El reclamo de diputados de Juntos por el Cambio a la ministra de Seguridad es hasta tanto sea revisado el mismo y se adecúe a la normativa vigente.
Diputados nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio le exigieron este viernes a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que suspenda la aplicación del protocolo de ciberpatrullaje en el país, en línea con la recomendación emitida por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en su carácter de autoridad de control de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
“Presentamos un proyecto para exigirle a Frederic que deje de hacer caso omiso a la recomendación de la máxima autoridad de control en materia de protección de datos personales en el país”, afirmó la diputada nacional Karina Banfi, impulsora de la iniciativa, y agregó que “tiene que suspender el protocolo de ciberpatrullaje hasta tanto sea revisado y se adecúe a la normativa vigente”.
El propósito del proyecto de los diputados de la oposición es que el Poder Ejecutivo suspenda la aplicación del protocolo, ajustándose de esta manera a la recomendación efectuada el 23 de julio pasado por la AAIP, luego de que representantes de la autoridad de control participaran de una mesa consultiva para evaluar el protocolo en cuestión.
“El Ministerio de Seguridad a cargo de Frederic ignoró las recomendaciones de distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, sobre los problemas que tiene el protocolo de ciberpatrullaje en lo que respecta a la protección de datos personales”, afirmó la diputada opositora.
Banfi recordó que en abril de este año la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) emitió un comunicado donde “expresó su preocupación por las medidas de ciberpatrullaje digital en Argentina y en Colombia, y señaló que su aplicación podría afectar las libertades fundamentales de las personas”.
Las implicancias negativas del protocolo de “ciberpatrullaje” sobre el derecho a la libertad de expresión fueron advertidas desde un comienzo por expertos en materia de protección de datos personales. Y quedaron en evidencia a partir de numerosos hechos que resultaron en la detención de personas que habían manifestado sus pensamientos y habían ejercido su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales.
A principios de abril, luego de decretado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la ministra de Seguridad asistió a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados y afirmó que las fuerzas de seguridad realizaban “ciberpatrullaje” en las redes sociales para “detectar el humor social”. A finales del mes de mayo, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 144/20, el “Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas”.
La ministra de Seguridad sostuvo que tendrá vigencia por lo que dure la emergencia sanitaria, y resaltó el trabajo de la mesa consultiva que lo supervisa, donde participaron legisladores del oficialismo y la oposición.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, subrayó este jueves al exponer ante senadores que el protocolo de "ciberpatrullaje" fue elaborado con "el aporte, las críticas y las sugerencias" de distintos organismos de derechos humanos y asociaciones de la sociedad civil.
Al exponer ante la Comisión de Seguridad Interior, la funcionaria señaló que la resolución 144/20, sobre prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas, tendrá vigencia en lo que dure la emergencia sanitaria por Covid-19.
Dicha resolución reemplazó a otra del 2018, "que no había sido publicada en el Boletín Oficial", indicó. "Nuestra resolución se sostiene en una serie de principios a la que nos obliga la normativa local y de derechos humanos", aseguró y dijo que también está en línea con una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictada también en el contexto de la pandemia.
La ministra enumeró que allí se contemplan los principios de "temporalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad, razonabilidad, privacidad, protección de datos personales, libertad de expresión, protección de la protestad social", entre otros.
Frederic destacó la creación de una mesa consultiva, encargada de "monitorear, evaluar, recomendar modificaciones o incluir reglamentaciones" a este protocolo, la cual llevó a cabo su primera reunión el pasado 1ro. de julio, y donde hubo participación de legisladores del oficialismo y la oposición.
Además, la titular de la cartera de Seguridad resaltó que "se está implementando un ciclo de capacitación que va a formar a las fuerzas federales" en la temática, y que esa formación incluye "la perspectiva de derechos humanos en entornos digitales".
La ministra había sido convocada nuevamente por Waldo Wolff (Pro) para hablar sobre la resolución que, según la oposición, habilita el “ciberespionaje”. El Frente de Todos vació la reunión.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, faltó por segunda vez a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, convocada por su presidente, Waldo Wolff, para dar explicaciones sobre la resolución 144/20, que según la oposición habilitó el “ciberpatrullaje”.
Se trata de la resolución que creó, a fines de mayo pasado, el “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”, cuya aplicación se limita a la pandemia del Covid-19.
El 11 de junio, Wolff convocó a Frederic a una primera reunión informativa, pero la ministra se ausentó, y posteriormente, el 23 de junio, el diputado del Pro volvió a convocar a un encuentro, pero en ese caso ni siquiera se le cursó la invitación a la ministra, por decisión de autoridades de la Cámara baja que entendieron que esa comisión no era el ámbito pertinente.
Sin embargo, el legislador volvió a citar a Frederic para este miércoles, esta vez con una invitación enviada por él a su correo personal, pero la funcionaria tampoco asistió.
Lo cierto es que el mismo día de la convocatoria de Wolff, el secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, dio explicaciones sobre la resolución y respondió preguntas ante la Comisión de Seguridad de Interior, el ámbito que correspondía según el oficialismo.
A pesar de esto, Wolff lamentó: “Estamos siendo plantados por segunda vez consecutiva, y además somos destratados, porque ni siquiera nos contestan”.
“Si nosotros consideramos que una acción de un Ministerio está afectando la libertad de expresión, es motivo suficiente para que convoquemos”, consideró, y agregó: “La ministra puede no venir, pero corresponde que nos responda por escrito”.
Los diputados del Frente de Todos que integran la Comisión de Libertad de Expresión decidieron no asistir tampoco a la reunión y emitieron un comunicado justificando su decisión.
“No nos vamos a prestar a instancias que solo buscan la trascendencia mediática”, sostuvieron los legisladores Marisa Uceda, Marcelo Koenig, Norma Abdala de Matarazzo, Lisandro Bormioli, Pablo Carro, Josefina González, Jimena López, Mónica Macha, Germán Martínez, Gisela Marziotta, Vanesa Massetani, Carolina Moisés, Vanesa Siley, Eduardo Valdés y Liliana Yambrun.
Los representantes del oficialista aclararon que la invitación “debe ser cursada a través de los mecanismos de la Cámara”, y sin embargo la misma fue “enviada al correo electrónico personal” de la ministra.
Además, los diputados señalaron que la resolución 144 “en nada afecta la libertad de expresión” y por lo tanto “no es esta comisión el lugar para debatir este tema”, sino la de Seguridad Interior, que preside Paula Penacca (Frente de Todos).
“No nos vamos a prestar a estrategias de distracción que buscan ocultar, por ejemplo, los alcances de las investigaciones judiciales en curso que tienen que ver con acciones de espionaje ilegal realizadas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri”, denunciaron los oficialistas.
El funcionario del Ministerio de Seguridad defendió la resolución 144/20. Aclaró que se acota a la pandemia y que lo que se hace es recoger información “sobre temas” y no “sobre personas”.
El secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, defendió este miércoles la polémica resolución 144/20 del Ministerio que dirige Sabina Frederic, al sostener que “no existe nada similar a la figura de intimidación pública”, en respuesta a las acusaciones de la oposición sobre “ciberespionaje”.
Fuks expuso ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, que preside Paula Penacca (Frente de Todos), sobre la creación, a fines de mayo pasado, del “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”.
El funcionario explicó que la resolución “tiene una virtud principal”, que es la derogación de otra resolución, la 31/18, firmada por el anterior secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, “en la etapa preparatoria del G20”, donde se estableció “la mecánica para lo que se dio en llamar el ‘ciberpatrullaje’”.
Según Fuks, cuando asumió la gestión de Alberto Fernández se realizó una revisión de las resoluciones firmadas por el gobierno anterior para decidir cuáles mantener, cuáles enmendar y cuáles reemplazar, y en ese contexto se descubrió que la resolución 31/18 solo estaba en formato papel y no había sido publicada en el Boletín Oficial.
El secretario dijo que el “objetivo principal” de aquella normativa fue “establecer mecanismos de vigilancia a través de fuentes abiertas”, por los cuales “500 personas fueron investigadas en el G20” y además hubo “por lo menos seis casos de personas procesadas” bajo esta modalidad, entre ellas Javier Smaldone, Nicolás Lucero -quien estuvo preso por un tuit-, Maribel Durán y Martín Trabucco.
Incluso aseguró que “hay casos que fueron investigados a través de las redes que fueron anteriores a 2018, es decir anteriores a la existencia de la resolución” firmada por Burzaco.
Fuks destacó que la resolución 144/20, a diferencia de la “mecánica secreta” con la que fue firmada la anterior, fue el fruto de un “largo proceso de debate” con organizaciones de la sociedad civil como FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).
Además, remarcó la creación de una comisión asesora que debe evaluar la aplicación del protocolo, y que tuvo este mes su primera reunión, con la participación de dos representantes de la Cámara de Diputados, Penacca y Cristian Ritondo (Pro).
El secretario subrayó que la resolución tendrá vigencia solo durante la pandemia, con un plazo estimado, en principio, hasta el 12 de marzo de 2021.
También detalló que lo que se busca con el protocolo es detectar delitos de “comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos”; “venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al Covid-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente”; y “ataques informáticos a infraestructura crítica -especialmente a hospitales y a centros de salud-”.
En ese sentido, aclaró que la información recogida “no es sobre las personas, sino sobre el tema”, y enfatizó: “No existe nada ni parecido ni similar a la figura de intimidación pública. Esa idea de un joven que por sus ideas va a ser perseguido no existe”.
Fuks señaló que “si una sumatoria de información en redes públicas y abiertas da cuenta no de la comisión de un delito individual, sino de un problema que requiere atención de la Justicia, el caso es inmediatamente girado a la Justicia”.
Además, destacó que la resolución se asienta sobre los principios de legalidad; necesidad; proporcionalidad; razonabilidad; protección de la razonable expectativa de privacidad; protección de los datos personales; protección de la libertad de expresión; no criminalización de las protestas en línea; y restricción de la discrecionalidad en el cumplimiento de las tareas preventoras.
También se mencionan los principios de profesionalización del personal afectado a las tareas de prevención del delito con uso de fuentes digitales abiertas; destrucción del material prevenido no judicializado; publicidad; transparencia y rendición de cuentas; y control y responsabilidad por el uso abusivo y violatorio de la ley.
El diputado Jorge Enriquez (pro) advirtió que “cuando hablamos de ‘ciberpatrullaje’ hablamos del peligro sobre las libertades individuales, como la libertad de expresión o el derecho a reunión”, a través de una “vigilancia estatal online” similar a la del “Gran Hermano”.
“Entiendo el sentido de la resolución, pero veo la peligrosidad de que esté en el ámbito del Poder Ejecutivo”, dijo Enriquez, al sostener que se debe avanzar con una ley del Congreso.
Desde la UCR, Luis Petri apuntó que la resolución de Burzaco “no tenía más de cuatro artículos” y “era más cuidadosa” porque tenía un “objeto limitado, en la mayoría de los casos, a delitos federales”, vinculados, por ejemplo, al narcotráfico y la trata de personas.
En cambio, alertó que en la resolución actual “se habla de un protocolo de prevención del ciberdelito, pero es un protocolo de inteligencia, y esto no lo digo yo, lo dicen organizaciones que incluso fueron consultadas por el Ministerio”, como el CELS, que pidió “una ley del Congreso”.
“Cuarenta y cuatro millones de argentinos podemos, con la excusa de la pandemia, ser investigados y ser víctimas de tareas de inteligencia, y las consecuencias las está viviendo el diputado Sahad”, sostuvo Petri (Ver abajo).
Por su parte, Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) señaló que “esta resolución no es ajena a la práctica de monitoreo de la población en redes abiertas, una práctica de inteligencia y de espionaje”.
Mónica Frade, de la Coalición Cívica, requirió explicaciones a Fuks sobre el caso de Facundo Astudillo, el joven de 22 años desaparecido hace 68 días en provincia de Buenos Aires bajo carátula de desaparición forzada de personas.
“Esto parece que no lo registró nadie, ni las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación ni tampoco de la provincia de Buenos Aires. El 30 de abril fue visto por última vez en un retén policial, desde entonces intervino la Policía bonaerense” y hubo “terribles contradicciones” entre los policías que declararon, advirtió Frade.
En la reunión infomativa, el diputado Julio Sahad (Pro), denunció un hecho de “gravedad institucional importante”: reveló que mientras cumple el aislamiento social en un hotel de La Rioja, tras haber dado positivo en el test de coronavirus, instalaron una cámara de seguridad frente a su casa.
Según detalló, el 1 de julio se colocó esta cámara frente a la vereda de su domicilio. “Una cámara que no es usada en La Rioja, la única cámara en ese sector, apuntando directamente a la entrada de mi casa”, describió, y advirtió: “Llama la atención que este hecho pase sin ningún tipo de justificación ni previo aviso”.
La titular de la cartera de Seguridad se ausentó en una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión citada por Waldo Wolff.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se ausentó este martes en una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, convocada por Waldo Wolff (Pro), para dar explicaciones sobre los procedimientos de “ciberpatrullaje” llevados adelante por las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia.
Por segunda vez consecutiva, la funcionaria no asistió a responder preguntas sobre el “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”, creado en la resolución 144/20 del Ministerio de Seguridad.
Wolff recordó que fue la propia Frederic quien acuño el término “ciberpatrullaje” durante una reunión informativa de la Comisión de Seguridad Interior el pasado 8 de abril. En aquella oportunidad, la ministra reveló que se estaba aplicando esta modalidad en las redes sociales “para detectar el humor social”.
“Esto nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas situaciones”, dijo Frederic, y aclaró que “no es ciberespionaje; lo que se hace es un rastreo sobre lo que es público” a través de Twitter, Facebook e Instagram. “Con el ciberpatrullaje hacemos poco, pero siempre algo es mejor que nada”, acotó entonces la funcionaria.
El 11 de junio, Wolff convocó a Frederic a una primera reunión informativa, pero funcionarios de la cartera de Seguridad formularon algunos reparos y finalmente la ministra se ausentó, al igual que este martes, aunque en este caso ni siquiera se le cursó la invitación.
En nombre del oficialismo, la vicepresidenta de la comisión, Marisa Uceda, explicó que “cuando se solicitó la presencia de la ministra, desde la Presidencia de la Cámara se comunicó que no se cursaría la invitación por entender que no era el ámbito”.
“Sinceramente lo digo: no sé si nuestra comisión es el ámbito propicio para que la ministra venga a dar informes”, reforzó Uceda, quien además informó que a partir de la resolución 144/20 se creó una comisión que se reunirá la semana próxima y que cuenta con representación parlamentaria en los diputados Paula Penacca (Frente de Todos) y Cristian Ritondo (Pro).
“Generar la sospecha de que no ha habido voluntad de la ministra no es sano”, dijo Uceda.
Desde Juntos por el Cambio, Karina Banfi se preguntó: “¿Cómo no va a ser el ámbito la Comisión de Libertad de Expresión para conversar con cualquier ministro que hoy gestiona las garantías de los derechos humanos?”.
Según Banfi, diputados de su interbloque se entrevistaron con el relator especial para Libertad de Expresión de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), organismo que consideró que “la utilización de herramientas de persecución delictiva para medir el humor social en plataformas digitales abiertas no es lo adecuado”.
Asimismo, Álvaro De Lamadrid (UCR) recordó la reunión de la Comisión de Seguridad Interior donde estalló el tema: “(Frederic) lo dijo sin que nadie se lo preguntara, como una cosa buena, y después no respondió preguntas”.
Además, consideró que la reunión anunciada por Uceda en el marco del protocolo “no es óbice, obstáculo ni impedimento para que esta comisión reciba las explicaciones” correspondientes sobre el “ciberpatrullaje”.
El oficialista Germán Martínez recogió el guante y sostuvo que “estamos ante una jugada política de la oposición”, además de aclarar que “el ámbito lógico” donde debería exponer la ministra es la Comisión de Seguridad.
El santafesino puntualizó que en la propia resolución del Ministerio se establece cuáles son los fines del denominado “ciberpatrullaje” en el contexto de la pandemia.
Según ese protocolo, se busca detectar delitos de “comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos”; “venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al Covid-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente”; y “ataques informáticos a infraestructura crítica -especialmente a hospitales y a centros de salud-”.
Eduardo Valdés, también del Frente de Todos, comentó que la propia Frederic admitió en declaraciones periodísticas que “la frase de medir el humor social no fue la mejor”.
El diputado le habló a Wolff: “Una de las cosas más dolorosas para la libertad de expresión es el espionaje ilegal. Usted ha sido espiado y yo he sido espiado”. “El espionaje ilegal es una cloaca transversal”, denunció, al mencionar que fueron espiados desde la expresidenta Cristina Kirchner hasta el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
Al finalizar la reunión, Wolff anticipó que volverá a citar a Frederic. “Si no quiere venir, que no venga. Lo único que queríamos era preguntarle” sobre la resolución, dijo. La oficialista Carolina Moisés pidió someter a votación la convocatoria a la ministra, pero el titular de la comisión lo rechazó.
La ministra Sabina Frederic reconoció esa tarea durante su reunión con los diputados de la Comisión de Seguridad, lo que generó la reacción de JxC.
Los integrantes de Juntos por el Cambio que forman parte de las comisiones de Libertad de expresión y Comunicaciones e informática de la Cámara baja manifestaron su preocupación por las expresiones de las autoridades del Ministerio de Seguridad que declararon que “todas las fuerzas realizan 'ciberpatrullaje' en las redes sociales para detectar el humor social” (sic).
“Consideramos que aplicar ‘ciberpatrullaje’ al ‘humor social’ no constituye delito alguno, sino que se corresponde con el despliegue del derecho a expresarse libremente”, expresaron los legisladores opositores.
Por otra parte instaron a las autoridades del Ministerio de Seguridad a “evitar los excesos en el uso de esta herramienta y limitarla estricamente para detectar delitos en temas que afectan a las libertades establecidas en nuestra Constitución y en todos los tratados de Derechos Humanos”.
"Auscultar el humor social desde el Estado como así también la opinión pública es una actividad expresamente prohibida por la Ley Nacional de Inteligencia”, concluyeron los diputados a través de un comunicado.
