Flor de dilema para este país en problemas es volver sobre la cuestión minera en aquellas provincias que un día le dieron la espalda y desde hace tiempo navegan sin solución entre los Sí y los No. 

Es el caso de Chubut, que ocupa muchísimo espacio en estos días en la prensa argentina, a propósito de una zonificación que podría resolver las viejas apologías y rechazos bajo una fórmula distrital. 

En este duro debate, lo que pregona la minería no es novedad: Desarrollo e impacto económico, laboral y fiscal, bajo atractivas fórmulas de Compre y Empleo Local, además de su renovada oferta de dar todas las garantías posibles al control socio ambiental, a través de monitoreos y observatorios gubernamentales y multisectoriales. 

Los argumentos resistentes de la anti minería también son archiconocidos: Si hay minas, habrá destrucción del medio ambiente, expoliación de riquezas y saqueos al país a manos de multinacionales y grandes capitales foráneos. 

Este sándwich encierra a la dirigencia política, que ha vuelto a ser motor del entusiasmo o la decepción de quienes esperan el fin de la veda para la explotación de minerales y metales en la Meseta Central. Una región semidesértica que, como se ha dicho, no tiene otras alternativas a la vista para dejar atrás el despoblamiento y el olvido. 

La diferencia más elocuente entre los dos polos -el desarrollismo minero y el ecologismo refractario- con los políticos, es que las antípodas pro y anti son y serán consecuentes con sus premisas. Los gobernantes y opositores chubutenses, en cambio, el mejor ejemplo es la Casa de Gobierno y la Legislatura de Rawson, junto a todos los cacicazgos de Trelew, Comodoro, Madryn y otras comarcas, se han mantenido a flote surfeando las olas de dichos y desdichos, para lo cual hasta han abolido frecuentemente su propia memoria reciente. 

Las cosas por su nombre: la madre de todas las batallas es Navidad, el depósito de plata que descubrieron hace dos décadas inquietos exploradores, una propiedad minera que pasó de manos hasta recalar en Pan American Silver, un líder argentífero global que ha demostrado paciencia a toda prueba frente a los vaivenes vernáculos. En el largo dasdenevato y frente a los esquemas de poder que le sucedieron, los cuales han cohabitado con sonoras penurias económicas y sociales a pesar de que la provincia patagónica supo ser faro del petróleo, la pesca, el aluminio y otros sustentos.  

Como periodista que dirige una publicación especializada en minería, he cultivado un respeto básico a la militancia anti minería y a sus mentores. Con los cuales, incluido el recientemente fallecido Pino Solanas, sostuve diálogos intensos acerca de cuál es la mejor manera de preservar el presente y el futuro de los seres humanos y su hábitat en este castigado país. 

Con otros referentes de ese espacio, como Maristella Svampa y Enrique Viale, quienes hace un par de días escribieron su adhesión al llamado #chubutaguazo, hemos polemizado hace exactamente una década atrás acerca de la minería en la Argentina, en aquella ocasión con motivo de la polémica Ley de Protección de Glaciares. Desde entonces, y a la vera de esta puja dialéctica, el país se ha empobrecido más y notablemente, bajo diversos modelos y conducciones políticas, mientras la minería procuraba progresar, pero siempre bajo un idéntico mapa de dos Argentinas, la que la quiere y la que la expulsa. 

Es muy difícil, prácticamente imposible, torcer las mentes y las pasiones. Porque el instinto identitario dominante en 2021 rechaza lo diferente, como sostiene el filósofo coreano Byung-Chul Han. En todo caso, hay razones, como el agua, el aire y la salud, que podrían ser escuchadas por un público no fanatizado, basadas en el sentido común y la experiencia en el país y en el mundo. 

Minería y anti minería manejan dos bibliotecas diferentes, y en el caso de ésta última, como se ha visto en la reciente declaración de científicos y becarios del Conicet, no se observa vocación por enfrascarse en foros y ateneos para cotejar volúmenes y poluciones, sino el deseo de imponer la óptica que impugna la radicación industrial. No cualquiera, la minera. 

Al igual que la distribución de la renta minera, que no es la única que ha sido más de una vez malversada o despilfarrada por gobernantes de turno. Una cuestión perfectible ésta de la transparencia, siempre que haya algo de riqueza minera para partir y repartir. A menos que queramos, valga la vieja metáfora, eliminar los coches para evitar los accidentes. 

Los que promueven la minería y reclaman su aval político y social, suelen invocar un par de cuestiones: El progreso técnico-científico y los contratiempos que esta industria ha tenido en el mundo, algunos de éstos son los que le enrostran sus propios opositores, la han transformado en una actividad más previsible y estandarizada. 

La misma resistencia de grupos sociales le ha obligado también, sobre todo a las mineras occidentales más expuestas al escrutinio de públicos e inversores, a extremos cuidados y contralores, propios y de terceros. La prensa libre y el pulso democrático son también fundamentales para inquietar a las estructuras corporativas, obligándolas a atender ecuaciones macro económicas, políticas y sociales que exceden los básicos cálculos de la tasa de retorno de la inversión.  

Por otro lado, en Perú, Ecuador, Colombia, México, Chile, Argentina, Venezuela y otros países, se ve también desde hace décadas que la prédica anti minería, obsesionada por la mega minería o minería a cielo abierto – un eufemismo para referirse a la minería metalífera de gran escala – suele no ocuparse con el mismo énfasis del gran drama latinoamericano corporizado en la llamada minería ilegal, un tejido mafioso basado en el mercurio, que ha selenizado a millones de km2 y envenenado riquísimas cuencas hídricas de trópicos y sub trópicos, con la bendición o ceguera de poderosos venales. O con la lisa y llana protección militar, como ocurre en el mayor ecocidio hoy de América, el del Arco del Orinoco venezolano. Una industria destructora y bolivariana que la izquierda prefiere ignorar.  

Volviendo a Chubut, lo que diferencia esta instancia de pro minería versus anti minería son dos tips: 

– La notoria visibilidad que se ha ganado a pulso la poco numerosa población de Gastre, Gan Gan, Telsen Las Plumas y Paso de Indios. Escasas 6.000 personas, esparcidas en un tercio del territorio provincial, que según Wikipedia viven de la oveja y el guanaco, pero que en realidad sobreviven en gran parte por la ayuda estatal.  

– La inconsistencia de la política, mencionada más arriba, patentizada en que ni siquiera la seducción y presión desde la Casa Rosada parecen alcanzar para torcer rumbos decididamente. Subyace en este esquema un fundamento, también éste más visibilizado: la puja por la renta minera se ha vuelto un fenómeno exponencial al interior de la política. Lo mismo que el canibalismo local que lleva a impedirle banderías y logros airosos al rival intra o extra partidario. 

Después de tantos años de insistir en la petición de liberar la minería, que fue vetada para toda la provincia tras un movimiento vecinal en Esquel contra la apertura de la mina El Desquite en 2003, las mineras con proyectos en Chubut podrían esta vez capitular de una vez por todas y poner proa a otros mares, donde las esperen recursos geológicos interesantes y sociedades amigables con la idea de trocar riquezas y trabajo por el disfrute de otros horizontes. 

En tal caso, es probable que, un día como ese, tribus urbanas y militancias varias descorchen champaña y bailen en las calles. Aunque no sea muy marxista ni peronista, volviendo a las fuentes, esa liturgia de abominar el desarrollo a fondo de las fuerzas productivas y el carácter industrialista de los grandes movimientos económicos y sociales que hicieron del Siglo XX el más transformador de la Historia. Pero si está en línea con una conciencia clientelar y asistencial que sugiere que, de todos modos, un maná de ayudas y subsidios caerá desde el cielo. 

Cae la noche y sopla el viento gélido en la estepa patagónica, donde el largo invierno se soporta con poca leña, largos mates y escasas ilusiones. Lejos de allí, en nombre de esas gentes y esos paisajes, una pequeña burguesía más o menos ilustrada dirá que en nombre del “No a la Mina” la misión fue cumplida y la tierra sagrada de los tehuelches permanecerá impoluta. Entonces, puede ser que la política pusilánime se pregunte una vez más de dónde viene y hacia dónde va. Una sensación molesta que una agenda apretada de meetings por zoom ayuda a dejar atrás. 

El diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres, impulsa una campaña junto a alumnos, padres y docentes para que el gobierno provincial garantice la vuelta a clases presenciales en Chubut. 

En redes sociales, Torres publicó un video donde afirma con preocupación que “si sumamos los días que los chicos fueron a la escuela en estos últimos 3 años, no llegamos a 180 días”, y agrega: “180 días es la cantidad de días de clases que deberían tener en un solo año”. 

“La educación en todo el país está pasando por una crisis insólita. A pesar de que casi todas las actividades están volviendo a la normalidad con sus protocolos, las escuelas siguen cerradas”, y continúa diciendo: “En Chubut, eso se suma a los dos años anteriores casi sin clases por la irresponsabilidad de gobierno provincial”. 

Respecto a la junta de firmas, el diputado explicó que “la idea surge de la necesidad de iniciar una acción en conjunto con la sociedad toda, y la comunidad educativa en particular, que incluye alumnos, docentes y padres. Usamos la plataforma ChangeOrg.com que es muy conocida y es una forma accesible de sumarse y participar de esta campaña”. 

Asimismo, Torres indicó que “dos años antes de saber de la existencia del Covid 19, los chicos en Chubut ya dejaban de ir a la escuela de forma regular”, y añadió que “esto se debe a la falta de pago de sueldos a los trabajadores de la educación, falta de infraestructura edilicia y muchos otros problemas de los cuales el gobierno de la provincia elige no hacerse cargo”. 

Finalmente, el legislador nacional dijo que “invitamos a todos los chubutenses a sumarse a esta campaña, para que se regularicen los sueldos de los docentes, para que se arreglen y equipen las escuelas como corresponde, y fundamentalmente, para que los chicos puedan volver a las aulas, tengan clases regulares y presenciales, siempre cumpliendo los respectivos cuidados y protocolos”. 

La diputada nacional del Frente de Todos Estela Hernández le hizo llegar un pedido al ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra para que desde su cartera se revean cuestiones vinculadas a las retenciones de exportación de lana peinada; sector que tiene una elevada actividad industrial en Chubut y que, en los últimos años, sumado a los efectos que provocó la pandemia, viene en caída constante. 

“Somos un Gobierno que escucha a todos los sectores y es mi obligación como legisladora estar en contacto permanente con mis compañeros y compañeras que hoy ocupan cargos claves en el Ejecutivo para trasladarles estas necesidades. En esta oportunidad, le expresé a Basterra mi preocupación y la del sector productivo de la región, por el aumento de las retenciones que aplican sobre la exportación de lana peinada que actualmente fuera modificado por el Decreto 1060/2020 publicado en el Boletín Oficial del 31 de diciembre de 2020”, señaló la diputada.  

En esta línea, Hernández hizo hincapié en que “es muy importante la quita de retenciones que se hizo a productos agroindustriales por decisión del Gobierno Nacional, pero también considero necesario ampliar aún más estos beneficios. Es una realidad que esta industria sufre la caída permanente y constante de la producción primaria desde hace más de 10 años; lo que cada vez hace que sea menor el número de lana base sucia que se acopia. Por eso, también es necesario y fundamental una prórroga en la Ley 25. 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina, sancionada el 4 de abril de 2001”. 

Respecto a las retenciones, teniendo en cuenta que prácticamente no existe casi diferencia entre exportar lana sucia que peinada (7% vs 4,5%), Hernández manifestó que las fábricas vinculadas al sector lanero están sumamente preocupadas por el fuerte crecimiento de las exportaciones de lana sucia que podría producirse bajo este escenario, en detrimento de la lana procesada.  

En ese sentido, expresó que “dicha situación generaría un desabastecimiento de materia prima, poniendo en riesgo un gran número de puestos de trabajo directos e indirectos, debido a que se generaría en las mismas un importante incremento de capacidad ociosa, lo que hace aún más difícil sostener las fuentes laborales, sobre todo en este duro contexto de incertidumbre que hoy atraviesa el mundo entero por la pandemia”.  

Por último, la legisladora chubutense indicó que quizás lo más alentador sería otorgarle al sector una diferenciación en cinco puntos en los reintegros entre la lana sucia y la procesada y se mostró confiada en que las autoridades nacionales generarán propuestas para impulsar el crecimiento de este sector, entendiendo que históricamente es de suma importancia para el desarrollo industrial de este punto del país. 

La Legislatura del Chubut aprobó por unanimidad el proyecto de “tolerancia cero” de alcohol y estupefacientes en los conductores de vehículos, con el objetivo principal de “reducir la probabilidad de siniestros viales en calles y rutas”, según coincidieron los diputados a la hora de fundamentar la iniciativa. 

La ley es de aplicación para todo el territorio chubutense, independientemente de las disposiciones que cada comuna tenga dentro de su ejido, y tiene por finalidad “reducir los factores de riesgo de carácter objetivo que aumenta la probabilidad de ocurrencia de siniestros viales producidos”, dice la norma en su fundamento. 

El proyecto de ley que se aprobó en una sesión virtual que realizó la legislatura unicameral del Chubut, y que establece “la prohibición de conducir todo vehículo con una concentración en sangre superior a cero o bajo efectos de consumo de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que disminuyan las habilidades psicofísicas”. 

Además, la normativa establece que “todo conductor está obligado a someterse a los procedimientos necesarios para determinar su estado a la hora de conducir, mediante procesos de medición no invasivos” y más adelante se aclara que “la negativa o falta de cooperación será sancionada”. 

En la actualidad -y hasta tanto no quede publicada la nueva legislación en el Boletín Oficial- se permite el tránsito para conductores de vehículos particulares que no den más de 0,5 g/l (gramos de alcohol por litro de sangre) y de 0,2 g/l para motocicletas, el equivalente a dos copas y media de vino o dos chops de cerveza, aunque esto es una regla general que puede cambiar con el metabolismo de la persona. 

El director de la Agencia de Seguridad Vial (ASV) de Chubut, Leonardo Das Neves, opinó que “este es un paso más en procura de mejorar la seguridad en los espacios de circulación vehicular, algo que hacía rato queríamos implementar y nos alegra mucho porque el día llegó”. 

La discusión se había demorado en la comisión permanente que abordó el tema por una cuestión de oportunidad, ya que, si bien todos coincidían en la reforma, había quienes interpretaban que esto se debe dar en un marco nacional de reforma integral. 

El director de la ASV chubutense admitió que “ya tenemos un borrador de reglamentación de la ley que en realidad no es muy complejo porque es correr los parámetros y poner números distintos a lo que ya está establecido”. 

“Ahora queda cero, pero solo para dos categorías, porque es bueno agregar que para los profesionales del volante (taxistas, remiseros, camioneros, colectiveros) ya regía la ley de prohibición cero, y ahora solo se extiende a los particulares y motociclistas que no estaban alcanzados por la norma”, agregó. 

Entre algunos de los efectos del alcohol en el organismo que perturban la capacidad de conducción figura: la disminución del campo visual, merma en la resistencia física, aumento de la fatiga, problemas para calcular las distancias, baja en la reacción, reducción de la capacidad de atención y subestimación del riesgo. 

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que “en nuestra provincia, a 50 kilómetros de Comodoro Rivadavia, tenemos el Parque Eólico Manantiales Behr de YPF Luz, que el año pasado fue el mayor productor de energía renovable del país y tenemos muchos emprendimientos de este tipo”. No obstante, lamentó que “el sector no deja recursos directamente ni tampoco hay un diferencial energético para la tarifa tanto del sector productivo como de los usuarios”.

En ese marco, Luenzo presentó un proyecto en el Senado para que en sintonía con el espíritu y los beneficios de la  Ley de Energías Renovables (27.191) se incorpore la posibilidad a las provincias productoras de solicitar un resarcimiento a partir del 31 de diciembre de 2025 (de acuerdo con los plazos que fija la normativa vigente) por la generación de afecciones e impactos ambientales y visuales adversos sobre el medio natural y sobre el territorio, como consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica”.

Luenzo trazó la necesidad de “debatir un canon eólico” y expresó que “la rentabilidad de la energía eólica debe acompañar a Chubut y todas las provincias productoras”.

“No hay contradicción entre la normativa que pretende el fomento de una actividad y la posibilidad de establecer un gravamen sobre la misma” ya que “el fomento de una actividad puede llevarse a cabo mediante reconocimiento de beneficios fiscales, ciertamente, pero también a través de otras distintas formas, manteniendo la sujeción, sin beneficio fiscal, a los tributos que resulten procedentes”, aclaró.

Asimismo, el legislador nacional sostuvo que “la promoción de las energías renovables no conlleva como necesaria consecuencia que sus instalaciones deban quedar al margen de todo tributo medioambiental” y remarcó que “los parques eólicos, al igual que cualquier obra humana, afectan el entorno, y sus efectos negativos son resentidos por el suelo, la flora y la fauna del lugar donde se instalan”.

Por ende, indicó que “se justifica plenamente la posibilidad de que las provincias productoras tengan la posibilidad de la creación de un canon eólico”.

En relación al Canon Eólico, el proyecto de ley de Luenzo sostiene que “al configurarse esta prestación, como tributo de naturaleza extra fiscal, se define su hecho imponible como la generación de afecciones e impactos ambientales adversos sobre el medio natural y, por ende, sobre el territorio, a través de la instalación de los bienes afectos a la producción de energía eólica”.

La iniciativa excluye a “las instalaciones eólicas de potencia menor o igual a 100 kW, así como los parques eólicos experimentales que lleven asociado un alto componente de investigación a I+D+I”.

La presidenta del bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, Ana Clara Romero, se manifestó respecto al pedido de protocolos y condiciones necesarias para el regreso a clases en la provincia de Chubut. 

La concejal informó que en la pasada sesión del Concejo Deliberante presentó un proyecto de apoyo para que se declare la “emergencia educativa” tanto a nivel provincial como nacional, “buscando que se garanticen infraestructura adecuada, pago de salarios docentes y contar con un protocolo para el regreso a las aulas especialmente para todos aquellos que hayan discontinuado sus trayectorias escolares”. 

También buscando generar encuentros presenciales de fin de año para dar un cierre de etapa para aquellos alumnos que terminan sus ciclos educativos, es decir los egresados del jardín, primaria y secundaria. 

Sobre el reclamo salarial docente que vive Chubut, la concejal expresó que “no son reclamos que se contrapongan entre sí, sino todo lo contrario. No tener clases, aunque sea parcialmente presenciales además de atentar contra el derecho a educarse y socializar de los niños, invisibiliza el legítimo reclamo de docentes por la falta de pago de su salario e infraestructura deficiente”. 

“No podemos ‘acostumbrarnos’ y naturalizar esta tragedia, no puede ser que esta no sea una prioridad para el gobierno, hay que trabajar para un 2021 en y con las escuelas”, agregó. 

La edil hizo referencia al duro informe de UNICEF “Educación en pausa” en el cual se advierte por la educación en Latinoamérica: “Este informe nos dice que cada día que pasa con las escuelas cerradas se va dando forma a una catástrofe generacional, que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto, el problema es que el cierre de las escuelas no afecta a todos por igual. Aquellos que viven en entornos más pobres tienen mayores dificultades para aprender desde casa, donde no necesariamente hay una conexión a internet, una computadora o un escritorio”.  

Romero expresó que “mientras los meses pasan y las escuelas siguen cerradas, para muchos de estos chicos será cada día más difícil reinsertarse en el sistema educativo y el daño será irreversible”. 

En ese tono, la concejal adelantó que la próxima semana mantendrá un encuentro virtual con Soledad Acuña, ministra de educación de la Ciudad de Buenos Aires, “una de las impulsoras del regreso a clases desde hace meses y que se pudo concretar hace semanas en dicha localidad con sus respectivos protocolos”. 

El diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres, participó, junto a la concejal de la localidad de Comodoro Rivadavia, Ana Clara Romero, de un conversatorio con alumnos de la escuela N° 745 “José Fuchs” de esa ciudad. 

El encuentro fue organizado por los chicos y chicas del colegio José Fuchs de Comodoro Rivadavia, y del cual participaron más de 70 jóvenes de entre 15 y 18 años. El tema principal se avocó a los jóvenes y la participación política, donde los legisladores compartieron experiencias y respondieron preguntas de profesores y alumnos. 

Al respecto, Torres manifestó que “en estos tiempos tan difíciles, y con la educación en crisis, nos llena de alegría recibir este tipo de invitaciones donde los chicos son los que tienen la iniciativa de involucrarse”, y agregó: “Nos llena de orgullo que profes y alumnos organicen estos espacios para que podamos compartir experiencias y promover la participación política y ciudadana, que en definitiva solo busca el bienestar común”. 

Por otro lado, Romero expresó que “me parece fundamental que los jóvenes propongan la agenda, ellos ven cosas que nosotros a veces no, que digan que temas les interesan desde lo ambiental a lo urbanístico”, y continuó diciendo: “El mejor mensaje que les podemos dar para involucrarse, es que, si tienen vocación de servicio, participen en el espacio que sea que los represente, en el club, en el merendero, en el centro de estudiantes, pero métanse y sean parte ya que la política no es solo partidaria”. 

La jornada remota y virtual contó con la presencia de distintos profesores y profesoras, y contó con las palabras de agradecimiento de la directora de la institución, Lucía Correa, quien invitó a realizar más espacios de discusión y participación para incluir a los jóvenes en espacios comprometidos con su ciudad y entorno. 

El diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres repudió los despidos de personal del PAMI Chubut, y denunció “persecución ideológica a los trabajadores”. 

Al respecto, Torres manifestó que “en marzo denunciamos el primer intento de la Cámpora de desvincular del PAMI a los trabajadores que no responden a esa agrupación política, simplemente por la fecha de ingreso que correspondía al periodo 2015/2019”, y agregó que “otros fueron desplazados de sus tareas habituales y finalmente despedidos sin aviso previo ni justificación”. 

Asimismo, el diputado recordó que cuando se enteró de esto, “decidimos ir a la Justicia y presentar un amparo. Si bien la jueza de primera instancia avaló los despidos del PAMI, apelamos esa resolución y la Cámara de Apelaciones falló a favor de los trabajadores, suspendiendo los despidos injustos”. Además, indicó que “los despidos son incluso contrarios al propio decreto del presidente de la Nación, y ahora nos encontramos no solo con que desde la Cámpora desconocen esta decisión judicial, sino que redoblaron la apuesta con despidos masivos en Chubut y en otras provincias del país”.

En marzo denunciamos los despidos masivos en PAMI en medio de la pandemia. Presentamos un amparo y un juez ordenó la reincorporación inmediata de los trabajadores. Ahora vemos que además de apelar el fallo siguen dejando familias en la calle por no pertenecer a La Campora. pic.twitter.com/A3Nm38sR6D

— Nacho Torres (@NachoTorresCH) November 4, 2020

Por otro lado, Torres indicó que “la fragilidad de la situación económica provocada por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que ha provocado la pérdida de más de 4 millones de empleos, se agrava con estos despidos que incumplen lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a través del DNU 329/20, que establece la prohibición de despidos sin justa causa a desde el 31 de marzo de 2020, y prorrogado en 3 oportunidades hasta la actualidad”. Y consideró que: “Esta norma no discrimina entre ámbitos públicos y privados, por lo que la prohibición de los despidos sin justa causa debe entenderse aplicable a toda relación de empleo y vigente hasta hoy”. 

Por último, el legislador nacional lamentó que “por un lado es el propio presidente, quien le pide al sector privado que sea solidario con los trabajadores, prohibiendo los despidos, y por otro lado La Cámpora decide dejar en la calle a cientos de familias en medio de semejante crisis”. 

La presidenta del bloque de concejales de Juntos por el Cambio de Comodoro Rivadavia, Chubut, Ana Clara Romero, anunció que, desde el bloque, presentaron el proyecto que busca que personas condenadas por delitos penales dolosos, no puedan ser candidatos ni ser designados en cargos políticos en el municipio. 

El proyecto presentado por Juntos por el Cambio, trabajado en línea con la concejal de Madryn de JxC María Eugenia Domínguez, es impulsado desde el año 2019 a nivel nacional para que sea tratado en el Congreso de la Nación. Hace unas semanas un proyecto similar fue aprobado por la Legislatura de la provincia de Mendoza, al igual que se impulsa su tratamiento en otros distritos del país como Neuquén, Buenos Aires o Puerto Madryn. 

En concreto, el proyecto establece que “no pueden ser candidatos personas condenadas por delitos dolosos contra las personas, el honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad, la seguridad pública, el orden público, la administración pública, el orden económico y financiero, puedan ser candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos municipales o ser designados para ejercer cargos públicos en el municipio de Comodoro Rivadavia”. 

También se prohíbe que las personas condenadas en segunda instancia, por la comisión de estos delitos, puedan ser designados secretarios, subsecretarios, delegados, directores generales y/o cualquier personal político del poder ejecutivo municipal. 

“Quienes sean funcionarios son servidores públicos y deben sostener una ética en su conducta, por ello no pueden tener conflicto con la ley penal”, expresó Romero. “Solo así construiremos instituciones fuertes y la comunidad volverá a confiar en sus representantes”, continuó la concejal, que manifestó que ahora espera el tratamiento del proyecto que fue presentado en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. 

El diputado nacional Ignacio Torres se refirió al dictamen en comisión sobre el presupuesto nacional para 2021, que fue enviado por el poder ejecutivo, y que se tratará este miércoles en la Cámara baja del Congreso de la Nación. 

Al respecto, Torres indicó que “el presupuesto tiene varios niveles de análisis, por función, por ministerio, por gasto de capital versus gasto corriente, y lo que se conoce como distribución geográfica del gasto. En otras palabras, cómo se distribuye el dinero de todos los argentinos a lo largo y ancho de la República Argentina”. 

En ese sentido, recordó que “hace poco, el propio presidente de la Nación sostuvo que es momento de discutir una nueva ley de coparticipación, que es una deuda pendiente de muchos años, y que el camino del desarrollo de la Argentina va de la mano del verdadero federalismo”, y agregó que “llama la atención que lo manifestado no se condice en lo más mínimo con lo que sus funcionarios plasmaron en este presupuesto, parece ser redactado más bien a medida de La Cámpora, un presupuesto de trinchera para Axel Kicillof”. 

En relación a ello, mencionó algunos datos concretos que se desprenden del presupuesto; en relación al gasto de capital u obras, la provincia de Buenos aires pasa de $20.594.121.801 millones de pesos en 2019 a $84.882.541.521 en 2021, lo que representa un aumento de más del 312%, mientras que Chubut pasa de $2.089.471.035 a $2.564.807.044, apenas un 22.75% más en términos nominales. “Esto implica un ajuste más que importante de alrededor de $600 millones, teniendo en cuenta la inflación acumulada punta contra punta del ejercicio 2019 al 2021”, consideró. 

Torres explicó que “ese federalismo para los amigos pone en relevancia otras inexplicables asimetrías en la distribución del gasto, por ejemplo, que la obra pública en Santa Cruz cuadruplique a la de nuestra provincia, o que La Rioja tenga una asignación específica de 13 mil millones de pesos”. Y continuó diciendo que “son provincias donde a diferencia de Chubut, no se adeudan medio aguinaldo ni casi tres meses de sueldos a los jubilados y trabajadores públicos”. 

Finalmente, el legislador nacional dijo que “es muy difícil de explicar para este Gobierno por qué empapelar el país con publicidad proselitista es inversión, pero ayudar a los trabajadores y los jubilados de Chubut es un costo fiscal. O por qué los millones que piensan gastar en patrullaje de medios es inversión, pero ayudar a que los chicos de Chubut empiecen las clases es costo fiscal”. 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ignacio “Nacho” Torres se refirió a la discusión del presupuesto nacional 2021 en la Cámara baja del Congreso, y recordó que hace unos meses, presentó distintas propuestas para “otorgar mayores recursos a las provincias e intendencias, pero no habiendo respuestas, estamos hoy insistiendo con estas herramientas de ayuda económica”. 

Torres indicó que “al Gobierno nacional le gusta instalar temas que quedan en la discusión eterna, sin resolución, como ‘la nueva ley de coparticipación federal’, que requiere un consenso especial y lograrlo no resulta fácil”, y agregó “lo que necesitan los gobiernos locales es precisamente todo lo contrario, menos discusiones y más resoluciones, por eso propusimos algunas vías alternativas perfectamente aplicables en el corto plazo”. 

Respecto a estas propuestas, el diputado chubutense sostuvo que “se pueden obtener de tres fuentes: coparticipando los saldos remanentes de los Aportes del Tesoro Nacional, aplicando la misma fórmula en el 30% del impuesto PAIS, y haciendo lo propio con las transferencias del Banco Central al Tesoro Nacional”. 

Torres expresó que “la discusión por una distribución más equitativa de los recursos nacionales es muy amplia, pero el contexto actual requiere soluciones inmediatas, hemos presentado distintos proyectos y siempre con el aval de intendentes”. 

Por otro lado, se refirió a la grave situación provincial: “Actualmente estamos sufriendo el famoso pico de contagios, con más de 500 por día aproximadamente, en un contexto de hasta tres meses de atraso en el pago de sueldos a estatales y jubilados, sumado a un pago escalonado que no tiene fin, y la actividad comercial junto con los sectores productivos muy golpeados”. 

En ese sentido, Torres agregó que “recientemente presentamos, con el diputado Menna, un proyecto solicitando una ayuda económica de 30.000 millones de pesos para Chubut, pedimos tratarlo mediante un apartamiento del reglamento e insólitamente otros diputados de Chubut se opusieron”. 

Finalmente, el legislador nacional indicó, en relación a las obras de infraestructura, que “hice un pedido por más de 20 obras en Chubut, que algunas se tienen que retomar y otras empezar, y que son muy importantes para las distintas regiones de nuestra provincia”. 

La diputada nacional del Frente de Todos por Chubut Estela Hernández le envió al titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, propuestas para ser revisadas o incorporadas al proyecto de ley de Presupuesto relacionadas con su provincia. 

La legisladora consideró necesario estos aportes, entendiendo la “grave situación” que actualmente atraviesa su provincia, y que, según subraya, “no se debe únicamente a los efectos que hoy provoca la pandemia”. 

“La situación económica y financiera que vivimos en Chubut es muy compleja y difícil. Estas circunstancias inéditas, con meses de sueldo y aguinaldo atrasados, colocan a nuestra provincia en alto riesgo social, como así también sanitario, ya que incluso el personal de Salud se encuentra realizando medidas de fuerza”, indicó al respecto la diputada. 

En relación a la propuesta elevada a Heller, hizo hincapié en que deben tenerse en cuenta o analizarse en mayor profundidad obras ya pedidas, como las autovías Trelew – Rawson, Comodoro – Caleta Olivia, Ruta Nacional 25, 259, 260, la 40 en el tramo Ruta Nacional 26 Tamarisco; el camino de circunvalación de Comodoro Rivadavia; Puente Arrollo Verde; la Reparación del Puente metálico de Rawson; la Estación transformadora 500 Kv de Comodoro, el interconectado Esquel – Tecka – Gobernador Costa – Río Mayo; el acueducto Comodoro – Lago Muster; la protección costera en la zona del Chalet Huergo, Hospital Alvear y Km 5 de Comodoro Rivadavia.  

Del mismo modo, pidió obras para la protección costera Playa Unión – Magagna; el dragado del Puerto de Rawson, del puerto de Comodoro Rivadavia, como así también del Río Chubut Boca Toma de la capital provincial; el refuerzo de pilotes del Muelle Storni, la 2da etapa del Muelle Piedrabuena, el Hospital Materno Infantil de Comodoro Rivadavia, la continuidad de obras en el aeropuerto de Esquel; las obras del convenio marco con Enhosa; la planta de tratamiento de Rada Tilly; el Instituto de Formación Docente 810 de Comodoro Rivadavia; la ampliación de escuela primaria nº 55 (Trelew); y construcción de la Escuela Especial 529 de esa misma ciudad, entre otras. 

Asimismo, la diputada, señaló su preocupación por el próximo vencimiento de la Ley 25.422 (Ley Ovina), que establece en su artículo 16 que el Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario denominado Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). En esta línea, solicitó que en la planilla anexa al artículo 55 Fondos Fiduciarios se consigne cuál es el monto destinado al mismo. Cabe señalar, la importancia de la mencionada “Ley Ovina” cuyos objetivos son detener la caída de la productividad, la inestabilidad económica del país, como así también, hacer frente al deterioro ambiental provocado por las inclemencias climáticas extremas, que motivaron a declarar la emergencia agropecuaria en Chubut.   

En otro orden, Hernández solicitó que se especifique el esquema tarifario de gas y la aplicación  del subsidio a la tarifa diferencial por la utilización del servicio en zona Patagónica, donde las temperaturas invernales azotan sin piedad alguna.  

Por último, la legisladora chubutense se refirió al Plan Nación Juana Manso, al cual adhiere, sobre todo por su intención de federalización y cumplimiento de las premisas básicas de inclusión social.  En este sentido, le pidió a la Comisión en cuestión que se definan con mayor exactitud los montos asignados a la provincia de Chubut para el año 2021, la cantidad de computadoras otorgadas y las obras de conectividad en los establecimientos educativos para el cumplimiento de dicho plan. 

El Partido Acción Chubutense (Pach) perdió su personería jurídica por no haber adaptado sus órganos internos a la igualdad de género. 

En declaraciones a la prensa local, la secretaria electoral del Juzgado Federal de Rawson, Betina Grosman, explicó que la resolución fue tomada por el juez con competencia electoral, Hugo Sastre, tras una serie de intimaciones para subsanar esa situación que se le cursaron al partido desde mayo pasado. 

“Los intimamos en más de una oportunidad y jamás respondieron”, indicó Grosman, y agregó que todos los partidos “debieron adaptarse a la ley y “respondieron con rapidez al requerimiento, incluso accediendo a reuniones vía zoom o en algunos casos pidiendo alguna prórroga””. 

La secretaria electoral destacó que, por los datos con los que cuentan, “no existen antecedentes de partidos que hayan perdido su condición por esta situación en el país”. 

El Partido Acción Chubutense fue creado en 1966 por impulso del exgobernador Roque González, y se transformó en una de las expresiones políticas tradicionales de Chubut, que planteó como eje ideológico la defensa de la autonomía provincial a la que percibían perjudicada por el gobierno central a través de los partidos nacionales. 

La más reciente proyección política fue cuando llevó como candidato a diputado nacional en el 2013 a Mario Das Neves, quien no había podido ir por el justicialismo ni tampoco por el Partido Independiente Chubutense como pretendió y utilizó el escudo electoral del Pach con el que obtuvo el cargo. 

Luego, ya con partido provincial propio, Das Neves ganó las elecciones a gobernador, abandonó la banca y fue ocupada por Sixto Bermejo, expresidente del Pach, quien de esa forma se transformó en el último diputado nacional por el partido autonomista. 

El diputado nacional chubutense Gustavo Menna afirmó este domingo que la situación de su provincia es “calamitosa” y “se agrava mes a mes” desde mediados del año pasado.

En el programa CNN Aire de mañana, el legislador del interbloque UCR-Juntos por el Cambio señaló que “se está registrando algo inédito en Chubut. Se adeudan tres meses de sueldo y aguinaldo a empleados públicos. La mitad de ellos no cobró julio”. Y amplió: “Hay deuda con el personal de salud, que es el que le hace frente a una pandemia que se está disparando en ciudades como Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn”.

Menna sumó que “a esto se agregan los chicos sin clases, los cortes de energía eléctrica en pueblos del interior y el funcionamiento interrumpido de la Justicia. Además, la Legislatura no pudo sesionar la semana pasada”.

El diputado recalcó que “pese a las altas regalías petroleras” el panorama es cada vez más difícil. Y consultado sobre si existen posibilidades de acuerdo con el gobernador Mariano Arcioni, replicó: “Las hay porque la oposición siempre ha sido prudente. Pero el gobernador no tiene ni plan ni una sola idea para salir de esta situación”.

“La otra pata que falta es la del Gobierno nacional, que no es responsable de lo que pasa en la provincia pero debería prestar ayuda como lo hace con La Rioja o con la provincia de Buenos Aires”, acotó.

“La obra pública es escueta y no se prioriza a Chubut en el Presupuesto”, dijo. En esta línea, resaltó que a Santa Cruz se le asignan “cuatro veces más” recursos que a Chubut.

Menna indicó que la deuda salarial alcanza los 12 mil millones de pesos y evaluó que “a nadie le gusta la idea de una intervención a la provincia. El foco es exigir un plan y una ayuda importante del Gobierno nacional”.

Por último, el legislador opinó sobre el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por parte del kirchnerismo: “No tiene ninguna chance de prosperar. Hay una cuestión manifiesta de venganza y un mensaje de amedrentamiento al resto de la Corte”.

El diputado del Pro Ignacio Torres afirmó que su proyecto de ley sobre “solidaridad sindical” apunta a que “haya más dinero en el bolsillo de los trabajadores”, para lo cual “es necesaria la colaboración de los gremios”.

Tras presentar una iniciativa que propone que se suspendan por tres meses los aportes sindicales, el legislador explicó que “esto no quiere decir que (las entidades) se desfinancien”, ya que los montos se cobrarán posteriormente en cuotas durante un año.

En diálogo con parlamentario.com, el chubutense también habló sobre la situación en su provincia, y aseguró que “es más compleja que otros distritos” debido a la caída del precio del petróleo y la crisis que acarreaba previamente. “Hay médicos que no están cobrando en tiempo y forma”, advirtió.

Por otro lado, el macrista afirmó que desde la oposición quieren “tratar muchos proyectos que, de manera complementaria, sirvan de aporte al Ejecutivo Nacional” en el contexto de la emergencia sanitaria. Por eso pidió “la apertura del Congreso de manera inmediata”.

En tanto, sobre la iniciativa del oficialismo para establecer por única vez un impuesto extraordinario, Torres admitió que en su bloque “hay distintas posiciones”. “Yo no estoy en contra de gravar al capital, pero siempre y cuando venga de la mano de una baja en los impuestos al trabajo y la producción”, opinó.

– ¿En qué consiste el proyecto de ley que presentó sobre “solidaridad sindical”?

– El proyecto consiste en la suspensión de la cuota sindical, que varía entre el 1% y 3% del salario -dependiendo el rubro-, por tres meses, que es lo que estimamos van a ser los meses donde será más fuerte el aislamiento. Este aislamiento afecta fuertemente a todo el país, a las PyMEs, a las empresas más grandes, a los monotributistas, a todos, y en un contexto donde se está solicitando solidaridad -y nosotros también lo hemos hecho desde nuestro bloque- a todos los sectores y a los tres poderes del Estado, me parece que es necesario también que las entidades sindicales pongan lo suyo.

– Voces críticas a este tipo de iniciativas, como también la presentara su par Alfredo Cornejo (UCR), hablan de una intención de desfinanciar a los gremios…

– No, esto no quiere decir que se desfinancien, para nada; porque después de los tres meses ese débito se haría en 12 cuotas sin interés. Lo que queremos es que haya más dinero en el bolsillo del trabajador por lo que dure esta pandemia. Hay muchos casos en los cuales ha habido acuerdos implícitos entre los trabajadores y la parte empleadora para percibir mucho menos, desde un 30, un 50, y hasta hay casos que han percibido el 70 por ciento menos en sus haberes. Por eso creemos también que es necesaria la colaboración de los gremios para suspender la cuota sindical. Hasta ahora no se han visto afectados bajo ningún punto de vista porque los débitos se han seguido haciendo y el empleador también es quien retiene este dinero. Reitero, apunta a que los trabajadores puedan tener más liquidez en mano durante el transcurso del aislamiento.

Hay un caso que para mí es digno de resaltar, que es el caso de petroleros en mi provincia, donde sin necesidad de avanzar con esta iniciativa tomaron la decisión de suspender la cuota sindical para que ese dinero lo tengan los trabajadores. Me parece que es una medida para replicar en otros sindicatos.

– ¿Qué opina de las medidas que ha tomado el Gobierno nacional en este contexto y qué cree que falta?

– Hay muchas medidas que tomó el Gobierno nacional que obviamente acompañamos. Sin embargo, hay cinco proyectos de emergencia que presentamos con algunos diputados para, a modo complementario, poder ampliar el universo de beneficiarios de algunos programas. Por ejemplo, en el caso de PyMEs, creemos que el criterio para acceder a algún beneficio tiene que ser, por ejemplo, una baja en la facturación del 30 a un 50 por ciento en términos reales, que sea comprobable impositivamente. Otro de los puntos tiene que ver con federalizar los recursos del Ministerio del Interior, de las arcas del Gobierno nacional, producto de la emisión monetaria. Estamos emitiendo más de 500 mil millones de pesos, lo cual hace que todos los argentinos a lo largo y ancho de nuestro país tengamos el mismo riesgo de caer en una espiral inflacionaria en un contexto de recesión; y muchos de esos recursos, la gran mayoría, se ejecutan en las zonas centro del país, cuando hay distritos que realmente lo necesitan y de manera urgente. Por eso presenté también un proyecto que tiene que ver con un criterio federal coparticipable de los aportes del Tesoro Nacional.

– En este sentido, ¿cómo es la situación en Chubut, que ya venía de una marcada crisis el año pasado?

– La realidad de Chubut es más compleja que otros distritos, porque nosotros somos una provincia que tenemos una altísima dependencia de las regalías petroleras y, sumado al aislamiento y el impacto que esto genera en la economía, el hecho de la caída del barril afectó muchísimo a las arcas del gobierno provincial, y esto afecta y resiente la salud, la educación, la seguridad, los sueldos que se están pagando de manera escalonada.

Este problema ya venía de antes de la pandemia, producto de un acuerdo de paritaria en campaña del gobernador (Mariano Arcioni), un acuerdo que no se podía cumplir, que generó un rosario de problemas, donde hubo paro de los tres poderes, un manejo anárquico donde ni el Poder Judicial, ni el Legislativo, ni el Ejecutivo funcionó durante meses, más de un año y medio los chicos sin clases. La verdad que, sumado a toda esa angustia, hoy en este contexto nos preocupa mucho no solo que se sature el sistema de salud, sino que no arranque. Hay médicos que no están cobrando en tiempo y forma y que, sin embargo, están haciendo una patriada y le están poniendo el cuerpo, pero están trabajando en condiciones mucho peores de falta de insumos e infraestructura que otros distritos.

– ¿Qué piensa sobre la demora de un acuerdo en la Cámara de Diputados sobre la manera de sesionar?

– Nosotros desde Juntos por el Cambio estamos peleando para que la apertura del Congreso se haga de manera inmediata. Entendemos que hay una cuestión de crisis sanitaria, pero eso no quita que estamos viviendo en un Estado de Derecho y en una república, por lo tanto necesitamos imperiosamente que el Congreso, entre otras cosas, ratifique muchos de los DNU que están vencidos. Entiendo que hay buena voluntad para avanzar en un sistema de sesión remota, pero en el caso que esto se dilate mucho más vamos a proponer que la sesión se haga de manera presencial. Una opción sería que el Senado pueda sesionar en el recinto de Diputados y los diputados, por ser más, podamos sesionar en cualquier otro lugar que cumpla con el protocolo de distanciamiento social, como puede ser el CCK. Queremos tratar muchos proyectos que, de manera complementaria, sirvan de aporte al Ejecutivo Nacional.

– ¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa de gravar a las “grandes fortunas” que impulsa Máximo Kirchner, jefe del bloque Frente de Todos?

– Hay distintas posiciones en nuestro bloque respecto a ese tema. Yo creo que hay que rediscutir un montón de cosas, entre eso la matriz fiscal. Nosotros tenemos la segunda presión fiscal más alta del mundo, lo cual es un cuello de botella al desarrollo de cualquier país y en Argentina lo padecemos: esto genera empleo en negro, destrucción de empleo. Va a haber que discutir un montón de cosas para darle alivio fiscal a quienes generan trabajo en nuestro país.

Yo no estoy en contra de gravar al capital, pero siempre y cuando venga de la mano de una baja en los impuestos al trabajo y la producción. En ese caso, si es coherente estaríamos dispuestos a aportar nuestro punto de vista y acompañar, mientras se tomen en cuenta las propuestas del bloque. Pero si hay algún dilema constitucional, obviamente bajo ningún punto de vista voy a apoyar un proyecto que sea confiscatorio o anticonstitucional.

Luenzo presenta un proyecto en el Senado por la iniciativa solidaria del Buque Mario R: “Los sectores desprotegidos necesitan más que nunca de la solidaridad”

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo presentó un proyecto de declaración para destacar desde el ámbito legislativo el acuerdo entre empresas, sindicatos y trabajadores que, en conjunto, impulsaron una iniciativa para donar 50 toneladas de merluza hubbsi a los sectores sociales que mayor acompañamiento están necesitando.

Al respecto, el legislador afirmó que “en el marco de esta pandemia, los sectores más desprotegidos necesitan más que nunca de la solidaridad”.

El senador sostuvo que “más allá de las distintas medidas que ha impulsado el Gobierno nacional a través de ANSES y del Ministerio de Desarrollo Social para reforzar las políticas alimentarias y de emergencia social ante la cuarentena nacional por el COVID-19, es muy importante que existan estas iniciativas solidarias de parte de la sociedad civil, que muestran a una ciudadanía con una profunda visión humanista”.

En este sentido, Luenzo consideró que si bien la cuarentena afecta a todas las familias, “tenemos sectores que han perdido totalmente sus ingresos, personas que no cuentan con un trabajo formal, muchos sectores que ya venían en una situación de vulnerabilidad social y alimentaria, entonces debemos articular entre los distintos sectores distintas iniciativas que se sumen a las políticas nacionales y provinciales para acompañar y llevar alivio”.

El proyecto de declaración presentado subraya “el beneplácito” de la Cámara alta por “la iniciativa solidaria, producto de un acuerdo entre empresas, sindicatos y trabajadores de la provincia del Chubut”.

Asimismo, el proyecto elogia la colaboración “desde distintos sectores de la actividad pesquera provincial”, y destaca “la labor de las empresas que colaboraron con el encajonamiento de hielo, con la provisión de víveres, con los propietarios de la embarcación pesquera y con aquellos que se harán cargo de la logística de distribución de pescado, debido a que toda la operatoria es ad honorem”.

También remarca “el trabajo de los 60 marineros que se pusieron a disposición voluntaria para ayudar. Situación similar en la Asociación de Capitanes, donde se tuvo que determinar un capitán, subcapitán y maquinista entre los ofrecidos”.

“Es preciso valorar el trabajo de las tripulaciones y las gestiones llevadas a cabo por los gremios: Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca; SICONARA; SOMU y SUPA, ya que todos realizan su aporte desde el alistamiento, captura y descarga de la materia prima para que llegue a las familias más necesitadas”, cierra el proyecto de Luenzo.

El senador nacional Alfredo Luenzo se refirió al “trabajo coordinado” entre Nación, provincia y los municipios chubutenses, y destacó que este “nos permitirá contar en breve con la Tarjeta Alimentaria para 12 mil beneficiarios”, y aseguró que “el primer balance que publica el Ministerio de Desarrollo Social en el arranque de esta política pública es muy alentador”. 

“Enfrentar la emergencia social es la prioridad para el presidente Alberto Fernández y para la vicepresidenta Cristina Kirchner. Uno de cada dos chicos está en la pobreza. Por ello la tarjeta alimentaria está demostrando ser una gran herramienta para garantizar igualdad de acceso a la canasta básica, redistribuyendo recursos públicos”, expresó el senador. 
 
Y en este sentido, consideró que la Tarjeta Alimintaria “destina directamente inversión pública en nuestros pueblos y ciudades, que es donde más se están necesitando. Ello permite que se hayan registrado subas en el consumo de proteína animal, frutas y verduras y lácteos. Será una gran ayuda para los chubutenses”. 
 
Finalmente, Luenzo sostuvo que la tarjeta será una “herramienta económica muy importante, y que, sumado a otros programas de Nación, “se invierten íntegramente en el circuito comercial de las provincias gran cantidad de recursos públicos. El desafío será que esa inversión ahora genere empleo local”.