Después de que se conociera el brutal asesinato de Uma -una nena de 9 años, hija de un custodio de Patricia Bullrich-, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, adelantó que le pedirá a la Legislatura porteña que avance con una Ley de Reiterancia.

A través de su cuenta de X -ex Twitter-, el alcalde porteño afirmó que le pedirá a sus legisladores trabajar en ese sentido. “Desde la Ciudad vamos a avanzar con nuestros legisladores en la Ley de Reiterancia para que rija un criterio de justicia más severo y estricto que reemplace al de la actual ley de reincidencia. Con más de dos procesos en curso por delitos cuya pena no sea excarcelable, el delincuente espera el juicio preso”, aseveró.

“Necesitamos dejar atrás la lógica garantista que libera delincuentes que vuelven a matar, robar o violar. En la Ciudad tenemos muy en claro de qué lado estamos: nunca del lado de los delincuentes”, completó.

Cabe recordar que días atrás Macri ya había hecho otro singular pedido en pos de la seguridad: expulsar a los extranjeros que delinquen. “Hay expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen. Anoche ante una alerta al 911 personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera, y que intentaron darse a la fuga. Los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina”, manifestó el pasado 11 de enero.

Atento a esta situación, Macri aseguró que “se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo”.

“Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”, completó.

En medio de la fuerte crisis económica que se vive en todo el país, la diputada del MST Cele Fierro presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para que el distrito capitalino declare la “emergencia habitacional” por el plazo de dos años.

A través de esta iniciativa se buscará asegurar el acceso a una “urgente” solución habitacional para toda persona o grupo familiar que lo requiera; garantizar la continuidad de quienes ya están habitando una vivienda y por razones económicas no puedan seguir sosteniendo el gasto; elaborar e implementar la realización de un rápido relevamiento sobre la situación habitacional de la Ciudad que pueda discriminar no solo entre propietarios, inquilinos, ocupantes u alojados en hoteles o pensiones, sino también sobre las condiciones de habitabilidad de los inmuebles o el hacinamiento; y asistir prioritariamente a la población más vulnerable resultante de dicho relevamiento a la que se le otorgará un subsidio inmediato, como primera medida.

El proyecto también estable que durante esa emergencia se suspenderán los desalojos forzosos, judiciales o administrativos en el ámbito de la Ciudad, de todos aquellos inmuebles pertenecientes al Gobierno porteño utilizados con uso manifiesto de vivienda, hasta tanto se dé intervención y se expida el Comité de Emergencia, el cual se crearía en caso de que esta iniciativa sea aprobada por el cuerpo parlamentario.

“Cuando los inmuebles en cuestión fueran propiedad del Estado Nacional y localizados en el ámbito de la Ciudad y utilizados con uso manifiesto de vivienda, el Poder Ejecutivo realizará las gestiones ante los entes nacionales que correspondiere a los efectos de suspender todas las actuaciones iniciadas o a iniciarse en materia de desalojo. Asimismo, se suspenden por el plazo de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente ley, las acciones y medidas procesales que tramiten en los tribunales de la Ciudad y que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles donde habitaren grupos familiares o personas”, sostiene el documento.

La iniciativa en cuestión plantea la creación de un Comité de Emergencia, el cual tiene como principal función el seguimiento y contralor el cumplimiento de la ley -en caso de que sea aprobada-; el mismo se reunirá quincenalmente y en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos de la iniciativa, Fierro planteó que “cualquier persona que habite nuestro país no puede, como mínimo, no estar preocupada por la situación económica que empeora día a día luego de la brutal devaluación del peso. El poder adquisitivo de los salarios, que ya venían perdiendo por la creciente inflación y las paritarias que siempre corrieron por detrás, ahora han sufrido un mazazo que ha dejado a miles y miles por debajo de la línea de pobreza y miles en la indigencia”.

“Con una Ciudad a precios de regalo para el turismo internacional, Buenos Aires se ha convertido en un destino de compras para los extranjeros y con ello se ha provocado la dolarización de los alquileres y que los propietarios elijan poner sus departamentos para alquileres turísticos temporarios en dólares y retirarlos del mercado de alquileres para viviendas permanentes. Todo esto con el aval del Gobierno de la Ciudad que no ha controlado el desarrollo de la actividad de las plataformas online de alquileres (Ej: Airbnb). A pesar de haber votado una ley en 2019 en esta casa para la creación de un registro de alquiler turístico temporario, no se estableció ninguna regulación, por consiguiente, no han tributado por semejante negocio.  A septiembre de 2023 existían 445 viviendas registradas sobre 26.200 que se estaban ofertando en la Ciudad sólo por la plataforma Airbnb. El 90% correspondía a departamentos enteros, y tan sólo el 10% corresponden a habitaciones”, advirtió la legisladora del MST.

Al mismo tiempo que concluyó precisando que “frente a esta dolarización de hecho de los alquileres y ante la escasa oferta de los alquileres para vivienda permanente, los precios se fueron por las nubes y se tornaron impagables para la gran mayoría de los trabajadores porteños. Esto está demostrado incluso en datos oficiales, los precios de los alquileres en CABA subieron desde el 284,6% hasta el 308,7% en el último año. En diciembre, el salario mínimo que hoy se encuentra en 156 mil pesos ya no alcanza para alquilar un monoambiente y solo cubriría el 62,4% del mismo”.

Luego de que el presidente de la Nación, Javier Milei, presentara ante el Congreso una Ley Ómnibus, el jefe del bloque La Libertad Avanza (LLA) y mano derecha del mandatario, Ramiro Marra, anunció que impulsará en la Legislatura porteña un proyecto similar que prevé fuertes reformas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa, que ingresará en las próximas horas al parlamento local, plantea la privatización de múltiples empresas estatales de la Ciudad como el Banco Ciudad, SBASE (la administradora del subte), el Canal de la Ciudad, la Radio de la Ciudad, entre otras. En segundo lugar, se adhiere a la medida presentada por el presidente y permite que los cargos de planta permanente del estado de la Ciudad pasen a disponibilidad y puedan ser despedidos con previa indemnización. Además, la propuesta incluye el congelamiento del empleo público de la Ciudad.

En materia económica, el proyecto de Marra incluye la eliminación del impuesto inmobiliario, la eliminación de la plusvalía (proyecto que ya fue presentado) y plantea la discriminación del impuesto a los Ingresos Brutos en los tickets de compra emitidos. También, incluye una fuerte liberalización regulatoria que elimine capítulos enteros o artículos del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad, que regula la actividad de distintos rubros comerciales. Además, se eliminan artículos de la Ley Tarifaria que establecen el costo de los trámites que los comerciantes están obligados a realizar.

A su vez, el proyecto propone una rebaja en las alícuotas de Ingresos Brutos, según la necesidad y la urgencia, hay una escala de tres tipos de baja: alta (-25%), media (-15%) y baja (-10%).

En cuanto a la seguridad, Marra anticipó la modificación de la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública para otorgarle mayor libertad en su accionar al personal policiaco, la modificación de ascensos de personal para mejorar las condiciones del servicio de los policías y la adquisición de material específico para el cumplimiento del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich (como camiones hidrantes y elementos antidisturbios).

Mientras que en materia electoral, el proyecto replica el sistema electoral por circunscripción uninominal para la elección de cargos locales. Además, busca reformar el sistema de financiamiento de partidos políticos eliminando el tope máximo de aporte por persona, eliminando el aporte para la impresión de boletas a las agrupaciones políticas, eliminando los espacios de publicidad electoral en emisoras televisivas y de radio, y eliminando el límite de recursos privados de campaña por agrupación.

Respecto a la educación y la salud, Marra llevó como caballito de batalla el posible arancelamiento a los extranjeros sin residencia permanente en establecimientos públicos de la Ciudad. A su vez, buscará adherir a los exámenes unificados de servicio educativo al terminar el colegio secundario. En cuanto a la salud específicamente, buscará eliminar la intermediación sindical en materia de obras sociales y modificar la ley de salud mental de la Ciudad en la misma dirección que la modificación que planteó el presidente.

Finalmente, en cuanto al transporte, Marra ya presentó en su debido momento un proyecto para declarar el subte como servicio esencial, para evitar los paros del servicio y también la derogación total de la Verificación Técnica Vehícular (VTV).

Al respecto de la iniciativa, Marra concluyó asegurando que “reformar de una vez por todas el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reducir el gasto público, bajar los impuestos y darle a la gente que quiere trabajar en CABA las mejores condiciones posibles y que vuelva a ser la más liberal de América Latina”.

Tras haberse presentado en los tribunales federales de Comodoro Py junto a Leandro Santoro para denunciar una supuesta asociación ilícita entre policías y funcionarios del Gobierno de la Ciudad, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), aseguró que buscarán conocer la cantidad de brigadas que “operan” en el distrito capitalino y a quienes responden.

En ese sentido, la kirchnerista afirmó que “la corrupción hay que denunciarla siempre para que la Justicia pueda avanzar. Tenemos que velar por la seguridad de todos nosotros. Estos elementos corruptos tiene que dejar de pertenecer a la fuerza” y remarcó que la presentación judicial se dio como consecuencia del crimen de Lucas González, un adolescente de 17 años que salía de un entrenamiento en un reconocido club.

Asimismo, Montenegro precisó –en diálogo con Radio Del Plata– que espera que la Justicia lleve a cabo “una investigación seria”, a fin de que se pueda determinar “cuáles son los elementos de la fuerza que están llevando a cabo este tipo prácticas en los barrios porteños”. Al mismo tiempo que recordó que en el escrito que presentaron con el patrocinio del abogado Miguel Ángel Pierri, se solicitó que se investiguen los delitos de “extorsión, cohecho, exacciones ilegales y encubrimiento”.

“Hay una práctica de violencia institucional en la ciudad de Buenos Aires con nuestra policía que se tiene que rever y tiene que cambiar. Es una fuerza que tiene cinco años. No nos debemos resignar a que como siempre fueron corruptos entonces todo va a seguir así”, añadió y concluyó señalando que los testigos serán “policías que dejaron la fuerza por diferentes cuestiones y los vecinos del barrio. Los policías quieren acercarnos aportes para la causa y nos piden a cambio la seguridad”.

De acuerdo a un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), el cual fue aprobado por unanimidad, reveló que el Gobierno local incumple la Ley 1502, que establece el régimen de incorporación y un cupo mínimo del 5% de personas con necesidades especiales al Sector Público del distrito capitalino.

El mismo fue dado a conocer por el auditor por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, quien explicó que “en el texto del informe se puede leer que en el escalafón general las personas con discapacidad no llegan a representar el 4 % de la planta, y entre los docentes y profesionales no alcanzan el 1%, lo que demuestra que el nivel de discriminación de Horacio Rodríguez Larreta es absoluto, no cumple con la Ley, pero además, solo incorpora personas con discapacidad a los escalafones con menor formación y responsabilidad, y peores pagos, como si las personas que poseen alguna discapacidad no pudieran ejercer tareas profesionales o docentes”.

A la vez que agregó que “pero más aún, ciertos organismos como la Policía de la Ciudad, no tienen registro de tener una sola persona con necesidades especiales revistando en su plantel, esto demuestra un desprecio absoluto por la aplicación de la Ley, pero sobre todo por el derecho de las personas con discapacidad, y el concepto mismo de inclusión” y destacó que cuando se le pide a Larreta que nos envié la información sobre personas con discapacidad prestando servicio para el gobierno de la Ciudad, vemos que no cumple con la ley en cuanto a la cantidad mínima”.

Asimismo, Teszkiewicz detalló que “cuando vemos en detalle los listados de personas contratadas nos encontramos con que existen casos donde no cuentan con los certificados correspondientes, lo que se deduce que incumplimiento sería mucho mayor, y que prácticamente el gobierno de Larreta excluye a las personas con discapacidad de su plantilla”.

El análisis de la AGCBA, realizado sobre el registro dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dictamina que “al 31 de diciembre de 2019 el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no alcanza el porcentaje de personas con discapacidad requeridos por la Ley N° 1502”, por lo que deja en evidencia el incumplimiento de una Ley pensada para hacer de la Ciudad de Buenos Aires un distrito inclusivo.

“La sociedad avanza cada vez hacia estándares mayores de inclusión y de protección de quienes se enfrentan a dificultades mayores para el desarrollo integral de sus proyectos de vida. De espaldas a esa realidad el Gobierno de Larreta asume un nivel inaceptable de discriminación impidiendo a las personas con discapacidad acceder a los puestos de trabajo que por Ley les corresponde. Esta es la verdadera cara de la administración Larreta”, sentenció.

Después de que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, tildara de “zánganos” a los porteños, el legislador del GEN y candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio (JxC), Sergio Abrevaya, presentó en la Legislatura un proyecto de declaración para que ese funcionario sea declarado “persona no grata” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La petición del legislador se dio luego de que Insfrán asegurara en el marco del 25º aniversario de la creación del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) que los porteños son “zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino” y advirtió que “no saben ni siquiera lo que es plantar una planta de lechuga y nos quieren venir a indicar a nosotros lo que tenemos que hacer”.

En los fundamentos de la medida, Abrevaya consideró que “estas repudiables declaraciones del Gobernador formoseño lesionan, menoscaban y agreden a los habitantes de la Capital de todos los argentinos, que se ven discriminados por el mensaje del mandatario provincial” e insistió en que “las declaraciones de Insfrán son un insulto a todas y todos los porteños en general, y no hacia las autoridades o la política porteña. Se ensañó con la gente en general en vez de enfrentarse con contrincantes u opositores políticos”.

“El Gobernador discrimina, estigmatiza y humilla la integridad e inteligencia de los hombres y mujeres porteños, a quienes llamó zánganos como sinónimo de vagos  o vividores, cuando son los porteños que con el fruto del trabajo diario logran mantener a los gobiernos ineficientes de gobernadores feudales, autoritarios cuyos patrimonios personales crecen meteóricamente en espejo al crecimiento de la pobreza de sus  gobernados,  como el caso de Gildo Insfrán. Es un menosprecio al trabajador y la trabajadora porteña que merece nuestra más absoluta condena”, aseguró.

Al mismo tiempo que indicó que “el agravio a cada uno de los porteños y porteñas es algo que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no sólo no debe dejar pasar, sino condenarlo de la manera más enérgica, así como todos y cada uno de los legisladores que la componen, para así cumplir la defensa de la Ciudad que asumieron al momento de iniciar su mandato”.

“En este caso los insultos del Gobernador han ido mucho más allá de acusaciones políticas a las dirigencias políticas o partidarias sino que se ha enseñado específicamente con los vecinos de la Ciudad acusándonos de zánganos, probablemente en proyección de la personal condición del Gobernador. Tal agravio a los habitantes y vecinos de la ciudad no puede ser soslayado por esta legislatura que los representa y no debe tolerarse”, completó.