En un contexto de alta tensión geopolítica en América Latina, el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de declaración para expresar el respaldo oficial de la institución a la captura y remoción del territorio venezolano del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Esta iniciativa surge horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una operación militar a gran escala en Caracas que resultó en la detención de la pareja, un evento que ha sacudido la región y generado reacciones divididas a nivel global.

La operación, confirmada por Trump a través de su red social Truth Social, involucró ataques aéreos y el despliegue de fuerzas especiales estadounidenses, como la Fuerza Delta, para extraer a Maduro de un búnker fortificado en el corazón de Caracas. Según reportes, Maduro y Flores fueron trasladados a bordo del buque USS Iwo Jima y serán llevados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción en un tribunal federal. Trump, quien supervisó la acción desde su residencia en Mar-a-Lago, describió el operativo como un “éxito total” y afirmó que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela hasta garantizar una transición democrática segura.

El documento presentado por los diputados de LLA resalta que la captura se produjo mediante una operación liderada por organismos de combate al crimen organizado y narcotráfico de Estados Unidos. Se menciona explícitamente el rol del presidente Trump, quien, según el proyecto, coordinó conferencias previas con líderes estadounidenses y venezolanos para lograr la colaboración y el cumplimiento de órdenes de captura internacionales.

Los fundamentos destacan que este evento representa un “hito sin precedentes” en la historia reciente de América Latina, con un impacto directo en la defensa de los derechos humanos, la democracia y la gobernabilidad en Venezuela. Se hace referencia a múltiples violaciones sistemáticas documentadas por organismos internacionales como la OEA, Naciones Unidas y relatorías de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales, persecución política y afectaciones graves a la población civil. El texto cita intervenciones puntuales en territorio venezolano desde 2009 en defensa de la democracia, denunciando las “insalubres condiciones de vida” impuestas por el régimen chavista y la retención de Maduro sin paradero conocido desde diciembre de 2024, y cita puntualmente el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, “retenido por Maduro sin paradero conocido desde diciembre de 2024”.

Además, se enfatiza el proceso penal en curso contra Maduro en la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos de millones de venezolanos. El proyecto subraya la necesidad de cesar prácticas autoritarias, restaurar la legalidad constitucional y proteger vidas humanas, posicionando el respeto al Estado de Derecho, la libertad y la integridad de las personas como elementos clave. Se menciona también el respaldo a iniciativas internacionales contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, alineándose con principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

El documento concluye solicitando a los pares legislativos que acompañen el proyecto, argumentando que acciones como esta fortalecen los mecanismos de justicia internacional y protegen los principios democráticos en la región. Se alude a figuras como el presidente Javier Milei y por los gobiernos democráticos del mundo, que “constituyen el primer paso para el cumplimiento cabal de todo nuestro continente de la Carta Democrática Interamericana, suscrita en Lima en 2001, de la que Venezuela se desvió desde la asunción como presidente de Hugo Chávez”.