Un estudio realizado por CEDyAT, CIPPEC, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y el Instituto de Investigación y Educación Económica (I+E)  sobre la Administración Pública en Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Rio Negro y Tucumán, brinda información acerca del aporte de las TICs en los formatos de trabajo remoto e híbrido y su impacto durante el contexto de ASPO y DISPO entre 2020 y 2021.

La encuesta fue presentada en la comisión de trabajo “Nuevos escenarios del empleo público en contexto del Covid-19”, en el marco del Plenario presencial de Vintecar que se realizó en Buenos Aires.

Ante la llegada de la Pandemia, las administraciones públicas provinciales tuvieron que adaptar sus formatos de trabajo para dar respuesta a las demandas ciudadanas mientras se cumplía con el aislamiento impulsado por el Gobierno nacional. Para analizar la situación que atravesaron los empleados estatales, se realizó una muestra de 549 agentes, sobre un universo total de 2919.

La evidencia también expresa una limitada o nula transferencia de dispositivos tecnológicos para el desempeño laboral durante el aislamiento. Desde marzo de 2020, la mayoría de los encuestados utiliza dispositivos tecnológicos personales para el trabajo remoto. El teléfono móvil (453) y computadora portátil personal (295) se imponen en ése orden de jerarquía. También se registra un elevado uso de la computadora de escritorio laboral (274), lo que sugiere una alta presencialidad en las oficinas públicas. A su vez, dentro de estas administraciones públicas provinciales, predomina el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram. Y un uso extendido del correo electrónico institucional y sistemas de expediente digital.

Mariano Terre, coordinador de Gestión Digital del CEDyAT, diferenció el contexto actual: “durante este año, la presencialidad en las oficinas públicas aumentó con las flexibilizaciones en las normativas de circulación. Hoy, más del 78% de los encuestados vuelve a sus dependencias. Asimismo, se puede observar que el trabajo remoto abrió nuevas posibilidades, y el 71% de los trabajadores cree que esta modalidad llegó para quedarse en una modalidad mixta”.

Asimismo, la información revela datos del propio entorno laboral de los empleados provinciales, con una disparidad significativa, de más del 18%, en el tiempo y dedicación al cuidado y las tareas del hogar por parte de cada género, con significativa predominancia por parte de las mujeres, el 80% de las encuestadas se reconocen como las principales cuidadoras del hogar. Esto devela la necesidad de sensibilizar, mejorar y contribuir a una adaptación del trabajo remoto e híbrido sostenible, compatible con estas tareas y con perspectiva de género.

Otros datos destacados que se desprenden de la muestra indican que:

–          Mendoza triplicó la cantidad de trámites realizados de manera virtual.

–          Río Negro confeccionó un protocolo de vuelta a la presencialidad en acuerdo con los sindicatos.

–          Tucumán amplió la cantidad de certificados virtuales.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) llevará a cabo este lunes en el predio de La Rural el Encuentro Anual CIPPEC 2021, donde la institución presentará su nueva iniciativa denominada Democracia 40, que ve la luz con el objetivo de “impulsar un proceso de diálogo público participativo, federal, intergeneracional y multiactoral basado en evidencia para producir recomendaciones de política pública que contribuyan a una estrategia de desarrollo sostenida de la Argentina”.

Se trata del primer evento que la organización brindará luego de mucho tiempo, dado que el año pasado, y debido a las circunstancias sanitarias, se vieron obligados a postergar su tradicional encuentro anual destinado a recaudar fondos. Sin embargo, en esta ocasión, el motivo de la reunión girará en torno al proyecto institucional que prevén extender hasta 2023: “Será un evento político único en el país por su pluralidad y nivel de convocatoria”, aseguran desde CIPPEC.

Aunque el aforo será limitado para cumplir los protocolos establecidos a raíz de la pandemia del COVID 19, se estima que asistirán alrededor de 250 personas, entre los cuales habrá referentes de todos los arcos políticos, representantes del gobierno, líderes empresariales, sindicalistas, embajadores y académicos, entre otros.

Los oradores encargados de dar a conocer la iniciativa Democracia 40, que podrá seguirse en vivo a partir de las 19.00 Hs. a través de Twitter e Instagram, serán la directora ejecutiva de la organización, Gala Díaz Langou, y el presidente del Consejo de Administración de la entidad, Sergio Kaufman.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) presentó un informe en el que analiza y pone en valor la adaptación y modernización de la Cámara de Diputados durante la pandemia y los desafíos de legislar en este contexto. Destaca la figura del presidente de la Cámara, Sergio Massa, en el proceso de innovación.

A un año de la primera sesión virtual de la historia en la Cámara de Diputados, el CIPPEC elaboró un informe bajo el nombre “Sesiones virtuales, un hito en la historia de Diputados” en el que destaca el proceso de modernización e innovación impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, durante la pandemia por Covid-19 para garantizar el funcionamiento de la Cámara baja.

El documento define al proceso de adopción de herramientas tecnológicas para la labor legislativa remota como un “hito”, a su vez que destaca el trabajo coordinado de todas las fuerzas políticas y personal para el desarrollo del sistema telemático. El informe expone: “El Congreso debía participar activamente en la definición y control de políticas públicas en el marco de la emergencia sanitaria”. 

En este sentido, la investigación analiza el proceso de adopción e implementación de las nuevas tecnologías a través de los siguientes ejes: la legitimidad, la integridad, la accesibilidad y la transparencia del proceso legislativo, y su impacto sobre las funciones de legislar, controlar y representar. 

“Debemos transitar el camino de la innovación y la modernización del parlamento como instrumento de la democracia. Adaptar la democracia al Siglo XXI, porque la tecnología vino para quedarse y ser parte de nuestra vida. Somos contemporáneos a la revolución de la tecnología y la información, y la representación de la gente no puede estar ajena o negarse a ese hecho”, expresó Massa. 

En materia de legitimidad, el CIPPEC resume el camino hacia el funcionamiento remoto y destaca el consenso para que la Cámara de Diputados haya continuado funcionando en el marco de la pandemia, luego de la primera sesión mixta  el 13 de mayo de 2020 en la cual se aprobó el Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto. 

CIPPEC-DIGITAL-HCDN

El informe pone en valor la “igualdad de acceso” que permitió la adopción del sistema telemático, “logrando la pluralidad de voces y garantizando el federalismo“. “La virtualidad puede favorecer el presentismo”, declara el documento, que también argumenta la transparencia del sistema remoto, ya que “exige a que todas las reuniones de comisión y las sesiones remotas sean transmitidas en vivo para garantizar su publicidad y que también las grabaciones deban permanecer disponibles en los canales institucionales de la Cámara”. 

En cuanto a las percepciones de los diputados frente a la adopción de las nuevas tecnologías, una encuesta asegura que el 77% de los diputados cree que el mecanismo utilizado garantizó la integridad legislativa y el 80% cree que las sesiones virtuales mantienen o mejoran la transparencia del trabajo legislativo. 

“Junto con Sergio Massa asumimos el compromiso de poner la tecnología como puente, modernizar y federalizar el Congreso, haciéndolo más accesible para los ciudadanos y más eficiente como cuerpo legislativo”, consideró Juan Manuel Cheppi, secretario general de la Cámara baja. Y agregó: “Este ha sido uno de los años más productivos de la historia del Congreso y nos marca el camino a seguir. Un camino de modernización, diálogo y transparencia”.

“En la actualidad, muchos de los cambios más importantes pasan por la utilización tecnología para favorecer e impulsar el funcionamiento parlamentario en un momento clave. Logramos desarrollar y mantener un esquema de funcionamiento con gran actividad gracias al acuerdo político entre los bloques, al compromiso técnico de los equipos de la HCDN y al trabajo de capacitación y asistencia continua”, sostuvo Manuel Cotado, director de Modernización de la Cámara baja.

Durante la reunión del jueves pasado convocada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado para debatir sobre el proyecto de teletrabajo, se advirtió desde la oposición que en el debate en esa cámara faltaba la tercera pata de la discusión, en referencia al sector empresarial, que fue finalmente convocado este lunes para asistir a la sesión remota prevista para el miércoles.

En efecto, este miércoles a partir de las 11 han sido convocados representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA); de ARGENCON, entidad que nuclea a empresas prestadoras de servicios de todos los verticales de la Economía del Conocimiento, y del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), quienes podrán expresarse respecto del proyecto que ya fue aprobado en la Cámara baja y que despierta rechazo en algunos de sus artículos de parte de los empresarios.

Se verá si el oficialismo cumple con su postura expuesta la semana pasada en torno a emitir dictamen esta misma semana, o bien se estiran los tiempos, en caso de que decidan hacerle modificaciones al proyecto que cuenta con media sanción.

La iniciativa incorpora el artículo 102 bis a la Ley de Contrato de Trabajo señalando que “habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios” sea “efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

Además, ese nuevo artículo señala que “las regulaciones específicas del teletrabajo se establecerán para cada actividad mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”.

La iniciativa indica que “las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración será la correspondiente al convenio colectivo de trabajo, no pudiendo ser inferior, en su caso, a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial”.

En lo que respecta a la jornada laboral, ésta deberá “ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos”.

En tanto, “las plataformas y/o software utilizados por el empleador” tendrán que “desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma”.

En ese sentido se introduce el derecho a la desconexión digital, por el cual la persona que trabaja bajo esta modalidad “tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias” y “no podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho”.

“El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral”, agrega el texto.

Sobre la tarea de cuidados, quienes “acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”.

“Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio resultando aplicables las previsiones de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios”, añade el articulado.

El proyecto que ahora deberá tratar el Senado indica que “el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito”.

En lo que respecta a la reversibilidad del consentimiento, el mismo podrá ser revocado por el trabajador “en cualquier momento de la relación”. “En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”, dispone.

Si el empleado se niega, “dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas”.

La reversibilidad sólo se dará con la voluntad del empleado, aunque se aclara que “en los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

La iniciativa establece que “el empleador debe proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja”.

En tanto, el trabajador remoto “tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar” y “dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y quedará exenta del impuesto a las Ganancias”, un pedido que hizo la CGT.

La autoridad de aplicación de la ley -que entrará en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio-, será el Ministerio de Trabajo, que dictará normas referidas a la seguridad e higiene; incorporará las nuevas enfermedades laborales por esta modalidad; tendrá a cargo la fiscalización; y llevará un registro en el cual deberán estar anotadas las empresas que desarrollen esta modalidad.

Sobre las “prestaciones transnacionales”, se aplicará al contrato de trabajo respectivo “la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja”.

“En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones”, completa.

El texto también abarca cuestiones referidas a la capacitación; la protección de la información laboral; el derecho a la intimidad; la representación digital; y el goce de todos los derechos colectivos.

Los momentos de crisis requieren de políticas legítimas y decisiones consensuadas. Al ser el Congreso de la Nación el ámbito natural de estos procesos, es necesario que en el contexto de la pandemia retome la tarea legislativa, ya sea a través de sesiones presenciales con protocolos sanitarios, o incorporando tecnología para el trabajo legislativo virtual.

Un estudio de CIPPEC sobre el reglamento del Congreso de la Nación encontró que existen tres maneras por las cuales ambas cámaras podrían implementar modalidades virtuales para el trabajo legislativo.

El trabajo “Legislando desde casa. Recomendaciones para el funcionamiento remoto del Congreso en Argentina”, elaborado por Carolina Tchintian, Belén Abdala, e Iván Seira, encontró que al no existir prohibiciones en ninguna de las dos cámaras para la incorporación de tecnología, existen tres caminos posibles para que cada Cámara implemente la modalidad remota para el trabajo de los legisladores.

En primer lugar, las autoridades de cada Cámara podrían impulsar un proyecto de resolución que defina los procedimientos de trabajo bajo una modalidad remota. En este camino, la necesidad de la reforma de la normativa interna podría quedar para una instancia posterior.

El segundo camino es una reforma de los reglamentos de cada Cámara para que se explicite la posibilidad de tener sesiones y reuniones de comisión virtuales. Para esto se necesita la discusión y sanción de un proyecto de ley en modalidad presencial.

La tercera opción sería que las autoridades de cada Cámara, al no existir una prohibición taxativa del uso de tecnologías en el trabajo legislativo, habiliten sin más una sesión virtual excepcional para comenzar a trabajar en la reforma del reglamento.

La incorporación de tecnología al proceso legislativo es una alternativa que ya comenzó a ser explorada por varios países de la región, como lo explica este documento previo de CIPPEC que repasa el trabajo legislativo en contexto de la pandemia. Ecuador, explica el documento, modificó su reglamento por medio de una resolución, Paraguay votó la modificación de su reglamento y en Colombia se autorizó vía un decreto legislativo del presidente.

Con respecto a la agenda legislativa en esta nueva modalidad, el Congreso también podría definir sobre los temas que se podrán tratar de manera virtual.

“Se observan dos grandes alternativas en el contexto de la pandemia. La primera, utilizada por ejemplo por Italia, limita la selección de temas a discutir y los circunscribe únicamente a aquellos asociados a la urgencia de la crisis. Por otro lado, la alternativa más utilizada durante la implementación de sesiones remotas es la de preservar las potestades propias de los congresos para que legislen sobre aquellos temas que son de su competencia”, sostiene el trabajo.

Por último, el estudio de CIPPEC destaca que la incorporación de tecnología en la labor legislativa debe asegurar la integridad del proceso en su conjunto, fundamentalmente incorporando medidas de seguridad informática. Esto implica implementar soluciones de seguridad en los dispositivos de los legisladores; garantizar la identidad de los usuarios, especialmente durante el momento de emisión del voto, utilizando técnicas de identificación facial; y desarrollar planes de contingencia en caso que las herramientas utilizadas fallen.

“La modificación del proceso legislativo para la incorporación de tecnología en nuestro país tiene que garantizar la legitimidad de los procesos, y asegurar valores como la igualdad de la accesibilidad de la información, de los recursos y mecanismos adoptados, la transparencia y publicidad de los actos celebrados, y la integridad del proceso en su conjunto”, dice Carolina Tchintian, directora del Programa de Instituciones Políticas de CIPPEC.