Se trata de una iniciativa de los legisladores de Unión por la Patria, quienes solicitaron que el Banco Ciudad cuente con una línea crediticia destinada a la refacción, mantenimiento y acondicionamiento de esos centros.
En medio de la delicada situación económica que atraviesa el país, los diputados de Unión por la Patria (UP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca crear una línea crediticia en el Banco Ciudad destinada a la refacción, acondicionamiento y mantención de centros de jubilados y pensionados.
El proyecto en cuestión establece que los beneficiarios de esta línea de créditos del Banco Ciudad, serán todas aquellas personas jurídicas inscriptas en el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC) dentro de la jurisdicción de la Ciudad.
De acuerdo a la iniciativa, la línea crediticia tendrá una tasa de interés porcentual anual de 5 puntos por debajo de los valores correspondientes a líneas de crédito para la refacción, acondicionamiento y mantención de los Centros de Jubilados y Pensionados, y un plazo que no podrá superar los diez años.
El texto también sostiene que el Banco Ciudad establecerá anualmente, de acuerdo a su disponibilidad crediticia, un cupo de créditos para la refacción, acondicionamiento y mantención de los Centros de Jubilados y Pensionados.
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores precisaron que la misma “busca brindar apoyo financiero a los Centros de Jubilados y Pensionados de la Ciudad, reconociendo su importancia como espacios de encuentro, recreación y apoyo para las personas mayores” e indicó que “a través de estos créditos, se pretende mejorar las condiciones de los centros, permitiendo una mejor calidad de vida para los jubilados y promoviendo su integración y participación activa en la sociedad”.
“Los Centros de Jubilados y Pensionados son instituciones comunitarias que se dedican, entre otras cosas, a proporcionar diversos servicios, experiencias y actividades a personas en edad jubilatoria o bien, personas mayores. Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ofreciendo una organización en cuyo espacio se puedan conectar, mantener activos, recibir apoyo en diversas áreas, como así también integrarse y comprometerse en diferentes temáticas sociales. Son esenciales para el bienestar y la socialización de las personas mayores”, sentenció.
La Legislatura porteña aprobó con 38 votos a favor y 20 en contra una serie de modificaciones a la Ley Tarifaria, mediante las cuales también se cambiaron los límites máximos para el Impuesto Inmobiliario y Patentes.
En el marco de la sesión ordinaria que se llevó a cabo este jueves, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó con 38 votos positivos y 20 negativos una serie de modificaciones a la Ley Tarifaria, a fin de elevar los topes máximos para el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), Impuesto Inmobiliario y Patentes.
El texto contó con el acompañamiento de los bloques La Libertad Avanza (LLA), Vamos por Más (VxM), Partido Socialista (PS), Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Confianza Pública (CP), Frente Liberal Republicano (FLR) y Republicanos Unidos (RU); mientras que el Frente de izquierda de los trabajadores (FIT) y Unión por la Patria (UP) lo rechazaron.
La medida llegó al recinto tras un largo debate en la Comisión de Presupuesto, a cargo de Paola Michielotto (VxM), en relación al ABL se propicia la sustitución de los topes máximos establecidos en el artículo 47 de la Ley Tarifaria para el año 2024, los cuales establecían que los mismos no podían ser, en ningún caso, “mayor que el importe que surgiría de aplicar a la Cuota 12/2023 determinada o que hubiera correspondido determinar el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumulado desde agosto de 2023 hasta la cantidad de meses igual al número de cuota a liquidar del tributo”.
De esta manera, con los cambios aprobados este jueves, no se favorece un aumento de impuestos, sino que se elimina el tope debido al avance de la inflación, aunque los montos seguirán actualizándose conforme al IPCBA.
En cuanto a las patentes, la iniciativa recientemente aprobada también establece cambios en los topes, con el objeto de que el impuesto no quede desactualizado. De esta manera, se modifica el beneficio aprobado para este impuesto, pasando del actual tope del 146,4% a una actualización del 264,5% .
Actualmente, la Ciudad cuenta con un padrón de 1.400.000 dominios, que se verán alcanzados de la siguiente manera por esta medida durante las últimas tres cuotas bimestrales del corriente año: 100.000 vehículos quedarán excluidos por haber realizado el pago anual; 650.000 no van a tener modificaciones en el impuesto a abonar; y 650.000 vehículos van a tener una actualización promedio del 30%.
Asimismo, se propicia la actualización de los valores de algunos conceptos puntuales vinculados a la entrada de los turistas internacionales a parques, complejos y polideportivos de la Ciudad.
Beneficios para los jubilados
En esta misma sesión, los legisladores porteños aprobaron por unanimidad la eximición del pago del impuesto inmobiliario y la tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) a los centros de jubilados y pensionados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con esta aprobación, el beneficio se extenderá a los 600 centros de jubilados que funcionan en el distrito capitalino, a fin de “ayudarlos a brindarle más y mejores actividades a los adultos mayores de nuestra ciudad”.
El debate en el recinto
La primera en tomar la palabra fue la diputada Michielotto, quien explicó como fue el trabajo en comisión y agradeció la participación de los bloques. Además, dio detalles acerca de como sería la implementación de los nuevos topes.
Por su parte, la legisladora de Unión por la Patria (UP) y vicepresidenta primera de la Comisión de Presupuesto, Claudia Neira, afirmó que lo que se hace “sacar los topes que se establecieron, porque el impuesto hoy, el ABL, se actualiza por el Índice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene topes: 50, 75 y 100%, según la categoría de los inmuebles. Esos topes se retiran, se plantea que hoy quedaron desfazados porque el tope más alto es 100% y la inflación claramente, es más, aunque calculan en la ampliación una inflación de 150%, que para nosotros es baja para este año, pero plantean sacar este tope”.
“La verdad es que nosotros decimos que el ABL hay que replantearlo íntegramente, porque es verdad que quedó absolutamente desactualizado en los montos de las valuaciones, las categorías ya no existen. Todos los inmuebles de la Ciudad, prácticamente el 90% están en la misma categoría en este momento, porque quedó absolutamente desactualizado hasta en términos de las categorías. Entonces tenés un departamento de dos ambientes en Lugano, está en la misma categoría que cinco ambientes en Palermo, irrisorio, todo”, completó la peronista.
Los diputados de Vamos Juntos impulsaron un proyecto a través del cual solicitan bajar el valor de los servicios esenciales un 50% -tales como luz, gas, agua y telefonía-, hasta el 31 de diciembre de este año.
Debido a que el aislamiento social obligatorio se extendió por más de tres meses, el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, junto a otros legisladores presentaron en la Legislatura porteña una iniciativa a través de la cual le solicitan al Gobierno nacional una reducción de carácter excepcional del 50% del valor de las tarifas de los servicios públicos esenciales, tales como electricidad, agua, gas natural y/o provisión de garrafas y servicio de telefonía, a todos los centros de jubilados.
En caso que la medida sea aprobada, el descuento en esos servicios regiría hasta el 31 de diciembre de este año. Además la iniciativa plantea que se les otorgue un subsidio o asignación de carácter mensual, excepcional, transitorio y retroactivo por el equivalente a dos Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM) por el mismo período.
En los fundamentos del texto, los oficialistas recordaron que “los centros de jubilados se caracterizan por ser espacios formados por los propios adultos mayores, quienes se organizan con el objeto de construir un espacio que pueda dar respuesta a las múltiples y variadas necesidades” y destacaron que “estas vinculaciones de los jubilados que puede surgir con pequeños objetivos, se transforman en organizaciones muy importantes en la vida diaria de los adultos mayores”.
Asimismo precisaron que en la Ciudad se encuentran registrados 320 centros de jubilados que dan contención a las personas mayores y que “desarrollan actividades sociales de mucha importancia en los barrios en los que están ubicados en las 15 Comunas de la Ciudad”.
Al mismo tiempo afirmaron que a causa de la pandemia estos centros “se encuentran cerrados y sin la presencia de quienes son los verdaderos impulsores de su continuidad, los adultos mayores” e insistieron en la necesidad de “resguardar a estas organizaciones y permitirles subsistir hasta que las condiciones sanitarias permitan su reapertura, evitando que cierren sus puertas por no haber podido afrontar gastos de mantenimientos básicos”.
“La subsistencia de estas organizaciones se encuentra en riesgo, son muchos los centros de jubilados que no pudieron acceder a las tarifas sociales y se encuentran intimados por grandes deudas que no pueden afrontar”, explicaron y sentenciaron que “las consecuencias de la pandemia serán muy disvaliosas en la vulnerable población de los adultos mayores, por eso solicitamos al Estado Nacional esta ayuda excepcional”.
La iniciativa también lleva la firma de Gastón Blanchetiere, Natalia Fidel y María Sol Méndez (VJ).
Graciela Ocaña pidió que se le cobre el 50 por ciento de las tarifas de servicios esenciales a esos espacios.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña presentó este jueves un proyecto de ley para que los centros de jubilados reciban un subsidio excepcional en el marco de la pandemia por el Covid 19, materializado en la reducción del 50 por ciento del valor de las tarifas de servicios públicos esenciales, tales como electricidad, agua, gas natural, telefonía y provisión de garrafa.
“En nuestro país existen aproximadamente 5 mil centros y el Estado debe apoyarlos para permitir que la crisis económica actual no afecte su desenvolvimiento”, señaló la Presidenta de la Comisión de Personas Mayores y agregó que la ayuda económica brindada por PAMI “es insuficiente para que los establecimientos puedan superar todas las dificultades que enfrentan para continuar subsistiendo, no solo a causa de la pandemia, sino de la situación económica crítica que ya existía con anterioridad”.
En ese sentido, advirtió que “la misma administración del PAMI reconoció que muchos de los Centros de Jubilados están con riesgos de poder cerrar porque no pueden afrontar los gastos de los servicios públicos y muchas veces del alquiler”.
El proyecto de ley, acompañado por la diputada Soher El Sukaria, pide también que los centros de jubilados registrados reciban un subsidio o asignación de carácter mensual, excepcional, transitorio y retroactivo por el importe equivalente a dos Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM).
Ocaña manifestó que “este aporte será vital para que los Centros puedan continuar con sus puertas abiertas en el futuro, y puedan seguir cumpliendo su importante rol social que cumplen dentro de la sociedad”.
La iniciativa fue impulsada por los legisladores de la UCR-Evolución y prevé que el Gobierno nacional condone las deudas de los servicios públicos que estas instituciones hayan contraído durante el aislamiento obligatorio. La medida también alcanzaría a los centros culturales de la Ciudad.
A casi 90 días de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, los diputados de la UCR-Evolución presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual le solicitan al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los organismos pertinentes, arbitre los medios necesarios para la condonación de las deudas por los servicios públicos desde el inicio de la cuarentena y exima del pago total o parcial -hasta la finalización de la misma- a distintas asociaciones civiles.
De esta manera, el texto prevé alcanzar a todas las instituciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID); a los centro jubilados y demás organizaciones registradas en el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC); y a los Centros Culturales inscriptos en el Catálogo de Espacios Culturales Independientes (CECI) de la Ciudad.
En los fundamentos del texto los legisladores recordaron que “la pandemia del Covid 19 ha suspendido la vida cotidiana, generado una fuerte contracción en el accionar de toda la ciudadanía” e insistieron que “esto ha implicado un descenso generalizado en distintos rubros de índole recreativo-social y deportivo en su conjunto. Desde empresas grandes, pasando por pymes, y finalmente las demás organizaciones de la sociedad civil han debido cesar en sus actividades y cumplir con el aislamiento”.
“En ese marco, teniendo en consideración que, ni los clubes de barrio, ni centros culturales, ni centros de jubilados pueden desarrollar sus actividades habituales, surge gran preocupación por parte de todo este sector que se encuentra desfavorecido por no poder llevar a cabo el normal funcionamiento de sus instalaciones y de todos modos deban afrontar los salarios de sus empleados y demás obligaciones habituales, entre ellas el pago de los servicios públicos de sus instalaciones”, añadieron.
Al mismo tiempo que precisaron que “a esta problemática debe sumarse el hecho de que las empresas concesionarias de servicios públicos en la Ciudad han sido instruidas por el ENRE para facturar consumos estimativos, ante la imposibilidad de medir los reales consumos” y subrayaron que “si bien se ha establecido la prohibición de cortes de suministro por parte de las empresas concesionarias ante la falta de pago, no existe ayuda directa a las organizaciones mencionadas en cuanto al pago efectivo de las facturas de los servicios públicos. La suspensión de cortes en los servicios, bienvenida, es simplemente una deuda que se posterga y acumula en el tiempo”.
Finalmente, los radicales concluyeron señalando que son “conscientes de que esta medida resulta necesaria pero no suficiente, creemos pertinente que nos acompañen en el presente proyecto dada la complejidad de la situación que atraviese este sector”.
La iniciativa lleva la firma de Marcelo Guouman, Ariel Álvarez Palma, Inés Gorbea, Leandro Halperín, Juan Francisco Nosiglia, Martín Ocampo, Manuela Thourte, Patricia Vischi y Diego Weck (UCR-Ev).
