Por Pedro Galimberti*. Para el diputado radical, no se trata de defender a la fiscal Anticorrupción, sino visibilizar la connivencia que existe en Entre Ríos entre algunos miembros de los poderes del Estado.
En noviembre de 2021 pocos hablaban, desde la política, del caso Goyeneche. Parecía que el silencio era saludable, sobre todo ante las inciertas derivaciones que podía tener el caso. Hoy, con Urribarri condenado y Goyeneche destituida, muchos alzan esa voz que en su momento estaba callada.
En ese momento firmé una nota de opinión respecto del tema, donde señalé que la apertura de una causa de enjuiciamiento a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que debe investigar los delitos de corrupción, se inscribe dentro de una trama donde mandaderos del juego sucio hacen fuerza para tapar la luz con sombras.
Sin embargo, no se trata de defender su proceder sino, en todo caso, de visibilizar la connivencia que existe en nuestra provincia entre algunos miembros de los poderes del Estado. Es aquí donde, desde hace mucho tiempo, entiendo que radica la cuestión principal.
El asunto hoy tiene nombre y apellido, Cecilia Goyeneche, pero dicha connivencia ha sido algo frecuente, sobre todo en los gobiernos peronistas de los últimos veinte años donde hemos visto un sin número de atropellos y cambalaches.
Por lo tanto, la Justicia debe dejar de ser el lugar de «adscripción permanente» para quienes son amigos o parte del gobierno de turno y sin estoy convencido que estas actitudes políticas deben ser dejadas de lado, de lo contrario será muy difícil forjar una provincia con verdadera calidad institucional.
Con la mesura que corresponde por ser un integrante de un poder del Estado, no puedo dejar de afirmar que Goyeneche fue acusada por una fiscalía ad-hoc, creada luego del hecho, lo cual constituye una violación a los más elementales principios del derecho de defensa en juicio. Irregularidad que no tengo dudas será subsanada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los hombres públicos debemos actuar con cautela y prudencia, evitando la judicialización de la política y la politización de la justicia, algo que parece fácil de decir pero, a juzgar por los hechos, difícil de implementar y si bien no soy juez para juzgar, tampoco soy ingenuo para señalar que «aquí no pasó nada», y estoy seguro que, con o sin destitución, el caso Goyeneche será recordado como el hecho que desnudó esa compleja trama de convivencias que, como dijimos, no es nueva y debe ser desterrada para lograr una provincia con un Poder Judicial verdaderamente independiente.
Cuando sostengo que tenemos que construir «una provincia diferente» apunto básicamente a trabajar para modificar tal estado de cosas, eliminando fundamentalmente la cepa de la corrupción de la función pública, para lo cual necesitamos de mujeres y hombres probos que logren revertir la degradación institucional que nos aqueja y garanticen que el Estado de Derecho permanezca siempre vigente.
* Diputado Nacional por Entre Ríos
Los líderes de la bancada opositora firmaron un comunicado en el que advierten que la expulsión de la fiscal es "casi una amenaza" para todos los que "pretenda un poder independiente".
El interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado emitió un comunicado en el que "advierte sobre la gravedad que conlleva a nuestras instituciones la destitución de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche".
"Esta maniobra no es otra cosa que un mensaje, casi una amenaza, a todos aquellos integrantes de la Justicia que 'pretendan' un poder independiente y atenta contra los conceptos más básicos de la división de poderes y la democracia", consideraron.
Así salieron en respaldo de la procuradora adjunta, quien investigó el poder en Entre Ríos y fue destituida este lunes por el jurado de enjuiciamiento por cinco votos contra dos.
En el texto, los legisladores de la oposición afirmaron: "Entendemos que el modelo de Justicia independiente, como el que representa la fiscal Goyeneche, es el que terminará con dos de las grandes preocupaciones de los argentinos, la corrupción y la injusticia".
El comunicado lleva las firmas de Alfredo Cornejo, presidente del interbloque; Humberto Schiavoni, titular del bloque Pro; Luis Naidenoff, jefe del bloque UCR; y Juan Carlos Romero, del bloque Justicialista 8 de octubre.
Con cinco votos de siete posibles, el jurado de enjuiciamiento resolvió correr a la funcionaria judicial que investigó al poder de Entre Ríos.
Tras conocerse la destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche por cinco votos contra dos por parte del jurado de enjuiciamiento de Entre Ríos, luego de que investigara varias causas resonantes que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de la provincia, la oposición se solidarizó con la procuradora adjunta a través de las redes sociales.
La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, tuiteó: “Cecilia Goyeneche es una fiscal que investiga al poder y acusó al exgobernador Urribarri. Paradójicamente, fue llevada al banquillo e injustamente destituida. ¡Que la Corte se haga eco e intervenga inmediatamente! ¡Hagamos oír nuestras voces en todo el país!”.
El presidente del bloque UCR en la Cámara baja, Mario Negri, sostuvo: "Cecilia Goyeneche tuvo el coraje de investigar la corrupción de Sergio Urribarri en Entre Ríos y de llevarlo al banquillo de los acusados. Por esta razón el oficialismo decidió destituirla. Buscan amedrentar a todos los que luchan por la justicia. No podrán. ¡Fuerza Cecilia!".
“Inaceptable. La fiscal que investigó la causa del condenado Urribarri en Entre Ríos, es ahora destituida de su cargo. El mensaje es claro: te va a ir mal si tenes el valor de denunciar, testificar e investigar hechos de corrupción. La casta es la impunidad”, escribió la vicepresidenta del bloque UCR en Diputados, Karina Banfi.
En el mismo sentido se expresó la diputada entrerriana Gabriela Lena: “La destitución de la fiscal Goyeneche en un jury con muchas falencias es un mensaje para todos aquellos que se animan a investigar la corrupción en Entre Ríos”.
“La Fiscal destituida y el chorro en la embajada. Triste historia de impunidad que está escribiendo la justicia de Entre Ríos. Estos tipos creen que pueden seguir provocándonos. Toda mi solidaridad con la Dra Goyeneche. Seguiremos luchando, a no aflojar”, posteó la legisladora de la CC-ARI Paula Oliveto.
También se pronunció el senador Alfredo de Angeli: “Todo mi apoyo a la fiscal Cecilia Goyeneche. Valiente servidora pública que se animó a investigar la corrupción de la política. En el país del revés, en lugar que el condenado esté viajando esposado en un avión peligra la continuidad de quién lo investigó”.
Su coterráneo, Rogelio Frigerio, presentó un proyecto de declaración en el Congreso para "repudiar el proceso de enjuiciamiento a la fiscal Goyeneche", porque "bajo ninguna circunstancia un fiscal debe sentirse condicionado por hacer su trabajo".
A instancias de los diputados Rogelio Frigerio y Pablo Tonelli, en el proyecto de declaración que impulsaron consideraron que en el proceso judicial hubo graves “irregularidades” y que se trata de “un acto de venganza del poder político local”.
Los legisladores de Juntos por el Cambio, por iniciativa de Rogelio Frigerio y con el asesoramiento jurídico de Pablo Tonelli, presentaron un proyecto de declaración en el que condenaron y reprobaron “el proceso de jury de enjuiciamiento seguido contra la fiscal Cecilia Andrea Goyeneche en la provincia de Entre Ríos, el cual genera preocupación en la ciudadanía por ser un proceso con diversas arbitrariedades”.
En ese sentido consideraron que la resolución “pone en riesgo la forma republicana de gobierno en la provincia de Entre Ríos y se expone a la República Argentina a eventuales responsabilidades internacionales ante la afectación de Derechos Humanos consagrados en instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país”.
En la nota recordaron que “como Fiscal Anticorrupción, la Dra. Goyeneche coordinó el equipo de fiscales que llevó adelante la investigación de distintas causas de corrupción en la provincia de Entre Ríos, entre ellas, aquella a partir de la cual resultó condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri, por la comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado”.
Los diputados consideraron que Goyeneche “fue sometida a un proceso de enjuiciamiento con la finalidad de destituirla, en el que no solo se la suspendió en sus funciones, sino que, además, en su desarrollo se han verificado graves irregularidades, que no hacen más que evidenciar que el mismo constituye un claro acto de venganza del poder político local”.
En el texto sostienen que “entre los vicios más preocupantes del procedimiento de enjuiciamiento contra la fiscal, puede señalarse el apartamiento del órgano acusador natural, el Ministerio Público Fiscal y la creación de un órgano acusador ad hoc para esa tarea, que fue ejercido por un abogado de la matrícula, de estrechas relaciones con el poder político investigado”.
Finalmente, indicaron que “con todo lo expuesto, resulta evidente que este proceso de enjuiciamiento, cuyo repudio se expresa, vulnera la vigencia de la forma republicana de gobierno en la provincia de Entre Ríos (art. 6 CN) y expone a nuestro país a la responsabilidad internacional por violación de los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN)”.
El último miércoles el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió con una conformación especial rechazar el amparo presentado por Goyeneche y, por lo tanto, convalidar que la acusación en su contra en el enjuiciamiento haya sido ejercida por un fiscal ad hoc.
La consejera alertó que “con el Jury se está diciendo ‘no investigues al poder’”, mientras que la diputada de la CC-ARI advirtió que, si la Corte falla a favor y la provincia no acata, pedirán la “intervención federal para garantir la forma republicana de gobierno”.
La diputada nacional y miembro del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), y la diputada nacional Leonor Martínez Villada (CC-ARI – Córdoba) salieron en defensa de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que está pronto a ser destituida después de haber intervenido en varias causas resonantes que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de la provincia.
“Qué está diciendo ese Jury, en caso de desoír lo que está diciendo la Corte o lo que está diciendo el Procurador, está diciendo ‘no investigues al poder’”, señaló Camaño y agregó: “El grave problema que tenemos es de qué manera se ve hacia abajo el ejemplo que damos aquellos que tenemos alguna responsabilidad y parece que no se entiende”.
Además, la consejera calificó como “muy grave” la acusación contra Goyeneche y precisó: “Se la acusa de no haberse excusado, pero allí, en su caso, se mal utiliza el Instituto de la Excusación porque en realidad ella no se excusa, avanza con la investigación y logra un expediente con culpabilidades hacia las personas que conocía. Totalmente mal utilizado el Instituto de la Excusación porque si para algo sirve es para que vos no hagas connivencia con aquél que conocías. No hizo connivencia, avanzó con la investigación y por eso se la está llevando a un Jury”.
Y agregó que “quienes le están haciendo Jury son pasibles de que después se lo investigue porque en realidad están mal utilizando un instituto tan importante como es el de la Excusación”.
En el mismo sentido, se pronunció la diputada de la Coalición Cívica a través de las redes sociales quien advirtió: “Si la Corte Suprema falla a favor de la fiscal Goyeneche y la Provincia de Entre Ríos no acata el fallo, vamos a pedir la intervención federal para garantir la forma republicana de gobierno”.
“No queremos un nuevo fiscal Sosa, no queremos una nueva Santa Cruz. La injusticia y la impunidad no se pueden consolidar en la Argentina. Por lo menos no contarán con nuestra complicidad”, adelantó.
Goyeneche, que ocupa formalmente el cargo de Procuradora Adjunta, pero está suspendida y tiene su sueldo recortado, quedó sentada en el banquillo de los acusados después de haber intervenido en varias causas resonantes que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de Entre Ríos. Quedaron involucrados desde dirigentes del peronismo hasta de la oposición. Uno de los casos más resonantes, el de los “Contratos de la Legislatura” provincial, reveló un entramado para extraer del Estado vía contratos de locación ingentes recursos públicos todos los meses durante años.
