El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes cometan el delito de hurto o robo de teléfonos celulares con el objetivo de desalentar el mercado ilegal de estos dispositivos a través de modificaciones en las normas de encubrimiento.

El proyecto propone la inclusión de un nuevo inciso en el artículo 163 del Código Penal, que establezca penas agravadas específicamente cuando el hurto involucre equipos de telefonía celular. Además, se modifica el artículo 277 del mismo código para aumentar las penas relacionadas con la adquisición y ocultamiento de celulares robados, al tiempo que se excluye la posibilidad de reducir las penas cuando se trate de estos dispositivos.

Agost Carreño destacó la importancia de los teléfonos celulares en la vida cotidiana, señalando que "los teléfonos celulares excedieron su finalidad original de hablar por teléfono; hoy en día son una herramienta de trabajo, álbumes de fotos, billeteras, terminales bancarias y repositorios de nuestra vida personal". El legislador subrayó que el objetivo no es penalizar más severamente el robo por el valor económico del dispositivo, sino por lo que representa su privación y los daños asociados.

Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, los teléfonos celulares son los bienes más robados en Argentina, representando el 26.6% de los casos de robo o hurto. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se roban alrededor de 10.000 celulares por día, lo que equivale a 416 por hora, una situación alarmante que, según Agost Carreño, requiere una respuesta legislativa contundente.

"Endurecer las penas y desalentar el comercio ilegal de celulares es un primer paso, pero sabemos que se necesitan políticas integrales de Estado para hacer imposible o extremadamente difícil la utilización de un equipo robado", concluyó el autor del proyecto.

La iniciativa que fue acompañado por sus colegas Miguel Ángel Pichetto, Francisco Morchio y Alejandra Torres.

Frente a la crisis que se vive en la Argentina en materia de inseguridad el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) encabezó un proyecto de ley que busca actualizar la Ley 24.660 para que los presos no puedan hacer uso de teléfonos celulares y se instalen inhibidores de señal en los penales.

“Vimos hoy cómo se filtraron en los medios el recibimiento que le hicieron en la cárcel a los detenidos por el crimen de Morena (Domínguez). La situación está fuera de control. A esta evidencia se suma que todos los días las bandas narcos siguen operando estando detenidos, necesitamos actualizar nuestra legislación para que sea el Estado el que regule el derecho de comunicación de los detenidos”, declaró Tetaz.

El texto plantea sustituir el artículo 68 de la Ley 24.660 para que quede redactado: “El dinero, los objetos de valor y demás prendas propias que el interno posea a su ingreso o que reciba con posterioridad y que reglamentariamente no pueda retener consigo serán, previo inventario, mantenidos en depósito. Queda prohibido la tenencia de equipos o terminales móviles y cualquier otro dispositivo que permita las comunicaciones telefónicas a través de aplicaciones informáticas de servicios de mensajería IP y redes sociales, como WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok y cualquier otra similar, actual o futura. Se adoptarán las disposiciones necesarias para su conservación en buen estado. Conforme los reglamentos, el interno podrá disponer de su dinero y otros objetos, en la medida que se encuentren permitidos. Los efectos no dispuestos por el interno y que no hubieren sido retenidos o destruidos por razones de higiene, le serán devueltos a su egreso. De todo depósito, disposición o devolución se extenderán las correspondientes constancias y recibos”.

Y agrega que “para preservar la seguridad general, regular el derecho a la comunicación de los detenidos y evitar la utilización de teléfonos inteligentes con fines delictivos se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones y/o módulos de cada penal, y/o en las alcaldías donde se alojen detenidos”.

Además, plantea que “los registros en las personas de los internos, sus pertenencias y locales que ocupen, los recuentos y las requisas de las instalaciones del establecimiento, se efectuarán con las garantías que reglamentariamente se determinen y dentro del respeto a la dignidad humana”.

La iniciativa surgió a través del concurso “Diputado por un Día” organizado por el economista de JxC en sus redes sociales. Los ciudadanos presentaron diferentes ideas para proyectos de ley y convirtió en proyecto la iniciativa más votada de Juan Cruz Nieva Giménez.

“Garantizar la seguridad se tiene que convertir en la prioridad del próximo gobierno, se tiene que realizar un trabajo integral para mitigar el crimen entre los tres poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo”, concluyó Tetaz

El proyecto de ley contó con el acompañamiento de la firma de los diputados nacionales Ana Clara Romero, Pablo Torello, Héctor Stefani, Laura Castets, Fabio Quetglas, Florencia Klipauka, Manuel Aguirre, Alejandro Finocchiaro, María Luján Rey, Lidia Ascarate, Gabriela Lena, Germana Figueroa Casas, Carlos Zapata, Sabrina Ajmechet, Marcela Antola y Roberto Sánchez.

El interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos rechazó este domingo el accionar de la empresa Telecom de amenazar mediante una carta documento a parte del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con actuar civil y penalmente en su contra si se aprueba una resolución que habilitaría el ingreso de un nuevo competidor al sistema del servicio de telefonía celular.

“Desde el interbloque del FdT condenamos este tipo de maniobras que apuntan a paralizar el funcionamiento del referido ente regulador y a controlar, a través de presiones y maniobras judiciales, a quienes deben tomar decisiones, que a veces desagradan a poderosos grupos empresarios”, expresó la bancada del Frente de Todos a través de un comunicado.

Allí recordaron que días atrás y antes de que se realizara la votación para resolver sobre el ingreso de nuevo operador móvil virtual al sistema de telefonía celular, la referida empresa, donde el Grupo Clarín tiene intereses económicos y clara influencia política, envió sendas cartas documento al vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, y a los representantes del Congreso Nacional en el directorio del organismo: Gonzalo Quilodrán, María Florencia Pacheco y Alejandro Gigena. “Allí se les advertía de las consecuencias que caerían sobre ellos por su participación en esta decisión. Se les aseguraba que serían perseguidos judicialmente por los presuntos daños y perjuicios que pudiera ocasionarle la medida a la compañía”, señalaron los senadores.

“Alertamos sobre este accionar prepotente que busca hacer alarde de un manejo impúdico de al menos un sector de la justicia, como quedó evidenciado con el escándalo de Lago Escondido -expresó el comunicado-. Allí, un grupo, integrado por jueces, fiscales, un funcionario porteño y ejecutivos del Grupo Clarín, participó de una excursión a la propiedad del empresario británico Joe Lewis en La Patagonia, financiada por la corporación mediática. Hecho que, al ser descubierto, tuvo como giro una serie de maniobras de encubrimiento por parte de algunos magistrados para eludir el accionar de la justicia”.

El comunicado del bloque que conduce José Mayans agregó que “con su ya habitual doble vara, este grupo empresario se opone a cualquier forma de libre competencia, que pregona defender, cuando se pone en riesgo alguna porción de sus intereses económicos o de su poder real”.

Los senadores oficialistas advirtieron que “estas prácticas vulneran la vida democrática en sociedad. ¿Qué puede esperar el ciudadano de a pie cuando ve a empresas que coaccionan de manera cuasi mafiosa a actores políticos y públicos con el fin de conseguir objetivos deseados, bajo la amenaza de perder bienes y hasta la libertad? Poco puede esperar de las instituciones, cuando esos grupos económicos mantienen relaciones casi promiscuas con sectores de la justicia, que están dispuestos a cumplir cualquier encargo que se les asigne sin respetar las normas básicas ni el debido proceso”.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, junto a los diputados Gustavo Hein, Alfredo Schiavoni, Aída Ayala y Lidia Inés Ascarate, pide agravar el delito de hurto de celulares.

Ante el incremento del robo de celulares y dispositivos móviles, o artefactos de tecnología móvil, llámense celulares, notebook, tablet. GPS, drone, o cámara fotográfica, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff pide que el delito de hurto sea agravado.

El titular del Partido UNIR sostiene que “los últimos datos oficiales señalan que en el país se denuncian 166 celulares robados por hora: casi 4 mil por día, o 1,4 millón al año”.

Y agrega que “esto no incluye la gran cantidad de episodios que no llegan a registrarse. A esto, se pueden sumar notebook, tablet. GPS, drone, cámara fotográfica, etcétera.

El diputado nacional Gonzalo del Cerro (UCR – Santa Fe) pidió al Gobierno que exima de las obligaciones establecidas por la cuarentena, a los técnicos dedicados a la reparación de telefonía celular, computación e informática.

“A nadie escapa los momentos de ansiedad e incertidumbre que se viven por esta situación inédita en nuestras vidas, el diálogo sobre este y otros temas ayuda mucho; reflexionar y compartir con otro es valioso”, sostiene Del Cerro.

En épocas de cuarentena, las redes sociales se han convertido en imprescindibles, no solo para comunicarse, sino también para informarse y recibir y compartir las medidas de prevención que dictan las autoridades sanitarias. Teléfonos celulares, tablets, ordenadores y computadoras hoy son productos de primera necesidad, pero como todos sabemos la tecnología es falible y los aparatos se descomponen y dejan de funcionar, dice en los fundamentos el proyecto de resolución presentado por Del Cerro.

“Para una persona que vive sola y está aislada esta situación le puede provocar graves trastornos, como angustia, ataques de pánico o depresión si siente que no puede reparar su único medio de comunicación, hasta que se termine la cuarentena, algo que aún es incierto”, señala.

Por eso el legislador radical solicita que observando estrictamente las normas sanitarias, los técnicos que tienen establecimientos de barrio, sobre todo los que funcionan en pequeñas localidades del interior del país, que se dedican al arreglo de teléfonos celulares y computadoras puedan trabajar.

“No estamos promoviendo la venta de aparatos nuevos, ni de accesorios, ni la apertura de las tiendas oficiales de las grandes marcas, esos locales no existen en el interior, solo pedimos una excepción para que profesionales de pequeños negocios puedan ayudar en esta emergencia”, explicó.