Estado nacional”, sostuvo la diputada.
Se trata de la legisladora de la CC-ARI Marcela Campagnoli quien le recordó al jefe de Estado que “pondera la gestión K en los trenes y se olvida la tragedia de Once”.
La diputada nacional Marcela Campagnoli (CC – ARI) cuestionó el discurso que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó en la reapertura del ramal Rosario a Cañada de Gómez. “Pondera la gestión K en los trenes y se olvida la tragedia de Once”, le recordó la legisladora a través de las redes.
Mediante su cuenta de Twitter, Campagnoli tildó el discurso del presidente como “papelonezco” en la re inauguración del tren en Cañada de Gómez, ya que “pondera la gestión K en los trenes. Olvida que Menem fue socio de los K, y lo peor, olvida la tragedia de Once y otras durante gestión K”, y le pidió que “vuelva al placard”.
El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Transporte, Alexis Guerrera, en el acto de reactivación del servicio ferroviario que conecta Cañada de Gómez con Rosario, en la provincia de Santa Fe.
“El tren hace falta a lo largo y ancho para que siga conectando a la Argentina y se termine con la desintegración del país”, expresó Fernández y agregó: “El tren nos conecta y nos iguala, dos valores que debemos rescatar”.
Y señaló: “Hemos pasado años muy difíciles, pero por delante tenemos un futuro promisorio. El tren nos da cuenta de ese futuro donde debemos conectarnos más”.
Además, el titular del bloque CC-ARI cuestionó a Alberto Fernández porque “no tiene entidad política ni entidad institucional”. Además, lanzó duras acusaciones contra la vicepresidenta: “Esta señora que toma el poder, más toxica no se consigue”. ¿Qué dijo de Guzmán?
En el inicio de la sesión de la Cámara baja, el diputado nacional y titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, apuntó contra la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis: “Con suerte va a ser una buena almacenera”. Además, cuestionó a Alberto Fernández porque “no tiene entidad política ni entidad institucional”, y lanzó duras acusaciones contra la vicepresidenta: “Esta señora que toma el poder, más tóxica no se consigue”.
“Todos ya vemos que tenemos un presidente de la Nación sin entidad política y con leve, casi nula, entidad institucional y eso nos preocupa a todos. Por eso estamos acá sentados, no por la agenda parlamentario, sino porque queremos un Congreso abierto que garantice un poco de institucionalidad a un presidente sin entidad institucional”, comenzó en su alocución López.
En ese sentido, señaló: “Vimos momentos de vacío de poder, vimos momentos de anarquía en el poder y cuando eso pasa alguien lo toma, no se crean que queda vacío”, y advirtió: “El poder siempre se ocupa. Lo pueden tomar los temerarios y creo que lo esta tomando una persona temeraria. Lo pueden tomar los golpistas, lo pueden tomar los desesperados por impunidad y en esa situación estamos”.
Respecto a la renuncia de Martín Guzmán, comentó: “El exministro fue un oportunista, descarado, escandaloso, se fue en este momento solo porque no se quiere hacer cargo de lo que va a pasar en pocos días, de que su modelo fracasó”.
“Nos deja el poder a una ministra, Batakis, que parece que la nombraron los gobernadores, la vicepresidenta y el presidente”, expresó en un tono elevado y manifestó: “Si tenemos suerte va ser una almacenera, si tenemos mucha suerte va a ser una buena almacenera”. Inmediatamente se disculpó: “Con perdón de los almaceneros”.
En ese contexto, el legislador de JxC alertó: “Si Argentina tiene poca suerte, que creo es lo que va a pasar, no sabemos el poco tiempo que va a durar. No hay mucho para decir, porque hay que tener cuidado con las palabras estos días. Yo no se si Cristina Kirchner tiene alguna estrategia política por delante, la verdad que lo dudo mucho o en todo caso a dónde nos lleva, pero si se que sabe el daño que causa, lo sabe. Si esto fuera derecho penal, de mínima es dolo eventual. Se representa lo que puede pasar porque fue 8 años presidenta y lo hace igual, no le importa. Es como el que pasa el semáforo en rojo a 180, no sabe si va a matar a alguien, pero si lo mata lo mata”.
“Miren Frente de Todos, señores gobernadores, intendentes, diputados, dirigentes sociales, van a terminar como Alberto Fernández, van a terminar vencidos, van a terminar humillados con esta señora que toma el poder, que más tóxica no se consigue. Así terminan los que siguen sumisos frente a la falta de liderazgo de ustedes y aferrarse al liderazgo de alguien que solamente está desesperada”, cerró con un fuerte mensaje hacia el oficialismo.
Los diputados del bloque presentaron un proyecto de ley en el que argumentaron que “las retenciones deben ser fijadas por el Congreso Nacional”.
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Leonor Villada, Rubén Manzi y Mónica Frade presentaron un proyecto de ley para derogar tres artículos de la Ley 22.415 del Código Aduanero que le da la potestad al Poder Ejecutivo de fijar los derechos de exportación y, según argumentaron los legisladores, es una atribución absoluta del Congreso de la Nación.
A través de su cuenta de Twitter, Villada comentó: “Presentamos junto a Rubén Manzi y a Mónica Frade un proyecto de ley para derogar los artículos 664°, 755° y 756° de la Ley 22.415 sobre Código Aduanero”.
“El fin del proyecto es despejar cualquier tipo de justificación legal que pueda respaldar la fijación de los derechos de exportación por parte del Poder Ejecutivo, ya que es potestad absoluta e indelegable del Congreso de la Nación”, explicó.
En ese mismo sentido, precisó: “Hasta el momento, el Poder Ejecutivo hace uso de herramientas jurídicas que lo habilitan a establecer estos tributos, a saber: La Ley de Emergencia Pública sancionada en 2019, que perdió vigencia el pasado 31 de diciembre; y los artículos mencionados del Código Aduanero”.
“A través de este último, se le delega al Ejecutivo la facultad de establecer elementos esenciales para los derechos de exportación”, remarcó la diputada cordobesa.
En tanto, enfatizó: “Por ello, el proyecto busca derogar esta atribución de forma tal que sea el Congreso quien trabaje y apruebe lo referido a las retenciones al agro, sector que atraviesa una difícil situación, resultado de sequías e incendios forestales y de una severa distorsión tributaria”.
“De aprobarse, no sólo se fomentará y se avanzará hacia un debido cumplimiento de la Constitución y la institucionalidad democrática, sino también se podrá facilitar desde el Congreso un trabajo mancomunado que acerque y brinde soluciones al sector, pilar fundamental del país”, advirtió.
El partido publicó un comunicado en el que repudian el proyecto del Gobierno para modificar la fórmula de movilidad, y sostienen que “el kirchnerismo se prepara para un feroz y cruel ajuste a los jubilados”.
La Coalición Cívica – ARI se pronunció a través de un documento sobre el proyecto que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria que se pretende tratar el 29 de diciembre en la Cámara de Diputados, y denunciaron que el kirchnerismo se prepara “para un feroz y cruel ajuste a los jubilados a través de una fórmula que no los protegerá de la inflación ni de una economía sin plan o rumbo certero”.
El documento, firmado por los diputados nacionales de la CC ARI Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Marcela Campagnoli, Alicia Terada, la diputada provincial Maricel Etchecoin Moro, los senadores provinciales Elisa Carca y Andrés De Leo, el legislador porteño Hernán Reyes y el presidente de la CC ARI-Córdoba Gregorio Hernández Maqueda, sostiene que “el kirchnerismo suspendió la movilidad por ley y ahora avanza con una fórmula que viola la justicia conmutativa al retribuir los aportes con dinero depreciado. Al gobierno nacional sólo le importa cumplir un objetivo, especialmente, el de la vicepresidenta que es la búsqueda de impunidad”.
Para la CC ARI “es una maniobra perversa” del kirchnerismo dictaminar un 23 de diciembre y tratar el 29 este proyecto en el recinto, el mismo día que el Senado tratará la IVE.
“A pesar del relato del Gobierno, no caben dudas de que las jubilaciones y pensiones van a perder poder adquisitivo frente a la inflación en este año 2020, agravada con las estimaciones previstas para el 2021 del 50%, esto significa una pérdida para los jubilados de aproximadamente 20 puntos sólo en un año”, explica el documento de la CC ARI. “Si esto no es promover una cultura del descarte con nuestros adultos mayores… ¿Qué es?”
Y agrega: “El Gobierno pretende que la sanción de esta ley pase desapercibida para la sociedad y los medios, oscureciendo un debate trascendental, impidiendo una deliberación pública adecuada con tiempos y exposición de argumentos técnico”.
Los legisladores señalan que la movilidad de las jubilaciones y pensiones tiene protección constitucional, y su objetivo es el de mantener el equilibrio entre el valor de lo que los trabajadores pagaron en su momento y lo que se les retribuye años más tarde.
“Hoy no da respuesta a la alarmante situación social y económica que estamos atravesando y descarta a millones de jubilados -como lo hicieron en la década del 90- que se ven afectados por la crisis económica, mal manejo de la política sanitaria de la pandemia y, ahora, un ajuste utilitario”, afirma la CC ARI.
Entre sus argumentos se recuerda que en campaña electoral Alberto Fernández prometió un aumento del 20% para todos los jubilados “con la plata de las Leliq, hecho que nunca sucedió, al contrario, fueron sujetos del más violento ajuste en sus haberes”.
“Ese día comenzó a construirse su peor mentira que tiene como víctima al sector más sensible de la sociedad: nuestros jubilados”, dice el escrito de la CC ARI, que finalmente repasa cómo se llegó a la actual situación:
“A fin del año pasado, a pedido del Gobierno recién asumido, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.541 de Emergencia Pública, que suspendió por 180 días la movilidad jubilatoria vigente – que contempla un 70% de inflación y un 30% del índice salarial RIPTE – y autorizó a que el Poder Ejecutivo fijara trimestralmente el incremento de los haberes previsionales. A través del Decreto Nº 542/2020, de junio del 2020, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la fórmula de movilidad vigente. El Gobierno anunció un aumento del 5% a los pasivos – dependiendo del monto de la jubilación- los incrementos otorgados por decreto este año acumularán un aumento de entre el 24,3% y el 35,3%. En caso de haberse mantenido la movilidad dispuesta en la Ley 27.426, sancionada en diciembre de 2017 durante el gobierno de Cambiemos, los haberes jubilatorios habrían aumentado en todo este año un 42%. Esto, significa que los jubilados cobraran entre el 7% y el 18% menos que lo que les corresponde por la Ley suspendida por el Gobierno Nacional. Este proyecto prevé una formula, que dicen es nueva, pero en realidad es la copia de la vigente durante la presidencia de Cristina Fernández, en el 2008, que consiste en aplicar el 50% del índice de variación salarial ( RIPTE) y el 50% de la recaudación para Anses (con el tope del 3% de la misma) dejando de lado el índice de Inflación (IPC), a esto se agrega que para calcular el índice de marzo 2021 sólo se toma el cuarto trimestre, omitiendo el tercero, por lo tanto en vez de ser un aumento de 11.9% solo será del 6.1%”.
Desde la Coalición Cívica ARI cargaron contra el Gobierno por las casos de toma de terrenos, y pidieron que “ejerza su autoridad y garantice el derecho a la propiedad privada y su inviolabilidad”.
Desde la Coalición Cívica ARI le exigieron al Poder Ejecutivo Nacional que “deje de promover la toma de tierras y campos”, como viene ocurriendo en distintos lugares de nuestro país, y que “ejerza su autoridad y garantice el derecho a la propiedad privada y su inviolabilidad”.
“Vemos con mucha preocupación cómo el Estado se abstiene del cuidado y de hacer respetar los bienes y la vida de las personas” expresaron desde la CC-ARI.
Y concluye el comunicado: “Es inadmisible que el Estado mire para otro lado o fomente este tipo de acciones ilegales”.
El partido referenciado en Elisa Carrió manifestó su repudio a la eliminación del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte en esa provincia, y pidió la “condena” por parte del Gobierno nacional.
La Coalición Cívica, el partido referenciado en Elisa Carrió, manifestó su “enérgico repudio al golpe institucional y al atropello a la Justicia de Catamarca”, en referencia a la aprobación de la ley para eliminar el Consejo de la Magistratura y otra para ampliar el número de jueces en la Corte Suprema Provincial. Además, advierten que “este puede ser un ensayo a replicarse a nivel nacional”.
“La eliminación del Consejo de la Magistratura provincial es la sentencia de muerte para la independencia judicial. El Poder Ejecutivo Nacional debe condenar el avasallamiento a la Justicia catamarqueña, para que los argentinos sepamos que no es ese su modelo de reforma judicial”, enfatizaron los dirigentes.
El diputado nacional por Catamarca Rubén Manzi señaló que “con la eliminación, en una sesión sin debate, del Consejo de la Magistratura y el incremento del número de jueces que integran la Corte Suprema, Catamarca retrocede tres décadas. En adelante, será la voluntad del gobernador de turno la que decida la designación de los cortesanos provinciales”.
“Este avance sin precedentes sobre la institucionalidad, sumado al incremento del número de jueces en la Corte Suprema, representan una clara maniobra que atropella la independencia de la Justicia y pretende mantener bajo control a los magistrados de la provincia”, insistió el legislador de la CC-ARI.
En tanto, desde la fuerza agregaron que esperan “la inmediata condena del Ejecutivo Nacional a esta maniobra para amañar la Justicia catamarqueña y de convertirla en una herramienta de impunidad”.
La legisladora bonaerense de la CC ARI Maricel Etchecoin presentó un proyecto de declaración manifestando su “absoluta preocupación” ante “la persecución penal de periodistas”.
La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio Maricel Etchecoin presentó un proyecto de declaración para expresar su “absoluta preocupación” ante “la persecución penal de periodistas lo que constituye un atropello sin precedentes desde el regreso de la democracia”.
“Advertimos que la persecución penal de periodistas es un atentado a la libertad de expresión y a la democracia toda. Siembra temor y autocensura a los trabajadores de la prensa y a los medios de comunicación”, afirmó la diputada en el comunicado, y rechazó los dichos de funcionarios del Gobierno nacional y dirigentes oficialistas que –sostuvo- “implican un intento de criminalización de periodistas y recuerdan a los gobiernos autoritarios”.
En el proyecto, la legisladora subraya que “la persecución penal de miembros de la prensa constituye un atropello que no tiene precedentes desde el regreso de la democracia en 1983, resultando preocupante la posibilidad de que la Justicia impute a periodistas en una causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal”.
“La tarea de la prensa es, por definición, la de investigar, indagar y dar a conocer libremente información fruto de esa labor. Es por esta razón que cualquier causa judicial, motorizada por sectores del poder contra periodistas por realizar su trabajo, es un atentado a la libertad de expresión y a la democracia toda. Además, funciona como un claro mensaje para sembrar el temor y la autocensura de los trabajadores de prensa y los medios de comunicación en general”, indica en los fundamentos.
En la iniciativa, la dirigente de la CC ARI expresó que la “posibilidad de detención de periodistas -de la que dan cuenta algunos medios de alcance nacional- se da en consonancia con declaraciones sumamente preocupantes de miembros del Gobierno nacional y de encumbrados dirigentes oficialistas quienes, en videos profusamente difundidos por redes sociales, han llegado a hablar de ‘asociaciones ilícitas’ entre periodistas de investigación y la Agencia Federal de Inteligencia”.
Advierten el “constante incremento de la delincuencia que cada vez involucra a más compatriotas”, y le exigieron al gobierno provincial “medidas para ponerle un fin”.
La Coalición Cívica – ARI de Santa Fe publicó un comunicado en el que manifiesta su preocupación ante la situación de violencia que se vive en la provincia, le exigió al gobierno provincial “medidas para ponerle fin”.
Advierten que “ante los nuevos hechos de violencia” que se viven en Rosario y “el constante incremento de la delincuencia que cada vez involucra a más compatriotas, que pierden la vida en la provincia de Santa Fe”, expresaron su preocupación por la gravedad de la situación: “Este estado de cosas se ha consolidado durante el gobierno anterior, lo que profundizó la inseguridad, que alcanzó niveles intolerables para la ciudadanía”, sostienen.
Por esto solicitaron al Ministerio de Seguridad provincial una “pronta respuesta al flagelo que continúa en avance hasta el momento”, y señalaron que “es imprescindible para la sociedad santafesina que, más temprano que tarde, las autoridades provinciales hagan conocer el plan de seguridad que han elaborado para hacer cesar los hechos de violencia y devolverle así la tranquilidad a toda la población”.
“Conminamos al Poder Ejecutivo local a asumir con la seriedad que merece la seguridad de la provincia de Santa Fe, a través de la ejecución políticas efectivas y de largo plazo que logren poner fin a tantos años de deterioro”, concluye la misiva.
