Debido a que en los últimos meses crecieron las denuncias por estafas a través de las tarjetas de crédito, los diputados del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscarán regular la manipulación que se realiza de esos plásticos al momento de una compra.

En ese sentido, el proyecto plantea que durante el proceso de pago de compra de productos o contratación de servicios de manera presencial, queda prohibido a los proveedores de servicios o comercios adheridos al sistema de tarjetas de crédito, compra y débito requerir la entrega de la tarjeta al titular o usuario. “Las tarjetas deben ser manipuladas únicamente por los titulares o usuarios a cuyo nombre se han emitido”, sostiene el documento.

Al mismo tiempo que sostiene que “para realizar una operación comercial presencial, los proveedores de servicios o comercios adheridos al sistema de tarjetas de débito o crédito deben requerirle al titular o usuario que exhiba la tarjeta y el DNI de modo que se puedan constatar que los datos y la firma coincidan con los del DNI de quien las porta”.

La iniciativa es de autoría de Cecilia Segura (FdT), quien aseguró que “ya es uso y costumbre que en cualquier local sea el empleado o dependiente del comercio o prestador de servicio quien tome la tarjeta de crédito, compra o débito para proceder a colocarla en el posnet y realizar así el cobro. Esta conducta que tenemos tan naturalizada podía entenderse cuando usuarios y consumidores no estábamos familiarizados con el artefacto tecnológico y las cuestiones de cuidado ameritaban que fuese el dependiente, capacitado en el uso del aparato electrónico, quien tomara la tarjeta en sus manos para efectuar el cobro”.

“Este procedimiento tan naturalizado ha traído diversas consecuencias, y prácticamente desde el inicio de su existencia, las entidades emisoras han buscado diferentes tecnologías para evitar cobros no realizados por el titular de la tarjeta o la falsificación de plásticos”, advirtió.

Además remarcó que “con los adelantos tecnológicos actuales y la diversidad de dispositivos electrónicos disponibles es necesario modificar este procedimiento y determinar que sólo el usuario pueda manipular la tarjeta de crédito durante el pago, de manera de evitar que la tarjeta sea alejada de su titular” y recordó que “la Ley de Tarjetas de Crédito establece que la denominación ‘tarjeta de crédito’ es un modo genérico para abarcar “al instrumento material de identificación del usuario, que puede ser magnético o de cualquier otra tecnología, emergente de una relación contractual previa entre el titular y el emisor”.

“Más allá de que podemos pensar que ha quedado obsoleta la norma nacional, es la norma que actualmente rige y, por lo tanto, y a fin de preservar la seguridad de los usuarios y consumidores tal como prescribe la ley 24.240, en uso de nuestras facultades concurrentes en materia de defensa de este colectivo, se propone este pequeño pero contundente cambio a fin de modificar el procedimiento naturalizado de entrega de tarjetas para el cobro y prevenir una posible situación similar en el futuro, con los dispositivos que se vayan desarrollando al mismo fin y efecto”, añadió y concluyó señalando que esta propuesta ya ha sido aprobada en distintas provincias, como por ejemplo la Ley 3.318 sancionada por la legislatura de Neuquén.

Este proyecto también lleva la firma de Maia Daer, Juan Pablo Modarelli, Claudia Neira y Laura Velasco (FdT).

Después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, dieran detalles acerca de la quita de un plus de escolaridad en planes sociales para las familias que no escolarizaron a sus hijos, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Segura presentó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución mediante el cual buscará obtener información sobre las sanciones aplicadas a beneficiarios del programa “Ciudadanía Porteña. Con todo derecho”.

“La semana pasada, Acuña y Larreta anunciaron la eliminación del plus de escolaridad a 1445 familias que perciben el subsidio Ciudadanía Porteña porque no presentaron el certificado de regularidad escolar”, comenzó diciendo la legisladora en sus redes sociales y lanzó con dureza: “como si no tuvieran responsabilidad directa en garantizar que estos niños  accedan a su derecho a la educación,  anunciaron la medida como una forma de combatir la deserción escolar, a través de esta ‘sanción económica’ a las familias”.

Al mismo tiempo que advirtió que “la deserción escolar está vinculada a condiciones muy complejas de vulnerabilidad social que se agravan cuando las instituciones estatales no acompañan ni realizan un abordaje integral” y remarcó que “el pedido de informe para que el GCBA explique qué medidas tomaron para que estos niños retomen la escolaridad y que apoyos, redes y acompañamientos territoriales les han brindado a ellos y a sus familias”.

A través de la iniciativa recientemente presentada, la legisladora exigió conocer cuántos hogares dejaron de percibir el plus por escolaridad del mencionado subsidio; el género y comuna de los menores afectados; las medidas implementadas por el Gobierno porteño previamente a la quita del plus y las que se realizarán para que los menores retomen la escolaridad; entre otros puntos.

“Penalizar en vez de acompañar a los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes que se encuentran atravesando procesos de desafiliación educativa y social no hace más que empeorar la situación que el Estado debería reparar. Se está desarticulando la ya deficiente política que pretende coadyuvar a garantizar el derecho a la alimentación y a condiciones de higiene del hábitat del niño. No parece ser este el mejor camino para la reinserción escolar efectiva de los niños y adolescentes, por el contrario, se están vulnerando aún más sus derechos”, sentenció Segura.

Después de que la Legislatura de la Ciudad aprobara una serie de modificaciones a la Ley de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Segura analizó al detalle la propuesta y planteó que la misma establece “beneficios fantasmas”.

En ese sentido, la opositora recordó que “con bombos y platillos presentaron una reforma a la ley de VTV de la Ciudad por la que los autos nuevos no la pasarían hasta después de cumplidos cuatro años de uso y la oblea duraría dos años en lugar de uno” y recordó que “se mantiene vigente el tope de 60.000 kilómetros que establece la ley, por lo que no importa la antigüedad que tenga un coche, si alcanza ese kilometraje hay que hacer la VTV, incluso antes de que se cumplan los tres años”.

“Para los que cumplan con la VTV, la oblea sólo durará dos años si el coche tiene menos de 80.000 kilómetros, sino sigue siendo anual”, agregó y remarcó que “para que se den una idea, cualquiera que use el coche todos los días y haga un trayecto ida y vuelta equivalente a la distancia entre plaza de Mayo y Villa Devoto le hará alrededor de 15.000 kilómetros al año”.

Sobre esa misma línea, la legisladora aseveró que “en cuanto a los beneficios para jubilados, será gratuita para quienes cobren hasta dos jubilaciones mínimas (antes una). Seguramente no muchos jubilados por abajo de dos mínimas están en condiciones de mantener un coche y pagar patente, nafta y seguro” y detalló que “lo central es que cuando se aprobó la ley de VTV en la Ciudad, en 2006, el trámite era gratuito para quienes estuvieran al día con la patente, y fue por iniciativa del oficialismo que la ley no se implementó hasta que se modificó y se trasladó el costo a los dueños de los autos”.

“Es decir, como ocurrió con el impuesto a las tarjetas de crédito, Larreta te mete la mano en el bolsillo y después se vende como el campeón de la reducción de impuestos y tarifas, con la particularidad de que en este caso van a ser realmente muy poquitos los beneficiados”, completó.

A días de que la Legislatura de la Ciudad ponga en debate el Presupuesto 2023, los diputados del bloque Frente de Todos (FdT) cuestionaron con dureza la determinación del Gobierno local de no llevar a cabo la tradicional ronda de ministros, en la que los representantes de las distintas áreas explican los gastos de previstos para el próximo año.

En ese sentido la peronista Claudia Neira (FdT) recordó que “se prometió una ronda de debate con los Ministros de la Ciudad pero ahora el Ejecutivo Porteño incumple con su compromiso” e insistió en que “estamos discutiendo la calidad institucional de nuestra Legislatura, porque es necesario un debate serio: se trata de dialogar, debatir e interactuar para construir entre todos mejores políticas públicas para la Ciudad”. Asimismo, explicó que “durante años tuvimos estas rondas de Ministros -como sucede en el Congreso Nacional- pero ahora fueron suspendidas por Larreta”.

Además argumentó que “no vamos a convalidar este accionar”, motivo por el cual el Frente de Todos decidió no avalar con su presencia la reunión de Comisión donde finalmente se dictaminó el proyecto. “Cuando hablamos del Presupuesto no estamos hablando de números sino de políticas públicas, y eso debe ser discutido en profundidad con los Ministros de cada Área”, continuó la legisladora.

Sobre esa misma línea, explicó la postura de su bloque planteando que “por ejemplo, en el Presupuesto 2023 encontramos que se asignan $80.000.000 a la unidad de coordinación del Consejo de Seguridad que prevé la Constitución y la Ley; sin embargo, ese Consejo nunca se constituyó y lo venimos reclamando hace tiempo. Esa discusión necesitamos darla con el Ministro de Seguridad, no entre los propios legisladores”.

Por último, Claudia Neira enfatizó que “ante la falta de diálogo del oficialismo porteño, que no le interesa poner en debate algo tan central como el Presupuesto, tenemos que hacernos una pregunta: ¿queremos una Legislatura pintada al óleo o una Legislatura que trabaje?”

Mientras que Juan Manuel Valdés (FdT) afirmó que “en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta decidió que su gabinete no venga a explicar el Presupuesto 2023 a la Legislatura, algo que sucedió todos los años anteriores” y remarcó que “pretenden que la Legislatura sesione a ciegas sin poder consultar con quienes redactaron el proyecto”.

“En el Congreso Nacional, más de 17 funcionarios nacionales, con ministros incluidos, fueron a exponer el Presupuesto 2023 y así conseguimos una amplia aprobación. Lástima que en CABA no podamos tener un debate tan rico”, agregó y concluyó precisando que “la Ciudad tendrá un Presupuesto de 2 billones de pesos en 2023 que seguramente será utilizado con fines electorales. Recaudados a partir de los Ingresos Brutos, las grúas y del impuesto a tu tarjeta de crédito. Todo esto sin que ningún Ministro venga a dar explicaciones”.

Al mismo tiempo que la diputada Cecilia Segura (FdT) planteó que “hay razones de sobra para exigirle a Larreta que respete las instituciones y envíe a sus ministros a la Legislatura a discutir el presupuesto con los representantes del pueblo”.

La diputada del Frente de Todos (FdT) y vicepresidenta segunda de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Cecilia Segura, denunció a través de las redes sociales que el Gobierno de la Ciudad gastó 22 millones de pesos diarios en publicidad oficial a lo largo del año pasado.

Según precisó la legisladora, el Ejecutivo local destinó un total de “5.402.303.019 de pesos entre los distintos organismos de Gobierno (una ejecución del 225% del presupuesto sancionado, que fue de 2.397.829.298 de pesos)” para la publicidad y propaganda oficial. Al mismo tiempo que indicó que “a ese monto tenemos que sumarle 1.068.237.000 de pesos del Banco Ciudad, que también controla la fuerza política que gobierna la capital de nuestro país”.

“En una reunión entre Mauricio Macri (entonces presidente)  y Horacio Rodríguez Larreta en la que las provincias ‘decidieron’ cederle recursos a la Ciudad de Buenos Aires, este distrito se quedó con la Lotería Nacional (hoy Lotería de la Ciudad), que tuvo una caja publicitaria en 2021 de 438.839.967 de pesos”, continuó.

Al mismo tiempo, Segura precisó que “a esto hay que sumar 13.381.751 de pesos de otras empresas (AUSA, SBASE, etc) y  1.095.661.785 de pesos provenientes del 3% de lo gastado en el contrato de recolección de residuos, que la Ciudad obliga a usar en campañas cuyos ejes rectores son determinados por el Gobierno de Larreta” e indicó que “esto sin contar que en las obras públicas se obliga a los contratistas (en los pliegos) a poner propaganda de la gestión, que termina engrosando el costo de las obras y no se cuenta como gasto en publicidad”.

“Este total alcanzó en 2021 los 8.018.423.522 de pesos, es decir casi 22 millones de pesos por día. Para que puedas comparar, la Ciudad gastó 1.320.117.074,23 de pesos en infraestructura escolar (la quinta parte de este monto subsidiada por el Gobierno Nacional) y 2.119.180.976,15 de pesos en el SAME”, agregó y concluyó aseverando que “lo que no para es la campaña presidencial de Rodríguez Larreta, y la pagás vos”.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, decidiera no participar de la reunión en la que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, informó acerca de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las diputadas del Frente de Todos (FdT) Cecilia Segura y Victoria Montenegro celebraron que el gobernador jujeño, Gerardo Morales, participara del encuentro y reconociera la “responsabilidad del macrismo” por la deuda externa.

En ese sentido, Segura afirmó que “es hora de que Larreta también asuma su responsabilidad por haber sido parte de la fuerza política que tomó la deuda más grande de la historia con el FMI (y todos los problemas que traerá por generaciones), y deje de jugar a hacer campaña presidencial para 2023” e insistió en que “el Gobierno se hace cargo de renegociar esa deuda y darle previsibilidad al cumplimiento de pagos, sin ponerle un corset al crecimiento argentino. Larreta en todo caso debería sumar ideas o acompañar responsablemente la estrategia argentina, por un futuro mejor para todos”.

Al mismo tiempo que recordó que “parte del endeudamiento tomado por (Mauricio) Macri permitió que la Ciudad reciba una enorme suma de fondos extraordinarios otorgados de manera discrecional, que sin embargo no mejoraron las condiciones de vida de los porteños y porteñas (por ejemplo: la indigencia creció un 60%)” y advirtió que “en 2018 y 2019 la transferencia de fondos a CABA fue récord pero la economía porteña cayó. Mientras que tras la corrección de la coparticipación -que Larreta usa como excusa para todos sus incumplimientos de gobierno- en 2021 se creció impulsado por el crecimiento nacional”.

“Como ya dijimos y se ve en la historia de la Ciudad, no hay desarrollo posible para los porteños y porteñas si no hay un crecimiento justo y equilibrado del país en su conjunto”, sentenció.

En tanto Montenegro concluyó aseverando que es un “gran gesto el de Morales al reconocer la deuda irresponsable que contrajo su gobierno ante el FMI, ahora solo falta que asuma que en Jujuy hay presos políticos. Libertad a Milagro Sala!”.

En medio de un fuerte rechazo por parte del oficialismo a la reducción de los recursos coparticipables que recibe la Ciudad, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Segura analizó la situación e insistió en que no es un recorte en la coparticipación, sino que se trata de un ajuste en la transferencia de recursos por el traspaso de la Policía Federal.

De esta manera, la opositora explicó que “en los primeros dos años de la presidencia de Mauricio Macri, las transferencias discrecionales de Nación a Ciudad aumentaron un 430%” y aseveró que “esto hizo que el peso de los recursos nacionales en el presupuesto de la Ciudad pasara del 10% en 2015 al 26% en 2019”.

Sobre esa misma línea recordó que “desde 2016, CABA recibe el 100% de los ingresos generados por el juego en su territorio, duplicando los recursos percibidos” y detalló que “en 2018 fueron 3.180 millones de pesos: implicó una vez y media el gasto total en reparación de veredas y el equivalente al 12% del presupuesto de San Luis”.

“En 2017 fueron tantos los recursos nacionales transferidos a CABA que, por ejeplo, recibieron 3 mil millones adicionales en Vivienda y dejaron sin ejecutar el 35% del total. También recibieron 100 millones más para infraestructura escolar pero no construyeron ninguna escuela”, expresó y añadió: “no olvidemos que por ser CABA la sede central del Gobierno Nacional, es el distrito al que se destina más del 25% del presupuesto nacional”

Segura también señaló que “todos los años el Estado Nacional aporta alrededor del 8% para contribuir al pago de salarios de las y los docentes de la Ciudad” y afirmó que “desde 2016 la Ciudad recibe recursos extraordinarios; sin embargo, cerraron 4000 PyMES, la actividad económica cayó, aumentó la desocupación, 175 mil personas pasaron a vivir bajo la línea de pobreza y la indigencia aumentó un 60%. ¿Quiénes se beneficiaron de esos recursos?”.

Al mismo tiempo argumentó que “en los momentos más difíciles, los porteños y porteñas hemos demostrado ser justos y solidarios. Para poner de pie a la Argentina necesitamos que los recursos lleguen a todos lados” y concluyó afirmando que “como dice la Constitución, la coparticipación busca ‘lograr un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional’; ya aprendimos con dolor que el derrame no existe si no hay un desarrollo productivo, integral e inclusivo”.

Tras haber encabezado una reunión previa, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) acompañaron a los familiares de las víctimas de la tragedia de Iron Mountain en una audiencia que se llevó a cabo en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, en la que volvieron a pedir que se les permita ser querellantes en la causa.

El encuentro se extendió a lo largo de una hora y media, en la que los abogados de ambas partes expusieron sus alegatos. Es así que en los próximos días la Sala II de la Cámara deberá expedirse si acepta o no el pedido de los familiares.

Estuvieron presentes acompañando a los familiares los diputados porteños Juan Manuel Valdés, Matías Barroetaveña, Cecilia Segura, Claudia Neira y María Bielli; y los diputados nacionales Eduardo Valdés y Mara Brawer.

Al finalizar la audiencia, Valdés aseguró que “quieren que esta causa se olvide por los actores que están involucrados. Hay muchas situaciones que nos hacen pensar que los poderosos en Iron Mountain quieren impunidad” y expresó su deseo de que “esta investigación se haga con total independencia”.

Cabe recordar que la tragedia ocurrió el 5 de febrero de 2014, cuando diez bomberos y rescatistas perdieron la vida al intentar apagar el incendio en el depósito que la empresa Iron Mountain tenía en el barrio de Barracas.  Allí guardaban sus documentos contables empresas como el Banco HSBC y el Grupo Macri, quienes se encontraban en aquel entonces siendo investigadas por evasión y lavado de activos.

Una pericia de la Policía Federal Argentina (PFA) determinó en 2015 que existían sustancias combustibles al interior del predio, lo cual indicaría que el incendio habría sido intencional.