Juntan firmas para que el secundario sea obligatorio para los políticos

Buscan implantar la en la Ciudad para los cargos de jefe de Gobierno, legisladores y comuneros.

Sin lugar a dudas el disparador de esta iniciativa fue la polémica que se armó en torno a una diputada nacional que confesó contar solo con sexto grado. A partir de ello, un legislador porteño reclama que sea obligatorio en la Ciudad contar al menos con el título secundario.

“Si los estudios secundarios son obligatorios para todos los ciudadanos, ¿cómo puede ser que no lo sean para los políticos?”, se pregunta el diputado porteño Yamil Santoro, autor de un proyecto sobre el tema, que ahora quiere motorizar a través de una petición presentada en la plataforma Change.org.

Allí, Santoro plantea: “Si los estudios secundarios son obligatorios para todos los ciudadanos, ¿cómo puede ser que no lo sean para los políticos?”.

“Aunque no lo creas, esta insensatez hoy es realidad. Por eso, presentamos un proyecto de ley para que los candidatos a jefe de Gobierno, Legisladores y Comuneros de la CABA deban tener secundario completo -agrega el legislador-. Desde Republicanos Unidos creemos que la función pública no es un privilegio sino una responsabilidad, que debe ser llevada con transparencia, eficacia y buen criterio”.

Santoro pide la firma “para subirle la vara a los políticos” argumentando que “debemos estar a la altura del cargo al que nos presentamos, por respeto a los vecinos y en pos del buen gobierno”.

Luego de la polémica que se generó en torno a los estudios de la diputada nacional de Unión por la Patria (UP) Natalia Zaracho, que admitió no haber terminado la primaria, el legislador de Republicanos Unidos presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de “promover la calidad democrática y garantizar la idoneidad de los candidatos que se postulan para cargos electivos” en el distrito.

El proyecto de ley propone modificaciones en diversos artículos del Código Electoral, entre los cuales se destaca la inclusión de requisitos educativos para los precandidatos.

El texto explica que aquellos que deseen postularse para cargos electivos deberán contar con título secundario, terciario o universitario. Además, se establece que no podrán ser precandidatos quienes se encuentren con procesamiento firme por delitos de lesa humanidad o por haber actuado en contra de las instituciones democráticas. Además busca regular el proceso de reconocimiento y oficialización de listas de precandidatos, estableciendo requisitos claros y precisos para su presentación ante la Junta Electoral de la Agrupación Política.

En los fundamentos de la iniciativa, Santoro expresó la necesidad de garantizar la idoneidad de quienes ocupen cargos electivos en la Ciudad de Buenos Aires, en línea con los principios democráticos y constitucionales. En este sentido, sostiene que la educación secundaria es un requisito indispensable para enfrentar los desafíos del siglo XXI y contribuir al desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento.

“La gente no vota a sus diputados, sino que elige listas que no se arman democráticamente. Nuestra intención es que, al menos, puedan tener un umbral mínimo de calidad garantizado a la hora de elegir personas que tienen que legislar para la ciudadanía”, completó.

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Ocaña junta firmas contra la “impunidad

La diputada nacional informó que más de 130 mil personas firmaron petición “para que el presidente no consagre impunidad a Cristina Fernández”.

Más de 130 mil personas ya firmaron la petición en la plataforma Change, impulsada por la diputada Graciela Ocaña, para que el presidente Alberto Fernández “no otorgue impunidad” a Cristina Kirchner, debido a que la Oficina Anticorrupción (OA) renunció a la querella de la Vicepresidenta por las causas de Hotesur y Los Sauces.

La legisladora nacional de Juntos por el Cambio advirtió que la decisión de la OA “es parte de una serie de operaciones para lograr la impunidad de Cristina Kirchner”, y agregó que “en las últimas semanas ha habido un avance fenomenal para tratar que no haya juicios por corrupción”.

La petición, que sigue sumando adhesiones, puede consultarse en el sitio Change.org, y tiene el objetivo de “reclamarle al presidente para que se vuelva atrás en esta decisión de la OA de mirar para otro lado en estas causas”, sostuvo Ocaña.

En ese sentido, señaló que “en el caso de Los Sauces y Hotesur estamos hablando de enormes sumas de dinero que circularon desde los presupuestos del Estado hacia las empresas de Lázaro Báez y luego a los bolsillos de Cristina Kirchner y de su familia a través de la contratación de sus hoteles”.

Cabe destacar que la Oficina Anticorrupción depende funcionalmente de Presidencia de la Nación a partir de un decreto de diciembre pasado.