Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta se reunieron este miércoles, en presencia de funcionarios del Ministerio de Economía, para dictaminar el proyecto de ley que ratifica el convenio con el Gobierno de Francia a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.

En el inicio del encuentro plenario, el titular de Relaciones Exteriores y Culto, el senador formoseño Francisco Paoltroni, anunció que el chaqueño Víctor Zimmermann reemplazó a Maximiliano Abad. Por su parte, en Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, en su rol de presidente, anunció que la jujeña Vilma Bedia pasó a ocupar el lugar de la rionegrina Mónica Silva.

Este protocolo de enmienda, el cual fue suscripto por la República Argentina desde el 6 de diciembre del 2019, ya había sido ratificado en 2001, luego de su creación en 1979. En este período, es el 22º acuerdo internacional que se revisa, ratifica o aprueba.

Estuvieron presentes en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo la directora nacional de Relaciones Económicas Bilaterales, Nora Capello, y la subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Claudia Balestrini, quien detalló que “el convenio es para evitar la doble imposición y se encuentra vigente desde 1979 para que los dos países se pongan de acuerdo sobre como grabar cada una de las actividades tanto en Francia como en Argentina”.

Del mismo, Balestrini añadió que este protocolo busca que “el contribuyente no tenga que tributar en los dos países, dándole certeza jurídica y un marco de protección”. Así las cosas, sumó que “si no hay un convenio para la doble imposición, el país puede retener impuestos, pero no podría computar esa retención”.

En el cierre de la breve reunión, la funcionaria catalogó a este trámite parlamentario de “actualización”, y concluyó: “Estamos alineados con políticas de protección de la renta porque en estos convenios se están incluyendo cláusulas de intercambio de información”. Ante una consulta del senador salteño Juan Carlos Romero (LPU) sobre el acuerdo con Luxemburgo, Balestrini respondió que “ese convenio tenía una cláusula de intereses que se pagan al exterior distinta a las tasas vigentes, que advertimos, pero está en vías de solución”.

Con el objeto de explicar otra de las medidas impulsadas en las últimas semanas por el ministro de Economía, Sergio Massa, se presentaron este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja nuevamente tres funcionarios: el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini y el director general de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Guillermo Michel. Los tres expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se crea el “Programa Compra sin IVA”.

Al cabo de la reunión, que se prolongó cerca de dos horas, y sobre el final el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, esbozó la posibilidad de tener una nueva reunión la próxima semana, “para dictaminar este tema”.

Poco antes había intervenido el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien habló del Presupuesto 2024, advirtiendo sobre las “separatas” del mismo y se quejó porque el ministro de Economía y el diputado Javier Milei “acordaron tratarlo después de las elecciones”. Carlos Heller negó que se tratara de “un acuerdo”, pero al respecto, Germán Martínez propuso ir avanzando con reuniones informales en las que se pudiera analizar el tema.

Asimismo se mostró disposición de parte del oficialismo para hacer las modificaciones que los diputados crean pertinentes sobre el proyecto Compra IVA.

La voz de los funcionarios

En el inicio de la reunión, el presidente de la comisión, Carlos Heller, destacó que acababan de recibir un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, con el cálculo del costo fiscal del proyecto. El mismo establece que el monto del reintegro será de 1,29% para el año 2024.

En su intervención, el titular de la AFIP recordó que este beneficio ya está en marcha y al día de ayer ya 10.700.000 personas habían recibido el mismo. “Esto significa que la medida ha sido correcta, con aceptación de la población -resaltó Castagneto-. Además de que a nosotros nos sirve que pidan el ticket. ES fundamental que utilicen el ticket porque nos da una trazabilidad de la comercialización”.

El funcionario recordó que los beneficiarios tienen que utilizar tarjeta de débito o código QR y al respecto pidió que carguen a través de la página de la AFIP un CBU, y que especialmente utilicen la cuenta sueldo y dio detalles de la manera como se va a instrumentar el beneficio a través de sus tarjetas.

Recordó que para los trabajadores formalizados, aquellos alcanzados por el beneficio son los que perciban no más de 6 salarios mínimo, vital y móvil.

A su turno, el titular de la Aduana dijo que el sistema elegido es el que en el mundo se denominan “IVA personalizado”. “Ya funcionó en nuestro país antes”, recordó, remarcando entonces que eso demuestra que se trata de “una política de Estado”, por cuanto en 2002 se probó un esquema para de alguna manera reducir el costo fiscal del IVA sobre la canasta básica alimentaria. Fue “con un esquema más simple, pero que no funcionó, que era la reducción de la alícuota”. Fue en tiempos en que Roberto Lavagna era ministro de Economía y “claramente no funcionó porque la baja de alícuota no se materializó por una reducción del costo impusitivo”.

En enero de 2003 se instrumentó un reintegro de 5 puntos del IVA para todas las compras con tarjeta de débito, menos combustible. “Funcionó muy bien hasta diciembre de 2016, cuando (el ministro de Economía Nicolás) Dujovne decidió cortar ese beneficio, que se reintegró en 2019”, recordó.

Michel sostuvo que el IVA es “un impuesto bastante sencillo de recaudar, pero tiene la dificultad de que es regresivo, porque no es como Ganancias: afecta tanto a las personas de bajo poder adquisitivo, como a las de alto poder adquisitivo”.

Informó entonces que la experiencia del IVA personalizado se ha realizado en el mundo y dio datos: “En Uruguay el IVA es del 22% y funciona allí la tarjeta Uruguay Social, que existe para los sectores vulnerables y el reintegro es automático. En Ecuador hay un reintegro para los discapacitados: se les devuelve el IVA automáticamente. En Canadá es muy parecido el sistema, es trimestral, contra la presentación de comprobantes. En Costa Rica es similar, y en Colombia, el último país que lo implementó, en 2020, alcanza a  un millón de hogares de menores recursos”.

Tras reiterar que el sistema hoy está funcionando “muy bien”, advirtió que están trabajando con aquellas provincias que no transfirieron las cajas a la Nación. “Muchas no están cumpliendo con la obligación de informar sobre los usuarios y por eso les estamos pidiendo que nos faciliten la lista de jubilados y empleados, para poder cumplir con el reintegro. No es cuestión nuestra, sino que los ministros de Economía (de las provincias) no nos han aportado la información”.

A su turno, la subsecretaria Claudia Balestrini destacó el objetivo de la medida, que “tiene que ver justamente con eliminar este impacto que puede tener la carga tributaria sobre el ingreso disponible, y permitir así aumentar la capacidad de consumo de determinados sectores. Por eso nos enfocamos en lo que es la canasta básica alimentaria”.

“El impuesto al consumo en cualquier lugar del mundo tiene una característica regresiva, y consideramos que si bien en los últimos años se fueron instrumentando distintos regímenes, este proyecto pretende que se instale como una verdadera política pública que atienda a los sectores cuyos ingresos son más dedicados al consumo”, agregó Balestrini, quien enfatizó que “este reintegro lo que soluciona es un problema de regresividad, como cualquier impuesto al consumo”.

La funcionaria remarcó que se trata de “un proyecto muy simple, con instrumentación transparente”, y detalló los sectores alcanzados: jubilados y pensionados que perciban como mínimo seis haberes mínimos. “Hoy estamos con un valor actual de 524 mil pesos”, precisó.

También alcanza a empleados en relación de dependencia, que perciban hasta seis haberes mínimos vitales y móviles, que a valor actual sería 704 mil pesos. Además perciben el beneficio quienes perciban AUH, asignación por maternidad y quienes estén como empleados de casas particulares.

Asimismo los que cuenten con Tarjeta Alimentar y Potenciar; también los monotributistas, sin importar la categoría. Hay excepciones, aclaró, como aquellos que se desempeñan con cargos públicos o sean directores de sociedades. También hay otras exclusiones que son generales: aquellos contribuyentes que perciban ganancias que estén sujetas a impuestos o aquellos que aporten al SIPA.

Balestrini destacó también que hay una facultad de ampliar el universo de contribuyentes.

Por último, precisó que el reintegro es hasta un 21%, siendo el límite actualmente de 18.800 pesos, aunque aclaró que en el proyecto de ley es del 21% de lo que sería la canasta básica alimentaria, con un valor actual de 23.000 pesos. Además, planteó que en el proyecto se incluyen las tarjetas de débito y también las de débito.

Ante la consulta de diputados de la oposición, Carlos Castagneto destacó las medidas tomadas por el Ministerio de Economía en los últimos tiempos, asegurando que a partir de ellas “la recaudación ha aumentado considerablemente, en función de que a partir de la aplicación de este sistema “Compra sin IVA” los supermercados o comercios de cercanía van a facturar mucho más.

Asimismo tiende esto a evitar la economía informal, e hizo votos porque en algún momento futuro todas las transacciones se hagan vía tarjeta. Aseguró que se están haciendo negociaciones para que las billeteras virtuales también se adapten al sistema y adelantó que se está trabajando en un proyecto de ley que alcanzará a aquellos monotributistas que al pasar de la última categoría caen en autónomos.

Por su parte, Claudia Balestrini informó que el costo fiscal determinado por la Oficina de Presupuesto del Congreso “es un cálculo de máxima, teniendo en cuenta el uso pleno del beneficio de todos los alcanzados. Siempre es importante en estos casos analizar el supuesto teórico, considerando el uso pleno. Ojalá se utilice cada vez más el beneficio”. Y concluyó: “Este punto del PIB va a ser menor por la compensación por la mayor venta que se va a registrar”.

Desde la oposición, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) expresó su coincidencia con Guillermo Michel respecto de que “cuando uno reduce la alícuota lo hace para todos los sectores, por lo cual terminan dando un beneficio para los que no lo necesitan”, y en ese sentido propuso focalizarlo en quienes más lo necesitan. Por ejemplo, “devolverle el IVA entero” a esos sectores, cosa en la que coincidió sobre el final el diputado oficialista Juan Marino (Bloque Piquetero).

Otra de las iniciativas promovidas los últimos días por el ministro/candidato Sergio Massa comenzará a debatirse en Diputados este jueves, con la presencia de tres funcionarios nacionales.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Heller (FdT), da inicio así a partir de las 11 de la mañana al debate del proyecto que crea el Programa “Compra Sin IVA”.

Fueron invitados el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini y el director general de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Guillermo Michel.

El proyecto propicia reducir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria que adquieran las personas contempladas en la medida.

¿Quiénes son estas personas alcanzadas por el beneficio? Aquellos que  perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

El programa dispone el reintegro de una proporción del monto de las operaciones que en carácter de consumidores finales abonen los sujetos definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR). También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

El proyecto establece como finalidad la de mejorar el ingreso disponible y consecuentemente la capacidad de compra de los sectores más vulnerables, quienes destinan al consumo de bienes de primera necesidad la totalidad o gran parte de sus ingresos.

El proyecto lleva las firmas del ministro Massa, como así también las del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y considera que los impuestos indirectos tienen un alto impacto en quienes destinan al consumo la mayor proporción de su ingreso. De ahí que la propuesta busque disminuir ese efecto, teniendo en cuenta que se trata de sectores de menores ingresos, atenuando claramente la regresividad del sistema.

“Es esencial que esta medida se complemente con una mayor transparencia y formalidad del sistema, previendo entonces la utilización de medios de pago como tarjetas de débito o crédito, así como la posibilidad de incorporar otras formas de pago”, señala el proyecto, que invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables.

El proyecto consta de 9 artículos y prevé como exclusiones para aquellas personas que estarían alcanzadas por el beneficio cuando se verifique que perciben otros ingresos que estén gravados en el impuesto a las Ganancias, o estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual previsto en el programa no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria.

La AFIP establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario y/o su grupo familiar.