Así lo advirtió el Círculo de Políticas Ambientales respecto de las falencias en el proceso y en el contenido de la reforma. También subrayaron la incidencia del lobby minero en la redacción de la ley.
En el marco de la audiencia pública en la Cámara de Diputados por la modificación a la Ley e Glaciares, el Círculo de Políticas Ambientales cuestionó el rol del sector minero como “hacedor de la ley de Glaciares”, la falta de debate amplio, transparencia y participación efectiva.
En representación de la organización estuvo su directora ejecutiva, María Eugenia Testa, quien manifestó el rechazo a la modificación de la ley de preservación de glaciares y del ambiente periglacial. Además, planteó objeciones tanto al contenido de la iniciativa como al procedimiento legislativo adoptado, señalando la ausencia de un debate amplio, informado y transparente, así como la limitada participación de actores técnicos y científicos especializados.
“Nos encontramos ante un hecho inédito: el gobierno nacional, en alianza con algunos gobiernos provinciales —principalmente Mendoza, San Juan y Salta—, y con la anuencia de legisladores oficialistas y aliados, está impulsando una regulación ambiental de alcance federal diseñada por el propio sujeto regulado. Tal como surgió durante el tratamiento exprés de la iniciativa en el Senado, el único sector escuchado e involucrado en el diseño de esta reforma ha sido el sector minero”, cuestionó.
En ese sentido, Testa sostuvo que “la modificación de la Ley de Glaciares resulta objetable no solo por su contenido, sino también por su origen y procedimiento”, y remarcó la importancia de garantizar instancias de deliberación pública genuinas.
A su vez, se advirtió que el proceso presenta aspectos que generan preocupación institucional, como el tratamiento acelerado del proyecto, la escasa discusión en comisiones y la falta de instancias participativas sustantivas en etapas previas.
En relación con la audiencia pública, se señalaron irregularidades que afectan el ejercicio del derecho a la participación ciudadana, entre ellas cambios en los criterios de participación, falta de acceso a la información sobre inscriptos y oradores y la exclusión de un número significativo de personas interesadas en exponer.
En este contexto, Testa agregó: “no puede garantizarse una participación real si se restringen las condiciones de acceso y se limita la pluralidad de voces en una instancia clave del proceso legislativo”.
Finalmente, se destacó que el debate sobre la protección de los glaciares y el ambiente periglacial reviste una importancia estratégica, dado su rol como reservas de agua dulce y soporte de múltiples actividades productivas y sociales.
El informe fue elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales donde compara las posiciones asumidas por los gobernadores provinciales durante el debate por la modificación de la Ley de Glaciares, recientemente aprobada en la Cámara de Senadores.
Luego de que el Senado de la Nación otorgara media sanción al proyecto que modifica la Ley de Protección de Glaciares (Ley N.º 26.639), el Círculo de Políticas Ambientales relevó cómo se posicionaron los gobernadores provinciales frente a la iniciativa a través del voto de sus senadores.
Desde la organización, señalaron que la reforma aprobada en la Cámara alta “reduce el nivel de protección vigente para los glaciares y el ambiente periglacial, ecosistemas estratégicos que constituyen reservas fundamentales de agua dulce y cumplen un rol clave en la regulación hídrica y climática de distintas regiones del país y altera las competencias ambientales que establece la Constitución Nacional bajo la lógica del federalismo de concertación”.
En el marco de la discusión legislativa, a través de sus senadores, algunos gobernadores se alinearon tras el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, mientras que otros se posicionaron en contra de modificar la normativa vigente.
Entre quienes rechazaron la reforma y buscan sostener la protección establecida por la Ley de Glaciares sancionada en 2010 se encuentran Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
En contraste, otros mandatarios provinciales acompañaron la modificación, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Poggi (San Luis).
La organización busca “aportar mayor transparencia al debate público y facilitar el acceso a información sobre las posiciones adoptadas por los mandatarios provinciales en relación con la reforma”.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde “aún existe la posibilidad de rechazar la iniciativa y mantener el nivel de protección establecido por la legislación vigente”. Por ello, organizaciones de la sociedad civil han advertido que “cualquier modificación que reduzca los estándares de protección podría afectar ecosistemas estratégicos para la seguridad hídrica del país y comprometer la disponibilidad de agua para millones de personas”.
A través de un informe del Círculo de Políticas Ambientales, advirtieron al Poder Legislativo por el final del Régimen de Promoción de Energía de Fuentes Renovables.
El Círculo de Políticas Ambientales (CPA) presentó un informe cualitativo en el que manifiesta su descontento con la ausencia de sanción de leyes ambientales en lo que va del período 2025. En el mismo relevamiento señalaron que la actividad legislativa viene siendo escasa desde el 2024 y alertaron sobre el final del Régimen de Promoción de Energía de Fuentes Renovables que vence en diciembre próximo.
La directora del CPA, María Eugenia Testa, se refirió a los datos del informe: “Al igual que en 2024, pero a diferencia de otros años, la agenda ambiental en el Congreso está paralizada”. “Lo que sucede en las comisiones es llamativo, nunca vimos tan poca actividad: no hay debate, no se incluyen temas importantes en la agenda, los proyectos no avanzan, las reuniones informativas quedan en la nada y ni siquiera se llega a conseguir dictamen”, alertó.
A su vez, cuestionó que “hay comisiones en las que las autoridades no responden a los pedidos de los propios legisladores para sesionar, ni atienden los reclamos de la sociedad civil”. En esa línea, consideró que “esto responde al férreo alineamiento de una buena parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, a la agenda del Gobierno y al desentendimiento de este tema por parte de otros sectores que hasta hace poco decían estar interesados”.
Referida a la composición de las dos cámaras, Testa apuntó, también, contra los bloques de la oposición dialoguista: “El oficialismo, por sí solo, no cuenta con el número suficiente para frenar este tipo de proyectos”.
Así, las cosas el balance del informe del primer semestre 2025 dio como conclusión a un Congreso poco activo en comisiones y sin resultados concretos en materia ambiental. Las iniciativas avanzan a paso lento, los despachos de comisión no llegan a convertirse en dictámenes, los escasos dictámenes se acumulan y las leyes no llegan al recinto.
“El país necesita una agenda ambiental ambiciosa y sostenida, no solo declaraciones y medidas reactivas. El Congreso tiene una deuda urgente con la sociedad y con el futuro del ambiente en la Argentina porque recordemos que es el único poder que tiene la competencia de regular en materia ambiental a nivel federal”, finalizó Testa.
A pesar de que restan pocos meses para el cierre del año legislativo, múltiples iniciativas en materia ambiental continúan sin tratamiento efectivo en el Congreso de la Nación. Entre ellas figuran el Régimen de Promoción de Energía de Fuentes Renovables —cuya vigencia expira a fines de 2025—, la gestión de envases y embalajes, neumáticos fuera de uso, sustancias químicas, la trazabilidad en la pesca, y la creación de una norma federal de evaluación de impacto ambiental.
Si bien algunas propuestas han sido abordadas en comisión, apenas una logró obtener dictamen, y ninguna llegó al recinto para su debate y eventual sanción.
En la Cámara de Diputados, sólo tres proyectos de ley vinculados al ambiente mostraron avances parciales:
En el Senado, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable sólo aprobó proyectos de declaración simbólica:
Ninguna de estas iniciativas fue tratada en sesión plenaria.
Asimismo, se llevaron a cabo reuniones informativas:
Pese a estos espacios de diálogo, los expedientes siguen sin avanzar en el circuito legislativo formal.
El presidente de la Nación participó de la Tercera Cumbre Mundial de los Océanos de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en Niza. Desde el Círculo de Políticas Ambientales celebraron su presencia, pero reclamaron que “debe ser acompañado por acciones concretas”.
Ante la presencia del presidente Javier Milei en la Tercera Cumbre Mundial de los Océanos de las Naciones Unidas (UNOC3) en Niza, Francia, organizaciones ambientales reclamaron que el gobierno argentino avance en la ratificación del Acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), también conocido como Tratado de Alta Mar.
El país, que firmó el Acuerdo en 2024, aún no ha avanzado en el proceso legislativo para su aprobación debido a que el Poder Ejecutivo no envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación.
El Tratado de Alta Mar es complementario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) e introduce nuevas herramientas para proteger y conservar la alta mar mediante una mejor cooperación y coordinación de las distintas naciones. Tiene como objetivos promover la investigación científica a nivel mundial y garantizar el acceso justo y equitativo a los beneficios monetarios y no monetarios que resultan del aprovechamiento de los recursos genéticos marinos.
“Es fundamental que Argentina ratifique el Tratado de Alta Mar, no sólo porque la vida en el planeta depende de la salud de los océanos, sino porque no podemos quedarnos fuera de las negociaciones globales para su conservación y aprovechamiento responsable”, manifestó desde Francia, Milko Schvartzman, encargado de conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales.
En esa línea, agregó: “La presencia del primer mandatario argentino en la Cumbre de los Océanos es para destacar, pero ello debe ser acompañado por acciones concretas y una de ellas es sumar al país al grupo de países que ya son parte del Tratado”.
De la UNOC3, que cuenta con el impulso de Francia, participaron mandatarios de varios países, entre ellos el de Brasil, Ignacio “Lula” da Silva; Pedro Sánchez del Gobierno de España; el presidente costarricense Rodrigo Chaves y el presidente Javier Milei por la Argentina. También asistieron los líderes de la ONU, el portugués António Guterres, y de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen.
El gobierno de Emmanuel Macron busca que, tras el encuentro, los gobiernos se comprometan a garantizar la pronta entrada en vigor del Tratado de Alta Mar y así comenzar a establecer reglas para su uso.
Las zonas fuera de la jurisdicción nacional (o alta mar) representan cerca de dos tercios del océano y son un bien global común. En la actualidad, esas áreas están siendo sometidas a crecientes presiones con impactos cada vez más significativos en lo ambiental, económico, social y cultural.
El Tratado de Alta Mar aborda la pérdida de diversidad biológica y la degradación de los océanos, debido, en particular, a los impactos del cambio climático; a la contaminación; y al uso insostenible. Para ello incorpora nuevos instrumentos: el acceso equitativo a los recursos genéticos marinos; la adopción de mecanismos de gestión por zonas, incluidas las áreas marinas protegidas; la implementación de la evaluación de impacto ambiental; y la capacitación y transferencia de tecnología marina.
El Tratado incluye, además, una serie de principios, entre ellos el que garantiza que ni éste ni sus disposiciones podrán utilizarse para realizar reclamaciones de soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. También establece los órganos que serán necesarios para su implementación, las disposiciones de financiación, orientaciones sobre cómo resolver conflictos, etc. Fue adoptado por consenso el 19 de junio de 2023, luego de 20 años de negociaciones.
A través de un informe plantearon que la situación del sector pesquero es “alarmante” en cuanto a la transparencia de datos en formato de registro digital, online y actualizado de embarcaciones pesqueras y permisos ante la “demanda global por trazabilidad y legalidad”.
Mientras en el Senado se retomó el debate por una ley de trazabilidad de la pesca y en Diputados sectores de la industria pesquera expusieron sobre la crisis que atraviesa el sector, las organizaciones Sin Azul No hay Verde y el Círculo de Políticas Ambientales realizaron un informe en el que alertan que Argentina está última en el ranking de transparencia pesquera de la región.
El informe "Acceso a la información pública: antecedentes de registros de embarcaciones y permisos pesqueros", revela que el país está último en el ranking de países de la región (con flota industrial pesquera), que evalúa la accesibilidad y visibilidad a los datos de embarcaciones pesqueras. La información de buques pesqueros es fundamental, para evaluar si los operadores están actuando dentro del marco de la ley y de forma sostenible.
El documento releva y compara más de una docena de registros de países latinoamericanos y europeos y elabora un índice de transparencia que permite visualizar el estado de apertura de cada país. En ese ranking, Argentina aparece en el último lugar, con puntuación cero.
El reporte señala que prácticamente todos los países de la región latinoamericana con importantes flotas pesqueras industriales tienen algún tipo de registro de pesca con listados publicados y actualizados, donde se puede acceder a datos de las compañías, los buques, las licencias y/o permisos. “El caso de la Argentina llama la atención, porque a pesar de contar con un registro de pesca, su información no está publicada”, denunciaron.
Países como Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Uruguay y México, ya cuentan con plataformas digitales que permiten a la ciudadanía consultar datos clave sobre la flota pesquera y los permisos otorgados.
Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, señaló que “es muy importante contar con un registro en línea de buques pesqueros con información detallada, para conocer si una embarcación está autorizada a pescar en una determinada zona y en un determinado momento; si tiene permiso para pescar ciertas especies o si puede usar determinado tipo de arte de pesca; o si tiene una cuota de pesca y no se ha excedido con esa capacidad; además, cuáles han sido sus antecedentes en las operaciones y si se debe conceder el derecho de acceso a un caladero”.
En el marco de la campaña “Mar Abierto. Promoviendo la transparencia pesquera”, las organizaciones Sin Azul No Hay Verde y el Círculo de Políticas Ambientales, exigen la publicación de los datos en formato de registro digital, online y actualizado de embarcaciones pesqueras y permisos.
“En un contexto de creciente demanda global por trazabilidad, legalidad y sostenibilidad en la explotación de los recursos marinos, Argentina se encuentra rezagada, sin ofrecer siquiera datos básicos. Esta situación no es un problema técnico, sino político. La información existe: la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura la recopila para su administración interna. Lo que falta es voluntad para abrirla a la ciudadanía, al sector y a los organismos de control”, afirmó Juan Coustet, Coordinador de Investigación de Sin Azul No Hay Verde.
Ningún proyecto de interés ambiental logró convertirse en ley durante el 2024. Hubo pocas sesiones en la comisión de ambiente y la mayor parte de ellas solo a título informativo. Las conclusiones surgen de la Agenda Ambiental Legislativa 2025 que presentó el Círculo de Políticas Ambientales.
Entre otros déficits, ningún proyecto de interés ambiental logró convertirse en ley durante el 2024, lo que evidencia la dificultad de avanzar en estos tópicos dentro del actual contexto legislativo. En líneas generales, fue un año de baja actividad en cuanto al tratamiento parlamentario en la materia, en consonancia con la avanzada desregulatoria del Poder Ejecutivo y la desarticulación de la política ambiental a nivel nacional.
Estos datos se desprenden de la Agenda Ambiental Legislativa 2025, que por 7mo. año consecutivo presentó el Círculo de Políticas Ambientales. Se trata de un documento en el que especialistas de diversas disciplinas analizan los proyectos de ley en materia ambiental y energética con estado parlamentario, con el fin de aportar su perspectiva al debate en el Congreso de la Nación.
La única ley con alguna “arista ambiental” aprobada por el Congreso fue la declaración de la emergencia ambiental, económica y habitacional en zonas afectadas por incendios en Córdoba (Ley 27.782).
La Agenda de este año incorporó a sus clásicas secciones de Energía y cambio climático; Biodiversidad; Contaminación y Acuerdos internacionales, un apartado sobre el contexto global y nacional de las políticas ambientales, y otro relacionado a la institucionalidad ambiental.
“La trazabilidad de la pesca, la promoción de las energías renovables, la conservación de la biodiversidad, entre otros, siguen siendo temas absolutamente relevantes. Soslayar su tratamiento no sólo implica una pérdida de oportunidades en el campo social, económico y ambiental hacia adentro del país sino también en la competitividad de la Argentina frente al mundo. Por otro lado, el abandono del gobierno nacional de la política ambiental ha generado nuevos debates inmediatos: cómo dotar a las provincias de marcos institucionales federales en la materia que sean uniformes y sólidos, cómo evaluar el impacto de las regulaciones y cómo lograr que el Congreso, haciendo uso de sus competencias, realice el seguimiento y control de la implementación de las leyes que sancionó”, señaló María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.