El Gobierno lo estableció a través de la Resolución 322 de la Agencia Nacional de Discapacidad tras el reclamo de legisladores propios y opositores. Así, el CUD se expedirá sin fecha de vencimiento.
El Gobierno Nacional reglamentó este martes los cambios para la renovación del Certificado Único de Discapacidad a través de la Resolución 322/2023 de la Agencia Nacional de Discapacidad estableciendo que los CUD se expedirán sin fecha de vencimiento.
La norma había sido sancionada por el Senado el pasado 13 de abril por unanimidad y promulgada en mayo, pero hasta el momento no había sido reglamentada.
Ante la mora para ello, el tema en cuestión fue citado en reiteradas ocasiones durante la última sesión de la Cámara de Diputados por propios y ajenos, entre ellos la diputada oficialista Marisa Uceda y la radical de Evolución Carla Carrizo. También lo hizo el oficialista Eduardo Valdés, quien hizo una suerte de infrecuente acto de autocrítica, al reclamarle a su propio gobierno por su no reglamentación. Puntualmente expresó Valdés: “Es muy triste que el Ejecutivo se esté demorando en reglamentar la no renovación del certificado para hacerlo permanente. Desde acá le pido al Poder Ejecutivo que urgentemente reglamente eso, porque es indispensable”.
Por el lado de la Cámara alta, la senadora riojana Clara Vega había abierto una petición a fin de juntar firmas para que se ponga en marcha la Ley 27.711 en carácter de ser autora de uno de los proyectos.
La norma establece que el CUD podrá ser expedido con o sin fecha de vencimiento tanto en su versión física como digital de modo de facilitar su renovación para quienes lo necesitan de manera permanente
De acuerdo a la norma, la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de la actualización del CUD conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento y tendrá una periodicidad entre 5 a 15 años.
A su vez, la ANDIS tendrá que “definir las condiciones y lineamientos” para la implementación de la norma, “incluyendo el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad”, y teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad.
Un aspecto a destacar es que se indica que “la persona beneficiaria podrá solicitar la actualización del CUD en cualquier momento de acuerdo”.
Cabe destacar que, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANDIS ya había avanzad en este sentido, al crear el “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad”, que pretende entre sus objetivos “determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal, generando instancias de acompañamiento por parte del Estado”.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y válido en todo el país que permite acceder a los derechos y a las prestaciones previstas en las Leyes Nacionales 22.431 y 24.901. La evaluación de su validez o no la hace una Junta Evaluadora Interdisciplinaria, la cual determina si corresponde la emisión y posterior otorgamiento a quien solicite al CUD.
Entre los derechos que garantiza se encuentran la cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera la persona. Viajes gratuitos en trasporte público terrestre, exención de pago de peajes e impuestos (municipales, patentes), libre estacionamiento en los lugares permitidos.
La senadora riojana invita a firmar una petición para que se ponga en marcha la Ley 27.711 que eestablece que el CUD podrá ser expedido con o sin fecha de vencimiento, de modo de facilitar su renovación. La norma fue sancionada el 13 de abril y promulgada el 2 de mayo.
A casi seis meses de la sanción de la Ley 27.711 sobre la renovación del Certificado Único de Discapacidad, la senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina – La Rioja) abrió una petición para juntar firmas a fin de que el Poder Ejecutivo reglamente la norma, siendo que fue autora de uno de los proyectos.
“Consideramos sumamente injusto que, existiendo esta ley que tanto esfuerzo costó conseguir por parte de las personas con discapacidad y sus familias, aún se tengan que realizar complicados trámites burocráticos, muchas veces interminables, para contar con un acceso pleno a sus derechos”, planteó Vega.
Además, destacó que en su artículo 4°, el proyecto sancionado establecía que el Poder Ejecutivo Nacional debía reglamentar la ley en el plazo de 90 días desde la fecha de su promulgación. “Sin embargo hasta el momento no existe respuesta al respecto”, criticó.
La norma fue sancionada el 13 de abril de 2023 con 61 votos en el Senado y promulgada por el Ejecutivo el 2 de mayo.
La misma establece que el CUD podrá ser expedido con o sin fecha de vencimiento, de modo de facilitar su renovación para quienes lo necesitan de manera permanente.
De acuerdo a la norma, la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de la actualización del CUD conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento.
A su vez, la ANDIS tendrá que “definir las condiciones y lineamientos” para la implementación de la norma, “incluyendo el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad”, y teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad.
Un aspecto a destacar es que se indica que “la persona beneficiaria podrá solicitar la actualización del CUD en cualquier momento de acuerdo”.
Cabe destacar que hace dos meses atrás, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANDIS ya avanzó en este sentido, al crear el “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad”, que pretende entre sus objetivos “determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal, generando instancias de acompañamiento por parte del Estado”.
La iniciativa es impulsada por los diputados Victoria Morales Gorleri y Luis Di Giacomo. Según los datos, el 30% de las personas con discapacidad no tramitan el CUD.
La diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro), junto a su par Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), otros diputados y un grupo de ONGs propusieron el cambio de denominación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) por Certificado Único de Acceso a Apoyos (CUDAA).
Según los datos, el 30% de las personas con discapacidad en nuestro país no tramitaron el CUD, muchas de ellas porque lo consideran una barrera, temen no conseguir trabajo o sufrir discriminación, lo que genera que se vea diezmado en el acceso a apoyos tales como asistentes sociales, medicación, transporte, entre otros.
Durante el encuentro, Morales Gorleri destacó el trabajo hecho en la Cámara: “Hemos tenido grandes debates en la Comisión de Discapacidad, con muchos desafíos y hemos logrado grandes consensos”.
Al respecto, explicó que “quitarle la palabra discapacidad al nombre del certificado no significa que no aceptemos la discapacidad o pretender que no exista, sino todo lo contrario, como sabemos que está y es una condición, tenemos que generar acciones para que las personas con discapacidad y sus familias puedan vivir de la mejor manera. Este cambio significa que nos estaremos posicionando en lo que necesitan, en garantizarles el acceso a los apoyos para poder garantizar su educación, salud, inclusión laboral y no en la condición que tienen”.
En el cierre del encuentro, la diputada del Pro invitó a las organizaciones y a la sociedad civil a que se sumen al debate: “Sigamos peleando con esperanza porque vamos a seguir dando pasos con convicción, reflexión y de una vez por todas abrazar la convención que este país ratificó con rango constitucional. Estas son las discusiones que tenemos que dar para efectivamente pensar en una Argentina con oportunidades reales para todos en la construcción de su proyecto de vida”.
En los últimos meses, se inició en Change.org una campaña para impulsar el cambio de denominación de CUD a CUDAA. Durante el encuentro representantes de la plataforma entregaron un certificado en reconocimiento a que la petición superó las 20 mil firmas.
Acompañaron el proyecto los diputados María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Merceder Joury, Sabrina Ajmechet, María Sotolano, Leonor Martínez Villada, Ricardo López Murphy, María Caselles y Jimena López.
En mayo el Gobierno promulgó la Ley 27.711 por medio de la cual se flexibiliza la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La norma fue sancionada en el Senado el pasado 13 de abril y se publicó este martes en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo promulgó este martes la Ley 27.711, por medio de la cual se flexibiliza la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La norma, sancionada el pasado 13 de abril en el Senado por unanimidad, establece que el CUD podrá ser expedido con o sin fecha de vencimiento, de modo de facilitar su renovación para quienes lo necesitan de manera permanente.
De acuerdo a la ley, la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de la actualización del CUD conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento.
A su vez, la ANDIS tendrá que “definir las condiciones y lineamientos” para la implementación de la norma, “incluyendo el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad”, y teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad.
Un aspecto a destacar es que se indica que “la persona beneficiaria podrá solicitar la actualización del CUD en cualquier momento de acuerdo”.
Cabe destacar que hace dos meses atrás, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANDIS ya avanzó en este sentido, al crear el “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad”, que pretende entre sus objetivos “determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal, generando instancias de acompañamiento por parte del Estado”.
Al borde del llanto, el senador cordobés agradeció a sus pares por el tratamiento del proyecto sobre la renovación del Certificado Único de Discapacidad.
Previo a la sanción del proyecto para la renovación del Certificado Único de Discapacidad en el Senado, el cordobés Luis Juez (Pro) se emocionó al hablar sobre la discapacidad de su hija y relató la lucha constante para renovar el certificado, por lo que agradeció a sus pares por el tratamiento de la iniciativa.
Con los ojos llorosos y la voz quebradiza de la emoción, Juez pidió la palabra para hacer un breve comentario: “No estaba en la lista, pero pedí”, y se interrumpió para remarcar: “Hoy un día bárbaro ¡Eh! quiero decirlo con sinceridad, comparto la definición de la presidenta del Cuerpo. Un día maravilloso estamos tratando temas increíblemente importantes y sensibles”.
Tomó aire y relató su situación personal: “Como no sé cuántos de acá tienen la posibilidad de hablar con lo que significa. Yo la escuchaba a la senadora de Catamarca (Lucía Corpacci), a la senadora de La Rioja (Clara Vega) y la vedad es así, cuando uno tiene una criatura con discapacidad y esa discapacidad es permanente, la reiteración sistemática casi al borde de la humillación de tener que ir a mostrarle que la criatura no va a progresar porque tiene una discapacidad de esas que son para toda la vida, cuesta entender lo que le significa a la madre, a la familia, a los hermanos”.
Al borde del llanto, expresó: “Entonces yo, simplemente, no sé cuántos senadores pasan por esa situación, pero yo hace 22 años tengo un regalo en mi casa, un obsequio de Dios que se llama Milagros y en nombre de ella y de sus hermanos, de mi esposa y familia completa quiero dar las gracias. Muchísimas gracias”.
Por unanimidad, los senadores aprobaron la norma que determina que ese documento podrá ser expedido con o sin fecha de vencimiento.
Por unanimidad -61 votos afirmativos-, la Cámara alta sancionó este jueves una ley que establece que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrá ser expedido con o sin fecha de vencimiento, de modo de facilitar su renovación para quienes lo necesitan de manera permanente.
De acuerdo a la norma, la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de la actualización del CUD conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento.
A su vez, la ANDIS tendrá que “definir las condiciones y lineamientos” para la implementación de la norma, “incluyendo el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad”, y teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad.
Un aspecto a destacar es que se indica que “la persona beneficiaria podrá solicitar la actualización del CUD en cualquier momento de acuerdo”.
Cabe destacar que hace dos meses atrás, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANDIS ya avanzó en este sentido, al crear el “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad”, que pretende entre sus objetivos “determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal, generando instancias de acompañamiento por parte del Estado”.
Oradores
La senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR) fue la encargada de abrir la ronda de debate sobre el tema quien explicó que el proyecto plantea que el certificado único de discapacidad “pueda otorgarse sin vencimiento para los casos de ciertas discapacidades con características permanentes”, y remarcó que es una “aspiración de varios colectivos de discapacidad”.
Además, destacó que al ser un tema transversal con varias iniciativas presentadas “estamos todos de acuerdo”. “En este caso este proyecto en su artículo 2 hace referencia que ANDIS será la responsable de otorgar y actualizar el CUD conforme al concepto dinámico de la discapacidad”, explicó.
Sobre el artículo 3, mencionó: “Incluye algo muy novedoso y muy pedido a lo largo y ancho del país por todos los Ministerios de Salud de las provincias que es el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de discapacidad”.
Por otro lado, contó que han considerado en la comisión proyectos de los senadores Antonio Rodas, María Vega, Luis Juez, Daniel Kroneberger, quienes “supieron recepcionar las inquietudes de muchas organizaciones que luchan por los derechos con discapacidad”.
“El CUI hoy es un medio para acceder a más derechos, por eso la importancia que tiene en determinados casos esta posibilidad que no tenga vencimiento para ciertas patologías y, por supuesto, ni que hablar en el interior del país”, reclamó la radical.
También informó que la Agencia Nacional de Discapacidad estableció por medio de una resolución una medida que “va en este sentido y que responde a las inquietudes a las que nos referimos, pero la importancia de hacerlo hoy ley es asegurar y solidificar este criterio de manera permanente y, de esa manera, dar respuesta a la demanda social que hace mucho tiempo venimos recepcionando en todos los niveles de gobierno”.
A continuación, la oficialista Lucía Corpacci (Catamarca) explicó que la modificación al artículo 3 de la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, que se refiere al certificado de discapacidad, plantea que “la institución que lo entrega no certifica enfermedad, sino que certifica la pérdida de función que genera determinada discapacidad”.
“En muchas ocasiones esa pérdida de función es definitiva, es permanente y, por lo tanto, se hace innecesario pedir anualmente o cada dos años nuevamente esa certificación”, planteó Corpacci y comentó que “cuando una persona va a hacer el trámite del CUI lo hace buscando el acompañamiento del Estado que le garantice el acceso a recibir prestaciones médicas gratuitas acorde a sus patologías. Le otorgue también un pase de transporte sin costo”.
Y siguió: “Fundamentalmente se refiere al tema de la atención médica y en el caso de electrodependientes de aluna cobertura de tarifas eléctricas cuando requieren permanentemente el uso de algún aparato”.
“Los centros que otorgan los certificados, en la mayoría de las provincias, se encuentran en las capitales provinciales. Las distancias a veces son enromes. Tienen que recorrer 400 kilómetros para llegar a la capital y renovar el certificado de discapacidad y no es tan fácil solucionar ese tema por la sencilla razón de que no es cualquier médico el que otorga certificado de discapacidad, sino que tiene que estar preparado para conocer y rendir un examen que lo habilita a otorgar el grado de perdida de función que tiene quien solicita el certificado”, explayó la catamarqueña.
En tanto, insistió en que “no es tan fácil de implementarlo en todos los centros de atención de las provincias. Mucho menos cuando se requieren determinadas especialidades médicas como neurólogo, psiquiatras”.
“Definidas ciertas discapacidades que son permanentes debieran permitirse que algunos certificados sean permanentes y no requieran la renovación del mismo y otros sean transitorios porque esa pérdida de la funcionalidad puede revertirse”, resumió Corpacci y remarcó que es un proyecto que no tiene costo y que no impacta en el presupuesto, por el contrario, resaltó que “mejora la calidad de vida de quienes lo necesitan”, y contó que en 2022 en su provincia se otorgaron 3.200 certificados.
Autora de uno de los proyectos, la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) destacó que la iniciativa hace a “un mundo más inclusivo y más igualitario para sacarle todo ese peso burocrático que se le ha puesto por años a las familias que tienen algún familiar con discapacidad, a quienes se les dificultó conseguir el Certificado Único de Discapacidad”.
En suma, aseguró que con la aprobación de la ley “vamos a ayudar a que esa discapacidad con la que algunos tienen que sobrellevar toda la vida, empecemos a hacer más fácil y que la inclusividad sea una realidad y no solo parte de una retórica”, e informó que según las estadísticas el 10% tiene algún tipo de discapacidad.
De forma breve, el cordobés Luis Juez (Pro) se emocionó al hablar de la discapacidad que sufre su hija y agradeció a sus pares el tratamiento del proyecto y relató: “La reiteración sistemática casi al borde de la humillación de tener que ir a mostrarle que la criatura no va a progresar porque tiene una discapacidad de esas que son para toda la vida, cuesta entender”.
También emocionado, el chubutense Carlos Linares (FdT) contó: “En el caso mío también tengo un ser querido prematuro no vidente que sabemos lo que produce esto, en el interior del interior”, por lo que remarcó que “este CUI es un alivio, un paliativo, pero es bueno aprovechar el momento porque la discapacidad es mucho más que esto”.
“El dolor de la discapacidad es mucho más, esto no puede ser un debate que quede acá”, expresó y sumó: “La discapacidad duele y le duele a la familia, al entorno y nos marca como sociedad. ¿Qué tenemos que hacer con estos casos? Tenemos que profundizarlo, el Estado presente lo tiene que hacer. Tenemos que ayudar de forma constante y permanente a organizaciones y a asociaciones de padres porque muchas leyes salen por el pedido de ellos. Tenemos que ayudarlos con la política para poder llevar soluciones concretas y palpables”.
Los vecinos del municipio interesados en tramitar el certificado deben contar con los estudios médicos actualizados dentro de los últimos seis meses, viviir en el distrito y resumen de la historia clínica con diagnóstico.
La Municipalidad de Tigre habilitó para los vecinos que sufren alguna discapacidad la posibilidad de tramitar el Certificado único de Discapacidad. Los interesados deben contar con estudios médicos y/o informes correspondientes a la patología, DNI con domicilio en el distrito, planilla y resumen de la historia clínica que incluya diagnóstico, secuelas y tratamiento, ambas con firma y sello del médico tratante.
El municipio informa además que toda la documentación a presentar no debe tener más de 6 meses de antigüedad. A fin de realizar la gestión, pueden acercarse a: Centro de Rehabilitación Frida Kahlo – Av. Hipólito Yrigoyen al 1400 entre Ramón Castilla y O’Higgins, General Pacheco, Centro de Atención al Vecino – Lisandro de la Torre al 2500, Troncos del Talar; CAFyS de Benavídez – Alvear, esquina Marabotto; CAFyS de Don Torcuato – Arata, esquina España; CAFyS de Dique Luján – 12 de Octubre 943, esquina. 9 de Julio; CAFyS de Las Tunas, Aristides Sacristi 2200, General Pacheco; CAFyS de Belgrano, Av. Belgrano 1661, Don Torcuato; y Centro de Rehabilitación Psicofísica para adultos Juana Azurduy, Maipú 201, Tigre Centro.
Si la evaluación es para una persona menor de 16 años deben contactarse al teléfono del centro Frida Kahlo (4736-4928 o Whatsapp 11-2182-1683). Si es para una persona mayor de 16 comunicarse, vía Whatsapp, al 11-3113-1759
Las planillas, según diagnóstico, pueden descargarse desde el siguiente link: https://www.tigre.gob.ar/tramites/cud
Para más información visitar el sitio https://www.tigre.gob.ar/tramites/cud o contactarse al 15 3113 1759, o vía correo electrónico a la dirección discapacidad@tigre.gob.ar.
El proyecto consensuado en la Cámara de Diputados fue votado por 227. Delega en la Agencia Nacional de Discapacidad los lineamientos para su implementación.
Tras un largo reclamo de organizaciones de personas con discapacidad, la Cámara baja aprobó en la sesión de este miércoles un proyecto consensuado que flexibiliza la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), uno de los trámites definidos como de los más engorrosos, sobre todo para quienes lo necesitan de manera permanente.
De acuerdo a la iniciativa, votada por 227 votos afirmativos, el CUD “establecido en la Ley 22.431, o la que en un futuro la reemplace, sus modificatorias y complementarias, se expedirá con o sin fecha de vencimiento”.
La Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de la actualización del CUD conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento, establece el proyecto.
A su vez, la ANDIS tendrá que “definir las condiciones y lineamientos” para la implementación de la norma, “incluyendo el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad”, y teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad.
Un aspecto a destacar es que se indica que “la persona beneficiaria podrá solicitar la actualización del CUD en cualquier momento de acuerdo”.
El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley a los 90 días desde su promulgación, al tiempo que se invita a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a adecuar su legislación.
El debate
Como miembro informante abrió el debate el titular del interbloque Provincias Unidas y titular de la Comisión de Discapacidad, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro) explicó que el proyecto viene a modificar la Ley 22.431 específicamente en lo que hace al CUD, puntualmente en una de sus frases que establece que “se expedirá con o sin fecha de vencimiento”, ya que de esta manera “se quita la carga de tramitar el certificado en aquellos casos permanentes e irreversibles en los cuales, muchas veces pasa que la fecha de vencimiento o la falta de otorgamiento en tiempo y forma por distintas circunstancias como la pandemia, hace que se hayan vencido e hizo que hayan tenido dificultades quienes querían recibir determinadas prestaciones y no podían”.
“En estas consideraciones es que estamos haciendo en el artículo 2 se establece que la Agencia es la encargada de la actualización, y acá aparece un término que nos parece importante, que tiene que ver con la concepción dinámica de la discapacidad que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha permitido como algo superador a un simple concepto de diagnóstico biológico, médico, físico para pasar a considerar todas las dinámicas del individuo desde el punto de vista de su funcionamiento social, de su capacidad de relación, de su capacidad de afrontar o no las actividades de las vidas diarios donde el diagnóstico es solamente un elemento más”, explayó al respecto.
Además, Di Giacomo sostuvo que dicha actualización fue remarcada y, la misma, debe contar con “la flexibilización de los requisitos para el otorgamiento”, algo que fue reclamado por las organizaciones porque “son una lista larga de requisitos que había que solicitar, certificados médicos, estudios de laboratorio, de imágenes, que en muchos casos eran repetitivos que ya habían sido diagnosticadas en toras ocasiones”.
“Es importante señalar que el CUD se le otorga, y esto es importante aclararlo porque hemos visto en los medios algunas confusiones con lo que significa la incapacidad laboral que nada tiene que ver con la discapacidad, son dos conceptos completamente diferentes con consecuencias diferentes para los individuos. En el caso de la discapacidad, se supone que la persona tiene una alteración funcional, que puede ser transitoria o permanente, que es física o no, que puede ser prolongada, y que implica desventajas considerables”, explicó el rionegrino.
En ese sentido, precisó que el Certificado Único de Discapacidad “es el que le permite acceder a la atención, a los recursos tanto al área de salud como otros, un tratamiento integral sin importar su condición económica, social o cultural. Con coberturas que son del 100% y que implican acceso a la salud, a la asistencia social, a la educación, a la seguridad social y a la accesibilidad en los medios físicos con los que deben confrontar tanto en la vía pública como edificios”.
“El CUD es un instrumento público, personal e intransferible como el documento de identidad, y su validez es para todo el territorio nacional”, precisó Di Giacomo y sumó que “también provee la posibilidad del acceso gratuito al transporte público nacional tanto para el beneficiario como para el acompañante. También le permite, en caso de que tenga su propia movilidad, acceder al libre tránsito y estacionamiento, así como situaciones particulares de asignaciones”.
Por último, remarcó que es una modificación “necesaria” a la Ley de Discapacidad porque “ya tiene sus años”, y precisó que es una Ley que “hay que modificarla”.
A su turno, la cordobesa Leonor Martínez Villada (CC-ARI) señaló que como legisladores “debemos cambiar los parámetros de acuerdo a las necesidades de la realidad en positivo de todas aquellas circunstancias que perjudiquen a las personas. Esto es acercamiento de derechos”.
“El proyecto del CUD justamente lo que hace es destrabar, remover obstáculos para el acceso de derecho para las personas con discapacidad. Nosotros creemos que el Certificado de discapacidad en todas aquellas personas que se acredite, de acuerdo a la junta de evaluación, que sea permanente e irreversible su discapacidad, este certificado no lo debe renovar periódicamente”, pidió Martínez Villada y precisó que es la Agencia de Discapacidad la que determinará el proceso y el tiempo.
Sin embargo, aclaró que “hay que tener en cuenta que fuera de estas personas que tienen la discapacidad irreversible o permanente, existen otra cantidad de personas con discapacidades temporales que pueden mejorar con el transcurso del tiempo. Esas personas van a tener que hacer el certificado”, y exigió que “se debe promover las juntas interdisciplinarias en todo el territorio nacional, que se aceleren todas estas dificultades engorrosas que tienen las personas para acceder a este certificado”.
“El 50% de las personas que tiene discapacidad tienen el certificado. Algo sucede que está en la traba y en la dificultad que no pueden tenerlo y esto abre las puertas a una serie de derechos y beneficios a las personas como ayudas económicas, subsidios, coberturas para las prácticas, insumos, sillas de ruedas que por los problemas de importación no están entrando, etc.”, denunció la cordobesa.
En el mismo sentido se pronunció el oficialista Eduardo Valdés quien describió que el CUD “otorga la posibilidad de acceder a la salud, a los tratamientos, a los remedios, a la educación, al transporte. A la socialización de la persona con discapacidad”, y reflexionó: “En el 2018 el INDEC estableció que el 10% de la población eran personas con discapacidad, 4.800.000 personas, solo de esas solo 1.488.000 tienen certificado único. Quiere decir que de la población que el censo marca como persona con discapacidad hay 3.311.000 personas que no tiene el CUD”.
“¿No lo tienen porque no lo necesitan? ¿Por qué no lo quieren? o ¿Por qué no estamos funcionando como Estado en donde se necesita? Un tercio de la Argentina están afectadas por no tener un CUD. La sociedad no puede descartar a las personas, es como una cultura del descarte que las personas no puedan acceder a este certificado, que no lo puedan renovar”, reclamó Valdés.
En su intervención, la diputada porteña Victoria Morales Gorleri (Pro) celebró estar dando la discusión sin grietas y destacó haber escuchado a muchas organizaciones y familias que “atraviesan situaciones muy complejas”.
“Argentina tiene aún tremendas deudas con las personas con discapacidad”, reclamó y sumó: “Esta Nación adhirió a la Convención de Personas con Discapacidad en donde nos planteamos como Nación un cambio de paradigma respecto a la mirada a las personas con discapacidad y sus familias. En donde entendemos a las personas con discapacidad como sujeto de derechos y esa es la mirada que nuestra Nación debe dar, pero mucho de nuestro marco normativo sigue con el viejo paradigma”.
El oficialista Daniel Arroyo afirmó que “El estado tiene una deuda con muchos argentinos, pero por sobre todo con las personas con discapacidad en muchos aspectos”, por lo que consideró que la ley “es un avance, aún hay mucho para hacer y que el consenso qué logramos lo logramos con el resto de las políticas que el Estado sigue debiéndoles a las familias y personas con discapacidad”.
A su turno, la diputada Natalia De La Sota (Córdoba Federal) remarcó que “las familias necesitaban flexibilizar o facilitar el trámite del certificado. Es difícil la renovación del mismo, es engorroso porque revictimiza y se convierte en un obstáculo. No puede transformarse en una barrera más y por eso tenemos que avanzar porque es sumamente necesaria la mano del Estado”.
Por su parte, la cordobesa Soher El Sukaria (Pro) abogó para que “sigamos trabajando por las personas con discapacidad, por más derechos y este bloque seguirá trabajando con los padres, educadores y el personal de salud para tengan una mejor calidad de vida”.
Por el bloque Evolución Radical, se expresó Martín Tetaz: “Todos vamos a ser discapacitados tarde o temprano, en muchos de los casos por simples limitaciones de la edad y la sociedad necesita empezar a ser realmente inclusiva con todos. El Estado no puede sumar una serie de trámites burocráticos que lo ponen con mayores dificultades. Estamos dando un paso muy importante de sacar parte de esa mochila pesada deshaciendo un trámite inútil”.
El diputado de Izquierda, Nicolás Del Caño sostuvo que el proyecto es “para que puedan acceder todas las personas que no lo tienen y desburocratizar los trámites, se necesitan más recursos, y es lógica la preocupación en el marco del ajuste que se está llevando adelante”.
En su alocución, el formoseño Ricardo Buryaile (UCR) manifestó que “hoy lo que nos está rigiendo en materia de personas con discapacidad es una ley de la dictadura, la 22.431, ha pasado bastante tiempo y es responsabilidad de esta Cámara cambiar esta situación”.
Por otra parte, la iniciativa para eliminar la renovación del Certificado Único de Discapacidad en casos irreversibles o permanentes, se tratará la próxima semana en un plenario de comisiones.
Durante una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), se discutió el proyecto de ley que reconoce oficialmente la Lengua de Señas Argentina como idioma natural de las personas sordas en todo el territorio argentino.
La norma, entre otros puntos destacados, busca “eliminar las barreras comunicacionales y remover las barreras actitudinales facilitando el acceso a la comunicación e información por parte de las personas que, por su discapacidad, se comunican en Lengua de Señas Argentina en su interacción con el entorno”.
La diputada Dina Rezinovsky (Pro) explicó que hay otra iniciativa en el mismo sentido, por lo cual pidió un cambio de giro de ese proyecto para que, pueda ser tratado conjuntamente con el de autoría de la diputada Lucila Masin (FdT). La moción fue votada afirmativamente.
El otro punto del temario, que era una modificación a la Ley 22.431 para que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no se renueve en los casos de discapacidad irreversible, sino que sea permanente, no hubo consenso para un dictamen unificado y además se acordó que se trate en un plenario la semana próxima con la otra comisión a la que tienen giro los proyectos, que es la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
Autora de una de las iniciativas, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical-JxC) expresó que “el proyecto que traemos a discusión sobre el Certificado Único de Discapacidad propone un Estado más presente, que cuide y tenga una relación de empatía a la hora de solicitar el trámite”.
“Las demoras en el CUD son un tema invisibilizado”, resaltó y cuestionó: “Hay algo en que el Estado y el Consejo Federal de Discapacidad fallan y que no están haciendo bien desde hace tiempo”.
Por su parte, la legisladora Victoria Morales Gorleri (Pro-JxC) coincidió con Carrizo y sostuvo que “la persona con discapacidad debe hacer pleno ejercicio de sus derechos, y eso se logra quitando esta renovación constante del certificado. Si esto se logra, estamos dando un paso adelante como sociedad”.
De la vereda de enfrente, la diputada Victoria Tolosa Paz (FdT) se diferenció de sus colegas preopinantes y afirmó que “el tema discapacidad ha estado presente en la agenda del Estado, que es quien interviene y quita barreras”. A su vez, la oficialista argumentó que “llevar a la discapacidad dentro del sistema hegemónico de salud es un avance porque establece un dinamismo para el acceso pleno a la salud con soluciones definitivas para la discapacidad”.
Sin embargo, el diputado Eduardo Valdés (FdT), autor de un proyecto en igual sentido, fue autocrítico y aseguró: “Estamos en deuda como Gobierno. Más de un millón y medio de personas que deben renovar de los cinco millones con discapacidad que hay en la Argentina. Es urgente dictaminar la semana que viene. Debemos resolver urgente, y le digo a mi Gobierno que estamos demorados”.
En tanto, la diputada Virginia Cornejo (Pro-JxC) enfatizó que actualmente “se somete a la burocracia a personas estigmatizadas”, y reclamó que “si están todos de acuerdo que el proyecto no sea frenado por una redacción”.
En medio de una controversia de legisladores que pedían un dictamen favorable este mismo miércoles, la diputada Jimena López (FdT) reconoció que “surgieron cuestiones que se deben seguir retocando respecto a las articulaciones”. “Firmar por apuro no es dar soluciones”, aseveró.
Tras las exposiciones de los diferentes diputados, el presidente de la Comisión de Discapacidad señaló que “dentro de los acuerdos hay controversias”, al tiempo que reafirmó su intención de que se escuche antes al Consejo Federal de la Discapacidad y a la Agencia Nacional de Discapacidad.
Luego, la diputada Dina Rezinovsky (Pro-JxC) fue la que propuso que el proyecto pase a un plenario en conjunto con la Comisión de Salud para continuar el tema el jueves que viene. Di Giacomo llamó a la votación, que dio como resultado por unanimidad, y se cerró la discusión.
El jefe de Gobierno porteño envió a la Legislatura de la Ciudad un DNU a través del cual extiende por el plazo de un año el vencimiento de todos los certificados cuya fecha de caducidad sea entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Debido a la continuidad de la pandemia y al recrudecimiento de los casos, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en la Legislatura porteña un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual prevé prorrogar de manera excepcional la vigencia de los Certificados Únicos de Discapacidad por el término de un año, contado desde la fecha de su vencimiento, cuando el mismo opere entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
En los fundamentos de la medida, el alcalde local explicó que “en virtud de la situación epidemiológica en el ámbito local, resulta necesario continuar con el abordaje de las medidas que se estimen pertinentes, a los fines de prevenir y mitigar la propagación del coronavirus” y remarcó que en consecuencia resulta necesario modificar el artículo 7º del DNU Nº 1/20 para extender el vencimiento de las licencias.
“Las medidas señaladas deben adoptarse rápida, eficaz y urgentemente, por lo que no resulta posible seguir los trámites corrientes para la sanción de las leyes”, aseguró.
Cabe recordar que a lo largo del año pasado la Legislatura porteña ratificó diversos DNU del Gobierno de la Ciudad a través de los cuales se extendía el vencimiento de las licencias de conducir para vehículos particulares, taxis, transportes escolares, entre otros, y de los propios certificados de discapacidad.
Se trata de un proyecto de Juan Manuel Valdés (FdT), a través del cual buscará que dicha sede ya no esté emplazada en el Hospital Borda.
La Legislatura porteña avanzó con un proyecto de declaración de autoría del legislador del Frente de Todos (FdT), Juan Manuel Valdés, instando al Gobierno de la Ciudad a “trasladar el Centro Integral de Evaluación y Orientación de la Discapacidad a instalaciones con las condiciones acordes para el desarrollo de su actividad”, actualmente ubicado en el Hospital Borda.
Al respecto de la iniciativa, el diputado manifestó que “venimos expresando hace varios meses la necesidad imperiosa de que la certificación para las familias de personas con discapacidad no sea otorgada en el Hospital Borda, no es el lugar apropiado y por eso le exigimos al Gobierno de la Ciudad el inmediato traslado de esta sede” y recordó que con este texto “acompañamos el reclamo de más de 28 organizaciones que se han manifestado en esta misma dirección”.
“Las familias actualmente transitan en un ambiente donde está prohibida la circulación de menores. A la situación compleja que viven las personas con discapacidad, se le suma la estigmatización de tener que pasar por un hospital monovalente de salud con la connotación social que esto lleva”, aseveró.
Por su parte, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) celebró la aprobación del proyecto y solicitó “el pronto traslado del Centro de Orientación y Evaluación de la Discapacidad. Pero también esperamos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga en cuenta el texto de esta declaración y tome todas las medidas que estén a su alcance para la inmediata concreción del traslado de este centro”.
“El hospital Borda no puede seguir siendo el lugar de evaluación de la discapacidad”, sentenciaron desde el REDI.
