Los diputados de Vamos Juntos impulsaron un proyecto a través del cual solicitan bajar el valor de los servicios esenciales un 50% -tales como luz, gas, agua y telefonía-, hasta el 31 de diciembre de este año.
Debido a que el aislamiento social obligatorio se extendió por más de tres meses, el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, junto a otros legisladores presentaron en la Legislatura porteña una iniciativa a través de la cual le solicitan al Gobierno nacional una reducción de carácter excepcional del 50% del valor de las tarifas de los servicios públicos esenciales, tales como electricidad, agua, gas natural y/o provisión de garrafas y servicio de telefonía, a todos los centros de jubilados.
En caso que la medida sea aprobada, el descuento en esos servicios regiría hasta el 31 de diciembre de este año. Además la iniciativa plantea que se les otorgue un subsidio o asignación de carácter mensual, excepcional, transitorio y retroactivo por el equivalente a dos Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM) por el mismo período.
En los fundamentos del texto, los oficialistas recordaron que “los centros de jubilados se caracterizan por ser espacios formados por los propios adultos mayores, quienes se organizan con el objeto de construir un espacio que pueda dar respuesta a las múltiples y variadas necesidades” y destacaron que “estas vinculaciones de los jubilados que puede surgir con pequeños objetivos, se transforman en organizaciones muy importantes en la vida diaria de los adultos mayores”.
Asimismo precisaron que en la Ciudad se encuentran registrados 320 centros de jubilados que dan contención a las personas mayores y que “desarrollan actividades sociales de mucha importancia en los barrios en los que están ubicados en las 15 Comunas de la Ciudad”.
Al mismo tiempo afirmaron que a causa de la pandemia estos centros “se encuentran cerrados y sin la presencia de quienes son los verdaderos impulsores de su continuidad, los adultos mayores” e insistieron en la necesidad de “resguardar a estas organizaciones y permitirles subsistir hasta que las condiciones sanitarias permitan su reapertura, evitando que cierren sus puertas por no haber podido afrontar gastos de mantenimientos básicos”.
“La subsistencia de estas organizaciones se encuentra en riesgo, son muchos los centros de jubilados que no pudieron acceder a las tarifas sociales y se encuentran intimados por grandes deudas que no pueden afrontar”, explicaron y sentenciaron que “las consecuencias de la pandemia serán muy disvaliosas en la vulnerable población de los adultos mayores, por eso solicitamos al Estado Nacional esta ayuda excepcional”.
La iniciativa también lleva la firma de Gastón Blanchetiere, Natalia Fidel y María Sol Méndez (VJ).
Graciela Ocaña pidió que se le cobre el 50 por ciento de las tarifas de servicios esenciales a esos espacios.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña presentó este jueves un proyecto de ley para que los centros de jubilados reciban un subsidio excepcional en el marco de la pandemia por el Covid 19, materializado en la reducción del 50 por ciento del valor de las tarifas de servicios públicos esenciales, tales como electricidad, agua, gas natural, telefonía y provisión de garrafa.
“En nuestro país existen aproximadamente 5 mil centros y el Estado debe apoyarlos para permitir que la crisis económica actual no afecte su desenvolvimiento”, señaló la Presidenta de la Comisión de Personas Mayores y agregó que la ayuda económica brindada por PAMI “es insuficiente para que los establecimientos puedan superar todas las dificultades que enfrentan para continuar subsistiendo, no solo a causa de la pandemia, sino de la situación económica crítica que ya existía con anterioridad”.
En ese sentido, advirtió que “la misma administración del PAMI reconoció que muchos de los Centros de Jubilados están con riesgos de poder cerrar porque no pueden afrontar los gastos de los servicios públicos y muchas veces del alquiler”.
El proyecto de ley, acompañado por la diputada Soher El Sukaria, pide también que los centros de jubilados registrados reciban un subsidio o asignación de carácter mensual, excepcional, transitorio y retroactivo por el importe equivalente a dos Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM).
Ocaña manifestó que “este aporte será vital para que los Centros puedan continuar con sus puertas abiertas en el futuro, y puedan seguir cumpliendo su importante rol social que cumplen dentro de la sociedad”.
La iniciativa fue impulsada por los legisladores de la UCR-Evolución y prevé que el Gobierno nacional condone las deudas de los servicios públicos que estas instituciones hayan contraído durante el aislamiento obligatorio. La medida también alcanzaría a los centros culturales de la Ciudad.
A casi 90 días de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, los diputados de la UCR-Evolución presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual le solicitan al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los organismos pertinentes, arbitre los medios necesarios para la condonación de las deudas por los servicios públicos desde el inicio de la cuarentena y exima del pago total o parcial -hasta la finalización de la misma- a distintas asociaciones civiles.
De esta manera, el texto prevé alcanzar a todas las instituciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID); a los centro jubilados y demás organizaciones registradas en el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC); y a los Centros Culturales inscriptos en el Catálogo de Espacios Culturales Independientes (CECI) de la Ciudad.
En los fundamentos del texto los legisladores recordaron que “la pandemia del Covid 19 ha suspendido la vida cotidiana, generado una fuerte contracción en el accionar de toda la ciudadanía” e insistieron que “esto ha implicado un descenso generalizado en distintos rubros de índole recreativo-social y deportivo en su conjunto. Desde empresas grandes, pasando por pymes, y finalmente las demás organizaciones de la sociedad civil han debido cesar en sus actividades y cumplir con el aislamiento”.
“En ese marco, teniendo en consideración que, ni los clubes de barrio, ni centros culturales, ni centros de jubilados pueden desarrollar sus actividades habituales, surge gran preocupación por parte de todo este sector que se encuentra desfavorecido por no poder llevar a cabo el normal funcionamiento de sus instalaciones y de todos modos deban afrontar los salarios de sus empleados y demás obligaciones habituales, entre ellas el pago de los servicios públicos de sus instalaciones”, añadieron.
Al mismo tiempo que precisaron que “a esta problemática debe sumarse el hecho de que las empresas concesionarias de servicios públicos en la Ciudad han sido instruidas por el ENRE para facturar consumos estimativos, ante la imposibilidad de medir los reales consumos” y subrayaron que “si bien se ha establecido la prohibición de cortes de suministro por parte de las empresas concesionarias ante la falta de pago, no existe ayuda directa a las organizaciones mencionadas en cuanto al pago efectivo de las facturas de los servicios públicos. La suspensión de cortes en los servicios, bienvenida, es simplemente una deuda que se posterga y acumula en el tiempo”.
Finalmente, los radicales concluyeron señalando que son “conscientes de que esta medida resulta necesaria pero no suficiente, creemos pertinente que nos acompañen en el presente proyecto dada la complejidad de la situación que atraviese este sector”.
La iniciativa lleva la firma de Marcelo Guouman, Ariel Álvarez Palma, Inés Gorbea, Leandro Halperín, Juan Francisco Nosiglia, Martín Ocampo, Manuela Thourte, Patricia Vischi y Diego Weck (UCR-Ev).
