Diputados nacionales del radicalismo, encabezados por Martín Berhongaray, presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional, referido al entendimiento comercial anunciado con la República Popular de China “para avanzar en un proyecto de enormes dimensiones que implicará prácticamente duplicar en pocos años la cantidad de madres reproductoras con que cuenta nuestro país con un manejo productivo intensivo ‘en confinamiento’, para exportar carne de cerdo y sus derivados con destino al abastecimiento de ese mercado asiático”.

“Existe intranquilidad en el sector porque falta información para evaluar el impacto que provocará a la totalidad de la cadena productiva local, principalmente a los pequeños y medianos productores, así como por aspectos vinculados al elevado consumo de agua y de energía que se requerirá, a los riesgos sanitarios que se asumen y al tratamiento que se brindará a los efluentes, entre otras cuestiones”, detalló Berhongaray.

Además de Berhongaray firman el proyecto los diputados Mario Negri, Gustavo Menna, Diego Mestre, Luis Pastori, Mario Arce, Lidia Ascárate, Aída Ayala, Gerardo Cipolini, Soledad Carrizo, Alvaro de Lamadrid, Gonzalo Del Cerro, Gabriela Lena, Sebastián Salvador y Federico Zamarbide.

Los siguientes son algunos de los puntos sobre los que se consulta al Gobierno:

•  Qué estrategias de políticas públicas se evalúan para proteger la producción nacional, particularmente a los pequeños y medianos productores.
•  Qué reaseguros se proyectan en caso de que el producto no fluya en su totalidad a China y se vuelque en parte al mercado interno deprimiendo los precios locales.
•  De acuerdo con lo informado por Cancillería, fueron actores del sector privado quienes arrimaron el posible negocio de inversión citado. Indique a qué actores se refiere y por qué no resultaron consultadas las instituciones con trayectoria e injerencia relevante en la temática tales como el INTA, las Universidades, los grupos de pequeños productores porcinos, el Centro de Información de Actividades Porcinas, Colegios de Ingenieros Agrónomos y/o de Veterinarios, entre otros.
•  En qué provincias se instalarían las mega granjas que albergarían hasta 12.000 madres reproductoras “en confinamiento” cada una? Indique cuál sería la fuente de aprovisionamiento del agua requerida para tamaña futura producción, teniendo en cuenta que se calcula la demanda en 300 litros diarios por madre reproductora alojada (ella más sus progenies).
•  Qué estudios existen acerca de la cantidad de energía no renovable (fósil) que resultaría necesaria para abastecer las distintas Cámaras de frío que se construyan, y cuál sería la fuente que aseguraría semejante capacidad de frío.
•  Si existen razones que justifiquen los potenciales beneficios económicos en función del riesgo sanitario que asume nuestro país.
•  Si existen estudios y prospecciones en orden a preservar el alto valor asignable al status sanitario que posee el sector y que obliga a extremar los cuidados en la bioseguridad.
•  Dónde y cómo serían tratados los efluentes, teniendo en consideración que constituye una de las producciones más contaminantes del planeta.

“Si bien la iniciativa cuenta con el aval del sector público, el trabajo conjunto involucró a algunos eslabones de la cadena de valor, puntualmente la Asociación Argentina de Productores de Porcinos y el laboratorio Biogénesis Bagó. No obstante, resulta llamativo que no hayan sido consultadas ninguna de las instituciones con trayectoria e injerencia relevante en la temática tales como el INTA, las Universidades, los grupos de pequeños productores porcinos, el Centro de Información de Actividades Porcina, Colegios de Ingenieros Agrónomos y/o de Veterinarios, por citar sólo algunas”, señalan los legisladores en los fundamentos del proyecto.