En medio de un creciente debate internacional sobre los límites del uso de la tecnología en las aulas, la diputada nacional Luana Volnovich (UP – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley que busca restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias y secundarias de la Argentina. La iniciativa establece un marco general para regular la utilización de estos dispositivos durante la jornada escolar y en actividades curriculares fuera del establecimiento, con excepciones puntuales vinculadas a proyectos pedagógicos, cuestiones de salud o situaciones debidamente autorizadas por las autoridades educativas.

El proyecto dispone una prohibición total del uso de celulares en el nivel primario, tanto dentro de los establecimientos como en las actividades educativas que se realicen fuera de ellos, salvo cuando el docente o el proyecto pedagógico lo justifique. Para el nivel secundario, en cambio, la propuesta contempla un esquema de restricciones más flexible, que habilita el uso en casos específicos: cuando forme parte de un proyecto educativo, cuando exista un requerimiento familiar vinculado a la salud del estudiante, ante situaciones excepcionales fuera del horario o del ámbito escolar, o en el caso de estudiantes de los dos últimos años que se encuentren dentro del establecimiento pero fuera del horario de clases.

En todos los casos, el uso de los dispositivos deberá contar con autorización expresa de las autoridades escolares y ser comunicado a las familias, especificando plazos y horarios. Además, el texto encomienda al Consejo Federal de Educación la elaboración de instrucciones, protocolos y recomendaciones para garantizar la aplicación efectiva de la futura norma, e invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir al régimen.

En los fundamentos, Volnovich sostiene que el proyecto no busca cuestionar la incorporación de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino establecer límites claros a partir de la evidencia acumulada sobre los efectos negativos del uso irrestricto de los teléfonos celulares en el ámbito educativo. La diputada advierte sobre el carácter adictivo y distractivo de estos dispositivos y remarca que su presencia constante en las aulas afecta la concentración, el rendimiento académico y la dinámica de la enseñanza.

El texto cita el informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2023 de la UNESCO, que da cuenta de estudios realizados en países como Bélgica, España y el Reino Unido donde la prohibición del uso de teléfonos móviles en las escuelas mejoró el desempeño académico, especialmente entre los estudiantes con menores resultados. Según ese informe, incluso la sola presencia del celular a la vista puede reducir la atención y dispersar a los alumnos.

La iniciativa también pone el acento en los impactos del uso prolongado de pantallas sobre la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes. En particular, se mencionan los riesgos asociados al aumento de la miopía, los trastornos del sueño, la ansiedad, la depresión, los problemas de autocontrol y la exposición a situaciones de ciberacoso o abuso en línea. Volnovich señala que la escuela, especialmente en el nivel primario, cumple un rol central en el desarrollo de habilidades sociales, vínculos interpersonales y aprendizajes no mediados por la virtualidad.

El proyecto se inscribe en una tendencia internacional que ya llevó a más de 20 países a regular el uso de celulares en las escuelas, con distintos grados de restricción. Francia fue pionera en 2018, mientras que Reino Unido, Alemania, Canadá, China, Países Bajos, Portugal, Irlanda, Israel y Suiza, entre otros, avanzaron en prohibiciones o regulaciones estrictas. En muchos casos, el uso de dispositivos solo está permitido con autorización explícita del docente.

En el plano local, la diputada recuerda que tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires vienen impulsando medidas y debates legislativos en la misma dirección. El proyecto presentado recupera y amplía iniciativas anteriores discutidas en el Congreso, con el objetivo de establecer una normativa nacional que unifique criterios y brinde herramientas claras al sistema educativo.

“Regular el uso de los celulares en las escuelas no implica negar los avances tecnológicos, sino garantizar un entorno propicio para el aprendizaje, la salud y el desarrollo integral de los estudiantes”, sostiene Volnovich en los fundamentos, al solicitar el acompañamiento de sus pares para avanzar con la sanción de la ley.

Avanza en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires una propuesta legislativa que busca establecer límites claros al uso de teléfonos móviles dentro de las aulas.

“La provincia de Buenos Aires, al igual que muchas otras jurisdicciones, se encuentra en un punto de inflexión, donde la necesidad de regular el uso de celulares se entrecruza con las demandas de una sociedad cada vez más conectada”, afirmó el diputado Martín Rozas, presidente de la bancada de Unión y Libertad y autor de la iniciativa.

Basada en diagnósticos contundentes de organismos como UNICEF y UNESCO, la iniciativa advierte que el uso excesivo de dispositivos no solo fragmenta la atención y reduce la capacidad de concentración de los estudiantes, sino que impide un aprendizaje profundo debido a la constante interferencia de las notificaciones digitales.

El diputado opositor dialoguista Martín Rozas, autor de la iniciativa para regular el uso del celular en las aulas del secundario.

La problemática trasciende lo estrictamente académico y se adentra en el terreno de la salud emocional y la seguridad.

El proyecto de ley impulsado por Rozas subraya que “la presencia desregulada de celulares” en clase facilita “conductas indeseadas como el ciberbullying, la difusión de rumores y la exposición a contenidos violentos que desensibilizan a los jóvenes”.

Al limitar el acceso a estos dispositivos, Rozas pretende “recuperar el aula como un espacio de interacción cara a cara, esencial para el desarrollo de la empatía, la resolución de conflictos y la socialización que el aislamiento tecnológico ha debilitado en los últimos años”.

Inspirada en experiencias exitosas de países como Francia, Noruega y Alemania, la propuesta no plantea una prohibición aislada, sino un modelo de responsabilidad compartida.

El texto, enfatiza que, para garantizar la continuidad pedagógica, los docentes deben contar con herramientas para integrar la tecnología de forma segura y sólida, mientras que las familias deben comprometerse a fijar límites en el hogar.

Con el objetivo de formar ciudadanos críticos y proteger su información personal frente a riesgos de hackeo, la medida será evaluada de forma constante por las autoridades para asegurar que el clima escolar de este 2025 sea el adecuado para el desarrollo integral de los alumnos.

Es el segundo proyecto de ley que se aprueba en la legislatura de la provincia de Buenos Aires sobre la cuestión, pues en el Senado se hizo lo propio con otro proyecto de ley que, aunque con diferencia, versaba sobre la misma cuestión. Ahora las iniciativas están “cruzadas”.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este martes que el Gobierno nacional va a “eliminar por completo” los aranceles de importación a los teléfonos celulares, que hasta ahora son del 16%, y a reducir los impuestos internos que pagan celulares, televisores y aires acondicionados importados.

También aseguró que “a medida que se consolide el superávit fiscal se va a continuar bajando impuestos”, y convocó a las provincias a “seguir este camino”. En este marco el vocero detalló que la eliminación de los aranceles de importación de celulares se va a producir en dos etapas: la primera, a partir de la publicación del Decreto en el Boletín Oficial, a fines de esta semana, en donde se reducirán del 16% al 8%; y en la segunda, que entrará en vigencia el 15 de enero de 2026, se eliminarán por completo.

Adorni informó que, adicionalmente, se bajarán los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19% al 9,5%, y para los producidos en Tierra del Fuego, la reducción será del 9,5% al 0%.

“Hoy, en Argentina, un celular con tecnología de alta gama cuesta el doble que en Brasil y Estados Unidos”, señaló el funcionario, y añadió que “es tan ridícula la situación que había gente que pagaba un avión y un hotel para comprar algo tan básico como el celular en otro país”.

Se estima que, con el total de esta baja impositiva, los precios de los productos electrónicos importados van a registrar una “reducción de un 30% como mínimo, lo que va a equiparar a la Argentina con el resto de los países vecinos”, subrayó.

En ese sentido, el diputado nacional y presidente del bloque de la CC, Juan Manuel López, celebró la noticia y remarcó: “Primer paso hacia el objetivo de eliminar el régimen de Tierra del Fuego. La Coalición Cívica es el único partido que marcar agenda y condiciona al Gobierno a tomar medidas en beneficio de los consumidores. Lo seguiremos haciendo con medicamentos, prepagas, textiles, etc”. Además, apuntó contra el portavoz: “Lástima que Adorni lo use para la campaña”.

López sumó a su posteo en la red “X” los proyectos que presentaron desde su bloque para la eliminación del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.

Proyecto de liberación de la oferta de bienes informáticos y de las telecomunicaciones 👇 pic.twitter.com/AWvLKrryOa

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) May 13, 2025

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad presentó un proyecto de ley para combatir la inseguridad generada por los delitos contra la propiedad. Estos delitos, también llamados “comunes”, suelen ser llevados a cabo por delincuentes individuales o pequeñas bandas y tienen un alto impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía.

“Queremos atacar a los delincuentes por donde más les duele, el bolsillo”, afirmó Abad.

El proyecto propone suspender, por un año, el pago de aranceles e impuestos para la importación de ciertos productos, incluyendo:

• Neumáticos
• Bicicletas
• Teléfonos celulares y teléfonos inteligentes

Según explicó el senador, la iniciativa se basa en teorías de criminología económica, que estudian cómo funcionan los mercados del delito. “Estos mercados ilegales permiten la compra y venta de bienes robados, que provienen de robos, hurtos o saqueos”, señaló.

El objetivo de la ley es afectar esta estructura económica, donde operan delincuentes, financistas, transportadores y compradores de bienes robados. “Queremos intervenir en este sistema para reducir las ganancias que obtienen de forma ilegal”, agregó Abad y resaltó: “Si este proyecto logra de manera exitosa reducir los robos tendrá el beneficio de que los policías y recursos que hoy están destinados a perseguir este tipo de delitos puedan estar abocados a solucionar temas más prioritarios de la seguridad de los argentinos”.

Además, el proyecto otorga un amplio margen a la autoridad de aplicación para modificar la lista de bienes sujetos a la eliminación de impuestos, basándose en información actualizada del Ministerio de Seguridad Nacional sobre el mercado del delito.

Abad destacó la importancia de adaptarse a los nuevos métodos de comercialización de bienes robados: “Sabemos bien que el avance de la comunicación y la conectividad les abre un mundo de posibilidades a las organizaciones criminales. Hoy, la oferta de productos robados no sólo está en la calle, sino en la web, en redes sociales y en sitios legales e ilegales. Las fuerzas de seguridad ya no pueden actuar físicamente sobre estos mercados como en el pasado”.

Finalmente, el senador explicó la lógica detrás del proyecto: “Para atacar el mercado del delito, es imprescindible actuar sobre su factor económico. Por eso proponemos la eliminación de costos fiscales e impositivos, para que los productos legales tengan un precio más bajo y pierdan interés delictivo”.

La senadora nacional Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley para limitar el uso de celulares y dispositivos digitales en las escuelas. La medida busca mejorar el aprendizaje y la socialización de los estudiantes. “El abuso de la tecnología en el aula afecta la concentración y el rendimiento académico. Necesitamos recuperar el valor del aprendizaje sin distracciones”, afirmó.

El proyecto prohíbe el uso de celulares en nivel inicial y primario durante toda la jornada escolar y lo restringe en secundaria, salvo excepciones educativas o de salud. También establece que las escuelas deberán resguardar los dispositivos de los alumnos. “No estamos en contra de la tecnología, sino a favor de una educación de calidad. Queremos que los dispositivos sean aliados del aprendizaje, no una distracción”, destacó García Larraburu.

La iniciativa se fundamenta en estudios de la UNESCO y en el ejemplo de países como Estados Unidos, Chile, Brasil, Australia, Italia y España, que han demostrado mejoras en el bienestar y sobre el rendimiento escolar tras restringir el uso de celulares. “Diversos estudios muestran que esta medida reduce el bullying y mejora las calificaciones. Es clave garantizar un entorno escolar saludable y seguro”, sostuvo.

Finalmente, la senadora convoco a la comunidad educativa y a todo el arco político del Congreso a apoyar la medida: "Regular el uso de celulares en el ámbito escolar permitirá mejorar el aprovechamiento del aprendizaje y fortalecer la interacción entre alumnos y docentes, apostando por un aprendizaje más enfocado, con el lápiz y el papel como herramientas fundamentales", finalizó.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes cometan el delito de hurto o robo de teléfonos celulares con el objetivo de desalentar el mercado ilegal de estos dispositivos a través de modificaciones en las normas de encubrimiento.

El proyecto propone la inclusión de un nuevo inciso en el artículo 163 del Código Penal, que establezca penas agravadas específicamente cuando el hurto involucre equipos de telefonía celular. Además, se modifica el artículo 277 del mismo código para aumentar las penas relacionadas con la adquisición y ocultamiento de celulares robados, al tiempo que se excluye la posibilidad de reducir las penas cuando se trate de estos dispositivos.

Agost Carreño destacó la importancia de los teléfonos celulares en la vida cotidiana, señalando que "los teléfonos celulares excedieron su finalidad original de hablar por teléfono; hoy en día son una herramienta de trabajo, álbumes de fotos, billeteras, terminales bancarias y repositorios de nuestra vida personal". El legislador subrayó que el objetivo no es penalizar más severamente el robo por el valor económico del dispositivo, sino por lo que representa su privación y los daños asociados.

Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, los teléfonos celulares son los bienes más robados en Argentina, representando el 26.6% de los casos de robo o hurto. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se roban alrededor de 10.000 celulares por día, lo que equivale a 416 por hora, una situación alarmante que, según Agost Carreño, requiere una respuesta legislativa contundente.

"Endurecer las penas y desalentar el comercio ilegal de celulares es un primer paso, pero sabemos que se necesitan políticas integrales de Estado para hacer imposible o extremadamente difícil la utilización de un equipo robado", concluyó el autor del proyecto.

La iniciativa que fue acompañado por sus colegas Miguel Ángel Pichetto, Francisco Morchio y Alejandra Torres.

Frente a la crisis que se vive en la Argentina en materia de inseguridad el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) encabezó un proyecto de ley que busca actualizar la Ley 24.660 para que los presos no puedan hacer uso de teléfonos celulares y se instalen inhibidores de señal en los penales.

“Vimos hoy cómo se filtraron en los medios el recibimiento que le hicieron en la cárcel a los detenidos por el crimen de Morena (Domínguez). La situación está fuera de control. A esta evidencia se suma que todos los días las bandas narcos siguen operando estando detenidos, necesitamos actualizar nuestra legislación para que sea el Estado el que regule el derecho de comunicación de los detenidos”, declaró Tetaz.

El texto plantea sustituir el artículo 68 de la Ley 24.660 para que quede redactado: “El dinero, los objetos de valor y demás prendas propias que el interno posea a su ingreso o que reciba con posterioridad y que reglamentariamente no pueda retener consigo serán, previo inventario, mantenidos en depósito. Queda prohibido la tenencia de equipos o terminales móviles y cualquier otro dispositivo que permita las comunicaciones telefónicas a través de aplicaciones informáticas de servicios de mensajería IP y redes sociales, como WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok y cualquier otra similar, actual o futura. Se adoptarán las disposiciones necesarias para su conservación en buen estado. Conforme los reglamentos, el interno podrá disponer de su dinero y otros objetos, en la medida que se encuentren permitidos. Los efectos no dispuestos por el interno y que no hubieren sido retenidos o destruidos por razones de higiene, le serán devueltos a su egreso. De todo depósito, disposición o devolución se extenderán las correspondientes constancias y recibos”.

Y agrega que “para preservar la seguridad general, regular el derecho a la comunicación de los detenidos y evitar la utilización de teléfonos inteligentes con fines delictivos se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones y/o módulos de cada penal, y/o en las alcaldías donde se alojen detenidos”.

Además, plantea que “los registros en las personas de los internos, sus pertenencias y locales que ocupen, los recuentos y las requisas de las instalaciones del establecimiento, se efectuarán con las garantías que reglamentariamente se determinen y dentro del respeto a la dignidad humana”.

La iniciativa surgió a través del concurso “Diputado por un Día” organizado por el economista de JxC en sus redes sociales. Los ciudadanos presentaron diferentes ideas para proyectos de ley y convirtió en proyecto la iniciativa más votada de Juan Cruz Nieva Giménez.

“Garantizar la seguridad se tiene que convertir en la prioridad del próximo gobierno, se tiene que realizar un trabajo integral para mitigar el crimen entre los tres poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo”, concluyó Tetaz

El proyecto de ley contó con el acompañamiento de la firma de los diputados nacionales Ana Clara Romero, Pablo Torello, Héctor Stefani, Laura Castets, Fabio Quetglas, Florencia Klipauka, Manuel Aguirre, Alejandro Finocchiaro, María Luján Rey, Lidia Ascarate, Gabriela Lena, Germana Figueroa Casas, Carlos Zapata, Sabrina Ajmechet, Marcela Antola y Roberto Sánchez.

El interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos rechazó este domingo el accionar de la empresa Telecom de amenazar mediante una carta documento a parte del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con actuar civil y penalmente en su contra si se aprueba una resolución que habilitaría el ingreso de un nuevo competidor al sistema del servicio de telefonía celular.

“Desde el interbloque del FdT condenamos este tipo de maniobras que apuntan a paralizar el funcionamiento del referido ente regulador y a controlar, a través de presiones y maniobras judiciales, a quienes deben tomar decisiones, que a veces desagradan a poderosos grupos empresarios”, expresó la bancada del Frente de Todos a través de un comunicado.

Allí recordaron que días atrás y antes de que se realizara la votación para resolver sobre el ingreso de nuevo operador móvil virtual al sistema de telefonía celular, la referida empresa, donde el Grupo Clarín tiene intereses económicos y clara influencia política, envió sendas cartas documento al vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, y a los representantes del Congreso Nacional en el directorio del organismo: Gonzalo Quilodrán, María Florencia Pacheco y Alejandro Gigena. “Allí se les advertía de las consecuencias que caerían sobre ellos por su participación en esta decisión. Se les aseguraba que serían perseguidos judicialmente por los presuntos daños y perjuicios que pudiera ocasionarle la medida a la compañía”, señalaron los senadores.

“Alertamos sobre este accionar prepotente que busca hacer alarde de un manejo impúdico de al menos un sector de la justicia, como quedó evidenciado con el escándalo de Lago Escondido -expresó el comunicado-. Allí, un grupo, integrado por jueces, fiscales, un funcionario porteño y ejecutivos del Grupo Clarín, participó de una excursión a la propiedad del empresario británico Joe Lewis en La Patagonia, financiada por la corporación mediática. Hecho que, al ser descubierto, tuvo como giro una serie de maniobras de encubrimiento por parte de algunos magistrados para eludir el accionar de la justicia”.

El comunicado del bloque que conduce José Mayans agregó que “con su ya habitual doble vara, este grupo empresario se opone a cualquier forma de libre competencia, que pregona defender, cuando se pone en riesgo alguna porción de sus intereses económicos o de su poder real”.

Los senadores oficialistas advirtieron que “estas prácticas vulneran la vida democrática en sociedad. ¿Qué puede esperar el ciudadano de a pie cuando ve a empresas que coaccionan de manera cuasi mafiosa a actores políticos y públicos con el fin de conseguir objetivos deseados, bajo la amenaza de perder bienes y hasta la libertad? Poco puede esperar de las instituciones, cuando esos grupos económicos mantienen relaciones casi promiscuas con sectores de la justicia, que están dispuestos a cumplir cualquier encargo que se les asigne sin respetar las normas básicas ni el debido proceso”.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, junto a los diputados Gustavo Hein, Alfredo Schiavoni, Aída Ayala y Lidia Inés Ascarate, pide agravar el delito de hurto de celulares.

Ante el incremento del robo de celulares y dispositivos móviles, o artefactos de tecnología móvil, llámense celulares, notebook, tablet. GPS, drone, o cámara fotográfica, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff pide que el delito de hurto sea agravado.

El titular del Partido UNIR sostiene que “los últimos datos oficiales señalan que en el país se denuncian 166 celulares robados por hora: casi 4 mil por día, o 1,4 millón al año”.

Y agrega que “esto no incluye la gran cantidad de episodios que no llegan a registrarse. A esto, se pueden sumar notebook, tablet. GPS, drone, cámara fotográfica, etcétera.

El diputado nacional Gonzalo del Cerro (UCR – Santa Fe) pidió al Gobierno que exima de las obligaciones establecidas por la cuarentena, a los técnicos dedicados a la reparación de telefonía celular, computación e informática.

“A nadie escapa los momentos de ansiedad e incertidumbre que se viven por esta situación inédita en nuestras vidas, el diálogo sobre este y otros temas ayuda mucho; reflexionar y compartir con otro es valioso”, sostiene Del Cerro.

En épocas de cuarentena, las redes sociales se han convertido en imprescindibles, no solo para comunicarse, sino también para informarse y recibir y compartir las medidas de prevención que dictan las autoridades sanitarias. Teléfonos celulares, tablets, ordenadores y computadoras hoy son productos de primera necesidad, pero como todos sabemos la tecnología es falible y los aparatos se descomponen y dejan de funcionar, dice en los fundamentos el proyecto de resolución presentado por Del Cerro.

“Para una persona que vive sola y está aislada esta situación le puede provocar graves trastornos, como angustia, ataques de pánico o depresión si siente que no puede reparar su único medio de comunicación, hasta que se termine la cuarentena, algo que aún es incierto”, señala.

Por eso el legislador radical solicita que observando estrictamente las normas sanitarias, los técnicos que tienen establecimientos de barrio, sobre todo los que funcionan en pequeñas localidades del interior del país, que se dedican al arreglo de teléfonos celulares y computadoras puedan trabajar.

“No estamos promoviendo la venta de aparatos nuevos, ni de accesorios, ni la apertura de las tiendas oficiales de las grandes marcas, esos locales no existen en el interior, solo pedimos una excepción para que profesionales de pequeños negocios puedan ayudar en esta emergencia”, explicó.