La Municipalidad de Morón puso en marcha la cuarta edición de “Morón Vuelve a Clases”, el programa que ofrece descuentos de entre el 10% y el 20% en la compra de útiles, mochilas, indumentaria, calzado escolar y peluquería, en comercios adheridos del distrito.

El beneficio estará vigente desde el próximo lunes 24 de febrero hasta el 12 de marzo e incluirá todas las formas de pago, tanto efectivo, tarjeta de débito o billeteras virtuales. Además, los descuentos serán acumulables con las promociones de Cuenta DNI.

Con esta iniciativa, el municipio busca acompañar a las familias moronenses en el inicio del ciclo lectivo 2025, facilitando el acceso a los elementos esenciales para la vuelta a clases.

Los siguientes son los comercios adheridos al programa:

Morón: Al Costo Calzado (9 de Julio 132), La Sillita de Oro Librería (25 de Mayo 255 — Local 3), Piccolo Librería (Belgrano 218), Librería Cotillón El 10 (Buen Viaje 818), Librería Sarratea (Sarratea 388), Copiarte Librería (Belgrano 374), Silvana Librería y Papelera (Belgrano 432), Cúspide Librería (San Martín 125), Peluquería Chuik (R. O. del Uruguay 287), Librería Gutemberg (Brown 750), Librería 7 Colores (Buen Viaje 896), América Latina Librería (Av. Rivadavia 18390), Librería Marinel (Agüero 784), Asterisco Librería (San Martín 308), Sanher Librería (Eva Perón 2999), PeluBarber San Martín 186, Pinocho Indumentaria (25 de Mayo 198), Sanher Librería (Alessandri 499).

Castelar: Librería Ignacio (Alem 2299), Librería Alex (Arias 3066), Kinderland S.A (Arias 2473), Librería Matiz (Buenos Aires 561), Librería Castelar (Arias 2378), El Taller Sur (Martín Irigoyen 421), Peperina Calzado Infantil (Arias 2481), Mundo Papel (Fray Bottaro 3995), IS-SISI Uniformes (Rodríguez Peña 901), Freak Shop (Arias 2384), Ailin Almacén de Regalos (Arias 2505).

Haedo: Tipisko Indumentaria (19 de Noviembre 38), Gráfica Hurra (Av. Rivadavia 16150 — Local 27), Librería Fasola (Fasola 839), Amori Miei (Perito Moreno 69), Poye Basic Indumentaria (Tronador 392), Casa Cristina Uniformes (Las Bases 115), CLLE Indumentaria (Av. Rivadavia 16243), Ser Personalizarte Calzado y Mochilas (Av. Rivadavia 16.464), Bookin Librería de texto (Perito Moreno 6).

El Palomar: Librería Rosales (Rosales 1185), El Avioncito (Leones 1086).

Villa Sarmiento: El Alamo Librería (Esteban Echeverría 408).

Pasadas las 3 de la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que declara a la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar de todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar las clases en los días de paro docente. Fue una sola votación, en general y en particular, y resultó con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones, correspondientes a Fernando Carbajal y Mónica Frade. 

La iniciativa fue impulsada fuertemente por el Pro desde la post-pandemia, bajo la crítica del tiempo en que las escuelas permanecieron cerradas durante esa época. En tanto, a través del DNU 70/23, el Gobierno había declarado a la educación servicio esencial, pero el capítulo de la reforma laboral fue frenado por la Justicia. Durante el debate, algunos legisladores que se manifestaron en contra recordaron que la Corte Suprema en 2001 ya declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Trabajo, por entonces a cargo de Patricia Bullrich, que intentó avanzar en este sentido.

A favor del proyecto votaron La Libertad Avanza, el Pro y otras bancadas dialoguistas como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica e Innovación Federal. También votaron a favor dos diputados de Unión por la Patria: la mendocina Liliana Paponet y el jujeño Guillermo Snopek.

Por su parte, el rechazo lo encabezaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. En tanto, el bloque Encuentro Federal votó dividido, pues votaron en contra la cordobesa Natalia de la Sota, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y Margarita Stolbizer. También votaron en contra los radicales Pablo Juliano, Facundo Manes, Marcela Coli y Roxana Reyes.

De acuerdo con la iniciativa, que ahora deberá discutirse en la Cámara alta, se establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que afecten al normal desarrollo de la actividad curricular.

Uno de los artículos estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente cuando las medidas de paro o huelga fuesen entre uno y dos días continuos o discontinuos; mientras que deberá ser de un 50% cuando las medidas superen los tres días; y a su vez exige el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase.

El texto delega en las autoridades de cada establecimiento a que en el inicio del ciclo lectivo se realicen las previsiones organizacionales en el marco del proyecto institucional, estableciendo a la autoridad competente la nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento de las guardias en días de huelga.

Además, establece que el incumplimiento de lo previsto será considerado como falta y no obstará la plena operatividad del sistema de guardias establecido; e impone que se reputará injustificada la ausencia del personal docente y no docente afectado a la guardia establecida.

Por último, propone la apertura de todos los establecimientos de educación obligatoria, en su correspondiente horario de apertura y cierre, todos los días del calendario escolar; y la garantía del servicio de alimentación escolar de cada establecimiento educativo.

Las voces a favor y en contra 

Impulsor de la ley, el presidente de la Comisión de Educación, el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro, confirmó: “Vamos a regular el derecho de huelga, que es materia federal”. Y, a continuación, habló de una colisión entre el derecho a huelga -avalado por la Constitución Nacional- y el derecho de los niños a educarse. 

“Esta ley dará el marco para que buenos gobiernos puedan revertir la tragedia educativa argentina”, consideró el miembro informante del dictamen de mayoría y precisó alarmantes datos sobre la poca resolución de cálculos matemáticos y la falta de comprensión de textos en jóvenes y adolescentes.

En relación al proyecto, el exministro de Educación expresó: “Acá están representados los padres que se dieron cuenta que sus hijos no sabían leer o escribir en pandemia, porque acá proponemos escuelas abiertas”. Fue allí cuando apuntó contra los gremios y, sin nombrarlo, contra Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. “Los sindicatos tercerizaron la educación”, dijo.

Cerca del fin de su enfática intervención, Finocchiaro señaló que desde 1983 a la actualidad “hemos perdido más de 1.000 días de clases, que son seis ciclos lectivos enteros”. “Pensemos en grande, porque hoy es el día que vamos a volver a la civilización y exportar cultura, conocimiento y educación”, concluyó. 

Al defender el dictamen de minoría (de rechazo), la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna mencionó un informe de UNICEF que arrojó que en Argentina “un millón de niños se va a dormir sin cenar”, y apuntó contra el oficialismo: “Están mirando hacia otro lado porque el hambre se ha agravado de manera extrema y vemos chicos de 12 que parecen de seis”.

“No es cierto que la Argentina venía transitando una tragedia educativa”, aseveró la entrerriana y cuestionó que en el proyecto “no hay ni un renglón de esencialidad”. “¿Qué es lo esencial acá? Regular el paro”, denunció. Luego, sumó que “hay un recorte vergonzoso de la inversión que tiene como obligación el Estado nacional, con una retracción del 80% del gasto. Hablan de derecho a la alimentación, pero Sandra Pettovello le esconde el alimento a los chicos”.

En el cierre, la legisladora recordó que “los docentes han sido despojados del FONID y, desde marzo, cobran el 20% menos”. “Faltan remedios y vacunas para los chicos y eso es esencial. Faltan inversión, docentes y alumnos con libros, computadoras y buenas escuelas”, sentenció.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo aseguró que “esta es una ley que es una gran estafa, porque se le presenta a la población como que esta ley va a mejorar las condiciones del sistema educativo, y no es así”, sino que se trata de “impedir el derecho a huelga de la docencia, pero no obliga a ningún Gobierno a poner ni un peso más en educación”. “¿Y sabe por qué hay huelgas? Porque los salarios son bajísimos. Hoy la canasta familiar es de 1.362.029 pesos, ¿sabe cuánto cobra una maestra en la provincia de Buenos Aires? 470 mil pesos”, resaltó y detalló que “en Mendoza 425 mil pesos, en Chubut 422 mil, en Santa Fe 540 mil, en Neuquén 610 mil”. 

También en contra de la iniciativa, el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky dijo que iba a hablar “como diputado y como orgulloso maestro de la escuela pública”. “Hoy las provincias tienen presupuestos desparejos. No podemos hacer un debate prescindiendo de una realidad. No hay calidad sin inclusión”, sostuvo y -al hacer hincapié en la inversión- criticó que “en el gobierno (de Cambiemos) en el que el diputado Finocchiaro fue ministro no se construyó un solo jardín de infantes, pese a que se terminó con Fútbol para Todos”. 

El opositor advirtió que de aprobarse esta ley, los días de paro “70 chicos van a estar a cargo de una maestra, ¿quieren que los pobres estén amontonados?”. “Si no hay inversión educativa, no hay solución”, subrayó y afirmó: “A ninguno de los que está acá me los imagino trabajando en las condiciones que están las maestras que trabajan doble turno”. 

Por el bloque de La Libertad Avanza, el diputado José Luis Espert opinó que se trata de un proyecto “histórico para el futuro de la Argentina, de nuestros hijos y nuestros nietos”. Y enumeró tres ejes de la ley: “establece una política de Estado coherente con el espíritu de nuestra Constitución; defiende y prioriza el derecho de los chicos a estudiar; e imprime un carácter de prioridad de la educación para igualar oportunidades”. 

En su discurso, manifestó que quien vote en contra “está en contra del proyecto de progreso de Argentina”. “Las huelgas docentes en la provincia de Buenos Aires se llevaron un año lectivo entero en poco más de una década. ¿A dónde nos llevó el modelo de Baradel? A esa pérdida”, lanzó y aclaró que “no se está limitando a los trabajadores de la educación a que se expresen a través de huelgas docentes, sí se está limitando el abuso, el privilegio de esos gremios, a no darle clases a los chicos”. 

La diputada del Pro María Eugenia Vidal afirmó que “sin duda hoy estamos dando un paso adelante”. “Aunque para algunos hubo avances en la educación pública argentina, para mí no”, observó y señaló que a pesar de las leyes sancionadas a lo largo de los años, “hoy de cada 100 chicos que arranca primer grado, solamente 13 terminan en tiempo y forma”. Tras hablar de un “fracaso del sistema educativo”, subrayó que “no es verdad que esta es una ley en contra de los docentes, en todo caso será una ley en contra de los sindicatos que quieren extorsionar”. 

En esa línea, la exgobernadora bonaerense recordó que durante su gestión hubo “62 paros docentes”, de los cuales 30 fueron en 2018; mientras que “en los últimos cuatro años no hubo paro”, pese a que “los salarios durante la gestión de Axel Kicillof estuvieron por debajo de la inflación”. Así, consideró que las huelgas durante su gobierno “fueron un mecanismo de extorsión de los Baradel de la vida”. 

Por la UCR, el mendocino Julio Cobos mencionó que presentó hace cinco años un proyecto en este sentido y reconoció que “esta ley no es la panacea ni va a solucionar todos los problemas”. “Podemos tener el mejor plan educativo, los mejores docentes e infraestructura escolar, Pero a la hora de dar clases quedan los alumnos y el docente, y debemos hacer todos los esfuerzos posibles para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con el calendario académico, de 180 o 190 días”, argumentó. 

En su discurso, el exvicepresidente dijo que “hay un conflicto de intereses y de derechos, y debemos priorizar el derecho de los niños a poder recibir educación”. En la misma sintonía, su par Carla Carrizo enfatizó que “los niños no son objetos de nadie. Ni de los sindicatos, ni de los gobiernos, ni de los padres. Los derechos de la infancia en Argentina no tienen por qué seguir esperando”. “Esta no es una ley en contra de nadie. No estamos castigando el derecho a huelga. Estamos invitando a los sindicatos a hacer una buena escuela", añadió la porteña.

Al adelantar que su bloque no iba a tener una postura uniforme, la diputada Margarita Stolbizer opinó que “este proyecto busca culpabilizar a alguien de los déficit que todos conocemos” y “es una solución demasiado facilista para decir que no somos responsables nosotros los políticos, sino los docentes”. También sostuvo que todos los allí presentes “saben que este tipo de decisiones no va a resolver los problemas graves” en la educación. 

Luego, la legisladora de Encuentro Federal advirtió que “no es posible limitar el derecho de huelga” y se refirió a normativa de la Organización Internacional del Trabajo, para afirmar que “estamos frente a una imposibilidad en términos jurídicos de llevar adelante una declaración como pretende este proyecto”. "Esto tiene vicios de inconstitucionalidad severísimos", sumó.

Maximiliano Ferraro dijo a su turno que “en la educación es donde se juega la libertad y la posibilidad de elegir qué tipo de posibilidad de desarrollo tenemos para adelante”. Recordó que este no se trata de “un capricho”, sino que trabajaron sobre este tema durante mucho tiempo en los partidos que conformaban Juntos por el Cambio. “No podemos obviar, con 57% de pobreza, último informe de UNICEF, que una gran cantidad de chicos no entienden lo que leen, lo que habla del fracaso, la tragedia y el colapso que ha vivido la educación por responsabilidad de todos nosotros”.

“No es esta la única solución, pero sí algo que viene a poner un parate en algo donde lo tenemos que poner”, afirmó.

Sobre el final del debate, la diputada del Pro Silvia Lospennato sostuvo que “Argentinos por la Educación publicó un informe que dice que en 35 años escolares los estudiantes argentinos habían perdido 2,3 años escolares. Es decir que antes de la pandemia, porque esto fue antes de la pandemia, los argentinos ya habían perdido ‘dos pandemias’”. Y a propósito de eso, advirtió que “con el Covid toda la sociedad argentina se despertó sobre lo que significa la pérdida de clases para los chicos”.

Cuando la pandemia, agregó, la sociedad “se dividió claramente en dos grupos: entre aquellos que entendíamos que las escuelas debían ser las últimas en cerrarse y lo primero en abrirse, como sucedió en el distrito donde gobierna mi partido; y quienes habilitaban una línea telefónica para que denunciaran a las escuelas que dieran clases”.

Por último, el diputado oficialista Santiago Santurio señaló que “esta ley tiene un alcance que no es solo para los sindicatos; tiene primero una función pedagógica”. Cargó contra el peronismo al señalar que “Argentina retrocedió en alfabetismo; mientras todos los países de la región mejoraron, nosotros retrocedimos. ¿De quién fue la culpa? Del Estado nacional, de los gobernadores, del presupuesto... Toda de ustedes: la mayoría de los gobernadores eran de ustedes. Veinte años de gobierno, 16 años gobernaron ustedes. Si ustedes no son responsables, ¿quién lo es?”.

“Hay que entender que los sindicatos no representan a todos los docentes, son un grupo, y un grupo bastante privilegiado -agregó-. Esta ley es fundamental para mejorar la educación argentina, es suficiente, claro que no”. Pero aseguró que “esta es una herramienta que también va a empoderar a los padres”.

 

En el arranque del año y antes del comienzo de las clases en todo el país, uno de los primeros recortes que el Gobierno confirmó hacia las provincias fue en materia de educación: el Ejecutivo nacional decidió no extender el Fondo de Incentivo Docente, creado hace 25 años.

Si bien las leyes que lo contemplan, la 25.053 de 1999 y la 26.075 de Financiamiento Educativo (2006) se encuentran vigentes, el plazo de aplicación de dicho Fondo está vencido desde el 1ro. de enero de este año.

El Fondo Nacional de Incentivo Docente nació producto del reclamo registrado hacia fines de los '90, durante el menemismo, que docentes protagonizaron con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso.

Desde ese entonces a la actualidad, el FONID tuvo como objetivo el aporte nacional al salario docente provincial, de modo de eliminar brechas entre las jurisdicciones, donde los recursos que se recibían por este concepto representaban entre un 10% y 20% del sueldo docente.

La Ley 25.053 creó el FONID a partir del 1ro. de enero de 1999, con una vigencia de 5 años, hasta el 31 diciembre del 2003, y para su financiamiento el Congreso creó un impuesto que gravaría con el 1% anual a las transferencias de automotores, aviones y embarcaciones.

Al presentar su proyecto de ley, un grupo de diputados de Unión por la Patria recordaron que en el año 2002, como secuela del agravamiento de la crisis de fines de 2001, el FONID no tuvo crédito y las transferencias comenzaron a realizarse con cargo a los fondos remanentes del crédito del año 2001. De 2003 a 2005, el Ministerio de Educación, a cargo entonces de Daniel Filmus, comenzó un esquema de cancelación gradual de la deuda.

El FONID se incorpora en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y, a partir de allí, se dieron sucesivas prórrogas en su plazo de vigencia a través de las leyes de Presupuesto o por decreto. Precisamente, por esta última vía el expresdidente Alberto Fernández había establecido su extensión hasta el 1ro. de enero de este año.

"Pasado un mes de la fecha del vencimiento, no ha sido prorrogado, y se genera una profunda incertidumbre en las comunidades educativas de todas las jurisdicciones. La gravedad de la situación es aún mayor, ante el inminente inicio del año lectivo", alertaron los diputados de UP encabezados por el pampeano Ariel Rauschenberger, en los argumentos de la iniciativa que propone prorrogarlo por el término de 5 años.

Por su parte, desde el Senado, el interbloque de UP también presentó un proyecto de ley que buscar extender la vigencia del FONID, en este caso por 2 años. "En Mendoza el incentivo alcanza a 40.000 maestros y significa $28.700 en el bolsillo de cada docente. Es entre el 8% y el 13% del sueldo de nuestros educadores", resaltó la senadora Anabel Fernández Sagasti con un ejemplo sobre lo que representa para su provincia.

Este viernes, encabezados por Julio Cobos, diputados de UCR presentaron un proyecto que va en la misma línea que el de sus colegas de UP en la Cámara baja: una prórroga por 5 años. "El FONID es indispensable en este contexto de emergencia económica que el propio Ejecutivo nacional declaró como fundamento de decretos”, afirmó el exvicepresidente.

El mendocino advirtió que "la eliminación sin previo aviso genera un importante desfinanciamiento de las arcas provinciales, más aún en este contexto grave que vivimos”. Asimismo, aclaró que el Presupuesto 2023, prorrogado para este año, "contiene las partidas necesarias para el FONID". "Sin embargo, a la fecha no se han transferido las mismas a las provincias, ni se ha dictado la decisión administrativa modificando las partidas”, subrayó.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Romina Del Plá presentó una iniciativa que directamente pide reestablecer "en forma permanente la vigencia" del FONID. Además, el texto propone que "los montos correspondientes al FONID pasarán a ser remunerativos y bonificables" y se deberá retribuir "las diferencias existentes entre el carácter remunerativo que el FONID tiene y el pago efectivo como suma fija que, arbitrariamente y en perjuicio de los docentes, viene liquidando el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales".

Mediante un proyecto de comunicación, la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, reclamó al Gobierno nacional la "urgencia" en sostener el FONID y advirtió que "la falta de recursos de este Fondo implica una disminución salarial significativa en un contexto de alta inflación y pone en riesgo el inicio de clases y, en general, la sostenibilidad del sistema educativo".

En ese sentido, explicó que en su provincia "afecta seriamente a más de 23 mil educadores". Y le recordó al Ejecutivo nacional que la Ley Provincial 4.819 establece que "la educación constituye un derecho social y un bien público que obliga al Estado Provincial con la concurrencia del Estado Nacional a garantizar su ejercicio a todos los habitantes de su territorio".

 

 

Encabezados por Alberto Asseff (Pro), diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes para conocer cuántos días de clases se perdieron en las provincias de todo el país por motivo de paro docente, hasta el 30 de junio de este año.

El proyecto de resolución reclama al Poder Ejecutivo que informe "en relación a medidas de fuerza de los sindicatos docentes y la pérdida de días de clases de los alumnos".

Puntualmente, los legisladores de la oposición solicitaron que se responda "si arbitraron alguna medida para que los alumnos puedan cumplir con la totalidad de horas de clase conforme el calendario lectivo 2023. En caso afirmativo, informen las medidas llevadas a cabo, el resultado de las mismas y toda otra información relevante".

También, consultaron sobre "cuantos días de clases tuvieron los alumnos y cuantos días de paro docente hubo, en ambos casos hasta el 30 de junio del corriente, detallando cada una de las provincias".

Finalmente, los diputados pidieron al Ejecutivo que detalle si "tomaron alguna medida sancionatoria o de otro tipo contra los docentes que se adhirieron al paro" y "si tomaron alguna medida de gratificación o de otro tipo para los docentes que cumplieron con la asistencia obligatoria".

En los fundamentos del proyecto, los legisladores expresaron: "Como es de público conocimiento, desde el inicio del ciclo lectivo 2023 los sindicatos docentes llevaron adelante medidas de fuerza que implicaron el paro de actividades en las escuelas. Muchos alumnos no han podido iniciar las clases conforme estaba establecido en el calendario lectivo o han tenido varias semanas completas sin poder asistir ni día a la escuela".

"Lamentablemente, las medidas de fuerza llevadas a cabo por sindicatos, tenían y tienen una única finalidad que es política. Recordemos como ejemplo, el paro nacional de docentes de todo el país en supuesto 'apoyo' a un reclamo que se estaba realizando exclusivamente en la provincia de Jujuy", resaltaron los diputados de JxC.

Además, lamentaron que mientras hay "docentes que sí quieren ir a trabajar, dar clases, apoyar y contener a los niños, brindarles el almuerzo o merienda escolar, es decir, cumplir con sus obligaciones laborales, son amenazados por representantes del sindicato".

Para los opositores, "es urgente establecer a la educación como servicio público esencial, es una primera necesidad y es también en beneficio de todo el país, porque no pueden seguir existiendo los resultados de las evaluaciones que se producen periódicamente, donde la comprensión de textos está prácticamente ausente en una mayoría de los alumnos y las matemáticas tienen resultados ruinosos". "No se puede perder la batalla por la educación", enfatizaron.

Por último, manifestaron que "los niños y adolescentes no pueden ser rehenes de ninguna cuestión política, deben ir a la escuela, la educación es lo primero, es su formación para su futuro. No pueden seguir perdiendo días de clases por cuestiones políticas, ya bastante han sufrido durante el cierre de las escuelas en la pandemia, lo cual los afectó mucho tanto en la formación educativa como emocionalmente".

Tras más de 30 días perdidos de clases, la diputada nacional y pre candidata a gobernadora, Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) envió dos proyectos de resolución a la Honorable Cámara de Diputados solicitando al Poder Ejecutivo intervenga a “fin de garantizar el restablecimiento del derecho a la educación en la provincia de Santa Cruz”, fundamentando que “la crisis educativa que atraviesa Santa Cruz da como resultado 35 días perdidos de clases, paro docente, falta de planificación y deterioro de los establecimientos”.

El primero indica solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación de la Nación, intervenga a fin de garantizar el restablecimiento del derecho a la educación en la provincia de Santa Cruz.

Dicha resolución fundamenta que tal como sucedió en 2017 el Gobierno nacional decidió intervenir en el conflicto que mantenía el ejecutivo provincial con el sector sindical de los docentes, a fin de que los niños dejen de perder días de clase, “solicitamos ahora que se tomen medidas similares, que conduzcan a aquel fin que se persiguió durante dicho año”, indicó Reyes.

A su vez, manifestó que “si bien la intervención del gobierno nacional en el conflicto fue un precedente, el problema estructural en el ámbito educativo de la provincia de Santa Cruz nunca fue resuelto completamente”.

“En este año que transcurrimos, el conflicto se ha agudizado, con las consecuencias irreversibles que el mismo presenta: hay más días en los que no se dictaron clases que en los que sí, dentro del calendario lectivo”, sostuvo.

Por otro lado, presentó un proyecto de declaración que indica: “Expresar profundo repudio y alta preocupación por la política educativa de persecución sistemática hacia los Gremios Docentes y hacia los Docentes en particular adoptada por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, que como consecuencia somete a 40 días sin clases a todos los niños y adolescentes”.

“El Consejo Provincial de Educación y la gobernadora de la provincia de Santa Cruz decidieron llevar a cabo una política de desacreditación hacia el sector docente y hacia la educación pública en nuestra provincia. Además, ellos son amenazados por las autoridades del gobierno. El gremio docente está siendo perseguido a través de medios totalmente antisindicales que socavan el derecho a huelga”, denunció la diputada radical.

Cabe destacar que también acompañan el proyecto los diputados Gabriela Lena, Karina Banfi, Gerardo Cipolini, Pamela Verasay, Marcela Coli, Gustavo Bouhid, Jorge Vara, Soledad Carrizo, Lidia Ascarate del bloque Juntos por el Cambio.

La diputada santacruceña Roxana Reyes presentó este miércoles una cuestión de privilegio contra la gobernadora de su provincia, Alicia Kirchner.

Fundamentó la misma en que como  integrante de la Comisión de Familia de la Cámara baja, “tenemos el deber de velar y controlar el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, y ahí se garantiza el derecho a acceder a la educación”. En ese sentido dijo que “tenemos el deber de velar y controlar el cumplimiento de la Convención, que garantiza el derecho a acceder a la educación”.

Al respecto, advirtió que “en Santa Cruz, al día de hoy hemos tenido 16 días de clases y 19 días sin clases. Se está hipotecando el futuro de de miles de niños, niñas y adolescentes de la provincia”.

La diputada radical atribuyó esa situación a “un encono desmedido” de la gobernadora “contra el sector sindical docente, al que persigue, acosa y mantiene con sueldos por debajo de la línea de pobreza, obligándolos a trabajar 12 horas para cobrar por arriba de la canasta familiar”.

Según contó Reyes, desde 2017 no pueden completar en esa provincia un ciclo lectivo.

A raíz de las altas temperaturas que se viven en la Ciudad y que marcaron una ola de calor sin precedentes, la legisladora del Frente de Izquierda (FIT) y docente de nivel medio, Mercedes De Mendieta, advirtió sobre la falta de infraestructura para poder hacerle frente a esta situación adentro de las aulas.

En ese sentido, la legisladora aseveró que “no se puede estar en aulas con 35 estudiantes y 43 grados de temperatura. La situación real en las escuelas durante esta semana que pasó fue que vimos a estudiantes y docentes descompuestos. La situación es terrible: escuelas que se quedan sin luz y agua y sin ventilación acorde a la ola de calor” e indicó que “es indignante ver la falta de condiciones básicas como patios con sombra, ventilación cruzada, ventiladores y aires acondicionados o dispenser de agua fresca”.

“Por el momento, la única medida que tomaron Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña es la de mandar una botella de agua, que ni siquiera estaban frescas y que en muchos casos no llegó a los establecimientos”, precisó y exigió “la suspensión de clases mientras este calor infernal siga, pero Larreta y Acuña se hacen los desentendidos,  porque desde sus despachos con aire acondicionado no saben lo que es trabajar y estudiar en escuelas sin condiciones y sólo utilizan la educación como marketing electoral. Adelantaron el calendario escolar para iniciar las clases en febrero pero no pusieron ni un peso para adecuar las escuelas al cambio climático que produce esta ola de calor”.

Sobre esa misma línea, la opositora planteó que “sólo entre 2019 y 2021 la ciudad recortó un 78,1% en infraestructura escolar, hay responsabilidades políticas. A nivel nacional también hay recorte, a tal punto que el presupuesto educativo de 2023 es el segundo más bajo de los últimos 11 años” y remarcó que “los gobiernos de Larreta y Alberto Fernández están desconociendo la falta de infraestructura escolar en el marco de una ola de calor histórica. Lo cierto es que las escuelas públicas en todo el país se caen a pedazos, no tienen el más mínimo mantenimiento y el presupuesto en infraestructura está en caída libre”.

“Hace 40 años que con la vuelta a la democracia, gobiernan radicales, peronistas y del Pro y se profundizan los problemáticas en la educación pública en todo el país. Imagínense lo que podría ocurrir con los liberfachos de Javier Milei que proponen la privatización total de la educación con un sistema de rankings. Para solucionar el problema de falta de presupuesto en la educación pública hay que dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, medidas que sólo se llevaran adelante con un gobierno de la izquierda y las y los trabajadores”, completó.

En Parque Saavedra, el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei inauguró una serie de clases de economía con motivo de su postulación en estas elecciones. En el evento, que contó con la presencia de alrededor de 500 personas, el economista dio una clase de principios básicos de economía durante una hora, para luego dar lugar a preguntas y respuestas de la audiencia. Al finalizar, se realizó un sorteo de un libro de economía.

Milei fue crítico hacia lo que él llama la “mentira keynesiana” y la suba del gasto público mediante emisión monetaria. Indicó que “la emisión genera un desastre inflacionario que castiga a los más pobres”, y que “hay que dinamitar el Banco Central”.

A su vez, Milei se manifestó en contra de la cantidad de ministerios y el gasto público de gobierno. Expresó que “es utópico pensar que el Estado argentino como lo tenemos puede andar bien. Tenemos una casta política y una ineficiencia técnica a hora de definir sistemas de obra pública y medidas monetarias que nos hunde en la pobreza”.

En el evento estuvieron presentes también Victoria Villarruel, segunda candidata a diputada nacional; y Ramiro Marra, primer candidato a legislador porteño. La abogada hizo énfasis en que “esta es la forma de hacer política: gente que venga a enseñar, no a robarle al pueblo”. Por su parte, Marra indicó que “poco a poco más gente se acerca y nos pide participar en La Libertad Avanza. Vamos a llevar las ideas de la libertad a cada barrio de a Ciudad, porque Javier vino a despertar leones, y los leones están despertando”.

A pesar del rechazo cerrado de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos logró firmar este viernes el dictamen de validez sobre los últimos dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el presidente Alberto Fernández en materia de restricciones por la pandemia, que incluyeron la suspensión de clases presenciales en el AMBA.

En una reunión virtual de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde fue ratificado como presidente el diputado Marcos Cleri, el oficialismo ratificó el DNU 235/21, que limitó las reuniones sociales y prohibió los viajes de egresados, entre otras medidas; y el DNU 241/21, que canceló la presencialidad en las escuelas y restringió la circulación entre las 20 pm y las 6 am.

Ese DNU también ordenó a los bares, restaurantes y locales comerciales en general cerrar sus puertas a las 19; y prohibió la apertura de shoppings y centros comerciales, así como la realización de actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en ámbitos cerrados.

Juntos por el Cambio intentó impedir la firma del dictamen con un planteo reglamentario, formulado por el diputado del Pro Omar De Marchi, pero el Frente de Todos impuso su mayoría en la bicameral para avalar los dos decretos, que ahora serían aprobados en el Senado, también con votos propios.

El debate

El encargado de defender en primer lugar los DNU fue el diputado y presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, quien explicó que “hoy el mundo tiene tres respuestas para dar” frente a la pandemia: los testeos, las vacunas y las restricciones.

“Hoy no estamos donde hubiéramos querido estar, y tampoco donde hemos contratado para estar. La industria farmacéutica le falló al mundo en su capacidad de aumentar exponencialmente la producción. A pesar de tener contratadas muchas más vacunas de las que tenemos, vamos a estar llegando a las nueve millones de dosis”,  afirmó.

De todos modos, advirtió que “el mundo ha demostrado que solamente con testeos y con vacunas, aun los países que más vacunaron necesitaron tomar medidas de restricción a la circulación, porque este es un virus que lamentablemente es muy contagioso”.

Para Yedlin, con los DNU el presidente “tomó la decisión de no volver a especular políticamente con este tema” y a su vez “reconoce las lecciones aprendidas de la primera ola, y una de ellas es que la realidad epidemiológica en el país no es uniforme: no es lo mismo lo que pasa en el AMBA, en Catamarca, en Formosa o en Tucumán”.

El diputado dijo que está demostrado que “los cierres cortos e intensos suelen ser los más efectivos”, y a su vez “no hay muchas dudas de que en todos los países del mundo durante la segunda ola, y en lo que se pudo de la primera, se aprendió cuán importante es, dentro de las medidas de restricción, el cierre de las escuelas, que por supuesto son un valor importante”.

Yedlin mostró gráficos que muestran que “el cierre de escuelas es la segunda medida más efectiva demostrada en el mundo para poder reducir la circulación”. “Es verdad que en situaciones de baja circulación comunitaria las escuelas no son un lugar de alto contagio, pero cuando la circulación comunitaria es muy alta, está demostrado que suspender las clases baja la curva epidemiológica”, sostuvo.

El legislador agregó que “el objetivo es intentar que nuestro sistema sanitario sostenga a los pacientes graves” y evitar que “el riesgo es que la letalidad se eleve bruscamente” por la falta de camas. Finalmente, destacó la decisión del presidente de “pagar él el costo político de tomar una medida no popular”.

Por el Pro, el diputado De Marchi planteó que la comisión “no está en condiciones de dictaminar en forma virtual” porque, según su criterio, se rige subsidiariamente por el reglamento de Diputados y el Protocolo de Funcionamiento Remoto de esa Cámara.

Ese protocolo, recordó De Marchi, establece que para que las comisiones puedan dictaminar de manera virtual es necesario el consenso entre el presidente y el vicepresidente, y  “no ha existido en forma expresa el consentimiento del vicepresidente de la comisión”, el senador Luis Naidenoff.

Desde el oficialismo, la diputada Carolina Gaillard -que se incorporó a la bicameral en reemplazo del renunciante Pablo González- defendió el rol de control del Congreso sobre los DNU dado que son medidas excepcionales, y pidió tener una “interpretación amplia” de los reglamentos para “empoderar” al Parlamento.

El diputado Pablo Tonelli (Pro) se puso al hombro el rechazo de los DNU, al advertir que “constituyen severas restricciones a los derechos individuales de los argentinos, que solo pueden ser dispuestas por ley del Congreso”.

Tonelli consideró que “a partir de que el Congreso comenzó a funcionar” en la pandemia con la incorporación de la virtualidad, “cesó la posibilidad de que el titular del Poder Ejecutivo utilizara de manera legítima esa herramienta tan excepcional”.

“El Congreso hace muchos meses que está funcionando, y muy bien. Está cumpliendo el rol que le asigna la Constitución. Y si el Congreso está cumpliendo con el rol que le asigna la Constitución, no existe razón alguna para que el Ejecutivo sustituya al Congreso”, opinó.

El legislador dedicó un párrafo aparte al DNU 241/21, y apuntó que “si hay una facultad que es propia de las provincias y que define su autonomía es la posibilidad de regular todo lo relativo a la educación, y sobre todo la educación primaria “.

“Lo que ha hecho el Ejecutivo con la suspensión de clases en el AMBA es un ejercicio del poder de policía”, que según su interpretación “está en cabeza de las provincias”. “Todas las demás provincias quedan autorizadas por sí mismas a decidir si suspenden o no las clases, la única que no puede ejercer su propia autonomía es la Ciudad de Buenos Aires. La desigualdad, la discriminación en la que incurre el decreto 241/21 no puede ser más evidente”, sentenció.

La oficialista Lucía Corpacci habló de la urgencia a la hora de tomar este tipo de medidas. “La cantidad de casos en nuestro país en la semana epidemiológica 9 a 10 aumentó un 5%; de la 10 a la 11 aumentó un 11%; de la 11 a la 12, un 30%... pasamos de duplicar en una semana la cantidad de casos, y lo más llamativo es que en el AMBA aumentó un 40%. Eso no da tiempo a que nosotros llamemos al Congreso. La urgencia en las cuestiones de salud es una realidad”, analizó.

Respecto de las clases, coincidió con Yedlin en que “en las escuelas no se producen contagios, el tema es cuando en la comunidad aumenta la cantidad de virus circulante y ese virus, por la mutación de las cepas, es mucho más infectante que las cepas anteriores, y la posibilidad de contagios se exacerba en el transporte público”.

Corpacci aprovechó para salir en defensa del ministro de Educación, Nicolás Trotta, tras haber dicho que las escuelas no eran lugares de riesgo pocas horas antes de que se decidiera el cierre. “Esto es dinámico: hoy se puede decir que los chicos vayan a la escuela, y mañana la situación epidemiológica nos obliga a decir que hay que cerrar. Nadie lo hace graciosamente”.

Por la UCR, el diputado Gustavo Menna se quejó de que “el país está siendo gobernado por decreto” y en ese sentido precisó que desde el 10 de diciembre de 2019 Alberto Fernández firmó 134 decretos, de los cuales 96 son DNU y 38 son ejercicio de una atribución delegada. “No podemos permitir naturalizar esta práctica”, dijo, y recordó también que esta gestión arrancó con la sanción de la Ley de Solidaridad Social, que declaró nueve emergencias.

El chubutense añadió que la bicameral no se reunía desde el 24 de agosto del año pasado para tratar los decretos presidenciales, y a eso se suma que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no concurrió todavía este año al Congreso a brindar su informe de gestión. Por último, denunció que los decretos en tratamiento están “viciados de nulidad e inconstitucionalidad”.

El senador del Frente de Todos Mariano Recalde señaló que el cierre de escuelas “no es una medida local, es una medida de neto carácter federal que tiene que ver con el cuidado de la salud”, y cargó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Decir que no hay evidencia científica para tomar esta decisión es desconocer y negar una realidad evidente: que la situación sanitaria está desbordando por la cantidad de contagios”.

En un discurso muy crítico para con Horacio Rodríguez Larreta, el excandidato a jefe de Gobierno porteño no dudó en emparentarlo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, a quienes deliberadamente caracterizó como “sus jefes políticos”. Señaló en ese sentido que el jefe de Gobierno sigue los designios de ambos “de una manera brutal”. Y lo acusó de “hacer política electoralista queriendo diferenciarse del Gobierno nacional, empezando las clases una semana antes, flexibilizando más que el resto y queriendo sacar un rédito político”.

El último en intervenir fue el presidente del bloque oficialista del Senado, José Mayans (Frente de Todos-Formosa), quien comenzó su discurso con una advertencia sobre el agravamiento de la pandemia: “Esto no mejora, empeora”. Algunos de sus argumentos fueron el aumento de los jóvenes contagiados, la escasez de personal médico y el incremento de la mortalidad.  En el mismo sentido, defendió las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández, pero criticó la falta de respuesta rápida del Congreso: “Inmediatamente debería haberse reunido el Parlamento y por sugerencia también de la oposición”.

“No estamos hablando de una medida permanente, es hasta el 30 de abril, son catorce días”, relativizó el formoseño. Luego, se dirigió a la oposición: “En este tema tenemos que buscar la coincidencia, no se puede actuar con esta mezquindad”. “No sean tan duros de corazón, ayúdennos un poquito”, le pidió a Juntos por el Cambio. Por último, celebró el apoyo de la oposición a la postergación de las PASO.

Tras celebrar las medidas anunciadas este miércoles por el presidente Alberto Fernández, la diputada Fernanda Vallejos cuestionó la posición del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de la alianza Juntos por el Cambio, en rechazo al cierre de escuelas en el AMBA.

“Hace años que las familias porteñas vienen peleando contra la falta de vacantes, el déficit de infraestructura escolar o la lamentable calidad nutricional de las viandas escolares. Nunca les importó la educación”, advirtió la legisladora del Frente de Todos.

No sean miserables. No es tiempo de especular electoralmente.
Hace años que las familias porteñas vienen peleando contra la falta de vacantes, el déficit de infraestructura escolar o la lamentable calidad nutricional de las viandas escolares. Nunca les importó la educación. pic.twitter.com/G6fIHifGs2

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) April 15, 2021

Vallejos le recordó a Larreta los “ajustes” que llevó adelante en materia educativa durante los últimos años la administración del Pro en la Ciudad de Buenos Aires, y reclamó: “No sean miserables. No es tiempo de especular electoralmente”.

“Lo escuché a Larreta diciendo que ‘no se pueden suspender las clases’. ¡Dejen de mentir! Las clases no se suspenden. Continúan en otro formato, que no pone en riesgo la salud y la vida de nuestros hijos e hijas, docentes y comunidad”, reforzó la legisladora, en sintonía con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sindicatos docentes.

La economista compartió un gráfico donde expuso el ajuste que aplicó la gestión Pro en la inversión en educación en sus presupuestos. “Mientras en 2007 -cuando Mauricio Macri asumió como jefe de Gobierno-  la educación representaba el 27,8% del total del presupuesto, ese porcentaje fue descendiendo sostenidamente hasta alcanzar el 17,18% en el año 2021”, precisó.

“Los chicos necesitaban el contacto con sus compañeros, con los docentes… La presencialidad no es un capricho, hay sobradas razones para haberla promovido”, resaltó la legisladora porteña Carolina Estebarena, feliz por la comunidad educativa así como por el equipo de gobierno de Ciudad que trabajó muy duro para que este día llegara.

Entre los motivos para insistir en la necesidad de la presencialidad, la legisladora destacó: “Tuvimos la evidencia que las escuelas abiertas en aquellos países que las pudieron mantener de este modo no generaron mayor circulación del virus, no son foco de contagio. Con los protocolos de cuidado, como los desarrollados en la etapa previa a este emotivo inicio del ciclo lectivo, es posible tener a los chicos en las aulas, y así avanzar escalonada y progresivamente en el desafío de que no sólo logren los aprendizajes correspondientes a cada nivel educativo sino también evitar las consecuencias negativas del alejamiento de las aulas”.

Continuando con la importancia del retorno a las aulas, la diputada, integrante de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, enfatizó: “Hay estudios, como el que realizó UNICEF junto a la Fundación INECO, que muestran que la virtualidad, o más específicamente la no presencialidad, produjo una afectación en la conducta en una gran proporción de los estudiantes en la Ciudad, en quienes se detectaron trastornos de ansiedad y/o alimentarios, alteraciones en el sueño, dificultad para la concentración, entre otros”.

Asimismo, la diputada Estebarena remarcó que “el desarrollo del ciclo lectivo en pandemia, con las clases dictadas en plataformas virtuales, utilizando recursos adicionales, digitales, como el mail o el whatsapp, si bien resultó una forma de garantizar la continuidad pedagógica, acentuó el problema de la deserción escolar. De hecho, en los últimos 10 años, con mucha inversión por parte del Estado, y firme decisión de nuestros gobernantes, logramos bajar varios puntos el abandono en la escuela, esfuerzo que voló por los aires con las aulas cerradas: en un cuatrimestre del año pasado, 6.500 chicos dejaron de tener contacto con su colegio”.

“La escuela es un ordenador social. Durante la pandemia, las estadísticas nacionales mostraron que el 85% de las personas que se hicieron cargo de las tareas de los chicos, de la escuela, de acompañar a los chicos para que pudieran estudiar, fueron las mujeres de la casa.  Además de hacer el trabajo remoto y las tareas de la casa, además de cuidar a los adultos mayores, las mujeres se pusieron al hombro el acompañar a sus hijos en la vida escolar -agregó Estebarrena-. Abrir las escuelas garantiza que las mujeres tengamos más tiempo para salir a trabajar, y garantiza que la sociedad se organice en torno a la escuela. No olvidemos que también la escuela da pautas y genera hábitos en la vida de los chicos”.

La legisladora acordó con las palabras dichas por el jefe de Gobierno en conferencia de prensa: “nada se compara con volver a las aulas”, valorando el aporte y esfuerzo de padres y docentes en la etapa de virtualidad, así como la confianza en esta nueva etapa de regreso a la presencialidad. Estebarena además celebró que el primer día de clases presenciales hubo un 89% de presencialidad y abrieron el 100% de las escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires. “La regla debe ser la presencialidad, como declararon tanto Larreta y Acuña, es un modelo flexible, se perfeccionará con el correr de las semanas, pero debemos hacer el esfuerzo de resolver las situaciones que se presenten, de modo de avanzar para que la escuela siga cumpliendo su rol de igualador de oportunidades y la presencialidad una contribución a la equidad educativa”, consideró.

“Como dijo la ministra de Educación, ‘esta nueva escuela la hacemos entre todos’. Es nuestro deber como funcionarios públicos tomar y/o apoyar este tipo de decisiones, que algunos las quieren hacer parecer como temeraria. Además de las razones expuestas, entre otras, la alegría de los chicos, así como de los padres, docentes y autoridades escolares deberían ser el estímulo para continuar con el plan Primero La Escuela, priorizando las aulas abiertas y las clases presenciales”, concluyó la diputada Carolina Estebarena.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez reaccionó frente al pedido de citación a una audiencia del juez Roberto Gallardo dirigida a los ministros de Educación y Salud de la Ciudad Soledad Acuña y Fernán Quirós, a efectos de conocer los protocolos frente al Covid-19 previstos para el regreso de las clases presenciales programado para el 17 de febrero.

Para Enríquez, “son conocidas las intenciones del magistrado de querer entorpecer una vez más la gestión de la Ciudad y en esta oportunidad parece ignorar que las clases son un derecho constitucional de los chicos. Es inadmisible plantear la discusión de clases sí o clases no, luego de prácticamente un año sin que los chicos puedan asistir a la escuela, circunstancia ésta que deteriora no solo el aprendizaje sino también la sociabilización, en especial de los más vulnerables, sin contar el disloque que se provoca en las familias cuyos progenitores tienen la necesidad imperiosa de salir a trabajar”.

El diputado del Pro adelantó que las autoridades de la Ciudad pondrán a disposición de la Justicia toda la información relacionada con el plan de testeos para el personal docente y no docente, “como lo hace cada vez que un juez lo requiere”.

Enríquez concluyó: “Señor Juez, no hay nada que ocultar. Deje trabajar a la Ciudad por la educación, el futuro y el bienestar integral de los chicos. Sólo en la lógica kirchnerista la educación ha dejado de ser un valor y es lamentable que todavía prevalezca la vieja consigna de alpargatas sí, libros no”.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó este viernes un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria en tanto derecho humano fundamental.

El proyecto fue acompañado por los senadores Laura Rodríguez Machado, Mario Fiad, Pamela Verasay, Pedro Braillard Poccard, Víctor Zimmermann, Claudio Poggi, Oscar Castillo, Humberto Schiavoni; Silvia Elías de Pérez; Juan Carlos Marino; María Belén Tapia; Stella Maris Olalla y Silvia Giacoppo.

Ya es hora de declarar a la educación actividad esencial y concentrarnos en diseñar los protocolos y los controles para garantizar la máxima presencialidad posible. Que la prioridad de toda la sociedad sean los niños, niñas y adolescentes.

— Silvia Lospennato (@slospennato) January 15, 2021

“La pandemia que atravesamos durante todo el año 2020 -y que nos seguirá acechando al parecer buena parte del presente año- ha dejado a la luz una verdadera tragedia educativa. Se fueron flexibilizando actividades de toda índole, y no siempre se avanzó en un sentido económico: muchas veces primó la rentabilidad política. Para esta Presidencia no es relevante la educación. Sí la actividad de los casinos; no los docentes. Es esencial la televisión por cable, no la educación”, afirmó el senador fueguino.

“Cada día que pasa con las escuelas cerradas se consolida esta catástrofe generacional, que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto. Es responsabilidad indelegable del Estado garantizar la educación, y así lo ha asumido desde la Constitución original, su reforma y la incorporación de diversos Tratados Internacionales que adquirieron jerarquía constitucional”, afirmó Blanco.

El legislador sostuvo que “esta pandemia ha develado las enormes desigualdades por lo cual se torna imperioso incluir en este proyecto los mecanismos necesarios para que la educación sea verdaderamente inclusiva: la única garantía es la presencialidad, cuanto menos en una proporción mínima. Así lo establecen las reglamentaciones sobre los restantes servicios públicos esenciales. El principio de progresividad así lo exige”.

Para Blanco, “resulta intolerable ver cómo ciertos representantes sindicales amenazan al gobierno y a todos los argentinos con que “no están dadas las condiciones” para el regreso a la presencialidad escolar mientras las playas están colmadas de gente disfrutando de sus merecidas vacaciones, los casinos están abiertos y se han fogoneado actos masivos a conveniencia del oficialismo. ¿Por qué razón un repositor de supermercado o un enfermero son considerados trabajadores esenciales y los docentes no? La respuesta es muy simple: la educación no interesa”.

La diputada porteña Lorena Pokoik realizó el pedido formal para que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, se presente ante la Comisión de Educación para ser interpelada. “El motivo de esta invitación es que responda ante la consulta de las y los legisladores sobre varios temas del sector, pero en especial ante la insistencia de la funcionaria de que los estudiantes regresen a clases en medio de la pandemia”, expresó a través de un comunicado.

Pokoik, que además es la vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, manifestó que “es necesario que la ministra de Educación se presente ante esta comisión, a raíz de las reiteradas presentaciones de protocolos de regreso a las clases que propone una y otra vez, intentando desconocer el contexto epidemiológico en el cual nos encontramos en la Ciudad. Desde el Frente de Todos queremos ser parte de la solución, pero para eso necesitamos que la ministra Acuña nos escuche y no se cierre en el diálogo”.

El resto de los espacios de la oposición acompañaron este pedido para que en el próximo encuentro Soledad Acuña esté presente en el lugar. “Es muy oportuno en tiempos de semejante crisis que golpea fuertemente al sistema educativo, que la ministra Soledad Acuña, tenga la gestualidad de presentarse, porque la verdad que es inédito que la ministra se tome el tiempo de recorrer canales de televisión, de hacer notas en radios y que no disponga de tiempo de poder concertar, dialogar, escuchar ideas y permitirnos ser parte de la solución”, señala la diputada Pokoik.

“Si bien el tema principal y más urgente es el referido al contexto de pandemia y a la necesidad de que más de 6.500 estudiantes se revinculen en la educación pero sin exponer su salud y la de su familia, hay varios otros temas que queremos dialogar con la ministra Acuña: UniCABA, alimentación de las y los estudiantes, presupuesto, entre otros”, cierra Pokoik.

Diputados de Juntos por el Cambio encabezados por José Riccardo (UCR) presentaron un proyecto de ley para otorgar a los docentes de todos los niveles educativos una asignación mensual extraordinaria y no remunerativa por la efectiva prestación de servicios durante la pandemia del Covid-19.

Según la iniciativa, la asignación consistiría en el pago de 5.000 pesos por las tareas prestadas desde el mes de abril y por los meses que dure la suspensión total de clases presenciales, según la jurisdicción.

Este bono se abonaría por trabajador, tenga uno o más empleadores, y sería proporcional a las horas de servicio que preste para quienes no cubran turnos completos.

Riccardo propone que el beneficio cese tan pronto se implemente un sistema de reanudación de las clases presenciales, aún en el caso en que sea combinado con otras modalidades impartidas, como la educación a distancia.

“No hay sector político que no diga que el trabajo docente debe ser jerarquizado, y nos comprometemos una y otra vez a tomarlo en cuenta en el momento de establecer prioridades. Hoy tenemos la oportunidad de ser consecuentes con eso y reconocer esta prestación de un servicio extraordinario, otorgándole un reconocimiento de carácter económico”, afirmó el radical.

El proyecto fue acompañado por las firmas de Estela Regidor, Claudia Najul, Albor Cantard, Federico Zamarbide, Alfredo Schiavoni, Julio Sahad, Hernán Berisso, Waldo Wolff, Carla Piccolomini, Camila Crescimbeni, Lorena Matzen, Javier Campos, Alejandra Ruarte, José Luis Patiño, Miguel Bazze, José Núñez, Sofía Brambilla, Ximena García, Carla Carrizo y Brenda Austin, entre otros.

El diputado nacional radical Luis Petri anticipó que este lunes presentará un pedido de suspensión de clases en todo el territorio nacional, en todos sus niveles educativos, tanto públicas como privadas, a fin de prevenir y evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) y en atención a su carácter de pandemia de esa enfermedad.

El legislador anticipó este fin de semana esa solicitud que presentará “teniendo en cuenta lo sucedido en China, Italia y actualmente en España”.

“No podemos subestimar los efectos y consecuencias del virus en la salud de la población, debiendo tomar todas las medidas a nuestro alcance para evitar que nuestro sistema de salud colapse. Por ello es imprescindible suspender el dictado de clases por 14 días en todo el país”, señaló el legislador mendocino.

Las autoridades nacionales han señalado que de momento no se evalúa la suspensión de las clases en todo el país, aunque algunos distritos como Jujuy adoptaron esa medida por las próximas dos semanas, ante la aparición de casos puntuales.