Desde Unión por la Patria presentaron un proyecto para expresar preocupación por el cierre del canal y la plataforma CineAr, dependientes del INCAA, y por los despidos de personal. También solicita informes sobre el destino de los trabajadores y el presupuesto asignado.
La diputada nacional Marcela Passo, junto a sus pares Silvana Ginocchio, Magalí Mastaler y Pablo Carro, presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para expresar su repudio a la resolución 41/25 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que —según advierte— pretende restituir los efectos negativos del decreto 340/25. En el mismo texto, los legisladores manifiestan su preocupación por el inminente cierre del canal de cable/satelital y la plataforma CineAr, ambos espacios dependientes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
El proyecto también solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe los motivos del cierre, el destino del personal afectado, el costo presupuestario de funcionamiento de CineAr y una comparación de las partidas asignadas en los últimos cinco años.
En los fundamentos, Passo recuerda que CineAr —inaugurado en 2010 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo el nombre INCAA TV— ha sido un difusor clave de la cinematografía nacional, con programación las 24 horas que incluye desde clásicos del cine argentino hasta producciones recientes.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, tanto el canal como la plataforma han sufrido recortes presupuestarios y reducción de personal. Actualmente, sólo diez operarios —cinco de planta y cinco contratados— mantienen en funcionamiento CineAr TV y CineAr Play, lo que representa una sobrecarga laboral significativa.
Según datos del propio INCAA, la operación de CineAr Play, CineAr TV y CineAr Estrenos demanda una erogación anual de 330 mil dólares, equivalentes a unos 495 millones de pesos, lo que representa apenas el 0,933% del presupuesto total del organismo.
Passo denuncia que el gerente general del INCAA, Carlos Vargas Eguinoa, presionó a los empleados para que opten entre un retiro voluntario o el pase a disponibilidad en un plazo de diez días, mientras que los contratados sólo tendrían continuidad hasta fin de año.
“La cultura argentina no puede privarse de un espacio de difusión de nuestra industria cinematográfica ni permitir que quienes no pueden pagar para ver cine se vean vedados de este consumo cultural”, concluye la diputada.