Frente a un nuevo desborde fiscal y de emisión monetaria que se viene arrastrando desde que comenzó el segundo semestre de 2021, diversos analistas económicos coincidieron en estas últimas horas en que el Gobierno tendrá que incrementar la presión impositiva para el próximo año, aspecto que se incluiría en el proyecto de Presupuesto del próximo año.

Con un gasto público que este año va a finalizar con un crecimiento del 40 por ciento real, más el aumento de partidas que se incluya en el Presupuesto, los especiaistas consideran que el Ejecutivo el próximo año irá por un nuevo incremento de impuestos, especialmente para los grandes y medianos contribuyentes.

En ese sentido, la economista Diana Mondino consideró que “como la actual gestión decidió no trabajar con una mayor austeridad sobre el gasto, indefectiblemente la expansión del Presupuesto habrá que cubrirlo con aumento de recaudación impositiva”.

La presión fiscal en este momento superá el 33 por ciento sobre la actividad privada y los especialistas estiman que en función de los objetivos fiscales que se están fijando para el proximo año esa tasa podría subir entre dos y tres puntos porcentuales.

Claramente desde el Gobierno se vienen negando las insistentes versiones sobre una reimplementación del impuesto a la riqueza, pero los especialistas están convencidos que el objetivo será Bienes Personales, en especial, aquellos ciudadanos que tienen bienes en el exterior y que ingresaron al blanqueo realizado por el gobierno anterior.

Sobe este tema en particular, el tributarista César Litvin recalcó que “la presión impositiva de la Argentina se encuentra entre las más elevadas del mundo, no tanto por sus alícuotas, sino esencialmente por el grado de eficiencia en el gasto público y el grado de cobertura que ofrece el Estado a su ciudadanos”.

“Aquí hay que considerar además lo que brinda el Estado en cuanto a prestaciones, a servicios. En Escandinavia los impuestos son más altos que en Argentina, pero el grado de eficiencia es muy superior. Por otro lado, aquí tenemos el impuesto inflacionario, por lo que si se suma ese efecto, la persión tributaria es de las más elevadas del mundo”, recacló Litvin.

En estos momentos, Argentina tiene una presión tributaria que es más elevada que Estados Unidos, Canadá, Australia y gran parte de América Latina y Asia, y sólo es más baja que Escandinavia y algunos otros países europeos.

El otro gran capítulo que se deberá encarar el próximo año como resultado de los compromisos que se asuman con el FMI en un nuevo acuerdo será la reducción importante en los subsidios económicos.

De hecho, en las últimas horas la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) advirtió que los subsidios del Estado nacional a sectores económicos reiteraron en julio el cambio de tendencia que ya habían comenzado el mes anterior, al haber alcanzado un total de $671.069 millones, con un incremento del 78,9% en relación con el acumulado de los primeros siete meses de 2020.

De esta forma se desprende que el total de los subsidios otorgados por el Estado a los sectores económicos en los primeros siete meses del año es equivalente a seis veces el déficit primario de 117.739 millones de pesos.

La presión impositiva comenzó a tener una escalada alcista en el país y se estima que la aplicación de mayores tributos sobre la actividad económica, especialmente las empresas, afectará aún más la acotada inversión que padece el país desde hace años.

Diversos consultores han advertido en los últimos días que la avanzada del Ejecutivo en su estrategia de aplicar mayor presión tributaria, regulaciones y controles sobre las empresas genera un clima poco propicio para los negocios, la inversión y el desarrollo, en un momento donde la pobreza en la Argentina ha tocado un pico de escalada muy complicado.

Sin dudas que las cifras que miden los niveles de imposición tributaria sobre la actividad privada en el país va a una fuerte escalada.

Según un informe del Banco Mundial realizado hacia fines del año pasado, la Argentina es el segundo país con mayor presión impositiva sobre las empresas, superado solo por las Islas Comoras, frente a las costas de Africa.

Además, desde diciembre de 2019 la actual gestión ha generado mayores alícuotas e impuestos nuevos en 16 gravámenes puntualmente.

De hecho, desde fines de 2019 hasta el momento se afectado unos 16 impuestos, entre la creación de nuevas alícuotas y aplicación de más tributos.

Y ahora con los cambios en las escalas del impuesto a las Ganancias, la tasa máxima para las empresas pasa al 40 por ciento, pero con una facturación de 2,6 millones de pesos.

“Esto es increíble, con esos números, hasta un maxiquiosco va a tener que pagar más”, recalcó el tributarista César Litvin.

A su vez, el informe del Banco Mundial detalla que sobre 100 pesos que ganan las empresas, deben pagar 106 pesos en impuestos.

Para tener una idea, en la región, Brasil por ejemplo, tiene un promedio del 65%, e incluso Venezuela con su realidad tan dura, tiene un 78 por ciento.

“Esto quiere decir que por cada 100 pesos que gana una empresa en la Argentina, previamente pagó 106 en impuestos”, explicó Litvin.

Y sobre las modificaciones que está evaluando el Congreso destacó que “aumentar el impuesto a las Ganancias para las empresas es atentar contra la competitividad del país”.

Por su parte, otro tributarista, en este caso Iván Sasovsky, recalcó que “la presión impositiva va creciendo año tras año” y remarcó que “lo más perjudicial es que como hay una gran informalidad, todo el peso recae sobre los que cumplen, con lo cual la carga es mucho mayor”.

“Considero que la reforma de Ganancias, tal como se quiere hacer, es inoportuna, porque en general las empresas en el país prácticamente no están ganando en este momento. Con esto de aumentar la tasa para las empresas puede haber una tragedia productiva en el país. Quién va a traer un dólar para producir, cuando países vecinos están otorgando grandes concesiones para que los capitales se instalen y produzcan allí”, remarcó Sasovsky.

Según estos tributaristas, en la Argentina en este momento, entre Nación, provincias y municipios, existen unos 170 impuestos que gravan el consumo y el capital, sobre lo cual entienden que “no hay mucho margen que quede para la actividad privada con proyección”.

“Es urgente que la clase política del país comience a debatir y tratar este tema que es crucial para el desarrollo, la inversión, la generación de puestos de trabajo y la baja paulatina de los niveles de pobreza”, agregó Sasovsky.